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Colectivos ambientalistas y ciudadanía en general protestará contra la tala de árboles en el Parque Las Auras del municipio de Lerdo, Durango.
El Parque Las Auras es uno de los pulmones más importantes de la Comarca Lagunera y el reservorio de árboles más nutrido del área urbana del municipio de Lerdo, Durango. Allí, cientos de laguneros y laguneras van a hacer ejercicio, caminar, correr y respirar el aire limpio que filtra la vegetación del lugar.
La presidenta municipal de Lerdo, Susy Torrecillas, anunció y puso en marcha un proyecto para remodelar el parque, sin embargo, en el transcurso de los trabajos, usuarios en redes sociales, activistas y hasta políticos de oposición han documentado una presunta tala inmoderada de árboles sanos que vivían en el lugar.
"La presidenta nos dice que los árboles que talaron están todos secos. Aquí está una de las pruebas de que lo que dice es mentira, están talando árboles vivos", dijo la integrante de Chicas EcoPunk.
Donde el municipio pretende construir la nueva entrada del Parque Las Auras, se talaron decenas de árboles que adornaban parte de la barda perimetral del lugar.
"Ella dice que estaban secos. Qué casualidad que precisamente los árboles donde ella necesitaba meter la entrada estaban secos. Esto es una devastación y da un dolor estar aquí y estar viendo esto. Esto es un bosque y a un bosque no se le puede meter cemento".
El proyecto de remodelación del Parque Las Auras plantea una inversión de 26 millones de pesos que consisten en construir un nuevo acceso que esté sobre el bulevar Miguel Alemán, barda perimetral, juegos infantiles con velarias, una rambla y una avenida peatonal.
El Parque Las Auras será renombrado como Parque Forestal de Lerdo, sin embargo, colectivos ambientalistas y ciudadanía exigen que se respete la naturaleza del espacio y la vida de los árboles que siguen en pie y que forman parte del equilibrio ecológico de Lerdo.
Además de la resistencia ciudadana y apartidista que exige se respete la vegetación del Parque Las Auras y que no se meta cemento a un espacio que no tiene esa naturaleza, las críticas contra el proyecto de Susy Torrecillas también llegaron desde el círculo político.
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La diputada local de Morena en Durango, Georgina Solorio, publicó en sus redes sociales un mensaje para dejar en claro que el municipio de Lerdo no ha entregado ningún dictamen que confirme y justifique la tala de árboles enfermos en el parque.
"Sobre los dictámenes de los árboles nos dijeron que fuéramos al parque para que ahí nos explicaran, porque supuestamente “no entendemos” y podríamos hacer mal uso de los llamados dictámenes técnicos. Negarse a entregar los documentos que deberían demostrar de estos árboles, a decir de la bióloga, que eran árboles decrépitos y del personal de la SECOPE que estaban enfermos, y representaban UN PELIGRO y que necesita sanearse, para los ciudadanos solo aumentan nuestras dudas sobre la veracidad de esas afirmaciones, son más muestras de que MIENTEN.", escribió Solorio.
El frente Noreste Sin Fracking, respaldado por 158 organizaciones, rechazó los planes del Gobierno federal para desarrollar fracking en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, que abarcan territorios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las organizaciones exigieron prohibir esta técnica de extracción y advirtieron sobre sus posibles impactos en el agua, el ambiente y las comunidades de la región.
La postura fue difundida después de que, el 6 de agosto, el Comité Científico del Gobierno federal recomendó prohibir el fracking en la cuenca Tampico-Misantla por considerar que la técnica es social y ambientalmente inviable. Al mismo tiempo, planteó continuar con pozos exploratorios y estudios para determinar la presencia de agua salada y reservas de gas en el noreste.
Noreste Sin Fracking cuestionó que se establezcan criterios distintos para regiones con características ambientales y sociales similares.
“Proteger una región no puede justificar el sacrificio de otra”, señaló el frente, al sostener que los criterios utilizados para evaluar los riesgos en Tampico-Misantla también deben aplicarse en Sabinas-Burro-Picachos y Burgos.
De acuerdo con el posicionamiento, más de 1.6 millones de personas habitan las dos cuencas señaladas. En el territorio también se encuentran 326 ejidos y comunidades, además de pueblos Mascogo y Kikapú y 2 mil 651 localidades rurales.
