Desde Coahuila deportan a mil personas migrantes al día y anuncian reapertura del Puente Internacional

Desde la frontera de Coahuila, las autoridades están deportando a mil personas migrantes diarias.

Pese a que, de manera oficial, quienes toman las decisiones manejan el término de "rescate", en realidad las y los viajeros están siendo detenidos y enviados vía aérea y terrestre hacia el sur del país.

Autoridades anuncian como logro la deportación de personas migrantes

A través de un comunicado titulado "Operativos en Coahuila dieron resultados", la administración estatal presumió, como un logro, la manera en cómo detuvieron y mitigaron la ola migratoria que estaba llegando a la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass, Texas.

"Las acciones coordinadas entre los 3 órdenes de Gobierno se mantienen con el objetivo de contener el flujo migratorio. Entre ellas, el traslado vía aérea y terrestre, así como los puestos de control instalados desde la región Norte, tras la reunión sostenida en días recientes entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas y representantes del Gobierno federal.", indica el comunicado.

Las personas migrantes, particularmente provenientes de países centroamericanos y de la parte más alta de Sudamérica, estaban llegando en masas a la frontera norte producto de una reacción por una ley antiinmigrante propuesta por Greg Abbot, gobernador de Texas, en la que las policías podrán detener, sin respetar el debido proceso, a las personas que les "parezcan" migrantes.

Así, a partir de marzo, cualquier elemento policíaco de Texas podrá, sin mediar palabra, detener, encarcelar y posteriormente deportar a las personas migrantes que estén llegando a la entidad.

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, comentó para el diario Vanguardia que gracias al operativo montado por el estado, de tres mil detenciones diarias que se estaban registrando en los últimos días, actualmente se están realizando entre 500 y 700.

Por este motivo, el gobierno de Coahuila celebró la reapertura del Puente Internacional número 1 de Piedras Negras en ambas direcciones, es decir, de México hacia Estados Unidos y viceversa.

Desde diciembre las autoridades federales exhortaron a respetar los derechos de las personas migrantes

El pasado 28 de diciembre, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración publicó un comunicado en el que llamó a los gobiernos de los estados a respetar los derechos humanos de las personas migrantes, así como a diversas instancias de gobierno a expedir, de manera más eficaz, visas humanitarias para permitir la estadía legal de las y los viajeros en el territorio mexicano.

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"Este Consejo Ciudadano espera que los acuerdos generados entre ambos países generen impactos positivos en la vida de las personas migrantes y refugiadas.", dice el comunicado.

De esta manera, el Consejo Ciudadano instó a todas las autoridades involucradas a respetar los derechos humanos de las personas migrantes, incrementar los visados por motivos humanitarios, agilizar los proceso migratorios para tramitar tarjetas de visitantes, coordinación con sociedad civil y casas del migrante para dar asistencia a las personas en tránsito y mayor coordinación con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Denuncian secuestro de venezolanos que se dirigían a Torreón

Desde el pasado 14 de noviembre comenzó a trascender en medios de comunicación el secuestro de venezolanos en las carreteras que unen a los estados de Zacatecas con Coahuila.

Sin confirmación de las autoridades, al menos 22 personas migrantes originarias de Venezuela fueron secuestradas mientras viajaban de Zacatecas hacia la ciudad de Torreón.

Migrantes venezolanos secuestrados

Samira Gutiérrez, familiar de tres de los migrantes secuestrados, confirmó que sus seres queridos están desaparecidos a través de un video publicado en las redes sociales.

"Quiero pedirles ayuda ya que mi hermana no está desaparecida, mi hermana está secuestrada en México".

Desde el pasado 6 de noviembre, la Comisión de Búsqueda del Gobierno del Estado de Coahuila publicó la ficha de localización de tres personas que fueron mencionadas en el video por Samira, todas sus familiares e integrantes del contingente de 22 migrantes que se mantienen en presunto cautiverio. 

"Hemos solicitado ayuda a las autoridades, hicimos las denuncias, hicimos todo lo que nos correspondía pero lamentablemente no hemos encontrado el apoyo de nadie, nos están pidiendo demasiado dinero".

Samira mencionó que, por el rescate de sus familiares, los secuestradores están pidiendo 3 mil 500 dólares por persona, sin embargo, la fiscalía de Zacatecas descartó que el delito se haya cometido en su jurisdicción.

"Queremos informar que en el caso de los 23 migrantes venezolanos el gobierno del Estado no tiene ningún reporte de desaparición en el comité local de búsqueda".

Autoridades se desmarcan por secuestro de venezolanos

En lo que respecta a Coahuila, la delegación de la fiscalía general de Coahuila en La Laguna informó que no les ha llegado ninguna denuncia e hizo hincapié en que la situación de seguridad en Zacatecas es más apremiante.

Hasta el momento ningún mando alto o medio se han pronunciado sobre el paradero de las 22 personas.

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De acuerdo con datos del Centro de Día para Migrantes Jesús Torres, tan sólo el último mes han estado transitando por La Laguna cerca de 1,200 personas migrantes que van de ruta hacia Estados Unidos.

Dignificando la maternidad en tránsito

Gabriela Martínez | Conexión Migrante

La Choapas, Veracruz. Era mediodía y la temperatura rebasaba los 45 grados, pero Ani no dudó en entrar a la habitación húmeda de ese albergue. Recostada en un colchón viejo la esperaba una joven haitiana que acababa de parir. La partera no sabía creole y la madre no hablaba español, así que en un silencio disimulado entre sonrisas tímidas y sudor, abrió su maletín para iniciar la revisión.

Ani y Valentín, su esposo, a quien conoce desde la universidad en donde fueron mejores amigos, conducen una combi y recorren los pueblos que atraviesa la ruta migratoria en el estado Veracruz, en el Golfo de México. Desde hace un par de años, decidieron habilitar ese vehículo como un consultorio móvil para atender de forma gratuita a mujeres migrantes que necesitan cuidados prenatales o niños que requieren higiene bucal al darse cuenta de la necesidad de servicios médicos para esta población.

Viajan juntos para visitar albergues para personas en tránsito, paran en estaciones del tren donde acampan cientos de personas en tránsito y se detienen en los retenes migratorios donde encuentran familias que se dirigen hacia el norte.

Valentín, esposo de Ani, es dentista pediatra y la acompaña a dar consulta en albergues y otros puntos en donde se concentran personas migrantes en el estado de Veracruz. Foto: Alicia Fernández

Desnutrición, infecciones vaginales y estomacales, además de lesiones por abuso sexual y deshidratación son algunos de los problemas que Ani ha encontrado en los cientos de revisiones que ha realizado a lo largo de dos años.

Aunque su vocación como partera es una herencia de familia, decidió atender a mujeres migrantes cuando miró la necesidad, después de que realizó sus prácticas en Partería y Medicinas Ancestrales, una organización civil ubicada en Tijuana que brinda servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres en contexto de movilidad. 

—Mujeres son mujeres no importa de dónde son, todas son igual de vulnerables, todas saben parir y la vida siempre quiere vivir… la vida siempre está ahí aún bajo esas circunstancias —asegura Ani.

Antes de comenzar una revisión, Ani pregunta a la persona si tiene su permiso, después de un sí, con sus manos alcanza sus cuerpos, toca sus barrigas, sus brazos y, a veces, el vientre. Intenta escuchar los latidos que se esconden dentro de la madre.

