¿eres suscriptor? ¡accede a tu cuenta aquí!
La Camerata de Coahuila nació hace 30 años como una asociación civil sin fines de lucro con el objetivo de promover la “buena música” en el estado. En ese lapso, su administración ejecutiva recayó en gobernadores y funcionarios públicos que lograron apoyos estatales por un monto total de 255,798,104 millones de pesos (USD 13.2 millones) en los últimos diez años.
Por Daniela Cervantes | Jorge Espejel ! Gerardo Pineda
Ocho de junio del 2024. Teatro Isauro Martínez. Aparecen los actores y cantantes que habrán de interpretar la ópera Carmen del compositor francés Georges Bizet que se montó por primera vez en 1875 en París.
149 años después, la pieza francesa resucitó en Torreón, al norte de México. Los encargados de revivirla fueron los músicos de la Camerata de Coahuila.
“Tercera llamada, tercera”, anuncian en el recinto cultural. El presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila y actual vicepresidente ejecutivo del patronato de la orquesta, Miguel Felipe Mery Ayup, el director artístico Ramón Shade y Ruth Idalia Ysais Antuna, en representación del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, suben al escenario para develar una placa conmemorativa por el 30 aniversario de la agrupación musical.
El 10 de junio de 1994, en el mismo recinto en donde ahora se conmemora sus tres décadas de existencia, se realizó el concierto inaugural de la Camerata de Coahuila, una iniciativa musical que desde su creación recibe recursos públicos a través del Gobierno del Estado, el ayuntamiento de Torreón y de la Federación.
En la última década, entre el 2014 y 2023, la Camerata de Coahuila llegó a tener ingresos por 255 millones de pesos (USD 13.2 millones), de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al desagregar su ingreso anual, en ese periodo, se estableció que la institución privada dedicada a la difusión de la música clásica y la ópera, logró tener un presupuesto base de 18 millones de pesos anuales (USD 971 mil) procedentes de dinero del estado de Coahuila, según los convenios de colaboración firmados entre ambas entidades.
A esos 18 millones de pesos al año, la Camerata reportó ingresos privados adicionales que elevaron su presupuesto en algunos años. Por ejemplo en 2023, alcanzó ingresos por 28 millones de pesos (USD 1.2 millones), según un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. De dicho total, 24 millones proceden de donaciones de carácter nacional, mientras que otros 4 millones proceden de otros ingresos de carácter privado.
Respecto de los egresos de la Camerata se estableció, de acuerdo al mismo reporte, que en el 2022, alrededor de 18 millones de pesos se destinaron a pagos de sueldos y aportes derivados, mientras que 10 millones corresponden a los conceptos de gastos de administración y de operación nacional.
El análisis realizado para este reportaje, en base a pedidos de acceso a la información a diferentes entidades públicas como: Secretaría de Cultura de Coahuila, Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Auditoría Superior del Estado de Coahuila, Secretaría de Finanzas, Poder Judicial del Estado y al Ayuntamiento de Torreón, cubre la última década. En ese periodo, según los convenios de colaboración antes indicados, el gobierno del estado de Coahuila fue, con 18 millones de pesos, el donante nacional más importante de las actividades de la Camerata entre el 2014 y el 2023.
El financiamiento con dinero público de la Camerata, en esta década, ocurrió en la gestión de los gobernadores Rubén Moreira Valdez (2011-2017) y Miguel Riquelme Solís (2017-2023), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización política que dirige el estado de Coahuila desde 1929, hace un siglo. Actualmente, lo hace a través de Manolo Jiménez Salinas, quien ganó la elección el año pasado.
En una entrevista realizada el pasado 5 de agosto, el actual director ejecutivo de la Camerata de Coahuila, Carlos Castañón Cuadros, dijo que el 90% de los recursos que ingresa a dicha entidad procede del erario estatal. “En esencia el principal patrocinador histórico y la razón por la cual existe la Camerata de Coahuila es el gobierno del estado, desde 1994 apoyó el proyecto y desde entonces ya son 30 años, ese es el principal patrocinador, estamos hablando del 90% de los recursos”, comentó.
El 2022, de acuerdo al informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, en Coahuila se destinaron 736 millones de pesos en donaciones a entidades asistenciales, educativas, científicas, culturales, ecológicas, museos y de desarrollo social, entre otros. Del total, 24 millones de pesos (3%) fue destinado a la Camerata, siendo además una de las cinco mayores receptoras de donaciones en el estado, y la organización que, en el rubro cultural, fue la que más dinero recibió, sólo superada por instituciones educativas y asistenciales para poblaciones vulnerables.