Las organizaciones señalaron que Sabinas-Burro-Picachos presenta estrés hídrico alto o extremo en 83% de su superficie y registra acuíferos en disminución. En distintas localidades de Burgos, agregaron, existen problemas de acceso al agua, drenaje y servicios de salud.
El frente también cuestionó la escala prevista para una eventual explotación de recursos no convencionales. Según sus estimaciones, recuperar 10% de los recursos prospectivos de gas y petróleo no convencional de México requeriría aproximadamente 25 mil 638 pozos, mil 923 millones de metros cúbicos de agua y una inversión de 358 mil 929 millones de dólares.
A cambio, sostienen las organizaciones, la producción equivaldría a alrededor de 3.7 años del consumo nacional de gas.
Otro de los puntos señalados es el consumo de agua. El posicionamiento refiere que cada pozo podría requerir hasta 80 millones de litros y cuestiona que el uso de agua salada o salobre elimine los riesgos ambientales asociados con la técnica.
Las organizaciones también ponen en duda la posibilidad de reutilizar o reciclar 75% del agua utilizada, como plantea el Gobierno federal, debido a la cantidad de pozos contemplados. Señalan que el fluido recuperado puede contener sales, metales, sustancias químicas y materiales radiactivos, lo que genera residuos que requieren manejo especializado.
Noreste Sin Fracking también argumentó que el desarrollo de esta actividad no eliminaría la dependencia de México del gas proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con el posicionamiento, incluso con la explotación de recursos no convencionales el país mantendría importaciones de gas.
El frente sostuvo además que una estrategia de esta escala requeriría inversiones de capital privado y tecnología especializada, por lo que consideró que podría generar nuevas dependencias financieras y tecnológicas.
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Las organizaciones señalaron que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han concentrado actividades industriales y energéticas durante décadas y que sus comunidades han enfrentado problemas relacionados con contaminación, deterioro ambiental, accidentes y presión sobre los recursos hídricos.
Por ello, exigieron la prohibición constitucional del fracking en México, cancelar cualquier pozo exploratorio destinado a facilitar esta técnica en Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, y garantizar la participación de pueblos, ejidos y comunidades en las decisiones sobre sus territorios.
También plantearon una política energética basada en energías renovables, generación distribuida y comunitaria, eficiencia energética y una transición para las regiones históricamente vinculadas con la industria de combustibles fósiles.
Heridas Abiertas presenta la primera edición del Festival El Norte No Olvida, un encuentro para reflexionar sobre la memoria, el periodismo y la resistencia de distintos actores sociales que luchan contra el silencio, la censura y la desmemoria.
Del 24 al 29 de agosto en Torreón, Coahuila, habrá conversatorios, conferencias, obras de teatro, presentaciones de libros y lecturas en espacios públicos que reafirmen la memoria y dignidad desde el norte. Las actividades son de acceso libre y tendrán como sedes La Tinta Cafebrería, el Centro de las Artes del Norte, el Foro Jorge Alcorcha y la Universidad Iberoamericana Torreón.
El nombre es una sentencia: un mensaje de que La Laguna se resiste al olvido que por años han querido imponer desde distintas esferas.
El festival arrancará el lunes 24 de agosto con la proyección del documental: “Memoria Viva: Arte Visual y Justicia en los Memoriales”, cinta que narra la historia de cómo el colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia creó murales para recordar a sus desaparecidos y resistir al olvido. La función será a las 19:00 horas en La Tinta Cafebrería con entrada libre y habrá también un conversatorio en torno a los espacios de memoria que existen en distintas ciudades del norte del país.
Las actividades continuarán el martes 25 de agosto con la proyección del documental y conversatorio: “En el desierto, la esperanza florece”, mismo que narra la lucha de integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos a dos décadas del derrumbe minero que le costó la vida a 65 trabajadores en la Región Carbonífera y cómo también la población para cambiar la narrativa de una zona de sacrificio por los múltiples daños ambientales y violaciones a derechos humanos.
En el conversatorio que tendrá como sede La Tinta Cafebrería a las 19:00 horas participarán el activista y escritor Omar Ballesteros, además del periodista Jorge Espejel y el sociólogo Germán Cravioto.
Para el miércoles 26 de agosto será el conversatorio: “De Patrocinio al Rancho Izaguirre: desaparición, reclutamiento y exterminio” y en el que participarán integrantes del colectivo Grupo VIDA y el periodista Darwin Franco, coordinador editorial del medio independiente Zona Docs.
