Miguel Riquelme fracasa en prevención de la desaparición forzada

El trabajo realizado por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en materia de prevención en el delito de desaparición forzada, así como en la localización de víctimas, no rindió buenos resultados, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Secretaría de Gobernación.

Desaparición forzada en Coahuila no se detuvo

A poco menos de un mes de que termine su gestión como gobernador del estado, Miguel Riquelme no solamente no logró bajar la cifra de personas en calidad de desaparecidas y no localizadas, sino que ésta, prácticamente, se duplicó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el primero de diciembre de 2017, fecha en la que Riquelme tomó protesta como mandatario estatal, en Coahuila habían 1,736 personas desaparecidas. Sin embargo, pese a la creación de una Comisión de Búsqueda, de una Fiscalía Especializada y de un Centro Regional de Identificación Humana, al 6 de noviembre de este año la cifra se disparó 3 mil 096 personas que no han regresado a sus hogares.

Esto, en otras palabras, quiere decir que, en seis años, 1.360 personas desaparecieron en Coahuila, cifra que representa el 78.34% del registro que había a finales de 2017.

FUUNDEC lamenta gestión de Riquelme contra desaparición forzada

El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila publicó un mensaje en sus redes sociales para condenar la actuación del gobernador, Miguel Riquelme, en materia de atención y prevención del delito de desaparición forzada, así como en la localización de personas que no han regresado a sus hogares.

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"Que los ojos de nuestros seres queridos desaparecidos le persigan y nuestra digna lucha y nuestro llanto, nuestro dolor y sufrimiento como madres, padres, esposas, esposos, hijos, hijas, hermanas, hermanos, no lo dejen dormir por el resto de sus días.", escribió la organización en su cuenta de X.

Para FUUNDEC, los números con los que cerrará el gobierno de Miguel Riquelme son "reflejo de una promesa incumplida", ya que no fortaleció a las instituciones de búsqueda e investigación con la inyección de más recursos.

Mujeres migrantes: cuerpos sin derechos

Las mujeres migrantes enfrentan una travesía mortal en México en su intento por llegar a Estados Unidos ante la amenaza de sufrir abusos sexuales, embarazos forzados, muerte fetal y un alto riesgo de morir si están embarazadas. Testimonios recabados en campo dejan evidencia que, migrar para ellas, es casi una sentencia.

Gabriela Martínez

En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras que se encuentran gestando en México tienen casi 20 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y enfrentan un alto riesgo de sufrir muerte materna.

Para esta investigación se entrevistaron mujeres migrantes en distintos puntos de la ruta migratoria que atraviesa México de sur a norte. Desde el río Suchiate y Tapachula, en Chiapas, pasando por Las Choapas y Coatzacoalcos, en Veracruz, hasta los dos extremos de la frontera norte, en Tijuana y Reynosa, donde hablan de cómo enfrentan la carencia de métodos anticonceptivos, abortivos y de servicios de salud.

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”.

Gelsy, una hondureña de 19 años, duerme sobre un colchón compartido en un refugio en Tapachula, Chiapas, bajo un techo laminado del que escapan chorros de agua. Es madre pero ya no quiere parir. Su país le impidió operarse por tener menos de 21 años. Por eso, antes de iniciar su camino a Estados Unidos quiere comprar una pastilla de emergencia para abortar si es agredida sexualmente, porque migrar y sufrir abuso, dice, es casi una certeza en México.

—Hay muchas cosas que se escuchan… las chavas que por el camino dicen que es bien arriesgado, la mayoría de mujeres que les ha pasado una violación cuentan la experiencia. 

Dentro del refugio el Buen Pastor, en Tapachula, donde vive Gelsy, las mujeres ven pasar el tiempo recostadas en el suelo frente a un ventilador inútil. Se abanican con periódicos que sólo arrojan aire caliente, se colocan trapos mojados en el cuello y, mientras lo hacen, se organizan para buscar anticonceptivos o pastillas de emergencia antes de seguir el camino.

Una mujer abraza a su hijo en un campamento de migrantes improvisado en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Los condones que les dan las organizaciones y voluntarios, dicen las migrantes, no les sirven en caso de sufrir una violación o si su pareja se niega a usarlos. 

En ese mismo refugio, otra migrante que prefirió no dar su nombre, recuerda que en Guatemala, antes de cruzar el río Suchiate, que marca la frontera con México, le ofrecieron prostituirse para pagar un cuarto de hotel. Había ahorrado para dejar Honduras, pero el dinero se le terminó cuando le pagó al pollero y la abandonó.