Esta investigación periodística se desarrolló en el contexto de una auditoría interna realizada a la Camerata de Coahuila debido a las deudas que arrastraba dicha institución para con el Teatro Isauro Martínez (un total de 900 mil pesos), según indicó su director ejecutivo Carlos Castañón. De igual forma, tenían deudas con el personal del equipo de músicos de la Camerata, que ya había expresado sus quejas de manera pública en el 2023.
Para conocer los resultados de dicha auditoría, así como los estados financieros de la Camerata, nos comunicamos con el magistrado Mery Ayup, quien ejerce como vicepresidente ejecutivo de la Camerata de Coahuila A.C. En la primera conversación, el funcionario dijo que brindaría sus descargos en julio, pero al llegar la fecha pactada, no contestó los mensajes. Posteriormente, el 23 de julio, se solicitó por segunda vez una entrevista, pero dijo que estaba de viaje y que no podía contestar hasta “entrado el mes de agosto”. Al cierre de edición no hubo respuesta.
Al solicitar por transparencia el balance de ingresos y egresos del Patronato de la Camerata de Coahuila desde 2017 hasta la fecha, y el estado financiero de los patronatos presididos primero por Lucrecia Santibáñez, luego por Miguel Ángel Riquelme, exgobernador de Coahuila y después por Mery Ayup, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas se declaró incompetente para atender la solicitud. Por su parte, la Secretaría de Finanzas contestó no contar con dicha documentación.
Pese a la negativa de las autoridades estatales, una consulta a los informes de donatarias autorizadas elaborado por el Servicio de Administración Tributaria confirmó que la Camerata recibió recursos de 2014 a 2023, por 255 millones 798 mil 104 pesos totales, es decir, USD 13.2 millones.
Por otro lado, el municipio de Torreón también firmó, en los últimos 10 años, convenios anuales de apoyo en favor de Camerata de Coahuila A.C. De acuerdo con cada una de las gacetas municipales de 2014 a 2024, la orquesta ha recibido, por parte del municipio, una suma de 9 millones 232 mil 522 pesos, es decir, USD 478 mil. El apoyo más elevado fue el acordado para este 2024, año del 30 aniversario de la Camerata, con una subvención de 1 millón 380 mil pesos anuales.
Asimismo, cabe mencionar que para materializar la ópera Carmen, en el marco de su 30 aniversario, la orquesta accedió a un Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Nacional de Artes Visuales (EFIARTES) que ascendió a 4 millones de pesos.
Pese a esta entrada económica, el año pasado, según reportaron algunos medios de comunicación como El Siglo de Torreón y Milenio Laguna, se mandó a realizar una auditoría al interior de la agrupación para evaluar el tema administrativo, debido a que algunos músicos se quejaron por falta de pago. El proceso, se informó, lo llevó a cabo el despacho contable García Aymerich Asociados.
“El resultado de la auditoría es muy sencillo: insuficiencia de recursos. Lo que concluye la auditoría de García Aymerich, despacho reconocido de Torreón, es que [hubo] insuficiencia de recursos porque no recibieron y se hizo una bola de nieve que creció hasta que tronó”, informó el director ejecutivo de la Camerata de Coahuila.
Sin embargo el mismo Castañón aseguró que finalmente ya pudieron sanear las finanzas de la orquesta. Aunque admiten que existió una mala gestión de recursos públicos, actualmente, dijo, no existe una investigación en contra de las personas responsables del presunto desfalco. La única consecuencia que hubo, declaró Castañón, fue “la renovación de la administración, quienes estaban administrando antes ya no están actualmente”.
Cómo ya se informó, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Miguel Felipe Mery Ayup, actualmente ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo del patronato de la Camerata de Coahuila, un puesto que desempeña de manera honoraria.
Para Carmen García Bermejo, periodista de investigación que con su reportaje La Falsa filantropía de Salinas Pliego, destapó los convenios millonarios que lograron las conocidas orquestas mexicanas con gobiernos estatales, este tipo de relaciones entre funcionarios, donatarias y dinero público, son irregulares.
