Juez ordena a Fiscalía que dé acceso a carpeta de investigación contra Santos Laguna

Con información de El Universal

Una jueza de distrito ordenó a la Fiscalía General de la República a que dé acceso a la carpeta de investigación contra Santos Laguna por el delito de defraudación fiscal.

Ruby Celia Castellanos, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió un amparo en favor de Club Santos Laguna S.A de C.V para que puedan conocer, en su totalidad, la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República en 2023 por el presunto delito de evasión fiscal, en la que los dueños del equipo habrían evitado el pago de ISR sobre salarios de algunos futbolistas y trabajadores del club.

La autoridad judicial determinó que el Ministerio Público no debe ocultar o evitar que la parte afectada por la denuncia no tenga acceso a la carpeta que explica y detalla los motivos de la denuncia presentada por la Fiscalía General de la República.

“A partir de ese momento queda eliminada la posibilidad de mantener en reserva la información de la indagatoria respecto de dicha persona, lo que trae como consecuencia la obligación de las autoridades de garantizar el derecho a la defensa adecuada y al debido proceso”, publicó El Universal.

¿Por qué se fincó una carpeta de investigación contra Santos Laguna?

El pasado 27 de junio, medios de comunicación como Reforma y El Universal dieron a conocer que la FGR había iniciado una carpeta de investigación contra Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi, compañía dueña de Santos Laguna, por una presunta defraudación fiscal estimada en 17 millones 069 mil 865 pesos.

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Esta investigación se basó en una querella iniciada por Procuraduría Fiscal de la Federación, en la que acusó que, mediante presuntos engaños, el también dueño del Atlas y del Sporting de Gijón en la segunda división española, omitió pagar el impuesto sobre la renta de salarios a jugadores del Santos de enero a julio de 2017.

Particularmente la dependencia federal averiguó sobre un pago de 54 millones 22 mil 690 pesos que el club hizo a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico.

Entre los jugadores y entrenadores que recibieron los pagos destacan Benjamín Galindo y José Manuel De la Torre, ex entrenadores y los jugadores Néstor Araujo, Djaniny Tavares, Jonathan Rodríguez, Osvaldo Martínez, Jonathan Orozco y Julio César Furch.

De acuerdo con la autoridad fiscal, el club habría usado un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, Similares y Conexos para hacer la operación.

Investigan nómina de BC por duplicidad de sueldo e incumplimiento en asignación de bases sindicales

Alianzas | Sonia de Anda | Border Hub

De casi 300 burócratas basificados en el 2021, durante la administración estatal de Jaime Bonilla Valdez, cerca del 70 por ciento no tenían ni un año de antigüedad, plazo obligatorio establecido en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Además, esta investigación descubre cómo, en los últimos cuatro años, se registraron casos de burócratas que cobraron hasta cinco sueldos en diferentes dependencias y en horarios que no eran compatibles, ocasionando una erogación de 110 millones de pesos en nómina.

El otorgamiento de bases sindicales a personas que no cumplían con los requisitos y en un proceso discrecional, trabajadores con sueldos repetidos hasta en cinco dependencias que en total suman una erogación de 110 millones 476 mil pesos, así como pagos no reconocidos por trabajadores entrevistados para este reportaje, son algunas de las anomalías encontradas en la nómina del gobierno de Baja California del 2018 a 2022.

Estas irregularidades se presentaron durante las administraciones estatales del panista Francisco Vega de Lamadrid, y los morenistas Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Entre los principales hallazgos está que el 70 por ciento de los 298 empleados que recibieron una base sindical entre los meses de enero y octubre del 2021, incumplen con la antigüedad requerida de al menos un año de acuerdo con la Ley de Servicio Civil de Baja California.

Las plazas sindicales fueron entregadas en 2021, el último año de gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez.

Para este reportaje el Border Hub revisó registros del grupo de empleados reportados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde cada dependencia registra sus nóminas de manera trimestral y en donde se aprecia que -en los últimos cinco años- pudo haber un posible mal uso de recursos vía nómina por 110 millones 476 mil pesos.

Casi el 90 por ciento de las bases otorgadas presentaban sueldos cobrados hasta en cinco ocasiones, en forma simultánea, en los mismos periodos y en diversas dependencias del gobierno estatal en un periodo que abarcó tres administraciones estatales.

Durante el año 2018, cuando se encontraba al frente Francisco Vega de Lamadrid, se realizaron 209 casos de pagos indebidos, con un total de 11 millones 967 mil 488 pesos, en al menos cinco dependencias estatales, incluyendo la Auditoría Superior del Estado, que está encargada de vigilar el uso del recurso público.

En ese año, la Oficialía Mayor fue la dependencia con más repetición de sueldos, con 174 casos de pagos indebidos por un total de 9 millones 585 mil 955 pesos.

En el año 2019, el último año de gobierno de Vega de Lamadrid y el inicio de la administración de Jaime Bonilla, se registraron 331 casos de pagos indebidos por un total de 14 millones 837 mil 533 pesos en 28 instituciones involucradas. En el año 2020, fueron 406 casos nóminas repetidas en 27 dependencias, con un presupuesto de 27 millones 541 mil 738 pesos.

En 2021, el último año de gobierno de Bonilla y comienzo del mandato de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se registraron 407 casos de pagos duplicados en 24 dependencias por 22 millones 992 mil 761 pesos.

Finalmente en 2022, con Ávila Olmeda, se registraron 207 tuvieron cobros salariales dobles por 33 millones 136 mil 930 pesos.

La estimación de los sueldos presuntamente aplicados de manera indebida, fueron calculados por el equipo de Esquina32- Border Hub al tomar como referencia el sueldo fijo reportado en la PNT y que percibía cada trabajador como constante, mientras que los sueldos reportados y repetidos de manera temporal en otras dependencias se les consideró como irregulares.

Incluso, las anomalías detectadas en este reportaje propiciaron una investigación ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, así como al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) y ambas instituciones han abierto expedientes para establecer posibles sanciones.

Instituto de Transparencia pide cuentas a gobierno estatal

Sobre este caso el  Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) informó que, mediante el oficio girado el pasado 31 de marzo a la titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, Rocío López Gorosave, se le requirió un informe sobre estas presuntas irregularidades en las que se observan los reportes de cobros salariales repetidos.

“Al ser atribución de este instituto verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia y derivado de la revisión de la fracción octava del artículo 81 de la citada ley relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base y confianza se advierte que del ejercicio 2018 al 2022 se visualizan los nombres de personas servidoras públicas que reciben recurso público en varias dependencias dentro del mismo periodo”, señala el documento en poder de Border Hub.

Hasta la fecha de publicación de este reportaje, la investigación aún se encontraba en proceso.

Centro de gobierno en Baja California. Crédito: Sonia de Anda.

Centro de gobierno en Baja California. Crédito: Sonia de Anda.