—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero —dice convencida.

Para las mujeres migrantes sin una estancia regulada en México, tener acceso a anticonceptivos es indispensable en su equipaje porque saben que es muy probable que sufrirán abuso sexual o usarán su cuerpo como intercambio con un hombre por una sensación de seguridad. 

Pero el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son un derecho que no está garantizado para las miles de mujeres que atraviesan el país en condiciones de vulnerabilidad por su estatus migratorio, según los testimonios de migrantes y organizaciones que se encuentran a lo largo de la ruta desde la frontera sur hasta el norte del país.

En su informe 2021 el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) revela que siete de cada 10 mujeres que atendieron experimentaron violencia física en su tránsito por México; 83 por ciento violencia psicológica, 60 por ciento violencia patrimonial, 42.5 por ciento violencia económica y 18 por ciento violencia sexual.

Embarazos en riesgo

No sólo están en riesgo las mujeres que quieren prevenir embarazos, también está bajo amenaza la vida de las que ya están gestando y atraviesan el país en condiciones de climas extremos, con deshidratación y sin comida.

Uno de los epicentros de la ruta migratoria es la estación del tren en Coatzacoalcos, Veracruz, donde cientos de migrantes esperan a que pare el ferrocarril para subir e ir rumbo al norte. Allí, entre la basura, las ratas devoran sobras de comida arrojadas a unos pasos de donde cientos de personas duermen encima de cajas de cartón echadas al suelo, a casi 40 grados de temperatura.

Entre ellos está Jaime, una hondureña con cinco meses de embarazo que, una vez que dejó su país, no ha visitado a ningún doctor.

Paró en la estación del tren donde conoció a otros migrantes. Casi nadie sabe que está embarazada porque su cuerpo es tan delgado que apenas permite asomarse un pequeño bulto de su vientre. Dice que come una vez al día, no toma vitaminas y su cuerpo ha estado expuesto a desgaste físico. Piensa que ella y su hijo van a sobrevivir por obra de Dios.  

Jamie, migrante hondureña embarazada, se dirige en camión desde la estación del tren donde ha dormido los últimos días a un refugio en Coatzacoalcos, Veracruz. Foto: Alicia Fernández.

—Le pido a Dios que todo esté bien —dice mientras se encomienda a su fe, para luego explicar que su bebé no se ha movido, ni sabe si es una niña o un niño, ni tampoco por qué su panza es tan pequeña, jamás se ha hecho un ultrasonido y, desde que pisó México, no ha tenido un chequeo médico.

Las probabilidades de que su bebé no llegue a nacer son mucho más altas para ella que para una mujer nacida en México.

En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras gestando en México tienen 17.1 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se llegó a esta cifra al comparar la proporción de muertes fetales en madres mexicanas, que fue de 1.98 por ciento en 2022, con la de muertes fetales en mujeres extranjeras, que alcanzó un 34 por ciento ese mismo año.

A través del Sistema Nacional de Transparencia, se solicitó información a las instituciones de salud de los 32 estados del país sobre muertes maternas, muertes perinatales, cuidados prenatales y partos de mujeres extranjeras registrados de 2020 a julio de 2023, pero sólo 12 respondieron con datos.

De estos, siete estados reportaron muertes perinatales (cuando ocurre después de las 22 semanas de gestación hasta los siete días de nacido): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí. En este último estado se registró una muerte perinatal, así como 13 abortos a mujeres extranjeras.

La información indica que de las 51 muertes perinatales en mujeres extranjeras registradas de 2020 a julio de 2023, la mitad ocurrieron en Coahuila y Chihuahua. Además, se observa una tendencia al alza, ya que durante los primeros siete meses  de 2023 se registraron nueve muertes fetales, muy cerca de las 10 registradas en todo 2022.

En relación con muertes maternas, Baja California registró la mitad de los casos del país reportados vía transparencia, con cinco fallecimientos entre 2020 y 2023.

Migrante embarazada que viaja con dos hijas y su esposo resguardándose de la lluvia en la plaza de Ciudad Hidalgo a un lado del río Suchiate. Foto: Alicia Fernández

La presencia de mujeres migrantes en México también se multiplicó en los últimos años. Un indicador es la entrega de tarjetas por razones humanitarias que otorga el gobierno de México, que creció cuatro veces desde 2020, cuando fueron entregadas 10 mil 763 documentos y aumentó a 53 mil 277 en 2022.

Tan sólo de enero a julio de 2023 se ofrecieron 31 mil 465 consultas de embarazo gestacional a personas extranjeras en el país -sin importar su estatus migratorio-, de las cuales el 76 por ciento se concentró en sólo 10 estados.