El encuentro que tendrá como sede La Tinta Cafebrería a las 19:00 horas busca abrir el debate y analizar la existencia de la desaparición, reclutamiento y exterminio en el contexto de violencia que vive México desde hace casi dos décadas, además de la conexión que existe entre diversos territorios para esto.
El jueves 27 de agosto, la periodista Mariana Recamier y la socióloga Erika Soto presentarán el fanzine: “La promesa de Kevin”, una publicación que aborda la situación que enfrentan las infancias que tienen a un ser querido desaparecido. La cita es a las 15:30 horas en la Universidad Iberoamericana Torreón.
Además, ese mismo día tendrá lugar la conferencia: “Arte y activismo”, a cargo del artista visual Miguel Sifuentes Jáquez y quien desde hace 5 años colabora activamente en el proyecto de Heridas Abiertas. En su charla explorará las prácticas artísticas activistas, sus cuestiones éticas y su importancia para la preservación de relatos. La cita es en el Centro de las Artes del Norte a las 19:00 horas.
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El viernes 29 de agosto en el Foro Jorge Alcorcha será la presentación del performance: “Bestias del flúor”, basado en una investigación periodística sobre la fluorosis, una enfermedad causada por la exposición a altas concentraciones de flúor, esto a partir de un caso en Zacatecas. La presentación será a las 19:00 horas.
El cierre del festival está previsto para el sábado 29 de agosto con dos actividades: lecturas a cargo del colectivo Periodismo en Voz Alta durante la mañana en diversos espacios públicos y la presentación del plaquette “Plomo y Pintura: Historias desde el Cerro de la Cruz” a las 19:00 horas en La Tinta Cafebrería.
La publicación es una compilación de relatos escritos por el artista plástico Eduardo “Guayo” Valenzuela sobre sus experiencias dando clases en la colonia el Cerro de la Cruz durante los años de mayor violencia en la ciudad. Los comentarios estarán a cargo de la periodista Jessica Ayala Barbosa.
La cartelera completa del festival está disponible en este enlace.
La extracción de gas no convencional en Coahuila a través del fracking es un proyecto que aún no tiene luz verde, pero que políticamente podría dejar buenos dividendos al gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum y al gobernador estatal, Manolo Jiménez Salinas.
El gobierno federal conformó un grupo interdisciplinario de expertos y expertas para que evaluaran qué tan factible es extraer gas del subsuelo de la cuenca Sabinas-Burgos-Picacho, compartida por los estados de Coahuila y el noroeste de Nuevo León y recomendó no explotar gas natural en la cuenca Tampico-Misantla, debido a su alta densidad poblacional y condicionantes ambientales.
La cuenca Sabinas-Burgos-Picacho representa el mayor yacimiento de gas natural de México y forma parte de la misma falla geológica que se comparte con Texas, principal productor del hidrocarburo y proveedor numero uno de México.
El municipio que concentra mayores cantidades de gas natural es Sabinas, Coahuila, una zona de vocación minera, que tradicionalmente no ha sido objeto de inversiones importantes de infraestructura y diversificación económica para aligerar la dependencia a la minería del carbón, su principal actividad económica.
Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, dijo que en Sabinas no hay inversión carretera ni en infraestructura, que el fracking es un proyecto con fines político electorales que únicamente podría beneficiar a Claudia Sheinbaum y Manolo Jiménez.
"El gobernador dijo que Coahuila está listo para el fracking, pero no sé qué entiende por listo porque no hay infraestructura, no hay carreteras, no hay espacios asignados, no hay transporte, no hay nada", dijo la activista defensora de los derechos humanos de mineros de la zona carbonífera de Coahuila.
Más allá del impacto ambiental que supone la extracción de gas natural del subsuelo a través de la fractura hidráulica, en Sabinas no hay infraestructura alguna para solventar un proyecto de esas dimensiones. En contraste, el gobernador Manolo Jiménez mencionó que Coahuila está listo para el fracking y que incluso ya tuvo pláticas con inversionistas privados de Estados Unidos.
"Coahuila tiene las mejores condiciones para que se pueda consolidar este proyecto de extracción de gas natural no convencional; tenemos agua tratada, tecnología, inversionistas y sabemos trabajar en equipo con el Gobierno Federal”, dijo.
