El asesinato de la maestra Mireya a cuatro años de distancia

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La hermana de Mireya la recuerda como una persona generosa, amorosa, entregada a su trabajo. “Incluso, el día del desfile ella era una de las organizadoras”, expresó.

El pasado 17 de noviembre se cumplieron cuatro años del asesinato de la maestra Mireya Fernández Martínez, docente del Cetis 83, a consecuencia de las heridas de bala que le ocasionó un hombre quien le disparó con un arma calibre 9 milímetros durante el desfile conmemorativo al 109 aniversario de la Revolución Mexicana.

Luego del ataque, el cuerpo de la maestra quedó tendido sobre el piso de la Alameda Zaragoza, en Torreón en tanto que el crimen provocó pánico entre los participantes, gran parte de ellos estudiantes, quienes buscaron resguardarse en casas y negocios aledaños al lugar.

Un día después, personal de la Fiscalía General del Estado Coahuila (FGEC) detuvo a Salvador Serratos, hijastro de la maestra, como el presunto autor intelectual del homicidio. El móvil fue la disputa por una herencia familiar que se desarrolló a partir de marzo de ese año, a tres meses de la muerte de Salvador Serratos Rojas, quien fue pareja de Mireya durante 16 años. Sin embargo, el hombre falleció intestado, lo que ocasionó conflictos de interés.

A la maestra Mireya se le arrebató la vida a los 56 años cuando ni el cáncer de mama, diagnosticado tiempo atrás, pudo hacerlo.

Fue el 15 de agosto que, en colaboración con las autoridades de Nuevo León, se logró la detención del autor material identificado como Alejandro Reyes.

Yadira Fernández Martínez, hermana de Mireya, en entrevista refirió que tras dos años de iniciado el proceso penal se logró la sentencia para ambos detenidos, y con ello se evitó la liberación del autor intelectual.

“Por lo que fue el asesinato se nos hizo justicia, gracias a Dios; nosotros tuvimos todo el apoyo porque hubo un momento en que se iban a cumplir dos años y buscamos fechas para el juicio, porque desafortunadamente por la pandemia se estuvo atrasando el juicio y en un momento de desesperación mandé un mensaje de Facebook al gobernador Riquelme, él me contestó”.

El proceso se retrasó puesto que cambiaban de abogado constantemente, once veces para ser exactos. Pero la sentencia para Salvador Serratos fue de 60 años de prisión y para Alejandro Reyes, de 35 años.

La hermana de Mireya la recuerda como una persona generosa, amorosa, entregada a su trabajo. “Incluso, el día del desfile ella era una de las organizadoras”, expresó. Incluso cuando ocurrió el homicidio, los alumnos del Cetis 83 se solidarizaron con la mamá y hermana de Mireya, dando muestras constantes de cariño y de respeto.

Sentenciaron a los homicidas, pero los problemas continúan

Yadira refiere que, al no contar con hijos biológicos, se inició el proceso para que los bienes de Mireya fueran cedidos a su mamá, por ser uno de sus dos familiares directos con vida.

Sin embargo, señaló que los otros hijastros interpusieron un recurso legal para el reclamo de dos casas. En una de ellas vivía su mamá, quien el pasado 10 de noviembre de este 2023 perdió la vida en medio de una profunda depresión al no superar la muerte de Mireya, quedando esta acción legal inconclusa.

Hubo alertas por violencia, pero Mireya no actuó para protegerse

Yadira Fernández señaló que la maestra nunca quiso poner alguna denuncia en contra de su hijastro por amor a los hijos de él —ya que los consideraba sus nietos— y por respeto a la memoria de su esposo.

“Nosotros hablamos con ella, porque ella sí lloraba mucho porque, más que nada, su tristeza era ver cómo la trataban, cómo la atacaban, todo lo que decían. En cuanto a violencia, todo fue verbal. Hubo muchas cosas, incluso hubo una ocasión que él (Salvador) le dijo: Yo no me voy a manchar las manos, yo conozco mucha gente y yo tengo quién te haga algo”, señaló Yadira.

Además añadió que en la vivienda donde residía, en el municipio de Gómez Palacio, en alguna ocasión unos desconocidos dejaron unas marcas extrañas en la pared exterior y Mireya optó por borrarlas con acetona.

“¿Sabes qué decía ella? No, porque si hago algo, va a venir mi viejo y algo me va a hacer. Porque Salvador era su adoración”.

En las marchas, familia de Mireya encontró eco entre tanto dolor

En medio de una reflexión sobre aquello que se contaba en las noticias acerca de los homicidios de odio, desde el 2020 los familiares de Mireya participaron en las marchas que activistas feministas de la región organizaron contra la violencia hacia las mujeres, pues nunca creyeron que les llegaría a pasar.

“Ellos no tenían derecho de arrebatarle su vida, ella nunca les hizo nada”, expresó Yadira.

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Lo que comenzó como una actividad para alzar la voz por el feminicidio de Mireya y el hueco que dejó su abrupta ausencia, se convirtió en un espacio de eco y apoyo para los familiares, un movimiento en los que las participantes le ofrecieron sostener su mano, dando ánimos con frases como “todo va a estar bien” y “no estás sola en tu lucha”.

Yadira Fernández pidió a la comunidad a estar atentos de sus hijas, hermanas, parejas y cualquier detalle de violencia por mínima que sea. Hay que buscar cómo protegerse, por el bien de ellas y sus familias.

“No queremos más muertes, no bajen la guardia, hay que luchar y con la cabeza en alto”, hizo un llamado Yadira, quien dijo que durante las audiencias del caso penal, los abogados le decían “mantenga la cabeza en alto, su lucha es importante”.

“Nunca pensé lograr lo que logré”, expresó Yadira Fernández.

Invitan a la presentación de "Heridas Abiertas: contra el olvido"

Heridas Abiertas cumple dos años de dignificar a las víctimas y de recordar a las autoridades que tienen mucho trabajo pendiente, que la impunidad no es opción y que la justicia tiene que llegar.

Desde la mente de Luis Alberto López, Heridas Abiertas se fue construyendo en la calle, reporteando todos los días a las buscadoras, a personas pidiendo ayuda para encontrar a sus seres queridos. Heridas Abiertas es un proyecto que La Laguna necesita y que está conmemorando sus primeros dos años de existencia.

Heridas Abiertas: contra el olvido

Como parte de los festejos, Luis Alberto López coordinó y compiló una serie de textos que han publicado a lo largo de sus primeros dos años en el sitio web del proyecto. Con textos de Jessica Ayala, Lilia Ovalle, Fernando De la Vara y Bun Alonso, así como ilustraciones de Miguel Sifuentes, Heridas Abiertas: contra el olvido, es un libro que quedará como documento para recordar que en La Laguna se tiene que hacer justicia.

"Es una compilación, un resumen, un corte de caja del propio portal a dos años de que se creó. Reunimos textos para este material. Hay que recordar que la misión principal de Heridas Abiertas es ir contra el olvido, recordar situaciones que han sucedido, pero no desde la perspectiva de la tragedia, sino mostrar el contexto, algo más que explique cómo llegamos hasta donde llegamos", explicó Luis Alberto López.

Y es que Heridas Abiertas también tiene como propósito reconocer a las personas que día a día luchan por defender sus derechos, por tener acceso a la justicia.

"Es una forma de hacer un homenaje a quienes han luchado, a quienes se han manifestado por diversos tipos de violencias e injusticias que se han dado aquí en La Laguna y más concretamente en Torreón", agregó.

Presentación de "Heridas Abiertas: contra el olvido"

El libro está compuesto de 5 textos y será presentado el próximo sábado 26 de agosto en punto de las 7 de la tarde en La Tinta Cafebrería.

La publicación estará a la venta en la misma librería y fungirá como un documento histórico que dejará plasmado hechos, luchas y acontecimientos que quedaron marcados como cicatrices en la historia de la región.

Dentro del libro vivirán historias que relatan la lucha de familiares por encontrar a sus seres queridos, las masacres en los bares, el daño ambiental provocado por la presencia masiva de la industria en La Laguna, entre otros temas.

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La edición del libro corrió a cargo de Fernando De la Vara, la compilación de Luis Alberto López y la impresión a cargo de Miguel Sifuentes, a través de su proyecto estipicursor.

Heridas Abiertas: contra el olvido, será presentado por Luis López y contará con comentarios de la periodista Jessica Ayala, de La Plaza Pública, y Francisco Rodríguez, corresponsal de Vanguardia, El Universal y miembro del Border Hub.

 

Eric Andrade: la justicia pendiente a un año de su asesinato

#ComunidadDeMedios | Heridas Abiertas 

El 15 de julio se cumplió un año del asesinato de Eric Andrade, médico pasante que realizaba su servicio en el Hospital Integral de la comunidad de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

El joven buscó atender a una persona del sexo masculino que llegó con otro acompañante por una intoxicación, asociada a una sobredosis de droga.

Eric también revisó a otro joven que tenía este mismo problema. Estos pacientes y sus acompañantes iniciaron una discusión y detonaron armas de fuego, hiriendo de muerte al estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), según información proporcionada en ese entonces por la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

En el lugar, elementos de esta corporación levantaron 11 casquillos percutidos de arma de fuego; además se tenía identificados a los dos presuntos responsables de estos hechos.

Uno de ellos fue detenido casi de inmediato por las autoridades, mientras que el otro se encuentra prófugo, plenamente identificado y con un retrato hablado elaborado por la autoridad para esta investigación.

A Eric le faltaban 15 días para concluir su pasantía en aquel hospital. No era quien originalmente atendería a estos pacientes, pero fue enviado porque uno de los intoxicados incomodó a la trabajadora de la salud asignada de inicio, según se dio a conocer en los primeros testimonios recopilados por parte de la corporación estatal al personal de la salud de ese nosocomio.

A Eric le faltaban 15 días para concluir su pasantía. Foto: Cortesía.

A Eric le faltaban 15 días para concluir su pasantía. Foto: Cortesía.

Las autoridades del Gobierno de Durango dieron a conocer la detención de uno de los presuntos responsables de este asesinato, que responde al nombre de José Florentino “N”, de 21 años de edad, quien, al parecer, disparó una de las dos armas accionadas al interior del hospital.

Días después, la FGED presentó el retrato hablado de la segunda persona implicada, que fue identificado como Juan José Pérez García o Juan Cruz Pérez.

Este hecho generó diversas manifestaciones, tanto en la capital del estado como en La Laguna de Coahuila y Durango, en las que estudiantes de la carrera de medicina de diferentes facultades, exigieron mejores condiciones para el desarrollo de su servicio social y pasantías. En ese momento, se reasignaron plazas y se evitó enviar a los jóvenes a puntos de riesgo.

Asimismo, 61 médicos pasantes de Durango fueron retirados de las zonas de alto riesgo.

Todo esto ocurrió en la administración del anterior gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, a menos de tres meses de concluir su gestión, tuvo que dar cuenta a la población y a los estudiantes sobre cómo se iniciaron las investigaciones de la muerte de Eric.

La revictimización de Eric Andrade

Para su familia, Eric Andrade fue un joven que quiso cumplir un sueño: ayudar a los demás con su profesión, misma que estudiaron sus dos hermanos, anhelo que también compartía su padre Mauricio Andrade y que, por diversas razones, no pudo cursar esta carrera.

Lo que no se dio a conocer en su momento es que los allegados a Eric no fueron notificados de esta desgracia por alguna autoridad o por la universidad, sino a través de algunos medios de comunicación.

