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La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia el Recurso de Queja 11/2026, promovido en el contexto del cumplimiento de una sentencia que ordena atender la sobreexplotación del Acuífero Lagunero. Con esta resolución, se mantiene vigente la ejecutoria del Amparo en Revisión 543/2022, que establece medidas para evitar acciones que agraven el deterioro del cuerpo de agua subterránea.
El recurso surgió después de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitó un cumplimiento sustituto de la sentencia, petición que fue rechazada por el Juez Quinto de Distrito en La Laguna el 6 de mayo de 2025.
Posteriormente, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó ante la Suprema Corte el Oficio 100.CJEF.06053, mediante el cual solicitó delimitar y modificar los alcances de la sentencia.
Entre los planteamientos incluidos en ese documento estaba establecer que la sentencia no podía limitar las facultades de la Conagua relacionadas con los derechos de los concesionarios sobre el agua subterránea, incluidas las prórrogas de concesiones.
De acuerdo con la información difundida por ciudadanos y organizaciones que han participado en la defensa judicial del Acuífero Principal Región Lagunera, la resolución de la Suprema Corte implica que la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 543/2022 permanece firme y con fuerza ejecutoria.
El procedimiento de cumplimiento no concluye con la determinación de la Corte, ya que continúa ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, donde deberán atenderse las obligaciones derivadas de la sentencia.
Desde marzo de 2023, los ciudadanos que impulsan la defensa del acuífero han participado en el seguimiento del proceso judicial y han cuestionado diversos intentos para modificar las condiciones bajo las cuales debe cumplirse la resolución.
En particular, señalaron la intervención de la Consejería Jurídica de la Presidencia mediante el Oficio 100.CJEF.06053 y plantearon que su contenido debía analizarse a la luz del principio de independencia judicial.
Los promoventes también informaron que sostuvieron reuniones con el ministro presidente de la Suprema Corte y con integrantes del equipo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien fue ponente del Recurso de Queja 11/2026.
Durante esos encuentros, expusieron sus señalamientos sobre la tramitación del recurso, el contenido del oficio presentado por la Consejería Jurídica y los antecedentes del procedimiento para hacer cumplir la sentencia sobre el Acuífero Principal Región Lagunera.
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El litigio se mantiene abierto ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna. En esa instancia continuará el proceso para determinar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia, mientras los ciudadanos que participan en el procedimiento anticiparon que seguirán aportando información técnica y dando seguimiento a las actuaciones de las autoridades responsables.
La resolución adquiere relevancia para la Región Lagunera debido a que el Amparo en Revisión 543/2022 está relacionado con medidas destinadas a evitar acciones que contribuyan a incrementar la sobreexplotación del acuífero, una de las principales fuentes de agua subterránea de la zona.
Un juez de control ordenó el cambio de medida cautelar contra Ernesto "N", alias "el Güino", por lo que continuará con su proceso judicial en su domicilio.
Ernesto "N", mejor conocido como el Güino, empresario agroindustrial, ex coordinador del gabinete municipal de la ex alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera y sobrino de la ex edil, fue liberado por un juez de control luego de que considerara válidos los argumentos presentados por su defensa para que cambie su medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario con un brazalete.
La sentencia fue conocida en una audiencia llevada a cabo a petición de la defensa del empresario, quien fue detenido, junto con otras 17 personas, en la tienda Costco de la ciudad de Torreón a principios del mes de agosto de 2026.
Güino llevaba casi un mes recluido en el centro de reinserción social de Torreón en prisión preventiva oficiosa por los delitos de violencia contra miembros de fuerzas de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.
Ernesto "N" es sobrino de la ex alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale e hijo del fallecido empresario Ernesto Herrera Ale.
Güino, como es conocido, fue involucrado en una investigación federal relacionada con el fraude a Segalmex, en el que presuntamente habría participado en una venta fantasma de leche en polvo para programas sociales.
Las investigaciones federales revelaron que la empresa Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), relacionada con el megafraude de la dependencia federal, está ligada a Ernesto "N", es decir, que forma parte de sus accionistas.
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A este contexto, también se le suma la relación que el empresario lagunero habría tenido con Édgar Rodríguez Ortiz, alias el Limones, quien fue detenido y procesado por el delito de extorsión. Rodríguez Ortiz formaba parte de la estructura de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Durango.