“Imagínate que un magistrado te diga “o me das o cuando me llegue algún asunto aquí, pues quien sabe si lo trate”, o sea, ese es un conflicto de interés, por eso creo que una A.C (asociación civil) no puede tener un magistrado, aunque sea de la caridad de Dios”, comentó la periodista.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, respalda lo que opina García Bermejo, por ejemplo en el artículo 97 se define el conflicto de interés de la siguiente manera:
"Ningún servidor público de la administración de justicia, podrá tener ocupación que lo coloque en situación de dependencia moral o económica de alguna corporación o persona en particular. Consecuentemente, los cargos de la rama jurisdiccional son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo retribuido; con los cargos de elección popular y representación política; con la calidad de Ministro de cualquier culto; con la milicia; con la gestión profesional de negocios ajenos y, con cualquier cargo auxiliar de la administración de justicia. Se exceptúan de este precepto las actividades docentes y honoríficas, siempre que no se afecte la prestación regular de la función judicial."
Para el abogado y especialista Alfredo Ochoa, "el conflicto de intereses no es en sí un problema, sino una situación en la que una persona física o moral deba "hacerse a un lado para no incurrir en lo que sí pudiera ser un delito".
En ese sentido, y en el caso de la Camerata de Coahuila, la periodista comentó: “Es un magistrado, él tiene una función específica que es la ley y el orden, eso ya es una función. Si tú, empresario, no me donas, y me llega un caso tuyo, pues a lo mejor no lo reviso hasta que me des algo para la orquesta, ¿sí me entiendes? Se presta, no estamos diciendo que lo haga, pero se presta”.
Hasta 2020, la Camerata de Coahuila, aunque es una asociación de carácter privado, formó parte de la lista de sujetos obligados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, una práctica que, en otras entidades del país, fue replicada para garantizar apoyos gubernamentales.
A través de una solicitud de información, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Coahuila confirmó apoyos gubernamentales, del 2014 al 2023, por 18 millones anuales en favor de la Camerata de Coahuila A.C. Sin embargo, en planeación financiera, el nombre de la asociación desapareció en años recientes.
El nombre de la orquesta fue añadido por última vez en el presupuesto de egresos del Estado en el 2019, año en el que recibió una transferencia de 971 mil 161.89 dólares (18 millones de pesos). Sin embargo, a través de información obtenida por transparencia se puede conocer que en los años siguientes continuó recibiendo recurso de parte del Gobierno del Estado, al menos del 2020 al 2023 existen convenios de colaboración firmados por ambas entidades por concepto de aportación de los mismos 18 millones de pesos que en el 2019 para cada ejercicio fiscal.
Por otro lado, según dictan los convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Torreón y Camerata de Coahuila, esta última debe mandar informes de comprobación de gastos y actividades que justifiquen el apoyo, y aunque este equipo de investigación los solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer en qué se aplica el recurso municipal, la respuesta por parte del subsecretario del Ayuntamiento de Torreón, Luis Balderas fue “Los informes de comprobación y aplicación de gastos para justificar el apoyo al que se refiere el solicitante, no obran en los archivos de esta subsecretaría”.
Asimismo, en el contexto de una rueda de prensa que anunció un concierto benéfico, protagonizado por el tenor mexicano Rolando Villazón y la Camerata de Coahuila, se informó que las ganancias (estimadas en 900 mil pesos) se donarían a la construcción de la Casa Cuna del Desarrollo Integral de la Familia. Al ser cuestionado sobre los informes de comprobación de gastos que la orquesta debe entregar a su dependencia, el director del Instituto Municipal de Cultura, Antonio Méndez Vigatá, contestó:
“Ellos tienen que presentar mensualmente un reporte que trae el contenido de a dónde se destinó el recurso, tienen que decir a qué lo aplicaron”. Sin embargo, Méndez aseguró que él no los tenía en su poder: “Yo los he visto, vaya, físicamente no los tengo yo, ahí sí no sé dónde, a lo mejor están en el cabildo”.
Según el doctor en derecho y experto en temas de transparencia, Carlos Martín Gómez Marinero, todo aquel, llámese sindicato, partido político, asociación, persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos debe ser sujeto obligado a transparentar ¿Por qué la Camerata de Coahuila sigue orquestando recursos públicos con nula transparencia?
INVESTIGACIÓN FINANCIADA POR EL CONSORCIO PARA APOYAR EL PERIODISMO INDEPENDIENTE EN LA REGÍON (CAPIR), UN PROYECTO DEL INSTITUTE FOR WAR & PIECE REPORTING.
Los feminicidios en 2024 han sido uno de los principales problemas que las autoridades de Coahuila no han podido erradicar. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Torreón está entre los 10 municipios con más feminicidios en 2024.
Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En un marco de techos de cristal, brechas y sistemas patriarcales, Torreón figura como el noveno municipio con más feminicidios en 2024 de todo el país, con 8 casos, sólo por detrás de Culiacán, Puebla, Monterrey, García, Iztapalapa, Chihuahua, Tijuana y Ciudad Juárez.
Torreón, de acuerdo con el gobierno federal, registra 2.04 feminicidios por cada 100 mil mujeres, cifra que duplica la media nacional, registrada en 0.99 víctimas por cada 100 mil.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en 2023 no se iniciaron carpetas de investigación por el delito de feminicidio en Torreón y, desde 2013, se han reportado 40 casos, más los 8 adicionales de este 2024.
Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo, al corte del 31 de octubre de 2024, refiere que en Coahuila se han registrado 17 feminicidios, cifra que también supera a los casos suscitados en 2023.
Te puede interesar | Colectivas feministas invitan a Asesoratón 2024
En 2023, de acuerdo con la propia Fiscalía, se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, ésta en Saltillo, capital de la entidad.
En ese sentido, la incidencia de feminicidios en 2024, primer año de gobierno de Manolo Jiménez Salinas, se disparó 1700%, al ascender de un asesinato en contra de una mujer por motivos de género, a 17.
La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso de Coahuila perfila la elección de Federico Fernández, funcionario que ha hecho carrera de la mano de Manolo Jiménez, como fiscal general del estado.
La procuración de justicia en Coahuila y en cualquier entidad federativa debe ser autónoma e independiente a intereses políticos, sociales, personales o económicos. En ese sentido, el Congreso de Coahuila, de mayoría priista, estaría perfilando a Federico Fernández, actual secretario de seguridad pública, como el nuevo fiscal general del estado.
Antonio Attolini, diputado local por Morena, informó a través de un comunicado que las comparecencias de los tres aspirantes que integran la terna final para elegir al nuevo fiscal fueron escuetas y carecieron de un debate profundo de ideas para dotar de herramientas a las y los integrantes de la comisión.
“La comparecencia se limitó a un ejercicio técnico y formalista que no permitió cuestionar a fondo los muchos agravios y dolores que el pueblo de Coahuila sufre respecto a la procuración de justicia. Esto refleja un proceso que parece más diseñado para proteger intereses que para reconstruir un pacto social de seguridad y justicia. El Pueblo soberano merece más”, afirmó Attolini Murra.
Después del proceso legislativo en la sesión de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la elección del nuevo fiscal general del estado será sometida a consideración del pleno del Congreso, en donde las 25 diputadas y diputados formalizarán a Fernández como el nuevo responsable de la impartición de justicia en la entidad.
Federico Fernández es un político cuya carrera y ascenso está ligado a las posiciones que también ha ido ganando Manolo Jiménez Salinas.
Fernández es licenciado en derecho y cuenta con un posgrado por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y una Especialidad en Control de Riesgos en Seguridad y Análisis en Seguridad Pública por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Fue Director Académico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila; posteriormente se desempeñó como Titular Legal del Corporativo Lomex en San Pedro Garza García Nuevo León, para después incursionar en el servicio público como Jefe del Despacho del C. Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza del 2012 al 2017, a partir del 1 de enero del 2018 se desempeñó como Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Saltillo, Coahuila.
Las finanzas de Coahuila seguirán apretadas en 2025. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación no se contemplan novedades extraordinarias, y el costo de la megadeuda seguirá marcando el ritmo del gasto.
A falta de que sea aprobado el proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2025 por la Cámara de Diputados, las finanzas de Coahuila no tendrán cambios significativos en cuanto a las aportaciones federales.
De acuerdo con el documento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planea transferir hacia las arcas coahuilenses 23 mil 329 millones 941 mil 095 pesos de recursos del Ramo 33, es decir, dinero que está etiquetado y que se debe destinar para fines específicos. Esta cifra, a comparación con el año en curso, representa un incremento del 6.81%, pero en términos reales, menos el 4.76% de inflación anual, el ajuste sería, apenas, del 2.05% de aportaciones federales.
En cuanto a las transferencias hacia vía el ramo 28, en 2024, a Coahuila le aprobaron 54 mil 178 millones de pesos. Este dinero, de acuerdo con la ley hacendaria, es de libre disposición y representa gran parte de los recursos con los que cuenta el estado durante todo el año.
Para hacer una comparación, actualmente Coahuila destina, únicamente para cubrir las obligaciones por la megadeuda, al año. alrededor del 29% de las aportaciones federales que recibirá el año próximo, es decir, poco más de 6 mil 800 millones de pesos.
