Jaime Bonilla apoyó con miles de dólares a políticos de EU por el control del agua entre TJ y SD

#ComunidadDeMedios | Enrique Martínez Apodaca | Linotipia

El ex gobernador de BC destinó millones de pesos para las campañas políticas de políticos estadounidenses, tanto republicanos, como demócratas; para hacerse del control del agua entre California y Baja California.

Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California y actual senador, es un personaje que no solo ha cultivado sus semillas en la política mexicana, por su doble nacionalidad, llegó a vivir en San Diego y participó activamente en cargos públicos en EU como presidente de la junta del Distrito de Agua de Otay. 

El senador, como empresario en comunicaciones, creó un par de empresas en California a finales de los noventa y principios de los dosmiles: Quetzal Bilingual Communications y Pacific Spanish Network. Con dichas empresas, Bonilla contribuyó como ciudadano estadounidense a ocho figuras de la política del país vecino.

Por un lado, están los republicanos: Gary Mendoza, Duncan Hunter y Jay La Suer, además de donaciones directas al partido del elefante; por el otro lado están los demócratas: Vince Hall, Denise Moreno-Ducheny, Gray Davis, Bob Filner Cruz Bustamante.

Aunque a Bonilla se le llegó a reprochar por haber participado como republicano en EU, pero ser de izquierda en México bajo la bandera del movimiento político que encabeza Andrés Manuel López Obrador; el ex gobernador donó a más demócratas —y mucho más dinero— que republicanos.

Entre 1999 y 2008, el senador donó 120 mil 350 dólares (un millón 203 mil 500 pesos, con tipo de cambio de 10 pesos mexicanos por un dólar), de acuerdo con registros de pago en poder de LINOTIPIA. De esos cientos de miles de dólares 28 mil fueron para los del elefante y el resto, 92 mil 350, para los del burro.

Lo que resalta en estas cifras que sobrepasan el millón de pesos mexicanos de la época, fue que Jaime Bonilla donó gran parte de esto a una sola persona: Cruz Bustamante.

Cruz Bustamante: Foto: Linkedin

Cruz Bustamante: Foto: Linkedin

Entre febrero de 2002 y agosto de 2003 aportó un total de 71 mil 200 dólares (712 mil pesos) a la campaña de Bustamante, quien fue candidato a la gubernatura de California y fungió en esos años como vicegobernador.

También en el 2002, Bonilla dio fuertes aportaciones a quien ocupó la silla grande del estado de California de 1999 a 2003, Gray Davis. Una suma de 6 mil dólares (60 mil pesos) dividida en dos aportaciones. Ese año fue el más filantrópico del hoy senador mexicano; aportó un total de 70 mil dólares, lo que equivale a 700 mil pesos con el tipo de cambio de la época (10 pesos por dólar).

Los 120 mil 350 dólares que el empresario en comunicaciones se gastó durante esa época equivalen a un millón 203 mil 500 pesos, con lo que se pudo haber comprado mil 520 despensas con productos de la canastas básicas al precio de 2008 (791.7 pesos), lo que alimentaría a 29 familias de dos o tres personas por un año.

Agua y dinero: de sur a norte y viceversa

Bob Filner es otro demócrata al que Bonilla donó 10 mil 650 dólares, poco más de lo que aportó directamente al Partido Republicano en elecciones federales (10 mil dólares).

Filner fue alcalde de San Diego por seis meses en 2013, antes de ser denunciado por conducta sexual inapropiada por 18 personas y renunciar al cargo, suceso que el medio estadounidense CBS8 recordó a sus lectores el 11 de abril de 2023.

Bob Filner. Foto: congress.gov

Bob Filner. Foto: congress.gov

Antes de su desplome como alcalde, Filner fue congresista de EU desde 1993 hasta 2012, tiempo en el que según la biografía de su sitio web, apoyó al ex presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) “en una misión internacional para reunirse con el expresidente mexicano Ernesto Zedillo.

“En 2004, con el presidente Vicente Fox, una vez más di un paso al frente para fomentar una mayor cooperación y colaboración entre nuestras dos grandes naciones”.

A inicios del milenio Filner y Bonilla compartieron intereses por los ríos que cruzan la frontera entre California y Baja California.

“He tomado la iniciativa para asegurar financiamiento y apoyo críticos para la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales en el Valle del Río Tijuana. Y he asumido un objetivo similar para el Río Nuevo en el Valle Imperial”, recuerda la biografía de Filner.

Por su parte, como se mencionó al principio, Jaime Bonilla fue presidente del Distrito de Agua de Otay a principios del dos mil.

En diciembre de 2011, San Diego Unión Tribune publicó los contratos sin licitación que se hicieron a favor de personas vinculadas con Bonilla para impulsar la creación de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, proyecto que el senador quiso continuar como gobernador de Baja California, pero hasta ahora no ha visto la luz.

Cruz Bustamante —mencionado hace unos párrafos por haber recibido donaciones del ex gobernador— cobró 50 mil dólares del Distrito de Agua, misma cantidad que le dieron a Peter S. Silva, quien dijo conocer a Bonilla de eventos sociales; Enrique Morotes, trabajó con Bonilla en la estación de radio Super K 1040 AM, cobró 32 mil dólares; también a Steve Castaneda, amigo de Bonilla, le tocaron 50 mil dólares.

Jaime Bonilla (izq) y Héctor Mares Cossío (der). Foto: Facebook Héctor Mares Cossío

Jaime Bonilla (izq) y Héctor Mares Cossío (der). Foto: Facebook Héctor Mares Cossío

Un personaje de la política bajacaliforniana y mexicana también terminó involucrado en estos contratos con una suma que asciende hasta los 310 mil dólares: Héctor Mares Cossío, quien fue director de relaciones públicas para la empresa mexicana de comunicaciones de Bonilla, PSN, y actualmente es diputado federal por Baja California con Morena.

Mares Cossío es parte en la actual legislatura de la comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. En 2012, un año después de los contratos, fue diputado federal por primera vez como suplente de Jaime Bonilla.

Bonilla demandado en EU por difamación

En el 2000, tres personas fueron electas para la Junta del Distrito de Agua de Otay, una de ellas fue el actual senador por el Partido del Trabajo, Jaime Bonilla, quien obtuvo la presidencia de esa institución.

En diciembre de ese año, antes de que iniciara la administración de Bonilla en el Distrito, Thomas J. Harron obtuvo un contrato de trabajo. La junta saliente dejó buenas referencias del trabajo del señor Harron. Sin embargo, cuando Bonilla y sus dos compañeros asumieron la administración en enero de 2001, lo despidieron.

“La Junta no sostuvo ninguna discusión en sesión abierta sobre el desempeño laboral de Harron o su razón para despedirlo”, sostiene un expediente legal por demanda No. D042903.

Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez

Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez

Dicha demanda fue interpuesta por Harron contra Bonilla y Antonio Inocentes, otro miembro de la junta, porque después de la sesión donde lo despidieron dieron una declaración para el San Diego Union Tribune.

“No es necesariamente por causa [. ] … Es una cuestión de confianza. La junta simplemente no confiaba en [Harron]. Esa es la conclusión básica”, dijo el ex gobernador al medio sandieguino.

Harron los demandó por calumnia alegando que las declaraciones se hicieron “con la intención de herir al demandante personal y profesionalmente”.

“Bonilla tenía animosidad personal y odio hacia el demandante debido a sus negocios previos con el demandante, y debido a la raza del demandante”, cita los antecedentes de la demanda.

“Tenemos que deshacernos de todos los gringos”, era el plan de Bonilla para esa institución, por eso se quisieron deshacer de Harron, argumentó él mismo: por ser “anglo”.

Aunque el actual senador mexicano quiso escudarse en la libre expresión y la libertad de información, debido a que reveló información de una sesión cerrada, la justicia falló en su contra.

Todos los ríos llevan al Caliente

“Otay anticipa recibir hasta 20 millones de galones por día de la planta desalinizadora, que está siendo construida por una empresa privada en México. Por su parte, Otay construiría un ducto hasta la frontera para llevar el agua al país. El proyecto del gasoducto requeriría la aprobación de varias agencias locales, estatales y federales”, cita la publicación de San Diego Union Tribune donde revelan los contratos sin licitación de 2011.

La empresa encargada del proyecto es NSC Agua, en la que los principales socios son Alejandro de la Vega Valladolid, Gough Thompson y Víctor Vilaplana, quienes el 12 de mayo de 2010 se asociaron con Frederick W. McTaggart, David W. Sasnett, Juan Antonio Corrales Pollorena e Ismael Sánchez González, para llevar a cabo la desalinizadora en Playas de Rosarito.

Dicha planta está en suspensión porque, de acuerdo con Thompson en una entrevista para el Border Hub, hubo desacuerdos entre los socios por la venta de la empresa en la que él no estaba de acuerdo, le redujeron su porcentaje de 25 a 1 y se encuentran en disputas legales.

El primer personaje mencionado resalta por su propio brillo: Alejandro de la Vega Valladolid.  Se le llegó a vincular como socio de Jorge Hank Rhon en el Hipódromo de Agua Caliente. También fue por tres años (1992-1995) cónsul honorario de Costa Rica en Tijuana, de acuerdo con el diario La Nación, en cuya publicación del 29 de mayo de 1997 revela que existía cierto interés de los Hank en extender su poderío casinero a ese país.

Sin embargo, la conexión entre De la Vega Valladolid y Hank Rohn no termina ahí. La tercera esposa de Hank, María Elvia Amaya, fue también esposa de Alejandro y a su vez comadre de Guillermo Ruiz Hernández, ex fiscal general en la administración de Bonilla.

Las empresas gringas de Bonilla

Las dos empresas de comunicación propiedad de Jaime Bonilla que operaron en California son Quetzal Bilingual Communications y Pacific Spanish Network.

La primera fue fundada el 18 de noviembre de 1980, de acuerdo con la Secretaría de Estado de California, y está inactiva desde el 1 de julio de 2010. Pacific Spanish Network fue creada el 27 de enero de 1993 y hasta la fecha su estatus es activo.

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Ambas empresas tuvieron problemas con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés).

En el 2006 a Pacific Spanish Network se le multó con 10 mil dólares por operar sin licencia. Seis años después tuvo otra multa “por no operar de acuerdo con las disposiciones de la regla que se aplican a su servicio” con una suma de 6 mil dólares.

Luego a Quetzal Bilingual Communications se le multó con 12 mil dólares en 2016 porque violó “intencional y repetidamente las secciones 73.3526 y 73.3615 de las reglas de la FCC”. La primera sección tiene que ver con la responsabilidad de la estación para tener un archivo y la otra sección se refiere a la presentación bienal de un informe de propiedad.

Bonilla el impostor

De acuerdo con el libro de Jaime Martínez Veloz “El impostor. Crónicas de un infiltrado del FBI”, Jaime Bonilla juró tres veces proteger la constitución de Estados Unidos.

En el libro donde se detalla ampliamente el paso del hoy senador en las arcas del Distrito de Agua de Otay, también se hace mención a la participación de Bonilla como informante del FBI en una investigación que no dio frutos.

