La intocable señora Wallace

Por Antonio Rosales

No pocas veces se ha escrito en este espacio sobre el caso Wallace, aquel que inició con el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto (Wallace Miranda, Miranda Torres o León Miranda, dependiendo del acta de nacimiento a la que se tomé como referencia), hijo de la empresaria y fundadora de la asociación civil Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Caso e historia que aterra por la montaña de atrocidades, contradicciones y pruebas endebles sobre las que se sostiene, y que hacen pensar, con bastantes bases sólidas, la posibilidad de que haya sido fabricado con quien sabe que clase de fines retorcidos, recordándonos que como ciudadanos no solo tenemos que tomar todo tipo de precauciones y cuidarnos de los criminales que operan en la ilegalidad, sino también de los maleantes de cuello blanco que operan “legalmente” y que también abundan entre políticos, empresarios, magnates, policías, militares y posiblemente hasta entre “activistas”.  

En su momento, en 2014 para ser exactos, periodistas de investigación como Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga fueron pioneras en cuestionar e investigar la historia que la señora Wallace, los gobiernos en turno y los grandes corporativos mediáticos nos contaron, aunque ya años antes el bloguero vasco, Luis Miguel Ipiña, había empezado a publicar sobre el tema en un blog que fue cerrado después de que fuera detenido en 2011. Ipiña llegó a sostener en entrevistas para medios como el semanario Proceso y el portal Los Ángeles Press, que le sembraron un arma y que los mismos policías le aseguraron que lo detenían “por haberse metido con la señora Wallace”, tras lo cual pasó año y medio en un penal de Chiconautla, Estado de México. 

A partir de 2019, diferentes medios de comunicación se han sumado al cuestionamiento del caso, si bien es cierto Guadalupe Lizárraga ya llevaba haciendo una labor en solitario, dedicándose al tema completamente desde 2014, tanto como periodista e incluso desde el activismo y el acompañamiento a las familias, a pesar del veto e invisibilización que hasta la fecha su trabajo y el reconocimiento a la autoría original de sus investigaciones, aún padece en la mayoría de los medios de comunicación. 

Sería muy repetitivo aquí rememorar las inconsistencias del caso, así como también las bestiales torturas (asfixia, ahogamiento, golpes, abusos sexuales, descargas eléctricas) a las que han sido sometidos los acusados del caso, sin mencionar las amenazas, persecución, posible espionaje y toda suerte de calumnias y actos intimidatorios que han padecido familiares, abogados, activistas, defensores de Derechos Humanos y periodistas que se han acercado al caso.

El material que se ha publicado al respecto puede encontrarse con algo de búsqueda en la red, para quién realmente esté interesado en conocer los abusos, falsedades y horrores que componen y rodean este caso. Sin exageraciones, ironías, ni sarcasmos: Cualquier película de terror o película policiaca se queda corta ante los profundos infiernos que habitan en el llamado caso Wallace. Y lo peor es que, desgraciadamente, son historias reales y quizás, mucho más comunes de lo que normalmente imaginamos.

Sería más provechoso enfocarnos en una pregunta crucial, que seguramente muchos mexicanos que conocen de este tema se han hecho: ¿En dónde y en qué radica el enorme poder de la señora Isabel Miranda de Wallace, y por qué? ¿Qué es exactamente lo que la hace todopoderosa en el sistema político y judicial mexicano? ¿Por qué es más intocable que la mayoría de los políticos y empresarios de nuestro país? ¿Qué o quién la protege, quién le da (o dio) poder, influencia e impunidad a manos llenas? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Por qué se le permitió controlar todo el poder judicial a su antojo, en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿A quién o a quienes les convenía (o les conviene todavía) empoderarla a tal extremo y dejarla operar a su entero capricho, y por qué? ¿Qué les sabe a todos esos políticos y funcionarios judiciales, o que le deben? ¿La protegen porque la adoran, la respetan o le temen? ¿Por qué? ¿Qué es de todos esos políticos y funcionarios? ¿Socia, cómplice, aliada, amiga, jefa o subordinada? ¿De qué, o en qué, si la señora nunca ha tenido un cargo público, al menos no oficialmente hablando? Además de policías, funcionarios judiciales y políticos, ¿hay empresarios, banqueros u otros poderes fácticos en este oscuro entramado? ¿Por qué resulta tan peligroso tocar estos temas, si finalmente ningún particular debería estar por encima de ningún otro ciudadano (aunque es vox populi que eso no se respeta en los hechos, desgraciadamente)? Muchas preguntas sin resolver, demasiadas especulaciones y pocas respuestas que ayuden a clarificar por completo.