De acuerdo con el presupuesto de egresos estatal, este 2024 se aprobó el pago de 6 mil 872 millones 769 mil 046.57 pesos por el concepto de deuda pública, esta cifra representa el 9.65% de todos los recursos disponibles para el año en curso.
Te puede interesar | Siempre pa´delante; en Coahuila se gobierna para las élites
Con el recurso anual destinado a la megadeuda, se podrían cubrir casi tres años de presupuesto de un municipio como Torreón y también se podrían desarrollar, al menos, 4 sistemas metropolitanos de movilidad, como en su momento estaba pensado el Bus Laguna.
Por otro lado, con esos mismos 6 mil 872 millones de pesos, se podrían construir el sistema integral de drenaje pluvial y sanitario para el municipio de Torreón, no sólo enfocado en el suroriente de la ciudad, sino en todos los rincones.
Altos Hornos de México, la otrora empresa acerera más grande América Latina, recibió sentencia de quiebra por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México. Con ello, la compañía monclovense deberá ponerse a la venta y, con los recursos obtenidos, pagar todos sus adeudos.
La jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del juzgado segundo en materia de concursos mercantiles, dictó sentencia de quiebra en contra de Altos Hornos de México, concluyendo así el proceso de disolución de la empresa para poder pagar a sus acreedores con la venta de sus activos.
Con la sentencia de la autoridad judicial, Altos Hornos de México será puesta en venta de manera inmediata. En cuanto algún comprador logre llegar a un acuerdo, la actual dirigencia de AHMSA tendrá que pagar, con ese dinero, todas sus deudas.
En principio de cuentas, tendrá que cubrir salarios caídos y liquidaciones de 17 mil trabajadores, posteriormente cubrir adeudos con acreedores privilegiados y finalmente con el resto con acreedores comunes.
La quiebra mercantil es un instrumento jurídico que ayuda, a la compañía afectada, a comprobar que no cuenta con los fondos suficientes para poder cubrir todos sus pasivos. Así, la autoridad judicial obliga a vender para recuperar efectivo y, con éste, pagar todos los adeudos pendientes.
Ese, en principio de cuentas, será el camino para considerar un posible resurgimiento de la empresa monclovense que se vio involucrada en escándalos de corrupción que minaron sus finanzas y su estabilidad financiera.
Te puede interesar | "La injusticia es lo que impera en este país": Silvia Ortiz
Como parte de la sentencia de quiebra, también está pendiente el adeudo que aún tiene Altos Hornos con Pemex por la venta de una planta chatarra de fertilizantes a sobreprecio.
El acuerdo reparatorio, convenido entre la empresa y el Gobierno Federal, incluye el pago de 216 millones de dólares para resarcir el daño patrimonial.
Hasta el momento, pese a que ya vencieron los plazos, AHMSA mantiene parte de ese adeudo, así como pasivos pendientes con la Comisión Federal de Electricidad.
El 5 de noviembre se cumplieron 20 años de la desaparición de Fanny Sánchez-Viesca Ortiz, hija de Silvia Ortiz y Óscar Sánchez-Viesca. Desde su ausencia, la familia de Fanny se ha dedicado día y noche a buscarla. Fundaron un colectivo, ayudaron decenas de personas que están pasando por la misma situación. Educaron a las autoridades. Incidieron en la creación de leyes y comisiones especializadas, pero no ha pasado nada.
Silvia Ortiz, vocera del Grupo de Víctimas en Acción, realizó una protesta por los 20 años de desaparición de su hija. Argumentó que, pese a las pistas y el trabajo diario que han realizado ella, su familia y el grupo, las autoridades no han respondido con resultados claros y firmes.
"Leyes que están a modo y situaciones que no ayudan y que nos deterioran, se nos han muerto compañeras, nosotros ya estamos enfermos y, ¿qué ha pasado?, nada, no ha pasado absolutamente nada", dijo Silvia.
Pese a los hallazgos de restos en diversos centros de exterminio de la región como Patrocinio, en San Pedro o Rancho Alegre, las identificaciones van lentas y la procuración de justicia sigue sin castigar a los culpables. En el caso particular de Fanny, su hija, ya saben quién es el responsable de su desaparición, pero no pasa nada.
"Aunque sabemos quién es el probable, de nada sirve y que nos informan que parece que está enfermo y, aunque ustedes no lo crean, yo estoy pidiendo por él, porque no quiero que le pase nada, porque quiero que se alivie, que diga dónde está mi hija".