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México, un muro para la salud de las mujeres migrantes

Valeria Scalisse, responsable del área de Acompañamiento Psicosocial de la organización civil Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advierte que la falta de derechos reproductivos tiene que ver con la falta de voluntad del gobierno, pero principalmente con las políticas migratorias que ahora son más restrictivas y obligan a las mujeres a usar rutas con más riesgos y menos servicios. 

“Influye directa o indirectamente en que las mujeres puedan acceder al servicio (de salud), recuerdo que mujeres venezolanas comentaban que preferían pasar dos veces el Darién (la jungla en la frontera entre Colombia y Panamá) que pasar por las rutas mexicanas; me pareció fuertísimo escuchar eso”, expresa.

Desde el campo de las colectivas que acompañan a mujeres que desean abortar en territorios donde no está permitido o no tienen acceso, Crystal P. Lira, cofundadora del colectivo pro aborto Las Bloodys, en Tijuana, explica que cuando se trata de residentes de la región, en promedio realizan de 150 a 300 acompañamientos al mes, pero en el caso de migrantes sólo llegan a ser entre uno y cinco.

Doulas de la organización Partería y Medicinas Ancestrales, ubicada en Tijuana, acompañan a una mujer migrante que está embarazada y su hija. Foto: Alicia Fernández

“Las mujeres migrantes tienen mayor grado de vulnerabilidad y menor acceso a medios para prevenir o evitar un embarazo no deseado por la centralización de los accesos y la información, por el idioma, la documentación, las diversas criminalizaciones por su condición, también la desigualdad económica y de vivienda, no es sencillo migrar”, explica la activista.

​​Araceli Pineda, subdirectora de Programas en ProSalud, organización civil que promueve la salud y trabaja con mujeres en contexto de movilidad, sostiene que las personas migrantes tienen mayor riesgo de no lograr un embarazo.

“Infecciones por hongos o bacterias que no se habían tratado por el trayecto, a veces no saben que están embarazadas y cuando tienen dolores muy fuertes, ya es por abortos espontáneos, por mala nutrición… por su falta de acceso a baños, higiene”, detalla.

La especialista advierte que el sistema de salud mexicano no garantiza el acceso a cuidados prenatales ni para la interrupción del embarazo. Las principales barreras, dice, son las creencias culturales tanto de las personas migrantes como de quienes están a cargo de las instituciones y organizaciones que las rodean, como los albergues a donde llegan, los cuales son coordinados mayormente por comunidades religiosas.

Preparadas para migrar

Devora, una migrante salvadoreña agredida sexualmente en su país, resultó embarazada e intentó interrumpir el embarazo con pastillas de emergencia pero el medicamento no sirvió. Con casi seis meses de gestación, en abril de 2023 decidió migrar sola a Estados Unidos.

Llegó a la frontera este de México y Estados Unidos, a la ciudad de Reynosa, donde cuando el sol sale enardece sobre la piel. Apenas cae la noche, los negocios bajan la cortina y las familias se esconden dentro de sus casas, como secuestrados en sus propias cuatro paredes y, desde ahí, aprenden a vivir entre el sonido de las balas que suenan casi a diario.

Después de haber sufrido abuso sexual, Devora viajó desde El Salvador hasta la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, para cruzar a Estados Unidos. Foto: Gabriela Martínez.

Devora se refugió en Casa Lulú, uno de los pocos albergues que hay en la ciudad y recibe a migrantes víctimas de tortura y abuso sexual, donde al contar su historia y pese a sus deseos de no ser madre, le aseguraron que los niños son una bendición y que los que aún no nacen no tienen la culpa de su agresión.

Resignada a un embarazo forzado, piensa que a lo único que tenía miedo era a ser asesinada o desaparecida en el camino, porque a otro abuso ya no.

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—Sí sabía que tal vez podría pasar (una violación) pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo.

La Ley de Migración en México obliga al Estado a garantizar servicios de salud sin importar el estatus migratorio y hay acuerdos internacionales que exigen respetar el derecho reproductivo y la salud sexual de las mujeres migrantes —incluido el aborto—. Pero en este país la atención médica de calidad es la excepción y no la norma.

Antes de iniciar el trayecto, muchas mujeres migrantes se inyectan anticonceptivos que duran tres meses para evitar embarazos no deseados, pero cuando llegan a ser retenidas en la frontera el efecto se termina antes de empezar el viaje. Desde los refugios y durante su tránsito buscan dónde comprar la inyección, pero el costo y la falta de acceso la hace inaccesible.