Asimismo, las autoridades tardaron horas en entregar el cuerpo del joven para darle sepultura.

Según relatos de los familiares, el asesinato ocurrió aproximadamente a las 6:15 de la tarde. Hasta la una de la mañana se trasladaron los restos del médico pasante del poblado El Salto a la ciudad de Durango, y hasta la una de la tarde, las autoridades concluyeron este proceso.

Otro obstáculo que enfrentó la familia fue que prácticamente ningún abogado de la localidad quiso representarlos, al parecer, los agresores estaban presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Un cuarto elemento que la familia refiere como irregularidad, es que tuvieron obstáculos para cobrar el seguro de vida al que tenían derecho, bajo el argumento de que se le debían seis meses de colegiaturas a la universidad, que en ese año se estimaron en un promedio de 5 mil pesos mensuales.

Cuando por fin recibieron un documento de parte de la Secretaría de Salud de Durango, se les ofrecieron 50 mil pesos para cubrir el seguro de vida, pero este escrito estaba condicionado a una cláusula en la que se especifica que “las partes reconocen y aceptan que los hechos registrados en el Hospital Integral de El Salto, perteneciente al Servicio de Salud de Durango, fueron causados por personal ajeno a la institución, por lo que no se reservan acción de tipo legal ya sea civil, penal, mercantil, así como de ninguna otra naturaleza en contra de la Secretaría de Salud ni del organismo público descentralizado denominado Servicio de Salud Durango, ni de sus titulares ni de ninguna otra persona”.

Con el cambio de gobierno en Durango, a finales de septiembre del año pasado, los familiares se vieron obligados a retomar las gestiones para el acceso a la justicia con las nuevas autoridades de la causa penal 1247/2022.

Documento de respuesta que emitió la Secretaría de Salud de Durango. Foto: Cortesía.

Documento de respuesta que emitió la Secretaría de Salud de Durango. Foto: Cortesía.

La FGED respondió con una prórroga  para atenderlo, ya que tenían muchas carpetas de investigación pendientes. Esta dependencia aseguró que se estaba trabajando sobre la orden de detención del segundo implicado directamente en los hechos.

Carta enviada a la Fiscalía de Durango para pedir seguimiento al caso. Foto: Especial.

Carta enviada a la Fiscalía de Durango para pedir seguimiento al caso. Foto: Especial.

A más de 6 meses, el 11 de abril de 2023, los familiares enviaron un escrito dirigido a la actual fiscal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, en la que exigen la investigación, detención y proceso de las personas de esta corporación que “dejaron ir a los detenidos responsables y partícipes del asesinato del médico”, cita el documento.

Lo anterior, en referencia a que en las primeras 24 horas del crimen, le informaron a la familia de la detención de dos personas probables en la participación de estos hechos.

Después, a cinco días del asesinato, en entrevista con medios se dio a conocer que hay sólo un detenido. El 21 de julio de 2022, el entonces fiscal general, Daniel Rocha, informó directamente a los familiares que no había otro detenido por este caso, según dio a conocer Mauricio Andrade, padre de Eric.

El padre de Eric también señaló que, a la fecha, no se tiene una orden de aprehensión en contra del  segundo presunto responsable y aseguró que probablemente se trata de la persona que realizó la mayor cantidad de disparos en ese lugar, pese a que las autoridades ya lo tienen plenamente identificado.

“No le deseo a nadie el dolor de perder a un hijo… es insoportable. Tampoco le deseo a nadie la impotencia de no darle la justicia ofrecida. Seguiré buscando la justicia hasta que no quede más fuerza en mi cuerpo, en mi corazón y en el cerebro”expresó Mauricio Andrade en el escrito enviado a la Fiscalía.

También denunció que, en este nuevo gobierno estatal, la carpeta de investigación ha pasado por lo menos por cinco agentes del ministerio público y ninguno le ha abonado para el esclarecimiento del caso, por lo que consideró que hay un desinterés del actual gobierno de completar la investigación, al referir que desde septiembre del año pasado se buscó una reunión con el actual gobernador, Esteban Villegas, para dar cuenta de las presuntas anomalías que se presentaron en este proceso, sin obtener respuesta a dicha petición.

Carta enviada al gobernador Esteban Villegas. Foto: Especial.

Carta enviada al gobernador Esteban Villegas. Foto: Especial.

“Solo hay una explicación: los agarraron y los dejaron ir y sólo que se quedaron con una”, manifestó Andrade.

En lo que refiere a Florentino “N”, la persona detenida por ser el segundo presunto responsable del asesinato, Mauricio Andrade expuso que sí se le vinculó a proceso, pero se violaron muchos derechos de los familiares ya que, a la fecha, no se les ha notificado de las audiencias que se han desarrollado.

“Yo solo recibí una notificación —hace seis meses— en la cual se me avisa por parte de la Fiscalía que se venció el plazo solicitado para las investigaciones, por lo menos para la persona detenida, y lo que sigue es que un juez determine una fecha para la audiencia intermedia, pero estamos inciertos de que nos vayan a avisar cuándo se realizará”, expresó el padre de Eric.

Agregó que no se explica por qué no les permiten que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso por el delito de portación de arma de fuego.

Pese a estos obstáculos, la familia continúa con esta lucha y agradece a quienes han apoyado para visibilizar estas irregularidades.

Cabe señalar que Heridas Abiertas solicitó información a la vocería de la FGED y pese a que mostraron disposición para dar a conocer el estatus actual de este proceso legal y precisar si existe o no orden de aprehensión contra el segundo señalado en el asesinato de Eric, hasta la redacción de este artículo no se obtuvo una respuesta en concreto.

Eric Andrade fue asesinado y no cambió de fondo las condiciones para realizar las pasantías

“El tema de la violencia hacia médicos pasantes es el área más afectada dentro de la formación de médicos, y es un tema que se continúa manifestando”, señaló Rocío González, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF).

Aunque reconoció que, quizá a partir de los hechos que se registraron el año pasado, y en especial con la muerte de Eric, se pudo visibilizar más la problemática que se registra en el país, incluso, se pudo establecer comunicación con autoridades de manera más estrecha, pero las situaciones no han cambiado mucho.

Rocío González dijo que, como tal, no existe un registro o un seguimiento especializado por parte de alguna instancia de gobierno que dé continuidad a la impartición de justicia en hechos de agresión a médicos en formación, por lo que tampoco se conoce una cifra real de cuántos estudiantes de esta profesión han perdido la vida en los últimos años.

Por tal motivo, asociaciones como la AMMEF realizan sus propios estudios de la realidad que enfrentan los estudiantes de medicina. Así, hasta el año pasado, la organización daba cuenta que cuatro de cada diez pasantes sufrían amenazas, de un promedio de 6 mil jóvenes que año con año realizan su servicio social en comunidades alejadas del país.

En la publicación que se ubica en el blog de la AMMEF, se señala que la mayoría de los médicos pasantes reciben amenazas o el crimen organizado los secuestra.

La asociación estima que al menos un médico pasante fue asesinado anualmente en los últimos cinco años y considera que estos profesionistas en formación no deben ser enviados a áreas de riesgo, pues carecen de respaldo laboral y legal.

Sobre este punto, Rocío González, señaló que lo que estipula la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013 (Educación en Salud Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología), el seguimiento de las pasantías y servicios sociales se tiene que dar por parte de las instituciones a las que están adscritas y por parte de las universidades.

“Tristemente son médicos pasantes que, en caso de que tengan la oportunidad de denunciar, se topan con pared con la institución de Salud, y cuando recurren a la universidad en ocasiones son ayudados, pero las universidades también les dicen que están un poco atadas de manos porque primero está lo que les diga el Hospital o la clínica, y si la universidad se queja, pues les retiran las plazas”, manifestó Rocío González.

Añadió que, ante la falta de respaldo de parte de la universidad o de las instituciones de salud, el Colectivo Médicxs en Formación recibe y da seguimiento a un promedio de tres nuevas quejas por semana.

La presidenta de la AMMEF señaló que, si bien, tras la muerte de Eric las autoridades de Durango se comprometieron a retirar las plazas para servicio social de las zonas que no contaran con las características mínimas para garantizar las seguridad e integridad de los pasantes, colegas de este estado refieren que estos sitios son ofertados de nueva cuenta en este año y los pasantes son enviados a sectores rurales.

Añadió que el médico pasante no se puede negar a tomar el sitio asignado, ya que es el requisito que pone el gobierno para expedir su título.

Esta situación provocó que, a inicios del 2023, estudiantes de medicina de Gómez Palacio, Durango se manifestaran y exigieran espacios seguras.

Aquellos médicos pasantes que terminan en plazas tipo C, es decir, que están ubicadas en comunidades rurales con una población dispersa inferior a dos mil 500 habitantes, se pueden enfrentar a que no se cuente con los servicios básicos, tampoco con la señal adecuada para comunicarse por celular con alguien de su confianza en caso de que se requiera.

Rocío González citó como ejemplo que existen médicos que son amenazados, incluso golpeados, porque algunas personas de esa zona ingresan a las clínicas a robar.

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Advirtió que los grupos del crimen organizado, ubicados principalmente en las zonas serranas del norte del país, hacen secuestro exprés del médico pasante para que puedan atender algunos de sus integrantes, lo cual les genera temor porque, si algo sale mal, “es probable que no los regresen”.

Médicos pasantes en zonas de riesgo tienen una beca deficiente, ya que  reciben al mes tres mil 600 pesos, con lo que tienen que hacer frente a los gastos de transporte, alimentación, incluso de hospedaje. Algunos tienen la ventaja de contar con el apoyo de sus padres.

La muerte de Eric Andrade movilizó a miles de estudiantes para pedir justicia por su caso y de otros pasantes asesinados. Foto: Archivo Heridas Abiertas.

La muerte de Eric Andrade movilizó a miles de estudiantes para pedir justicia por su caso y de otros pasantes asesinados. Foto: Archivo Heridas Abiertas.

Sobre por qué las corporaciones de seguridad no han realizado una relación aparte de los homicidios o delitos contra la integridad de los médicos pasantes, la presidenta de la AMMEF consideró que se debe a que lo integran al catálogo general de delitos que marca el Código Penal.

“Está como el caso de la doctora Mariana, de Chiapas, que se consideró un feminicidio, pero fuera de ahí, las estadísticas son un poco invisibilizadas porque todos los días ocurren actos de violencia que se quedan atrapadas en la denuncia que no llega ni a la Jurisdicción Sanitaria, o que se realizan en la universidad, pero que sólo se manejan de manera interna”, apuntó González.

El caso al que se hace alusión, es el de Mariana Sánchez que, en enero de 2021, apareció muerta en la clínica ubicada en un poblado del municipio de Ocosingo, Chiapas. Al parecer, la joven usaba un cuarto en este hospital en el que prestaba su servicio médico —por no contar con recursos económicos para pagar un alojamiento—y fue encontrada con marcas de estrangulamiento.

Siete meses después, la mamá de la doctora Mariana, Lourdes Dávalos, pierde la vida por cáncer, sin haber alcanzado la justicia para su hija.

A la espera de justicia y mejores condiciones para los médicos pasantes del país

Este fin de semana, se llevaron a cabo dos misas en la ciudad de Durango por el primer año del asesinato de Eric, ambas programadas por sus familias, quienes dijeron desconocer si la comunidad médica realizó alguna actividad para reiterar la exigencia de justicia y mejores condiciones para los médicos pasantes.

