Caso Fernández

El diputado local y presidente del PRI en Torreón, Shamir Fernández Hernández, ejerce su notaría, lo que podría significar un presunto conflicto de interés de acuerdo a la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, la cual impide desempeñar una notaría al mismo tiempo que un cargo  como legislador.

Shamir Fernández posee la notaría pública 70. El primero de julio de 2016, siendo diputado local, avaló la compra de un lote para el hoy ex alcalde y candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Ángel Riquelme.

Según la escritura 132, partida 222661, libro 227, sección I, Fernández Hernández operó su notaría para que Miguel Riquelme comprara un lote de 176 metros cuadrados en el fraccionamiento Villas del Renacimiento, a un costo de 700 mil pesos.

Otra prueba que confirma el conflicto de interés del diputado Fernández es su perfil de notario en el portal de transparencia de INFONAVIT, donde aparece su notaría con folio 0503500085, con una calificación arriba de 97 puntos, es decir que la mantiene activa.

Según el artículo Sexto de la Ley del Notariado, el ejercicio de la función notarial es “incompatible con el desempeño de cargos de funcionario o empleado al servicio de cualquiera de los tres Poderes del Estado o de la Federación, o de Entidades desconcentradas o descentralizadas del gobierno Federal o Estatal”.

Notarios en funciones, incluido los presidentes de los colegios de notarios, se negaron sistemáticamente a hablar sobre el caso y la presunta ilegalidad. Jesús de León Tello, quien al igual que Shamir Fernández es diputado local en funciones y tiene una notaría con licencia, opinó que no se puede ejercer ambos puestos porque surge una “incompatibilidad”.

“Por un lado, un diputado debe de estar en la ciudad de Saltillo sesionando y, por el otro, como notario, también debe dar una atención personalizada a sus clientes”, expuso de León Tello. Además, añadió que bajo ese precepto, todo trámite estaría en riesgo de quedar invalidado por infringir la ley, incluida la compra de Miguel Riquelme.

Red es Poder trató de contactar a Shamir Fernández para cuestionarlo sobre el conflicto, sin embargo no dio ninguna declaración y únicamente se limitó a enviar un mensaje de texto a través del diputado suplente, Mario Lozoya, quien argumentó citando el artículo Sexto: “Se exceptúan de las incompatibilidades señaladas, los cargos docentes, asistenciales y electorales”.

Miguel Ángel Ordaz Espinoza, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, comentó que el argumento del diputado está equivocado, pues explicó que el cargo de legislador no es un cargo electoral. El cargo electoral, ahondó, es el sujeto que desempeña una responsabilidad en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“El sistema está diseñado para que las autoridades elijan de manera discrecional para que tomen cierto tipo de decisiones. El conflicto más grande es que el notario va a estar al servicio de quien le dio el Fiat”, opinó Ordaz.

 Además, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que “para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y , en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”.

Inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Tesauro Jurídico, ha dejado clara la diferencia entre cargos de representación popular y cargos electorales.

Más irregularidades

El artículo 76 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila, en su fracción tercera, dice que para obtener la patente de aspirante a notario deberá tener cuando menos tres años de experiencia en la práctica de la profesión de abogado, sin embargo, en la página del Registro Nacional de Profesionistas, el diputado Shamir Fernández aparece que obtuvo la licenciatura a partir de 2010 con el número de cédula 6726909, y el fiat lo recibió en noviembre de 2011, ni siquiera la mitad de lo establecido por la Ley.

Según el oficio número 1811/2011, el entonces gobernador, Jorge Juan Torres López, no tuvo inconveniente para que los aspirantes de entonces, entre ellos Shamir Fernández, fueran beneficiados con el fiat.

Además, la fracción cuarta del mismo artículo 76, dice que el candidato deberá haber desarrollado una práctica ininterrumpida en alguna Notaría cuando menos por un año. No obstante, el currículum público que se encuentra en la página oficial del Congreso de Coahuila no refleja dicha experiencia profesional del legislador. Sin embargo, el último párrafo del artículo 76 dice que el ejecutivo del Estado, puede dispensar el cumplimiento de los requisitos de las fracciones antes mencionadas, lo que pudo ser el caso de Shamir Fernández.

Para buscar el punto de vista legal del entonces presidente del Colegio de Notarios, Abelardo Díaz Garza, acudimos en reiteradas ocasiones para solicitar una cita, él jamás nos recibió y las respuestas que dieron sus asistentes sólo alegaron que su agenda se encontraba muy apretada.

Carlos Gregorio Ramírez, abogado, perito valuador y catedrático de la Universidad Iberoamericana, afirmó que, para ser notario, es necesario cumplir con muchos requisitos entre ellos, la experiencia: Así, para obtener el fíat de Notario, se requiere: Tener la patente de aspirante a Notario, reunir los requisitos que la ley establece; existir alguna Notaría acéfala o de nueva creación, aprobar el examen de selección y cubrir los derechos correspondientes.

Para Carlos Gregorio Ramírez, existe un conflicto de interés que nace a partir de que el notario público es una extensión del ejecutivo del estado, pues la fe pública recae en el gobernador y éste, al no poder presenciar todos los actos, delega la responsabilidad a la figura del notario y, por tanto, se contrapone con cualquier otra función del orden público y/o de elección popular.