Estas preguntas resultan pertinentes tras la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y de facto, también del Consejo de la Judicatura Federal), en enero pasado, sucediendo a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Norma Lucía Piña llegó por todo lo alto, abanderada desde su condición de mujer, feminista y “progresista”, lo que sea que esto último signifique en una época en que todos estos conceptos se han revuelto y hasta desvirtuado. Le llovieron felicitaciones y su discurso feminista, al asumir el cargo, conmovió hasta las lágrimas a muchas feministas y figuras públicas progres de ocasión. No fueron pocas las publicaciones que hicieron referencia a la importancia de que su nombramiento estaba “rompiendo el techo de cristal” (concepto feminista al que ella misma se refirió en su discurso inaugural) al ser la primera mujer en asumir tal cargo, y destacaron la importancia de que la Suprema Corte estaba recuperando su “autonomía e independencia”, luego de que Zaldívar fuera señalado en repetidas ocasiones de subordinarse completamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En medio de las fanfarrias y de tal algarabía, se instaló la amnesia colectiva respecto a una columna publicada en mayo del año pasado, en el diario Milenio. En el texto, el periodista Ricardo Raphael de la Madrid reveló que Abraham Pedraza Rodríguez, primer denunciante falsario en el controvertido caso Wallace, es a la vez secretario de la ministra Norma Piña y cuñado de Isabel Miranda de Wallace. En aquel entonces, Raphael llamaba a la ministra Piña a excusarse respecto a la decisión que la Suprema Corte tenía que tomar sobre la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, una de las detenidas del caso Wallace, si bien este año ha defendido con sorprendente candor y dedicación el nombramiento de Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte. 

Desde hace una semana, periodistas y personajes como Julio Hernández López “Astillero”, Fabrizio Mejía Madrid, Jesús Escobar, así como algunos youtuberos totalmente afines al actual gobierno, parecen haberse enterado apenas del nexo “Miranda de Wallace-Abraham Pedraza-Norma Piña” y de las graves implicaciones que podría tener dicho vínculo en la correcta impartición de justicia y concretamente en el caso Wallace. Quizás incluso el presidente y Comunicación Social de presidencia no tarden en hacerse los sorprendidos. La pregunta es, ¿de verdad el gobierno federal no lo sabía? Si lo sabían, ¿no vieron el posible conflicto de interés, y decidieron callar? Y si realmente no lo sabían, ¿entonces que clase de servicios de información tienen, que no se enteran de algo que ya había aparecido en un medio de comunicación nacional? Desde luego no se está llamando aquí a que el presidente viole la supuesta “independencia” de la Suprema Corte, pero si llama la atención que el presidente, tan obsesivo y observador de los movimientos de lo que él llama el bloque “conservador” (PRIANRD-MC y los desinflados grupos y nombres que la derecha multipartidista y el empresario Claudio X. González se inventan cada semana, con poco éxito) y que ha utilizado los tenebrosos casos Cassez-Vallarta y Wallace para criticar (con sobrada razón, eso no lo discuto) a los gobiernos pasados en sus mañaneras, se le haya escapado un dato tan importante.

A la entrada de Piña Hernández, en los últimos días ha seguido la renuncia de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval (ex titular de la Secretaría de la Función Pública) y quien era director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, órgano que depende del Consejo de la Judicatura que hoy también preside Norma Piña; instituto que, en sus últimos años, presuntamente se había dedicado a defender a Juana Hilda González, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y César Freyre, torturados y detenidos por el caso de la señora Wallace. Su salida fue el precedente de una serie de despidos y renuncias, entre ellos el de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, quien en su carta de renuncia y en diferentes entrevistas a medios de comunicación, ha expresado que no existen condiciones para continuar trabajando en dicho organismo y subrayó su preocupación de que en la nueva administración se continúen encubriendo las torturas e irregularidades del caso Wallace, como se ha hecho en gobiernos pasados, según sus propias palabras.

Tras la salida de Netzaí Sandoval Ballesteros, entró como titular del Instituto de la Defensoría Pública, la magistrada Taissia Cruz Parcero, a partir del primero de febrero del presente año. Cruz Parcero es también esposa de Renato Sales Heredia, actual fiscal de Campeche y ex comisionado de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Según publicaciones de Los Ángeles Press basadas en cartas y declaraciones de los inculpados, Renato Sales Heredia presuntamente habría permitido la tortura a los detenidos del caso Wallace, desde su cargo como comisionado de Seguridad en la administración peñanietista, así como también habría ignorado una carta que le escribió Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, denunciando las torturas, en aquel tiempo. El vínculo “Miranda de Wallace-Renato Sales Heredia-Taissia Cruz Parcero” quizás no ha sido retomado con mucha fuerza por el gobierno actual y sus medios afines, ya que Sales Heredia hoy se desempeña en el gobierno de Layda Sansores, la polémica gobernadora que llegó a través del partido Morena. Pero evidentemente, aquellos medios fieles a los gobiernos anteriores tampoco harán demasiado ruido al respecto, ya que el caso Wallace refleja como pocos, el nivel de descomposición en que dejaron el poder judicial los gobiernos pasados y que, desgraciadamente, este gobierno tampoco ha hecho nada por sanar realmente y a fondo. En resumidas cuentas: El estado actual de las cosas en el caso Wallace parece convenir, por igual, a todos los partidos.