El ex gobernador y “Art M. Gastélum, intercambiaron acusaciones de sobornos, relacionados con una obra de electricidad que tenía proyectada dentro del distrito que representaba Bonilla”.

Jaime Bonilla en el Senado. Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez

Jaime Bonilla en el Senado. Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez

Bonilla denunció esto ante el FBI e hizo de informante grabando conversaciones con Gastélum en las que se le ofrecía un millón de dólares para dar su voto a favor de un proyecto de electricidad.

Sin embargo, Los Angeles Times publicó que “otro miembro del distrito de agua dijo que el presidente (Jaime Bonilla) solicitó el soborno él mismo” cuando el ex gobernador participó en un juicio contra Gastélum.

Bonilla dijo que otro miembro de la junta del Distrito, Fred Cárdenas, lo presentó con Gastélum. Cárdenas “dijo que Bonilla había presionado a Gastélum por un soborno de $1 millón”.

Martínez Veloz cita la entrevista del dueño de PSN con La Prensa San Diego donde dice “haber vivido en la comunidad (de Chula Vista) desde finales de 1977 o principios de 1978, por lo que ha sido un cuarto de siglo”.

El nativo de la colonia Libertad, aquel que fue diputado por el Partido del Trabajo (PT), luego senador y gobernador por Morena, que después regresó a su curul en el Senado y a los meses se cambió al PT de nuevo; el mismo que se coloca en ciertas encuestas publicadas por Facebook como contendiente por el Partido del Trabajo para ser alcalde de Tijuana, ese mismo personaje dijo:

 “Comencé mis negocios aquí (Chula Vista), y tengo muchas cosas por las que estar agradecido. (…) Sentí que era hora de dar algo a la comunidad”, cuando fue parte de la junta del Distrito de Agua de Otay en San Diego.

¿Quién se queda con el dinero robado a México?

Alianzas | Jason Busch | Texas Observer | Border Hub

Los planes del Departamento de Justicia para devolver el dinero robado del estado de Coahuila generan dudas sobre quién debería recibir el recurso.

Más de una década después de que los investigadores federales comenzaran a incautar propiedades y cuentas bancarias en Texas, propiedad de ex funcionarios mexicanos que habían saqueado las arcas públicas, el Departamento de Justicia (DOJ) dice que va a devolver parte de ese dinero al país donde fue robado.

El Departamento de Justicia dijo que los planes para enviar $26 millones de dólares a México representan una primicia histórica: Estados Unidos nunca ha devuelto las ganancias recuperadas de la corrupción a su vecino del sur.

Ese dinero es una porción de decenas de millones de dólares que los fiscales federales con sede en Texas recuperaron durante una extensa investigación sobre funcionarios estatales y municipales de México que el Texas Observer ha contado en varias entregas en los últimos dos años.

De 2012 a 2018, fiscales y agentes federales en Houston, San Antonio, Corpus Christi y el Valle del Río Grande lanzaron una investigación muy intensa de funcionarios gubernamentales y empresarios de cuatro estados mexicanos que, alega el Departamento de Justicia, habían robado fondos públicos y lavado el dinero en Texas.

Los investigadores rastrearon el dinero robado hasta condominios en South Padre Island, gasolinerías y centros comerciales en Brownsville, una torre de almacenamiento en San Antonio que se vendió por casi $11.5 millones de dólares y casas en las áreas de Austin y Houston.

Los casos ilustran los esfuerzos para disuadir a los cleptócratas mexicanos de lavar dinero en Estados Unidos y exponer deficiencias en las regulaciones bancarias  e  inmobiliarias.

El Departamento de Justicia finalmente abandonó los procesos, desestimando acusaciones y resolviendo discretamente demandas civiles, pero no antes de recuperar decenas de millones de dólares a través de la confiscación, el proceso legal de obligar a un propietario a entregar los bienes involucrados en los juicios.

Los planes para devolver parte de ese dinero —las víctimas de delitos financieros pueden solicitar recuperar los fondos incautados por el Departamento de Justicia—plantean nuevas preguntas sobre cómo Estados Unidos debe manejar dinero sucio del extranjero. El objetivo declarado del DOJ al incautar el dinero es hacer de Estados Unidos un lugar menos atractivo para que funcionarios extranjeros corruptos laven dinero.

Este dinero que roban estos cleptócratas... primero que nada, empobrece enormemente a la gente del país y, segundo, socava por completo los mecanismos para la democracia y el Estado de Derecho que estos países necesitan para asegurar que la cleptocracia no continúe”, dijo Tutu Alicante, un activista de derechos humanos de Guinea Ecuatorial que vive en el exilio en Estados Unidos.

Pero devolver ese dinero no siempre es fácil. En muchos países, la corrupción que permitió el robo en primer lugar todavía existe incluso cuando los Estados Unidos está tratando de devolver el dinero.

Al repatriar el producto de la corrupción, países como Estados Unidos necesitan preguntarse: “Quién es en última instancia la víctima de la corrupción?, dijo Sarah Saadoun, investigadora de Human Rights Watch. “En situaciones como ésta, donde se roban fondos públicos… la pregunta es, ¿qué beneficiaría más al público?”.

En 2017, el gobierno de México solicitó  al entonces procurador general Jeff Sessions la devolución de $2.28 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos había incautado de una cuenta bancaria en Las Bermudas perteneciente al ex tesorero del estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández.

Coauhila, que limita con partes del sur y oeste de Texas, ha estado en una situación financiera desesperada desde 2011, cuando se supo que Villarreal y otros funcionarios habían desviado cientos de millones de dólares de una campaña masiva de obras públicas. Hoy, la deuda pública del estado equivale a casi $2 mil millones de dólares.

Villarreal fue finalmente acusado en México de falsificar registros gubernamentales para sacar casi $250 millones de dólares en préstamos a nombre del estado y, en Estados Unidos, de lavar decenas de millones de dólares a través de bienes raíces y cuentas bancarias de Texas. El gobierno federal de México es el responsable final de pagar la deuda que Villarreal acumuló de manera fraudulenta, escribió Raúl Cervantes Andrade, fiscal general de México en el momento de la petición de 2017. En abril de este año, el Departamento de Justicia dijo que devolverá $26 millones de dólares del dinero que ha recuperado.

En México, eso ha desatado un debate sobre quién debe obtener el dinero, y aún reina la confusión acerca de cómo se gastará. El Departamento de Justicia dice que el gobierno federal de México se comprometió a gastar el dinero en un programa de educación sobre el fentanilo. Funcionarios estatales en Coahuila han pedido que se les devuelva. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que si envía el dinero a Coahuila, se lo volverán a robar.

“Tenemos que procurar que se maneje bien, porque ya estaban diciendo precisamente que se les mandara a Coahuila. No.”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa en mayo. “Al pueblo de Coahuila sí, pero tenemos que actuar con cuidado para el manejo de este dinero”.

La corrupción y la impunidad siguen siendo problemas a nivel federal también en México. López Obrador ha enfrentado acusaciones de corrupción y sus fuerzas de seguridad han perpetrado abusos contra los derechos humanos y se han dedicado al espionaje doméstico.

Como para subrayar hasta dónde llega la corrupción, Villarreal, quien se declaró culpable de delitos financieros en 2014 en San Antonio pero aún no ha sido sentenciado, testificó a principios de este año en el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, ex jefe de Seguridad  Pública de México. Un jurado encontró a García Luna culpable de aceptar sobornos de narcotraficantes, y está acusado en una demanda civil separada, presentada por el gobierno federal de México en Miami, de inflar contratos a cambio de sobornos.

México tampoco ha presentado cargos contra otros exfuncionarios de Coahuila. Villarreal todavía es buscado en México, pero los fiscales allí no han acusado a las docenas de exfuncionarios y contratistas estatales que él testificó que estaban involucrados en un esquema complejo que involucraba contratos inflados y falsificados. Los préstamos fraudulentos, que son el foco de la investigación de México, fueron parte de una conspiración mucho mayor para defraudar al estado y controlar el proceso político en Coahuila, dijo Villarreal ante un juez federal de Corpus Christi en 2021.

A nivel estatal, “los sistemas de rendición de cuentas son muy débiles y los gobernadores son muy corruptos”, dijo Raúl Benítez Manaut, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en las relaciones entre Estados Unidos y México. Hay más supervisión a nivel federal, pero “el gobierno de López Obrador no se toma en serio el combate a la corrupción”, agregó.

En rueda de prensa el pasado 12 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó utilizar el dinero en una campaña de combate a las drogas. Crédito: Sitio Oficial del presidente.

En rueda de prensa el pasado 12 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó utilizar el dinero en una campaña de combate a las drogas. Crédito: Sitio Oficial del presidente.

Cuando el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo en 2014 con el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial para entregar más de $30 millones de dólares en activos estadounidenses que, según los fiscales, se compraron con las ganancias de la corrupción, la simple devolución al país de donde fueron robados no era una opción. El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha gobernado desde 1979, y los funcionarios estadounidenses se dieron cuenta de que una vez que se vendieran la mansión de su hijo en Malibú, el auto deportivo Ferrari y los objetos de memorabilia de Michael Jackson, el dinero podría terminar en manos de la misma familia despótica que ha saqueado la nación centroafricana durante décadas. El hijo de Obiang, que compró todos esos activos, es ahora el vicepresidente del país.

Después de siete años de negociaciones, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial acordaron enviar casi $20 millones de dólares a las Naciones Unidas para un programa de vacunas contra el COVID-19 y más de $6 millones de dólares a una organización benéfica en Maryland.

Un problema, dijo Alicante, cuya organización sin fines de lucro EG Justice trabajó con investigadores estadounidenses tratando de entender el robo de fondos públicos en Guinea Ecuatorial, fue que cuando se donó el dinero, el país ya contaba con un programa de vacunas. El Departamento de Justicia había encontrado una solución novedosa al problema de devolver ganancias mal habidas a naciones extranjeras, pero esas decisiones deberían involucrar a la sociedad civil en el país donde fueron robadas, dijo Alicante.

“Tienes que tener algunos mecanismos para la rendición de cuentas”, dijo. “Es genial que puedas vacunar a la gente. Pero, ¿nos estamos asegurando de que se priorice a las personas que más sufrieron la cleptocracia?

Intentar devolver dinero a través de no-organizaciones gubernamentales sería difícil en México, dijo Benítez Manaut. Por un lado, López Obrador desconfía profundamente de las organizaciones no gubernamentales, particularmente aquellas con vínculos con Estados Unidos. Por otro lado, las políticas antidrogas y antiinmigración de Estados Unidos dependen profundamente de la ayuda de México.

En el caso de Coahuila, Estados Unidos tiene una solución potencialmente simple: usar los $26 millones de dólares para pagar parte de la aplastante deuda de Coahuila. En cuanto a por qué Estados Unidos Unidos y México no han accedido a eso, dijo Benítez Manaut, “no sé la respuesta”.