Un ciudadano realizó una solicitud de acceso a la información, pidiendo la solicitud de licencia de Shamir Fernández de su función como notario. Tras varios días, las autoridades le respondieron:

“Shamir Fernández Hernández, titular de la Notaría Pública número 70 del Distrito Notarial de Torreón, no se ha dictado acuerdo de licencia. Por lo que una vez revisados los archivos de esta dependencia, no se encontraron documentos referentes a licencias solicitadas de parte del Lic. Shamir Fernández Hernández, motivo por el cual no existe acuerdo del mismo”.

Se visitó directamente la oficina notarial de Shamir Fernández pero el legislador no dio la cara. La notaría estaba en funciones y la secretaria se puso nerviosa al solicitarle la entrevista.

Otros casos  

El Diputado Federal, Armando Luna Canales y la Diputada Local, Georgina Cano Torralva, ambos con una notaría, también la ejercieron cuando desempeñaban una función como legisladores.

Según su currículum, disponible en la página oficial de la Cámara de Diputados, Armando Luna Canales se convirtió en secretario de Gobierno de Coahuila en 2008, mismo año en el que le fue otorgada una fiat notarial pero con licencia para mantenerla inactiva.

En 2011 lo nombraron delegado de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, y pidió que su notaría se activara. Un año después, en 2012, volvió al cargo de secretario de Gobierno y nuevamente pidió la licencia exigida para no trabajar su notaría.

En 2015 renunció a la secretaría para convertirse en diputado federal. Pero, contrario a lo que había hecho anteriormente, el 11 de abril de 2016 estableció su notaría 63 en el número 173 de la calle Román Cepeda Flores, del fraccionamiento Los Pinos IV, código postal 25204 en la ciudad de Saltillo, Coahuila, según dicta la circular número 055/2016 firmada por el director general del Registro Público del Estado, Ramón Armando Verduzco Argüelles con fecha del 13 de abril de 2016.

Georgina Cano, por decreto número 523 del Congreso del Estado de Coahuila, el 15 de noviembre de 2005, recibió el fiat para ejercer como notaria en el Distrito de Acuña. Y lo recibió de su padre, Jorge Cano Loperena, exalcalde de  Ciudad Acuña. Actualmente es diputada con licencia para buscar la reelección del Distrito XV, y titular de la Notaría Pública 5 de la ciudad fronteriza.

Lo anterior se demuestra con la lista de acuerdo del Juzgado Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia con número 00090/2016 respecto a una sucesión testamentaria en Piedras Negras realizada el 14 de abril del 2016. Gracias a esta información, se comprobó que Cano Torralva es parte del grupo de diputados que ejercen como notarios

En el número (877) 772 5045 fue posible corroborar que la secretaria de la notaria ofrece todo tipo de documentos amparados por la firma de la diputada Cano Torralva.

Un conflicto de interés

El artículo 68 de la Ley del Notariado del Estado de Coahuila menciona el tiempo que debe funcionar una notaría: “Y estará abierta por lo menos ocho horas diarias, los días hábiles que lo sean para el Gobierno del Estado”.

Esto significa que el notario tiene que trabajar ocho horas de lunes a viernes, revisar y dar fe a los trámites importantes de la ciudadanía y no tener otras actividades que lo distraigan de su encomienda.

El artículo 6 de la misma Ley dice que ningún empleado al servicio de los tres Poderes del Estado es compatible con el ejercicio de notario. Pero la normativa abre una ventana ya que luego establece las excepciones de “cargos docentes, asistenciales y electorales”, lo que sirve para que algunos intenten justificar el ejercicio de cargos de gabinete o congresos al mismo tiempo que notariales.

Carlos Gregorio Ramírez, catedrático de la Universidad Iberoamericana,  aseguró que por cargo electoral debe entenderse a aquellos que ocupan algún asiento en el Instituto Nacional Electoral o en cualquier instituto estatal. Es decir, cargo electoral no significa de elección popular, como puede ser el de un legislador.

El artículo 19, en su último párrafo, dice que cualquier diputado que actualmente esté ejerciendo como notario, debe solicitar licencia y todo acto que haya realizado estando en funciones sin haber hecho la solicitud, deberá ser nulo:

“Serán igualmente nulos los instrumentos que autorice el Notario que tenga la incompatibilidad conforme a esta Ley y responderá de los daños y perjuicios que cauce a las partes, independientemente de la sanción que corresponda en los términos previstos en ésta y otros ordenamientos jurídicos”.

Otorgamiento de FIAT notarial

Dentro del proceso para obtener la patente de aspirante a Notario, se menciona en el artículo 77 que se debe realizar un juicio no contencioso, es decir, cuando no existe una contraparte y solamente un juez discute y dictamina si cuenta con los requisitos que la ley prevé.

Del artículo 90 al 100 se explica el procedimiento para obtener el Fiat notarial. Se deben presentar dos exámenes para ser Notario en Coahuila. El primero es el examen para obtener patente de aspirante a Notario y la Ley explica el procedimiento que deberá seguirse para presentarse con sinodales. El examen consiste en una prueba práctica.

El segundo es el examen de selección, donde se avisa a quienes aspiran a ser notarios la fecha para que se preparen. El examen de selección consiste en dos ejercicios: uno práctico y otro teórico.

El artículo 70 de la Ley del Notariado de Coahuila señala que debe haber un notario por cada veinte mil habitantes. En 2016 quedaron registradas 234, es decir, que por cada doce mil coahuilenses, hay una notaría, muy por encima del promedio.