Por su parte, Rocío González expuso que es necesario que las autoridades y universidades establezcan diálogos directos con los estudiantes de medicina para llevar a cabo estas etapas con seguridad.

En tanto, los allegados a Eric esperan que de manera oficial les digan cuándo se llevarán a cabo las audiencias de Florentino “N”, uno de los presuntos responsables de la muerte de Eric, y si retomarán la búsqueda del otro probable autor material de estos lamentables hechos.

Asimismo, la familia ha decidido abrir la carpeta de investigación para aquellos medios de comunicación que busquen promover la verdad y dar un paso adelante para que tanto Eric, como otros médicos pasantes que han perdido la vida, puedan obtener justicia.

Santuarios para erigir la memoria

#ComunidadDeMedios | Heridas Abiertas | Gilberto Lastra

El recuerdo de un ausente se materializa en el mundo transitado de lo cotidiano, en el pasado: en memoriales. La vida, antes ordinaria, ahora es incertidumbre por el destino plagado de tantas posibilidades funestas. 

David Bermúdez, miembro de Aluna, asociación civil de acompañamiento psicosocial, afirma que con estos espacios “se trata de aludir a la presencia en las calles, en las ciudades; las ausencias que son un grito comunal de las familiares de un desaparecido. Una denuncia sublimada por el pariente de alguien que no está. Es un registro de las diferentes etapas de convivir con el paso del tiempo”.

La Plaza de los Desaparecidos es una herida abierta en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. No apela a la memoria pasada, sino al reclamo presente como un grito silencioso, íntimo. Es el espacio que se percibe, pero que la burocracia neolonesa no voltea a ver. Sin embargo ahí está: rostros y nombres sostienen el lugar a la mirada de todos, del gobierno y de los frágiles ciudadanos ante los asaltos al destino. 

Foto: Luis Alberto López

Foto: Luis Alberto López

El 11 de enero de 2014, Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), con experiencia en la búsqueda y un mismo sentimiento de clamar a los muros del Gobierno investigar sin eco, fundaron la Plaza de los Desaparecidos para que cada vistazo que dé un funcionario público le recuerde la deuda que tienen hasta hoy. Ese año, el registro fue de 2 mil 315 ciudadanos sin paradero, para abril de 2023 la cifra asciende a 6 mil 510 en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

Sobre los declives de cemento de lo que era una fuente, los rostros pintados en fondos de colores se observan desde cualquier punto cercano. En el centro, los nombres de los ausentes están grabados en cristal, porque son parte de la vista en la ciudad: su carne y hueso en vida, arrebatados. Hay una pequeña barandilla enfundada con fichas de búsqueda. Por debajo, a la vista, hay una cruz y la cifra del cisma de la estadística de quienes no están: +100 mil desaparecidos. 

“No podemos dejar de nombrarlos. Porque lo que no se nombra no existe”, asegura Leticia Hidalgo, madre de Roy, sin paradero desde 2011. Por eso se resignifica el espacio público, para concentrar el reclamo de los familiares y que permanezca anclado al tiempo su imagen. 

“Que siempre los ojos de los desaparecidos los estén viendo, que los sigan a donde vayan, y los llantos de sus madres nunca los dejen dormir”, sentencia Leticia.

La activista Leticia menciona que La Plaza de los Desaparecidos no es el único lugar resignificado para devolver la mirada a quienes no están. Sobre la calle Juan Ignacio Ramón, en 2019, varias organizaciones civiles erigieron otro monumento para visibilizar a mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. E in situ, donde se vio por última vez a Brenda Damaris González Solís, en 2020, se levantó una efigie para hacerla presente. 

En Hidalgo, un municipio rural a 40 kilómetros al norte de Monterrey, tras dos años de investigación, los buscadores dieron con un sitio de exterminio conocido como “El tubo” entre huizaches y gobernadoras. En la pendiente de un cerro, hallaron los primeros restos, a 216 metros, en una perforación para extracción de agua, y con prendas y credenciales constataron que había más restos. Alcanzaron hasta los 843 metros para rescatar al último, relata la señora Leticia Hidalgo. En “El tubo” se encontraron 10 mil restos humanos y se obtuvieron 17 perfiles genéticos de diez seres humanos reconocidos. Todavía resta por confirmar al menos cinco más. 

Foto: Luis Alberto López

Foto: Luis Alberto López

Tardaron 155 días en el hallazgo, entre los cambios de estación, lluvia, sol, ventarrones, polvo, narra la madre de Roy. Antes de sellar “El tubo”, flores lanzadas por el ducto dieron color y vida a esa oscuridad. Una placa de cemento impide que sea utilizado de nuevo por delincuentes. 

“Convertirlo de un lugar malo, o maldito, a veces dicen: en un lugar sagrado. Toda la maldad la cambiamos por todo el amor que se desbordó ahí”, rememora Leticia. 

Afrontar al destino 

Un árbol con fichas de búsqueda como si fueran hojas se marchita. Listones verdes y todas sus tonalidades anidan el mensaje de quien los espera. Sobre el tronco donde comienza la bifurcación se agolpa la mayoría de los trozos de tela alargados con los nombres de cada uno de los ausentes.

Los rostros permanecen intactos en las sombras hechas por las ramas agitadas por el viento. Durante años, familiares sin pertenencia a algún colectivo de búsqueda, colocan imágenes de sus seres queridos en la Alameda Zaragoza de Torreón, Coahuila, sin que nadie se dé cuenta.

Este memorial es el Árbol de la Esperanza. Así lo nombraron los integrantes Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUUNDEC) desde 2015, cuando se alcanzó la cifra, hasta ese año, de 3 mil 247 ciudadanos sin paradero registrados en cifras gubernamentales. 

El Árbol parece abandonado por autoridades, aunque no lo esté por los familiares de los ausentes. Es un compañero en el tiempo, dice Ixchel Mireles, esposa de Armando Tapia, de quien no tiene noticia alguna desde 2010. Cada estación del año es similar al estado de ánimo de los buscadores: “A ratos nos da esperanza y se pone verde cuando creemos que tenemos un dato —de su familiar—, o se caen las hojas. En ratos parece que está muriendo”, recalca. 

Ese rumor de las ramas, durante el día y la noche, es la metáfora donde se ocultan los indicios para encontrarlos desde el momento que no supieron más de ellos: “El viento se los ha llevado y no sabemos dónde están”, testifica Ixchel. 

Foto: Francisco Rodríguez

Foto: Francisco Rodríguez

A un lado del árbol hay una estructura negra, hecha de metal, que simboliza las trabas para el acceso a la justicia de las víctimas, como lo propusieron los miembros de FUUNDEC, pero también hay rectángulos vacíos, como cada persona a la que le falta un alguien, reseña Mireles. 

Al final del invierno del 2022 se esperaban nuevas hojas del árbol, pero nunca reverdeció. Un hongo en las raíces lo mató, pero su tronco se preserva en una cápsula. Intentaron rescatarlo. Nada se podía hacer. Para los buscadores, la tristeza lo secó: lleva el fruto de la ausencia de todos. Ahora hay plantado uno joven, y florece la memoria con listones verdes. Lo rodean pequeños guardianes blancos de roca.

Foto: Fernando De la Vara

Foto: Fernando De la Vara

De otro lado de la Alameda Zaragoza, un par de rocas que fueron testigos silenciosos de las masacres en Patrocinio, en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, a 65 kilómetros de Torreón y a unos 90 km de Estación Claudio, en el municipio de Viesca, Coahuila, dos sitios de exterminio donde se encontró bisutería de calcio, la última resistencia de esos seres humanos para persistir.

Las piedras están cubiertas por cristal, flanqueadas por túneles con los nombres de desaparecidos quienes sus familiares aceptaron que fueran grabados, asegura Silvia Ortiz, vocera de Grupo VIDA y madre de Fanny, buscada desde 2004: “No están todos. Son casi 300 nombres los que están ahí”.

Los túneles son una abstracción del paso de madres, padres o hijos e hijas por la búsqueda a ciegas, cuando Coahuila fue de los primeros lugares en México de desaparición y no había forma de frenarla. “Los tres túneles se conectan cuando las familias nos conocemos”, recuerda Silvia.

“Cada nombre ahí, y los que ahora desean grabarse, es el recordatorio para el Gobierno de la deuda pendiente con la sociedad, por no hallarlos; también son un recordatorio para el ciudadano común que tenga algún dato para dar con el paradero de sus cercanos”, afianza Ortiz su argumento.

Foto: Fernando De la Vara

Foto: Fernando De la Vara

Es un lugar para la presencia, porque acuden hijos con sus madres o padres con sus menores a celebrar fechas importantes por sus perdidos. “El día de su cumpleaños ponen flores, y ahí hacen el festejo. Es un lugar donde pueden recordar. No están muertos o si están muertos no los han encontrado y no hay panteón para ir a llorarles”, narra Silvia Ortiz..

Todos miran el presente 

El trino de los pájaros de la plaza se escucha. Murmullos. El motor de un autobús de pasajeros revoluciona. Una mujer camina por la banqueta y llama su atención el fondo morado de un mural. Y sigue su camino.

Rostros impasibles regresan de la ausencia. Todos son de desaparecidos, pero una pincelada gruesa de color negro les ofrece la mirada de nuevo. Los devuelve al tiempo corriente. Un corazón pintado se sostiene de listones, es el corazón de cualquier madre o padre, hijo o hija, incluso hermano. Las flores por todos los puntos a la vista se asemejan a un edén.

Es un lugar para sanar un poco por la ausencia, pero no es la cura. Eso significan los murales para María Isabel Cruz, fundadora de Sabuesos Guerreras. Es magia en medio de la ciudad donde se llevaron a Yosimar, policía municipal, sin paradero desde 2017, cuando comenzó a pegar carteles por las calles de Culiacán, Sinaloa. Una y otra vez ha visto el rostro de su hijo en el presente.

Tomar el paisaje urbano: un árbol, cualquier pared para crear un altar, y contrarrestar la versión oficial: “Una persona ausente, al atravesar la jurisdicción del Gobierno, se convierte en una cifra, en un expediente”, asegura María Isabel. Además: “Es reencarnar el espacio donde los desaparecidos habitan aún. Sientes la vibración, y la vibra de cada uno de ellos”, refiere Cruz.

Ante la incertidumbre de no saber dónde están, los sitios sagrados en Culiacán los traen de vuelta para escucharlos, tal como fue en la vida común junto a ellos. Ir de un lugar a otro y pasar frente a ellos es difundir su mensaje silencioso.

Desde 2018, Sabuesos Guerreras, comenzaron la pinta de los rostros de sus desaparecidos en bardas, primero fueron 62 y luego otros 72. Frente a la catedral colocaron azulejos con las caras de sus desaparecidos y luego listones anudados en las ramas de los árboles.

Foto: Redes sociales Sabuesos Guerreras

Foto: Redes sociales Sabuesos Guerreras

“Ellos (los desaparecidos) quieren estar visibilizados. No quieren estar en la oscuridad”, asienta Isabel Cruz.

La voz, la presencia y la vuelta a casa de todos los ausentes, es lo que piden desde cada sitio resignificado por los miembros del colectivo. María Isabel habla de una cifra lejana a la oficial: hasta 18 mil, cuando en la estadística oficial solamente hay registro oficial de 5 mil 514. “No nos alcanzarían las bardas, no nos alcanzarían los árboles ni tantos listones para visibilizar a las personas desaparecidas”, lamenta la activista.