Manolo Jiménez también ha mencionado que el proyecto de extracción de gas no convencional en Coahuila ayudaría a recuperar los empleos perdidos por la quiebra de Altos Hornos de México, sin embargo, para Auerbach sus palabras son falaces.
"Lo de AHMSA fue hace cuatro años, es decir, esta es una medida que no sirve para nada, ya los trabajadores de las minas de carbón que eran de AHMSA ya están trabajando en otras minas o en la maquila o en el autoempleo, hay mucho autoempleo porque los mineros del carbón saben de plomería, de albañilería, de electricidad", comentó.
La posibilidad de que el fracking sea una realidad en Coahuila depende de muchos factores, como la existencia de agua salada en los yacimientos de gas para hacer la fractura hidráulica. Más allá de las condicionantes relatadas por la comisión de expertos, actualmente, todo lo que se dice, podría ser con fines político-electorales.
"Creo que ambos, Claudia y el gobernador Manolo están utilizando el discurso porque también es un elemento electoral, es decir, ahora con el fracking nos van a sembrar que vamos a salir de la eterna crisis que ha vivido Coahuila en los últimos 100 años, mientras Morena pone a los peores candidatos para que siga ganando el PRI", añadió.
En Sabinas no hay inversión. Las carreteras no están en buen estado, no hay plantas tratadoras de agua, hay problemas de desabasto de agua y contaminación del aire y del suelo. La crisis económica impera.
"Entonces no hay la inversión, yo vivo aquí en las minas de carbón, no se ha hecho absolutamente nada. Sé de los pozos que se hicieron hace muchos años con Peña Nieto, en muchos no encontraron, en algunos lo que encontraron no era suficiente, es decir, todavía ni siquiera se tienen los estudios de cuánto de ese gas, no sabemos cuánto hay, ni cuánto es extraíble ni cuánto cuesta extraer eso, que se está calculando sea el 10%.", añadió Auerbach.
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Del 2018 a la fecha, el gobierno federal ha gastado más de 27 mil millones de pesos en pozos de exploración y estudios para evaluar la extracción de gas no convencional del subsuelo. Se han realizado perforaciones en regiones de Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Veracruz sin resultados alentadores. Auerbach comentó que se habla de que sólo el 10% del gas natural en Coahuila es extraíble.
"Entonces todo ese desastre por el 10% del gas, si lo que le preocupa a Claudia es que se le compre a Estados Unidos, pues que diversifique a otros y con eso baja su dependencia, pero eso no lo hace. Lo que hace es someternos a una narrativa otra vez de empleo".
Monclova está a 115 kilómetros de Sabinas. La distancia no hace viable para una persona radicada en la ciudad acerera ir y venir todos los días.
"Los de AHMSA están en Monclova, los de la siderúrgica, el fracking les queda a hora y media. Ningún trabajador de Monclova va a gastar tres horas para ir y venir para trabajar en un pozo de fracking y además Manolo ha dicho que se va aprovechar el expertís de los trabajadores de AHMSA, pero el expertís de la mano de obra de AHMSA es el acero, no el fracking, ¿cómo pretenden trasladar a los mineros del carbón y a los trabajadores de AHMSA al fracking cuando no tienen las habilidades? Es demagogia lo que están haciendo.", concluyó la activista.
La probabilidad de que en un mediano plazo se comience a extraer gas natural del subsuelo de Coahuila a través del fracking cada día es más alta. Durante la conferencia de prensa mañanera de este jueves 6 de agosto, integrantes de una comisión especializada para evaluar la viabilidad del proyecto recomendaron explorar la cuenca Sabinas-Burro-Picacho para la explotación del hidrocarburo.
La Cuenca de Sabinas-Burro-Picacho está ubicada entre la zona carbonífera de Coahuila y el noroeste de Nuevo León. En esta zona, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea explotar yacimientos no convencionales de gas natural, es decir, fracturar el suelo mediante la técnica del fracking.
Paulina Gómora, profesora investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, adscrita al departamento de ingeniería petrolera y jefa de la división de ingeniería y ciencias de la tierra, fue quien confirmó la viabilidad de que se explore la cuenca que comparten Coahuila y Nuevo León para extraer gas del subsuelo.