Pedirles permiso para revisar sus cuerpos no sólo es un acto de respeto sino una forma de regresarles su autonomía, porque a lo largo del camino que transitan, dice Ani, pocos reconocen su derecho a elegir por el simple hecho de ser mujeres y, además, migrantes.

Ani ha atendido a cientos de mujeres migrantes desde que decidió habilitar su camioneta como consultorio. Foto: Alicia Fernández.

La presencia de mujeres en tránsito en México ha aumentado en los últimos años. Un indicador es el número de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias entregadas a mujeres en contexto de movilidad, el cual se multiplicó, al pasar de 10 mil 763 documentos expedidos en 2020 a las 41 mil 891 tarjetas entregadas de enero a agosto de 2023.

Además, el gobierno federal reportó que de enero a julio de este año se brindaron 31 mil 465 consultas por embarazo a mujeres extranjeras en servicios de salud públicos y privados, sin precisar su estatus migratorio.

Araceli Pineda, de la organización civil Pro Salud, explicó que junto con Unicef, realizaron un estudio con 600 mujeres migrantes en Tijuana y Mexicali, publicado en 2022, sobre atención en salud sexual y derechos reproductivos. Del total, sólo 50 aceptaron una revisión y en 10 casos identificaron desgarres vaginales o lesiones, lo cual indicaba la probabilidad de que sufrieron algún tipo de abuso en su lugar de origen o en su tránsito por México.

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Ana Rosa Arenas, a quien todos conocen como Ani, tiene 37 años, un cabello rizado que controla bajo unas pañoletas que amarra en su cabeza y una sonrisa que mientras más se abre, más esconde sus ojos avellana. 

Es veracruzana y dice que en ella habitan sus dos abuelas: una mujer que conoce de medicina ancestral y otra, una mujer de más de 60 años, partera en Las Choapas, un pueblo pequeño en el sur de Veracruz, en el ombligo de una de las principales rutas para migrantes que quieren llegar a la frontera norte.  

De sus abuelas nació su vocación por cuidar y ayudar a sanar. Como su familia, Ani decidió echar raíces en Las Choapas, donde ella y Valentín tienen un consultorio privado en el que reciben pacientes. Él como un dentista pediatra y ella como partera, viven de eso, pero también atienden sin cobrar a mujeres y niños en contexto de movilidad. 

Es de mañana, el sol arrasa y el aire quema, pero Ani y Valentín visitan una estación del tren en Coatzacoalcos, a una hora en carretera de Las Choapas, donde están cientos de migrantes, incluidas mujeres embarazadas y recién paridas. Al llegar, el olor a podrido se clava entre las calles y se concentra en el mar de gente bañada en sudor, unos en el suelo y otros parados.

Entre ese mar de gente está Jamie, una joven hondureña de 22 años que tiene ocho meses de embarazo y que escapó de su pareja. Cuenta que apenas le dijo que estaba embarazada y la quiso obligar a abortar. Los últimos días dice que había dormido sobre unos cartones colocados encima de la banqueta que le clavó un dolor de espalda.

Ani invita a Jamie para que entre al consultorio móvil, la combi donde será revisada por primera vez desde que pisó suelo mexicano hace un mes. Le pregunta a la joven si ya escuchó latir el corazón de su bebé y ella responde que no y que no ha comido desde hace días más que unas piezas de pan.

La partera saca un pequeño frasco de vitaminas y se lo entrega a la joven. Una vez que termina la revisión, Ani se traslada a un albergue a 30 minutos de distancia de la estación del tren. En el sitio la espera una mujer haitiana que recién parió y no habla español.

Se llama Ramenece, no tiene más de 30 años y, mientras estaba embarazada, cruzó la jungla del Darién, una zona entre Colombia y Panamá, donde cientos de migrantes han muerto, según han documentado organismos internacionales. La joven recuerda cuando caminaba abrazando de su panza y, al cruzar un río, el cuerpo de una mujer y un par de niños la golpeó en la pantorrilla. Dice que nunca había visto el cadáver de un niño.

Ramenece, originaria de Haití, sostiene a su hijo mientras se encuentra en un albergue en el estado de Veracruz. Foto: Alicia Fernández.

Apenas comienza la revisión y Ani ya sabe que Ramenece tiene anemia. La delgadez, el cansancio, la respiración pausada que en cada inhalación presiona los huesos del tórax no le dejan dudas. Desde que tuvo a su hijo Ramsés, la mujer no ha podido comer sin que su cuerpo expulse el alimento. Ani le da un par de vitaminas que son para mujeres embarazadas porque considera que se trata de una urgencia.

Otra joven hondureña en el mismo refugio le pide ayuda a Ani, ella quiere saber si está embarazada. En su maletín también, la partera carga con pruebas rápidas de embarazo, le da una y la chica de 19 años regresa con el resultado. Aunque resulta negativo, le han detectado una infección urinaria.

Ese tipo de infecciones son comunes, explica Ani, cuando los migrantes van en tránsito, en camiones o por tren, es muy difícil que tengan acceso a baños y, cuando tienen, pocas veces están limpios.

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Ani le recomienda acudir a un centro de salud para atender la infección, pero le advierte que será difícil usar el transporte público porque el gobierno local amenazó a los choferes con  acusarlos de tráfico de personas en caso de que lleven a migrantes, aún en traslados locales.

Es casi medianoche y anuncian en el noticiero una tormenta, Ani y Valentín regresan a la combi y manejan por la carretera libre rumbo a su casa, en Las Choapas. Mientras escuchan la lluvia rebotar con furia en el techo de su consultorio móvil, paran en medio de la autopista frente a una casa donde ofrecen tamales, compran cuatro piezas para cenar y retoman el camino.

Para Ani y Valentín el trabajo aún no termina, esa noche llegarán a dormir un par de horas porque al día siguiente regresarán, de nuevo, a consultar migrantes. 

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Edición:
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Mujeres migrantes: cuerpos sin derechos

Las mujeres migrantes enfrentan una travesía mortal en México en su intento por llegar a Estados Unidos ante la amenaza de sufrir abusos sexuales, embarazos forzados, muerte fetal y un alto riesgo de morir si están embarazadas. Testimonios recabados en campo dejan evidencia que, migrar para ellas, es casi una sentencia.

Gabriela Martínez

En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras que se encuentran gestando en México tienen casi 20 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y enfrentan un alto riesgo de sufrir muerte materna.

Para esta investigación se entrevistaron mujeres migrantes en distintos puntos de la ruta migratoria que atraviesa México de sur a norte. Desde el río Suchiate y Tapachula, en Chiapas, pasando por Las Choapas y Coatzacoalcos, en Veracruz, hasta los dos extremos de la frontera norte, en Tijuana y Reynosa, donde hablan de cómo enfrentan la carencia de métodos anticonceptivos, abortivos y de servicios de salud.

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”.

Gelsy, una hondureña de 19 años, duerme sobre un colchón compartido en un refugio en Tapachula, Chiapas, bajo un techo laminado del que escapan chorros de agua. Es madre pero ya no quiere parir. Su país le impidió operarse por tener menos de 21 años. Por eso, antes de iniciar su camino a Estados Unidos quiere comprar una pastilla de emergencia para abortar si es agredida sexualmente, porque migrar y sufrir abuso, dice, es casi una certeza en México.

