Persiste hostigamiento policíaco contra familia de Mónica Esparza

Mónica Esparza fue detenida el 12 de febrero de 2013 por elementos de la policía municipal de Torreón. Ella iba acompañada de su pareja y su hermano, quienes también fueron retenidos de manera ilegal.

Mónica, su esposo y hermano fueron torturados y privados ilegalmente de la libertad. Su pareja murió a causa de las agresiones y su cuerpo fue desaparecido y Mónica fue encarcelada, por más de 7 años, al igual que su hermano, por los delitos de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.

En marzo de 2022, un juez federal reconoció la inocencia de Mónica Esparza y ordenó su libertad. La Fiscalía General de la República apeló la determinación del juez, sin embargo, la libertad de la joven mujer quedó firme el 12 de marzo de 2021.

Continúa hostigamiento policíaco contra Mónica Esparza y su familia

En rueda de prensa, Mónica Esparza, junto con su madre, Martha Castro y la activista Ariadne Lamont, exigieron al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, que investigue y frene el hostigamiento que policías municipales y estatales están ejerciendo contra Mónica y su familia.

"Queremos hacer el llamado al gobernador. Si el anterior gobernador, que era alcalde cuando detuvieron a mis hijos, y no pudo solucionar nada, esperemos que este nuevo gobernador que tenemos, Manolo, tome cartas en el asunto y darnos soluciones y más que nada darnos conocimiento de todo lo que está detrás de lo que están haciendo", comentó Martha Castro, madre de Mónica Esparza.

La señora Martha ha pasado por amenazas, fallecimiento de uno de sus seis hijos, detención arbitraria de dos hijos más y ahora, reclama, exige un cese al acoso policíaco que han sufrido, en los últimos meses, al menos en 10 ocasiones.

"A la familia de Mónica siempre le tienen corporaciones policíacas atrás, siempre tienen policías municipales o Fuerza Coahuila o la PAR. Siempre hay una corporación policíaca, que justo cuando los hermanos, la hermana, los sobrinos van llegando a la casa de la señora Martha, llegan las patrullas los detienen, los cachean a uno le dijeron que le iban a poner droga. No crean que es una vez, entre el año pasado y este año van más de 10 veces que lo hacen", narró Ariadne Lamont, de la colectiva Activistas Feministas de La Laguna.

Martha Castro también hizo una relatoría sobre el infierno que han pasado desde 2013, cuando Miguel Riquelme era alcalde y su jefe de policía, Adelaido Flores, presunto responsable de la tortura y la detención ilegal en contra de Mónica Esparza, su esposo Alfredo y su hermano Édgar.

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"A raíz de esto, constantemente he sufrido agresiones, detenciones, amenazas, hasta el grado, en el 2022, donde se introducen agentes de la policía municipal a la casa, empiezan a torturar a mi otra hija, dentro de mi casa, delante de los niños. Dándole toques, poniéndole una bolsa, golpeándolos. A parte de todo esto, el cinismo de llevarse pertenencias. Ahí mismo dentro de la casa quebraron la alcancía, llevarse todo: dinero, celulares", relató Martha.

Hasta el momento hay 10 carpetas abiertas por abusos de autoridad y violaciones contra los derechos humanos de Martha Castro, Mónica Esparza y sus familiares, sin embargo, ninguna dependencia ni funcionarios han hecho nada.

Para Ariadne Lamont, la ausencia del Estado, en este caso Coahuila, no está garantizando que Mónica Esparza y su familia puedan vivir con tranquilidad. Desde 2013, son más de 11 años de hostigamientos y abusos policíacos sin culpables.

En su momento, Martha Castro y Mónica sabían que quien estaba detrás de las persecuciones era Adelaido Flores, otrora director de seguridad pública municipal, sin embargo, ahora que no tiene el cargo, desconocen de dónde provengan las agresiones.

La policía en La Laguna no te cuida

La policía en La Laguna no te cuida. Los agentes de "proximidad" ejecutan y después averiguan. Violan derechos humanos, trabajan con métodos paramilitares. Garantizan la seguridad de la región ejerciendo abusos de autoridad.

La policía en La Laguna no te cuida; San Pedro, un trágico ejemplo

No todos los policías son malos y no todos los policías son buenos, sin embargo, en Coahuila y en La Laguna la frecuencia con la que se presentan denuncias y quejas ante Derechos Humanos por posibles abusos de autoridad son inquietantes.