El colectivo asiste a las inmediaciones de la catedral para realizar un pequeño ritual de todos los ausentes en los azulejos cada mes. Cruz también lo hace cada mañana en casa, de manera íntima. Luego sale a la calle a encontrarse con su hijo en los murales. Porque de algo tiene una certeza: “El día que yo muera, hasta ahí va a morir mi hijo, conmigo. Porque nadie más va a gritar su nombre, nadie más va a gritar: ‘ese es Yosimar, está desaparecido, lo voy a buscar’”, narra María Isabel.

La ausencia se vive en el cuerpo 

Un desaparecido siempre deja un vacío en la ciudad, aunque sólo los familiares lo sientan. Se pierde una voz. Ese vacío también existe en el pecho de una madre como Yesenia Carrera, madre de Carlos Antonio, sin paradero desde 2015.

En Chihuahua, Chihuahua, las marchas y manifestaciones son comunes para obligar al Gobierno a investigar sobre el destino de sus seres queridos. Pero no fue hasta la llegada de Colectivo Tomate, que luego de varias reuniones con buscadoras y el Centro Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), alistaron murales para que en la ciudad se hiciera visible el sentir de los familiares.

Foto: Óscar Rosales

Foto: Óscar Rosales

La señora Carrera todos los días viaja en en transporte público. Al ver uno de los murales se estremece.

Cuando arribaron los artistas, ella les aseguró que la ausencia era la sensación de un hueco permanente en el pecho. Así lo plasmaron a su hijo, además, con una mirada hacia el horizonte: él desapareció en Lebarón, poblado a 260 kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua.

Por eso propuso alas para los habitantes de las pinturas. La señora Carrera tardó demasiado en llegar al lugar donde Carlos Antonio colocaba una antena de radiocomunicación para la Fiscalía y no se supo más de su hijo. El patrón del muchacho la trasladó hasta el lugar, la sensación de eternidad la atrapó sin hacer más, narra.

El hueco sigue ahí, en el pecho de Yesenia y también en el mural. Estos agujeros permiten ver traslúcida la ciudad de Chihuahua en cada uno: en el mural hay son dos mujeres, una con el cabello castaño y la otra cano: dos generaciones de buscadoras —también una vela encendida y pañuelo blanco en la mano cada una—, sostienen un listón con su misión de vida: hallar a sus seres queridos. Debajo suyo, una ciudad abandonada, como si sólo los desaparecidos la habitaran.

Foto: Óscar Rosales

Foto: Óscar Rosales

Todos los puntos cardinales

Al no saber dónde está un hijo, ¿a qué lugar se acude para encontrarlo? En Guadalajara, Jalisco, a la Glorieta de las y los Desaparecidos.

Martha Leticia García Cruz, del colectivo Entre cielo y tierra, madre de César Ulises, coloca losetas junto con otras familias, en cada loseta está el rostro y datos de localización. No saber si se encuentran vivos o muertos, es el lugar para traerlos de vuelta, a todos, ese sitio en particular.

Para Marlety —su único hijo contrajo sus nombres y ahora es conocida así—, cada uno de los rostros devuelve a los ciudadanos al presente para encontrarse con sus familiares. Según las cifras oficiales hay 15 mil 12 desaparecidos hasta abril de 2023, pero los colectivos lo dudan, consideran que hay más.

Recuerda que el 2021, por las restricciones sanitarias, para el Día de la madre, ella viajó dos horas desde el municipio de La Barca a la Glorieta de los Desaparecidos,y se encontró sólo con 15 familias en la Glorieta.

Todos deseaban gritar en el sitio donde se percibe el avance para rescatar a los desaparecidos del olvido, porque a pesar de llevar las pruebas a las autoridades para su investigación, no ha habido resultados. Las familias se abrazaron y el llanto los contagió entre ellos. Hablaron sobre cada ausente, anécdotas siempre bienvenidas y escuchadas. Alcanzaron la comunión. “Yo necesitaba acudir ahí”, evoca Marlety.

Foto: Héctor LópezComo guía de un colectivo, Marlety sien

Foto: Héctor López

Como guía de un colectivo, Marlety siente al santuario como un lugar de descanso en el calvario de la búsqueda, sirve como un espacio en el mundo para rezarles o hablar con ellos. La Glorieta de los Desaparecidos es un lugar para alcanzar la comunión con quien no está. “Vamos y abrazamos la loseta. Vemos la loseta. Decimos que nos escuchan y nos acompañan. Van a sentir esa vibra, ese deseo de encontrarles”, narra la guía.

Aun cuando en casa hay fotografías de todos ellos o continúan sus recámaras cerradas y mantienen sin cambios hasta su vuelta, tras ir a buscarlos, tras investigar, Marlety reflexiona sobre por qué asistir a ese oasis en medio de la ausencia: “Siempre ir a esos lugares, como que sustituye una tumba”.

Refiere la madre de César Ulises que, durante el arribo de caravanas de otros estados al lugar, han localizado al menos tres personas desaparecidas con denuncia formal. El cuerpo de una menor de 14 años desaparecida en Ciudad de México fue hallado en el Instituto de Ciencias Forenses. También, mientras transmitían en vivo por redes sociales colectivos, los jaliscienses informaron sobre dos personas con vida, ahora ya en casa.

Encontrar a uno es hallar al propio 

Un corazón emana nombres de desaparecidos al viento. Y por debajo, una frase que lo nutre con un grito: “Hasta encontrarles”, al agolparse la nombradía de cada uno, cuando el colectivo Por amor a ellxs se reunía desde el 9 de mayo de 2021 tras inaugurarlo.

Pero meses después, el 20 de noviembre, letras de retícula en la pared: MTA aparecieron y echaron abajo por un tiempo lo logrado junto al grupo #SinJusticiaNoHayPaz, en la calzada Federalismo de Guadalajara, para hacer visible la ausencia de sus consanguíneos.

Miembros del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvieron en la ciudad en esa fecha. El mensaje en la pinta fue claro: intimidar porque los colectivos compartieron información sobre lo sucedido en Jalisco. Además, las letras rompían con el molde de la escritura de los graffiteros juveniles, por eso comenzó la sospecha del colectivo.

Esperanza Chávez Cárdenas, hermana de Miguel Ángel, sin datos de su paradero desde 2014, y fundadora Por amor a ellxs, sintió el resquebrajamiento del lugar destinado para reír y llorar con las demás familias.

Se solicitaron las imágenes de las cámaras de la zona para conocer al autor material, pero se las negaron. Sin embargo, durante una visita posterior para un acto de memoria, por el sistema de videovigilancia, multaron a Esperanza por estacionarse en una zona prohibida.

Buscar espacios y levantar su santuario en Guadalajara es otra misión de vida, para Esperanza, y menciona que si vandalizan su nuevo muro en la calle Alcalde, errarán por la ciudad hasta dar con otro. No importa cuántas veces habrá que hacerlo. “Así nos vuelvan a dañar éste, lo volvemos a hacer”, advierte.

El Estado pretende ocultar a los desaparecidos, coinciden las familias buscadoras. Por eso el memorial es una puerta para regresarlos a la sociedad de donde se los llevaron. Para que lo reconozca cualquier persona que sepa algún indicio, incluso de quienes no se ha interpuesto una denuncia. Porque al hallar, ya sea en vida o en muerte, es recuperar a sus propios ausentes, atestigua.

 “Cuando encontramos a alguien, es un pedacito del tuyo, del que no tienes contigo”, confiesa Esperanza..

Este mural fue vandalizado, pero hasta hoy se habían respetado los nombres. Aún no se ha resarcido el daño.

El porvenir 

Nayarit sufre un ascenso de la desaparición de personas desde 2017. En las cifras oficiales, hay mil 464 ciudadanos sin paradero. Uno de ellos es Bryan Eduardo Arias, hijo de Virginia Garay, fundadora de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros A.C., quien lo rastrea desde 2018.

Tras cinco años de un fenómeno que comenzó con la sustracción masiva de ciudadanos a la vista de todos, un monumento es la única forma de hacerlos visibles.

Garay refiere que la estrategia de los criminales para no hacer visible el fenómeno de la ausencia de gente sustraída persiste hasta hoy, por eso solicitaron al actual gobernador, Miguel Ángel Navarro, un espacio para que sea la piedra angular y hacer público que, en Tepic, el fenómeno de la desaparición forzada trunca destinos de inocentes.

La buscadora habla del ambiente entre los colectivos en cuanto a erigir o no este memorial: algunos familiares refieren que erigir el memorial es dar por muerto a su ser querido. Pero la mayoría considera urgente darle luz a la situación de quienes no están y que su imagen se mantenga viva ante el silencio gubernamental y de los medios de comunicación.

“Hemos gritado, hemos levantado la voz en marchas, hemos hecho plantones, hemos cerrado oficinas, hemos hecho muchas cosas, pero ¿qué nos falta? Nos falta esto, donde más se señale, donde vean turistas y toda la gente que, efectivamente, en Nayarit estamos sufriendo, aunque no salga información a otros estados”, narra Garay.

“Los beneficios del monumento no son para los familiares, sino para a quien se busca, porque ese espacio es el hogar que resguardan los padres y los hijos”, ataja la señora Virginia. Y aunque no hay una propuesta sobre el concepto del proyecto, al menos, el Gobierno del Estado valora espacios donde colocarlo.

El monumento nacional. El guardián de los desaparecidos 

Paseo de la Reforma en Ciudad de México es parte del distrito financiero nacional. De todas las calles del país, podría ser la más vista en imágenes de paseantes o manifestaciones. Desde hace años, está cambiando la simbología de personajes ilustres a antimonumentos: la historia misma, la tragedia se materializa con demandas permanentes, con efigies.

La ruta de la memoria, así la llama Jorge Verástegui, defensor de Derechos Humanos y buscador de su hermano Antonio y su sobrino Antonio de Jesús desde 2009.

Relata que familiares de desaparecidos reflexionaron hace tiempo sobre la avanzada de la resistencia civil con las esculturas que ya estaban colocadas. En el marco de la Onceava Marcha de la Dignidad Nacional el 10 de mayo, coincidió que se encontraba abandonada una glorieta al marchitarse una centenaria palma.

“Se está resignificando por los diferentes grupos que protestamos como un sitio de memoria viva de lo que ocurre actualmente”, reflexiona Verástegui.

Foto: Redes sociales La Glorieta de Las y Los Desaparecidos

Foto: Redes sociales La Glorieta de Las y Los Desaparecidos

Para el activista, desde los estados se hizo patente la necesidad de visibilizar a los sin paradero, con la creación de monumentos para resignificar la historia de cada región en México. Y la capital mexicana,es un punto para simbolizar lo que en cada provincia sucede.

En la Glorieta de los Desaparecidos no son los colectivos u organizaciones de la sociedad civil, sino las familias quienes hacen avanzar el proceso para convertirlo en santuario. Las primeras fotografías colocadas fueron sin logotipos como un mensaje y cualquier ciudadano coloque la imagen de su ausente, atestigua Verástegui.

La incapacidad de los Gobiernos para resolver las demandas de búsqueda tampoco ayuda para contar con un espacio: “Decidimos realizarlo como realizamos nuestras búsquedas, independientes”, asesta: y prosigue que a pesar de que la regencia de Ciudad de México en apariencia es de ideología de izquierda, se comporta como de derecha.

Recuerda la remoción de las primeras placas colocadas por la noche por autoridades capitalinas, “y las tiró a la basura. Nosotros les hemos pedido que nos las regresen, pero nos dicen que no saben dónde están”.