Nuevos basificados afirman que desconocían la duplicidad de sus sueldos

Teresita de Jesús Balderas Beltrán ingresó al servicio público en 2017, como empleada de confianza en plazas de Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda de Baja California. Tiene sueldos mensuales, en promedio, de casi 25 mil pesos.

Sin embargo, la PNT revela meses en los que sus ingresos se acercaron a los 75 mil pesos por trabajos temporales y simultáneos en otras dependencias.

Los registros revisados para este reportaje demuestran que la empleada cobró, en forma simultánea, en tres dependencias, incluyendo la Secretaría de Integración y Bienestar Social (Sibso).

En el 2018 de julio a septiembre, la empleada aparece que cobró 24 mil 611 pesos en tres ocasiones como asistente ejecutiva en Oficialía Mayor y de octubre a diciembre recibió la misma cantidad en dos ocasiones en la Secretaría de Hacienda y 25 mil 280 pesos, nuevamente en Oficialía Mayor.

En el 2019, de abril a junio, la empleada recibió tres sueldos en Oficialía Mayor, dos de ellos de 24 mil 609 pesos y uno por 24 mil 751 pesos. En el trimestre de julio a septiembre registró dos pagos salariales en uno de seis mil 602 pesos en Oficialía Mayor y otro de la misma cantidad en la Secretaría de Integración y Bienestar Social.

Para el 2020 la trabajadora cobró 24 mil 605.98 en dos ocasiones en el primer trimestre del año, uno en Oficialía Mayor y otro en la Secretaría de Hacienda, situación que se repite cuando cobró tres sueldos en el segundo trimestre de abril a junio, aunque dos de ellos se aplicaron en la Secretaría de Hacienda. De octubre a diciembre la empleada cobró dos sueldos, uno en la Secretaría de Hacienda y otro en Oficialía Mayor.

En entrevista con Border Hub, la empleada afirmó que nunca prestó sus servicios en más de una dependencia al mismo tiempo, aunque reconoce haber sido comisionada algunos meses, en distintos periodos, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Sin embargo en la nómina aparece que también prestaba sus servicios en las Secretarías de Hacienda y General de Gobierno con cobros adicionales a su sueldo de casi 25 mil pesos mensuales.

La empleada aseguró que aún conserva sus recibos de pago y que jamás recibió percepciones superiores a los 25 mil pesos mensuales, por lo que se mostró extrañada que la PNT la muestre como alguien que recibió pagos salariales adicionales.

Debido a esto, dijo que buscará una explicación oficial ante la Oficialía Mayor del Estado de Baja California.

“Confío en el portal de transparencia, obviamente, pero como todo es lo mismo y está duplicado, además  no hay una forma que a mí me diga que yo cobré, necesito ir personalmente a Oficialía Mayor, presentarles esto y que me muestren las nóminas firmadas por mí y qué sucedió para entonces poder actuar en consecuencia. Confío en el portal, pero no te entregan un cheque o algo sin firma y jamás he recibido un sueldo mayor a lo que percibía por catorcena”, aseveró.

En la actualidad, Balderas Beltrán se desempeña en una dirección de la Sindicatura Municipal de Tijuana. Ella solicitó un permiso para no ejercer su plaza de base en el gobierno estatal. La PNT muestra que la empleada recibe sus pagos de manera regular desde su incorporación al ayuntamiento.

Instalaciones de la Oficialía Mayor en Mexicali. Crédito: Sonia de Anda.

Instalaciones de la Oficialía Mayor en Mexicali. Crédito: Sonia de Anda.

La Oficialía Mayor: la autoridad responsable

La Oficialía Mayor es la dependencia encargada del manejo de personal burocrático del Poder Ejecutivo, por lo que es la autoridad responsable de que se erogaran sueldos duplicados en dependencias con horarios incompatibles.

Lo anterior contraviene lo establecido en la Ley de Compatibilidad de Funciones, Empleos y Comisiones para el Estado de Baja California, pues a un trabajador le sería imposible destinar jornadas laborales de ocho horas en más de dos dependencias gubernamentales.

Un ejemplo de lo ocurrido fue encontrado en un trabajador que aparece el oficio número 021166022000181 emitido por Oficialía Mayor el pasado 11 de julio de 2022, en el que personal de la Dirección de Recursos Humanos informó sobre los 298 trabajadores basificados del 1 de enero al 25 de octubre de 2021.

El trabajador, llamado José Alberto Rincón Campos, ingresó al servicio público el 29 de marzo de 2021 y, ese mismo día, fue basificado en la Secretaría General de Gobierno.

Aunque en la PNT se indica que cumple con la antigüedad requerida, pues hay registros de él desde el 2018, la irregularidad consiste en que desde entonces el empleado muestra que tiene hasta cuatro sueldos cobrados en los mismos periodos.

Durante el 2018, se desempeñó como analista de Oficialía Mayor comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública. De enero a junio de ese año, cobró sueldos entre 8 mil 177 y 8 mil 919 pesos, sin mayor relevancia.

Sin embargo, de julio a septiembre contó con tres sueldos simultáneos en la misma dependencia, por el primer monto señalado.

Al año siguiente, Rincón Campos aparece como trabajador de Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibso).

Conforme a documentos emitidos en el 2020, tiene un ingreso neto de 8 mil 246 de pesos en todos los trimestres del año, prestando servicios en Oficialía Mayor y, de ahí, se le comisiona como analista en la FGE.

En esta última dependencia también percibe un sueldo por el mismo monto y, por tanto, doble sueldo en el primer trimestre de ese ciclo, al igual que en julio y septiembre.

Para el 2021, tras recibir la base, empezó a cobrar sueldos de 20 mil 171 y 20 mil 698 pesos, sin registrar ingresos de enero a junio de dicho año.

A pesar de esto, presenta el cobro de tres sueldos simultáneos entre julio y septiembre de 2021, en la Secretaría General de Gobierno, donde en dos ocasiones recibió la misma cantidad, al igual que en Oficialía Mayor.

De octubre a diciembre del 2021, conforme a la investigación, también cobró al mismo tiempo en ambas dependencias.

Pese a los registros mostrados en la PNT, mediante el oficio 58/2023 aparece que Rincón Campos laboró del 1 de noviembre de 2019 al 26 de marzo de 2021 en la FGE, según confirmó la propia dependencia.

Ahí, percibía un sueldo de 10 mil 403.94 pesos mensuales y, al parecer, no estaba comisionado a alguna otra oficina.

Sin embargo, ya en funciones el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se mantuvo una irregularidad en los cobros de este empleado: durante el primer trimestre de 2022 cobró 20 mil 575 pesos, con un bono de 2 mil 208 pesos.

A partir del segundo trimestre, entre abril y junio, comenzó a percibir dos sueldos, como ayudante de oficios varios, de 21 mil 760 pesos con una prima vacacional de 4 mil 751 pesos, y un bono de buena disposición de 8 mil 331 pesos, desde la Secretaría de Hacienda de Baja California y en Oficialía Mayor, respectivamente.