También quedan dudas sobre cuánto dinero Estados Unidos ha recuperado. Los registros judiciales y los resultados de la subasta pública muestran que Villarreal entregó $34 millones de dólares en bienes raíces y cuentas bancarias al gobierno federal de Estados Unidos y casi $6 millones de dólares más al condado de Bexar. Jueces federales de San Antonio sellaron partes de acuerdos con un empresario de Coahuila y la suegra de un exgobernador, lo que hace imposible saber quién recibió el dinero. Los acusados ​​también han entregado bienes a puertas cerradas, incluido un Mercedes McLaren, un auto deportivo raro que puede venderse por cientos de miles de dólares, que Villarreal testificó que perdió.

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Oficiales del Departamento de Justicia (DOJ) declinaron una entrevista con el Texas Observer para este reportaje. En cambio, la agencia dijo en un comunicado:

“DOJ proporciona remisión a víctimas calificadas de activos recuperados en el caso neto de gastos. A veces, sólo una parte de la pérdida se recupera en el decomiso en un caso. Por ejemplo, a veces un demandado gasta los fondos en artículos que no se pueden recuperar, como gastos de manutención o entretenimiento, otras veces el demandado gasta el dinero en activos que no se han mantenido y, por lo tanto, el valor es menor que el precio de compra original”.

La transparencia “importa en ambos lados de la frontera”, dijo Saadoun. “Creo que es importante asegurarse de que Estados Unidos rinda cuentas por completo de todos los activos que fueron (confiscados) … y asegurarse de que, una vez repatriado, en realidad … vaya a pagar los préstamos originales o vaya a alguna otra forma de beneficiar al público”.

Fortuna confiscada a Javier Villarreal irá al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado

La fortuna confiscada en Estados Unidos a Javier Villarreal, ex tesorero del gobierno de Coahuila, serán destinados al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Bienes confiscados a Javier Villarreal irán al INDEP

Durante la conferencia de prensa mañanera de este martes 16 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los bienes confiscados a Javier Villarreal serán transferidos a las arcas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y, desde esa instancia, se decidirá qué hacer con ellos.

"Llega el dinero a la Fiscalía General y tenemos que procurar que se maneje bien, porque ya estaban diciendo que se les mandara a Coahuila; no, al pueblo de Coahuila sí, pero tenemos que actuar con cuidado para el manejo de ese dinero", comentó el presidente.

La cantidad confiscada en bienes y efectivo por el gobierno de Estados Unidos a Javier Villarreal se estima en 246 millones 134 mil dólares, mismos que fueron reclamados por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien dijo que lo ideal sería que ese dinero caiga en las arcas estatales, sin embargo, el presidente no estuvo del todo de acuerdo.

"Se tiene que hacer un plan para ver cómo se le devuelve al pueblo de Coahuila y al pueblo de México", mencionó López Obrador.

AMLO pide a EU agilizar el trámite de devolución de los bienes confiscados a Javier Villarreal

El presidente López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos que agilice el trámite de devolución de los bienes y el efectivo confiscado a Javier Villarreal, uno de los políticos más cercanos a Humberto Moreira cuando fungió como gobernador de Coahuila.

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La sentencia definitiva de Javier Villarreal en Estados Unidos se ha aplazado hasta 20 veces. Actualmente el ex tesorero vive en libertad condicional en San Antonio, Texas y confesó haber cometido los delitos de lavado de dinero y traslado de recursos robados de México hacia Estados Unidos.

Estados Unidos devolverá dinero robado por Javier Villarreal

Estados Unidos devolverá el dinero robado por Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, informó el presidente López Obrador este miércoles 12 de abril durante la conferencia de prensa mañanera.

Devolverán parte del dinero robado por Javier Villarreal

"Hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de finanzas de Coahuila y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira, este señor fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es de 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos"; informó el presidente.

El mandatario nacional informó que, con el dinero recuperado por la justicia norteamericana, se invertirá una parte para prevenir el consumo de drogas. La propuesta ya fue dirigida hacia la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

"Todavía hay que ver si lo van a entregar completo o por partes, pero aquí ya hay una aceptación oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto nos lo expusieron en una reunión que tuvimos aquí en Palacio", comentó AMLO.

Javier Villarreal testificó contra García Luna

Javier Villarreal actualmente vive en libertad condicional en San Antonio, Texas, a la espera de recibir sentencia por los delitos de los que ya se declaró culpable.

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Durante el juicio de Genaro García Luna, Villarreal Hernández, uno de los hombres de confianza de Humberto Moreira, detalló actos de corrupción, desvío de recursos para campañas políticas y cobros ilegales que se hicieron a empresarios de Coahuila para otorgar contratos de obra pública.

Cien segundos para la medianoche; las superpotencias cerca de una catástrofe nuclear

Por Alejandro Nava Femat | @alexnavafemat

“‘No sé con qué armas se combatirá la tercera guerra mundial, 

pero la cuarta se peleará con palos y piedras”

Albert Einstein

En 1945, Albert Einstein y científicos de la Universidad de Chicago que colaboraron en desarrollar las primeras armas atómicas del denominado Proyecto Manhattan (Manhattan Project), fundaron el Boletín de Científicos Atómicos, dos años después, en 1947, crearon el simbólico “Reloj del Juicio Final” (Doomsday Clock), con el objeto de medir el grado de amenaza nuclear latente para la humanidad y el planeta, con potencial de acabar con la civilización. Este reloj, en el que la medianoche representa la cuenta regresiva a cero de la destrucción total y catastrófica de la humanidad, cada año la Junta de Ciencia y Seguridad (The Science and Security Board) del Boletín, le fija sus “manecillas del tiempo” en consulta con su Junta de Patrocinadores, la cual incluye 13 premios Nobel.

El reloj se ha convertido en un indicador universalmente reconocido sobre la vulnerabilidad existente en el mundo a diversas catástrofes, primordialmente de índole nuclear. Este año 2021, la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Atómicos, compuesta por un grupo selecto de líderes reconocidos a nivel mundial con enfoque específico en riesgo nuclear, cambio climático y tecnologías disruptivas, fijaron el tiempo del Reloj del Juicio Final a 100 segundos para la medianoche, es decir, a tan solo 1 minuto 40 segundos para la destrucción de la civilización humana, lo mas cerca que ha estado nunca, dado los riesgos que hoy enfrenta la humanidad y el planeta en la carrera armamentista de orden atómico con potencial hipersónico.

Ucrania: europeístas versus pro rusos

Una de las zonas de mayor inestabilidad y tensión en el mundo, se encuentra en la región más densamente poblada del este de Ucrania, el Donbass, conformada por los óblast (entidad o territorio subnacional) de Donetsk y Lugansk, frontera con el óblast  de Vorónezh en Rusia. Toda esta  región,  susceptible a escalar un conflicto de enormes proporciones, latente tras la caída de la Unión Soviética, detonada cuando el presidente pro ruso Víktor Yanukóvich, se negó a aceptar las condiciones y firma del Acuerdo de Asociación y de Libre Comercio entre Ucrania y la Unión Europea, explotando la noche del 21 de noviembre del año 2013, en una manifestación estudiantil convertida en revuelta, en la céntrica plaza del Maidan en la capital Kiev. 

La lucha de ucranianos europeístas de extrema derecha por alcanzar su total independencia de Rusia, y adherirse de lleno a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), desembocó el 21 de febrero en la salida del país y destitución -vía votación- en la Rada Suprema (Parlamento unicameral de Ucrania) del presidente democráticamente  electo Yanukóvich, lo que condujo a la formación de un gobierno ilegítimo de transición, presidido por el líder de la propia Rada, el europeísta Aleksander Turchinov, quien ya como presidente en funciones, realizó cambios constitucionales y convocó a nuevas elecciones adelantadas para el 25 de mayo del 2014, sin la participación de las auto proclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la que resultó ganador el empresario, político y también europeísta Petro Poroshenko, a quien se le vinculó con la vieja política de corrupción gubernamental y con grupos de extrema derecha neo-nazis fuertemente armados.

La caída del presidente Yanukóvich y su gobierno, generó duras protestas en el sur y sureste del país, particularmente en las regiones de Donetsk, Lugansk, Crimea y Sebastopol, donde la mayoría de la población ruso parlante, que no contenta con el resultado del denominado euromaidan, mostró su indignación por la instalación de un gobierno ilegitimo, pro europeo.

Como respuesta al golpe de Estado, las modificaciones constitucionales y la llegada al poder de fuerzas anti-rusas de ultraderecha, habitantes realizaron protestas en la península de Crimea y Sebastopol, derivando en una poderosa movilización pro rusa.

El 25 de febrero del 2014, ciudadanos de Crimea se manifestaron frente a la sede de la entonces Rada Suprema (Parlamento de Crimea) hoy Consejo Supremo, exigiendo a los diputados no reconocer a las nuevas autoridades del país que usurparon el poder tras los disturbios y enfrentamientos en Kiev, así como convocar a un referéndum que definiera el futuro desarrollo a elegir de la península, bajo tres preceptos: conservar el estatus de república autónoma en el seno de Ucrania, ser un Estado independiente o reincorporarse a Rusia.

La reunificación de Crimea a Rusia

El 16 de marzo del 2014, la entonces República Autónoma de Crimea (ubicada en las costas del estratégico mar Negro y el mar de Azov) en apego a las leyes internacionales en materia de autodeterminación, celebró un referéndum democrático sobre su estatus político, resultando en que un 96.77% de sus votantes decidió a favor de su reunificación con la Federación Rusa. El 17 de marzo, basándose en los resultados del referéndum, la Rada Suprema de la península, aprobó en votación mayoritaria, el decreto de independencia de Ucrania, solicitando la reincorporación de Crimea a Rusia en condición de entidad federada. A su vez, los concejales del Ayuntamiento de Sebastopol, refiriendo a la Carta europea de la autonomía local, las cláusulas 38 y 69 de la Constitución de Ucrania, el artículo 1 de la Convención internacional de los derechos económicos, sociales y culturales y el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, votaron a favor de la integración de la ciudad a la Federación de Rusia, como territorio federal bajo el mismo estatus de las ciudades de Moscú y San Petersburgo. 

Para el 18 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, el primer ministro de Crimea, Serguéi Aksiónov, el presidente del Consejo Supremo de Crimea, Vladímir Konstantínov y el alcalde de Sebastopol, Alekséi Chaly, firmaron el acuerdo sobre la adhesión de la República de Crimea a la Federación de Rusia, ratificado posteriormente por la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento) y por el Consejo de Federación (Cámara Alta). Finalmente, el 21 de marzo el Presidente Putin, firmó la ley sobre la ratificación del acuerdo de adhesión de Crimea y Sebastopol a Rusia. Se abandonó el huso horario de Kiev (UTC+2), para adaptar el de Moscú (UCT+4) y se declaró al rublo ruso como moneda oficial.

La Unión Europea, reconoció tanto la ilegal y transitoria presidencia de Aleksander Turchinov, como la elección adelantada de Petro Poroshenko, ambas derivadas directamente de un golpe de estado, pero desconoció el referéndum y la reunificación de Crimea a la Federación Rusa, calificándolo de ilegal, a lo que junto con Estados Unidos, impusieron sanciones económicas a Rusia, mismas que fueron ampliadas al Donbass y a los separatistas pro rusos.