—Hay muchas cosas que se escuchan… las chavas que por el camino dicen que es bien arriesgado, la mayoría de mujeres que les ha pasado una violación cuentan la experiencia. 

Dentro del refugio el Buen Pastor, en Tapachula, donde vive Gelsy, las mujeres ven pasar el tiempo recostadas en el suelo frente a un ventilador inútil. Se abanican con periódicos que sólo arrojan aire caliente, se colocan trapos mojados en el cuello y, mientras lo hacen, se organizan para buscar anticonceptivos o pastillas de emergencia antes de seguir el camino.

Una mujer abraza a su hijo en un campamento de migrantes improvisado en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Los condones que les dan las organizaciones y voluntarios, dicen las migrantes, no les sirven en caso de sufrir una violación o si su pareja se niega a usarlos. 

En ese mismo refugio, otra migrante que prefirió no dar su nombre, recuerda que en Guatemala, antes de cruzar el río Suchiate, que marca la frontera con México, le ofrecieron prostituirse para pagar un cuarto de hotel. Había ahorrado para dejar Honduras, pero el dinero se le terminó cuando le pagó al pollero y la abandonó.

—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero —dice convencida.

Para las mujeres migrantes sin una estancia regulada en México, tener acceso a anticonceptivos es indispensable en su equipaje porque saben que es muy probable que sufrirán abuso sexual o usarán su cuerpo como intercambio con un hombre por una sensación de seguridad. 

Pero el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son un derecho que no está garantizado para las miles de mujeres que atraviesan el país en condiciones de vulnerabilidad por su estatus migratorio, según los testimonios de migrantes y organizaciones que se encuentran a lo largo de la ruta desde la frontera sur hasta el norte del país.

En su informe 2021 el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) revela que siete de cada 10 mujeres que atendieron experimentaron violencia física en su tránsito por México; 83 por ciento violencia psicológica, 60 por ciento violencia patrimonial, 42.5 por ciento violencia económica y 18 por ciento violencia sexual.

Embarazos en riesgo

No sólo están en riesgo las mujeres que quieren prevenir embarazos, también está bajo amenaza la vida de las que ya están gestando y atraviesan el país en condiciones de climas extremos, con deshidratación y sin comida.

Uno de los epicentros de la ruta migratoria es la estación del tren en Coatzacoalcos, Veracruz, donde cientos de migrantes esperan a que pare el ferrocarril para subir e ir rumbo al norte. Allí, entre la basura, las ratas devoran sobras de comida arrojadas a unos pasos de donde cientos de personas duermen encima de cajas de cartón echadas al suelo, a casi 40 grados de temperatura.

Entre ellos está Jaime, una hondureña con cinco meses de embarazo que, una vez que dejó su país, no ha visitado a ningún doctor.

Paró en la estación del tren donde conoció a otros migrantes. Casi nadie sabe que está embarazada porque su cuerpo es tan delgado que apenas permite asomarse un pequeño bulto de su vientre. Dice que come una vez al día, no toma vitaminas y su cuerpo ha estado expuesto a desgaste físico. Piensa que ella y su hijo van a sobrevivir por obra de Dios.  

Jamie, migrante hondureña embarazada, se dirige en camión desde la estación del tren donde ha dormido los últimos días a un refugio en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: Alicia Fernández.

—Le pido a Dios que todo esté bien —dice mientras se encomienda a su fe, para luego explicar que su bebé no se ha movido, ni sabe si es una niña o un niño, ni tampoco por qué su panza es tan pequeña, jamás se ha hecho un ultrasonido y, desde que pisó México, no ha tenido un chequeo médico.

Las probabilidades de que su bebé no llegue a nacer son mucho más altas para ella que para una mujer nacida en México.

En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras gestando en México tienen 17.1 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se llegó a esta cifra al comparar la proporción de muertes fetales en madres mexicanas, que fue de 1.98 por ciento en 2022, con la de muertes fetales en mujeres extranjeras, que alcanzó un 34 por ciento ese mismo año.

A través del Sistema Nacional de Transparencia, se solicitó información a las instituciones de salud de los 32 estados del país sobre muertes maternas, muertes perinatales, cuidados prenatales y partos de mujeres extranjeras registrados de 2020 a julio de 2023, pero sólo 12 respondieron con datos.

De estos, siete estados reportaron muertes perinatales (cuando ocurre después de las 22 semanas de gestación hasta los siete días de nacido): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí. En este último estado se registró una muerte perinatal, así como 13 abortos a mujeres extranjeras.

La información indica que de las 51 muertes perinatales en mujeres extranjeras registradas de 2020 a julio de 2023, la mitad ocurrieron en Coahuila y Chihuahua. Además, se observa una tendencia al alza, ya que durante los primeros siete meses  de 2023 se registraron nueve muertes fetales, muy cerca de las 10 registradas en todo 2022.

En relación con muertes maternas, Baja California registró la mitad de los casos del país reportados vía transparencia, con cinco fallecimientos entre 2020 y 2023.

Migrante embarazada que viaja con dos hijas y su esposo resguardándose de la lluvia en la plaza de Ciudad Hidalgo a un lado del río Suchiate. Foto: Alicia Fernández

La presencia de mujeres migrantes en México también se multiplicó en los últimos años. Un indicador es la entrega de tarjetas por razones humanitarias que otorga el gobierno de México, que creció cuatro veces desde 2020, cuando fueron entregadas 10 mil 763 documentos y aumentó a 53 mil 277 en 2022.

Tan sólo de enero a julio de 2023 se ofrecieron 31 mil 465 consultas de embarazo gestacional a personas extranjeras en el país -sin importar su estatus migratorio-, de las cuales el 76 por ciento se concentró en sólo 10 estados.

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México, un muro para la salud de las mujeres migrantes

Valeria Scalisse, responsable del área de Acompañamiento Psicosocial de la organización civil Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advierte que la falta de derechos reproductivos tiene que ver con la falta de voluntad del gobierno, pero principalmente con las políticas migratorias que ahora son más restrictivas y obligan a las mujeres a usar rutas con más riesgos y menos servicios. 

“Influye directa o indirectamente en que las mujeres puedan acceder al servicio (de salud), recuerdo que mujeres venezolanas comentaban que preferían pasar dos veces el Darién (la jungla en la frontera entre Colombia y Panamá) que pasar por las rutas mexicanas; me pareció fuertísimo escuchar eso”, expresa.

Desde el campo de las colectivas que acompañan a mujeres que desean abortar en territorios donde no está permitido o no tienen acceso, Crystal P. Lira, cofundadora del colectivo pro aborto Las Bloodys, en Tijuana, explica que cuando se trata de residentes de la región, en promedio realizan de 150 a 300 acompañamientos al mes, pero en el caso de migrantes sólo llegan a ser entre uno y cinco.

Doulas de la organización Partería y Medicinas Ancestrales, ubicada en Tijuana, acompañan a una mujer migrante que está embarazada y su hija. Foto: Alicia Fernández

“Las mujeres migrantes tienen mayor grado de vulnerabilidad y menor acceso a medios para prevenir o evitar un embarazo no deseado por la centralización de los accesos y la información, por el idioma, la documentación, las diversas criminalizaciones por su condición, también la desigualdad económica y de vivienda, no es sencillo migrar”, explica la activista.