Entre julio y septiembre de 2022, los registros muestran que percibió el mismo sueldo en las mismas dependencias como analista, pues en forma adicional al sueldo neto recibió una prima vacacional de 4 mil 751 pesos, además de un bono por buena disposición de 13 mil 239 pesos.

Sobre este caso, personal de Oficialía Mayor contestó -vía transparencia el pasado 3 de febrero- que Rincón Campos nunca ha prestado sus servicios laborales con ellos.

A pesar de esto, existe un registro de que fue comisionado al área de Recaudación de Rentas, de la Secretaría de Hacienda, aunque no es precisado el periodo o los montos salariales percibidos.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno reconoció que, de acuerdo a los registros del Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia, dicho trabajador tuvo el 8 de junio de 2021 un cambio del Ramo 07 al Ramo 04.

Es decir, pasó de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría General de Gobierno. Lo anterior duró hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que volvió a generarse otro cambio para regresar a la dependencia inicial.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue informado que Rincón Campos no presentó algún registro en su plantilla de personal. En contraste, la PNT refleja que durante el primer trimestre de 2019 recibió un sueldo de 3 mil 389.97 pesos en ese lugar.

Para el segundo trimestre, entre abril y junio, el servidor público mencionado recibió tres sueldos simultáneos de 8 mil 246 pesos en esta secretaría.

Incluso, tuvo un cobro adicional en cada una de ellas por 2 mil 815 pesos, como prima vacacional. Para el tercer trimestre de 2019, Rincón Campos cobró 37 mil 945 pesos. Esto, al sumar los cuatro salarios percibidos como analista de la SSPE y la FGE.

Con los recursos del Sibso recibió un sueldo neto de 6 mil 576 pesos; en Oficialía Mayor y en la SSPE percibió 6 mil 566 pesos, más una compensación de mil 679 pesos, respectivamente; y en la FGE, 8 mil 246 pesos más la prima vacacional de 6 mil 630 pesos.

Sin embargo, conforme a la investigación, al parecer fue regularizada la situación de este empleado en el último trimestre del 2019, pues aparece que únicamente cobró los sueldos referidos en la FGE.

Secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas. Crédito: Sonia de Anda.

Secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas. Crédito: Sonia de Anda.

SHFP atribuye duplicidad a reformas de ley

Tras las irregularidades detectadas en el proceso de basificación 2021, Border Hub cuestionó a Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California.

La funcionaria estatal reconoció que actualmente analizan las plantillas para determinar la razón de que casi el 90 por ciento, de los 298 basificados, aparecen en la PNT con una multiplicidad de sueldos devengados.

Aseguró que todo parece indicar que no existe un mal manejo de dinero de la nómina, luego de revisar los expedientes no hay registro de que un empleado haya cobrado más de un sueldo, como lo refleja la PNT.

“Mucho de esto se deriva de las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica del Estado”, declaró la funcionaria, quien señaló que durante la gestión de Bonilla Valdez algunas instituciones concentraban atribuciones de otras secretarías.

“Por ejemplo: en la Secretaría General teníamos también al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Oficialía Mayor, y Consejería Jurídica. El control lo tenía el entonces secretario general de gobierno”, explicó Villar Casas.

Recordó que, una vez reformada la Ley Orgánica en la actual administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dichas dependencias “se desagregan”.

Por lo anterior, dijo, es probable que sea una de las causas por las que el personal aparezca en tres entidades de manera simultánea.

“Iniciamos una revisión y, probablemente, se determine que es la falta de actualización de las dadas de baja de una secretaría y las altas de otra. Entonces, más que nada, es una cuestión de transparencia. Seguimos haciendo las revisiones para determinar, ya concretamente, qué es lo que está sucediendo, para que tengamos de forma correcta las plantillas de personal. Y no se estén duplicando, triplicando, y que aparezcan en varias entidades”, concluyó la secretaria de Honestidad y Función Pública.

Hijos de burócratas sin antigüedad mínima

Manuel Guerrero Luna, ex secretario general del Sindicato, reconoció que los hijos de burócratas fueron beneficiados en el pasado proceso de basificación 2021 porque así lo permiten los estatutos del gremio.

Border Hub consultó al actual diputado morenista por el Distrito 1 de Mexicali, pues fue líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California (Sutspemidbc), durante el periodo 2020-2023.

“Unas las damos por antigüedad y, otras, las damos a hijos de trabajadores”, expresó Guerrero Luna.

El entonces líder participó en la edición 2021 y sostuvo que por ley estaba facultado, en ese entonces, para asignar bases directas y otras por el tiempo cumplido.

“Hay bases directas si la  Comisión de Escalafón y Ajustes lo determina de manera unánime, en consenso. La base es directa, eso está dentro de la ley. Por eso no me diga que no cumple con la antigüedad”, espetó.

Explicó que por ley, aunque sin citar el marco legal en forma precisa, hay tres formas de entrar al sindicato: directa, escalafón por antigüedad, o por concurso. Esta última si se determina la necesidad de una plaza.

“No todas las plazas se dan por antigüedad y no todas las bases se dan directas. Si no cumplieran (con la ley) las tumban y no nos han tumbado ninguna”, aseveró.

Guerrero Luna no pudo referir el número de hijos e hijas de trabajadores que fueron beneficiados con bases directas, pues justificó que de ello se encarga la Secretaría de Escalafón.

El ahora legislador reiteró durante la entrevista que dicho proceso “fue legal” porque “hasta ahorita ninguna (base) se ha caído”, y que no tiene “noticias de que estén impugnadas”.

Manuel Guerrero Luna, ex dirigente sindical en el estado y actual diputado por Baja California. Crédito: Sonia de Anda.

Manuel Guerrero Luna, ex dirigente sindical en el estado y actual diputado por Baja California. Crédito: Sonia de Anda.

En contraste con lo dicho por Guerrero Luna, el artículo 159 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, indica que las bases definitivas son otorgadas a quienes tienen al menos un año de antigüedad.

“Los trabajadores de base con un mínimo de un año acumulativo en la prestación del servicio, tienen derecho a participar en los concursos para ser promovidos a la obtención de la base definitiva. Todos los trabajadores incorporados al sistema de escalafón, tendrán derecho a participar en los concursos y promociones de ascensos, de conformidad con los tabuladores señalados en el Reglamento de Escalafón. En cada Autoridad Pública se expedirá un Reglamento de Escalafón”, señala el artículo.

Más adelante, en el texto legal, son indicados los “factores escalafonarios” que se tomarán en cuenta para otorgar una base, como los conocimientos, aptitud y antigüedad, así como disciplina y puntualidad, que no podrían medirse sin haber tenido un tiempo de servicios prestados en alguna dependencia.

Si se parte de la declaración de Guerrero Luna, prácticamente 207 personas pudieron haber caído en ese supuesto de recibir una base en forma directa sólo por ser hijos o hijas de trabajadores, sin tener que cumplir con los requisitos de ley.