Referéndums separatistas

Es en el contexto del euromaidan y la reunificación de Crimea a Rusia, que el 6 de abril del 2014, inició una confrontación armada entre los partidarios de las nuevas autoridades pro europeístas de ultra derecha de Ucrania y ciudadanos separatistas pro rusos en los óblast de Donetsk y Lugansk, entidades de lengua materna rusa en su mayoría, que se autoproclamaron independientes, tomaron edificios públicos e izaron banderas rusas en sustitución de las ucranianas, con el claro propósito de replicar un referéndum de autodeterminación similar al de Crimea, para incorporar así, a la Federación Rusa.

El 11 de mayo del 2014, a pesar del llamamiento del presidente Vladimir Putin de postergar la consulta con la finalidad de crear las condiciones necesarias para el diálogo, y en medio de una guerra, los separatistas pro rusos de las autoproclamadas Republicas Populares del Donbass, celebraron referendos secesionistas que tuvieron una participación del 75% en Donetsk, y del 81% en Lugansk, obteniendo como resultado que el 90% de los electores votara a favor de su autodeterminación e independencia, según informó Roman Lyahin, encargado de la comisión electoral para la organización de la votación.

De Ginebra a Minsk

Los combates entre ambos bandos continuaron, Ucrania realiza ataques disparando y bombardeando a población civil, incluidos niños.  Periodistas, funcionarios locales y miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), han sido secuestrados y tomados como rehenes por los separatistas, mientras que hay miles de desplazados internos en Ucrania, y refugiados en Rusia, en medio de un bloqueo informativo, que bajo la amenaza de revocación de licencias, el gobierno de Ucrania prohibió a sus proveedores de televisión retransmitir una serie de canales de televisión rusos, que informaban directamente desde la zona de conflicto.

La situación llevó a realizar una primera reunión de emergencia celebrada el 17 de abril del 2014 en Ginebra, Suiza, entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea, en la que acordaron disolver las formaciones militares ilegales, desalojar edificios públicos y deponer las armas. Al día siguiente, en conferencia de prensa, el líder de los separatistas pro rusos en la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, declaró que el gobierno de Kiev era ilegitimo y que no abandonarían los edificios públicos, en tanto Kiev no hiciera lo mismo con la presidencia y la Rada Suprema, afirmó que ellos no habían participado en las conversaciones de Ginebra, por lo que no cumplirían con lo ahí acordado.                                                                                                                                                                               En los meses subsecuentes, y ya bajo el nuevo gobierno ucraniano de Petro Poroshenko, una escalada de violencia intensificó la guerra mediante fuertes enfrentamientos en distintas ciudades, poblados y villas de la región del Donbass, incluida la tragedia del 17 de julio del 2014, cuando un jet comercial Boeing 777, del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, con 298 personas de 10 nacionalidades distintas a bordo, proveniente de Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur, fallecieron al ser derribado en el poblado de Grábovo, al este de Ucrania, por un misil tierra-aire Buk 9M38M1, de sistema ruso de defensa aérea.

En medio de acusaciones mutuas de culpabilidad entre el nuevo gobierno con los grupos europeístas de extrema derecha, y los separatistas pro rusos, se conformó un Equipo de Investigación Conjunto (Joint Investigation Team, JIT), compuesto por investigadores de Países Bajos, Bélgica, Australia, Ucrania y Malasia, que a la fecha, concluyen con una investigación de 36,000 páginas, la reconstrucción del fuselaje del avión, tres ciudadanos rusos y uno ucraniano acusados de transportar el misil de Rusia hacia Ucrania, la queja del Primer Ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, al considerar injusto e inusual que su país solo fuera incluido en el equipo de investigación seis meses después de la tragedia, cuando debió ser el primer involucrado en la investigación, así como de grandes interrogantes tales como ¿por qué Ucrania no cerró el espacio aéreo en una área de guerra?, ¿quién permitió los vuelos civiles sobre la zona de combate? y ¿por qué la autoridad neerlandesa permitió un vuelo civil sobre Ucrania en medio de un conflicto armado en ese territorio?

Con el objetivo de poner un alto al fuego en el Donbass, el 5 de septiembre de 2014, se reunieron en Minsk, capital de Bielorusia, representantes del gobierno de Ucrania, de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, de Rusia y de la OSCE con la mediación de Alemania y Francia, en la que firmaron un protocolo de 12 puntos para cesar los ataques de forma inmediata. El acuerdo no concretaba mecanismos de implementación y tampoco satisfacía plenamente a ninguna de las partes, en consecuencia y a tan solo horas de la firma, se reactivaron  los bombardeos.

Ante el evidente fracaso de los acuerdos de Minsk y el dramático agravamiento de la guerra que ha dejado decenas de víctimas en combates, se intensificaron los esfuerzos diplomáticos, se pulieron las deficiencias del acuerdo original y se establecieron tiempos para el retiro de la artillería pesada. Las partes involucradas se reunieron nuevamente en Minsk el 12 de febrero del 2015, y tras 16 horas de negociaciones, lograron un acuerdo de 13 puntos en los que destacan el cese del fuego, retiro de armas, intercambio de prisioneros y amnistía, controles fronterizos, retiro de combatientes extranjeros, reforma constitucional y elecciones. Si bien los acuerdos de Minsk II disminuyeron considerablemente los enfrentamientos bélicos, tanto el expresidente Petro Poroshenko en su momento, como después su sucesor, el actual presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, (quien arrasó en las elecciones prometiendo lograr la paz en el Donbass) han incumplido gran parte de los puntos acordados, lo que derivó en hostilidades entre los dos bandos, sin que estas cesaran prácticamente en ningún momento.

A 7 años de guerra, el conflicto escala a tensión mundial

Iniciado el año 2021, la tensión en el Dombass se elevó al máximo, dado tres sucesos: primero, la OTAN llevó a cabo importantes movimientos militares en las fronteras cercanas a Rusia, y a las autoproclamadas Republicas Populares de Donetsk y Lugansk al este de Ucrania, posicionando una enorme fuerza multinacional con alrededor de 30 mil soldados distribuidos en Polonia, los países Bálticos, y Georgia, en más de 30 zonas de entrenamiento, siendo la mayor maniobra militar en los últimos 25 años de la organización trasatlántica, denominada DEFENDER-Europe21.

Segundo, en el marco de los ejercicios militares rutinarios que cada año realiza Rusia al interior de su territorio, tras el fin de cada temporada invernal, el Kremlin movilizó hasta 30,000 soldados rusos, artillería militar pesada, cohetes y misiles balísticos de corto alcance e instalado campamentos en el óblast de Vorónezh, al sur de su frontera con Ucrania, así como el traslado de 15 buques del mar caspio al mar negro.

Tercero, por su parte Ucrania reforzó y movilizó su equipamiento militar en la línea de separación de las zonas controladas por los separatistas pro rusos, a los que ahora Kiev considera terroristas,  lo que desató, que una guerra parcialmente contenida y que tras siete años de fuertes enfrentamientos, haya cobrado 14,000 muertos -según datos de las Naciones Unidas (ONU)- se violara el alto al fuego pactado, se duplicara de 5 a 10 el número de combates diarios existentes, recrudeciendo el conflicto armado.

Occidente Reacciona

En medio de la tensión y dada la situación, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, viajó a Berlín para reunirse con su homologa Annegret Kramp-Karrenbauersu, al termino del encuentro, anunció el envío de 500 soldados adicionales a Alemania. A su vez, por la vía diplomática con Turquía, se comunicó que se enviarían dos buques destructores, el USS Roosevelt y el USS Donald Cook al Mar Negro. Por su parte, el Reino Unido anunció el envío en el mes de mayo de un destructor Tipo 45 armado con misiles antiaéreos, una fragata antisubmarina Tipo 23, aviones cazas F-35 de la Real Fuerza Aérea (Royal Air Force, RAF), y helicópteros Merlin para la caza de submarinos, esto con el objetivo de mostrar su apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, de acuerdo con una fuente de alto nivel de la Armada británica, consultada por el diario inglés, The Times.

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Washington realizó vuelos de reconocimiento en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro, mientras que la Fuerza Aérea británica se sumaba a los sobrevuelos con patrullajes de la zona del mismo mar, cerca de Rumania. Ante esto, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, acusó a Estados Unidos y la OTAN de continuar con “actividades provocadoras" en el espacio aéreo y las aguas del Mar Negro, lo que calificó como intentos de una serie de Estados extranjeros por aumentar su presencia militar en las fronteras sur y occidental de Rusia, afirmó en una reunión con la cúpula militar.

Putin cierra el Mar Negro

La situación llevó a que el presidente Vladimir Putin decidera limitar el tránsito de buques de guerra extranjeros en aguas territoriales rusas, cerrando el estrecho de Kerch en el Mar Negro, del 24 de abril, hasta el 31 de octubre del presente año 2021. De acuerdo al Ministerio de Exteriores de Rusia, la decisión solo atañe a los buques de guerra extranjeros y no afectará de ninguna forma a la marina mercante.

La voz de Henry Kissinger

El dos veces Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, durante las administraciones de los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford (1973-1977), ha destacado en distintos foros un par de consideraciones de enorme peso y trascendencia que deben de tomarse en cuenta con enorme seriedad.

El 9 de noviembre del 2014, en entrevista al diario Alemán Der Spiegel, Kissinger advirtió que el inicio de una nueva Guerra Fría existe, lo cual no puede ser ignorado, si esta amenaza no se toma en serio, puede llevar a una tragedia. “si Occidente quiere ser honesto, tiene que reconocer que ha cometido un error". 

"Europa y Estados Unidos no han entendido la importancia de los acontecimientos que empezaron con las negociaciones sobre las relaciones comerciales de Ucrania y la Unión Europea, que luego desembocaron en las manifestaciones en Kiev, las relaciones entre Kiev y la Unión Europea debían haber sido objeto de diálogo con Rusia, Ucrania siempre ha tenido una importancia especial para Rusia, no entenderlo fue un error fatal", afirmó contundente el exjefe de la diplomacia estadounidense.

Otra importante consideración realizada por Henry Kissinger, fue en febrero del 2019, con motivo de la apertura de la nueva escuela de computación del Massachusetts Institute of Technology (MIT), en la que participó con una conferencia donde afirmó que “la sociedad humana no esta preparada para el surgimiento de la inteligencia artificial. El desarrollo de armas equipadas con una inteligencia artificial cada vez más avanzada, serán más difíciles de controlar que las armas nucleares” advirtió. 

Error humano, tecnológico o de contaminación espacial

Lo dicho por Henry Kissinger son factores a considerar en forma permanente, una situación de crisis como la que se ha vivido en el Donbass desde el año 2013 en que inició, fue escalando a muy altos niveles de tensión -similar a la crisis de los misiles en cuba- y estar cerca de llevar al mundo a una confrontación armada, en la que el mínimo error humano, tecnológico y/o de contaminación espacial desate una tercera guerra nuclear hipersónica sin precedentes, ni subsecuentes para la civilización. 

