Caso Wallace: el ominoso proceso

Por Antonio Rosales

“Alguien tenía que haber calumniado a Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo”. Así inicia la famosa novela de Franz Kafka, sobre un hombre que es arrestado, sin jamás saber la causa, y en el que la culpa busca su castigo. Una larga pesadilla hecha estrecho, pantanoso, nebuloso y oscuro laberinto se despliega a lo largo de la historia, cuyos absurdos llevan a la confusión y casi locura a su protagonista. 

No muy lejano de ese infierno dantesco está el que han vivido los acusados del caso Wallace, con la diferencia de que, aun sabiendo la causa, ninguna prueba que han aportado a su favor les ha servido para salir del fango; todo intento de defenderse se ha perdido en arenas movedizas de un sistema judicial plagado de corrupción y opacidad. En teoría, es la autoridad quien tendría que demostrar la culpabilidad y no los acusados su inocencia, pero en el caso Wallace nada es lo que la teoría del Derecho dictaría.

Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, así como sus familias enteras, desde julio de 2005 han padecido lo indecible y a cuatro años de este gobierno no queda claro cuándo terminará su inquisitorial calvario. Torturas (físicas, psicológicas, sexuales); persecución y espionaje contra familiares, activistas, periodistas y abogados que se han acercado al caso; amenazas, tratos vejatorios por parte de las autoridades, invisibilización por parte de los medios de comunicación hasta 2019, campañas difamatorias y toda clase de irregularidades judiciales, son algunos de los martirios que han padecido los acusados. Ello puede dar pie a argumentar que solo se trata de abusos y que eso no eximiría su “culpabilidad”, pero debe añadirse que sobran irregularidades en el caso, relacionadas con CURPS y registros del SAT, diferentes actas de nacimiento, tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, una gota de sangre… Y un caso que se sostiene, mayormente, en los testimoniales arrancados bajo brutales torturas, algunas ya acreditadas mediante respectivos Protocolos de Estambul (Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, César Freyre).

Sin exagerar, escribir sobre el caso Wallace es, en muchos sentidos, jugar a la vida y la muerte, coquetear con el peligro, ponerse en la línea de fuego. No solo porque la parte acusadora del citado expediente ha intentado acallar por todos los medios cualquier investigación o duda razonable a su versión de lo sucedido, sino porque pareciera que existen numerosos intereses, relatos impuestos y contrapuestos, dobles (y hasta triples y cuádruples) juegos, redes de espionaje y contraespionaje (tanto gubernamentales, como operadas por particulares), dobles (y triples) agentes. Las novelas policíacas de Agatha Christie o las distopías de George Orwell parecen cuentos de hadas o novelas de Corín Tellado junto a la maraña de enredos y atrocidades que rodean el caso Wallace. 

Fuera del binomio (el relato oficial de Isabel Miranda versus el periodista Ricardo Raphael) parece que está prohibido acercarse al tema. Cierto es que el cerco mediático respecto a esta historia ha cedido un poco, y ello se ve reflejado en infinidad de videos y textos periodísticos -dentro del binomio- que se han publicado desde hace un par de años. Y sin embargo, aún es de alto riesgo. 

Hace más de tres años, desde este espacio dimos cuenta sobre la posible falsedad del caso Wallace. 

La versión oficial del caso Wallace nos cuenta la historia de una madre y acaudalada empresaria dedicada a las escuelas privadas y anuncios espectaculares en la Ciudad de México (Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres), que desde 2005 buscaba justicia para su primogénito, Hugo Alberto; un hombre presuntamente secuestrado y asesinado. Tras la desaparición, la empresaria inició la búsqueda de los plagiarios, y como constará en la web, en la hemerografía y la videografía de la época, Miranda Torres fue ampliamente reconocida por lograr la captura de todas las personas que acusó, inicialmente con la colocación de anuncios espectaculares de su empresa, Showcase Publicidad, ofreciendo recompensas por información y posteriormente, con las capturas de todos los señalados. 

Desde entonces y durante más de dos sexenios, a través de campañas en los principales medios de comunicación, Isabel Miranda fue posicionada como una heroína, lideresa de opinión en todos los medios de comunicación mexicanos, sobre temas de seguridad y el activismo antisecuestro. Junto con María Elena Morera, Rosi Orozco y Alejandro Marti, Wallace se convirtió en una invitada predilecta en eventos oficiales de Calderón y García Luna, ejerciendo crítica a la par que departía con los funcionarios que decía criticar. 