La detención del Güino el pasado 7 de agosto en Torreón no tendría relación con la investigación de la Fiscalía General de la República sobre el megafraude de Segalmex en el que fue relacionada la empresa del empresario gomezpalatino.
El diputado federal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una solicitud de juicio político contra Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, por presuntamente realizar actos proselitistas y vender juicios en la entidad.
El líder del Partido del Trabajo en Coahuila y diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja, presentó una solicitud de juicio político contra Miguel Mery Ayup, al considerar que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila ha realizado actos proselitistas en favor del PRI y, además, influido en la decisión de sentencias a través de presuntos cobros ilegales.
A través de redes sociales, el ex candidato a la gubernatura de Coahuila expuso que, como legislador, estaría buscando quitar inmunidad a Mery Ayup para investigar, comprobar y enjuiciar al político lagunero.
"Por violaciones graves a la Constitución, a las leyes, por actos de corrupción en los juicios y por hacer proselitismo político", dijo el diputado.
No es la primera vez que Mejía Berdeja intenta, a través de la vía legislativa, emprender un juicio político contra funcionarios coahuilenses. El pasado 12 de junio, el legislador petista hizo el mismo procedimiento contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sin embargo, no se ha informado sobre avances o cancelación del procedimiento.
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"Lo hacemos porque este sujeto no ha instalado, debidamente, los nuevos órganos de administración y de disciplina judicial en el estado. Y sigue acaparando y concentrando las facultades de administración y los mecanismos disciplinarios del Poder Judicial de Coahuila porque creó aduanas administrativas para que cualquier litigio que se presente él lo revise previamente y pueda direccionarlo a jueces de consigna para vender los asuntos al mejor postor", relató Mejía Berdeja.
El político explicó que Miguel Mery Ayup estaría involucrado al cártel inmobiliario de Saltillo y Torreón y agregó que también participa en actos proselitistas del PRI en el estado.
"No hay reforma al Poder judicial en Coahuila, hay corrupción. Este juicio que estamos presentando, se suma también al juicio político que presentamos en contra del gobernador Manolo Jiménez, en contra del fiscal general, Federico Fernández y también en contra de la legislatura de Coahuila. En Coahuila vivimos un régimen autoritario, corrupto, antidemocrático, no hay Estado de Derecho, no hay leyes, solo impera la voz del gobernador".
Mejía Berdeja pidió acelerar los juicios políticos presentados y espera que, ahora con el inicio del periodo ordinario de sesiones, se les pueda dar trámite en la Cámara.
"Pedimos que se actúe conforme a derecho y conforme a la Constitución. No vamos a quitar el dedo del renglón, Coahuila tiene que liberarse de esta mafia priista que hoy saquea al estado", concluyó.
El diputado local de Morena, Antonio Attolini Murra, presentó este 1 de septiembre de 2026 ante el Congreso de Coahuila una denuncia por situación excepcional contra el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (SIMAS), con la que busca que la Auditoría Superior del Estado revise la situación financiera y administrativa del organismo.
El escrito fue entregado a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado, instancia que deberá analizar la denuncia, determinar su procedencia y, en caso de considerarla fundada, solicitar formalmente una revisión específica a la Auditoría Superior del Estado.
La petición ocurre después de que el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad, la semana pasada, un punto de acuerdo promovido por Attolini para exhortar a la comisión a actuar una vez que la denuncia fuera presentada formalmente.
“Ya no hay pretextos. La denuncia que hacía falta ya está presentada. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad y ahora la Comisión tiene frente a sí el instrumento jurídico necesario para iniciar el procedimiento. Le corresponde trabajar, estudiar la denuncia y resolver conforme a la ley”, declaró el legislador.
Uno de los principales argumentos expuestos en la denuncia es el crecimiento de los pasivos de SIMAS Torreón. Según la información incorporada al documento, al 30 de junio de 2026 el organismo reportó un pasivo total de 2 mil 81 millones 126 mil pesos.
El estado financiero correspondiente habría sido rechazado por unanimidad por el Consejo Directivo de SIMAS Torreón. Ese mismo día presentó su renuncia quien entonces ocupaba la Gerencia General del organismo.