Silvia Ortiz hizo un llamado al responsable de la desaparición de su hija que se toque el corazón, que envié un mensaje y que diga dónde está Fanny.
"Las autoridades no van a hacer nada y tú lo sabes, porque tú me dijiste en una ocasión que todo te lo pasabas por el arco del triunfo y sí lo has hecho, no te ha importado y es lo único que quiero decirte, que Dios te perdone y que pido por ti para que te alivies, para que me digas dónde está, porque ya ha pasado mucho tiempo", llamó Silvia Ortiz al plagiario de su hija.
Para frenar la sobreexplotación de las fuentes de agua dulce de la región lagunera, la contraloría autónoma del agua en La Laguna reveló una serie de propuestas para que el uso del agua en la región sea con perspectiva de derechos, no mercantiles.
En los próximos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentará el “Acuerdo por la Seguridad y Sustentabilidad Hídrica”, un proyecto que busca regular y ordenar el manejo del agua en el país, incluyendo el control sobre las concesiones y la transmisión de derechos.
En respuesta a esta iniciativa, representantes de 28 estados y 84 Grupos Promotores, Contralorías Autónomas Comunitarias, Regionales y Estatales, se reunieron los días 11, 12 y 13 de octubre en San Luis Potosí para conformar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua y desarrollar propuestas en torno a este crucial acuerdo. La Región Lagunera destacó en esta discusión al presentar propuestas orientadas a resolver sus particulares problemáticas hídricas.
Dada la escasez de agua en la Región Lagunera, los representantes de la Contraloría Autónoma del agua en La Laguna solicitaron que se establezca una regulación específica que priorice el derecho humano al agua, especialmente en épocas de sequía. La propuesta busca que se garantice el abastecimiento suficiente de agua para consumo humano en primer lugar, y que cualquier otra actividad, como la agrícola o industrial, se realice respetando esta prioridad.
La vigilancia en las redes de distribución de agua es otra de las propuestas destacadas. Para evitar prácticas ilegales como el tráfico de derechos de agua, el huachicoleo (robo de agua) y el uso inadecuado de sistemas de riego, los representantes de la contraloría sugirieron la creación de mecanismos de monitoreo ciudadano. Esto incluiría la supervisión de los módulos de riego y la red de distribución, desde la presa Lázaro Cárdenas hasta los sistemas de riego parcelario. Este enfoque busca evitar el mal uso del agua que, según señalaron, resulta en la sobreexplotación de hasta un 30% de la superficie agrícola, así como en pérdidas de hasta el 50% del agua destinada al consumo urbano.
Para fortalecer la gestión sustentable, la contraloría propuso realizar un diagnóstico socio hídrico que identifique quiénes tienen concesiones de agua subterránea, la calidad de los recursos y las condiciones de infraestructura en los distritos de riego. Este diagnóstico permitirá verificar si las concesiones de agua están respaldadas en recargas adecuadas de los acuíferos y garantizará que el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, en el que se planea tecnificar el riego, beneficie prioritariamente al sector social y no derive en prácticas de acaparamiento de derechos.
La tecnificación agrícola en La Laguna ha sido tema de debate, ya que, aunque se promueve como una medida para mejorar la eficiencia del uso del agua, sus efectos no siempre garantizan una reducción en el consumo. Los representantes propusieron que el proceso de tecnificación esté sujeto a cuatro condiciones: prohibir la venta de excedentes de agua de los distritos de riego; reorganizar los distritos bajo modelos democráticos y transparentes; eliminar la corrupción y el acaparamiento de derechos de agua; y, finalmente, revertir políticas de transferencia de distritos de riego para que el Estado recupere un rol rector conforme a la Ley de Aguas Nacionales.
La recuperación de los derechos de agua de los núcleos agrarios, asignados por resolución presidencial desde 1936, fue otro punto esencial en la reunión. Los asistentes pidieron que estos derechos se inscriban en una plataforma nacional coordinada por el Registro Agrario Nacional y Conagua para una gestión transparente. Asimismo, solicitaron acciones para la recuperación de los acuíferos, especialmente en la Región Lagunera, donde en 2022 se ganó un juicio de amparo que protege estos cuerpos de agua subterránea.
La posible privatización del agua, especialmente en Torreón, Coahuila, es un tema que preocupa a los representantes de la contraloría en la región. Señalaron que el agua debe ser considerada un bien público y no un recurso sujeto a fines de lucro, solicitando que cualquier medida encaminada a la privatización sea rechazada para proteger el acceso justo y sostenible al agua.