A través de la plataforma que le otorgó su organización Alto al secuestro su relación con el gobierno de Felipe Calderón fue volviéndose cada vez más estrecha, al grado que, en diciembre de 2010, le fue entregado el Premio Nacional de Derechos Humanos. Tiempo después, pese a la inconformidad de panistas como José Luis Luege Tamargo y Demetrio Sodi, el partido Acción Nacional la hizo candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2012. 

Su influencia en la opinión pública también fue utilizada para posicionar la narrativa del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, en casos como el de Florence Cassez e Israel Vallarta, como lo documentaron Emmanuelle Steels (El teatro del engaño, 2015), José Reveles (El affair Cassez, 2013) y Jorge Volpi (Una novela criminal, 2018).

Con Enrique Peña Nieto el rol de incondicional aliada transexenal del gobierno federal mexicano se afianzó, volviéndose cada vez más evidente; en especial después del caso Ayotzinapa, en el que la señora Wallace intentó lavarle la cara a la entonces Procuraduría General de la República, desacreditando mediáticamente la investigación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), y pidiendo la salida del GIEI de nuestro país, luego de que sus informes concluyeran que hubo participación del Estado mexicano en los hechos. Los informes contradecían la versión de la PGR de Jesús Murillo Karam, misma que intentó criminalizarlos e invisibilizar cualquier responsabilidad del Estado en lo ocurrido. 

La obstinación de la empresaria por la "verdad histórica" de Murillo Karam no solo la llevó a denostar a activistas como Juan Méndez y Mariclaire Acosta, sino que incluso aun en julio de 2020 salió en defensa de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal durante el gobierno de Peña Nieto. "Yo en ningún momento vi que Zerón estuviera torturando; quiso ser duro con él, pero enfrentarse a este tipo de criminales tiene que tener (sic) una posición dura para que pueda realmente entrevistarlo", comentó en diversas entrevistas, sobre un video en que aparece Zerón hablando en tono amenazante a Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", detenido por el caso Ayotzinapa. Actualmente Zerón se encuentra exiliado en Israel, luego de que el gobierno actual lo señalara de secuestro, tortura y manipulación en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, así como de la malversación de unos 50 millones de dólares. Israel no ha hecho ningún movimiento para extraditar al exfuncionario y el gobierno mexicano dice negociar con dicho país, sin embargo, no ha habido resultados hasta el momento en que se escribe este artículo.

Tanto en la administración calderonista como en el peñanietismo, los políticos y funcionarios judiciales en turno cerraron filas para construir y proteger la versión oficial del caso Wallace y ello no se vio reflejado solamente en discursos y maniobras mediáticas, sino también en omisión y colaboración en intimidación a aquellos periodistas, abogados y activistas que han dado voz, asesoría, defensa y/o acompañamiento a los acusados y a sus familiares. Por mencionar solo algunos ejemplos de ello: El activista Giel Meza sufrió detención arbitraria e interrogatorio el 13 de julio de 2014; en 2010 la abogada Ámbar Treviño Pérez, en un proceso completamente arbitrario e irregular bajo el cargo de presentar “documentación falsa”, fue detenida, arraigada y trasladada a un penal de Durango; Guadalupe Lizárraga, la periodista que mayor rigor y dedicación ha mostrado en el caso desde 2014, vivió dos intentos de secuestro por agentes ministeriales, además de espionaje y amenazas de diversa índole, sin que autoridades ni la mayoría de los medios de comunicación mexicanos se pronunciaran al respecto.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aparentemente existe un distanciamiento entre Isabel Miranda y el gobierno federal; sin embargo, la presente administración tampoco ha representado un cambio sustancial para la mayoría de los detenidos del caso Wallace. Es cierto, el gobierno federal no ha ejercido una censura mediática sobre el tema de forma tan pronunciada como los sexenios anteriores, aunque existe un episodio en particular que ha sido ignorado por medios, periodistas y autoridades: Cuando la periodista Guadalupe Lizárraga llevó por primera vez el caso a la conferencia mañanera presidencial (29 de marzo de 2019), hubo un apagón de luz en Palacio Nacional tras el cual, se perdió de la transmisión la denuncia de la periodista ante el presidente, hecho que también fue omitido e ignorado por todos los medios de comunicación. Las piezas videográficas que quedaron como testimonio y escasamente se encuentran en la web, fueron grabadas incidentalmente por reporteros independientes presentes. La fundadora de Los Angeles Press denunció una posible censura por parte de CEPROPIE, Comunicación Social de Presidencia y la agencia de noticias del Estado, Notimex, pero sus denuncias fueron nuevamente ignoradas -y lo siguen siendo hasta el momento en que esto se escribe- por periodistas y autoridades. En cambio, se desató contra Lizárraga una campaña de ataques en redes a través de cuentas bots y youtubers.