En esta ocasión, Estados Unidos renunció al envío de los dos buques destructores de navegación USS Roosevelt y el USS Donald Cook al Mar Negro, para evitar que las cosas salieran de control. Por su parte, Rusia anunció el fin de los ejercicios militares anuales, ordenando a las tropas regresar a sus lugares de despliegue permanente. Estas acciones permitieron disminuir la fuerte y peligrosa tensión escalada en toda la región del este de Ucrania, frontera con el suroeste de Rusia y el Mar Negro, y de ahí pasar al indispensable dialogo en una cumbre a celebrarse el próximo 16 de junio en Ginebra, entre los Presidentes Joe Biden y Vladimir Putin, en la que se discutirán asuntos urgentes tales como la relación bilateral, la estabilidad estratégica y la resolución de conflictos regionales.

El error humano de occidente se ha dado, la fatalidad prevista como resultado de esa acción contra Rusia advertida, en un contexto multinacional de realizar un mal cálculo geopolítico, que conduzca al mundo a una situación irreversible.

El desarrollo tecnológico de las nuevas y poderosas armas nucleares hipersónicas dotadas con Inteligencia Artificial (IA), las cuales actúan mediante autoaprendizaje y de forma autónoma para tomar decisiones, conlleva un enorme riesgo en situaciones de crisis bélicas, más aún cuando estas armas pueden ser difíciles de controlar, y por error, llegaran a tomar una decisión equivocada, humanamente no deseada.

Finalmente, a lo largo de la carrera espacial entre las superpotencias Rusia, Estados Unidos, y China (en el orden que fueron llegando al espacio) han ido generado desde viejos satélites en desuso, partes de vehículos espaciales, fragmentos pequeños y grandes, y una gran cantidad de chatarra con residuos espaciales en general, orbitando alrededor de la tierra. La reciente inclusión de empresas privadas del sector aeroespacial la esta intensificando, hoy esa basura espacial ya complica las telecomunicaciones vía satélite, la calidad de transmisión de Internet hacia la tierra y los accidentes en orbita son cada vez más comunes.

En un escenario de tensión entre superpotencias, en la que una posible colisión de objetos provenientes de la basura espacial, destruya algún elemento estratégico de comunicaciones y/o de defensa militar, pudiera ser interpretado -por error- como un ataque planificado por parte del adversario, es un escenario posible que puede conducir a que los hoy cien segundos del Reloj del Juicio Final, inicien su recuento moviendo sus manecillas hacia la media noche. Estos tres factores: el humano, tecnológico y el de contaminación espacial, no son producto de la ciencia ficción, son factores reales que de darse en forma individual o conjunta, podrían conducir  a la nunca deseada catástrofe nuclear.

Migrantes denuncian explotación apoyada por autoridades mexicanas

Alianzas | Gloria Ruiz García | Border Center for Journalists and Bloggers

Trabajar legalmente en Estados Unidos se volvió un sueño realizable para Sandra Rios y Antonio Hernández, un operario de maquiladora y una vendedora de alimentos que acudieron al llamado de una empresa que los contrató sin imaginar que serían víctimas de abusos laborales.

“La verdad estuvimos nosotros esclavizados a esa fábrica”, dijo Sandra en entrevista por la forma en que fueron tratados y por las condiciones laborales y de vivienda en que los mantuvo la empresa Home Fashions International.

Ambos ignoraban que el empleador no cumplía con los lineamientos establecidos en el artículo 28-A de la Ley Federal del Trabajo sobre contratación, condiciones laborales y de trato digno

Omar Castaneda Balderas, gerente en HFI, revisa daños en el techo que provocaron la filtración de nieve en la planta maquiladora. Foto: Trabajadores de HFI

Omar Castaneda Balderas, gerente en HFI, revisa daños en el techo que provocaron la filtración de nieve en la planta maquiladora. Foto: Trabajadores de HFI

La empresa Home Fashions International LLC (HFI) con sede en Carolina del Sur, Estados Unidos, contrató a cien mexicanos en Ciudad Acuña, entre ellos a Sandra y Antonio, sin contar con las certificaciones laborales de Estados Unidos y México.

Sandra y Antonio narraron sus testimonios para este reportaje mientras otros ex trabajadores se negaron por miedo a represalias, pues algunos fueron promovidos por Home Fashions para ser contratados por otra empresa ubicada en Carolina del Norte, que extendió sus visas de trabajo.

José César Nájera Esquivel, otro de los mexicanos contratados por HFI, dijo en entrevista que durante el invierno tuvieron que cocinar a la intemperie en una parrilla en los pasillos del hotel donde los instaló la empresa pero ellos pagaban el hospedaje.

Nájera y otros compañeros hicieron arreglos a las casas rodantes que habitaron después. Él se accidentó y lesionó la cintura, y no recibió atención médica porque él debía pagarla y eso significaba no enviar dinero a su familia en México.

José César Nájera Esquivel decidió regresar a Ciudad Acuña ante lo que consideró abusos laborales y discriminación por parte de HFI. Foto: Gloria Ruiz

José César Nájera Esquivel decidió regresar a Ciudad Acuña ante lo que consideró abusos laborales y discriminación por parte de HFI. Foto: Gloria Ruiz

Luego de su accidente se sintió discriminado por supervisores de HFI, ya no le autorizaron horas extras y empezaron a ignorarlo hasta que decidió regresar a México antes de concluir su contrato porque ya no estaba dispuesto a tolerar más abusos, dijo en entrevista.

Nájera dijo tener hermanos y sobrinos que laboran en Estados Unidos con visa de trabajo en el campo y que no son maltratados.

“A ustedes los están explotando y los están explotando bien y bonito”, le dijeron sus familiares, recordó José César en la entrevista.

Los mexicanos fueron presuntas víctimas de abusos a sus derechos laborales en HFI, de acuerdo con la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este reportaje.

Fueron contratados con engaños, vivieron y trabajaron en condiciones indignas, los amenazaron con regresarlos a México, los presionaron para aceptar préstamos y no les proveyeron atención médica, de acuerdo a sus testimonios y a la denuncia.

Estos abusos están tipificados como delitos en el capítulo 77 sobre Peonaje, esclavitud y trata de personas, del Código de los Estados Unidos.

Tania Castañeda Balderas fue la representante de HFI en México y su hermano, Omar Castañeda, es gerente en la empresa hermana Palmetto Pedic, dijo Tania en entrevista en junio del 2021, cuando reclutaba personal.

Esto se confirma además en un oficio enviado a la administración municipal de Acuña.

Desde Gaffney en Carolina del Sur, Omar estuvo dirigiendo el proceso en México, relató Tania en esa entrevista, y reconoció que no tenían un proyecto definido ni sabían claramente cuáles lineamientos debían cumplir, aunque ya estaba reclutando mexicanos.

En diciembre de 2021, Omar Castañeda envió un video mensaje por WhatsApp a los mexicanos que viajaron a Carolina del Sur para trabajar en HFI.

“Aquí hacemos de todo, lo que se necesite para sacar el producto y poder generar ventas y negocio para la empresa”, les dijo Omar a los trabajadores que contrataron y capacitaron para costura.

En México la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pide a las empresas extranjeras la certificación laboral que emite el Departamento de Trabajo en Estados Unidos y sirve para evitar que los connacionales sean explotados o engañados.

HFI reclutó, capacitó y contrató mexicanos entre junio y agosto de 2021 en Ciudad Acuña, pero obtuvo su certificación en septiembre, es decir, un mes después de haber terminado sus contrataciones, según documento entregado por la administración municipal para este reportaje.

Certificación laboral expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos a la empresa Home Fashions International LLC con sede en Carolina del Sur. Fuente: Administración Municipal de Ciudad Acuña.

Certificación laboral expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos a la empresa Home Fashions International LLC con sede en Carolina del Sur. Fuente: Administración Municipal de Ciudad Acuña.

Esto indica que la administración municipal tuvo conocimiento meses después, que permitió a HFI usar instalaciones de gobierno para reclutar y contratar mexicanos sin la certificación del gobierno federal estadounidense.

Sin esa certificación, la empresa violó los lineamientos para el registro, promoción, reclutamiento y selección de trabajadores mexicanos del Servicio Nacional del Empleo (SNE) dependiente de la STPS.

En octubre se tramitaron las visas de trabajo H2-B para migrantes no agrícolas de acuerdo a testimonios de mexicanos, pero algunos debieron esperar hasta enero del 2022 para ser trasladados a Carolina del Sur, situación que les generó deudas en México, pues habían renunciado a sus trabajos meses antes, dijo Antonio Hernández.

Como director de HFI, aparece Zhenzhong “David” Li en diversas constancias de autorización para hacer negocios en Carolina del Sur otorgados entre 2013 y 2018, de acuerdo al sistema de registro de empresas de ese estado.

En la denuncia al Consulado de México, trabajadores dijeron que durante el reclutamiento en Ciudad Acuña les ofrecieron 700 dólares por semana, pero en Carolina del Sur les pagaron esa cantidad a la quincena, que sólo alcanzó para cubrir algunas deudas y gastos familiares.

“Hubo un pequeño error”, les dijo el empleador según consta en la denuncia hecha por uno de los trabajadores ante el consulado mexicano en Del Río Texas y que fue grabada por otra de las víctimas y entregada para esta investigación.

Sandra Ríos y Antonio Hernández, ambos contratados por HFI describieron otros abusos de los presuntamente fueron víctimas.

No todos llegaron con dinero a Carolina del Sur. Uno de sus compañeros se asfixió al atragantarse con una porción de alimento por el hambre acumulada, luego de pasar casi un día sin comer en el trayecto desde Ciudad Acuña.

Su reclutadora, Tania Castañeda, les insistió al llegar a Carolina del Sur que debían aceptar un préstamo de 400 dólares para gastos de alimentos y mensualidad de las casas que les rentó. A otros mexicanos les prestó 720 dólares.

Pagaron entre 50 y 100 dólares quincenales por el préstamo y mil 800 dólares mensuales por casa. Todo lo pagaron a Tania Castañeda, quien les advirtió que se tomarían acciones disciplinarias más severas si no pagaban, se lee en documentos entregados por los afectados para esta investigación.

En esas casas con un baño vivían hasta 10 hombres y mujeres. Algunos dormían en el closet, cocinaban por turnos y solo tenían una mesa con cuatro sillas, dijeron los trabajadores.

La empresa no estaba climatizada y cuando se mareaban por el calor, respiraban gel antibacterial y un día la nieve se filtró por el techo de la maquiladora y les cayó encima, detalló Sandra.

En invierno, durante una nevada, sólo laboraron trabajadores migrantes que realizaban diversas tareas como empaque del producto, uso de montacargas, relleno de fundas para almohadas y no costura, para lo que fueron contratados.