Attolini señaló que la auditoría solicitada no busca anticipar responsabilidades, sino determinar mediante documentación oficial cómo se originaron las obligaciones financieras, qué decisiones fueron tomadas, quiénes participaron y cuál fue el destino de los recursos públicos.
“No estamos pidiendo una auditoría para construir una narrativa política. Estamos pidiendo que la autoridad fiscalizadora abra las cuentas, revise los contratos, siga el dinero y determine responsabilidades. Estamos hablando de más de dos mil millones de pesos en pasivos en el organismo encargado de garantizar el agua y el drenaje de Torreón. La dimensión del problema exige una investigación extraordinaria”, afirmó.
Entre los conceptos incluidos en la denuncia se encuentran el origen, integración, antigüedad y respaldo documental de los pasivos reportados por el organismo, así como los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros acreedores.
También se solicita revisar contratos y litigios relacionados con Ecoagua/Ticsa, además de pagos, adquisiciones, obras y servicios, cuentas y registros contables, decisiones adoptadas por el Consejo Directivo y la actuación de los servidores públicos involucrados.
El documento presentado ante el Congreso de Coahuila señala que los hechos podrían ubicarse en distintos supuestos previstos por la legislación para solicitar una fiscalización por situación excepcional, entre ellos un posible daño patrimonial por encima del umbral establecido, posibles responsabilidades administrativas y la eventual afectación de un servicio público considerado esencial.
Attolini también sostuvo que la presentación formal de la denuncia permite definir el procedimiento que corresponde seguir conforme a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, con fundamento, entre otros, en los artículos 60, 61, 62, 63, 68, 69 y 112, fracción XIV.
“Durante días quisieron decir que la auditoría excepcional ya estaba ocurriendo o que la denuncia ya había sido presentada. No era cierto. Hoy la denuncia sí existe, está presentada ante la autoridad que la ley señala y contiene hechos, fundamentos jurídicos, elementos de convicción y conceptos concretos que deben fiscalizarse. Ahora cada institución tendrá que asumir su responsabilidad.”
El escrito solicita que la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública admita la denuncia, integre el expediente y determine su procedencia. Si se acredita que existen elementos suficientes, plantea solicitar a la Auditoría Superior del Estado una revisión por situación excepcional de SIMAS Torreón.
Asimismo, pide que, en caso de detectarse daños patrimoniales, faltas administrativas o posibles delitos durante la fiscalización, se promuevan las acciones legales que correspondan.
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El diputado sostuvo que la revisión debe realizarse conforme a los plazos establecidos por la legislación y con especial atención debido al impacto que podría tener la situación financiera del organismo responsable del suministro de agua potable y los servicios de saneamiento en Torreón.
“Torreón tiene derecho a saber cómo llegó SIMAS a esta situación. No buscamos proteger funcionarios, partidos ni administraciones. Buscamos proteger el patrimonio público y un servicio indispensable para cientos de miles de familias. El Congreso ya habló por unanimidad. La denuncia ya está presentada. Ahora toca auditar, esclarecer y, si existen responsables, que respondan ante la ley”, concluyó Attolini.
El Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna admitió una denuncia contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para revisar 347 prórrogas de concesiones de agua subterránea para uso agrícola otorgadas entre abril y junio de 2026 en el Acuífero Principal-Región Lagunera.
El procedimiento busca determinar si Conagua incurrió nuevamente en la omisión que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional en la sentencia del amparo en revisión 543/2022, relacionado con la sobreexplotación del acuífero.
Luis Pedroza, representante legal de Prodefensa del Nazas, explicó que el juez encontró evidencia suficiente para admitir el recurso y detalló cuáles podrían ser las consecuencias legales en caso de que Conagua sea hallada culpable de las omisiones.
"Las consecuencias legales son las mismas que el incumplimiento, separación del cargo del funcionario y consignación ante un juez penal por el delito de repetición del acto reclamado", comentó.
De acuerdo con la denuncia, las resoluciones mediante las cuales se autorizaron las 347 prórrogas no contienen una justificación que considere la disponibilidad media anual del agua, la cual permanece negativa desde hace más de dos décadas.