​​Araceli Pineda, subdirectora de Programas en ProSalud, organización civil que promueve la salud y trabaja con mujeres en contexto de movilidad, sostiene que las personas migrantes tienen mayor riesgo de no lograr un embarazo.

“Infecciones por hongos o bacterias que no se habían tratado por el trayecto, a veces no saben que están embarazadas y cuando tienen dolores muy fuertes, ya es por abortos espontáneos, por mala nutrición… por su falta de acceso a baños, higiene”, detalla.

La especialista advierte que el sistema de salud mexicano no garantiza el acceso a cuidados prenatales ni para la interrupción del embarazo. Las principales barreras, dice, son las creencias culturales tanto de las personas migrantes como de quienes están a cargo de las instituciones y organizaciones que las rodean, como los albergues a donde llegan, los cuales son coordinados mayormente por comunidades religiosas.

Preparadas para migrar

Devora, una migrante salvadoreña agredida sexualmente en su país, resultó embarazada e intentó interrumpir el embarazo con pastillas de emergencia pero el medicamento no sirvió. Con casi seis meses de gestación, en abril de 2023 decidió migrar sola a Estados Unidos.

Llegó a la frontera este de México y Estados Unidos, a la ciudad de Reynosa, donde cuando el sol sale enardece sobre la piel. Apenas cae la noche, los negocios bajan la cortina y las familias se esconden dentro de sus casas, como secuestrados en sus propias cuatro paredes y, desde ahí, aprenden a vivir entre el sonido de las balas que suenan casi a diario.

Después de haber sufrido abuso sexual, Devora viajó desde El Salvador hasta la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, para cruzar a Estados Unidos. Foto: Gabriela Martínez.

Devora se refugió en Casa Lulú, uno de los pocos albergues que hay en la ciudad y recibe a migrantes víctimas de tortura y abuso sexual, donde al contar su historia y pese a sus deseos de no ser madre, le aseguraron que los niños son una bendición y que los que aún no nacen no tienen la culpa de su agresión.

Resignada a un embarazo forzado, piensa que a lo único que tenía miedo era a ser asesinada o desaparecida en el camino, porque a otro abuso ya no.

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—Sí sabía que tal vez podría pasar (una violación) pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo.

La Ley de Migración en México obliga al Estado a garantizar servicios de salud sin importar el estatus migratorio y hay acuerdos internacionales que exigen respetar el derecho reproductivo y la salud sexual de las mujeres migrantes —incluido el aborto—. Pero en este país la atención médica de calidad es la excepción y no la norma.

Antes de iniciar el trayecto, muchas mujeres migrantes se inyectan anticonceptivos que duran tres meses para evitar embarazos no deseados, pero cuando llegan a ser retenidas en la frontera el efecto se termina antes de empezar el viaje. Desde los refugios y durante su tránsito buscan dónde comprar la inyección, pero el costo y la falta de acceso la hace inaccesible.

Escarleth, una joven hondureña de 22 años, no ha tenido éxito para comprar su inyección. Bajo la sospecha de un embarazo que no planeaba, busca entre las organizaciones y voluntarios que alguien la ayude con anticonceptivos para mujeres. Su pareja se niega a usar preservativo.

—La gente que ha venido, voluntarios, han dejado condones y uno los agarra… pero hay personas que los usan para jugar. ¿Yo qué hago con ellos? 

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Crisis migrante en La Laguna y la ausencia de las autoridades locales

La crisis migrante en La Laguna y en el estado de Coahuila remarcó la ausencia de las autoridades locales y afianzó el hecho de que el tema migratorio no es prioritario dentro de sus políticas de gobierno.

Crisis migrante en La Laguna

La semana pasada, más de 1,500 personas migrantes se quedaron varadas en la localidad de Nazareno, dentro del municipio de Lerdo, Durango. Las autoridades locales, lejos de brindar asistencia humanitaria, hostigaron al grupo de viajeros con tácticas intimidatorias. Medios de comunicación de la región levantaron testimonios que señalan a policías municipales de Lerdo como presuntas responsables de abusos de autoridad contra las personas que, en su mayoría, venían de Venezuela.

Horas después, la empresa Ferromex, misma que forma parte de Grupo México, decidió, por "razones humanitarias", detener la marcha de 600 vagones de tren que se dirigían hacia la frontera norte. De acuerdo con la propia empresa, los vehículos equivalen a 1,800 camiones de carga.

Así, miles de migrantes se quedaron varados en Torreón y en La Laguna sin agua, sin alimentos, sin ropa. Las autoridades se ausentaron. Quienes mostraron una actitud solidaria fueron las y los laguneros. Habitantes de colonias situadas alrededor de los patios de Ferromex, al sur de Torreón, habilitaron sus casas como albergues, llevaron cajas de agua potable, comida, cobijas, ropa. Ayudaron en la medida de sus posibilidades.

Fue tal la muestra de afecto y empatía, que cientos de migrantes, a bordo de uno de los trenes que retomaron su marcha, se despidieron de Torreón agradeciendo la ayuda y todas las muestras de apoyo. Al fin de cuentas el camino aún es largo. Hacia Ciudad Juárez son más de 900 kilómetros y hacia Piedras Negras cerca de 500.

La crisis migrante en La Laguna se reflejó en el Centro de Día para Migrantes Jesús Torres. En el refugio recibieron una cantidad inusual de viajeros y viajeras. Familias completas, con madres, niños, niñas y jóvenes, llegaron por decenas al comedor para bañarse, descansar unas horas, comer y continuar su camino.

De acuerdo con la administradora del centro, María Concepción Martínez, recibieron a poco más de 200 personas por día, una cifra que prácticamente triplica el promedio diario de trabajo.

Crisis migrante en La Laguna: autoridades estigmatizan fenómeno

La crisis migrante en La Laguna y la asistencia humanitaria que necesitan miles de personas que están de tránsito por la región no llevó a las autoridades a asumir una actitud empática y estadista hacia las y los viajeros.

El presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda, comentó que la principal preocupación de su administración son las enfermedades, particularmente el Covid-19, que podrían contagiar las personas migrantes.

Así, más allá de definir una estrategia de ayuda, el alcalde dijo que redoblarán esfuerzos para evitar posibles brotes de la enfermedad, como si ésta solamente estuviera incrustada en el organismo de las personas migrantes, como si no le importara la situación crítica que viven miles de personas en Latinoamérica.

Al alcalde Román Cepeda, así como al resto de los presidentes municipales de La Laguna y a los propios gobernadores, habría que darles un curso de derechos humanos. En los patios de Ferromex y en las calles de La Laguna no hay brigadistas, pagados por el gobierno, para brindar asistencia humanitaria. Tampoco están habilitados albergues temporales para las personas migrantes.

El mismo Román Cepeda aclaró que no molestarán a las personas migrantes, que apoyarán con algunos víveres y seguridad, pero hizo el llamado a que no molesten a la población.