Desde hace años la presidenta de Alto de secuestro acumula denuncias por parte de los acusados y sus familias, mismas que se han ignorado o perdido. En Red es Poder hemos dado cuenta de algunas más: En 2018, la periodista Guadalupe Lizárraga presentó denuncias ante la PGR/FGR contra la empresaria; en 2021, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial, en representación de los acusados, presentó sendas denuncias ante la FGR; en 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, denunció a Isabel Miranda por fabricación de pruebas, luego de que ésta lo señalara y denunciara ante la Fiscalía, de “corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones” tras la atracción por parte de la Corte del caso de Juana Hilda González Lomelí en mayo pasado. Las denuncias contra Miranda tienen los mismos señalamientos en común: Tráfico de influencias, fabricación de pruebas, tortura, amenazas.

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2022 parece una copia de aquel ignominioso año en que inició el horror para los acusados y sus familias: 2006, año en que Brenda, Jacobo, César, Juana Hilda, Tony, Albert y Jael se vieron exhibidos en los anuncios espectaculares de la empresa de Isabel Miranda, Showcase Publicidad, sin derecho a presunción de inocencia y cazados para acabar con su libertad. En 2022 esos espectaculares volvieron, pero esta vez para intentar influir en la decisión que la Corte deberá tomar antes del 12 de diciembre, fecha en que se deberá haber tomado una resolución para el caso de Juana Hilda. De ser absuelta se sentaría un precedente para los demás acusados, cuyos procesos continúan empantanados.

La revictimización, criminalización y violación a la presunción de inocencia también se ha dado este año a través del Foro Lindbergh, zona ubicada en el parque México de la colonia Condesa de la Ciudad de México, en la que Isabel Miranda montó este noviembre una exposición abierta al público, volviendo a señalar a sus acusados, con aprobación de autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc. 

Queda menos de un mes para que la Corte determiné el curso del caso Wallace. Será interesante observar si los ministros decidirán seguir enfangando la ominosa senda de un proceso plagado de irregularidades y abusos, o bien, abrirán un halo lo suficientemente luminoso para que marqué un verdadero y positivo cambio en la impartición de justicia.

Hallan sin vida a mujer reportada como desparecida en Coahuila

Con información de Vanguardia

Desde el día de ayer una mujer de 64 años fue reportada como desaparecida en Saltillo, Coahuila. El reporte de no localización se emitió desde el viernes 7 de mayo, pero no fue sino hasta el día de ayer cuando la Fiscalía especializada publicó la ficha.

Lamentablemente, este martes 11 la Secretaría de Seguridad Pública informó que Marisa "N", de 64 años de edad, fue hallada sin vida y con signos de violencia tras presuntamente haber sufrido un secuestro.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la responsable del secuestro y asesinato pudo haber sido una mujer que se desempeñaba como trabajadora doméstica de la victima.

“Por el momento se logró la captura de al menos dos personas involucradas en el secuestro y asesinato de Marisa ‘N’. Ya se tienen identificados a otros tres involucrados", informó la Fiscalía.

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Autoridades informaron que la trabajadora doméstica está siendo investigada. Además, de acuerdo con los testimonios de las otras personas detenidas, la víctima fue secuestrada en Coahuila, presumiblemente en Saltillo y luego fue trasladada al municipio de Galeana, Nuevo León, donde finalmente fue agredida y privada de la vida.

“Tanto las personas detenidas como vehículos, armas y demás evidencia, está a disposición de las autoridades correspondientes, en coordinación y apoyo con NL”, añadió el comunicado.

Miranda de Wallace ya está bajo investigación penal, confirma FGR

A solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República informó que la presidenta de Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace, ya se encuentra bajo investigación penal por el delito de tortura y por la fabricación de pruebas en el presunto secuestro de su hijo. 

De acuerdo a Los Ángeles Press, la presidencia de la República también confirmó al medio que ya existe una carpeta de investigación en contra de María Isabel Miranda Torres gracias a las denuncias de la periodista Guadalupe Lizárraga; investigación que está en etapa inicial y en curso en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura. 