“Desentenderse del tema, culpar a alguien más, o si ya está tomada la decisión sobre el destino de la que fuera la Glorieta de la Palma, nada se puede hacer”, insiste el activista y asume que es la estrategia del Gobierno para negar el espacio: ”También porque carece de sensibilidad para atender una demanda de más de 100 mil familiares en México”.

Al nombrar a cada uno de los ausentes, invocar su presencia, avivar la memoria en la avenida más importante del país, Verástegui evoca: “Por eso le decíamos al Gobierno que para ellos posiblemente las fotografías que quitaron era basura, pero para nosotros tiene un simbolismo mucho mayor, porque simboliza lo que nos queda de nuestros familiares: ese recuerdo”.

Recuerda la encuesta hecha por el Gobierno de Ciudad de México para conocer las especies de árbol para suplir la palma, y al ser un ahuehuete el ganador de la encuesta, las familias la consideraron como un indicio importante para preservar la memoria: es longevo y un símbolo nacional. Lo llamaron “El Guardián de los desaparecidos”. Levantaron un cerco cuando fue recién plantado y pensaron que si colgaban las fotografías de sus seres queridos lograrían bajar el estrés del trasplante a ese lugar, para que luego cuidara a sus familiares.

Foto: Redes sociales La Glorieta de Las y Los Desaparecidos

Foto: Redes sociales La Glorieta de Las y Los Desaparecidos

La propuesta del Gobierno de Ciudad de México es que la Estela de Luz sea el monumento para aglutinar las manifestaciones sobre la violencia, pero el origen de la Estela está manchado por la administración del ex presidente, Felipe Calderón. No es un lugar digno para los ausentes, la Glorieta de los desaparecidos es un lugar impoluto para preservar la estancia y la memoria de sus seres queridos, selló el argumento Verástegui.

La Glorieta de los Desaparecidos hoy es un símil de los sitios donde buscan a los ausentes. Amurallado por la burocracia y la indolencia. Así se seca el primer ahuehuete y se reemplaza por uno nuevo. Pero con ese estigma del rechazo a obsequiar un espacio para llorar, rezar por quien no está.

A la brava ese: ¿Dónde andarás?

#ComunidadDeMedios | Guayo Valenzuela | Heridas Abiertas

Este morrito tiene todo para ser un artista apasionado o un aguerrido sicario. La idea me vino a la mente para describirlo durante aquellas tardes que él se seguía acercando.

Por primera yo llegaba contento a dar clases para niñas y niños en aquella especie de centro comunitario, donde el exceso de calor, lo semiabandonado del lugar, el montón de menores con carencias afectivas con necesidad de esparcimiento, alrededor los plomazos y los estragos de la guerra del narco, me causaron la finta de que había llegado a autoinmolarme en la cima del Cerro de la Cruz.

A diferencia de otros chavos que se mostraron desinteresados, que se esfumaron de cuete, o si se mantuvieron sólo para hacer travesuras, él sí se quedó en la clase de pintura. Se notaba limpio, con tenis machines, con algunos 11 años, se quería imponer con una actitud enfrentada.

Al igual que los muchos niños y niñas de ese barrio violentado con la irrupción de los sanguinarios Zetas, se notaba gustoso al asistir de manera asidua. También, al igual que los demás, mostró un ávido interés y una curiosidad que crecía cada día más.

En lo que no se parecía a la mayoría era la personalidad, a menudo liosa, el típico morro abusón que le daba sus machichas a los más pequeños, se burlaba de ellos, los retaba a fregazos o les metía el pie para tumbarlos cuando estaban distraídos. Disfrutaba provocar el relajo, sobre todo cuando el grupo se prendía.

Cierto día me mostró una serie de videos animados en Youtube y mientras soltaba las carcajadas, los personajes de caricatura en el monitor de mi compu se sacaban los ojos, las tripas, o se cortaban la cabeza.

Entre sus vecinos y camaradas, puros infantes que adoraban y festejaban el reciente campeonato del Santos Laguna, se paraba presuntuoso y de frente se las soltaba: ¡Na, na, yo sí le voy, le voy al América!

En una ocasión, casi al final de la clase, él reposaba semi acostado en la mesa donde trabajábamos, del laredo de sus pies estaba una niña, de esas limpias y de rasgos finos, que aún no acababa el ejercicio, de pronto él levantó un pie y se escuchó una sonora flatulencia. La pequeña volteó a verme avergonzada, esperando mi respuesta. Él me reclamó con una sonrisa burlona, las manos en la nuca y diciendo: Profe, más vale perder un amigo, que perder una tripa. A la semana siguiente ya estaba en primera fila, esperando que le levantará el castigo: ¡Profe deme otra oportunidad!

Mientras a nuestro alrededor, durante esos días y noches largas, no paraban los enfrentamientos entre Chapos y Zetas, y no cesaban de aparecer cuerpos mutilados, un sábado tempra, durante la clase, yo atacaba la idea sembrada por la narcocultura de forrarte de feria fácil: Ese jale los llevará directo a la muerte, dije. Con una mirada tranquila y seria, él me la retachó: ¡Naaa, Profe, para morir nacemos!

“Es su manera de llamar la atención, anda en busca de una figura paterna, por lo mismo se acerca a ti, la historia de que su papá esta allá en los Cabos, debe ser una fantasía infantil. Su mamá es madre soltera, tampoco tiene una relación muy chida con ella, y según dicen sus compas y vecinos, el oficio al que ella se dedica hace que él se avergüence, pero creo que todo niño se avergonzaría”. Me dijo una compañera que les daba otra clase, y prosiguió, “A mí lo que más me da pendiente es que de grande va a hacer sufrir mucho a las mujeres que se le acerquen. Va a ser un hombre guapo, ahorita ya es un niño bien parecido, con sus ojos amielados y piel bronceada. Va a ser difícil tratar con él”.

Es muy probable que después de que pasara la calamidad de la guerra del narco, que a la de agüi-güi trajo a la Laguna el profe Moreira, las cosas a su familia les hubieran salido, como a mucha raza del barrio, medianamente bien, si no hubiera sido porque, a su tía, que vivía al laredo de su casa, hubiera decidido atender con la preparación de la comida diaria a los Zetas que vigilaban el territorio.

Probablemente se animó a atenderlos por sentir alguna protección para sus dos chavos y la niña, quizás también por percibirse superior ante las vecinas chismosotas, pero lo más probable es que se metió por las carencias monetarias. Lo que sí, es que nunca pensó que el dominio de los Zetones en cualquier momento se iba a esfumar.

Cierto día de los ordinarios de la época, luego de varias jornadas de enfrentamientos, plomazos, granadazos, de cuerpos regados y alguno que otro decapitado, los de Sinaloa al fin tomaron el control de la colonia, el Cerro de la Cruz volvió a ser chapo. Lo primero que hicieron al arribar fue buscar y agradecer a los aliados, pero también darle su premio a la raza que había jalado con los de la última letra.

No era difícil dar con el cantón de la señora que les surtía la comida. Nunca se supo si se confundieron o si ya les urgía soltar la rabia y ponerle el ejemplo a la colonia, pero como no encontraron a una, se llevaron a la hermana. Días después la jefita de mi alumno apareció ejecutada, envuelta en una bolsa negra, allá por los rumbos del auditorio municipal. Parece que la ahorcaron.

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Con la noticia del levantón, lo que quedó de las dos familias, tía, hijos y primo, salieron de un instante a otro en automático del barrio. Llevándose sólo lo que traían puesto, las posesiones que dejaron sirvieron para que los sicarios de los chapos las regaran al frente de la calle, como símbolo de paga, humillación y escarmiento, ante tochos los vecinos.

Luego del broncón nadie volvió a saber de ellos. Literalmente se perdieron del mapa. La aterrada familia se fue sin la certeza de a dónde ir a parar, borrando sus huellas por detrás, huyendo, huyendo lo más lejotes posible.

Pasado ya un rato sigo pensando en este chavo, cuando le conocí, y como destello cuando me aventuré a profetizar su futuro. Me vienen a la mente varias preguntas, ¿habrá estudiado? ¿En que trabajará? ¿Vivirá tranquilo? ¿Tendrá a una morrita alrededor que le ayude a olvidar lo sangriento de su pasado durante el sexenio de Felipe Calderón? ¿Será un artista apasionado o un aguerrido sicario?

Pero me conformó con tan solo una respuesta, solo quisiera saber ¿dónde estará Milton?

Ilustración de portada: Milton Esteban Valerio Hdz

Recuerdan con viacrucis a migrantes fallecidos en Ciudad Juárez

#ComunidadDeMedios | Camelia Muñoz | Heridas Abiertas

Reunidos a un lado de las vías del tren, el medio que es utilizado principalmente para poder llegar a la frontera, varios de los migrantes llevaban las banderas de sus países de origen, incluyendo la de México.

Los nombres de los migrantes que fallecieron la semana pasada en Ciudad Juárez fueron recordados con pequeñas cruces de madera que portaron los participantes del viacrucis organizado por la Casa del Migrante de Saltillo y encabezado por el obispo emérito, Raúl Vera López.

Con la ceremonia -que tuvo lugar este viernes 7 de abril- también se recordó la obra del padre Pedro Pantoja, quien por años llevaba a cabo la actividad  en los alrededores del albergue.

En sus rostros se observaba indignación y temor por lo ocurrido en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde sus compatriotas permanecieron hacinados y luego murieron quemados tras un incendió que se registró en la estación migratoria juarense.

Juan Ángel Alegría, originario de Guatemala, llevaba dos cruces con los nombres de Ernesto Chich y Elvis Adelmar Pérez Esteban, ambos sus connacionales de 39 y 23 años de edad, respectivamente.

En varias ocasiones bajaba su mirada al escuchar las palabras de Vera López al decir que el sufrimiento de miles de migrantes es igual al que padeció Jesús, al ser perseguido, dejar a su madre, ser traicionado y finalmente crucificado.

“El viacrucis pone ante nosotros las cosas arbitrarias que se cometieron contra Jesús. Él quiso sufrir lo que el mal nos hace sufrir aquí en la tierra. Nos trae la memoria, el sufrimiento de un inocente, como es el sufrimiento  de muchísimas personas”, dijo el obispo emérito.

Juan Ángel se acomodaba el sombrero y miraba las cruces que llevaba en sus manos. Siguió caminando solo en el recorrido por las calles de la colonia Landín. En ese mismo sector por años Pedro Pantoja encabezó la representación de la Pasión de Cristo.

Concepción Guadalupe Sosa Morales, una de las que siempre apoyó al sacerdote fallecido en el 2020, después de ser contagiado de covid-19, compartió unas palabras.

“Él nos hacía participar. Siempre estuvo a favor de ellos (los migrantes) y nos decía que debíamos apoyarlos porque eran hermanos de nosotros y eran como Jesús que andaba migrando. Aquí de repente venía él con personas y pedía apoyo para darles de comer… es muy bueno recordar al padre”.

Juan Ángel se acercó para seguir escuchando lo que significa cada una de las estaciones del vía crucis y entendió por qué a los migrantes los identifican con lo ocurrido el día que Jesús fue crucificado.

Él tuvo que salir de Guatemala por la ola de delincuencia que azota los países de Centroamérica, aunado a las condiciones de pobreza. En su caso dejó a su hija de 13 años de edad y decidió hace cinco meses transitar sin dinero por México.