Escarleth, una joven hondureña de 22 años, no ha tenido éxito para comprar su inyección. Bajo la sospecha de un embarazo que no planeaba, busca entre las organizaciones y voluntarios que alguien la ayude con anticonceptivos para mujeres. Su pareja se niega a usar preservativo.

—La gente que ha venido, voluntarios, han dejado condones y uno los agarra… pero hay personas que los usan para jugar. ¿Yo qué hago con ellos? 

EQUIPO

Project Manager
Patricia Mercado Sánchez

Edición:
Nadia Sanders

Investigación:

Gabriela Martínez

Fotos y Videos:
Alicia Fernández

Diseño Digital:
Jhasua Razo

Administración:
Sofía Montellano

Despenalización del aborto, ¿qué efectos tendrá en Coahuila?

Gracias a un amparo, las y los Ministros de la Suprema Corte promovieron la despenalización del aborto en Coahuila en 2021. Esta sentencia, fue un parteaguas para que, el pasado miércoles 6 de septiembre, se tomara la misma medida en el resto del país.

Despenalización del aborto, ¿qué implica?

A diferencia de países Latinoamericanos, en los que la iniciativa vino desde el Congreso, en Coahuila la despenalización del aborto se dio gracias a un amparo que tuvo efectos jurídicos inmediatos gracias a una sentencia emitida por las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde ese momento, aunque no se derogó el artículo del Código Penal en el que se establecen los castigos por interrumpir el embarazo, sí se prohibió que cualquier persona gestante fuera juzgada y encarcelada por abortar.

Bajo ese contexto, el pasado miércoles las y los Ministros determinaron que en ninguna entidad federativa se podrá juzgar a las personas que interrumpen su embarazo, así como a quienes lo practican. Además, las instituciones públicas de salud deberán atender, de manera segura, la interrupción del embarazo a cualquier persona gestante que lo solicite.

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Con la despenalización del aborto a nivel federal, todos los jueces del circuito deberán archivar las denuncias presentadas por interrumpir un embarazo y también tendrán que ordenar la absolución de las personas que estén encarceladas o en proceso por haber tomado la decisión de abortar.

De la despenalización del aborto a la legalización

El que se haya despenalizado el aborto, no significa que ya esté legalizado. El camino indica que, en principio de cuentas, todos los códigos penales del país deberán derogar de sus páginas los castigos, sanciones y penas que se adjudican en contra de quien practique y se someta al proceso de interrupción del embarazo.

Después, será tarea del Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, crear todo el marco legal para que éste se aplique en las 32 entidades federativas sin distinción y sin excepciones.

Por otro lado, en la ley todavía está contemplada la Objeción de Conciencia, es decir, que el o la profesional de la salud tengan la oportunidad de negarse a practicar un legrado voluntario, sin embargo, la ley también contempla que, en caso de que esto suceda, siempre tendrá que estar a disposición personal capacitado para que respete y cumple la voluntad de la persona gestante de manera segura.

Olga Sánchez Cordero, senadora y Ministra en retiro, explicó en su cuenta de twitter que la despenalización del aborto en México implica tres cosas:

1.- El Congreso deberá legislar en la materia.

2.- Las instituciones de salud deberán brindar el servicio de aborto.

3.- Las mujeres o personas gestantes procesadas o sentenciadas por abortar deberán ser absueltas.

Marchan por los desaparecidos en Torreón y señalan ausencia del Gobierno Federal

Colectivos de búsqueda marcharon por los desaparecidos en Torreón. Caminaron desde la Plaza Mayor hasta la Alameda Zaragoza. Hicieron pase de lista y condenaron la ausencia y la falta de resultados del Gobierno Federal.

Desaparecidos en Torreón; condenan labor de las autoridades federales

Silvia Ortiz, vocera del Grupo VIDA, condenó la ausencia del Gobierno Federal, las promesas incumplidas del presidente López Obrador y la falta de acción, en general, de las autoridades en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

"No lo debemos permitir, nos van a seguir escuchando aunque seamos una piedra en el zapato"; dijo Ortiz sobre las autoridades federales.

Silvia Ortiz, madre de Fanny Sánchez Viesca, desaparecida hace 18 años, contrastó el trato que las autoridades federales les han dado, con respecto a la atención que reciben por parte del Gobierno de Coahuila.

"El estado es el estado modelo a nivel nacional en el trato y en las leyes y en todo el compromiso, están haciendo buena chamba con personas que están desapareciendo de manera inmediata. Son pocos los desaparecidos que no se localizan actualmente", comentó Ortiz.