Te puede interesar | Persiste desabasto de agua en el centro de Torreón
La Región Lagunera, con estas propuestas, espera que el próximo Acuerdo por la Seguridad y la Sustentabilidad Hídrica que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum refleje las demandas de sus habitantes, promoviendo un manejo del agua que asegure su disponibilidad para el consumo humano y agrícola, proteja sus acuíferos y garantice que su uso se realice de manera justa y transparente.
Existen al menos tres metales pesados que están causando graves problemas de contaminación en la Comarca Lagunera: plomo, arsénico y cadmio, de acuerdo con el artículo "La contaminación por metales pesados en Torreón, Coahuila", del doctor Francisco Valdés Perezgasga.
En la semana Internacional de la Prevención de la Intoxicación por Plomo, declarada por la Organización Mundial de la Salud, La Laguna vive tiempos complejos.
La investigadora María Eugenia Zavala, en la tesis de maestría "Contaminación por plomo en suelos de Torreón; daños a la salud y métodos de eliminación", de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, el problema de la contaminación por plomo en el municipio se debe a la presencia de una de las principales fundidoras del mundo; Peñoles.
"El problema de Torreón se debe al funcionamiento de la cuarta fundidora de plomo más importante del mundo, propiedad de la compañía Peñoles, situada en el centro de la ciudad", escribió la investigadora.
Y es que en otras regiones del país la contaminación por plomo en las personas se da por otros factores de contacto, no por la intervención directa de la industria.
En 1937 se documentó la primera queja contra Met-Mex Peñoles por contaminación en la Comarca Lagunera, pero fue sino hasta 1961 cuando los trabajadores de la empresa presentaron una queja formal, de acuerdo con el artículo "Los niños de plomo: justicia ambiental y conflictividad minera en la ciudad de Torreón, Coahuila", publicado en el Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales de la UNAM.
"En 1962 la Secretaría de Salud realizó dos estudios en los que encontró contaminación atmosférica grave por emisiones de arsénico, bióxido de azufre y plomo generados por Met-Mex Peñoles; y que los trabajadores del complejo metalúrgico se encontraban ante una severa exposición al arsénico. Poco después de dichos estudios se interrumpió la producción de arsénico.", refiere el artículo escrito por Isidro Téllez y Aleida Azamar Alonso.
En 1976, la toxicóloga Lilia Albert descubrió que las y los niños de Torreón presentaban niveles demasiado altos de plomo en la sangre, reportando daños claros en la coordinación motora de los infantes que vivían cerca de la metalúrgica y disminución en sus capacidades cognitivas, entre otros males.
"Ante la evidencia irrefutable de que Met-Mex era la responsable directa de la contaminación en Torreón diversos miembros de la sociedad civil se organizaron para exigir medidas inmediatas y en 1989 se realizó un acuerdo entre el gobierno municipal de Torreón e Industrias Peñoles para reducir las emisiones de metales pesados; pero el acuerdo nunca se cumplió.", indica el artículo.
La inmunidad gubernamental de la que goza Met-Mex Peñoles por parte del municipio de Torreón y de los gobiernos de Coahuila y Durango es lo que ha provocado que la contaminación por metales pesados en el aire y el agua de las y los laguneros siga proliferando.
En Torreón solamente opera un monitor de aire, cerca del Bosque Venustiano Carranza y en la mayoría del tiempo reporta una mala calidad.
Te puede interesar | La trágica herencia de Peñoles para La Laguna en 2022
La Comarca Lagunera, además, es una de las zonas metropolitanas de México con índices más altos de cáncer, situación que también ha sido provocada por la contaminación del aire, del suelo y del agua de la región.
"El conflicto entre Met-Mex y la comunidad de Torreón muestra la gran impunidad en México, así como los obstáculos legales para que la sociedad organizada logre la justicia ambiental. El poder político-económico que ostenta Industrias Peñoles y todo el Grupo Bal, le permite a este conglomerado influir en las decisiones públicas, así como volver imposible el acceso a la justicia ambiental.", concluye la investigación académica.
Las finanzas de Coahuila siguen colapsadas. La poca inversión en obra es a consecuencia de la deuda pública. Los millones de pesos diarios que se tienen que destinar del erario para pagar intereses a los bancos no permiten que el estado tenga infraestructura competitiva.
Casi el 10% del presupuesto anual del estado de Coahuila se destina en el pago de la deuda pública. En total, son más de 6 mil 900 millones de pesos los que las y los coahuilenses pagan para resarcir los pasivos heredados desde el gobierno de Humberto Moreira, pasando por el de su hermano Rubén y el más reciente de Miguel Ángel Riquelme.