El caso más reciente es el de Martín Alexis, joven de 27 años que desapareció el 19 de agosto y fue hallado sin vida en un ejido de San Pedro cuatro días después. Sus familiares y amigos se manifestaron en las calles. Lanzaron piedras y gritos y lamentos en contra de la presidencia municipal y sobre la figura del alcalde, David Ruíz Mejía.

Las versiones oficiales indican que Martín Alexis evadió a una patrulla municipal y huyó hacia el monte. El Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que el joven murió por deshidratación y broncoaspiración de arena. Los familiares, por el contrario, indican que fue víctima del abuso policiaco, es decir, que la policía lo mató.

Manifestaciones sociales rodean a la muerte de Martín Alexis. Un joven que, inocente o culpable, no debía morir. La policía no hizo su trabajo. No cuidó su integridad, no se hizo cargo de velar por la vida de un ciudadano con derechos y obligaciones.

La policía en La Laguna no te cuida

Tan sólo en julio de este año, en Coahuila se presentaron 140 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. La mayoría de ellas son relacionadas con policías municipales y estatales. Hasta el momento, sólo 9 de esas quejas fueron concluidas.

Por otro lado, la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila abrió una investigación, por oficio, sobre la desaparición y muerte de Martín Alexis.

Para El Siglo de Torreón, la madre del joven declaró que se siente insegura, que la policía no ha dejado de asediarlos, que después de reconocer el cuerpo de su hijo, un retén los inspeccionó, los dejaron ir y, de nueva cuenta, otra patrulla los detuvo porque pensaron que llevaban armas para continuar con las manifestaciones.

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David Ruíz, alcalde de San Pedro y el propio fiscal, Gerardo Márquez, aseguraron a la madre que no pasará nada, que ya no la van a molestar, sin embargo, ella sabe que en los dichos de los funcionarios no hay garantías, que suceden muchas cosas abajo que ellos ni se enteran. La policía en La Laguna procede sin protocolos, sin reglas, sin fundamentos humanitarios.

Tragedias como las de Martín Alexis no son aisladas y son transexenales. Sucedió con Mónica Esparza, sucedió con los ciudadanos y las ciudadanas A y B y C y D y E. Sucedió con un herrero en Monclova que fue asaltado, humillado y golpeado por agentes adscritos a la fiscalía estatal. Sucede en los alcoholímetros y en las inspecciones aleatorias en negocios.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana destaca que las y los mexicanos no confían en las policías municipales ni en los agentes de tránsito. Desconfían, en menor medida, hasta del propio Ejército y la Marina. El Estado y los municipios no ofrecen garantías que defiendan a ultranza los derechos humanos.

La policía en La Laguna no te cuida porque no está profesionalizada. Los discursos gubernamentales presumen compras de patrullas, de equipo táctico. Cubren la cara de los agentes, los visten de negro, los dotan de vehículos oscuros, blindados, como si fueran camionetas de criminales, de personas que quieren demostrar su poder, su músculo, su prepotencia.

Lastiman tragedias como las de Martín Alexis. La policía municipal son instituciones de proximidad, deben generar confianza, deben ayudar al ciudadano, deben proteger que se cumpla la ley. La cacería ciudadana no es invisible, es cínica y desconcertante. Las autoridades criminalizan a las víctimas. En Coahuila y en La Laguna no existe el Estado de Derecho, por más que las autoridades tergiversen y manipulen la realidad con florituras en su discurso. La policía en La Laguna no te cuida.

Director de seguridad pública culpa a migrantes por altercado contra policías

El director de seguridad pública del municipio de Torreón, César Perales, culpó a las personas migrantes por el altercado que tuvieron con elementos de la policía el pasado lunes 13 de marzo.

Director de seguridad pública culpa a migrantes

El lunes 13 de marzo, al menos 5 personas migrantes resultaron lesionadas tras haber sido agredidas por elementos de la Policía Acción y Reacción, así como por integrantes del Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con testimonios de las víctimas, los uniformados solicitaron extorsiones, hicieron comentarios xenofóbicos y golpearon a varias personas, entre ellas mujeres y menores de edad, cuando éstas se disponían a continuar su viaje sobre el tren que estaba estacionado en los patios de Ferromex, dentro de la colonia Eduardo Guerra de la ciudad de Torreón.

Para César Perales, responsable de la seguridad pública en el municipio, las personas migrantes no quisieron seguir las indicaciones para ponerse a salvo.

"Como esta es su última escala antes de llegar a la frontera, empezaron a dispersarse en el sector, posteriormente comienzan a agredir a los oficiales con piedras", comentó Perales.