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“En todos los sentidos se dieron instrucciones, para que no se vulneren sus derechos, pero también que ellos no vulneren los nuestros”, dijo Román Cepeda el pasado jueves 21 de septiembre para El Sol de La Laguna.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración tampoco ha servido de mucho. Su ausencia también remarca la poca visión que tiene el Gobierno Federal para atender a las personas migrantes.

La crisis migrante en La Laguna dejó una lección que deberá ser recordada por los libros de historia. La población, sin ningún interés particular de por medio, se declinó en favor de los derechos de las personas migrantes. Está brindando apoyo y ayuda. Este lunes 25 de septiembre se espera que llegue un convoy de entre tres y cuatro mil personas migrantes. Es momento de ayudar. Las autoridades podrán ser ineficientes, pero el poder y la influencia de la sociedad son superiores.

Ferromex frena sus trenes. Hay personas migrantes varadas en La Laguna y Castaños

Ferromex frenó temporalmente 60 trenes de carga que tenían como destino la frontera con Estados Unidos y más allá del territorio mexicano. Esta cifra equivale a más de 1,800 camiones, informó la empresa a través de un comunicado de prensa.

Ferromex provoca crisis migrante

El alto tránsito de personas migrantes que cruzan el país a bordo de los trenes de Ferromex provocó que la empresa decidiera suspender la transportación de carga.

A través de un comunicado, Ferromex argumentó que, con el objetivo de no poner en riesgo a la población migrante, optó por frenar las máquinas.

"Ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalentes a la capacidad de mil 800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria.", señala el comunicado.

La suspensión de las rutas, provocó una crisis de personas migrantes que se ha focalizado en diversas partes del país, una de ellas es la zona de La Laguna.

Trenes de Ferromex dejan varados a 1,500 migrantes en Nazareno

El pasado lunes 18 de septiembre, cerca de 1,500 personas migrantes, mayoritariamente originarias de Venezuela, se quedaron varadas en la localidad de Nazareno, municipio de Lerdo, Durango.

El conductor de la máquina, de acuerdo con testimonios de las propias personas migrantes, decidió parar su marcha y no continuar el camino hacia Monterrey mientras siguieran personas arriba de los vagones.

Así, al lugar llegaron elementos policíacos, quienes presuntamente vulneraron los derechos humanos de personas migrantes, de acuerdo con testimonios recopilados por medios de comunicación de la localidad.

"La acumulación de personas migrantes en los últimos días se ha incrementado de manera significativa. Sobre los carros de ferrocarril y en el patio de operaciones ferroviarias en Torreón, Coahuila, por ejemplo, se encuentran más de mil 500 personas, en Irapuato, Guanajuato, más de 800, en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, alrededor de mil y en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez, más de mil personas
ocupan las góndolas de carga.", informó la empresa.

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Por otro lado, otra comunidad superior a las tres mil personas migrantes se quedó varada entre los municipios de Castaños y Monclova, Coahuila. Las y los viajeros habían abordado el tren en Monterrey para tomar rumbo hacia Estados Unidos.

Hasta el momento las autoridades de México y Norteamericanas no han informado sobre las acciones que tomarán para resolver la crisis bilateral de migración.

 

Ciudad Juárez: el negocio de la desinformación en la frontera

Angélica Villegas

Ciudad Juárez, México. La desinformación sobre procesos migratorios legales no se limita a las redes sociales, sino que sigue su ciclo en las ciudades de la frontera, como Ciudad Juárez, donde una gran cantidad de personas intentan diariamente cruzar a Estados Unidos. 

La economía alrededor de la migración se fortalece con estas prácticas en busca de un beneficio monetario, que va desde un cobro excesivo por un servicio de traslado hacia los límites fronterizos, hasta asesorías legales para trámites que no existen.

Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos municipal, informó en entrevista que hay casos de personas originarias de Panamá, Colombia, Costa Rica, entre otras nacionalidades, a las que les cobran 100 dólares por llevarlos hasta “El Bordo”, la zona donde se encuentra la línea divisoria entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas, a la orilla del Río Bravo. 

“Cómo tipo Ubers, diciéndoles ‘No, es que está súper peligroso. Están los soldados y policías persiguiendo migrantes, por 100 dólares te llevo’ y eso lo conocimos de primera mano por personas que llegaron al albergue (Albergue municipal Kiki Romero)”, dijo. 

Alberto Cabezas, coordinador de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), dijo que uno de los principales engaños que han detectado es pedirle a las personas dinero para realizar citas y permisos que se realizan a través de la aplicación CBP One, a pesar de que esos trámites son gratuitos.

Consultas “legales”, sin abogados

Evelyn llegó de Guatemala con su hijo a Ciudad Juárez, México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. 

Muy pronto se quedó sin hospedaje y sin dinero, pero una mujer que atendía un pequeño restaurante le ofreció trabajo y un lugar dónde dormir.

Meche, la dueña del lugar, le recomendó también los servicios de un supuesto abogado para que le realizara su trámite y solicitar la visa por razones humanitarias en Estados Unidos.

Por una primera consulta informativa le cobraron 100 dólares por persona y en total requirieron dos consultas, por lo que terminó pagando 400 dólares. Mientras que, en varias ocasiones fue contactada únicamente por correo electrónico, en donde se identificaron como abogados migratorios. 

Por el “trámite” total le solicitaron el pago de 6 mil dólares por ambos. 

El día en que supuestamente le realizaron la cita con autoridades estadounidenses, nadie se presentó. 

Evelyn optó por buscar información con una organización de la sociedad civil y puso su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Actualmente, continúa viviendo en Ciudad Juárez, pero ya está a la espera de su cita que consiguió  a través de CBP One. 

Cientos de migrantes intentan cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para pedir asilo en Estados Unidos.Foto: Francisco Servin

Cientos de migrantes intentan cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para pedir asilo en Estados Unidos.Foto: Francisco Servin

En El Paso la ayuda también cuesta

Nairoby Suárez, originaria de Venezuela y quien se encontraba en un campamento migrante que se improvisó afuera de la Presidencia Municipal, contó cómo muchos decidieron cruzarse” por el muro que divide Ciudad Juárez y El Paso.

Llegaban a una iglesia cercana, en donde les vendían un supuesto permiso de tránsito para viajar por Estados Unidos por entre 50 y 100 dólares. 

El 8 de mayo pasado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que detuvieron a 32 personas migrantes que viajaban en un camión en El Paso, con un supuesto permiso.

Sin embargo, el documento era solo una Notificación de Acción (Notice of Action, I797C), un recibo que se entrega cuando una persona realiza un trámite ante autoridades estadounidenses, pero no sustenta la estancia legal en ese país.

Las cifras de la impunidad

En los últimos 5 años se han presentado ante la Fiscalía General de Chihuahua 61 denuncias por delitos contra migrantes. 41, fueron por fraude; 19, por secuestro, y una, por tráfico de menores. 

El 2022 fue el año con mayor incidencia, con 30 delitos, y este año van 12 denuncias en ese sentido. 

Del total de denuncias, 27 se encuentran en investigación, 15 en archivo temporal, 13 fueron vinculadas a proceso,  en dos casos no hubo ejercicio por diversos motivos y dos más fueron declinadas por diversos motivos. 

Hay un solo caso con sentencia absolutoria, mientras que en uno más se consideró que no inició la investigación porque no había delito. 

Las personas víctimas de estos delitos eran originarios de Guatemala, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. 