Es, por este fenómeno, que al corte del 30 de junio de 2024, última actualización presupuestal publicada por la Secretaría de Finanzas, la administración estatal, encabezada por Manolo Jiménez Salinas, ha desembolsado 16 millones 806 mil 454 pesos diarios en pagos por materia de la deuda pública. Esta cifra, en promedio, es superior a lo que el mismo gobierno gasta en inversión pública, es decir, en infraestructura y en la mejora de servicios públicos de la ciudadanía.
El avance de gestión financiera refiere que, durante los primeros seis meses del año, el gobierno estatal gastó 3 mil 058 millones 774 mil 777 pesos en el pago de la deuda pública, de los cuales 691 millones 604 mil 725 fueron para amortizar el saldo y 2 mil 350 millones 257 mil 624 para cubrir intereses bancarios.
Los 16 millones 806 mil pesos diarios que pagó el gobierno de Coahuila en deuda pública hasta el 30 de junio de 2024, son una cantidad superior al recurso que se ha destinado para obras.
El Avance de Gestión Financiera, en su clasificación por objeto del gasto, indica que, durante el primer semestre de 2024, la administración estatal gastó 1,194 millones 823 mil 894.34 pesos en inversión pública, es decir, un promedio de 6 millones 564 mil pesos diarios, mucho menos de la mitad que el gobierno de Manolo Jiménez gasta para cubrir los pasivos.
Te puede interesar | El "Estado de silencio" que buscan imponer en La Laguna
Así, el rubro de deuda pública, que casi el 90% del recurso se traduce en ganancias bancarias por los intereses cobrados, provoca que la inversión en obras y proyectos de utilidad para la ciudadanía sea escasa, con respecto a otras entidades del país.
Mientras que en Coahuila se destina el 6.31 por ciento del presupuesto en inversión pública, la deuda obliga a que casi el 10% de los recursos tengan que dirigirse a empresas bancarias que, en su momento, reestructuraron una deuda que inició en 36 mil millones de pesos y que hoy sigue intacta.
El viernes 21 de octubre de 2022 Gilberto Prado Galán perdió la vida, de manera intempestiva, a los 62 años en la Ciudad de México. El mayor exponente del palíndromo en Latinoamérica dejó un legado literario sin precedentes. Amigos, lectores y familiares aún lo recuerdan con cariño y admiración.
En su segundo aniversario luctuoso, la familia de Gilberto organizó un emotivo homenaje luctuoso en las instalaciones de Casa La Morelos y Chiosco de la Morelos. Allí, familiares y admiradores del escritor, ensayista y palindromista se reunieron para leer fragmentos de sus textos y recordar anécdotas de uno de los creadores más importantes de la historia del noreste de México.
Gilberto Prado Galán fue un escritor que tuvo la oportunidad de ser premiado en un certamen cuyo jurado estaba integrado por Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Eduardo Galeano. También logró el reconocimiento como el palindromista más importante de Latinoamérica y se dio el tiempo de publicar una decena de libros que dejó como herencia y patrimonio cultural para La Laguna.
Como parte del homenaje, se inauguró en una sala de Casa La Morelos una exposición de pinturas y retratos caricaturizados e hiperrealistas de Gilberto Prado, su obra y arte.
En las pinturas, los autores buscaron concentrar los principales detalles que dieron brillo a la carrera de Gilberto Prado, particularmente el Premio Internacional de Ensayo Literario Malcolm Lowry 1989, mismo que fue entregado por tres de los autores más reconocidos de la literatura en español: García Márquez, Galeano y Fuentes.
La exposición también sirvió para reconocer el profundo amor que Gilberto Prado sentía por su esposa Leticia, fallecida años atrás y que sirvió de inspiración para presentar un retrato de ellos, solos, eternos.
La exposición en honor a Gilberto Prado está ubicada en una de las salas de Casa la Morelos, ubicada sobre la misma avenida, entre Valdés Carrillo y Zaragoza.
Te puede interesar | Gilberto Prado Galán: un escritor de grandes ligas
Desde La Laguna han surgido grandes escritores y escritoras como Saúl Rosales, Jaime Muñoz Vargas, Enriqueta Ochoa, entre muchos otros, pero sin duda, Gilberto Prado, quien murió joven, es uno de los exponentes más reconocidos en todo los rincones donde se habla y escribe el español.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