Mientras que de los sueldos pagados de manera simultánea, el legislador justificó que “es una facultad del patrón”, pues el Sindicato “no interviene”. A pesar de esto, aclaró que su organización otorga plazas de “Nivel 1”.

Abren expedientes por asignación de bases

Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), indicó que hasta la fecha han sido abiertos dos expedientes tras la detección de irregularidades en el proceso de basificación, mismo que involucra alrededor de 100 plazas.

“Son los casos que hemos detectado con probable responsabilidad. Hemos estado integrando elementos serios: en estos dos expedientes, de nada más dos entidades, se integran casi 100 plazas otorgadas para base”, detalló la funcionaria estatal.

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La funcionaria aseguró que en el análisis realizado por la SHFP, que aún está en curso, fue detectado un número extraordinario de basificaciones en algunas dependencias.

Derivado de esto, se está completando la carpeta de investigación para comprobar si hay una probable falta administrativa dentro del otorgamiento de estas plazas.

La normatividad que regule el otorgamiento de basificaciones es revisada y analizada, prosiguió Del Villar Casas, y si se desprende una probable irregularidad se procederá a las que hayan sido otorgadas de manera ilegal.

A pesar de esto, la funcionaria estatal enfatizó que esta situación no se ha dado hasta el momento.

Por último, dijo que de iniciar el proceso de revocación de plazas, podría derivar en el establecimiento de posibles responsabilidades a servidores públicos involucrados en la asignación de las mismas, al ser quienes tienen las atribuciones para realizar dichos trámites.

Ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini Cañedo. Crédito: Heriberto Reyes.

Ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini Cañedo. Crédito: Heriberto Reyes.

Ve activista discrecionalidad y corrupción en entrega de bases

Francisco Fiorentini Cañedo, ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, consideró estas acciones como un acto de corrupción.

“Aquí hay de dos, o una estulticia tremenda y una estupidez, porque no merecerían los bajacalifornianos tener gente de tan poca capacidad al frente del gobierno o una corrupción que solamente lo que tú mostraste, es su reflejo”, sentenció ex dirigente del organismo.

En relación a las declaraciones hechas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública, de que los nombres se “duplicaron” por “error”, el activista dijo que es una salida fácil y  no  garantiza que estas personas no hayan cobrado varias veces bajo el mismo nombre.

“Para tener 300 errores en un tema tan delicado a mí me suena, y me huele, muy mal, no solamente en la incompetencia, pero el problema de fondo es que los órganos de revisión no son autónomos”, aseveró.

Fiorentini Cañedo consideró que el sindicalismo en Baja California se ha impuesto para controlar la entrega de plazas, lo que podría ser usado para pagar favores, causas y campañas.

“El otorgar una base de manera discrecional se presta a corrupción, ‘cuánto me das a cambio de que te basifique, qué favores voy a recibir con tu basificación’ y el uso discrecional de la nómina, es algo que deberíamos estar combatiendo de manera permanente y frontal”, apuntó.

Por lo anterior sostuvo que las bases que se otorgaron a hijos de burócratas de manera directa incumplen lo establecido en el artículo 165 de la citada ley, pues en ella se indica que de manera extraordinaria, la ocupación de algunas vacantes puede sujetarse a un proceso discrecional, siempre y cuando haya justificación ante la comisión de escalafón.

Oficio girado por el ITAIP a Oficialía Mayor para aclarar presunta duplicidad de sueldos.

Oficio girado por el ITAIP a Oficialía Mayor para aclarar presunta duplicidad de sueldos.

Alejandro Rosales Sotelo, director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del gobierno del estado, contestó un oficio girado por el Instituto de Transparencia en el que piden informes sobre la duplicidad de sueldos a distintos burócratas.

Rosales contestó que, tras una revisión de las plantillas del personal que la dirección de recursos humanos de este organismo genera, “no se encontró ningún registro de personal duplicado”.

Por lo anterior, se solicitó al ITAIBC que brinde la información sobre los registros de los servidores públicos duplicados.

Ante esto, el ITAIPBC informó que debido a que se niega la irregularidad, se ha convocado a una reunión para iniciar con la verificación oficial y proceder con la denuncia respectiva.

Oficio de respuesta de Oficialía Mayor al ITAIP donde niega la duplicidad.

Oficio de respuesta de Oficialía Mayor al ITAIP donde niega la duplicidad.

Por meningitis en Durango vinculan a proceso a 3 ex servidores públicos

Por el brote de meningitis en Durango, que le costó la vida a 35 personas, un juez vinculó a proceso a dos ex servidores públicos y a un anestesiólogo por presuntamente haber sido corresponsables en el fallecimiento de los pacientes.

Vinculados a proceso por meningitis en Durango

Joaquín "N", ex titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios y Guadalupe "N", verificadora de la misma dependencia y Omar "N", anestesiólogo, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso por omisión en relación a los fallecimientos registrados en clínicas privadas de la capital del estado de Durango.

El juez de control responsable del caso consideró suficientes las pruebas presentadas para vincular a proceso a los de ex servidores públicos, por lo que se mantendrán recluidos bajo el concepto de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la autoridad, Joaquín "N" y Guadalupe "N" habrían omitido acciones para evitar el uso de fármacos contaminados que finalmente provocaron las infecciones por meningitis micótica en más de 70 pacientes duranguenses. Mientras tanto, Omar "N" habría suministrado el medicamento en distintos pacientes de cuatro clínicas diferentes.

Las autoridades dieron un plazo de tres meses para ampliar la investigación y dar tiempo a la defensa se preparar sus argumentos y pruebas que demuestren la inocencia de sus representados.

¿Por qué sucedió el brote de meningitis en Durango?

En noviembre de 2022, autoridades médicas informaron que siete pacientes, en su mayoría mujeres, estaban infectadas con meningitis, todas con antecedentes de procedimientos quirúrgicos.

Con el paso de los meses, las infecciones se comenzaron a multiplicar y los fallecimientos no cedieron. Más de 70 personas se contagiaron y 35 perdieron la vida. Todas ellas fueron atendidas en clínicas privadas y en su mayoría acudieron para recibir tratamientos programados como partos o atención a fracturas y lesiones traumatológicas.

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Por otro lado, integrantes del gremio médico y familiares de las dos personas procesadas se han estado manifestando desde la semana pasada porque consideran que la investigación ha estado plagada de presuntas irregularidades y que los verdaderos culpables siguen gozando de total impunidad.

Para los quejosos, las autoridades se están yendo por la línea más delgada y no están poniendo atención en quienes verdaderamente provocaron la crisis sanitaria.

Fiscalía investiga a Jorge Zermeño y a otros exalcaldes

Con información de Vanguardia

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó en voz de su titular, Gerardo Márquez, que están investigando a Jorge Zermeño y a otros ex alcaldes de La Laguna.