Por otro lado, el director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, José Antonio Hernández, recomendó al gobierno federal una serie de medidas para que sí se pueda recomendar el fracking en Coahuila.Condicionantes para la población y territorio
Condicionantes Población y Territorio
Condicionantes Ambiente
Condicionantes Agua
Condicionantes Aditivos
Para el grupo de expertos, aún se tendrían que hacer estudios adicionales para verificar que las condicionantes puedan ser respetadas; por ejemplo, confirmar existencia de volumen de agua salada profunda, comprobar las desconexión de acuíferos someros, es decir, realizar estudios geológicos y geofísicos que den garantía sobre la nula posibilidad de que el acuífero se contamine con las perforaciones que se usan en el fracking, iniciar monitoreo de calidad de agua subterránea y superficial y construir línea de base hídrica y ecosistémica.
La Alianza Mexicana contra el Fracking lamentó que el gobierno federal esté buscando la posibilidad de extraer gas del subsuelo mediante la fractura hidráulica. Para las y los activistas, está probado que esta técnica es sumamente contaminante e incluso está prohibida en algunos países del mundo.
"México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica con base en el principio precautorio, tal como lo han hecho Francia y Bulgaria y numerosos gobiernos regionales y locales alrededor del mundo. Tal es el caso del estado de Nueva York, quien la prohibió en diciembre de 2014 con base en las evidencias existentes sobre los riesgos que representa para la salud."
Se ha probado que el fracking provoca severos daños al medio ambiente como la contaminación de las fuentes de agua dulce.
"En Estados Unidos existen más de 1,000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la fracturación hidráulica.", dice la Alianza Mexicana contra el Fracking.
También se han comprobado impactos directos en la salud de la población. Ejemplos documentados indican que al menos el 25% de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso.
Además, el fracking también genera emisiones que dañan la calidad del aire y promueven el calentamiento global y debido a que se inyectan en el suelo grandes volúmenes de agua presurizada, también se ha documentado la aparición de sismos antropogénicos.
El grupo de expertos que reunió el gobierno federal, solo emitieron recomendaciones para mitigar el impacto ambiental y social que el fracking conlleva, entre ellos evaluar la viabilidad financiera del proyecto y que sí se den cada una de las condicionantes para que la extracción de gas no convencional pueda ser una realidad.
La columnista y periodista Lucía Pérez Paz, publicó en su espacio Data Caos que, al menos desde 2018, se han estado destinando recursos federales para el fracking.
"Durante años, el discurso oficial de Andrés Manuel López Obrador fue tajante e hipócrita. De manera pública su postura era: "no al fracking", pero en el papel, la realidad presupuestaria era diferente. Su gobierno destinó 27 mil millones de pesos a esta actividad mientras públicamente la negaba.", escribió la periodista.
Entre 2018 y 2023, el gobierno federal que se negaba al fracking invirtió miles de millones de pesos en estudios y exploraciones para ir trazando el proyecto del fracking en Coahuila.
"Esta actividad se ha mantenido en pie gracias a que el estado forma parte de la Cuenca de Burgos, una de las reservas de gas shale más grandes del planeta. Y no se trata de una práctica aislada, sino de una explotación intensiva que registra 24 pozos con un total de 461 fracturas. En el municipio de Sabinas, se localiza el foco más agresivo, donde un solo pozo ha sido sometido a 104 fracturas. Otras zonas afectadas están en Piedras Negras, Nava, Allende, Villa Unión, Zaragoza, Guerrero, Jiménez, Ocampo, Lamadrid, Candela y San Buenaventura."
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó que todos los estudios se estarán publicando en la página de la secretaría de energía para llevar a cabo el proceso con total transparencia. El paso siguiente es construir un pozo de exploración en las zonas aprobadas para verificar que los yacimientos sí tengan agua saluda que permita realizar la extracción no convencional de gas natural de territorio coahuilense.
La llegada de Miguel Riquelme para presidir el ayuntamiento de Torreón está acompañada de un empleado que podría suponer un conflicto de interés para su administración: la posición de Enrique Alcorta Nuñez, su yerno, como parte del equipo de la dirección de obras públicas.
Desde la administración del fallecido alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se había reportado la aparición en la nómina municipal de una persona ligada a la familia del entonces gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís.