Mexicanas trabajando en la planta de HFI entre el agua y la nieve filtradas por el mal estado de la estructura de la nave industrial. Foto: Trabajadores de HFI

Mexicanas trabajando en la planta de HFI entre el agua y la nieve filtradas por el mal estado de la estructura de la nave industrial. Foto: Trabajadores de HFI

Algunos mexicanos tuvieron accidentes en las casas rodantes que habitaron debido al clima gélido. No recibieron atención médica, según testimonios obtenidos para esta investigación. Foto: Trabajadores HFI

Algunos mexicanos tuvieron accidentes en las casas rodantes que habitaron debido al clima gélido. No recibieron atención médica, según testimonios obtenidos para esta investigación. Foto: Trabajadores HFI

El personal de HFI, comentaron los denunciantes, les hizo firmar como solteros los formatos para pago de impuestos federales y les descontaron hasta 200 dólares de su sueldo al no reportar dependientes.

Sandra Ríos vio a sus compañeros acostumbrarse al maltrato y dijo que ya no sentían que eran víctimas, aunque ella se animó a denunciar ante el consulado mexicano junto con otro compañero.

Este último se negó a dar su testimonio; aunque dijo que sí ocurrieron abusos, evitó hacer declaraciones porque en mayo fue promovido por HFI con otra empresa que extendió su visa de trabajo para un nuevo proyecto, en Carolina del Norte.

Se intentó hablar con Omar Castañeda o algún representante de la empresa HFI sobre las acusaciones de abuso laboral y humano a trabajadores mexicanos, pero no respondieron a mensajes y correos electrónicos en los que se les solicitó una postura.

Gabriel Barrios, funcionario de protección en el consulado mexicano en Del Río, Texas, quien recibió la denuncia en enero pasado, dijo que ésta es reservada y solo los afectados podían compartir información.

Sin embargo, la SRE respondió a una solicitud de información que el Consulado de Raleigh recibió el reporte de la denuncia en enero, pero el solicitante no dio seguimiento.

Los trabajadores afirman, en cambio, que del consulado mexicano en Raleigh, Carolina del Norte, no los contactó de vuelta.

“Según iban a ir a las trailas (casas móviles) a vernos, pero nunca se le dio seguimiento”, narró Sandra Ríos.

“En realidad nos sentimos abandonados por completo”, señaló Ríos refiriéndose al Consulado Mexicano.

Incluso refirió que Tania Castañeda llegó a decirles: “Les quitamos la visa de trabajo y los regresamos. Ustedes nomás digan cuando se quieren ir”.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 9 de mayo (cuatro meses después de la denuncia) el Consulado de Raleigh se reunió virtualmente con personal del Departamento de Empleo y Fuerza Laboral de Carolina del Sur, para solicitar una investigación sobre condiciones laborales y de vivienda de los trabajadores de HFI.

HFI: una empresa con antecedentes de irregularidades

El Departamento del Trabajo en Estados Unidos respondió para este reportaje que recibió denuncias de trabajadores contra HFI de 2017 a 2018 por condiciones insalubres y falta de seguridad en la planta, así como consumo de drogas con conocimiento de supervisores, lo cual se comprobó en documentos entregados por la dependencia federal.

Las denuncias hasta 2018 no procedieron porque no las firmaron los trabajadores o un representante legal, de acuerdo a documentos del Departamento del Trabajo entregados para esta investigación.

La empresa negó las acusaciones y los casos fueron cerrados por el State Monitor Advocate (Oficina que monitorea las condiciones laborales de extranjeros con visas de trabajo).

Otra denuncia fue recibida en 2022 en el DOL (Departamento del Trabajo por sus siglas en inglés) y corresponde a la que trabajadores de HFI hicieron en enero ante el Consulado Mexicano de Del Rio, Texas, pero fue notificada a dicha oficina de los Estados Unidos hasta el 9 de mayo por el Consulado General Mexicano.

La redacción de la denuncia por el Consulado General Mexicano contiene datos imprecisos sobre periodo de presuntos abusos contra los mexicanos y sobre la ubicación de la empresa HFI.

Sin embargo el Consulado Mexicano sí detalló en el documento que los mexicanos denunciaron:

En el documento, Abdalis Toro, titular del State Monitor Advocate, da indicación precisa para que se mantengan privadas las identidades de los denunciantes ya que los datos, considera, apuntan a trata de personas.

Hasta septiembre del presente año no se informó el estado actual de la investigación o si fue cerrado el caso.

La denuncia fue procesada el 27 de mayo por el State Monitor Advocate (Sistema de monitoreo federal/estatal) a sólo cuatro días de terminar el contrato de los mexicanos con HFI.

Hasta septiembre del presente año no se informó el estado actual de la investigación o si fue cerrado el caso.

Entre 2019 y 2021 el consulado mexicano de Raleigh, Carolina del Norte, atendió por violaciones en el ámbito laboral a 61 hombres y 17 mujeres, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante una solicitud de información.

De 2010 a 2021 la SRE informó la recepción de mil 472 denuncias por violaciones a derechos laborales en los Estados Unidos de los cuales son 973 hombres, 498 mujeres y 1 desconocido.

En el mismo período se recibieron 312 denuncias por trata laboral de los cuales 217 son hombres y 95 mujeres. Mientras que los coahuilenses atendidos por la Red Consular Mexicana por violaciones en el ámbito laboral entre 2019 y 2021 fueron 39 hombres y 9 mujeres.

Los 100 mexicanos contratados en Ciudad Acuña por HFI y presuntas víctimas de trata laboral engrosan el número de casos reportados por la SRE, aunque las dependencias competentes en los tres niveles de gobierno no investigaron la denuncia hasta que se les cuestionó sobre el caso para este reportaje.

Entre las irregularidades de HFI denunciadas por trabajadores se encuentran las siguientes: la empresa no cubrió gastos generados en el proceso de contratación y traslado de los mexicanos a Estados Unidos, obligación establecida por el Departamento del Trabajo en el apartado de Visas H2-B a los empleadores.

Solo reembolsaron el costo de la visa y 40 dólares para alimento en dos días de traslado, según trabajadores.

Otro irregularidad fue cometida por la administración municipal en Ciudad Acuña: permitió que HFI usara dos de sus instalaciones para promover la oferta laboral y reclutamiento de cien mexicanos sin verificar debidamente la legalidad con que la empresa operaba en México.

El hecho de que HFI usara instalaciones y logotipo institucional del gobierno municipal, les generó confianza a los mexicanos en la oferta laboral.

“Vamos a dejar en alto el municipio de Acuña y todo eso, con una motivación muy positiva” dijo Antonio, quien agregó que él y sus compañeros pensaron que el municipio los estaba apoyando.

HFI usó el logo de la administración municipal de Ciudad Acuña, para promover su oferta laboral. Fuente: Administración Municipal de Ciudad Acuna.

HFI usó el logo de la administración municipal de Ciudad Acuña, para promover su oferta laboral. Fuente: Administración Municipal de Ciudad Acuna.

El entonces director de Fomento Económico municipal, Lino Gerardo González Calvillo, facilitó las instalaciones y un mes después investigó a HFI; en julio de 2021 solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) información de Home Fashions.

“Solicito por este medio información referente si dicha empresa requiere realizar algún trámite para esta etapa de reclutamiento y selección de personal ante la STPS”, se lee en un correo electrónico de González.

Julio Antonio Sánchez Morales, subdelegado en Coahuila de la STPS, respondió: “Confirmo de recibo enseguida te respondo”, pero la respuesta nunca llegó, de acuerdo a González.

A pesar de la falta de respuesta, el funcionario municipal no suspendió el apoyo a HFI: “Pensé en el beneficio a familias acuñenses”, dijo en entrevista.

HFI usó la Infoteca y la sala audiovisual del gobierno municipal sin pagar por el uso, aunque debió hacerlo, según el artículo 34 de la ley de ingresos de Acuña.

La entonces directora de la Infoteca municipal, Ana Villarreal Mora, reconoció en entrevista que cometió un error al facilitar el espacio a HFI sin oficio de autorización de Fomento Económico, pero eso se solucionó, dijo, y el apoyo logístico continuó.

Mientras que el actual director de la Infoteca, Juan José De León, dijo que la autorización para exentar de pago a Home Fashions por renta de la Infoteca provino verbalmente del exsecretario del ayuntamiento, Felipe Basulto Corona.

De León entregó copia del documento que Tania Castañeda elaboró solicitando el uso de la Infoteca para “difusión de proyecto, reclutamiento y selección de personal”, se lee en el mismo.

El secretario técnico de la administración municipal, Héctor Arocha, confirmó en entrevista que se elaboró una ficha técnica para el uso de la Infoteca por HFI, sin embargo, al solicitarle una copia no la entregó.

Tania Castañeda, de HFI, continuó con la capacitación de los mexicanos en el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEC) en agosto de 2021, pero no lo hizo a nombre de la empresa.

La capacitación de 54 trabajadores de Home Fashions fue contratada por Mignelia Galmiche Segura, una de las mexicanas que fue reclutada por HFI.

La firma de Mignelia aparece en cinco convenios para “Capacitación Específica Acelerada en costura industrial”, según documentos del ICATEC obtenidos por transparencia en los que aparece como “Organismo privado que se dedica a otros servicios de apoyo a negocios” en contratos y facturas emitidas por un total de 20 mil pesos.

Mignelia Galmiche fue contactada para solicitar su testimonio sobre la razón por la que firmó los convenios con el ICATEC, sin embargo, no accedió por temor a represalias de la empresa para la que trabajó.

HFI usó la firma de Mignelia, pues en agosto del 2021, la empresa no estaba registrada en el Servicio Nacional del Empleo por carecer de la certificación del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, requisito para recibir capacitaciones del ICATEC.

De hecho, el ICATEC puede ofrecer capacitación a empresas de Estados Unidos, como una excepción si el empleador está registrado en el Servicio Nacional de Empleo, explicó Nazira Zogbi Castro, titular de la Secretaría del Trabajo en Coahuila (SETRA) pero deben ser representantes acreditados debidamente por las empresas quienes firmen dichos convenios.

Sobre las acusaciones de trabajadores de HFI, Tania Castañeda respondió en llamada telefónica: “Mira sinceramente yo no puedo darte la información que tu necesitas” pero aseguró que pondría a los abogados de la empresa en contacto para una declaración, lo que al cierre de edición no sucedió.

En junio del 2021, Castaneda dijo en entrevista que estaban cumpliendo con todos los requisitos solicitados por la administración municipal.

En junio pasado, un mes después de que los mexicanos terminaron su contrato con HFI, fueron contactados por Mariana Cepeda, jefa de oficina del ICATEC Acuña, para que entregaran de nuevo sus documentos de identificación y modificar los trámites ya que los cambiaría al módulo de Acuña, pues los habían inscrito en el de Piedras Negras.

“Donde dice Piedras Negras por eso tenemos que cambiar al otro” se escucha en audios que Cepeda envió vía WhatsApp a los mexicanos junto con la imagen de un formato de inscripción que fue llenado en agosto del 2021 por Antonio Hernández Rodríguez, de acuerdo a las evidencias entregadas por un familiar de Hernández con la autorización de éste.

ICATEC se negó a entregar las solicitudes para la capacitación que llenaron los mexicanos aludiendo el contenido de datos personales, pero ya había entregado expedientes de convenios que contienen nombres y fotografías de los mismos.