Y llegados a este punto, es inevitable preguntarse nuevamente: ¿Qué es lo que hace tan poderosa e invencible a la señora Wallace, en lo que a política y judicialidad se refiere? ¿Cómo ha podido extender sus redes más allá de los partidos que la crearon y cobijaron (el “PRIANRD-MC”, el llamado “Bloque conservador” según el presidente) y fortalecer su impunidad durante la cacareada “Cuarta Transformación”? ¿No tiene la sensación de que las pugnas partidistas son una mera farsa para entretener a las masas, pero en los hechos todos los políticos y empresarios de alto nivel, se toman de la mano y caminan juntos, apoyándose entre sí? ¿De qué sirve que el mandatario se cuelgue del caso Wallace, si en los hechos todo continua de forma muy similar al pasado? Quizás de forma más “blanda”, es cierto, pero los horrores continúan ahí.

Desde luego, esto no se trata de personalizar el asunto. Quien esto escribe no gana, ni pierde nada con lo que suceda con el caso Wallace. En todo caso, de ser ciertas todas las atrocidades que se cuentan de ella, Isabel Miranda de Wallace no es la única victimaria de nuestra historia reciente, ni mucho menos la única villana del sistema político y empresarial mexicanos. Sería, en todo caso, un monstruo, de muchos, que perviven en la galería de los horrores de quienes han mangoneado y destrozado nuestro país no solo desde hace décadas: desde hace siglos, quizás. Incrustados y enquistados en los poderes legislativo, federal, judicial; en la clase empresarial y en los principales medios de comunicación. Historias de abusos y terror sobran, tan solo con que nos asomemos un poco al proceder de personajes como Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, Rubén Figueroa, Arturo “El Negro” Durazo, Miguel Nazar Haro, Edgar Veytia, Javier Duarte, Luis Cárdenas Palomino y quizás uno de los máximos perversos de nuestro país, Genaro García Luna, actualmente juzgado en Nueva York.

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Tampoco Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, son las únicas posibles víctimas de un sistema judicial inquisitorial, oscuro, sádico y cruel. No solo es Israel Vallarta (caso Cassez Vallarta) y su familia: Tras todos ellos, están decenas, centenas, sino es que miles de culpables fabricados mediante tortura y siembra de pruebas, no solo por la llamada “señora Wallace”, sino también por una innumerable cantidad de policías, ministerios públicos, jueces, directores de penales, custodios, caciques, hacendados, empresarios, alcaldes, gobernadores y otros más, que han usado nuestro sistema judicial a su antojo para venganzas personales, represión política, control social y fabricaciones de todo tipo. 

La fabricación de culpables se da por una cantidad de motivos que usted tal vez ni se imagine, y faltan plumas, teclados, cámaras, micrófonos y manos para reportar esas historias: Comuneros que son apresados por no permitir el despojo de sus territorios, disidentes políticos, venganzas pasionales, fraudes judiciales, herencias.

El caso Wallace no es el único, ni el primero, pero si quizás uno de los más terribles. Por eso es importante poner el foco: Porque los culpables fabricados podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano sin poder ni influencias, como la mayoría de la población.

Y mientras las cárceles estén copeteadas de inocentes sin dinero y conocimientos para una correcta defensa, ni poder y contactos para enfrentar una maquinaria judicial que aplasta, como aplanadora, a todo aquel que se le atraviese, los verdaderos delincuentes (de bajo, medio o alto nivel) seguirán libres y manteniendo secuestrada la tranquilidad de quienes habitamos este país.

Es lamentable que un gobierno que prometió que no habría más personas “intocables”, siga permitiendo que la intocable señora Wallace y otros poderosos como ella, se mantengan con todo el poder, y que todos aquellos periodistas que escriben sobre estos temas, estén en alto riesgo. Mientras tanto, con la fabricación de culpables y otros crímenes de Estado y particulares, solo nos queda hacer lo que propuso la escritora Rosario Castellanos en su poema “Memorial de Tlatelolco” sobre la conocida represión estudiantil del 2 de octubre de 1968:

<< Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordamos

hasta que la justicia se siente entre nosotros>>

Miranda de Wallace ya está bajo investigación penal, confirma FGR

A solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República informó que la presidenta de Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace, ya se encuentra bajo investigación penal por el delito de tortura y por la fabricación de pruebas en el presunto secuestro de su hijo. 

De acuerdo a Los Ángeles Press, la presidencia de la República también confirmó al medio que ya existe una carpeta de investigación en contra de María Isabel Miranda Torres gracias a las denuncias de la periodista Guadalupe Lizárraga; investigación que está en etapa inicial y en curso en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura. 

La primera denuncia de la periodista y directora de Los Ángeles Press fue interpuesta el 11 de diciembre de 2018, por dos intentos de secuestro sufridos el 11 de noviembre de 2016 y el 27 de febrero de 2018. En ambos hechos, falsos agentes ministeriales intentaron llevarse a Guadalupe Lizárraga con el argumento "de que tenía que declarar en la SEIDO-PGR por dar una versión distinta a la oficial".  

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La periodista interpuso una segunda denuncia el 23 de mayo de 2019, cuando el padre biológico del hijo de Isabel Miranda de Wallace, el médico Carlos León Miranda, reconoció que su ex mujer lo hizo pasar por su actual esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz al dar su muestra de sangre, lo que, al coincidir con el ADN, invalidaría la prueba madre del caso, que es una gota de sangre.

El caso Wallace mantiene en prisión a siete personas acusadas por el secuestro y asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto. Según la versión de la empresaria, su hijo fue secuestrado y asesinado y ella logró encontrar a los responsables por sus propias investigaciones. 