Por otro lado, los administradores del Centro de Día para Migrantes señalaron que la policía constantemente ejerce el uso excesivo de la fuerza pública.

"Las Casas del Migrante su labor es muy loable, muy humana, pero tampoco saben la contraparte, de la gente que viene del centro y Sudamérica, viven en condiciones extremadamente difíciles, no tienen una confianza en los gobiernos, probablemente que en todos los países que visitan sea lo mismo, pero no es la situación", justificó el Comisario.

Seguridad pública no asiste a personas migrantes

Pese a que muchas de las personas migrantes que llegan a Torreón tienen permiso para transitar por el territorio mexicano, las policías estatales y municipales fungen como brazo armado del Instituto Nacional de Migración, por lo que asisten a las autoridades federales en los operativos para "rescatar" o "asegurar" a las y los viajeros que se dirigen hacia Estados Unidos.

"No puedes andar violentando el derecho de las ciudades que cruzas, ya después en la madrugada empezamos a recibir reportes haciendo destrozos por las colonias Lázaro Cárdenas y la colonia Braulio Fernández Aguirre", expuso Perales.

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El policía agregó que los operativos son de rescate, ya que las personas que las trasladan no respetan sus derechos humanos, sin embargo, para los migrantes consultados, transitar por México es un calvario porque son objeto de robos, violencia, amenazas y extorsiones por parte de las autoridades.

Cabe destacar que, producto de las agresiones registradas en contra de las personas migrantes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila ya inició una investigación para determinar si es necesaria emitir una recomendación en contra de las corporaciones policiacas.

 

Elementos policíacos disparan a civil desarmado y después lo niegan

Con información de El Siglo de Torreón

Daniel tenía cuatro años sin regresar a casa y fue recibido a balazos por elementos policíacos de la ciudad de Torreón. Fue el segundo hecho consecutivo en el que las autoridades, presuntamente, aplican el uso excesivo de la fuerza pública.

Elementos policíacos disparan

Daniel tiene 25 años de edad, vive en Estados Unidos y, tras cuatro años, decidió regresar a la tierra que lo vio nacer para visitar a su familia. Justo en el símbolo más identitario de la región, el puente plateado, Daniel iba manejando una camioneta roja con placas del estado de Texas, pasó por el retén que divide las ciudades de Gómez Palacio y Torreón, y elementos policíacos le dispararon. Además, igual que le pasó a la buscadora de personas, integrante de FUNDEC, Daniel asegura que los policías también robaron cosas de su camioneta.

La victima, quien platicó con medios como El Siglo de Torreón, dijo que llegó a Torreón desde el lunes pasado y que el miércoles decidió salir por la noche con un amigo para disfrutar de su camioneta. Al pasar por el retén, Daniel dijo que los policías no le marcaron ningún alto y que, repentinamente, fue atacado a balazos.

Para fortuna de Daniel, las balas chocaron en la estructura de la camioneta y él sólo sufrió una herida superficial en la cabeza provocada por una esquirla. El copiloto, por su parte, también sufrió algunas lesiones en su rostro por los fragmentos de bala.

Elementos policíacos no asumen responsabilidad

Los elementos policíacos, al notar que Daniel no estaba armado y que no era un delincuente, llamaron a la Cruz Roja para que trasladaran a los heridos a un hospital privado. Horas después los jóvenes fueron dados de alta.

Después de atender sus heridas, Daniel regresó a recoger su camioneta y sus pertenencias, sin embargo, le faltaban 6 mil pesos en efectivo, 3 mil dólares y un reloj que estaban en el vehículo. Nadie se hizo responsable.

Elementos Policíacos y la DSPM niegan agresión

Ya durante el jueves, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Torreón emitió un comunicado para negar las acusaciones de Daniel y que harán todas las investigaciones para desmentir al joven.

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La corporación informó que los elementos que trabajaron esa noche están a disposición para aclarar cualquier duda y que se harán todas las pruebas de balística para demostrar que ellos no dispararon indiscriminadamente a Daniel y a su acompañante.

Hasta el momento el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, no ha fijado postura sobre lo sucedido.

Acá, donde diario se asesina un policía

Itzel Ramírez | La Verdad Juárez

A los bajos salarios, poca capacitación e insuficiente equipamiento, los policías en México deben sumar el altísimo riesgo que supone el desempeño de su trabajo cuando el crimen organizado es el que controla buena parte del país.