“Los miles de migrantes terminan asesinados por el crimen organizado y los agentes del estado. Nos volvemos cómplices de los verdugos cuando actuamos todos en la indiferencia ante el drama migratorio. A nosotros nos une un solo sueño que es sacar a nuestras familias adelante y las dejamos a pesar que no podemos tener comodidades, pero tenemos a esa familia y a Dios Padre”, dijo casi al terminar la procesión en las instalaciones de la Casa del Migrante.

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Al término de su intervención, dijo que podía hablar por todos los migrantes presentes y quienes perdieron la vida en diferentes momentos.

“Este país hermoso nos ha brindado calor y mucho amor; nos ha recibido con los brazos abiertos para seguir adelante. Muchas gracias a todos y cada uno que nos abren los brazos y a quienes no lo hacen, también”.

Historias para defender a quien defiende

#ComunidadDeMedios | Edith González | Heridas Abiertas

Después de colgar el teléfono, tomó sus cosas apresurada. Su esposo reparaba una tubería de agua, por lo que se aseguró de que sus hijas estuvieran desayunando. Las despidió con un beso, se acomodó la pijama que no había podido lavar por falta de agua y  cerró la puerta.

Esa fue la última vez que la periodista María Esther Aguilar Cansimbe fue vista con vida por su familia.

“Han pasado 4,484 días desde mi desaparición. Soy la primera en la lista de mujeres periodistas desaparecidas en México. Han pasado 13 años de impunidad donde el pinche registro se llena cada día con más nombres”.

El fragmento anterior fue leído e interpretado durante la presentación de la lectura dramatizada “Voces contra el poder”, en la que confluyeron las historias de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, casos de desaparición y familiares de personas desaparecidas en México.

El Teatro Nazas fue el escenario de una serie de narraciones que fluctuaron entre el dolor, la rabia, la tristeza y la esperanza. Artistas teatrales coahuilenses y estudiantes universitarios fueron quienes prestaron su voz en la presentación del pasado 29 de marzo por la noche.

Las historias fueron presentadas de manera alternada. Tenían los acordes de una guitarra de fondo lo que en conjunto atrapó la atención del público, que por ratos, se quedaba con la piel erizada, un nudo en la garganta o de plano al borde de las lágrimas.

“Con un hijo desaparecido cuesta mucho comer. Si estás disfrutando un bocado se te viene la imagen y ya no puedes seguir. Se te queda atorado todo y nada más puedes llorar. Ahora lo que he aprendido a hacer es hablar sola como loquita y decir: ‘hijos los quiero encontrar y quiero estar viva y quiero saber qué pasó con ustedes y perdónenme, pero pues tengo que comer’.

 Lo que más me desgasta es que todo el tiempo una se pregunta ¿Cómo están? ¿Qué les están haciendo? ¿A que los están obligando? si comen o no, ese sentimiento te mata todos los días”.

Estos fragmentos fueron de familias de personas desaparecidas e interpretadas por estudiantes universitarias, quienes al terminar su participación hicieron resonar los nombres de María, Andrea, Josefina, Leticia, Maruca, Angélica, Leonora, Margarita, Esther y Cecilia.

“¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”, clamaron las integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) desde el público.

Por años personas defensoras de derechos humanos y periodistas han compartido esta realidad, así como la lucha de las familias. Es por eso que con esta presentación se les rindió un homenaje para visibilizar, apoyar esta labor y sumar a la sociedad para defender a quien defiende, pues también arriesgan su vida.

Los casos presentados fueron los de Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien ha trabajado de cerca con Fuundec; Jesús Torres Fraire (+), promotor de la creación del Centro de Día para Migrantes que hoy lleva su nombre; Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo y de la periodista Camelia Muñoz.

“Si abres la puerta, la realidad va a entrar a tu casa”

Blanca Martínez llegó al Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios a solicitud del entonces obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera. Había estado antes en Chiapas como defensora.

“Si abres la puerta la realidad va a entrar a tu casa, si la mantienes cerrada ni cuenta te das, pero una vez que todas esas injusticias entran, ¿Cómo le haces para que tus ojos no las vean? Yo espero que mis ojos las distingan siempre, para seguirme indignando.  Me ha tocado ver a las madres, las esposas, hermanos, hermanas e hijos de las personas desaparecidas que se van fortaleciendo cuando saben que alguien les acompaña. Todo ayuda”, leyó la actriz Martha Chávez sobre el sentir de la activista.

Relató que vivimos en un país donde se espera a un “caudillo” que venga a revolucionar todo y desaparezca todos los males y “para iniciar procesos revolucionarios no necesitamos héroes,  necesitamos organizarnos, si no asumes cuáles son tus derechos y por qué es necesario defender los derechos de tu colectivo es muy difícil que haya conquistas más sostenibles. Nunca se logra nada solos”.

Martha externó que uno de los motores que impulsan a Blanca es: que mantendrá la puerta abierta hasta que las autoridades respondan… “Que nos hagan válido el derecho a la verdad, a la justicia, a las medidas de reparación para las familias y nunca más una persona desaparezca”.

“Está muy difundida la idea de que defendemos delincuentes”

Alberto Xicoténcatl es director de la Casa del Migrante de Saltillo desde que tenía 28 años. Estudió Psicología en Puebla y para su servicio social eligió dicha organización en donde conoció más de cerca la situación de las y los migrantes. Su vida y obra fue narrada en voz del actor Arturo Vázquez.

“Todas las noches me duermo pensando en que tú, tú y tú y el de al lado, y yo merecemos ser tratados de la misma forma. Intento soñar la manera más contundente de lograrlo, pero luego despierto y vuelvo a la realidad, no nos tratan igual. Así que cada cosa que pueda hacer para que suceda al menos un poquito, me da satisfacción. Porque a la tierra sí venimos con derechos y no es la naturaleza quien nos los quita”, expresó.

Además de la situación de las y los migrantes, Vázquez estableció que a Alberto le preocupa lo que sucede en México con las personas defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas: “está muy difundida la idea que las personas que defendemos derechos humanos defendemos delincuentes y que estamos en contra del Estado”.

La criminalización de las y los defensores no tiene cabida en un Estado que se jacte de ser responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos, pues esta labor que se lleva a cabo por humanidad, no cesará.

“Cuando veo otros albergues, cuando un migrante nos llama desde Estados Unidos para contarnos que ahí la lleva, todo eso me da esperanza. Todavía hay gente que la puesta a esto con todo y las posibles incongruencias que pueda haber, porque no somos perfectos ni santos ni buenos y no necesitamos serlo, somos seres humanos, solo seres humanos”, manifestó sobre el pensamiento del defensor.

“No tenemos una varita mágica, pero sí una pluma para seguir escribiendo historias”

La periodista Camelia Muñoz es una de las voces más críticas en Coahuila, lo que le ha costado ser blanco de diversas amenazas. El rigor es otra de sus características periodísticas y la utilidad social de su labor.

Camelia Muñoz colabora en diferentes medios de comunicación, entre ellos Heridas Abiertas. Es egresada de la carrera de sociología, pero por azares de la vida eligió al periodismo como su profesión.

En su historia hay amargas experiencias que atravesó a su paso por diferentes espacios en los que trabajó. Cuando laboró en un periódico descubrió que el hermano de un funcionario importante estaba distribuyendo droga y, al publicar la nota, fue desmentida por el mismo medio.

“’Oiga, pero si yo no inventé nada. Entró la policía (al departamento), había una pared con doble fondo y la droga estaba ahí. ¿Por qué pretende hacerme quedar como una mentirosa?’ Me tuve que tragar el desprestigio mientras el director del periódico presumía la camionetota que le acababan de regalar por los servicios prestados”, narró la actriz Cecilia Ramírez sobre la vivencia de Camelia.

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El exgobernador de Coahuila y actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira fue otro de los funcionarios que la quiso desacreditar, pues “dijo que yo estaba del lado de los narcos, que hasta en su nómina estaba. Eso me hizo sentir vulnerable”.

Nada la frenó. En 2014 Camelia ingresó como corresponsal al equipo de Aristegui en MVS y comenzó a trabajar el tema de desapariciones, “desde 2008 empezaron a surgir incidentes y yo salí de Saltillo a comprobar que había muchos casos en muchas partes del estado. Tuve la confianza de las familias que me contaron todo, me dieron documentos”.

La periodista encontró apoyo en una red de reporteros que también investigan casos de desaparición y pudo continuar el ejercicio de su profesión con el menor riesgo posible.

 “Nos merecemos una mejor sociedad y si bien es cierto que no van a desaparecer estas problemáticas, pues al menos que las personas afectadas sientan que sus voces se van a replicar y sus pasos se van a seguir conociendo. No tenemos una varita mágica, pero sí tenemos una pluma para seguir escribiendo estas historias”, compartió Cecilia Ramírez sobre el pensamiento de la periodista.

“Sigamos soñando que otro mundo es posible”

La historia de Jesús Torres fue interpretada por el actor Mace Medina. Narró que todo comenzó un 16 de septiembre, un día después del Grito de Independencia.

“Pasé por las vías y los vi. Eran cuatro. Me dio mucha tristeza y dije: ‘ahorita qué van a encontrar de comer’. Y que me acerco y me los llevo, lo bueno que habíamos tenido cena el 15 y había un resto de comida, un banquetazo que se metieron”.

Originario del ejido San Agustín, vivió una infancia humilde, pero apoyado por la comunidad Jesuita logró terminar sus estudios. Jesús trabajó en el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y con las comunidades eclesiales de la Parroquia de San Judas Tadeo.

“Ahí lo que gusten,  ayudamos a los hermanos migrantes, a las familias de los desaparecidos que ya ven que ahí está bien fuerte la violencia también. Hemos defendido el agua, hemos estado con los trabajadores, con las comunidades, más que nada con cualquier persona que no le respetan sus derechos”, interpretó sobre el defensor.

Jesús Torres soñaba con construir una casa cerca de las vías del tren, paso obligado de  migrantes, para darles alojamiento y una estancia más cómoda, pero falleció en 2011.

Sin embargo, el Centro Juan Gerardi, la Parroquia de San Judas y la Universidad Iberoamericana ganaron unos financiamientos que ayudaron a cristalizar el sueño de Jesús. Levantaron el Centro de Día que lleva su nombre, donde se alimenta a decenas de personas migrantes. La casa abre de 9 de la mañana a 3  de la tarde, hay desayuno, comida, regaderas, teléfono, ropa limpia y primeros auxilios.

“Me voy, pero también me quedo, pues cada vez que ustedes se organicen en la defensa de la vida en la lucha por la justicia, en la solidaridad de los más empobrecidos, aquí voy a estar gritando mis consignas, caminando con ustedes, sigamos soñando que otro mundo es posible”, fue el fragmento de una carta que dejó Jesús Torres antes de morir y que leyó Mace.

“Voces contra el poder” hizo un llamado a las autoridades para la protección de los derechos humanos y a garantizar el ejercicio libre de las y los defensores así como de periodistas. Además de llamar a la sociedad civil, academia y sector privado a organizarse “para luchar y defender nuestros derechos, para construir otro mundo posible desde la colectividad”.

¿Qué es Voces contra el poder?

“Voces contra el poder” es un proyecto fundado y coordinado por el actor y activista Diego Luna. Consiste en el desarrollo de un taller para compartir herramientas que permitan escribir historias de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como los espacios para realizar la obra en distintas instituciones educativas.