Sin embargo, desde 2014 la periodista Guadalupe Lizárraga ha destacado la fabricación del caso en complicidad con autoridades y el uso de tortura sobre los inculpados para incriminarse, que ha sido acreditado en dos protocolos de Estambul - el de Brenda Quevedo Cruz, que un juez invalidó posteriormente, y el de Jacobo Tagle Dobin que confirma violación sexual - y señalado en actas y medios de comunicación, por los inculpados y sus familiares.

Caso Wallace: Reto para la 4T, voluntad política y cercos informativos

Existen casos que causan asombro e indignación, por el nivel de abusos y violencia que los alimentan. En el paraíso de la corrupción, la desigualdad y la impunidad, que este gobierno dice buscar combatir, hay historias tan dantescas que podrían ser la envidia de cualquier guionista televisivo o hollywoodense. Y generan mayor indignación cuando autoridades participan, y los grandes medios de comunicación se prestan a sostener narrativas infames e inverosímiles, que revictimizan y niegan la réplica a aquellos que no tienen suficiente poder económico o político.

Durante casi una década, la única voz del caso Wallace fue la de la madre del presunto secuestrado y asesinado Hugo Alberto. María Isabel Miranda Torres, mejor conocida como Isabel Miranda de Wallace, pasó de empresaria de publicidad exterior y colegios privados al sur de la Ciudad de México, a activista antisecuestros presidenta de Alto al secuestro, legitimada y empoderada por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

No hubo medio de comunicación que no replicara al pie de la letra la versión oficial del caso Wallace, que la señora Wallace y las autoridades de aquella época nos recetaron hasta el cansancio. De acuerdo a esta narrativa, Hugo Alberto era un empresario de 35 años, tenía una estrecha relación con su madre y el 11 de julio de 2005, tras ser "seducido" por la bailarina Juana Hilda González Lomelí, fue secuestrado y asesinado. Miranda de Wallace, en una presunta búsqueda de justicia, emprendió una cacería judicial contra los supuestos responsables luego de realizar sus propias "investigaciones" de acuerdo a sus declaraciones en diferentes medios de la época. Colocó las imágenes de los presuntos victimarios en anuncios espectaculares de su empresa Showcase Publicidad, por toda la Ciudad de México e incluso en algunos estados de la república, y realizó por sí misma varias de las detenciones, como ha presumido orgullosamente en todos los medios de comunicación y volvió a reconocer en entrevista con la agencia de noticias del Estado, Notimex. En un país hambriento de justicia que roza el 99% en índices de impunidad y fortalecida por la constante promoción de su versión en medios como Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y El Universal, Isabel Miranda de Wallace se convirtió en la heroína mediática que México necesitaba, la líder social favorita de la derecha y en la figura que, cifras de secuestro y constantes apariciones mediáticas mediante, bendecía o excomulgaba a gobernadores y procuradores a la vez que lavaba la cara al gobierno federal en turno: Fuese el de Calderón por los desastrosos resultados de la sanguinolenta Guerra Contra el Narcotráfico, o el de Peña, metido en una crisis de la que ya no se pudo levantar con tragedias como el caso Ayotzinapa; espinoso caso cuya una de las mayores defensoras de la derrumbada "verdad histórica" de Murillo Karam fue precisamente la excandidata del PAN a jefa de gobierno de la Ciudad de México. 

En la sombra, en el lado b de lo que nadie quiso indagar, quedó la otra versión de la historia: Las historias de los inculpados y sus familiares. La violación a los más básicos principios de la presunción de inocencia. Gastos con la tarjeta de crédito de Hugo Alberto, después de su presunta muerte. Testigos que señalan haberlo visto con vida, tras los hechos. El uso de la tortura como método de incriminación, declarado por todos los detenidos y acreditado en papel al menos en el caso de Jacobo Tagle Dobin, que dio positivo en el Protocolo de Estambul. Una gota de sangre encontrada en un segundo cateo seis meses después - en los que permaneció sin vigilancia policial- y luego de que el departamento fuera rentado nuevamente, que primero la perito señaló que era sangre de mujer y que después dijo que era de hombre. Gota de sangre que aparentemente coincidía con la genética de José Enrique del Socorro Wallace Díaz e Isabel Miranda, con el problema de que el señor Wallace resultó ser el padrastro del desaparecido y no el padre. El verdadero padre biológico, y primo y primer esposo de la madre, Carlos Leon Miranda, declaró en abril pasado que la señora Wallace lo llevó a dar su muestra de sangre pero haciéndolo pasar como el señor Wallace. Y en medio un mar de contradicciones y un barco que hace agua, porque esa gota de sangre derrumbaría todo el caso. 

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De confirmarse la fabricación absoluta del caso por parte de la premio Nacional Derechos Humanos 2010 y las autoridades, estaríamos ante el "gran fraude judicial de la historia" como hace unos meses lo nombró el periodista Ricardo Raphael. 