En lo que va del año (del 01 de enero a 16 de abril), cuando menos 141 policías han sido asesinados en territorio mexicano, es decir 1.33 homicidios de elementos de seguridad por día, de acuerdo con el recuento de la organización no gubernamental Causa en Común.

La emboscada a tres vehículos oficiales el pasado 18 de marzo en Coatepec Harinas, Estado de México, donde fueron asesinados 13 agentes de seguridad pública, ha sido no solo la masacre más grande cometida en contra de las fuerzas del orden público en lo que va del año, sino un recordatorio de que en México no manda el Estado, sino el grupo del crimen organizado que corresponda.

Hasta ahora, 25 personas detenidas y tres más identificadas como las posibles responsables de la masacre de los policías estatales, así como la adjudicación del hecho al cártel de la Familia Michoacana son los resultados que han ofrecido las autoridades, sin que haya más avances conocidos de la investigación (por ejemplo, todavía no se sabe la razón del ataque al convoy policiaco).

Según el informe “Ser policía en México”, también de Causa en Común, de enero de 2018 a diciembre de 2020 al menos mil 422 policías fueron asesinados en México; sumados los de este año, son mil 563 los asesinatos de agentes de seguridad pública documentados por la organización.

Los números no retratan ni un poco la tragedia que viven mil 563 familias por la pérdida de uno de sus integrantes, ni tampoco lo que significa la vulneración de la policía, la misma que como parte del Estado detenta en teoría el monopolio legítimo de la fuerza.

Menos todavía reflejan las condiciones de precariedad en las que los policías desempeñan sus labores. Sin capacitación, en un escenario de violencia constante y donde cuatro de diez policías ganan menos de 10 mil pesos al mes, ¿qué más necesitan las autoridades para implementar un modelo policial profesional?

Mientras la profesionalización de las policías de todos los niveles sigue siendo uno de los más grandes pendientes en materia de seguridad, también es necesario reconocer que las fuerzas del orden están fuertemente infiltradas por el crimen organizado y que, además, actúan en franco desdén por el respeto a los derechos humanos y con múltiples episodios de abuso de autoridad. Ahí están por ejemplo, los policías que asesinaron a Victoria Esperanza Salazar el pasado 27 de marzo.

También hay que reconocer que los “avances” presumidos por las autoridades en materia de equipamiento policial difícilmente se traducen en mayor seguridad pública y en que la sociedad perciba mejoras.

Las cifras recabadas por Causa en Común indican que son las policías municipales las más vulnerables y también las de mayor desigualdad, pues varían de corporaciones altamente calificadas a las que sobreviven casi sin uniformes ni vehículos.

Traigo como anécdota mi impresión sobre la primera vez que vi a un policía de tránsito en Ciudad Juárez: a diferencia de los uniformados viales de otros municipios y entidades, en Juárez los tránsitos portan armas largas, una estampa hasta entonces desconocida para mí; la posesión, por desgracia, no se traduce en mayor respeto por las normas de vialidad o en menores accidentes, fui testigo de cómo las detenciones no obedecen a un criterio de legalidad o de sanción.

Entre la impunidad que reina en el país también están los asesinatos de policías. Cada vez que hay un ataque, sale algún funcionario de rango considerable (por supuesto escoltado y transportado en vehículo blindado) a condenar el hecho, a prometer acompañamiento a la familia de la víctima y a prometer que se investigará y castigará el homicidio con todo el peso de la ley, cosas que no ocurren en la mayoría de los casos.

Con gobiernos estatales absolutamente rebasados y con un mandatario federal que ha optado por militarizar la seguridad pública, parece cada vez más lejana la puesta en marcha de una policía útil, respetuosa de la legalidad, vigilada por la ciudadanía y que pueda trabajar para mantener la seguridad pública.

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El tema se antoja urgente, como lo era desde que Felipe Calderón inició una guerra que nunca supo cómo afrontar y que entregó a sujetos como Genaro García Luna, el exsecretario preso en Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas.

PANORAMA

A propósito de Calderón, el exmandatario se atrevió a decir que volvería a usar toda la fuerza pública para “reestablecer las condiciones de seguridad pública donde no hay”. El expresidente presumió vivir de conferencias y consultorías con las que mantiene a su familia, según dijo.

Él tranquilo, sin lastre de la violencia que dejó en el país, también sin mencionar que a toda costa ha tratado de seguir viviendo del erario a través de un intento de partido construido a base de transas (lo dijo y lo probó el Instituto Nacional Electoral, no yo).