Pese al reconocimiento, Ortiz aseguró que el gran problema siguen siendo las personas que desaparecieron hace mucho tiempo. Las víctimas indirectas están sufriendo el desinterés que reflejaron las autoridades durante mucho tiempo.

"Seguimos y vamos a seguir siendo incómodos, pero si no hicieron bien su chamba, en su momento, eso no es problema de nosotros. Ahora ellos tienen y van a seguir teniendo la responsabilidad de buscarlos y localizarlos", finalizó.

Marchan por los desaparecidos en Torreón

Poco después de las seis de la tarde, integrantes de colectivos de búsqueda, víctimas indirectas de desaparición forzada, se reunieron en la Plaza Mayor, prepararon pancartas y fotografías, para caminar como símbolo de lucha y resistencia por los desaparecidos en Torreón y en todo el país. Exigir a las autoridades resultados, encontrar con vida a sus seres queridos y trato digno, fueron las principales peticiones.

Camionetas tapizadas con fotografías de personas desaparecidas, pase de lista con un megáfono, llamados a la justicia y críticas en contra del presidente López Obrador fueron parte importante del discurso vertido por las personas que integraron la manifestación.

Tras caminar desde la Plaza Mayor hacia la Alameda, el contingente se concentró frente a la Fuente del Pensador. Allí, las y los asistentes formaron un hemiciclo, como replicando la forma del mismo monumento y colocaron un especie de altar, con fotografías de personas desaparecidas, sobre el piso.

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Allí se repitió una vez más el pase de lista, pidieron a Dios por clemencia y ayuda y soporte y aseguraron que seguirán luchando y buscando y resistiendo y apoyando para que les encuentren, para que se haga justicia y se tenga acceso a la verdad.

El panorama de los desaparecidos en Torreón

Durante el sexenio de Miguel Riquelme, es decir, desde el primero de diciembre de 2017 hasta la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 157 ciudadanos y ciudadanas desaparecidas, no localizadas y localizadas en Torreón. De todas ellas, 76 fueron catalogadas como desaparecidas, 81 fueron localizadas, 7 fueron encontradas sin vida y 74 con vida.

Desde que se tiene registro, de 1962 a la fecha, en Torreón se han registrado 1,174 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas, de las cuales 42 fueron halladas sin vida, 133 vivas y 824 aún se desconoce su paradero.

 

 

Desapariciones forzadas en Coahuila: la batalla perdida de Miguel Riquelme

Las desapariciones forzadas en Coahuila persistieron durante el gobierno de Miguel Riquelme. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica que el fenómeno no se ha podido frenar en la entidad.

El contexto de las desapariciones forzadas en Coahuila

Las desapariciones forzadas en Coahuila se dispararon durante la guerra contra el narco, impulsada por el gobierno de Felipe Calderón. En ese momento, prácticamente todas las regiones de la entidad se convirtieron en un cementerio clandestino. Fosas, osamentas y cuerpos fueron enterrados bajo el amparo de la criminalidad.

Así, cientos de familias se organizaron para conformar colectivos con habilidades forenses para suplantar la ausencia de autoridad y Estado de Derecho.

Con el paso del tiempo, en Coahuila se erigió una Comisión de Búsqueda, de diseñó y promulgó una Ley Especializada y se construyó, junto con la Federación, un Centro Regional de Identificación Humana.

Sin embargo, pese a la inversión, las reuniones y los métodos de identificación y localización de personas, el fenómeno no ha sido erradicado.

Por mucho tiempo, Coahuila formó parte de las cinco entidades con más personas desaparecidas y no localizadas por cada cien mil habitantes. Lugares como San Pedro, Torreón, Matamoros, Piedras Negras, entre otros municipios, hospedaron cientos de cuerpos que, hasta la fecha, en su mayoría no han sido reconocidos.

Casos como la Masacre de Allende o el hallazgo del centro de exterminio en Patrocinio, entre otros, visibilizaron las graves violaciones contra los derechos humanos que tuvieron lugar en territorio coahuilense.

Desapariciones forzadas en Coahuila; los números

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, del primero de diciembre de 2017 al 29 de agosto de este año, en Coahuila desaparecieron 1,102 personas, de las cuales 540 no han sido encontradas y 562 ya fueron localizadas.

De las 540, 467 fueron catalogadas como desaparecidas y 73 como no localizadas. Además, de las personas encontradas, 64 fueron sin vida y 498 regresaron con sus familias.