La primera denuncia de la periodista y directora de Los Ángeles Press fue interpuesta el 11 de diciembre de 2018, por dos intentos de secuestro sufridos el 11 de noviembre de 2016 y el 27 de febrero de 2018. En ambos hechos, falsos agentes ministeriales intentaron llevarse a Guadalupe Lizárraga con el argumento "de que tenía que declarar en la SEIDO-PGR por dar una versión distinta a la oficial".  

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La periodista interpuso una segunda denuncia el 23 de mayo de 2019, cuando el padre biológico del hijo de Isabel Miranda de Wallace, el médico Carlos León Miranda, reconoció que su ex mujer lo hizo pasar por su actual esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz al dar su muestra de sangre, lo que, al coincidir con el ADN, invalidaría la prueba madre del caso, que es una gota de sangre.

El caso Wallace mantiene en prisión a siete personas acusadas por el secuestro y asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto. Según la versión de la empresaria, su hijo fue secuestrado y asesinado y ella logró encontrar a los responsables por sus propias investigaciones. 

Sin embargo, desde 2014 la periodista Guadalupe Lizárraga ha destacado la fabricación del caso en complicidad con autoridades y el uso de tortura sobre los inculpados para incriminarse, que ha sido acreditado en dos protocolos de Estambul - el de Brenda Quevedo Cruz, que un juez invalidó posteriormente, y el de Jacobo Tagle Dobin que confirma violación sexual - y señalado en actas y medios de comunicación, por los inculpados y sus familiares.

Café Tacvba denuncia robo de instrumentos y secuestro de integrantes en Puebla

02 de Mayo 2019, Puebla.

Café Tacvba ha denunciado en sus redes sociales un atentado hacia su grupo mientras viajaban por el estado de Puebla. Al grupo de música le robaron sus instrumentos y sus herramientas de trabajo, y, además, dos miembros del equipo fueron golpeados y secuestrados.

"Lamentamos comunicar que el día de hoy en ruta a Cancún donde tendremos un concierto el próximo sábado 4 de mayo, el camión de carga que transportaba nuestros instrumentos, consolas, equipos de trabajo y más, fue asaltado y robado esta madrugada del jueves por la carretera Puebla - Córdoba", se lee en el comunicado que se desplegó por el twitter oficial de Café Tacvba (@cafetacvba).

La banda, sin embargo, confirmó su cita en la costa quintanarroense para este 4 de mayo en donde celebrarán el Tecate Location 2019. Además exigió a las autoridades la búsqueda de los delincuentes y el retorno de sus instrumentos de trabajo.


 

Mexicanos en el extranjero reaccionan ante caso Wallace

Con la firma y respaldo de decenas de ciudadanos mexicanos que radican en Estados Unidos, este viernes 22 de febrero la periodista independiente y fundadora del portal Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, inició una petición en Change.org titulada “¿Cuántas pruebas más necesita México para actuar contra Isabel Miranda de Wallace?”, para pedir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador actué ante las presuntas irregularidades del caso y conceda libertad a los detenidos, que de acuerdo a Lizárraga, han sido víctimas de tortura y fabricación de culpables.

El caso Wallace comenzó el 11 de julio de 2005 en la Ciudad de México, con el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria María Isabel Miranda de Wallace. Miranda de Wallace emprendió una campaña mediática y judicial para capturar a los supuestos responsables, acción que le atrajo la atención de los grandes medios de comunicación y el reconocimiento de las autoridades. Sin embargo, desde 2014 investigaciones periodísticas independientes como la de Lizárraga han señalado el caso como un completo montaje basado en confesiones bajo tortura y pruebas fabricadas, con la participación y complicidad de funcionarios públicos.

La petición de Lizárraga, que hasta el momento supera las 500 firmas, no es la primera vez que el caso trasciende allende las fronteras.

En septiembre de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, colectivos de activistas mexicanos de Nueva York y California emprendieron en redes sociales una campaña internacional de repudio contra Isabel Miranda de Wallace, por la presunta fabricación del caso, a la que titularon #RepudioalaWallace, que derivó en actos de protesta en Times Square, Manhattan.

La indignación también alcanzó entonces a algunos políticos estadounidenses. Stephen Durham (Freedom Socialist Party), Daniel Villa (Partido Verde de EEUU) y el entonces alcalde de Tucúmcari en Nuevo México, Robert Lumpkin, se unieron a la campaña contra Isabel Miranda y se solidarizaron también con el caso de la comandanta de la policía comunitaria y hoy senadora por Morena, Nestora Salgado; caso que mantuvo presa a Salgado durante casi tres años por acusaciones de secuestro, y en el que Wallace participo activamente como asesora de las supuestas víctimas.