En la dirección de obras públicas del municipio, encabezada por Juan Adolfo Von Bertrab, quien durante el mandato estatal de Miguel Riquelme fungía como presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, apareció el nombre de Enrique Alcorta Nuñez, quien de acuerdo con publicaciones de sociales y medios de comunicación es el esposo de Marcela Riquelme, hija del ahora alcalde de Torreón y senador con licencia.
De acuerdo con la última nómina municipal transparentada por el ayuntamiento de Torreón, que data de junio de 2026, como coordinador general de la dirección de obras públicas aparece Enrique Alcorta.
El funcionario municipal es el segundo al mando de una dependencia cuya cabeza, Von Bertrab Saracho, percibe un ingreso mensual bruto de 58 mil 545.30 pesos mensuales. Como segundo al mando, el yerno de Miguel Riquelme registra un salario mensual de 48 mil 874.12 pesos.
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Las inconsistencias en los nombramientos de la dirección de obras públicas son visibles. Por ejemplo, además de la dirección general y de una coordinación general, hay otras dos direcciones, encabezadas por Armando Alonso Varela Rodríguez y Gerardo Ponciano Estrada Muruaga, ambos con un salario mensual de 37 mil 364 y 37 mil 034 pesos, respectivamente.
Además, también aparece una auxiliar administrativo, identificada como Leticia Balderas Espino, con un ingreso mensual bruto 41 mil 256.22 pesos y un segundo auxiliar, identificado como Alan Salvador Zandate Nájera, cuya percepción es de 33 mil 874 pesos.
Enrique Alcorta Nuñez también trabajó durante la primera administración como alcalde de Miguel Ángel Riquelme. Según la nómina municipal de aquel año, se desempeñaba como auxiliar administrativo en la dirección de obras públicas que encabezaba Gerardo Berlanga Gotés. Como auxiliar, el yerno del alcalde tenía un salario mensual de $ 21 mil 498.60 pesos.
Coahuila fue el primer lugar en gasto de comunicación social a nivel nacional durante el primer semestre de 2025.
Los aparatos de comunicación social tienen la función de difundir las acciones de gobierno de una administración, sin embargo, en Coahuila son un instrumento clave para controlar la opinión pública y amortiguar las críticas que puedan provenir del sector social.
Coahuila, en los últimos años, se ha destacado por invertir sumas millonarias en la coordinación de comunicación social, llevada por Diego Rodríguez Canales, quien también es suplente de Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.
El modelo de gobierno de Manolo Jiménez Salinas ha caminado de la mano de la comunicación, del manejo de crisis y de amortiguar las críticas a través de convenios publicitarios con los principales medios de comunicación del estado.
Según un informe de la organización Política Colectiva, en 2024, el gobierno de Jiménez Salinas gastó en publicidad oficial $647 millones 288 mil 462 pesos, cifra que ubicó al estado como el cuarto más alto a nivel nacional, sólo por detrás de Guanajuato, Quintana Roo y Chihuahua.
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En 2025, año en el que se reveló el estudio más reciente, Coahuila cerró el primer semestre del año como el primer estado a nivel nacional en gasto publicitario. En los primeros 180 días del año la administración priista gastó $395 millones 856 mil 543.54 pesos.
Meses después, en 2026, la inercia continuó. Con todo y operación electoral para renovar las 25 plazas del Congreso de Coahuila, el gobierno de Manolo Jiménez gastó, en el primer semestre, $301 millones 985 mil pesos en propaganda oficial, cifra que equivale al dispendio de $1 millón 677 mil 694 pesos diarios en mensajes propagandísticos a favor del proyecto político del gobernador y las dependencias que componen su administración pública.
Actualmente el debate público nacional está centrado en los derechos de las audiencias, pero poco se habla de la libertad de expresión.
La millonaria inversión que hace la coordinación de comunicación social del gobierno del estado de Coahuila no abona, en nada, al libre ejercicio del periodismo y de la defensoría de derechos humanos y ambientales.
De acuerdo con el informe estadístico del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en Coahuila, actualmente, 54 personas cuentan con algún tipo de medida de protección por parte de la secretaría de gobernación. Este número ubica al estado a media tabla, como el 15 a nivel nacional y el cuarto del norte del país para ejercer el periodismo y el activismo, solo por detrás de Tamaulipas, Baja California y Sonora y por delante de Chihuahua y Sinaloa.