Los municipios que concentran más desapariciones durante el gobierno de Miguel Riquelme son Piedras Negras, con 236, Saltillo con 309, Torreón con 157, Acuña con 72, Sabinas con 57, Ramos Arizpe con 53, Monclova y Allende con 26, San Pedro con 12 y Matamoros con 9.

Desapariciones forzadas en Coahuila por municipio. Red es Poder

Desapariciones forzadas en Coahuila por municipio. Red es Poder

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Además, de todas las personas desaparecidas en Coahuila, el 69.90% son hombres, el 29.67% y el 0.73% indeterminadas.

Pese a al reforzamiento de la seguridad en la entidad y a los discursos gubernamentales, 2022 fue el año en el que más casos de desapariciones forzadas se registraron en Coahuila, con 402, el segundo año con más incidencia fue 2021, con 247.

Cabe destacar que, en lo que va de este año, el Registro Nacional reporta a 124 personas desaparecidas en Coahuila.

La policía en La Laguna no te cuida

La policía en La Laguna no te cuida. Los agentes de "proximidad" ejecutan y después averiguan. Violan derechos humanos, trabajan con métodos paramilitares. Garantizan la seguridad de la región ejerciendo abusos de autoridad.

La policía en La Laguna no te cuida; San Pedro, un trágico ejemplo

No todos los policías son malos y no todos los policías son buenos, sin embargo, en Coahuila y en La Laguna la frecuencia con la que se presentan denuncias y quejas ante Derechos Humanos por posibles abusos de autoridad son inquietantes.

El caso más reciente es el de Martín Alexis, joven de 27 años que desapareció el 19 de agosto y fue hallado sin vida en un ejido de San Pedro cuatro días después. Sus familiares y amigos se manifestaron en las calles. Lanzaron piedras y gritos y lamentos en contra de la presidencia municipal y sobre la figura del alcalde, David Ruíz Mejía.

Las versiones oficiales indican que Martín Alexis evadió a una patrulla municipal y huyó hacia el monte. El Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, informó que el joven murió por deshidratación y broncoaspiración de arena. Los familiares, por el contrario, indican que fue víctima del abuso policiaco, es decir, que la policía lo mató.

Manifestaciones sociales rodean a la muerte de Martín Alexis. Un joven que, inocente o culpable, no debía morir. La policía no hizo su trabajo. No cuidó su integridad, no se hizo cargo de velar por la vida de un ciudadano con derechos y obligaciones.

La policía en La Laguna no te cuida

Tan sólo en julio de este año, en Coahuila se presentaron 140 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. La mayoría de ellas son relacionadas con policías municipales y estatales. Hasta el momento, sólo 9 de esas quejas fueron concluidas.

Por otro lado, la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila abrió una investigación, por oficio, sobre la desaparición y muerte de Martín Alexis.

Para El Siglo de Torreón, la madre del joven declaró que se siente insegura, que la policía no ha dejado de asediarlos, que después de reconocer el cuerpo de su hijo, un retén los inspeccionó, los dejaron ir y, de nueva cuenta, otra patrulla los detuvo porque pensaron que llevaban armas para continuar con las manifestaciones.

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David Ruíz, alcalde de San Pedro y el propio fiscal, Gerardo Márquez, aseguraron a la madre que no pasará nada, que ya no la van a molestar, sin embargo, ella sabe que en los dichos de los funcionarios no hay garantías, que suceden muchas cosas abajo que ellos ni se enteran. La policía en La Laguna procede sin protocolos, sin reglas, sin fundamentos humanitarios.

Tragedias como las de Martín Alexis no son aisladas y son transexenales. Sucedió con Mónica Esparza, sucedió con los ciudadanos y las ciudadanas A y B y C y D y E. Sucedió con un herrero en Monclova que fue asaltado, humillado y golpeado por agentes adscritos a la fiscalía estatal. Sucede en los alcoholímetros y en las inspecciones aleatorias en negocios.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana destaca que las y los mexicanos no confían en las policías municipales ni en los agentes de tránsito. Desconfían, en menor medida, hasta del propio Ejército y la Marina. El Estado y los municipios no ofrecen garantías que defiendan a ultranza los derechos humanos.

La policía en La Laguna no te cuida porque no está profesionalizada. Los discursos gubernamentales presumen compras de patrullas, de equipo táctico. Cubren la cara de los agentes, los visten de negro, los dotan de vehículos oscuros, blindados, como si fueran camionetas de criminales, de personas que quieren demostrar su poder, su músculo, su prepotencia.