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Tania Serrano Rodríguez, vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, informó que este año se han recibido tres quejas de personas migrantes, de las cuales dos se localizaron en Ciudad Juárez. 

Se registraron cuatro quejas, todas en Ciudad Juárez. Las entidades acusadas fueron la Fiscalía General, el Instituto Chihuahuense de Salud, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa "Disarming disinformation" del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.

Reclutadores crean cerco (des) informativo sobre visas de trabajo para EEUU

Por Abril Mulato y Daniela Mendoza

Ciudad de México y Monterrey. Obtener una oportunidad laboral en los Estados Unidos requiere de la intermediación de agencias reclutadoras, negocios que operan sin regulación clara en México, y que, en ocasiones, desinforman sobre los requisitos para acceder a un permiso de trabajo.

El desconocimiento de los trámites y procesos lleva a las personas a depositar su confianza y sus ahorros en presuntos asesores de recursos humanos para conseguir una visa H2.

Un empleador en Estados Unidos debe tener una "certificación laboral temporal"; con ella, deriva a las agencias privadas la búsqueda de trabajadores y todos los trámites necesarios para el procesamiento de las visas. Este monopolio deja a las personas en una situación vulnerable a la desinformación, el engaño y el fraude.

La encuesta digital realizada especialmente para esta investigación entre 210 personas migrantes evidenció que 26% de quienes contestaron recibieron desinformación, y las ofertas falsas de trabajo están en en el primer lugar de las que con mayor frecuencia reciben.

“Nosotros, en la necesidad de viajar, supuestamente una empresa haría el trámite para una visa de trabajo temporal, pero lo único que pasó fue que me robaron mi dinero”, explica uno de los encuestados.

Jocelyn Reyes, Directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo del Centro de los Derechos del Migrante (CDM), señala que en los últimos años se han creado condiciones favorables para la expansión de la industria de reclutamiento laboral; sin embargo, el sistema apenas está regulado.

Normalmente, los reclutadores omiten decir a las personas migrantes que los permisos no salen a su nombre y que para obtenerlos se debe gestionar una entrevista con el personal de Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos y validar los datos de la persona que aplica a la vacante para luego aprobar o no su visa.

El CDM ha documentado numerosos casos que se dieron a partir de publicaciones en redes sociales. En agosto de 2016, un trabajador contactó a una agencia de reclutamiento que le pidió 5 mil pesos y que fuera a Monterrey para obtener una visa de trabajo en el Consulado de Estados Unidos. Su visa y la de docenas de personas que se conectaron por el mismo anunciante fueron rechazadas. Nadie pudo volver a contactar con la agencia.

Esta información es coincidente con la señalada por el Departamento de Prevención de Fraudes del Consulado de los Estados Unidos en Monterrey, donde se procesa la mayor cantidad de visas H-2A en el mundo. Las alertas sobre fraudes en visas de trabajo se han incrementado un 12% anual en los últimos 4 años, a raíz del uso de WhatsApp para recibir y dar información.

Entre las desinformaciones más comunes destacan las falsas compañías que no tienen autorización para llevar trabajadores temporales, así como ofrecer empleos con temporalidades más altas a las permitidas por la visa H2, que es de sólo 10 meses. 

En cuanto a los cobros indebidos por trámite, identifican el llamado “pago de juego”, en el cual prometen conseguir la visa, si las personas les dan un porcentaje de su sueldo durante el tiempo que dure el trabajo, esto puede ir de los 2 a los 3 mil dólares.

Otro cobro adicional es aquel en el que prometen conseguir la visa H2, pero una vez en suelo estadounidense, en lugar de llevarles al campo de trabajo, les permitirían ir a buscar otra opción por su cuenta o a reunirse con familiares o amigos.

De acuerdo con el CDM, en las ofertas que se publican en redes se pueden encontrar señales de fraude: La primera es cuando una persona ofrece una visa de trabajo y solicita documentos de identidad personal como acta de nacimiento, pruebas de covid, cartas de recomendación, comprobante de domicilio.

Un establecimiento anuncia sus  servicios de trámites y documentación a extranjeros en Tapachula, Chiapas, México. Foto: Mónica González

Un establecimiento anuncia sus servicios de trámites y documentación a extranjeros en Tapachula, Chiapas, México. Foto: Mónica González

La segunda, cuando pide que se hagan depósitos a su cuenta personal, pues el derecho a visa se deposita sólo en las cuentas oficiales.

Por su parte, el Departamento de Prevención de Fraudes de la Embajada de EEUU en México, destaca como alertas de desinformación cuando un reclutador cambia su historia de manera constante (sobre los trámites, documentos y el tiempo que tardará el trámite) y no conoce los detalles del lugar donde se trabajará, el nombre de la compañía o el salario que se les pagará.

Las personas que buscan una oportunidad de empleo en los Estados Unidos, tienen ya algunas herramientas cercanas y confiables.

Cuando haya duda de la veracidad de una oferta, se puede consultar la página de Seasonal Jobs del Departamento de trabajo en la que se pueden encontrar el registro de las certificaciones.

También existe el Portal migrante, una bolsa de trabajo creada por el CDM en 2021 para personas que buscan visas H2.  

La web ofrece información de ofertas o de certificaciones de Seasonal Jobs para que se puedan ver descripción, datos de contacto del reclutador, el correo y el teléfono de los empleadores, etcétera.

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El portal llamado Contratados.org cuenta con una sección de reseñas en donde las propias personas trabajadoras han compartido su experiencia sobre empleadores y reclutadores. 

Adicionalmente, en la Embajada de EEUU en la Ciudad de México y en los consulados de Monterrey y Guadalajara  existen líneas de WhatsApp a la que se pueden contactar para corroborar la veracidad de una oferta.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa "Disarming disinformation" del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.

Agentes del INM revisan los documentos de un grupo de personas que viajan en un autobús en el estado de Chiapas. Foto: Mónica González

Agentes del INM revisan los documentos de un grupo de personas que viajan en un autobús en el estado de Chiapas. Foto: Mónica González

Migrantes esperan una cita en la estación migratoria  de Tapachula, Chiapas, México. Foto: Mónica González

Migrantes esperan una cita en la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, México. Foto: Mónica González

200 migrantes engañados; les prometieron asilo en EEUU

Gabriela Martínez

Tijuana, México. Habían pasado varios días desde que Mercedes Pérez entregó el dinero. Pagó 55 dólares por persona para que les tramitarán el asilo en Estados Unidos a 14 familiares suyos.

Así como ella, cientos de migrantes también esperaban que Jaime Díaz Márquez respondiera a sus llamadas y mensajes.

Les había prometido que pasarían la Navidad del 2022 del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, pero un día sin mayor explicación se esfumó.

Más de 200 migrantes señalan a Jaime Díaz Márquez, originario de Michoacán, de haberlos engañado, haciéndose pasar por empleado de una organización civil-religiosa estadounidense. 

Para convencerlos, Díaz Márquez les dijo que la asociación “Grupo Asilo” se encargaba de tramitar el asilo en la Unión Americana para personas de cualquier país, que el proceso era gratuito, salvo 55 dólares por papeleo y copias de cada una de ellas.