Actualmente en Coahuila 18 personas están inscritos e inscritas al mecanismo de protección, lo que equivale al décimo segundo puesto a nivel nacional. En primera posición está la Ciudad de México con 87.
El debate público sobre los derechos de las audiencias y la intención del gobierno federal en cuidar la información que se difunde en radio y televisión ha escalado a una pregunta natural, ¿se estaría violentando la libertad de expresión? Y es que el proyecto propone que se puedan aplicar multas contra medios de comunicación que desinformen o manipulen información, bajo un contexto ambiguo, sin criterios claros y sobre una contradicción a todas luces natural; los derechos de las audiencias nunca han sido respetados.
Coahuila es un estado complejo. En 2029 cumplirá 100 años gobernado por el mismo partido. Todo en el estado ha sido construido alrededor de una misma ideología. Con claroscuros, en Coahuila los medios de comunicación siempre han trabajado, en mayor o menor medida, de la mano del gobierno del estado y de la iniciativa privada. La inversión millonaria que hace la entidad en periódicos, televisoras, estaciones de radio y páginas web ha logrado consolidar la construcción de una narrativa homogénea que esconde las carencias y enaltece las virtudes. En ese sentido los derechos de las audiencias jamás han sido respetados. Por delante de la información veraz, calculada, rigurosa, crítica y oportuna, siempre han estado los grupos de interés, las relaciones públicas y la política partidista.
¿Cómo tener acceso a derechos en Coahuila si en 2024 fue el cuarto estado que más dinero gastó en publicidad oficial con 647 millones de pesos? ¿Cómo creer que en Coahuila la gente accede al derecho a la información si ya ni siquiera se cumple en tiempo y forma con la información pública de oficio en los canales oficiales? ¿Cómo creer que la libertad de expresión existe si para hacer preguntas en ruedas de prensa hay que apuntarse en una lista donde solo aparecen personajes que lanzan halagos a las autoridades?
La organización política colectiva, al corte del primer semestre de 2025, documentó que Coahuila fue la primer entidad a nivel nacional con mayor gasto en publicidad oficial, con un dispendio superior a los 395 millones de pesos en seis meses.
Además, al corte del primer semestre de este 2026, la secretaría de finanzas estatal reporta que el gobierno de Manolo Jiménez ya desembolsó 301 millones 985 mil pesos en propaganda. Nuevamente, se reafirma la idea de que tiene más poder el dinero para influenciar a las líneas editoriales que el derecho a informarse de las audiencias.
La prensa crítica vive días complicados. Pareciera que en Coahuila se vive en los años setenta, en donde cualquier persona que se saliera del "huacal informativo" era mal vista. Vemos a reporteros, reporteras, comentaristas y editorialistas lanzando elogios al gobernador Manolo, al alcalde Miguel Riquelme y tirando pedradas a las personas, organizaciones y hasta diferentes órdenes de gobierno que les estorban, que les incomodan y que interfieren en el cumplimiento de sus intereses políticos, personales y empresariales.
Hoy en las redacciones de los principales medios de comunicación de Coahuila se escuchan órdenes como "no le muevas tanto ahí", "no lo publiques", "ese tema no va", "eso lo ve dirección", "a eso no le muevan". El no haber tenido la capacidad de lograr vivir de las audiencias, de las y los lectores y televidentes y radioescuchas y usuarios ha provocado que las y los dueños entreguen, con total cinismo, sus líneas editoriales a cambio de contratos millonarios que insultan la inteligencia de la audiencia y pervierten los fines ideales del periodismo libre y crítico.
Hoy vemos que hay una intensa campaña mediática a nivel nacional tomando el tema de los derechos de las audiencias y de cómo el gobierno federal intenta controlar la crítica a partir de "auditores ciudadanos".
Lamentablemente, esa no debería ser la discusión. El tema central radica en el dinero. La línea editorial se está trazando a partir de si te pagan o no te pagan. Mientras no se realicen reformas de fondo que delimiten cómo se debe distribuir la publicidad oficial, cómo se debe pagar y bajo qué criterios de debe pagar, será imposible detener la tendencia descendente que tiene la libertad de expresión en México.
Coahuila es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Controlar la crisis a billetazos invisibiliza problemas políticos, pero agrava las carencias de una sociedad cada día más exprimida y más presionada.