Lastiman tragedias como las de Martín Alexis. La policía municipal son instituciones de proximidad, deben generar confianza, deben ayudar al ciudadano, deben proteger que se cumpla la ley. La cacería ciudadana no es invisible, es cínica y desconcertante. Las autoridades criminalizan a las víctimas. En Coahuila y en La Laguna no existe el Estado de Derecho, por más que las autoridades tergiversen y manipulen la realidad con florituras en su discurso. La policía en La Laguna no te cuida.

Destapan conflicto de interés entre nuevo Ombudsman de Coahuila y Manolo Jiménez

El tres de agosto de 2023, el Congreso de Coahuila aprobó el dictamen con el que fue nombrado a José Ángel Rodríguez Canales como el nuevo "Ombudsman", en sustitución de Hugo Morales, quien renunció a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila el pasado mes de junio.

Este nombramiento, de acuerdo con la periodista Camelia Muñoz, habría omitido un conflicto de interés entre el nuevo comisionado, el gobernador actual Miguel Riquelme y el mandatario electo, Manolo Jiménez Salinas.

El conflicto de interés

Camelia Muñoz, corresponsal de Cuarto Poder Noticias, Proceso, entre otros medios, documentó que José Ángel Rodríguez Canales, nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, tiene contratos con la administración actual, en donde también participó como director de derechos humanos.

Según la periodista, Rodríguez Canales invitó a su boda, como testigo, a Manolo Jiménez Salinas, junto con el ex gobernador Humberto Moreira.

Además, el padre y la madre del nuevo "Ombudsman" son dueños de la empresa Medios Siglo XXI, misma que posee estaciones de radio y surgió de una fusión en 2011, cuando su hijo trabajaba en el gobierno de Humberto Moreira.

Diego Rodríguez Canales, hermano del nuevo comisionado,  es regidor en Saltillo y fue coordinador de campaña de Manolo Jiménez, situación que acreditaría el conflicto de interés.

Votación exprés validó el conflicto de interés

 La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso de Coahuila, aprobó por unanimidad de votos el nombramiento de José Ángel Rodríguez Canales como el nuevo comisionado presidente de derechos humanos.

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Pese a que no toda la comisión legislativa está integrada por personajes del mismo partido, todos y todas avalaron la propuesta para colocar al socio del gobernador electo como titular de una dependencia que, por ley, forma parte de un contrapeso y defiende los intereses de los ciudadanos en caso de sufrir abusos de autoridad.

Ricardo López Campos, Luz Elena Guadalupe Morales, Olivia Martínez Leyva, María Guadalupe Oyervides, Jesús María Montemayor, Héctor Hugo Dávila, Natalia Virgil, Rodolfo Walss, Yolanda Maltos, Claudia Elvira Rodríguez y Lizbeth Ogazón fueron las y los diputados que aprobaron la propuesta.

Denuncian 275 casos de tortura en Sonora y estado carece de mecanismos para investigar el delito

Francisco Sandoval Bojórquez | Border Hub

En Sonora, en los últimos seis años, el Poder Judicial y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos han recibido 275 denuncias por casos de tortura presuntamente cometidos por servidores públicos, de acuerdo con información obtenida por solicitudes de información por transparencia. Sin embargo, en esa entidad no existe una Fiscalía especializada para investigar el delito y según testimonios de víctimas entrevistadas para este reportaje, existe amedrentamiento y obstáculos para quienes buscan justicia por estos agravios.

Al menos 66 personas manifestaron haber sufrido tortura al enfrentar una detención y/o un proceso penal ante la Fiscalía General de Sonora y ante los cuerpos de policías estatal y municipales de Sonora, de acuerdo con los registros del Poder Judicial de ese estado, en respuesta a una solicitud de información por transparencia.

Estos casos sucedieron en el periodo de enero de 2017 —año en el que la Procuraduría de Justicia se constituyó como Fiscalía para la ejecución del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio— a marzo de 2023.

La dependencia informó que en ninguno de los casos anteriores han habido denuncias penales contra los presuntos agresores, por lo que tampoco se realizaron judicializaciones ni sentencias contra las personas señaladas.

Paralelo al registro del Poder Judicial de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)  recibió 209 quejas por tortura también del 2017 a marzo de 2023. De estas quejas, 109 fueron contra la Fiscalía General de Sonora y 39 contra policías municipales.

El 27 de marzo de 2017 se creó la Fiscalía General del Estado de Sonora como institución autónoma, esto bajo la administración de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

El 27 de marzo de 2017 se creó la Fiscalía General del Estado de Sonora como institución autónoma, esto bajo la administración de la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Sin embargo, la CEDH sólo ha emitido en este periodo tres recomendaciones por el delito de tortura cometido por funcionarios públicos de la Fiscalía, según una respuesta enviada por transparencia.