Más de 200 víctimas por falta de información

Cuatro meses antes, Mercedes le había depositado 770 dólares a una cuenta de PayPal a su nombre.

Pero ella no fue la única, otras casi 200 familias desembolsaron un aproximado de 11 mil dólares. Jaime borró las publicaciones y programas En Vivo que hizo a través de Facebook, restringió los comentarios y prácticamente desapareció de la faz de la tierra.

El boca en boca, sin información

Fue en agosto de 2022 cuando Mercedes supo de la existencia de Jaime Díaz. Un día su comadre le contó a Mercedes que había encontrado a una organización civil que le iba a tramitar el asilo a su familia, que era gratuita y de confianza. 

Le dio a Mercedes el número de teléfono del contacto, un tal Jaime Díaz, quien además hacía transmisiones En Vivo desde sus redes sociales.

Mercedes no perdió el tiempo y ese mismo día lo llamó, le preguntó si podían tramitar el asilo de personas residentes en Honduras y Jaime Díaz respondió que sí.

“Al principio si se miraba irreal pero cuando dijo que ya se habían ido 10 (personas) le creí”, explica Mercedes en una entrevista vía telefónica desde Los Ángeles, California, donde vive con su esposo e hijos.

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en un campamento improvisado en la ciudad de Tijuana, México. Foto: Aimee Melo

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en un campamento improvisado en la ciudad de Tijuana, México. Foto: Aimee Melo

Dinero y sueños perdidos

Mercedes no lo pensó y pagó, pero pasaron las semanas y llegó la angustia. Cientos de mensajes y llamadas se acumularon sin respuesta.

Él respondió a través de transmisiones En Vivo en Facebook, en las que respondía a todos los reclamos.

“Les van a avisar cuando van a ir a la embajada a recoger un papel… ese papel es para que ustedes fffssshiiiiuuuu”, les decía mientras alzaba la mano como simulando un avión en pleno despegue durante una transmisión.

“Nosotros les vamos a llamar… 9 de diciembre (2022) para que ya no me pregunten ¿Ok?… ese día van a correr a comprar sus boletos… no se crean de chismes… ustedes agarren sus maletas y váyanse a Estados Unidos a ver a su familia y pasar Navidad”, insistía.  

Llegó la fecha y ni las embajadas atendieron a los migrantes, ni Jaime les volvió a responder. 

Un día antes de año nuevo, el 30 de diciembre, Jennifer Cuevas decidió denunciarlo públicamente a través de su perfil de Facebook.

“Este señor se llama Jaime Diaz, originario de la Ruana Michoacán se dedica a estafar gente de todos lados Mexicanos, Hondureños, Guatemaltecos de donde se los encuentre…”, se lee en la publicación que alcanzó 277 compartidas y 49 comentarios, entre ellos otras víctimas que con ese texto identificaron su fotografía y que, igual que a ella, les había cobrado dinero para tramitarles asilo estadounidense.

A partir de esa publicación, cientos de víctimas comenzaron a contactarse para compartir información. Entre todos crearon un grupo de WhatsApp para comunicarse y enviar detalles y evidencias del fraude. 

Al Otro Lado, el camino para denunciar

Mercedes, además de mantener contacto con otras víctimas reportó el fraude a la organización civil Al Otro Lado, donde fue orientada para denunciar ante el Ministerio Público, pero desistió. 

“Todo el mundo teníamos miedo de don Jaime, uno no sabía quién era don Jaime, él decía que tenía mucho poder con los americanos y abogados… mi esposo me dijo que mejor no me metiera allí”, lamenta Mercedes. 

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Soraya Vazquez, subdirectora de Al Otro Lado, explica que el reporte de Mercedes Pérez no ha sido el único. Son diferentes tipos de engaños que muy pocas veces denuncian los afectados por temor a ser deportados cuando son extranjeros o a entorpecer su ingreso a Estados Unidos. 

Para esta investigación se intentó localizar a Jaime Díaz Márquez a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, pero no se obtuvo ninguna respuesta.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa "Disarming disinformation" del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.

La trampa de la desinformación: el negocio de engañar a personas migrantes

Por Daniela Mendoza, Patricia Mercado y Julie Ricard

Sin quererlo, las personas migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les puede costar miles de dólares. 

Para tender la trampa se han desarrollado diferentes “modelos de negocio”: desde falsos reclutadores, traficantes de personas, “asesores legales”, influencers y hasta quienes se hacen llamar “coaches de migración”. 

La mayoría de esos “negocios”, aprovechan las coyunturas para estafar a migrantes al ofrecer consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Para revelar el mecanismo de la trampa, durante mayo y junio de 2023, el grupo de medios formado por Verificado, Conexión Migrante, AP, Data-Pop Alliance y PolitiFact realizó una amplia investigación en Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Florida.

En la investigación apoyada por el programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists participaron 11 periodistas e investigadoras, quienes realizaron entrevistas a personas migrantes, autoridades binacionales y organizaciones de la sociedad civil, revisaron grupos, ofertas y anuncios en plataformas digitales como Facebook y Tiktok, además del análisis de bases de datos sobre delitos y estudios y documentos de organismos internacionales. También se condujo un análisis exploratorio de mensajes en grupos públicos de WhatsApp, utilizando la plataforma Palver. 

Entre el 2 y el 16 de junio, nuestro equipo diseñó e implementó un sondeo digital que fue contestado por 210 personas migrantes, la cual reveló que más de un cuarto de los encuestados ha recibido mensajes falsos respecto a trámites migratorios y ofertas de trabajo, principalmente a través de grupos de Facebook y WhatsApp. Casi dos terceras partes explicaron que se vieron afectadas por fraudes y/o desinformación. Una persona escribió:

“Me cobraron por solo el llenado de planilla de USCIS. Yo tengo mi patrocinador, me cobraron antes de enviarme el supuesto primer pdf y era una planilla elaborada por ellos, totalmente falsa, me di cuenta por qué la planilla era totalmente diferente a la real (no tenía ni los códigos de barra). Perdí 1500$. Tanto que he luchado para llegar a USA de manera legal. Ahora mismo ya realice el trámite correctamente por mí misma y me encuentro en espera del segundo paso”.

¿Cómo la desinformación se volvió negocio?

Una gran variedad de servicios (desde desinformativos hasta inexistentes), son anunciados en redes sociales, principalmente en Facebook, WhatsApp y Tiktok. El dinero perdido por estos fraudes va desde 1 dólar hasta 20,000 dólares por persona. 

Los estafadores crean contenidos pautados, disfrazados de explicaciones como las que haría cualquier influencer, para ofrecer ayuda en trámites migratorios. Incluyen botones para contactar por WhatsApp o Messenger y llevar la comunicación a una charla personalizada donde abundan las promesas.

Fue así como Mercedes Pérez contactó a Jaime Díaz Márquez, quien le prometió asilo político para sus familiares y pidió 55 dólares por cada uno, a cambio una constancia gestionada por una organización religiosa con la que conseguiría el parole, un permiso de permanencia temporal que se brinda por razones humanitarias urgentes para permanecer en el país por al menos un año sin visa.

En una transmisión en Facebook Live de menos de 3 minutos, Díaz Márquez aseguró que el 9 de diciembre de 2022 sería el día en que podrían “recoger sus papeles” para cruzar la frontera de manera regular, con documentos. Después eliminó los videos y no volvió a publicar.