Las bombas de las estaciones de gasolina de la cadena Punto+ fueron clausuradas por la Fiscalía General de la República luego de que se diera a conocer que la empresa compraba combustible a la empresa ligada al ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, ligada a una investigación de presunto huachicol fiscal que tiene al ex líder opositor en la cárcel.
Las bombas de la estación de gasolina Punto+, ubicada sobre el bulevar Independencia y la calle Guerrero, en la zona centro de Torreón, Coahuila, están selladas con unas lonas impresas con la palabra "clausurado". Esta empresa, que tiene otros puntos de venta de gasolina en la Comarca Lagunera, está impedida de vender combustible luego de que la Fiscalía General de la República diera a conocer que adquirían la materia prima a la empresa Crismon Hidrocarburos y Derivados S.A. de C.V, negocio ligado a Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California que está siendo investigado por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal.
La investigación contra el panista detonó en Coahuila, cuando el 7 de julio de 2025 fueron asegurados en Ramos Arizpe, al sureste del estado, 15.48 millones de litros de combustible ilegal y 129 carrotanques. El aseguramiento es, hasta el momento, el más grande en la historia de México y derivó en una investigación que terminó involucrando a Ruffo.
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Las gasolineras Punto+ son una marca derivada de la empresa Gasolinera Faza S.A. de C.V, cuyos propietarios son Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y a Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar. De acuerdo con la fiscal general de la república, Ernestina Godoy, esta empresa habría recibido, de manera ilegal, combustibles de Crimson Hidrocarburos, por lo que consideró que esta operación forma parte de una simulación fiscal.
De acuerdo con el padrón de proveedores del ayuntamiento de Torréon, Gasolinera Faza fue proveedora de combustibles durante el primer trimestre de 2023, en la primera parte del gobierno del ex alcalde fallecido, Román Alberto Cepeda González.
Gasolinera Faza cuenta con 14 estaciones de combustibles en Coahuila y Durango y utilizan bombas y producto elaborado por Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Julio ha sido un mes de feminicidios en Coahuila. Las falsas promesas del fiscal general, Federico Fernández, en las que aseguró que 2026 iba a cerrar con cero feminicidios no se cumplirán. Tan sólo en el séptimo mes del año van cuatro asesinatos contra mujeres por motivos de género.
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, prometió públicamente en diversas ocasiones que iba a crear toda una estructura institucional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Anunció la creación de una secretaría, de una fiscalía especializada, de policías violeta y puntos violeta. Al final, toda el proyecto que presentó y que respaldó el fiscal general, Federico Fernández, no ha funcionado.
Tan solo en el mes de julio de 2026, Coahuila acumula cuatro feminicidios, dos de ellos en la Comarca Lagunera. El último de ellos, de Nora Cecilia, dejó en claro que el abandono institucional y la falta de seguimiento y acompañamiento para las mujeres en situación de riesgo evidente.
Jessica Hernández, prima hermana de Nora, confirmó durante una protesta llevada a cabo en las afueras de la delegación de la fiscalía en Torreón que la víctima contaba con medidas de restricción frente a su feminicida.
"Porque la meta el otro año son cero feminicidios", prometió Federico Fernández, fiscal general de Coahuila, durante su comparecencia ante el Congreso local a finales del 2025.
En lo que va de 2026, Coahuila acumula 7 feminicidios, de los cuales cuatro ocurrieron durante el mes de julio. En este mismo periodo, en la entidad, de acuerdo con el gabinete de seguridad del gobierno federal, se han con confirmado seis homicidios dolosos, es decir, la cantidad de mujeres asesinadas por motivos de género es casi la misma que la registrada en muertes dolosas durante el séptimo mes del 2026.
El propio Manolo Jiménez Salinas dijo a nivel nacional, durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera, que Coahuila es ejemplo en la creación de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
"Por acá trabajamos permanentemente por tener a más mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices". Los resultados, pese a los dichos de Jiménez, contrastan con sus palabras, con sus promesas y con los objetivos planteados.
Coahuila cerró 2025 con nueve carpetas de investigación por el delito de feminicidio, lo que quiere decir que la tendencia, este 2026, es que la cifra sea superada.
De acuerdo con el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, al corte del primer semestre de 2026, Coahuila acumula 38 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, esta cifra equivale a un promedio de 6.33 asesinatos por mes, número cercano a los cuatro feminicidios registrados hasta el 29 de julio del presente año.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