Qué fácil para Calderón dar entrevistas, reírse, criticar y jactarse de su posición. Qué caradura de seguir tan campante cuando sus más cercanos están acusados de corruptos, lo que lo deja como copartícipe, o bien, como aquel que nunca se dio cuenta de lo que hacían sus subordinados, vaya líder.

8 de cada 10 habitantes de Torreón no sienten seguridad al salir de casa

De acuerdo a datos surgidos de la Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad de Torreón 2020, 84.3% de las personas que viven en Torreón no siempre sienten seguridad al salir de casa por temor a ser víctima de algún tipo de delito.

Específicamente, de las personas encuestadas, sólo 15.7% sienten seguridad siempre que salen de casa, 22.4% casi siempre la sienten, 40% algunas veces y 21.9% nunca.

Según resultados del instrumento mencionado, tan sólo 29.5% de personas encuestadas en Torreón no están seguros en el Centro del municipio.

Además, 50% de las personas encuestadas se siente "poco seguro" o "inseguro" en la ciudad y 41% no se siente segura en su colonia.

Asimismo, de quienes respondieron a encuesta, 19% se no sienten seguridad en su casa.Encuesta

Estos resultados, recabados por el Observatorio Nacional Ciudadano, el Consejo Cívico de las Instituciones A. C., la Red Nacional de Observatorios y la Iniciativa Mérida, son muy proyectivos del ecosistema de seguridad que se vive en este municipio de la Comarca Lagunera.

Y, más aún, cuando se calcula también que la confianza en las autoridades es casi nula.

De acuerdo a este instrumento, sólo 2 por ciento de quien respondió la encuesta tiene mucha confianza en los oficiales de tránsito de Torreón, 33 por ciento le tiene confianza regular y 64 por ciento tiene poca o nada confianza.

En ese mismo sentido, 4 por ciento tiene mucha confianza en la seguridad pública, 45 por ciento tiene regular y 51 por ciento tiene poca o nada.

En cuanto a la policía estatal, 5 por ciento tiene mucha confianza, 45 por ciento regular y 50 por ciento poca o nada. Sobre el ministerio público, 3 por ciento de las personas encuestadas tiene 3 por ciento de mucha confianza, 49 por ciento regular y 39 por ciento poca o nada.

Con respecto a la Guardia Nacional, 11% les tiene mucha confianza, 43% regula y 25% poca o nada; a la Marina, 32% tiene  mucha, 46% regular y 18% poca o nada; y el Ejército 28% mucha, 52% regular y 18% poca o nada.

Como resultado de la inseguridad, la población a recurrido a colocar alarmas de coche, levantar bardas, cambiar chapas, poner rejas o salir menos, para evitar algún encuentro que atente contra su seguridad.

 

Balean a policía y bombero en Nava, Coahuila

En los primeros minutos de este lunes, sujetos a bordo de una Suburban color blanca dispararon en contra de un elemento de la policía municipal de Nava y también de un bombero del mismo municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la camioneta iba circulando sobre el Bulevar Ramón Cerda cuando le marcaron el alto en un filtro preventivo. Los pasajeros no hicieron caso al señalamiento y dispararon contra el policía y el bombero.

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En el vehículo viajaban cuatro personas con armas de fuego y, luego de la agresión, se dirigieron hacia el municipio de Morelos, en donde fueron reportados a través del sistema 911.

Hasta el momento las autoridades no han dado con el paradero de los presuntos agresores.

También se informó que el policía municipal lamentablemente perdió la vida, mientras que el bombero recibió los primeros auxilios y fue trasladado al hospital más cercano.

Desinformación, covid y marginación

Columna #OjoPorDiente Por Fernando de la Vara

El coronavirus no existe. Le están sacando el líquido de las rodillas a los que internan, por eso los regresan muertos. ¿Sabes por qué los viejitos son los más propensos a morirse por el virus?, porque el gobierno se quiere deshacer de ellos para no pagarles la pensión. Estoy seguro de que todos tenemos por lo menos un familiar o un amigo, incluso puedes ser tú, que cree todo lo anterior.