El funcionario estatal indicó que están investigando a los ex alcaldes de Torreón, Viesca, Matamoros y Francisco I. Madero porque no han resuelto las observaciones financieras emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

La Auditoría, en su último informe, realizó diversas observaciones a las cuentas públicas de los cuatro municipios por no haber justificado gastos, particularmente en el concepto de servicios personales.

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila le da un tiempo determinado a los municipios para resolver las observaciones financieras. Si en ese lapso las autoridades señaladas no explican y cuadran las cuentas, la Auditoría procede a presentar denuncias penales por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, uso indebido de la función pública, entre otros.

En este caso, el Fiscal Gerardo Márquez indicó que se estaría investigando a Jorge Zermeño y al resto de los ex alcaldes de La Laguna por el delito de peculado, y advirtió que éste no prescribe,.

Fiscalía sigue señalamientos de la Auditoría

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila basó sus denuncias en el último informe de resultados presentado que analizó las finanzas de los municipios al cierre de 2020.

El informe detalla que las observaciones en contra del municipio de Torreón, en ese entonces encabezado por Jorge Zermeño, se basaban en obras públicas de mala calidad e irregularidades en las adjudicaciones de algunos contratos.

El documento sumó 25 irregularidades por un monto total de $71 millones 976 mil 166 pesos.

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Justo al terminar la administración municipal, en diciembre pasado, la entonces tesorera, Mayela Ramírez Sordo, declaró que no le tenían preocupada las observaciones y que todas iban a ser solventadas en tiempo y forma. Hasta el momento, las autoridades pasadas no han explicado el destino de todos esos recursos.

Fiscalía cierra investigación sobre tiroteo del Colegio Cervantes

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en voz de su titular, Gerardo Márquez Guevara, dio por finalizada la investigación sobre el tiroteo del Colegio Cervantes acontecido el 10 de enero del 2020.

El funcionario estatal dio a conocer que el abuelo del menor autor del tiroteo, José Ángel "N", fue puesto en libertad condicional desde el pasado mes de octubre al no hallar elementos suficientes para declararlo culpable por la comisión de homicidio doloso por omisión.

Al no concretar dicha línea de investigación, se optó por vincular a proceso al abuelo y tutor del menor por el delito de homicidio culposo, cuya pena se puede vivir fuera de la cárcel.

José Ángel "N" pasará los próximos cuatro años en libertad condicional y no podrá salir de Torreón ni acercarse a los familiares de las víctimas, además, se informó que pagó una indemnización no especificada a la familia de la maestra María Assaf Medina, fenecida durante el tiroteo a manos del menor de 11 años de edad.

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El pasado 10 de enero del 2020, el niño José Ángel llegó armado al Colegio Cervantes Campus Bosque con una playera que tenía impresa la frase "Natural Selection", pidió permiso para ir al baño y, al salir, comenzó a disparar en contra de compañeros que paseaban por el patio. Producto del tiroteo, el menor hirió a seis personas; cinco compañeros y al profesor de educación física. Después de las agresiones, la maestra Assaf trató de evitar que el problema se volviera más grande, lo abrazó por detrás para tratar de tranquilizarlo y él respondió con un disparó que entró por su ojo. Después de asesinar a la maestra, el niño también terminó con su vida.

Con el cierre de esta investigación, también se le da cerrojazo a un episodio que puso en el mapa a Torreón en todo el mundo.

Coahuila continúa sin investigar el presunto desvío de 1,300 millones de la Dipetre

La epidemia del Covid-19, ha desviado la atención de otros temas relevantes que aún no se han solucionado en el estado de Coahuila. Uno de ellos, y que esta semana fue noticia, son las irregularidades financieras dentro de las instituciones magisteriales.

Luego de que la Suprema Corte declarara inconstitucionales los pagos y cuotas que el Gobierno de Coahuila le cobraba a los maestros para tener acceso al servicio médico, otro tema que quedó pendiente de aclarar es el presunto desvío de 1,300 millones de la Dirección de Pensiones de Trabajadores de la Educación.

Gustavo García, integrante de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila, comentó que la administración que encabeza Miguel Riquelme no ha hecho caso a las denuncias presentadas por la propia Auditoría Superior del estado.

“Todo esto se deriva de dos cosas fundamentales; el desorden en las finanzas derivado de irregularidades y probables fraudes y probables peculados y probables delitos cometidos contra el patrimonio de las instituciones”.

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El también maestro pensionado explicó que la Fiscalía Anticorrupción no le ha dado seguimiento al desfalco a las instituciones magisteriales del estado. Originalmente, todo el recurso de esas instancias se reunió con aportaciones de los mismos agremiados.

 “Que se realicen las investigaciones que están pendientes, no se han realizado. En base a 16 denuncias que presentó la Auditoría Superior del estado y que reporta probables delitos cometidos contra el patrimonio de las instituciones del seguro, del servicio médico y del fondo de vivienda, hasta por 1,300 millones de pesos, bajita la mano y eso es nada más lo que está registrado en esas denuncias”.

El propio gobernador Miguel Riquelme, le respondió a los maestros que él no puede decir nada por la secrecía de las investigaciones, sin embargo, ninguna entidad que forma parte de las instituciones que combaten la corrupción en Coahuila ha dado alguna respuesta.

Cabe destacar que, aunados a los 1,300 millones de pesos que no aparecen, el Gobierno de Coahuila debe otros 3 mil millones al fondo de pensiones y al servicio médico del magisterio estatal.

Exigen investigación contra Notimex por el posible uso de recursos de manera ilícita

Por Artículo 19

El día 12 de mayo, ARTICLE 19, organización integrante del Espacio OSC, Aristegui Noticias y Signa_Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), informaron sobre los ataques a periodistas por parte de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), a través de redes sociales.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión, hasta la fecha por lo menos se tiene el registro de 133 periodistas asesinados en probable vínculo con su labor periodística.

Por ello, es necesario recordar que es responsabilidad de todas las autoridades, en el marco de su competencia deben respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la libertad de expresión en un país que se considera uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

En ese sentido, a las organizaciones firmantes preocupa la denuncia pública en contra de NOTIMEX, pues de resultar cierta, los ataques contra la prensa por parte de una Agencia del Estado resultaría condenable.

Por ello es indispensable que el Gobierno federal investigue dicha denuncia y en el ejercicio de rendición de cuentas, informen sobre el uso de recursos públicos que NOTIMEX ejerce.

Particularmente nos unimos al llamado para que la Secretaría de la Función Pública investigue los hechos denunciados para garantizar la no repetición y fomentar condiciones seguras para ejercer la libertad de expresión.