En Coahuila participaron estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle Saltillo y la Universidad del Valle de Parras. Se involucran también a actores y actrices del teatro de la entidad para que continúen con el desarrollo del proyecto.

La iniciativa es apoyada por las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights For Justice and Human Rights, El Día Después, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi Asociación Civil, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).

***Fotos tomadas de las cuentas oficiales de El Día Después y Cultura UAdeC Torreón

Caso Allende: una cadena de violaciones a los derechos humanos que no termina

#ComunidadDeMedios | Heridas Abiertas | Camelia Muñoz

La llamada Masacre de Allende mantiene a las víctimas y sus familias en la disyuntiva de obtener la justicia o la verdad, pues ambas será imposible a raíz de que se emitieron actas de defunción de varias personas sin tener certeza de que habían muerto.

De anularse las mismas y retomar el estatus de personas desaparecidas, el proceso judicial abierto por el que hay 11 sentencias: cinco contra elementos de seguridad de dicho municipio y el resto a integrantes de la delincuencia organizada, se vería afectado.

Fue del 18 al 20 de marzo de 2011 cuando integrantes de Los Zetas se desplegaron por diversos puntos para privar de su libertad a varios habitantes del municipio ubicado en la región Cinco Manantiales, a poco más de 57  kilómetros  de distancia de la frontera con Texas, hacia donde huyeron muchos más.

De acuerdo a la recomendación 10VG/2018, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hubo 38 víctimas.

Las cifras del gobierno de Coahuila apuntan a que fueron 28, aunque funcionarios de la administración de Rubén Moreira Valdez (2011-2017) filtraron que había más de 300 personas que estaban desaparecidas en Allende y un centenar más en Piedras Negras. Este último número trascendió también en juicios que se llevaron a cabo contra criminales en cortes de Texas.

A 12 años de los acontecimientos, Ariana García del Bosque, abogada y representante legal de familias afectadas por los hechos, señaló que aún quedan muchos aspectos para dimensionar la de por sí tragedia humanitaria, denunciada como delito de lesa humanidad ante la Corte Interamericana, junto con el hoy obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

“Los problemas principales son que, sin que las familias supieran, se emitieron las actas de defunción sin siquiera localizar los cuerpos. Entonces al intentar tramitar la declaración de ausencia nos encontramos con la existencia de estas actas de defunción de personas que, aún el Estado sigue buscando porque no fueron localizadas, ni siquiera sin vida. Es decir, que en los supuestos restos o cenizas que encontraron, tampoco se podía determinar científicamente que eran esas personas las que pudieron haber perdido la vida en ese lugar y no hay certeza que eso que se encontró correspondiera a sus cuerpos”, explicó.

En términos del derecho a la identidad de la persona, la especialista destacó que lo realizado por el gobierno de Coahuila vulnera los derechos de las personas desaparecidas y asesinadas, además de las consecuencias que ahora trae a las familias.

En el 2014, varios meses después que el gobierno emprendió un operativo de búsqueda en la Región Norte y rindió un informe sobre lo ocurrido, Moreira Valdez reconoció que fue tierra lo que se entregó a las familias en lugar de evidencias reales de que se trataba de los restos de sus seres queridos.

El Fiscal Especial para el tema Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, refirió que la presunta identificación de las 28 víctimas, que como autoridad reconocen, fue aceptada por las familias.

“Fueron identificadas a través de testimonios que se desarrollaron dentro de la indagatoria”, dijo el funcionario al argumentar que en varios casos sí se trató de las declaraciones obtenidas de los perpetradores y corroborada por las familias.

Explicó que no fueron 28 las actas de defunción emitidas, aunque no precisó el número, y aceptó que la identificación de los restos carecía de métodos científicos.

“Fue algo complejo por el estado en que se guardaban los fragmentos y los indicios biológicos que fueron en su momento asegurados y procesados, pero de la mecánica de los hechos y de los testimonios de la propia versión de las familias, hay una situación que permite identificar o posicionar en el lugar de los hechos a cierto número de personas y luego posicionarlas en el lugar donde se mantenían privados de la libertad”, sostuvo.

Puntualizó que en los indicios biológicos asegurados en los ranchos a donde fueron llevadas las personas después de privarlas de la libertad ha sido imposible obtener ADN por el grado de calcinación.

“La identificación por medio del ADN es una parte, pero también hay otros medios de prueba y hay otras situaciones que nos llevan precisamente a identificar a una persona”.

La abogada Ariana García del Bosque resaltó que estos errores cometidos en el pasado imposibilitan trámites que ahora las familias deben realizar, tales como una declaración de ausencia que permita  proteger el patrimonio de la persona que fue desaparecida, que sus derechos sigan vigentes en términos laborales y para las prestaciones sociales que deriven.

“Ahora tenemos que preguntarnos cuáles van a ser los daños colaterales si entramos en la revisión de estos procesos. Evidentemente, y no sólo en el caso de Allende sino en desapariciones posteriores, hay tales irregularidades que violentan los derechos tanto de la víctima como del propio perpetrador y lo único que nos traería como consecuencia es la nulidad de un proceso y la libertad de muchos de los posibles perpetradores que están retenidos actualmente. Esto es un tema de doble cara al que el Estado le apuesta para que las familias no griten, no lo hagan público y no reclamen que la identidad de su ser queridos no está plenamente comprobada”.

En su momento la narrativa de que estos restos correspondían a las víctimas de Allende fue presentada por el entonces procurador Homero Ramos Gloria y el subprocurador para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan José Yáñez Arreola. Ambos hoy ostentan el cargo como magistrado en el Poder Judicial, mientras que su jefe en aquel momento, Rubén Moreira Valdez, coordina a los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional.

Sanciones

De acuerdo con Herrera Cepeda, por los hechos criminales fueron acusadas formalmente 18 personas, nueve de las cuales pertenecen al grupo delictivo y una cantidad similar fueron funcionarios en ese entonces en el municipio de Allende, particularmente elementos de seguridad.

Explicó que la investigación se fragmentó en cinco etapas por la gran cantidad de diligencias, testimonios y asuntos periciales de campo, además de inspecciones ministeriales y otros medios de prueba.

“Hasta ahora se han obtenido 11 sentencias condenatorias cuyas penas oscilan entre los 50 y los 174 años de prisión. Cinco policías municipales fueron sentenciados y el resto son miembros de la delincuencia organizada y el trabajo de la fiscalía actualmente es seguir ubicando a perpetradores a los cuales tenemos identificados algunos por apodos y estamos trabajando en la identidad, primeramente, y luego en la participación que pudieron haber tenido en estos hechos”, puntualizó el funcionario.

La investigación por ello no está cerrada, incluso dejó ver que podrían identificar a más víctimas al igual que a implicados en hechos que llegaron hasta la ciudad de Saltillo, y lo cual no se había dado a conocer anteriormente.

Aunque Ariana García del Bosque señaló que las personas que han sido sentenciadas son de bajo rango, pues en los hechos de Allende también participaron funcionarios que estuvieron involucrados en asesinatos dentro del penal varonil de Piedras Negras.

“Lo complejo aquí es que el propio Estado quiera enjuiciar a sí mismo, porque vemos a muchos de esos altos mandos colocados en puestos estratégicos: en el Poder Judicial como magistrados, en las propias fiscalías con otros niveles, en la propia Secretaría de Seguridad”.

Reparación del daño pendiente

A través de la recomendación emitida por la CNDH se establecieron varias obligaciones para las distintas autoridades del gobierno del estado y el Gobierno Federal.

En lo que corresponde a la reparación del daño, la dependencia que daría seguimiento, además de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Sin embargo, el ombudsman local rechazó atender la solicitud de entrevista con el argumento de que las familias pidieron no hacer públicos los acuerdos.

La abogada Ariana García del Bosque desmintió esa versión y dijo que la comisión no ha dado el seguimiento a las acciones con las que se comprometió, entre ellas concretar una reunión entre las familias y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís

“Esto fue desde inicios del año pasado y durante una reunión plenaria se estableció que la Unidad de Derechos Humanos del Ejecutivo no estaba dando el seguimiento puntual y entonces se encargó a la comisión estatal y a su visitadora general, Gabriela Noguez, para que empezaran con el proceso de documentación y requerir información  sobre los avalúos y hasta el momento no se ha hecho ninguna reparación. A mí me requirieron la información y mi respuesta fue que ellos ya la tenían”, precisó.

Dijo que otro pendiente de la autoridad tiene que ver con un listado de personas que fueron desplazadas tras los hechos ocurridos en Allende durante marzo de 2010.

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“Si bien es cierto que no todas las familias fueron violentadas en esta parte de tener a una persona desaparecida, lo que sí es que muchas familias de Allende y la región tuvieron que desplazarse hacia otros lugares por la violencia que se estaba viviendo en aquellos tiempos, a grado de que sus casas fueron vandalizadas”.

Cabe precisar que la recomendación de la CNDH establece la obligación para que la autoridad estatal haga un censo e identifique a todas estas familias que fueron víctimas del desplazamiento forzado por la violencia que se vivió en esa temporalidad.

García del Bosque reconoció que con estos datos se ampliaría aún más la población que fue afectada por los hechos violentos de marzo de 2011 y hasta un año después que continuaron diversos actos de violencia y de privación ilegal de la libertad, torturas y detenciones arbitrarias.

Puntualizó que incluso varios integrantes de las familias fueron blanco de abusos por parte de los elementos de las corporaciones municipales, particularmente en el caso del municipio de Allende, y quienes fueron los responsables de entregarlos al grupo criminal, pidieron asilo político en Estados Unidos o quizás, como tienen la doble nacionalidad, decidieron asentarse en ese país y algunos retornaron y se encontraron la pérdida de su patrimonio familiar.

Delitos de lesa humanidad

Los hechos de Allende llegaron a cortes internacionales al documentarse que se trató de delito de lesa humanidad, no se aplicó el protocolo de Minessota que precisa de varios elementos para proceder a la rápida investigación y aseguramiento de las evidencias y a  la protección de los derechos de las víctimas.

Aunque no hay aún respuesta, García del Bosque señaló que se cuentan con más elementos para aportar a la petición que se hizo a la Corte Internacional de Derechos Humanos y para lo cual en breve se reunirán con las organizaciones que apoyan el litigio.

Plantan nuevo árbol de la esperanza en memoria de los desaparecidos

Desde agosto de 2015, el árbol de la esperanza que estaba plantado en la Alameda Zaragoza de Torreón, fungía como símbolo  para las y los familiares de personas desaparecidas.

Años después, por los efectos climáticos y la invasión de especies foráneas, un hongo atacó al árbol y lo dejó sin vida y sin el verdor que lo caracterizaba.

Plantan nuevo árbol de la esperanza

Por ese motivo, el miércoles primero de marzo se plantó, de nueva cuenta, un tabachín que dará vida a la lucha de las personas buscadoras, quienes siguen representando, en los símbolos, la importancia de su movimiento.

"Las autoridades están aquí, haciendo entrega de este árbol, esperamos que florezca como sigue floreciendo la esperanza por encontrarlos", comentó María Elena Salazar, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos.

Árbol de la esperanza no significa que autoridades estén dando resultados

Pese a que las autoridades municipales hicieron caso en la petición de plantar un nuevo árbol de la esperanza y dejar un memorial al lado para recordar al anterior, María Elena Salazar lamentó los pocos resultados que están dando los gobiernos federal y estatal en materia de búsqueda y reconocimiento de cuerpos.