El planteamiento que deberá resolver el juzgado consiste en establecer si el otorgamiento de las concesiones, bajo esas condiciones, representa una repetición de la conducta que previamente fue considerada contraria al marco constitucional.
La denuncia señala que las prórrogas fueron autorizadas por periodos de hasta 10 años. Sin embargo, sostiene que la autoridad no habría acreditado conocer el estado actual del acuífero ni el volumen de extracción que puede considerarse seguro para permitir su recuperación.
También se cuestiona que las resoluciones no justificarían que las prórrogas fueran otorgadas bajo condiciones de sustentabilidad.
Otro de los señalamientos está relacionado con la información contenida en los títulos de concesión. Según la denuncia, 273 títulos destinados al uso agrícola no acreditan la superficie, expresada en hectáreas, que sería beneficiada con el agua concesionada.
Ese dato es requerido por la Ley de Aguas Nacionales para autorizar y prorrogar concesiones destinadas a actividades agrícolas.
La admisión de la denuncia no implica, por sí misma, que el juzgado haya determinado que Conagua incurrió en las irregularidades señaladas. El procedimiento permitirá a las autoridades responsables presentar su versión y aportar la información correspondiente.
Tras admitir el recurso, el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna requirió a las autoridades responsables un informe sobre los hechos que se les atribuyen.
El órgano jurisdiccional estableció un plazo para que las autoridades expliquen las circunstancias relacionadas con las 347 prórrogas. Además, fueron apercibidas de que, si no presentan el informe o lo hacen de manera defectuosa, podría tenerse por cierta la conducta reclamada, conforme al procedimiento aplicable.
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El caso se integra a un litigio iniciado en 2019 en torno a la sobreexplotación del Acuífero Principal-Región Lagunera y a las medidas que deben adoptar las autoridades federales para atenderla.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre las condiciones de disponibilidad del acuífero y su relación con los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano de los habitantes de la Comarca Lagunera.
La nueva revisión judicial se centrará en determinar si las 347 prórrogas otorgadas por Conagua entre abril y junio de 2026 cumplen con las obligaciones que derivan de ese antecedente judicial y con las disposiciones aplicables a la explotación de agua subterránea.
Hasta el momento, las prórrogas de concesiones de agua siguen suspendidas por el amparo 543/2022 sentenciado por la Suprema Corte de Justicia, es decir, la Comisión Nacional del Agua no tiene la facultad de conceder los permisos hasta que no tenga los estudios que determinen el estado actual de disponibilidad de agua del acuífero principal de la Comarca Lagunera y el proyecto para la recuperación del manto freático.
El presidente municipal de Torreón, Miguel Ángel Riquelme, dijo que se puso en marcha una auditoría especial al Simas Torreón para estudiar y determinar el estado de las finanzas de la paramunicipal, sin embargo, el diputado local de Morena en Coahuila, Antonio Attolini, comentó que el procedimiento no ha iniciado.
El pasado 17 de julio de 2026, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, anunció la solicitud de auditoría especial al Simas Torreón por parte de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila. El edil explicó que la intención es analizar el estado de los pasivos de la paramunicipal, en qué momento se contrajeron y por qué aumentaron tanto con el paso del tiempo.
Además, señaló que la mayoría de la deuda adquirida por el SIMAS Torreón está focalizada en la Comisión Federal de Electricidad, Ecoagua y la Comisión Nacional de Agua. Tan solo a CFE, la empresa paramunicipal adeuda más de 400 millones de pesos.
A casi mes y medio después de la solicitud de Riquelme Solís, la auditoría especial no ha iniciado, informó a través de un boletín de prensa el diputado local de Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra.
El legislador lagunero advirtió que el PRI está mintiendo y que el procedimiento de fiscalización al Simas no ha iniciado.
"Hay que decirlo con absoluta claridad: no es cierto que la auditoría especial ya esté en curso y tampoco es cierto que la denuncia que activa este procedimiento haya sido presentada ante la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso. Pretender hacer creer lo contrario no ayuda a esclarecer lo ocurrido en SIMAS; solamente confunde a la ciudadanía”, señaló Attolini.
La auditoría en situación excepcional fue un procedimiento que también fue solicitado por el Congreso de Coahuila a través de un punto de acuerdo presentado por el mismo Attolini Murra.