Un batiburrillo legaloide, cuyo desaseo y corrupción es demasiado común en el sistema de justicia mexicano. Un castillo de naipes que no resiste los vientos del pensamiento crítico, ni el mínimo análisis del sentido común. Una aberración jurídica, judicial, mediática y política, que ha sido ampliamente investigada, documentada, analizada y denunciada por la periodista Guadalupe Lizárraga y su equipo desde 2014 tanto a nivel periodístico en su portal Los Ángeles Press y en su libro El falso caso Wallace (2018) como ante instancias judiciales en diciembre del año pasado. 

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador este martes 24 de septiembre, el caso Wallace fue puesto nuevamente en la agenda pública. El colaborador y corresponsal en México de Los Angeles Press, Ramón Flores, denunció que la agencia de noticias del Estado, Notimex, nuevamente había dado espacio a Isabel Miranda de Wallace en una entrevista en que "reconoce haber mandado a torturar y detener a sus víctimas". Asimismo Flores subrayó que Hugo Alberto posee tres actas de nacimiento originales, como reveló Guadalupe Lizárraga en su medio. 

"Con estas irregularidades, ¿no considera esto como un reto para su gobierno, que ha reiterado que no se va a proteger a nadie?", preguntó el corresponsal de Los Ángeles Press. Ante esto el mandatario señaló que investigarán e informarán sobre los avances del caso. 

Esta no es la primera vez que el caso Wallace - llamado el falso caso Wallace, por la autora del libro homónimo - llega a la mañanera del presidente. 

El viernes 29 de marzo de este año, la directora de Los Angeles Press cuestionó a López Obrador su opinión por la falsedad del caso, el uso de la tortura y abuso sexual sobre los inculpados y las amenazas en contra de la periodista. 

El martes 30 de abril, Lizárraga planteó una posible censura de su pregunta en la conferencia mañanera del 29 de marzo, por parte de la directora de Notimex, Sanjuana Martínez. El presidente aseguró entonces que no existe censura. Sin embargo, de acuerdo a Los Ángeles Press y los registros videográficos que pueden consultarse en la red, la primera pregunta de Guadalupe Lizárraga del 29 de marzo no fue vista por gran parte de la audiencia ya que poco antes de que Lizárraga emitiera su pregunta, la señal de la transmisión de presidencia se cortó o interrumpió, hecho que algunos periodistas y youtubers justificaron por el apagón de energía eléctrica que hubo en esa mañanera. 

Vale la pena destacar que el apagón mencionado ocurrió minutos antes y ya se había resuelto parcialmente cuando la pregunta. El apagón no impidió que las preguntas de otros periodistas fueran transmitidas y algunas de esas preguntas pueden encontrarse en la transmisión de la conferencia, aunque no la de Guadalupe Lizárraga; cuya participación fue rescatada y subida a las redes, por youtubers y periodistas que alcanzaron a grabarla. 

En junio y julio pasados, Ramón Flores también ha hecho preguntas relacionadas con el tema y ha denunciado un posible sesgo favorable para la versión de Isabel Miranda de Wallace, por parte de la agencia Notimex. 

Es preocupante que la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, pudiera estar envuelta en una cobertura parcial o sesgada cuando se trata de un tema tan delicado que involucra la complicidad de funcionarios públicos durante el- llamado así por el presidente- "régimen neoliberal", y la violación no solo al debido proceso, sino a los derechos humanos. 

Tal vez las audiencias podemos conceder el beneficio de la duda sobre lo ocurrido el viernes 29 de marzo, ya que habría que averiguar a detalle el papel y las funciones de Comunicación Social, CEPROPIE y Notimex. Pero llama la atención que Notimex, pese a decirse imparcial, no ha consultado la versión de los inculpados y sus familias, ni a los activistas y periodistas que han investigado el caso, muchos de los cuales han vivido amenazas por exponer el caso. 

Más allá del conflicto Lizárraga y Los Ángeles Press vs Sanjuana y Notimex, está en juego el encarcelamiento, la libertad y la presunción de inocencia de siete personas, cuyos procesos han estado viciados de pies a cabeza. Estamos hablando de siete personas que han padecido más de una década de terror, vejaciones y calumnias, sin contar la persecución y espionaje que algunos de sus familiares han señalado. Estamos hablando de siete personas cuyas versiones y las de sus familias, no han tenido cabida alguna en los grandes medios corporativos, al menos hasta en los últimos meses. 

Si bien es cierto el cerco informativo y audiovisual en los medios tradicionales ha empezado a romperse desde el 12 de diciembre de 2018 en que Ricardo Raphael entrevistó a Guadalupe Lizárraga en el programa Espiral de Canal Once y continúa rompiéndose con las entrevistas que Raphael ha realizado en Radio Centro a los familiares de los detenidos, no es suficiente. 

La balanza ha estado más de diez años inclinada a favor de Isabel Miranda de Wallace y resarcir el daño - moral, físico, psicológico y económico - a los inculpados en toda su magnitud, aún en el caso de que el actual gobierno decida actuar, será casi imposible. De hecho, en los medios la balanza sigue inclinada a favor de Isabel Miranda de Wallace, como se puede ver en el trabajo de Ciro Gómez Leyva, Ricardo Alemán, Jorge Fernández Menéndez, Sergio Sarmiento, ADN40 y El Heraldo de México. 