Creer este tipo de cosas es peligroso, ¿por qué peligroso?, porque ya ocurrieron varios sucesos violentos a lo largo del país (y parece que cada vez serán más) a causa de la desinformación, sin embargo, a mí me llamaron mucho la atención los siguientes dos episodios:

a) A principios de mayo, habitantes de Ecatepec, Estado de México, enfrentaron a médicos y elementos de seguridad del Hospital General de Las Américas. Los familiares de pacientes ingresados por coronavirus reclamaban por las muertes de sus parientes, “¡Ayer lo ingresamos bien, estos desgraciados los mataron!”, “¡Aquí están matando gente!”, “Dime qué les están inyectando. ¡Los están matando en el hospital los pinches doctores!”, fueron algunos testimonios que diferentes medios replicaron; llegaron elementos de la Guardia Nacional a resguardar el hospital y detener las confrontaciones y ataques de los familiares contra los médicos, enfermeros y personal administrativo. María Dolores Carrillo, madre de una víctima, dio declaraciones a Imagen Noticias, y mencionó lo siguiente: “Quiero que me regresen a mi hijo completo, nada de cenizas, quiero el cuerpo completo de mi hijo, porque sabemos que el coronavirus no existe. Aquí a mi hijo me lo inyectaron para matarlo”.

b) A finales de mayo, en el municipio Venustiano Carranza, en Chiapas, que se encuentra a 90 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, cientos de habitantes realizaron destrozos en la alcaldía, la saquearon y quemaron muebles y papelería de la presidencia, después incendiaron automóviles de médicos y enfermeras que trabajan en la clínica del IMSS del municipio. El pretexto: el alcalde extraído de MORENA, Armando Trujillo Ancheyta, “Mandó drones para matar a la gente con un químico que hace que se sequen los pulmones. El químico se llama Paraquat. El alcalde nos está matando con drones”.

Considero muy delicado que una persona crea como cierto que estamos siendo constantemente engañados, que los médicos y autoridades en realidad se preocupan por contagiar a personas de coronavirus, ¿pero por qué creemos que el Gobierno y las instituciones nos engañan? Quizá porque estamos acostumbrados a que nos mientan, como la vez que un tal García Luna montó la detención de una francesita vinculada con una banda de secuestradores, para ser presentada en vivo durante el noticiero de Loret de Muela, o cuando niños con cáncer recibieron tratamientos falsos, con agua destilada, en lugar de quimioterapias, en Veracruz, durante el gobierno de un inocente Duarte, uy, o una vez que se cayó un sistema y el hijito de un General no nos gobernó y en cambio Salinas, no Ricardo, el otro, el “innombrable”, se transformó en nuestro Presidente. ¿Así cómo piden que uno les crea?

Sin embargo, los hechos que narré anteriormente tienen un par de cosas en común: ambos sucedieron en lugares marginados, olvidados históricamente por el Estado; Ecatepec, por ejemplo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), posee los índices nacionales más altos de pobreza, violencia y rezago; y la violencia en ambos lugares, tanto Venustiano Carranza como en Ecatepec, funcionaron como detonantes de comentarios clasistas, burlas y memes. 

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Ante esto, me formulo dos preguntas: 

1) ¿Por qué son recibidos por buena parte de la población como actos ignorantes, que más que poner sobre la mesa temas como el rezago y la desigualdad, desencadenan escarnio hacia los perpetradores? 

2) ¿Por qué ocurren estos eventos violentos en lugares con estas características de rezago y de marginación? 

Y trato de responder: 

1) Porque es más sencillo para todos nosotros no ejercer el pensamiento crítico y creer que esas reacciones, violentas y viscerales, sólo pueden provenir de los otros, de los ignorantes, y claro que nosotros no somos ignorantes ni salvajes, pero los demás sí, y hay que señalarlos con burlas.

2) Es probable que, cuando el Gobierno y sus instituciones te han dado la espalda y visto la cara tantas veces, y se han burlado de ti, y no sólo eso, sino que el Estado no te protege ni crea las condiciones sociales favorables para una mejor vida, como la educación, la salud, la seguridad, el trabajo y el bienestar de tu familia y en cambio, encubra robos, violaciones, homicidios, desaparecidos, feminicidios para que queden impunes, estés dispuesto a creer todo lo que una cadena de whatsapp o lo que un grupo de Facebook te diga sobre cómo el Covid es un invento para acabar contigo.

Estoy totalmente de acuerdo en que la violencia no debe ser tolerada, en especial si es originada por la ignorancia, pero sí habría qué cuestionarnos, con tantas arbitrariedades, abuso policíaco, corrupción y descaro, ¿por qué les creemos?

* El punto de vista del autor no necesariamente refleja la postura de esta casa editorial, Red es Poder es un foro de voz libre y así será siempre.