“Una cosa es que existan revisiones ordinarias, observaciones o procesos de fiscalización sobre el SIMAS y otra, jurídicamente distinta, es afirmar que ya está en curso la auditoría por situación excepcional que estamos solicitando. No confundamos procedimientos para construir una salida política al problema”, afirmó.
Sobre la opinión de Attolini Murra, Miguel Riquelme respondió durante la mañana del jueves 27 de agosto que ellos, como ayuntamiento, solicitaron el procedimiento y prefirió no extender su explicación.
“No tengo opinión con el tema de Attolini, (la auditoría) es algo que nosotros mismos solicitamos y estamos en espera de ello”, dijo.
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La deuda total acumulada del Simas Torreón asciende a $2 mil 081 millones 126 mil 346.02 pesos, al corte del primer semestre de 2026. Los pasivos fueron heredados por la gerencia de Roberto Escalante, sin embargo, él solo fue uno de los tres gerentes generales que tuvo el Simas Torreón durante la administración del fallecido alcalde, Román Alberto Cepeda.
El primer mandamás del Simas Torreón fue Lauro Villarreal, quien hoy ostenta el cargo de Comisionado Estatal de Aguas. Posteriormente, el hoy titular del IMPLAN, Eduardo Terrazas, tomó su lugar.
Actualmente, el gerente general del Simas Torreón ex Xavier Herrera, ex administrador fiscal del estado de Coahuila y ex contralor y ex titular de la paramunicipal durante la primera administración municipal de Miguel Riquelme al frente de Torreón.
El tipo de víctimas de las desapariciones en México cambiaron en los últimos años. Anteriormente, las personas de entre 18 y 29 años eran el objetivo principal de este delito; en principio, para ser reclutados y obligados a desempeñar trabajos forzosos, pero también víctimas de la violencia generada por el crimen organizado y las malas políticas públicas que desencadenaron en una espiral de violencia que aún no tiene freno.
Con el paso del tiempo, la edad promedio de las víctimas bajó y se instaló entre los 14 y 18 años. Adolescentes, casi niños que son cooptados, muchas veces con engaños, y desaparecidos y torturados y utilizados como mercancía para garantizar el funcionamiento de las estructuras criminales mexicanas.
Darwin Franco, director de Zona Docs y periodista especializado en la cobertura de desaparición forzada y derechos humanos, ofreció el taller "Estrategias para investigar desapariciones: resistencias, patrones y violencias estructurales", como parte del primer festival de periodismo El Norte no Olvida, organizado por el portal Heridas Abiertas y reflexionó sobre casos emblemáticos de violación a los derechos humanos como el hallazgo del campo de entrenamiento del Rancho Izaguirre, en Jalisco o la zona de exterminio en Patrocinio, Coahuila.
En México se estima que existen hasta 200 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Los primeros surgieron hace veinte años, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, región donde se agudizó la inseguridad cuando Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico.
Con el paso de los años y la violencia, la violencia se trasminó a prácticamente todos los rincones del país e hizo eco y hogar en Jalisco, uno de los epicentros de la desaparición forzada en México y sede de la organización criminal más poderosa e influyente del presente.
"El aparato institucional está dado para desaparecer y para no investigar las desapariciones", comentó Darwin Franco. La violencia estructural es aquella que no depende de la acción directa de una persona, sino que se reproduce a través de condiciones territoriales, sociales, económicas e institucionales.
En Coahuila, por ejemplo, el gobernador Manolo Jiménez y desde los tiempos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme se presume un modelo de seguridad envidiable. Pero han habido nulos o pocos avances en materia de hallazgos e identificaciones de personas desaparecidas.
En Coahuila hay un acumulado histórico de 3,688 personas desaparecidas y no localizadas, según los datos más recientes validados por la plataforma Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, de las cuales el 78.7% son hombres y el 20.9% mujeres. Además, 460 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, de las cuales 252 son niños y 208 niñas.
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Los casos de desaparición en Coahuila aumentaron a partir de 2008 y los picos más altos se registraron en 2010 y 2011, con 525 y 515 casos, respectivamente. Torreón continúa como el municipio que concentra más desapariciones de Coahuila, con 1035, en los siguientes peldaños están ubicados Saltillo, Piedras Negras, Acuña y Monclova.