Por ello la labor que hoy realiza Notimex nos enoja a miles de mexicanos que hace tiempo sabemos del caso gracias al trabajo incansable de Guadalupe Lizárraga, quien no ha cejado en su empeño pese al veto silencioso pero absoluto a su trabajo y a su persona por parte de los grandes medios corporativos. 

La forma en que la Cuarta Transformación encare este monstruoso affair - en caso de que alguna vez decida realmente meterse a fondo en este berenjenal, claro está - definirá que tan real es el combate a la corrupción y la impunidad. 

¿Es la cobertura de Notimex incidental o intencional? ¿Es una postura personal de su directora Sanjuana Martínez, o una decisión editorial ajena a su postura personal? ¿Existen intereses o vínculos de la periodista, con Isabel Miranda de Wallace? Estas preguntas son fuertes pero necesarias, considerando que Sanjuana Martínez en su momento fue una periodista perseguida pero devino en directora de una agencia que este 2019 nos cuesta más de 209 millones de pesos, cuyo presupuesto y salarios pagamos cada mexicano con nuestros impuestos; ente del Estado que está obligado a procurar el equilibrio y la imparcialidad informativas, y no a hacerle propaganda a personajes tan siniestros como la presidenta de Alto al secuestro

¿Es el caso Wallace un reto mucho mayor que casos de corrupción como La Estafa Maestra, Odebretch, OHL o Caja Libertad? ¿Son Isabel Miranda de Wallace y todos los involucrados, peces mucho más gordos que Emilio Lozoya, Rosario Robles, Javier Duarte y Juan Collado? ¿Cuántos funcionarios y ex funcionarios, de diferentes niveles y poderes, tendrían que caer para que podamos hablar de justicia? ¿Cuántos periodistas tendrían que disculparse, como hizo Carlos Loret de Mola con el caso Florence Cassez, caso en el que por cierto también se involucró la señora Wallace? ¿Dónde están en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las cientos de organizaciones de la sociedad civil? ¿Dónde están el resto de los periodistas independientes y youtubers, que dicen ser diferentes a los medios tradicionales? 

¿Es el caso Wallace un problema exclusivamente de impartición de justicia, o de voluntad política? ¿Qué demonios políticos, policíacos y empresariales podría desatar atender este caso? ¿Qué fantasmas no quiere o no se siente capaz de combatir la 4T, en un caso que involucra directores de penales, jueces, ministerios públicos, procuradores, policías, gobernadores y ex presidentes? ¿Es el caso Wallace la caja de Pandora de la ultraderecha, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede, no quiere o no se atreve a abrir? 

Mientras Isabel Miranda de Wallace reta a la nación a presentar a su hijo vivo y la presión de miles de usuarios en redes sociales continúa y se intensifica exigiendo una investigación contra Miranda de Wallace, la moneda sigue estando en el aire. En los hechos nada ha cambiado para los involucrados, que siguen padeciendo maltratos en prisión. Pero la pelota ya está en la cancha de la 4T… 

El caso Wallace, una polémica que revive y una verdad histórica que colapsa

El pasado sábado 27 de abril, la revista Proceso volvió a abrir la caja de Pandora de una historia tan controversial como -casi siempre- parcialmente abordada, al menos por la mayoría de los medios de comunicación: El caso del presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, hijo de la presidenta de la organización Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

De acuerdo a la versión oficial de la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado el 11 de julio de 2005 en un departamento de la calle de Perugino, en la Ciudad de México. Sin embargo, desde 2014 investigaciones periodísticas han hablado del uso de tortura (física, psicológica y sexual) para forzar confesiones autoinculpatorias, y esta semana el académico del ITAM, Ricardo Raphael, al retomar el tema profundamente investigado por Guadalupe Lizárraga, ha vuelto a sembrar la duda en muchos mexicanos.

A través de una crónica del periodista Ricardo Raphael y de una nota de Mathieu Tourliere, el semanario volvió a colocar en el debate público la posibilidad de que el caso Wallace se trate en realidad de un caso de fabricación de culpables en el que la propia madre habría participado con funcionarios políticos y judiciales de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; muchos de estos funcionarios siguen en activo, de acuerdo a lo publicado por diversos periodistas.

Este caso podría ser el gran fraude judicial de la historia, podría haber siete personas hoy encerradas por más de 12 años en cárceles de alta seguridad sin haber cometido ninguno de los delitos que se les imputan, porque hubo una señora con mucho poder económico y político que manipuló el aparato de justicia”, comentó el también articulista del diario El Universal, en una entrevista para W Radio.

En la saga escrita por Raphael se narran los orígenes de la familia León Miranda, los abuelos de Isabel Miranda, en Tejupilco de Hidalgo. La narración nos lleva a una Isabel Miranda, quien en su juventud se casó y tuvo un hijo (Hugo Alberto) con Carlos León Miranda, su primo hermano. Este dato sería jurídicamente irrelevante de no ser porque pone en la palestra dos puntos importantes: El primero, la tendencia a mentir o al menos, a ocultar información por parte de la protagonista de este enredo, ya que a lo largo de estos catorce años la señora Wallace ha presentado a José Enrique del Socorro Wallace Díaz como el único cónyuge que ha tenido y como el padre biológico de su primogénito. Incluso lo sostuvo en la entrevista que le realizó Ricardo Raphael en Canal Once, en diciembre pasado. El segundo punto, y el más importante, es que de confirmarse la paternidad de Carlos León Miranda, la versión oficial del caso Wallace se desploma, ya que de acuerdo a lo investigado previamente por Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga y ahora retomado por Ricardo Raphael, la única prueba científica que sostiene el caso es una gota de sangre compatible con José Enrique del Socorro Wallace Díaz y cuyo cromosoma inicialmente fue identificado como perteneciente a una mujer pero después la perito cambió el resultado argumentando “un error de dedo”.