La policía (no) te cuida

Por Fernando de la Vara

El domingo 7 de junio, el día de la libertad de expresión, elementos de la Policía Municipal de Terror, Coahuila, detuvieron a 7 personas que se manifestaban, de manera pacífica, en contra de las represiones y abusos de autoridad de diferentes cuerpos policiacos. Las protestas en Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd, detenido y asfixiado por policías de Minneapolis, y de Giovanni López, detenido y asesinado por policías de Jalisco, presuntamente por no usar tapabocas durante la contingencia, provocó la manifestación en la Plaza Mayor. 

La manifestación consistía en un performance. Con pintura roja lavable se plasmaron las palmas de las manos, simulando la sangre de las víctimas, a lo largo del muro que se encuentra a un costado de las escalinatas de la presidencia. Entre los 7 detenidos se encontraban 2 menores de edad. El altercado fue publicado en redes sociales y alcanzó bastante notoriedad entre la comunidad lagunera. De inmediato algunos medios difundieron notas algo escuetas y reprodujeron los videos. 

Hasta el martes 9 de junio fueron las primeras declaraciones de las autoridades al respecto. Se puede resumir la indolencia del alcalde Zermeño en esta frase: “Se usó la fuerza mínima. Exageran las cosas”. El secretario del ayuntamiento, Sergio Lara Galván, negó que se haya cometido “represión policial”. Las autoridades, en especial Zermeño, defienden a los policías: “¿Quién señala que [las detenciones] fueron arbitrarias? Los detenidos. Ellos siempre dirán que es arbitrario”, declaró Zermeño, y sigue: "Los edificios públicos son de todos, tuyos, míos, pero nadie tiene derecho de estar pintarrajeando las paredes de nadie, tenemos que respetarnos todos, yo creo que ni a ti ni a nadie le gustaría que le vayan a pintarrajear su casa”.

En los videos que circulan, en cambio, se ve cómo el grupo de manifestantes está rodeado por policías, incluidos agentes de vialidad, y cómo no existe un diálogo, sino un monólogo por parte de los agentes, como si no entendieran las palabras de los manifestantes. 

Los detenidos fueron liberados el lunes 8, y el martes, a la par de las primeras declaraciones de las autoridades, circularon un comunicado y su testimonio: “La mayoría fuimos sometidos violentamente y recibimos amenazas de desaparición, además de tortura física y psicológica dentro de las unidades y dentro de las instalaciones de la policía. A una de las menores la tumbaron al suelo sin haber opuesto resistencia, la sofocaron con el antebrazo y le lastimaron las muñecas haciendo uso desmedido de la fuerza para esposarla. Fue intimidada y acosada psicológicamente en las celdas, siendo la amenaza de desaparición, por parte de algunos elementos, dentro de las instalaciones, la más grave (…) Cabe aclarar, también, que a otro de nuestros compañeros le pintaron las manos de rojo para inculparlo de haber hecho pintas, cuando él no tuvo nada que ver con esa parte de la manifestación”.

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En el comunicado, además señalan que antes de ser procesados por el control de detenidos, sus rostros fueron fotografiados en múltiples ocasiones con los celulares personales de muchos oficiales, y hacen responsables a las autoridades involucradas de cualquier acto violento ejercido en contra de los participantes de esta manifestación.

Desde el domingo, los medios le han dado seguimiento a la noticia. Lo que llama fuertemente mi atención, desde hace muchos años, son los comentarios de los lectores y los usuarios en los foros, tanto del periódico “defensor de la comunidad” como de las páginas que surgieron como medios alternativos durante la “guerra contra el narco”, como el Código Rojo; en esta ocasión, lo comentarios fueron más o menos en el siguiente tono: “Muy bien por la autoridad, no toleraremos esos actos de vandalismo”, “Y les fue bien a los manifestantes, si los hubiera agarrado yo les parto su madre ahí mismo”, “Cómo piden que se les trate dignamente si son unos pinches vándalos”… Siempre he considerado que los comentarios de esos espacios evidencian en buena medida el pensamiento del ciudadano promedio, y aunque hay comentarios en apoyo a los manifestantes, estos son los menos.

¿Por qué se celebra la manera de actuar de la autoridad?, ¿por qué buena parte de la sociedad está dispuesta a permitir los atropellos de los policías? Hay quienes responden a estas preguntas de manera muy reduccionista: “Si no se manifestaran eso no les hubiera pasado”. ¿Por qué nos cuesta tanto considerar al otro

Tratar de dar una respuesta clara a estas preguntas es muy complejo, pero estoy convencido que se trata de un problema estructural, se trata de las maneras en que afrontamos la realidad, qué hacemos ante ella, se trata de las herramientas que tenemos, o somos capaces de generar, para ejercer el pensamiento crítico. 