Para Darwin Franco lo sucedido en Patronio, Coahuila y el Rancho Izaguirre, en Jalisco, tiene similitudes y puntos ancla. Ambos fueron descubrimientos de grupos de búsqueda y, por la dimensión mediática, sometieron al Estado a una presión sin precedentes.
"En el caso de Patrocinio y Rancho Izaguirre, sin los colectivos, no se hubiera sabido nada", dijo el también académico.
El director de Zona Docs explicó que Patrocinio no es solamente el lugar donde se encontraron restos. Es un territorio que permite observar cómo se acumulan distintas capas de violencia.
Es así que hoy el objetivo de las y los periodistas no debe ser cuantificar los restos encontrados, sino qué condiciones están provocando que estos procesos se repitan. Tal como sucedió con lo encontrado en el Rancho Izaguirre, centro de reclutamiento del crimen organizado descubierto diez años después del primer hallazgo de restos en Patrocinio, ejido de San Pedro de las Colonias, Coahuila.
“En el ámbito periodístico nos constituye construir memoria porque esa memoria ayudará, en un futuro, a entender lo que estaba pasando”, concluyó el periodista.
Dos policías de Piedras Negras, Coahuila, fueron despedidos de su cargo por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza contra un ciudadano en las afueras de una tienda de conveniencia.
Dos policías de Piedras Negras Coahuila agarraron a patadas y golpes a un sujeto que cargaba con un machete y que presuntamente estaba amenazando a la ciudadanía en las afueras de una tienda de conveniencia de la ciudad fronteriza.
A través de redes sociales circularon las imágenes en las que se aprecia a los sujetos amenazando y golpeando a un joven que, en conducta defensiva, intenta escapar.
Los policías, antes de la captura, arrojan cosas y agua a un joven que, como defensa, responde lanzando los mismos objetos que los policías proyectaron en su contra.
Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y provocaron que la ciudadanía y usuarios exigieran al presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, la destitución de los elementos por el evidente abuso de autoridad.
Autoridades municipales señalaron que los agentes involucrados eran elementos de reciente incorporación y que su desempeño fue sometido a una revisión interna. Tras este proceso, se resolvió su separación de la corporación debido al incumplimiento de los protocolos establecidos para actuar ante una persona que porta un arma.
La autoridad precisó que la decisión de dar de baja a los policías se tomó antes de que las imágenes comenzaran a difundirse de manera amplia, por lo que descartó que la circulación del video fuera el motivo directo de la sanción.
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El hecho también abrió cuestionamientos en torno a la capacitación de los agentes, los protocolos para el uso de la fuerza y los mecanismos de supervisión aplicados al personal de nuevo ingreso.
Aunque la separación administrativa fue determinada, esto no impide que la actuación de los policías pueda ser revisada por otras instancias. Hasta ahora, sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente si los golpes registrados en el video fueron denunciados ante el Ministerio Público ni si existe una carpeta de investigación por posibles responsabilidades penales.
El Canto al Agua, colectivo dedicado a la defensa de los derechos hídricos y a la protección del medio ambiente, invita al Foro Metropolitano por el Agua, un encuentro en el que expertos, expertas, académicos y ambientalistas ofrecerán ponencias, charlas y diálogos sobre lo que se tiene que hacer para frenar la sobreexplotación del acuífero y los alcances nocivos de la política extractiva que reina en Coahuila y en todo el país.
El Foro Metropolitano por el Agua es un esfuerzo que encabezó El Canto al Agua y que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto en punto de las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Museo Regional de La Laguna, ubicado dentro del Bosque Venustiano Carranza de la ciudad de Torreón.
Como parte de las actividades, visitará la región la abogada, influencer y defensora del derecho ambiental, Carla Escoffié, quien ha denunciado en varios videos hechos puntuales que están sucediendo en la Comarca Lagunera como los intentos de los concesionarios por desmoronar los efectos de la sentencia 543, que protege al acuífero lagunero o la posibilidad de que Fermachem, empresa dedicada a la producción de urea y amoniaco, se instale en el municipio de Lerdo, a unos cuatro kilómetros del Cañón de Fernández.