Estos detalles nodales del caso Wallace no serían los primeros que ponen en duda la reputación, credibilidad e imagen que ha construido la dueña de los anuncios espectaculares Showcase Publicidad.

En 2014, tanto la periodista Anabel Hernández en Proceso como Guadalupe Lizárraga en su portal informativo Los Ángeles Press, publicaron investigaciones sobre la presunta fabricación del caso; investigaciones por las que ambas periodistas han sido amenazadas.

En el caso de Lizárraga ha sufrido dos intentos de secuestro, e intimidaciones verbales y cibernéticas por parte de la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, se pronunció contra el acoso de la diputada en diciembre pasado. Ante la falta de respuesta y ataques difamatorios de cuentas bot que Lizárraga atribuye a Wallace y a Huerta del Río, el pasado 10 de abril la periodista envió una carta de denuncia a Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena.

A estas acusaciones se suman las de la senadora de Morena, Nestora Salgado García, quien durante el foro Derechos de las personas privadas de la libertad, señaló el lunes 29 de abril a Isabel Miranda de haber ordenado que la torturaran psicológicamente cuando estuvo en prisión. En este mismo foro estuvieron presentes la periodista Guadalupe Lizárraga, el activista canadiense David Bertet; el secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Fernando Olivas, y el padre de Hugo Alberto, Carlos León Miranda.

En redes sociales, Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) denunció, en un hilo de Twitter, un caso de abuso de poder que sufrió por la señora Wallace. De acuerdo a Quintanar y al periodista Julio Hernández López “Astillero” en una columna de 2012 titulada Wallace al mando, en enero de 2010 un comando de 30 policías irrumpió en el domicilio de Quintanar, causando destrozos y encañonando a la familia. El operativo estaba encabezado no por una autoridad, sino por Isabel Miranda de Wallace. A pesar de que se interpuso una denuncia en la CNDH, ésta la desechó.

Aunque el escándalo estalló fuertemente en los medios de comunicación y en las redes sociales a lo largo de esta semana que concluye, la periodista Guadalupe Lizárraga ha comentado en redes sociales que ella ya había revelado el nombre del verdadero padre de Hugo Alberto en su libro El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) publicado en agosto pasado. Asimismo la autora ha dado a conocer la existencia de tres actas de nacimiento, tres CURP y tres registros ante el SAT de Hugo Alberto, así como dos actas de nacimiento de Isabel Miranda de Wallace.

Previamente a la penúltima publicación de Proceso, la periodista independiente dio a conocer las dos primeras partes de una entrevista con Carlos León Miranda, quien tanto en la entrevista con Lizárraga como en el foro en el Senado, relató que su ex esposa entraba y daba órdenes en la SIEDO “como si estuviera en su casa”, que le impidió firmar, que ante las autoridades lo presentó como José Enrique Wallace y que no había hablado por miedo a represalias.

Carlos León Miranda ya rindió declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) en días pasados.

En respuesta, Isabel Miranda de Wallace lanzó varios mensajes en Twitter clamando la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y solicitando comprensión de los mexicanos ante lo que llamó “difamaciones sin sustento” e “historias” para “llamar la atención”.

Presidente @lopezobrador_ usted es un hombre religioso NO permita injusticias y como usted dice que el Demonio meta las manos , le pido su intervención ante este ataque injusto.

Estos tuits contrastan con las declaraciones que la dueña del colegio City College ha ofrecido en las últimas semanas.

Luego de que la fundadora de Los Ángeles Press denunció públicamente a Isabel Miranda de Wallace en la conferencia mañanera del viernes 29 de marzo, la ex candidata del PAN a jefa de gobierno en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) exigió una audiencia privada y urgente con el presidente. Días después, el mandatario comentó que no la recibiría “porque se vería obligado a recibir a la otra parte” y el asunto está muy “polarizado” pero que la canalizaría con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tras no haber respuesta en Gobernación, Miranda de Wallace aseguró que AMLO se dedicaba a proteger secuestradores.

En contraste con el gobierno federal, el 11 de abril los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio; los perredistas Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez y los panistas Mauricio Kuri González y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presentaron al senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, un punto de acuerdo para solicitar que no se revictimice a Isabel Miranda de Wallace.

Tras la publicación de Ricardo Raphael, la Fundación Find, los comunicadores Ricardo Alemán y Pedro Ferriz Híjar, el periodista Sergio Sarmiento, el exsenador panista Javier Lozano y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, salieron en su defensa y le ofrecieron apoyo. A través de redes sociales, el exmandatario estuvo cuestionando el texto de Ricardo Raphael:

Mi solidaridad con @WallaceIsabel. Veo saña contra ella. “Periodismo” relatando temas y asuntos irrelevantes (“la hija del arriero”, el “matrimonio secreto con el primo”) frente a la tragedia de un hijo secuestrado y asesinado. Qué mezquindad, pobre México.