En mayo de 2016, el caso cruzó el océano hasta Madrid, donde Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz detenida por este caso, presentó el expediente de su hija ante una comisión de Amnistía Internacional España. Acompañada por Nestora Salgado, Guadalupe Lizárraga y el activista Alberto Lerner, comentó que su hija había sido víctima de tortura con violencia sexual en dos ocasiones.}

En noviembre de 2016, las protestas del político Stephen Durham y de los activistas en Nueva York, volvieron a arreciar luego de que la periodista fuera acosada por supuestos agentes ministeriales, dentro de la Universidad Autónoma de Baja California (México) el viernes 11 de noviembre de 2016, tras su participación en un evento sobre derechos humanos.

Asimismo, se han presentado denuncias argumentando la fabricación del caso. El 3 de septiembre de 2014, familiares de los detenidos denunciaron a Isabel Miranda y a funcionarios, ante la Procuraduría General de la República (PGR) entonces presidida por Jesús Murillo Karam. Sin embargo, la denuncia fue ignorada tanto en la administración de Murillo Karam, como en las de Arely Gómez y Raúl Cervantes, respectivamente.

De igual modo, el 10 de diciembre del año pasado familiares del caso Wallace, el caso Martí y el caso Israel Vallarta, acompañados por el padre Alejandro Solalinde y los periodistas José Reveles y la propia Lizárraga, se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, donde fueron atendidos por la titular de la dependencia y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas.

Por último, la periodista Guadalupe Lizárraga, quien el año pasado publicó su libro El falso caso Wallace, interpuso una denuncia formal el 11 de diciembre de 2018 ante el entonces procurador y hoy fiscal, Alejandro Gertz Manero, quien ordenó abrir un expediente al respecto.

Sin embargo, tanto los principales medios de comunicación masiva en México como autoridades, mantienen silencio sobre el tema, hasta el día de hoy.

Con información de Los Ángeles Press.

Tras más de dos meses de secuestro, piden 5 millones de dólares por el rescate de sobrina de García Márquez

A finales de agosto, en la ciudad caribeña de Santa Martha, Melisa Martínez García, sobrina nieta del premio Nobel de literatura colombiano, Gabriel Gracía Márquez, fue secuestrada mientras se trasladaba en su vehículo.

Tras casi tres meses en cautiverio, los secuestradores sólo se han comunicado dos veces con sus familiares. En una de las llamadas, pidieron cinco millones de dólares a cambio de su liberación.

Por otra parte, portavoces del equipo de investigación informaron que el caso ha sido muy difícil, y que se trata de un crimen con "fines extorsivos", y no una acción ligada a algún grupo político armado, como se llegó a especular en algún momento.

Melisa Martínez García, de 27 años, es administradora de una finca de producción de plátano, según medios locales. Miguel Lemus, su padre adoptivo, mencionó que el secuestro puede estar ligado con sus negocios, por lo que han solicitado más seguridad a las autoridades.

Cabe destacar que Melisa Martínez García es nieta  de Jaime García Márquez, hermano del autor de obras como Cien años de Soledad, El Coronel no tiene quién le escriba y El amor en los tiempos del cólera.

 

Tras atentado, investigan posible intento de secuestro a Norberto Rivera

El análisis de los videos capturados por las cámaras de seguridad y la línea de la investigación señala que los dos sujetos que intentaron entrar a la casa del Cardenal Norberto Rivera querían secuestrarlo.

Aunque por el momento no se ha descartado el robo, la línea de investigación que toma más fuerza es el secuestro, esto de acuerdo con la mecánica de hechos, pues los delincuentes fueron ubicados rondando la casa del clérigo desde días antes.

Según las imágenes capturadas por video, los delincuentes se esperaron hasta las tres de la tarde porque a esa hora se retiraban los custodios que se mantenían afuera de la casa del Cardenal, pero no contaron con que adentro se iban a topar con dos uniformados, quienes finalmente evitaron el posible secuestro en contra de Rivera, aunque cabe destacar que uno de ellos murió producto de un balazo en el tórax.

Las primeras investigaciones señalan que, cuando menos, fueron seis personas las que participaron en el atentado, también se informó que buscan al círculo más cercano de José "N", el único detenido, pues se cree que todos forman parte de una célula delictiva que opera en el Estado de México.