Por otro lado, la activista comentó que las autoridades están rebasadas y que no han sabido qué hacer en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas y a la no repetición del delito. La prueba está en los pocos resultados que ha dado el Centro Regional de Identificación Humana.

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"De todas estas exhumaciones masivas, hay más de 500 cuerpos que ha han sido exhumados y ni el 10% ha sido regresado a casa y la finalidad de un centro regional y de lo que nosotros exigimos es que se regresaran a su casa", agregó.

Durante el acto de siembra del árbol, el Padre Rafael López hizo una oración por las personas desparecidas, esparció agua bendita y, las personas a su alrededor, elevaron una plegaria para encontrar a sus seres queridos con vida.

Pasta de Conchos: la impunidad y simulación que persiste en la carbonífera

#ComunidadDeMedios | Camelia Muñoz | Heridas Abiertas

Nadie fue procesado por esto, ya que los delitos que se imputan tienen que ver con cuestiones de la actividad productiva y no con la muerte de los trabajadores.

A la memoria de los mineros fallecidos en siniestros en Coahuila y de sus familiares que murieron sin conocer la justicia.

A 17 años de la tragedia que dejó a 65 muertos, 63 de ellos aún sepultados en el lugar, en la región carbonífera de Coahuila, la muerte de mineros continúa y hay casos de familias donde más de uno de sus integrantes perdieron la vida o quedaron con alguna discapacidad en el mismo o diferente siniestro.

Nadie fue procesado por esto, ya que los delitos que se imputan tienen que ver con cuestiones de la actividad productiva y no con la muerte de los trabajadores.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la “garantía de no repetición” obliga a la autoridades a eliminar los factores que permitan o favorezcan la violación a las garantías individuales, pero en el caso de lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos esto aún no se alcanza.

En entrevistas por separado, Elvira Espinoza Martínez y Guillermo Iglesias, viuda e hijo de trabajadores mineros que quedaron sepultados en la mina propiedad de Grupo México, explican por qué no se logra acceder a la justicia, y comentan que los trabajadores piensan que cada día es posible no salir con vida de las minas.

Para Espinoza Martínez, viuda de Jorge Bladimir Muñoz Delgado, no sancionar penalmente los siniestros, haya o no fallecidos, es lo que permite que ocurran casos como los de Pasta de Conchos, pues los concesionarios o dueños del carbón extraído siguen en libertad y operando la extracción del mineral al pagar una multa.

Ella fue una las viudas que tardó en aceptar las actas de defunción irregulares con las que obtendría una pensión a través del Seguro Social, y señala que si hubiera voluntad para evitar que ocurrieran más inundaciones en las minas, derrumbes o explosiones, como mínimo, las autoridades debieran hacer más inspecciones.

Como ejemplo mencionó lo ocurrido en junio del 2021, cuando en la comunidad de Rancherías, en Coahuila, se inundó y desplomó la mina de arrastre propiedad de la empresa Micarán, en la que murieron 7 trabajadores. La Secretaría del Trabajo clausuró la mina en ese momento, pero ya opera de nuevo.

“Entonces tampoco sirve que les pongas un sello y te vayas, porque ellos como quiera siguen trabajando. Los poceros nunca van a detenerse si no se ponen medidas más estrictas. Nosotras siempre hemos pedido que se penalicen estos actos y que las responsabilidades caigan en lo penal y no en una multa económica. Si hubiera algo judicial, con una condena que les impida estar en libertad y seguir trabajando, ellos lo pensarían un poco más”, señaló Espinoza Martínez.

Para que estas sanciones se lleven a cabo, comentó Espinoza Martínez, es necesario que las autoridades revisen un marco legal para que, en caso de que haya lesionados o muertos en los siniestros, se sancione con cárcel y se considere un homicidio doloso, no imprudencial.

“A mí me molesta que en el caso de El Pinabete, el proceso se lleve por extracción ilícita de carbón. Está bien porque no tiene los permisos para operar, pero ¿y la muerte de los trabajadores?, ¿por ese delito quién paga?, pues nadie. Realmente la vida de los trabajadores no importa porque no hay nadie que se haga responsable”, señala Espinoza Martínez al recordar que no se castigó a funcionarios o empresarios de Grupo México por la muerte de su esposo y de los más de 60 mineros, cuyos cuerpos siguen atrapados en Pasta de Conchos.

En los 17 años transcurridos desde la explosión que cimbró la mina en San Juan de Sabinas, ni los legisladores o alguna autoridad consideran que endurecer las sanciones, más allá de la cuestión administrativa y multas, puede ser una posibilidad para evitar que ocurran este tipo de siniestros.

Las personas que representan a la Organización Familia Pasta de Conchos pidieron las garantías de no repetición en el 2018, cuando la Corte Interamericana  (CIDH) dio entrada a la petición que se hizo en el 2010. Luego se reiteró el compromiso que se firmó en el 2020, entre los deudos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para el rescate de los cuerpos.

Nada se hizo para impedir accidentes. En el 2021 se suscitó el siniestro de Rancherías, cuando una inundación provocó el desplome de la mina de Micarán, donde murieron 7 trabajadores, cuyos cuerpos sí fueron rescatados; en agosto del 2022 los cuerpos de 10 mineros siguen sin ser localizados, luego de quedar atrapados, en el predio El Pinabete.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el 2018 la CIDH admitió la denuncia de las familias por el argumento de que “a 12 años de los hechos no se habían determinado las causas de la explosión, la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los trabajadores mineros”. Tal como aún se encuentra el caso en el 2023.

URGEN REFORMAS QUE  PROTEJAN A LOS TRABAJADORES 

Para Guillermo Iglesias, perito en geología, investigador y docente en la rama de la minería, urgen reformas para que se responsabilice a los concesionarios en caso de que en un siniestro los mineros sufran alguna discapacidad, pierdan la vida o sus cuerpos no puedan rescatarse.

Su padre es uno de los 63 mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos.

“El que haya mucha gente involucrada provoca que al final no se responsabilice a nadie, pero ante la Secretaría de Economía los responsables de las explotaciones de carbón son los concesionarios, no el prestanombres o el que le está trabajando al concesionario, o al supervisor o a la empresa subcontratada. Si no hay ese castigo, el concesionario no se va a aplicar nunca, aunque sea el responsable”, sostuvo.

Iglesias también señaló que las mismas autoridades propician que no se respete la reglamentación en la materia, ya que no se exige que los concesionarios reporten, mes tras mes, al Servicio Geológico Mexicano cualquier obra minera que modifique los límites topográficos. Además, considera necesario cambiar al personal de esa área, pues existen vicios y los responsables permiten situaciones que llevan al peligro a los mineros.

Menciona que con el escaso personal del que se dispone, es difícil que se logre que los dueños de los predios y/o concesionarios de los llamados “pocitos” cumplan a cabalidad con sus obligaciones, esa es la causa de que surjan figuras diversas que diluyen la responsabilidad en caso de un siniestro. Como ejemplo, en la mina El Pinabete el único detenido es quien aparece como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no es el concesionario.

Iglesias considera que en la Ley Minera es donde debe quedar establecido que la responsabilidad caerá en quien tenga la concesión del predio donde se lleva a cabo la explotación.

“Ocurre que el concesionario renta a otra persona más, pero sigue ganando. Esto pasa ahora con la presidenta municipal de Múzquiz (Tania Flores), que quiere comprar Minosa y Micare, pero la concesión sigue a nombre de los Ancira porque ellos la tienen por 20 años; o el caso de las propiedades de los Montemayor o de Armando Guadiana, quienes rentan las concesiones”.

El perito en materia minera señala que “las lagunas en la normativa permiten que la actividad de extracción del carbón, de por sí peligrosa, ponga en riesgo constante a los trabajadores, ya que en muchos casos se contrata a personal no apto para medir los peligros del subsuelo y ocurre lo del Pinabete, donde no se percataron que el bordo de contención del agua ya no estaba”.

“En el caso de Pasta de Conchos el asunto fue geopolítico. El gobierno los mató junto con la empresa porque se los echaron; ellos querían que tronara y así fue. Contrata ingenieros malos, contrata expertos malos y que hagan lo que quieran para sacar dinero y vemos que sucede lo que ocurrió; pues que explotó”, asegura y agrega que bajo ese contexto resulta imposible que dejen de ocurrir siniestros mineros o que disminuyan las probabilidades de que se generen más incidentes.

La Organización Familia Pasta de Conchos tenía el registro de 310 eventos mortales desde 1883 y 2017, además 3 mil 103 fallecimientos registrados derivado de estos siniestros, según el informe El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí acaba el silencio.

INVERSIÓN MILLONARIA NO ES PARA RESCATE

Iglesias ha estado cerca de las labores que empezaron hace meses para llevar a cabo el rescate de los 63 mineros en Pasta de Conchos. Asegura que las tareas no tienen esa finalidad y, con un memorial, las autoridades federales pretenden simular que no se permitirá que haya nuevos derrumbes, explosiones o inundaciones en las minas y pozos de carbón, pero en realidad quieren tapar la zona y las mismas prácticas continuarán: “el minero seguirá bajando con el temor de que puede ser la última ocasión que lo haga”.

Señaló que las autoridades le apuestan al desgaste de las familias, al olvido y a que poco a poco vayan muriendo los peticionarios ante la CIDH, mientras que la autoridad federal maneja el discurso de que siguen las pláticas amistosas, tal como se han comprometido ante el organismo internacional.

Sin embargo los errores en la planeación delatan a las autoridades y el ejemplo no sólo es Pasta de Conchos, también El Pinabete. Ante ello, Iglesias le suma los anuncios de las millonarias inversiones con pocos resultados.

“Esto es un pinche show, esto es cuestión de chingo de dinero: haz algo grandote para que haya una inversión grandota, pero el objetivo, que es el rescate y la recuperación de los cuerpos, no se va a hacer porque no está planeado para eso. Están haciendo inclinados de 200 metros, pero en este tipo de obras debe hacerse tres o cuatro tiros verticales que van directo al núcleo. Tampoco es necesario el uso de explosivos. Así como van se llevará mucho tiempo y no se va a terminar para cuando acabe el gobierno de López Obrador”, puntualizó.

Como prueba de lo anterior, indicó que se contrataron empresas que no tienen experiencia en el ramo y que abandonaron los trabajos, para después subcontratar los servicios de compañías locales. El costo por todo el plan de trabajo en la mina fue establecido en 75 millones de dólares, según registros hemerográficos que citan fuentes de la Presidencia de la República.

REGIÓN ABANDONADA Y ENFERMA

Tanto Guillermo Iglesias como Elvira Espinoza Martínez consideran que en este contexto, la población en la región carbonífera se mantiene en la pobreza y la inseguridad laboral en la minería.

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Elvira recuerda que para que su esposo fuera atendido en Medicina del Trabajo por problemas de salud, principalmente los respiratorios, resultaba muy complicado, y para quienes no estaban sindicalizados era aún más difícil.

Por ello la precaria calidad de la salud de los mineros y de sus familias se vuelve tema relevante, pero sólo es cuando ocurre un nuevo siniestro que las autoridades y la sociedad mantienen la vista en la región, pero al poco tiempo se olvida.

Ambos coinciden en que no hay alternativas de trabajo para la zona, ya que las maquiladoras tienen salarios muy bajos y ni el estado ni la federación consideran que en la región carbonífera se merecen mejores condiciones de vida.

“Siguen los mismos dueños; empresarios y políticos con las concesiones pero, cuando pasa algo, a ellos no se les toca”, dijo Iglesias.