El caso Wallace se reabrió tras la denuncia formal en la FGR, de la periodista Guadalupe Lizárraga el 11 de diciembre de 2018, pese a lo cual la presidenta de Alto al secuestro ha negado, al menos hasta el mes pasado, la reapertura del caso.

De los 7 detenidos por este caso, tres de ellos -Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y Jael Malagon Uscanga- llevan más de tres años en prisión sin sentencia. Cuatro de ellos -Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo- enfrentan penas que superan los cincuenta años de presidio.

El periodista Ricardo Raphael sugirió que, debido a la relevancia del caso, debe ser atraído y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la denuncia de Guadalupe Lizárraga en la conferencia mañanera del 29 de marzo, López Obrador solicitó que se rindiera un informe de los avances de la investigación. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha rendido ningún informe al respecto, al menos no de manera pública.

Mexicanos en el extranjero reaccionan ante caso Wallace

Con la firma y respaldo de decenas de ciudadanos mexicanos que radican en Estados Unidos, este viernes 22 de febrero la periodista independiente y fundadora del portal Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, inició una petición en Change.org titulada “¿Cuántas pruebas más necesita México para actuar contra Isabel Miranda de Wallace?”, para pedir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador actué ante las presuntas irregularidades del caso y conceda libertad a los detenidos, que de acuerdo a Lizárraga, han sido víctimas de tortura y fabricación de culpables.

El caso Wallace comenzó el 11 de julio de 2005 en la Ciudad de México, con el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria María Isabel Miranda de Wallace. Miranda de Wallace emprendió una campaña mediática y judicial para capturar a los supuestos responsables, acción que le atrajo la atención de los grandes medios de comunicación y el reconocimiento de las autoridades. Sin embargo, desde 2014 investigaciones periodísticas independientes como la de Lizárraga han señalado el caso como un completo montaje basado en confesiones bajo tortura y pruebas fabricadas, con la participación y complicidad de funcionarios públicos.

La petición de Lizárraga, que hasta el momento supera las 500 firmas, no es la primera vez que el caso trasciende allende las fronteras.

En septiembre de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, colectivos de activistas mexicanos de Nueva York y California emprendieron en redes sociales una campaña internacional de repudio contra Isabel Miranda de Wallace, por la presunta fabricación del caso, a la que titularon #RepudioalaWallace, que derivó en actos de protesta en Times Square, Manhattan.

La indignación también alcanzó entonces a algunos políticos estadounidenses. Stephen Durham (Freedom Socialist Party), Daniel Villa (Partido Verde de EEUU) y el entonces alcalde de Tucúmcari en Nuevo México, Robert Lumpkin, se unieron a la campaña contra Isabel Miranda y se solidarizaron también con el caso de la comandanta de la policía comunitaria y hoy senadora por Morena, Nestora Salgado; caso que mantuvo presa a Salgado durante casi tres años por acusaciones de secuestro, y en el que Wallace participo activamente como asesora de las supuestas víctimas.

En mayo de 2016, el caso cruzó el océano hasta Madrid, donde Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz detenida por este caso, presentó el expediente de su hija ante una comisión de Amnistía Internacional España. Acompañada por Nestora Salgado, Guadalupe Lizárraga y el activista Alberto Lerner, comentó que su hija había sido víctima de tortura con violencia sexual en dos ocasiones.}

En noviembre de 2016, las protestas del político Stephen Durham y de los activistas en Nueva York, volvieron a arreciar luego de que la periodista fuera acosada por supuestos agentes ministeriales, dentro de la Universidad Autónoma de Baja California (México) el viernes 11 de noviembre de 2016, tras su participación en un evento sobre derechos humanos.

Asimismo, se han presentado denuncias argumentando la fabricación del caso. El 3 de septiembre de 2014, familiares de los detenidos denunciaron a Isabel Miranda y a funcionarios, ante la Procuraduría General de la República (PGR) entonces presidida por Jesús Murillo Karam. Sin embargo, la denuncia fue ignorada tanto en la administración de Murillo Karam, como en las de Arely Gómez y Raúl Cervantes, respectivamente.

De igual modo, el 10 de diciembre del año pasado familiares del caso Wallace, el caso Martí y el caso Israel Vallarta, acompañados por el padre Alejandro Solalinde y los periodistas José Reveles y la propia Lizárraga, se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, donde fueron atendidos por la titular de la dependencia y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas.

Por último, la periodista Guadalupe Lizárraga, quien el año pasado publicó su libro El falso caso Wallace, interpuso una denuncia formal el 11 de diciembre de 2018 ante el entonces procurador y hoy fiscal, Alejandro Gertz Manero, quien ordenó abrir un expediente al respecto.

Sin embargo, tanto los principales medios de comunicación masiva en México como autoridades, mantienen silencio sobre el tema, hasta el día de hoy.

Con información de Los Ángeles Press.