Además, en el Foro Metropolitano por el Agua también se ofrecerán charlas y conferencias sobre la importancia del Cañón de Fernández para la vida de la región lagunera, análisis del Manifiesto de Impacto Ambiental que Semarnat le aprobó a Fermachem, fracking, hidroarcenicismo, entre otros temas.
Esta es la tercera edición que se lleva a cabo el Foro, pero a diferencia de los encuentros pasados, se tendrá la oportunidad de escuchar a expertos y expertas en defensa del medio ambiente bajo un contexto en el que la Comarca Lagunera está siendo sometida a prácticas extractivas por culpa de la agroindustria que tampoco ha generado desarrollo ni bienestar para la población.
La entrada al Foro Metropolitano por el Agua será totalmente gratuita y se estarán llevando a cabo actividades paralelas como cuota de recuperación, tales como venta de alimentos, bebidas y la instalación de un bazar acompañado de presentaciones culturales y expresiones artísticas.
Actualmente en la Comarca Lagunera organizaciones defensoras del medio ambiente y ciudadanía están luchando por que se mantenga vigente la sentencia 543 que protege al acuífero lagunero y también se está organizando para evitar que se construya la planta de fertilizantes Fermachem en Lerdo.
Colectivos ambientalistas y ciudadanía en general protestará contra la tala de árboles en el Parque Las Auras del municipio de Lerdo, Durango.
El Parque Las Auras es uno de los pulmones más importantes de la Comarca Lagunera y el reservorio de árboles más nutrido del área urbana del municipio de Lerdo, Durango. Allí, cientos de laguneros y laguneras van a hacer ejercicio, caminar, correr y respirar el aire limpio que filtra la vegetación del lugar.
La presidenta municipal de Lerdo, Susy Torrecillas, anunció y puso en marcha un proyecto para remodelar el parque, sin embargo, en el transcurso de los trabajos, usuarios en redes sociales, activistas y hasta políticos de oposición han documentado una presunta tala inmoderada de árboles sanos que vivían en el lugar.
"La presidenta nos dice que los árboles que talaron están todos secos. Aquí está una de las pruebas de que lo que dice es mentira, están talando árboles vivos", dijo la integrante de Chicas EcoPunk.
Donde el municipio pretende construir la nueva entrada del Parque Las Auras, se talaron decenas de árboles que adornaban parte de la barda perimetral del lugar.
"Ella dice que estaban secos. Qué casualidad que precisamente los árboles donde ella necesitaba meter la entrada estaban secos. Esto es una devastación y da un dolor estar aquí y estar viendo esto. Esto es un bosque y a un bosque no se le puede meter cemento".
El proyecto de remodelación del Parque Las Auras plantea una inversión de 26 millones de pesos que consisten en construir un nuevo acceso que esté sobre el bulevar Miguel Alemán, barda perimetral, juegos infantiles con velarias, una rambla y una avenida peatonal.
El Parque Las Auras será renombrado como Parque Forestal de Lerdo, sin embargo, colectivos ambientalistas y ciudadanía exigen que se respete la naturaleza del espacio y la vida de los árboles que siguen en pie y que forman parte del equilibrio ecológico de Lerdo.
Además de la resistencia ciudadana y apartidista que exige se respete la vegetación del Parque Las Auras y que no se meta cemento a un espacio que no tiene esa naturaleza, las críticas contra el proyecto de Susy Torrecillas también llegaron desde el círculo político.
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La diputada local de Morena en Durango, Georgina Solorio, publicó en sus redes sociales un mensaje para dejar en claro que el municipio de Lerdo no ha entregado ningún dictamen que confirme y justifique la tala de árboles enfermos en el parque.
"Sobre los dictámenes de los árboles nos dijeron que fuéramos al parque para que ahí nos explicaran, porque supuestamente “no entendemos” y podríamos hacer mal uso de los llamados dictámenes técnicos. Negarse a entregar los documentos que deberían demostrar de estos árboles, a decir de la bióloga, que eran árboles decrépitos y del personal de la SECOPE que estaban enfermos, y representaban UN PELIGRO y que necesita sanearse, para los ciudadanos solo aumentan nuestras dudas sobre la veracidad de esas afirmaciones, son más muestras de que MIENTEN.", escribió Solorio.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