La organización Al Otro Lado, que se dedica a apoyar y proteger a las personas migrantes, está preparando una carpeta del caso y lleva al menos 200 personas que han sido engañadas por Jaime Díaz Márquez.

A Díaz Márquez se le intentó contactar al menos en cuatro ocasiones, vía telefónica y mensajes de WhatsApp, pero nunca respondió.

Captura de pantalla de una conversación en WhatsApp de una de las personas estafadas por Jaime Díaz Márquez.

Captura de pantalla de una conversación en WhatsApp de una de las personas estafadas por Jaime Díaz Márquez.

Evelyn Reyes compartió que a su marido le pidieron casi 36 mil pesos, unos 2 mil dólares. “Con gastos de visa, sellados, que un vuelo de 19,500 de ida y vuelta. Hasta el pasaporte le robaron, pues iban a salir del DF (Ciudad de México) y ahí se lo entregarían, pero cuando llegó no había nada. Solo fantasmas”

Jorge Gallo, oficial regional de prensa de la Organización Integral para las Migraciones (OIM) dijo que “muchos migrantes ni siquiera tienen ahorros, sino que se pegan una endeudada enorme para poder pagar los servicios de esos coyotes, y en muchos casos lo pierden todo”. La pérdida de recursos es solo una de las muchas consecuencias de la desinformación y de los fraudes basados en ella.

Por otro lado, existen influencers que venden “servicios legales” a sus seguidores, sin ser abogados. Un ejemplo es Darío Andrés Oviedo Melendez, que se anuncia a través de Tiktok e Instagram, donde suma más de 600 mil seguidores.

El autodenominado abogado en su perfil de Instagram, junto a su socio José Rafael Román Argotte, ofrecen asesoría desde Florida. Sin embargo, ninguno de los hombres parece estar registrado como abogado en Estados Unidos, según una búsqueda de PolitiFact.

Esos perfiles comparten mucha información acerca de trámites migratorios y regulaciones como anzuelo a sus seguidores, para luego venderles su asesoría.

También llegan a compartir desinformación. El 9 de abril de 2023, Román Argotte hizo un video para comentar una noticia sobre el Título 42, y sugerir una falsa apertura de la frontera.

Al día siguiente, cerca de mil migrantes llegaron al Puente Paso del Norte entre Chihuahua y Texas, creyendo que se les concedería la entrada en Estados Unidos.

PolitiFact intentó comunicarse con ambos creadores de contenido por medio de mensajes de WhatsApp, TikTok, Instagram y llamadas, pero no recibió respuesta

Visas de trabajo, oro molido para reclutadores

La mayoría de las personas que buscan oportunidades para trabajar en Estados Unidos prefieren confiar en sus conocidos o en las redes sociales, en lugar de la información de gobierno, organizaciones o medios que ofrecen datos reales, y en el mejor de los casos, verificados.

Desde 2016, el Centro de Derechos del Migrante (CDM) en Ciudad de México, notó un aumento en el fraude de reclutamiento online de migrantes, especialmente a través de anuncios en Facebook.

Jocelyn Reyes, Directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo del CDM asegura que desde que se creó el sistema de trabajo temporal entre Estados Unidos y México, el proceso de reclutamiento ha sido irregular, informal, poco documentado y opaco. “Esto abre huecos y desbalances de poder enormes entre los trabajadores, los reclutadores como un agente intermedio y los empleadores en Estados Unidos”.

Explica que al ser estos grupos de personas, contactadas para reclutar trabajadores, esto provoca que se monopolice la información y se controle el acceso a los empleos y las visas H-2, imponiendo tarifas y otros términos ilegales como condiciones para acceder a las oportunidades de trabajo.

“Hay agencias de reclutamiento que a eso se dedican y que ofrecen esos servicios a los empleadores estadounidenses. El problema es que reciben un salario de esos empleadores, pero también buscan tener beneficios adicionales”.

Esto coincide con lo señalado por el Departamento de Prevención de Fraudes del Consulado General de los EE.UU. en Monterrey, México, donde se procesa la mayor cantidad de visas H-2A en el mundo. Desde 2019 a la fecha han documentado un incremento del 12 a 15% de llamadas y mensajes a su línea de atención.

Los engaños más comunes son que los estafadores se hacen pasar por compañías autorizadas para contratar trabajadores temporales en EE.UU y por otro, solicitan documentos personales del trabajador/a para hacer una “verificación de antecedentes criminales”.

Otros fraudes alimentados por la desinformación son los que afirman que hay oficinas de reclutamiento en el Consulado en Monterrey o que consiguen ofertas de empleo con temporalidades más altas de las permitidas para una visa H-2A.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook de una oferta para trabajar en Estados Unidos.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook de una oferta para trabajar en Estados Unidos.

La desinformación también alimenta la impunidad 

Samantha Hernández, encargada de comunicación y enlace del albergue CafeMin en Ciudad de México, afirma que existen narrativas desinformativas que hacen creer “que no se puede transitar en la Ciudad de México sin un documento que te acredite o que si vas a oficinas de gobierno te pueden deportar”.

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A eso se suma que, en su mayoría, las personas migrantes no tienen conocimiento de sus derechos, lo que permite que estas desinformaciones prosperen.

La desinformación fragiliza aún más a quienes no tienen una situación regular en México, ya que les aleja de los servicios oficiales, las fuentes de información confiables y los organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en un campamento en la ciudad de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en un campamento en la ciudad de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo

Como resultado, tanto la desinformación como las estafas se multiplican y quedan impunes.

Datos de la Secretaría de Gobernación de México, de 2016 a noviembre de 2022 registran 5,684 denuncias de delitos contra personas migrantes en México. De estas, 1,849 fueron catalogadas como tráfico ilícito, 2,655 como robo y 8 de fraude.

Existen pocas denuncias de fraude y en la mayoría de los casos, los denunciantes deben buscar una organización de la sociedad civil para que les represente. Sin embargo, el seguimiento se complica, pues las personas continúan su intento de cruzar la frontera y sí lo consiguen, dejan los procesos inconclusos.

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en la entrada de la garita peatonal de San Ysidro, en la ciudad fronteriza de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en la entrada de la garita peatonal de San Ysidro, en la ciudad fronteriza de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo

Un riesgo silencioso

Las redes son cada vez más utilizadas como medio de información. En grupos de Facebook y Whatsapp los migrantes encuentran información más inmediata, y que proyecta confianza y seriedad. Las condiciones para el engaño se crean a través de muchos factores, entre ellos, que la información oficial no llega a los grupos en redes sociales, y la manipulación de emociones, como el temor a los procesos complejos o la esperanza de una vida mejor.

Al creer y pagar por estos supuestos servicios los migrantes terminan, sin proponérselo, como parte de la maquinaria de desinformación que avanza, se diversifica y crece, ante la inacción de las autoridades en ambos lados de la frontera, mientras que los desinformantes quedan impunes, sin tener que ocultarse o esforzarse por encontrar la siguiente víctima.

«Esta historia fue producida con el apoyo del proyecto Disarming Disinformation de ICFJ, un esfuerzo global de tres años con financiamiento principal de la Fundación Scripps Howard, una organización afiliada al Fondo Scripps Howard«.