Finalmente, hacemos un exhorto al Gobierno federal para que se garanticen condiciones seguras para el ejercer el periodismo y la libertad de expresión, así como que se emprendan acciones específicas que eviten el uso de recursos para socavar la credibilidad y legitimidad de los medios. Llamamos a poner fin a los ataques de cualquier tipo contra periodistas que juegan un papel de vital importancia en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

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ATENTAMENTE

Organizaciones:

Aluna Acompañamiento Psicosocial
Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión (AMPRYT)

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas: ARTICLE 19;  Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C.
Colectivo Liquidámbar
Coordinadora Sindical Unitaria de México
Red de Mujeres Trabajadoras Cuauhtémoc
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana
Sin Fronteras IAP
Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SUTNOTIMEX)
Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP (SUTDCONALEP)
Red de Periodistas de a Pie

Personas defensoras de derechos humanos, periodistas y a académicas/os:

Adela López

Adolfo Sánchez Venegas

Adriana Esquer

Adriana Mújica M.

Adriana Núñez

Adriana Urrea

Adriana Gómez

Aimée Vega Montiel

Alain Jiménez

Alan Murià

Alejandra Belén Gallardo Lucio

Alejandra Camacho

Alejandra Cerezo

Alejandra Jauregui

Alejandro Aguilar Huitrón

Alejandro Corona

Alejandro Gutiérrez Godínez

Alejandro Lelo de Larrea

Alex Callejas

Alexa Servin

Alexandra Aguirre Rueda

Alfredo Flores Ambriz

Alfredo Pacheco Granados

Alina Archundia

Aline Nayeli Smith Alfaro

Alma Delia Rosales Ortiz

Amanda Ramos García

Ana Daniela Nahmad

Ana Elisa Pacheco Rodríguez

Ana María Mendoza Ramírez

Ana Mercedes Saiz Valenzuela

Ana Reyna Mandujano Vàzquez

Anaid Ibáñez Pérez

Analy S. Nuño

Andrés Torres Checka

Ángela Flores Mandujano

Ángela Rojas

Angelica Garcia Valles

Angélica Guerrero López

Angélica Jiménez

Angélica Palacios

Anna Lee Mraz Bartra

Araceli Callejas

Araceli Ledesma

Araceli Malavar

Arath González

Argel Corpus

Ariana Gabriela Pérez Oropeza

Ariana Muñoz Espinosa

ARMÁNDO CORDERO RODRÍGUEZ

Aaron Rayón Cruz

Artemiza Montiel Martinez

Atala Daniels

Atzín Ruíz Carbajal

Aurora Padilla

Aurora Zepeda

Badir Vega

Bárbara Andrea Montenegro Cortés

Berenice Contreras

Berenice Gutiérrez

Blanca Estela Santos Villegas

Bulmaro Matias

C Valeria Rangel avila

Calafia A. Martínez González

Camelia Muñoz Alvarado

Candy Valdez Velazco

Carlos Bautista

Carlos Herrera

Carlos Pereda Muciño

Carlos Rogelio Naranjo Navarro

Carlos Torres Muñoz

Carlos Trejo Serrano

Carmen Camarillo Dueñas

Carmen de la Torre

Carmen Dueñas

Carmen Vázquez

Carmina González Altamirano

Cecila Mandujano Vázquez

Cesar Dominguez

César Gutiérrez Pérez

Cintli lolbeth Villar Delgado

Cirilo Ortega Hernández

Claudia Bodek

Claudia Liliana Moscoso

Claudia Pacheco

Claudia Pérez cortes

Claudia Rangel Ordoñez

Claudia Vallés

Claudia Zarate Sobrino

Clemencia Correa

Consuelo Mariles Alonso

Cristian Carlos

Cristina López

Cristina Sánchez

Cristina Venegas

Cristopher Chiñas Galván

Cynthia Emma García Lozano

Daniel Martínez Juárez

Daniel Sandoval Cervantes

Daniela Contreras

Daniela Franco Bodek

Daniela Serrano Campos

Daniella Granados Zárate

Darian Rangel Ordoñez

Debbie Vásquez

Diana Domínguez Galván

Diana Goldenberg

Diana Navarro

Diana Villanueba

Diego Puente Vasconcelos

Diego Roberto Velázquez Zarate

Dolores García P.

Dr. José Alfonso Bouzas Ortiz.

Dulce Maria Alamilla

Edgar A. Prieto Barboza

Edgar Bautista Gonzalez

Edgar Gómez

Edit Rico Dueñas

Edith Domínguez Galvan

Edna Becerril

Eduardo Granados Monteagudo

Eduardo Ruiz

Effi Cerezo

Efrén García García

Egbert Méndez Serrano

Elba Roxana León Aguilar

Eli Bartra

Elian Bernal

Elisa Torres Camargo

Elizabeth Alba

Elizabeth Velasco Contreras

Eloy Caloca Lafont

Elsa Ángeles Vera

Emanuel Mazzilli

Emiliano García Domínguez

Enrique de la Rosa

Enriqueta Ortiz Campero

Érika González Reyes

Erika Hernández

Esperanza Garcia

Esperanza Michel

Esther Rivera García

Eva María Ponce Torres

Evelyn González.

Fabiola Estrada Pineda

Fátima Sofía Garrido Sánchez

Felipe DELINT SOTO

Felipe Ortuño Hernández

Félix Roberto Gutiérrez García

Fernanda Luna

Fernando Hernández

Fernando Vilchis

Leopoldo Best

Flora Hernández Bonifacio

Francisca Duarte Ahumada

Francisco Cué M.

Francisco Díaz de León Espino

Frida Paola Vergara Mandujano

Gabriel Loyola

Gabriel Ramos

Gabriela T.L

Gabriela Tomé

Galo Ramírez

García Gómez Brenda Nayeli

Genaro Fuentes Vélez

Gerardo Ortega Velasco.

Gerardo Ortiz

Gerarso Ramirez

Gómez Alvarez Norma

Gonzalo Delgado Toledo

Gonzalo Rodríguez Trigo

Gregorio Montes

Guadalupe Soto Ruiz

Guadalupe Vallejo Mora

Guillermo Granados

Guiomar Rovira

Gustavo Benitez

Gustavo López Ángel

Gustavo Ruiz

Hans Leguizamo Romero

Héctor A. Chávez Maya

Héctor Colón Salazar

Hiram Lopez Carrasco

Hugo José Suárez

Hugo Ortiz Campero

Humberto Cruz

Humberto Huerta Mireles

Humberto Robles

Ibeth Cabrera Acosta

Ignacio R. Guajardo

Irais Ortega Sánchez

Irais Sánchez

Irma Arizmendi Maquitico

Irma Blanco de la Rosa

Irma Pilar Ortiz Sánchez

Isabel Sanginés Franco

Ismael Lozada

Ismse Colmenares Maguregui

Israel Mandujano Ramos

Israel Salas

Itzel Rodrígue Montaño

Itzel Sary Guzmán Herrara

Itzel Vergara Mandujano

Iván Santiago

J.Felix Muñiz

J.Guillermo Granados de la Vega.