En otra respuesta ICATEC aseguró que las 54 solicitudes de capacitación corresponden al módulo de Acuña, pero que la información la puede captar cualquier módulo en el Estado y el solicitante decide en cuál de estos capacitarse.

Sin embargo, Antonio Hernández llenó solicitud en Acuña y se capacitó en ese municipio, pero le proporcionaron formato del módulo de Piedras Negras.

Certificado de capacitación del ICATEC Acuna a nombre de Antonio Hernández Rodríguez, contratado por Home Fashions International. Foto: Antonio Hernández Rodríguez

Certificado de capacitación del ICATEC Acuna a nombre de Antonio Hernández Rodríguez, contratado por Home Fashions International. Foto: Antonio Hernández Rodríguez

La secretaria del trabajo en Coahuila Nazira Zogbi no respondió a múltiples solicitudes de entrevista sobre estas discrepancias, a través del encargado del área de comunicación Alejandro A. Tomatsu Puente.

A finales de mayo pasado, al término del contrato con HFI, la gerente de la empresa Maribel Torres, sostuvo una reunión con los mexicanos que fue grabada por trabajadores y que entregaron para esta investigación.

En el audio se escucha a Torres reconocer el proyecto como un éxito nunca visto en la empresa y felicitar a los mexicanos, asegurando que están contemplados para una segunda temporada en octubre de este año.

Posteriormente la gerente les pidió escribir en una hoja si fueron abusados, discriminados u obligados a trabajar horas extras recalcando en varias ocasiones: “Nadie me pidió que lo hiciera”. Los trabajadores no le entregaron la hoja.

HFI inició contrataciones de mexicanos para el proyecto que inicia en octubre, pero ahora lo hace mediante un formato electrónico en el que pide datos del solicitante y foto de quien haya recomendado el trabajo, también proporciona el correo electrónico de Castaneda para resolver dudas.

La frontera norte ha sido reconocida por su excelente mano de obra para trabajo en el extranjero. Los migrantes son llamados "Héroes y heroínas'' por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador debido a las remesas que envían a sus familias y que en 2021 alcanzaron el récord histórico de 51.6 mil millones de dólares, según datos publicados por el Banco de México.

Remesas enviadas por mexicanos trabajando en los Estados Unidos a sus familias en el periodo de 2010 a 2021. Fuente: Banco de México

Remesas enviadas por mexicanos trabajando en los Estados Unidos a sus familias en el periodo de 2010 a 2021. Fuente: Banco de México

Para los trabajadores mexicanos de HFI el trato fue muy diferente de acuerdo al testimonio de varios afectados. “Una humillación”, dijo Sandra al enterarse que son llamados héroes y heroínas por el gobierno de México, porque ella y sus compañeros, dice, fueron desamparados y no fueron tratados humanamente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó este año a su colega de Estados Unidos, Joe Biden, revivir el programa “Bracero” que fortalezca la relación económica de ambos países.

El programa “Bracero” funcionó por un acuerdo bilateral entre 1942 y 1964; tras la crisis laboral que dejó la Segunda Guerra Mundial.

Aunque el presidente reconoció que dicho programa tuvo casos de abusos patronales y de violaciones a derechos humanos, dijo que fue mejor que los programas actuales.

El presidente Biden destacó que durante los últimos cinco años se alcanzó un récord histórico con la emisión de 300 mil visas H2-B y tiene contemplado continuar aprobando estos programas para que más mexicanos ingresen legalmente a trabajar a la Unión Americana.

Con misa de cuerpo presente, despiden a lagunero asesinado en EU

Con información de El Siglo de Torreón

Ángel David, lagunero asesinado en Estados Unidos, fue despedido este pasado domingo con una misa de cuerpo presente en Gómez Palacio.

Despiden a lagunero asesinado en EU

La misa para despedir a Ángel David se llevó a cabo en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona centro de Gómez Palacio, con una nutrida asistencia de familiares, amigos y ciudadanos que se conmocionaron con la noticia.

El lagunero asesinado perdió la vida el pasado 18 de junio en la localidad de Baldwin Hills, dentro de Los Ángeles, California.

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Ángel David había ido a Los Ángeles a disfrutar de una vacaciones de verano después de haberse graduado de la escuela, sin embargo, una tarde que salió a la tienda, presuntamente fue asaltado con violencia, por lo que recibió disparos que terminaron con su vida.

Cuerpo de lagunero asesinado tardó 13 días en llegar

El cuerpo de Ángel David tardó 13 días en llegar a la Comarca Lagunera. Las autoridades norteamericanas retrasaron los procedimientos porque estaban investigando las causas del crimen.

Hasta el momento, ya hay una persona detenida por el homicidio del joven, que tenía 17 años de edad, pero todavía no se ha definido ni comprobado su culpabilidad o inocencia.

Los padres de Ángel David, identificados como José Ángel y Diana, estarán viajando a Estados Unidos para cooperar a las investigaciones que ayuden a esclarecer el delito cometido en contra de su hijo.

Migrantes que cruzaron por Coahuila llegan a Estados Unidos

Un grupo de migrantes que cruzaron caminando por Coahuila, finalmente llegaron a Estados Unidos y agradecieron a Dios por haber logrado su objetivo.

Migrantes llegan con bien a Estados Unidos

En videos que circulan en redes sociales, un grupo de migrantes que caminaron largos trechos por las carreteras de Coahuila lograron cruzar las aguas del Río Bravo para llegar a territorio norteamericano. Con el sentimiento a flor de piel, uno de los viajeros agradeció a Dios por haber cumplido su objetivo.

"Gracias a Dios cruzamos el río, cruzamos el río, Dios mío, gracias padre", vitoreó entre lágrimas una de las personas migrantes.

Migrantes continúan su camino

El grupo de personas migrantes llegó hasta la ciudad de San Antonio, Texas, en donde recibieron asistencia médica y albergue para continuar su camino.

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El objetivo de ellos es llegar a Nueva York, en el noreste norteamericano, para buscar mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

"Ya salimos de migración en Texas y de aquí nos vamos para Nueva York. De aquí de la iglesia nos vamos para Nueva York", dijo uno de los viajeros.

De acuerdo con reportes del diario Milenio, el grupo de migrantes que llegó a Estados Unidos son los que partieron de la central de autobuses de Monterrey y que fueron obligados a caminar por las carreteras de Coahuila.

Del contingente, la mayoría de las personas son de origen venezolano y tenían un papel que acreditaba su estancia legal en territorio mexicano, mismo que fue otorgado por el Instituto Nacional de Migración.

AMLO y Biden hablarán sobre oportunidades para migrantes

En la reunión programada entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington, uno de los temas de la agenda es la propuestas de que se le dé trabajo legal a migrantes que llegan a Estados Unidos.

Con la reactivación económica post pandémica que se registró en Estados Unidos, la industria está necesitada de mano de obra calificada.

Mientras tanto, en territorio coahuilense continuarán los operativos de contención en diversos puntos de la entidad. La estrategia está motivada por la firma de un convenio inconstitucional entre Miguel Riquelme y el gobernador de Texas, Greg Abbot.

Estados Unidos emite alerta de viaje hacia Coahuila, Durango y otras 28 entidades

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos hacia Coahuila, Durango y otras 28 entidades de la república.

El gobierno norteamericano advirtió a los turistas estadounidenses que, de ser posible, eviten viajar a prácticamente todas las entidades mexicanas con excepción de Yucatán y Campeche.

En el caso particular de Coahuila y Durango, la Embajada explicó que en ambos estados existe un problema importante de delitos patrimoniales, es decir, robos a casa habitación, vehículo y negocio, por lo que pidió extremar precauciones.

Pese a alerta de viaje, gobernador de Coahuila se reúne con su símil en Texas

Justo después de que se emitiera la alerta de viaje, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, sostuvo una reunión con su símil en Texas, Greg Abbot, para hablar sobre temas de seguridad, salud y migración.

En ese sentido, el mandatario coahuilense se comprometió a reforzar las medidas de contención para disminuir el tráfico ilegal de personas migrantes y aceptó que también se deben alinear estrategias para combatir al crimen organizado.

Los compromisos de Riquelme con el gobernador texano, distan de las constantes quejas que ha vertido cuando la Embajada norteamericana emite alertas de viaje hacia el estado de Coahuila.

Cuando el gobernador habla sobre el crimen organizado en Coahuila, advierte que se tratan de bandas que quieren ingresar a su territorio, pero en esta ocasión, al firmar el cuarto bilateral con Texas, aceptó que también hay presencia en territorio coahuilense.

"+ Los Estados trabajarán en coordinación y cooperación para reducir el trafico de humanos de los cárteles, así como el contrabando del mortal fentanilo y cualquier otra droga entre ambas fronteras.

+ Los Estados trabajarán en coordinación y cooperación para detener el flujo de migrantes de más de 100 países que ingresan ilegalmente a Texas a través de la frontera de Coahuila.", dictan dos de los acuerdos firmados entre Riquelme y Abbot.

Alerta de viaje no gusta

Así como al gobernador Miguel Riquelme no le gusta cuando la embajada de Estados Unidos en México emite alertas de viaje para que sus ciudadanos piensen dos veces antes de visitar territorio nacional, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, también ha manifestado su molestia.

El mandatario nacional, en diversas ocasiones, ha mencionado que las alertas de viaje son una representación de la política intervencionista que acostumbra aplicar el gobierno norteamericano, por lo que deben respetar la soberanía nacional y la voluntad de los ciudadanos mexicanos y norteamericanos.

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Sobre la alerta de viaje más reciente, el gobierno de Estados Unidos hizo especial énfasis en cinco de 32 estados, en los que solicitan, expresamente, que simplemente no se visiten. En otros 11 sugieren que, de ser posible, reconsideren sus planes y en otros 14 que extremen precauciones y estén atentos, sobre todo por las noches.

Políticos mexicanos aprovechan las debilidades del sistema de registro de bienes raíces en EU para lavar dinero

Alianzas | Jason Buch | Border Center for Journalists and Bloggers

En julio de 2016, cuando un grupo de trabajo federal con sede en Texas confiscó millones de dólares en propiedades que los investigadores creían que eran propiedad de cleptócratas de México, los reguladores federales decidieron tomar medidas. Según los fiscales, los funcionarios corruptos y los contratistas del gobierno utilizaron a empresarios de Texas para establecer sociedades de responsabilidad limitada, a través de las cuales canalizaron los fondos robados a los contribuyentes mexicanos para comprar docenas de lotes baldíos, casas y edificios comerciales.

Los reguladores con sede en Washington, DC, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), respondieron con una expansión de sus regulaciones inmobiliarias destinadas a detectar y disuadir el lavado de dinero en ciudades seleccionadas de Estados Unidos.

Pero había un problema.

Los fiscales federales acababan de alegar que encontraron bienes raíces esparcidos por todo Texas que fueron comprados con dinero robado a los contribuyentes mexicanos. En su respuesta, los reguladores se centraron en la propiedad residencial en una sola ciudad.

En 2001, el Congreso había ordenado a la rama del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN que regulara la industria inmobiliaria. Pero no fue hasta principios de 2016 que la agencia experimentó por primera vez con la supervisión de las ventas de viviendas, inicialmente en Manhattan y Miami.