Sin embargo, cuando estamos en medio de la convulsión, es difícil identificar el problema, más complicado aún percibir sus raíces, darnos cuenta de cómo lo replicamos y fortalecemos, y claro, es más fácil creer que quienes se indignan y manifiestan de cualquier manera, son menos que nosotros y merecen toda la represión posible, porque esa misma represión nosotros nunca la vamos a sufrir, consideramos al otro hasta que un policía está enfrente de ti, con una mano sobando la cacha de su pistola, la otra señalándote, con una sonrisa burlona, y te dice: “Por eso, joven”. 

* El punto de vista del autor no necesariamente refleja la postura de esta casa editorial, Red es Poder es un foro de voz libre y así será siempre.

Un total de 442 policías asesinados en el 2019; Coahuila promedia 8 muertes de oficiales

Información vía Sinembargo

Un total de 28 estados del país registraron crímenes de policías preventivos, viales e investigadores. El 53 por ciento eran policías municipales, 42 por ciento estatales y sólo el 5 por ciento federales.

La entidad que tuvo más oficiales asesinados fue Guanajuato (73), mientras que Baja California cerró el año con 12 homicidios en ese contexto. Otros representantes de autoridad también fueron atacados, con siete alcaldes asesinados, doce ex alcaldes y más de 30 funcionarios municipales victimados.

Por otro lado, en Coahuila se registraron 8 muertes de policias, de los cuales 4 de ellos fueron en Villa Unión, tras los enfrentamientos que se dieron en dicho municipio.

Mientras el Gobierno de México y los mandatarios estatales discuten sobre las fallas en sus estrategias para combatir la delincuencia y delimitan sus ámbitos de responsabilidad, 2019 estuvo marcado por más de 33 mil homicidios, entre los que destacan los cometidos en contra de representantes de autoridad de los diferentes niveles gubernamentales. Las víctimas fueron por lo menos 442 policías, 16 militares, siete alcaldes, doce ex alcaldes y una treintena de funcionarios de ayuntamientos.

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El doloroso promedio de 1.2 policías asesinados cada 24 horas en México tiene otra cara poco visible para la sociedad, pues no sólo murieron los servidores públicos, sino que “en un solo año, 442 familias enteras quedaron en el desamparo, en el abandono total. Esas viudas y esos hijos de los policías fallecidos, a veces no tienen qué comer, no tienen posibilidades para que los niños vayan a la escuela y sigan con sus estudios”, aseguró a ZETA el investigador Rubén Ortega Montes, secretario general de Unidos por la Seguridad, Asociación Civil.

Los estados que concentraron el 70 por ciento de los homicidios de policías son: Guanajuato, con 73, Michoacán, 40; Chihuahua; 32; Jalisco, 29; Guerrero, 26; Estado de México y Sonora, 23 casos cada uno. Sólo escaparon a esta ola de violencia contra los gendarmes, las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Yucatán, que no registraron un solo deceso entre sus filas de seguridad.

Tan sólo en la segunda semana de diciembre, 13 policías, entre ellos un elemento de la Guardia Nacional, fueron asesinados en Guanajuato, que es además del punto geográfico del país puntero en muertes de policías, la entidad donde mayor número de homicidios dolosos han ocurrido (3 mil 211), seguido por Baja California, Estado de México y Jalisco.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que el incremento de crímenes se debe precisamente a la falta de elementos policiales del ámbito federal para enfrentar a la delincuencia. Reconoce la falta de resultados, pero justifica que su administración inició de cero por carencia de agentes que no estuvieran coludidos con delincuentes.

La peor de las emboscadas contra uniformados ocurrió el 15 de octubre, cuando 13 policías estatales de Michoacán perdieron la vida y tres resultaron lesionados, tras ser atacados en El Aguaje, en Aguililla. Cumplimentarían una orden judicial cuando se registró la agresión por unos treinta sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en camionetas blindadas. Quemaron las patrullas, robaron armamento y dejaron narcomensajes.

Dadas las características de los hechos, la cantidad de eventos y el número de fallecidos, las autoridades de los tres niveles de Gobierno no han aclarado la mayoría de los casos, ni siquiera se conoce con precisión en cuántos hubo personas detenidas, debido al grado de opacidad con que se manejan, pretextando el sistema de justicia penal acusatorio.