Jacob Sánchez

Jade Ramirez

Jaime Contreras

Jaime González Hernández

Jaime Gálvez Hernández

Jaime Ruiz

Javier Flores

Javier Salas

Javier Sánchez

Jenny Jiménez Herrada

Jessica Cruz

Jesús Bastida

Jesús Brandon Fregoso Herrera

Jesús Sánchez Ramirez

Joab Alexis Jimenez Hernandez

Joel Ortega Erreguerena

Joel Velasco Ciau

Jonathan Bautista Cruz

Jorge Chaparro Acosta

Jorge Luis Martínez

Jorge Rivas

Jorge Teheran

José Antonio Aranda Ruiz

José Antonio Jurado V.

Jose Franco

Jose Gabriel Cambray Ortega

Jose Lavanderos

José Luis A.A.

Jose Luis Hernandez Garcia

José Luis Herrera

José Manuel Macías Guzmán

José Romero

José Víctor Rodríguez Nájera

Josefina Hernández Garcia

Joshua Jimenez Hernandez

Josué Karim Moreno Martínez

Josué Pérez

Juan Manuel Guillén

Juan Manuel Soto Martínez

Juan villa

Julieta Jacqueline Rico Dueñas

Julio Mandujano.

Karla Ascencio González

Karla Daniela Niño C.

Karla Eugenia cordero Rodríguez

Laura Espinosa

Laura Lluvia Sánchez Tapia

Laura Mastache Gutiérrez

Laura Navarro Palacios

Laura Roldán

Laurentina García López

Lena Brena

Leonela Salazar

Lic. Mónica Rivera Cesa

Lili Camarillo

Liliana Ramírez Ruiz

Liliana Raquel Sánchez Ramírez

Lina Margarita Berré Salcedo

Lizbeth Glez Reyes

Lizbeth Mercado

Lizeth Arias

Lorena Lara

Lorena Osornio

Lorena Peralta

Lorena Umaña

Lourdes Ruiz

Lourdes Sierra Arenas

Lucía Mendoza

Lucía Romero

Luis Arturo Hernández Bonifacio

Luis Bueno Rodríguez

Luis Fernando Torres López

Luis Pérez León

Luis Roberto Castro Sánchez

Luis Rodrigo Hernandez Miranda

Luisa García González

Ma. del Refugio Gutiérrez

Magdalena Barra

Manuel Bello

Manuel Ortiz Escámez

Marco Antonio Avendaño Aviña

Márgara Millan Moncayo

Margarita Flores Arellano

María Antonieta Ramírez Herrera

María del Carmen De Lara

María del Pilar Silva Garduño

María Elizabeth Rodríguez Mora

María Estela Ortega hernandez

María Esther Iturbide Lugo

Maria Eugenia Aguilar  Domínguez

María Eugenia Rodríguez Zúñiga

María Eugenia Saldaña E

María Herrera

María José palencia

María Magdalena López Rocha.

María Monserrat Granados Zàrate

Maria Teresa Hernandez Garcia

Mariana Alarcón Molina

Mariana Camacho Ramírez

Mariana Cons

Mariana Méndez Hernández

Mariana Sevilla

Mariana Ulloa Rodríguez

Mariangel Calderon Contreras

Maricela Palacio

Mariel Rosauro

Marilia Castillejos Meléndrez

Marina Hernández Aguilar

Mario Caballero

Mario Cruz

Mario Encarnación

Mario López Ramírez

Marisela Hernández Flores

Marisela Miranda

Marlen González reyes

Martha león

Martín Guzmán Torres

Martín Matías Ortega

Mateo Guzman Rueda

Matilde Pérez Uribe

Mauricio Guzmán Roque

Mayra Cebreros Martínez

Miguel A. Martinez

Miguel Alonso Raya

Miguel Ángel Bennetts Candelaria

Miguel Angel Canseco Michel

Miguel Ángel Hernández Cruz

Miguel Velázquez

Mildreth Hernández

Minerva Hernández Trujillo

Mirna Carbajal Castillo

Mónica Guitián Galán

Mónica Mendoza Madrigal

Mónica Ortiz Monasterio

Montserrat del Jobo

Montserrat Galván Martínez

Montserrat Jiménez

Mtro. Gabriel Bagundo

Nallely Rico

Nayeli Ortega Velasco

Nelly Segura

Nancy González Reyes

Nidia González

Norberto López Zúñiga

Norma Camacho

Norma Díaz Gómez

Norma Márquez

Norma Patiño Villalobos

Norma Rivera

Norma Ruiz

Nuria López

Odina Skartados

Olga Salazar

Omar Cardenas

Oscar Mata SIlva

Osvaldo de la Rosa Castillo

Pablo Franco Hernández.

Pablo Sánchez Grobet

Pamela Cruz Reyes

Paola Ladrón de Guevara

Paola Ricaurte Quijano

Patricia Ávila Guerra

Patricia Juan Pineda

Patricia Ortega Ramírez

Patricia Posadas

Patricia Ramirez

Paula Pulido Thomas

Paulina Ramírez Martínez

Paz Chávez Vargas

Pedro Argumedo Torres

Pedro David Fernández Hummel

Periodista Jaime Guerrero

Perla de los Angeles Sánchez Ortiz

Perla Ximena Ortega Sánchez

Priscila Alonso

Ricardo Alejandro Domínguez Galván

Ricardo Chacón. Documentalista

Ricardo Hernández Camacho

Roberto Neria Cordero

Roberto Ortega

Rocio Vargas

Rodolfo Romero Santamaría

Rodrigo Olvera Briseño.

Rosa Beatriz Alonso Mondragón

Rosa María Ortega Sánchez

Rosaura Torres

Roxana Escamilla

Rubén Martínez Flores

Ruth Elizabeth Campos Hernandez

Salvador Gonzalez Briceño

Sandra Alcántara S.

Sandra Fernandes

Sandra Oceja Limón

Sandra Patargo

Sandra Patargo

Sarahi B.

Sarai Camarillo

Saul Velasco

Sebastián Santana Jiménez

Selene Aldana Santana

Selene N.