La regulación llamada Orden de focalización geográfica, o GTO, requería que las compañías de títulos rastrearan ciertas transacciones residenciales. Si la compra fue realizada por una empresa, se realizó en efectivo y superaba cierta cantidad en dólares, se informaría a FinCEN.

A mediados de 2016, la agencia extendió el requisito al resto de la ciudad de Nueva York, así como a Los Ángeles, San Diego y San Francisco, ciudades costeras con propiedades inmobiliarias de alto valor económico que atraen a inversores extranjeros. En Texas, solo San Antonio estaba en la lista.

En mayo, el Texas Observer, en alianza con el Border Center, detalló cómo el gobierno de EU descubrió redes de empresas ficticias utilizadas por funcionarios públicos de cuatro estados mexicanos para lavar millones en Texas de 1998 a 2017, y luego abandonó esos enjuiciamientos. Esas investigaciones, denominadas Operación Marea Verde y Operación Político Junction, llevaron a FinCEN a agregar a San Antonio a sus regulaciones.

Los fiscales alegaron que los cleptócratas mexicanos habían comprado 50 propiedades inmobiliarias de Texas, valoradas en 58 millones de dólares en la actualidad. Pero sólo 11, con un valor de menos de 7 millones de dólares, habrían sido cubiertos por las Órdenes de focalización geográfica, según un análisis de Observer de los registros judiciales.

En el extremo norte de McAllen se encuentra otra casa que los fiscales decomisaron como parte de su investigación sobre el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. La casa de 4,300 pies cuadrados en un lote de 3 acres se vendió en una subasta en 2013 por 330 mil dólares

En el extremo norte de McAllen se encuentra otra casa que los fiscales decomisaron como parte de su investigación sobre el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba. La casa de 4,300 pies cuadrados en un lote de 3 acres se vendió en una subasta en 2013 por 330 mil dólares

En 2018, FinCEN extendió su supervisión a Dallas y Fort Worth, pero dejó a Houston, considerado durante mucho tiempo un centro de lavado de dinero, y el Valle del Río Grande, la ubicación de casi la mitad de los fiscales de bienes raíces que intentaron incautar durante la Operación Marea Verde y Politico Junction.

Elise Bean, exdirectora de personal y abogada principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, dijo que las órdenes de selección existentes están “plagadas de agujeros cuando se trata de detener el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos. Los casos de Texas demuestran que los blanqueadores de dinero están felices de limpiar el efectivo utilizando propiedades comerciales en ciudades y pueblos más pequeños, y pueden eludir fácilmente los informes de GTO ".

A principios de diciembre, más de cinco años después de que comenzara a regular los bienes raíces, FinCEN propuso nuevas reglas que podrían expandir masivamente su supervisión de la industria inmobiliaria. Los expertos en lavado de dinero están entusiasmados con las propuestas, pero se preguntan qué tan lejos y qué tan rápido se moverá el gobierno.

Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprada con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017.

Los fiscales federales en San Antonio intentaron confiscar esta casa de 2,383 pies cuadrados en un lote de casi un acre con piscina en 2012, alegando que fue comprada con dinero robado del estado de Coahuila. Eventualmente retiraron su demanda como parte de un acuerdo de culpabilidad con el ex tesorero del estado, quien entregó millones de dólares en otros activos. Un miembro de la familia vendió la casa en 2017.

A principios de año, el grupo de expertos Global Financial Integrity publicó un estudio exponiendo graves deficiencias en las regulaciones inmobiliarias de FinCEN. Los autores, Lakshmi Kumar y Kaisa de Bel, analizaron 56 esquemas para lavar más de $ 2.53 mil millones en bienes raíces de Estados Unidos durante los últimos cinco años, incluidas las acusaciones detalladas en la Operación Marea Verde y la Operación Político Junction.

Los expertos descubrieron que más de la mitad de los esquemas de lavado de dinero identificados en los Estados Unidos involucraban a condados fuera de las 12 regiones cubiertas por Órdenes de focalización geográfica. En Texas, seis de los ocho condados donde los lavadores de dinero compraron bienes raíces no están cubiertos por la orden de monitoreo actual, que incluye los condados de Bexar, Tarrant y Dallas, según el informe. Por ejemplo, en Operación Marea Verde y Politico Junction, los fiscales alegaron que los cleptócratas lavaron dinero comprando dos condominios en la Isla del Padre, nueve casas en un vecindario del norte de Brownsville y una mansión de 7,884 pies cuadrados en el Oeste de Austin, la capital texana.

Kumar, director de políticas de Global Financial Integrity, calificó las regulaciones actuales como "una forma increíble de hacer políticas". “El lavado de dinero de bienes raíces no es un problema de algunos centros”, dijo. “Es un problema nacional. Puede suceder en cualquier lugar. Porque se puede ganar dinero en todas partes".

El informe también encontró que una cantidad significativa de dinero se lava a través de bienes raíces comerciales, lo que no está cubierto por la supervisión de FinCEN. En Operación Marea Verde, los fiscales alegaron que un exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas usó dinero malversado para comprar 46 acres de bienes raíces de primera cerca de Shops at La Cantera en una sección elegante de San Antonio. En Politico Junction, el ex tesorero del estado de Coahuila acordó perder un centro de striptease, una farmacia y una torre de almacenamiento de San Antonio cuando se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero. Las seis propiedades inmobiliarias comerciales en el condado de Bexar que los fiscales intentaron incautar como parte de Operación Marea Verde y Politico Junction están valoradas hoy en 33 millones de dólares, casi cinco veces el valor de las 11 propiedades inmobiliarias residenciales de San Antonio que tenían como objetivo.

Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida ésta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarla en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía la vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras.

Una empresa controlada por el ex tesorero de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández compró media docena de propiedades comerciales en Brownsville, incluida ésta. Los fiscales en San Antonio presentaron una demanda para decomisarla en 2012. Después de que Villarreal Hernández se declarara culpable, su compañía la vendió a un tercero, según muestran los registros de escrituras.

La propuesta de expansión de las reglas del FinCEN se anunció este mes junto con la Estrategia para combatir la corrupción de la administración de Biden, que promete más recursos y nuevas tácticas para combatir la cleptocracia en el extranjero y el lavado de dinero en los Estados UNidos, podrían abordar directamente algunas de las deficiencias expuestas por Operación Marea Verde y Politico Junction. Entre las propuestas de FinCEN están la requerir a la industria de bienes raíces reportes nacionales e uniformes así como incluir a bienes raíces comerciales en las regulaciones contra el lavado de dinero.

Si FinCEN expande sus regulaciones, necesita abordar más problemas, dijo Kumar: Asegúrese de que los grandes acuerdos comerciales que involucren a múltiples inversionistas y aquellas transacciones que no involucren compañías de títulos también reciban escrutinio.

Una estrategia podría ser exigir a los abogados o agentes de bienes raíces que denuncien cualquier actividad sospechosa, dijo Kumar.

Los registros judiciales de las operaciones Marea Verde y Politico Junction detallan las transacciones comerciales que involucran a muchos inversionistas. A fines de 2009, un testaferro de funcionarios y empresarios corruptos en Coahuila transfirió $18 millones de dólares de cuentas bancarias de JP Morgan Chase a nombre de tres compañías de responsabilidad limitada (LLC por sus siglas en inglés) a la cuenta de su abogado, según una declaración jurada de orden de registro presentada por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA). Un día después, el dinero se transfirió del banco del abogado a cuentas de dos nuevas LLC. Luego, esas empresas usaron el dinero para comprar bienes raíces, incluidos $ 8 millones de dólares para un centro comercial de San Antonio.

Álvaro Briseño II, el abogado de San Antonio cuya cuenta se usó en las compras de bienes raíces de 2009, no habló sobre las acusaciones en la orden de registro citando la confidencialidad abogado-cliente. Dijo que creía que sería una carga injusta para los propietarios de pequeñas empresas estar obligados a informar sobre actividades sospechosas, especialmente cuando los bancos, a menudo instituciones masivas con grandes divisiones de cumplimiento, ya están obligadas por el gobierno a monitorearlas.

“En términos generales, confiamos en el IRS y los bancos”, dijo Briseño. "Una vez que el dinero está en las instituciones de Estados Unidos ... hay un mayor nivel de confianza de que alguien ha examinado el dinero y está tratando con fondos legítimos".

Como informó el Observer en noviembre, los empleados de Chase repetidamente hacían preguntas sobre el dinero involucrado en el caso de lavado de activos de Coahuila. Sin embargo, el banco continuó haciendo negocios con el ex tesorero estatal Héctor Javier Villarreal Hernández hasta que Estados Unidos confiscó sus cuentas, según muestran los registros judiciales.

En respuesta a una solicitud de entrevista, la oficina de prensa de la FinCEN remitió al Observer a los documentos publicados el 8 de diciembre en el Registro Federal en busca de opiniones del público sobre los planes para expandir la regulación de la industria de bienes raíces. “FinCEN entiende por varias agencias de aplicación de la ley que los datos de GTO de bienes raíces han sido muy útiles para la investigación de lavado de dinero y delitos financieros”, escribió la agencia.

Kumar calificó las regulaciones propuestas como un "momento decisivo" en la política contra el lavado de dinero.

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El anuncio de diciembre se produjo después de que el Congreso ordenara por separado a FinCEN que mantuviera una lista de "beneficiarios reales" de las empresas que hacen negocios en los EE. UU., Esencialmente rastreando a los seres humanos detrás de las empresas fantasma. Pero la nueva ley federal solo requiere que las entidades ya registradas con los gobiernos estatales se registren en FinCEN.

La unidad 1401 de esta torre de condominios frente al mar de 28 pisos se vendió en una subasta del gobierno por 640 mil dólares en 2013. Los fiscales federales en Brownsville habían alegado que el condominio fue comprado por un testaferro del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba. Yarrington Ruvalcaba se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero en marzo de 2021.

La unidad 1401 de esta torre de condominios frente al mar de 28 pisos se vendió en una subasta del gobierno por 640 mil dólares en 2013. Los fiscales federales en Brownsville habían alegado que el condominio fue comprado por un testaferro del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba. Yarrington Ruvalcaba se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavado de dinero en marzo de 2021.

El registro de la FinCEN aún no se ha implementado, pero los expertos advierten que una ley de Texas lo debilitará. En 2009, la legislatura estatal enmendó el Código de Organizaciones Comerciales de Texas para permitir que las empresas extranjeras posean bienes raíces sin tener que registrarse con la Secretaría de Estado. Al hacerlo, Texas creó una laguna jurídica que podría permitir a los cleptócratas extranjeros comprar bienes raíces a través de empresas fantasma que no aparecerán en el registro de la FinCEN, dicen los expertos.

"Esa exención abrió inmediatamente a Texas al lavado de dinero y la corrupción por parte de empresas fantasma extranjeras cuyos propietarios no tienen que revelar su presencia en el estado", escribió Bean, el ex investigador del Senado, en un correo electrónico.