Sergio Matías Ortega

Silvia Erendira Muñoz Ortiz

Socorro Velasco Monroy

Sofía Angélica Silva Gracia

Sofia Arreola

Soledad Sánchez Juárez

Stephanie salas de la Cruz

Stephany Velázquez Guzmán

Susana Cerezo

Susana Pérez

Susana Valles

Tabatta Salinas Caballero

Tadeo Arturo Hernández Meneses

Teresa Manzanares

Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar

Tiburcio García Duran

Tomás Milton Muñoz Bravo

Ursus González

Valeria Novelo Aguilera

Vanessa Dávalos

Vázquez Sánchez Christopher

Velasco Nava Dulce María

Verenice Aryzai Leon Urieta

Verónica Escamez

Veronica Pérez Raigosa

Verónica Sánchez Ruiz

Victor alfonso Chávez Ramón

Victor Ricardo Flores Estrada

Víctor Segura

Viridiana Guerra

Vladimir Fonseca Cisneros

Wendy Segovia

Xiadani Flores

Ximena Canseco Michel

Ximena Michaus Pacheco

Yadira Andrade Viosca

Yanalum Cerda Guzmán

Yaneli Sansores

Yolanda Zárate Sobrino

Yoselin González

Yuliana López

Revelan que EU investigó lujosa residencia ligada a Humberto Moreira

Con información de El Universal

La periodista Peniley Ramírez publicó esta mañana en su columna de El Universal que las autoridades de Estados Unidos investigaron la procedencia de una lujosa residencia en el estado de Texas ligada al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

En agosto de 2015, se abrió una investigación en contra de una residencia valuada en 605 mil dólares que constaba de cuatro dormitorios, tres y medio baños, una cocina integral, pisos de madera, dos chimeneas, piscina, una gran terraza y tres espacios de estacionamiento. De acuerdo con la columnista, en su momento esta investigación la reportaron puntualmente la Revista Proceso y el San Antonio Express News.

Desde mayo del 2009, la casa fue adquirida por Hermina Martínez De la Fuente, suegra de Humberto Moreira e incluso ella pagó los 16 mil dólares de impuestos al año que implicaba la tenencia de esa propiedad. Estos pagos, se dieron justo 8 días antes de que Humberto Moreira demandara por daño moral al periodista y académico Sergio Aguayo.

La columna explica que, mientras Moreira demandaba en México, su suegra se estaba defendiendo en Estados Unidos, alegando que esa propiedad era parte de la fortuna de su familia.

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La historia dio un giro cuando Luis Carlos Castillo, un empresario mexicano mejor conocido como "el rey de los dragones", se declaró culpable en casos de corrupción ligados a gobernadores, por lo que firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia norteamericana.

Tres semanas después de haber firmado el acuerdo con las autoridades estadounidenses, participó en una larga audiencia en donde se mencionó varias veces la relación entre Moreira y la residencia ubicada en San Antonio, Texas. Castillo declaró que había sobornado a Moreira a través de Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila y de Javier Villarreal, ex tesorero estatal. Ambos personajes hoy se encuentran en proceso judicial en Estados Unidos.

Parte de ese dinero, según citan los documentos a los que tuvo acceso la columnista, lo transfirieron hacia cuentas bancarias de los Estados Unidos como International Bank y JP Morgan y finalmente se crearon otras cuentas en las Bermudas.

El documento detalló que el dinero transferido por los sobornos llegó hasta los 15 millones de dólares.

Siguiendo la ruta del dinero, la investigación estadounidense halló que Hacienda rastreó un depósito por cinco mil dólares y unos días después el pago de 597 mil dólares para hacer válida la compra de la residencia mediante un depósito originario de una cuenta ligada al empresario Castillo, mismo personaje que aceptó haber participado en una red de sobornos ligada a funcionarios cercanos a Humberto Moreira.

Días después la casa que había comprado la suegra del profesor coahuilense y ex líder nacional del PRI, fue subastada por medio millón de dólares. La compró Loren McCall Campbell, una vecina del mismo fraccionamiento que, luego de ser abordada por la prensa local, dijo: "Todos hubiéramos adivinado que tal vez sucedían ciertas cosas aquí, pero nunca había una familia".

Investiga la UIF a Legionarios de Cristo

Información vía La Silla Rota

Aunque no existe aún algún resultado que compruebe que los Legionarios de Cristo puedan ser inculpados, La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mantiene a la organización religiosa bajo investigación.

La investigación se inició contra la organización acerca de su aparente vínculo con la esposa del expresidente Vicente Fox Martha Sahagún.

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Las posibles irregularidades se investigan en torno a la relación que ellos mantenían con Martha Sahagún y al manejo de recursos públicos que se entregaban a organizaciones civiles.

Santiago Nieto, titular de la UIF, menciona que no hay datos comprobatorios al respecto y que se requiere continuar con la investigación al rededor de toda la organización religiosa y sus vínculos con la figura pública mencionada para encontrar las irregularidades que se sospechan.

Además de los Legionario de Cristo, existen indagaciones respecto a seis organizaciones más vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón que fue detenido en Estados Unidos por sus vínculos con la organización criminal del cártel de Sinaloa y por mentir para obtener su pasaporte.

Contra Martha Sahagún, según lo comunicado, no hay una investigación que la vincule directamente con los Legionarios de Cristo. Esta parte de la investigación es la que se pone en duda por la UIF.

Nieto declaró que se continúa en la investigación obteniendo los datos necesarios y las pruebas que aseguren las inconsistencias. La información de la Comisión Bancaria y de Valores será necesaria para lograr un resultado, mismo que se presentará según lo declarado por el titular de la UIF.

Durante una de las conferencias que el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ofrece constantemente, Santiago Nieto mencionó que no hay pruebas contundentes que incriminen a la organización religiosa tampoco.

Miranda de Wallace ya está bajo investigación penal, confirma FGR

A solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República informó que la presidenta de Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace, ya se encuentra bajo investigación penal por el delito de tortura y por la fabricación de pruebas en el presunto secuestro de su hijo. 

De acuerdo a Los Ángeles Press, la presidencia de la República también confirmó al medio que ya existe una carpeta de investigación en contra de María Isabel Miranda Torres gracias a las denuncias de la periodista Guadalupe Lizárraga; investigación que está en etapa inicial y en curso en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura. 

La primera denuncia de la periodista y directora de Los Ángeles Press fue interpuesta el 11 de diciembre de 2018, por dos intentos de secuestro sufridos el 11 de noviembre de 2016 y el 27 de febrero de 2018. En ambos hechos, falsos agentes ministeriales intentaron llevarse a Guadalupe Lizárraga con el argumento "de que tenía que declarar en la SEIDO-PGR por dar una versión distinta a la oficial".  

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La periodista interpuso una segunda denuncia el 23 de mayo de 2019, cuando el padre biológico del hijo de Isabel Miranda de Wallace, el médico Carlos León Miranda, reconoció que su ex mujer lo hizo pasar por su actual esposo José Enrique del Socorro Wallace Díaz al dar su muestra de sangre, lo que, al coincidir con el ADN, invalidaría la prueba madre del caso, que es una gota de sangre.

El caso Wallace mantiene en prisión a siete personas acusadas por el secuestro y asesinato del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto. Según la versión de la empresaria, su hijo fue secuestrado y asesinado y ella logró encontrar a los responsables por sus propias investigaciones. 

Sin embargo, desde 2014 la periodista Guadalupe Lizárraga ha destacado la fabricación del caso en complicidad con autoridades y el uso de tortura sobre los inculpados para incriminarse, que ha sido acreditado en dos protocolos de Estambul - el de Brenda Quevedo Cruz, que un juez invalidó posteriormente, y el de Jacobo Tagle Dobin que confirma violación sexual - y señalado en actas y medios de comunicación, por los inculpados y sus familiares.