Adicionalmente, el organismo autónomo emitió otras 35 recomendaciones relacionadas con abusos físicos y psicológicos como golpes y amenazas a personas en situación de detención, pero no las catalogó como tortura, sino como abusos de autoridad, de acuerdo con información pública disponible en su portal.

En estos casos la principal autoridad responsable son policías municipales, quienes acumulan 26 recomendaciones; la Fiscalía de Sonora cinco recomendaciones, y la Policía Estatal de Seguridad Pública cuatro más.

En la entidad existe la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora desde el 2014, misma que establece en el artículo 2 “programas permanentes” para capacitar a los policías municipales y que ninguna declaración obtenida por este delito “podrá invocarse como prueba en un proceso penal” en el artículo 11.

En el 2017, con el fin de crear un marco jurídico general para el delito de tortura en todos los estados de México, la administración de Enrique Peña Nieto decretó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPISTOTPCID).

Dicha ley establece que la Federación y las entidades federativas “contarán con un plazo de noventa días posteriores a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, para crear y operar sus Fiscalías Especiales para la investigación del delito de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente”, esto en el sexto transitorio del capítulo 3.

A pesar de que existe tanto la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (LGPISTOTPCID), "la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no cuenta con una Agencia Especial del Ministerio Público para la investigación del delito de tortura", según la respuesta a la solicitud de transparencia enviada a la Fiscalía.

La respuesta detalla que son “Órganos Técnicos de Investigación” los que hacen las indagatorias relacionadas con este delito y no respondió a la pregunta de los procesos que pudieran existir por este delito, bajo el motivo de que no se cuenta con dicha oficina.

La Ley General también señala en el artículo 55 que: “Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especializadas con plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva operación”.

Ángel María Salvador, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta, en entrevista para este reportaje, explicó que las fiscalías estatales deben de tener “por ley” una unidad especializada que investigue la tortura.

Explicó que el no contar con una Agencia Especial del Ministerio Público para la investigación específica del delito de tortura y asignar esta tarea a las agencias ministeriales generales, podría contravenir lo que establece el artículo 55 de la Ley General.

Además, dijo que la Fiscalía de Sonora le ha respondido a Documenta que no tiene estadística detallada y sistematizada sobre el delito de tortura “la Fiscalía debería tener esa información porque forma parte de una obligación legal, hay una obligación de que existan estos registros y deberían tenerlo completamente actualizado y muy bien desarrollado”.

El especialista consideró que este vacío que ahora existe, pone en evidencia que Sonora carece de mecanismos efectivos para investigar la tortura, lo que deja en la impunidad a los perpetradores “es un error que invisibiliza el crimen”.

“Tiene que ser un registro bastante exhaustivo de cuántas personas están siendo investigadas, cuántas víctimas hay, perfiles victimológicos, bastante, bastante información y tiene que ser un registro que permita diagnosticar el problema con los patrones de conducta y también dimensionarlo. Entonces esa información en principio, la Fiscalía la debería tener porque forma parte de una obligación legal”, dijo.

Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización Documenta. Crédito: Documenta.

Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización Documenta. Crédito: Documenta.

La Fiscalía de Sonora también negó para esta investigación la entrega de información estadística relacionada al delito de tortura solicitada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, debido al mismo argumento de que no existe la unidad antitortura y por lo tanto no hay datos de este delito.

La Ley Especial para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el estado de Sonora, en el artículo 3, define que “comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflige a una persona dolores o sufrimientos, sean físicos o psíquicos para obtener de la persona torturada o de un tercero, información o confesión; para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido; para coaccionarla física, mental o moralmente, para que realice o deje de realizar una conducta determinada; para obtener placer para sí o para algún tercero; o por cualquier otra razón basada en algún tipo de discriminación”.

El día 28 de Octubre de 1992, se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH). Crédito: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

El día 28 de Octubre de 1992, se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH). Crédito: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.

Sobre esta situación, el coordinador del Programa para Prevención de la Tortura de la organización civil Documenta explicó que “el índice de investigaciones (del delito de tortura) es bajísimo, es de los más bajos del país”; por ejemplo, indicó que según datos que ellos han obtenido por transparencia, en todo 2022, la Fiscalía de Sonora sólo abrió una carpeta de investigación por el delito de tortura en el estado.

El especialista dijo que esta negativa a crear una fiscalía especializada podría deberse a que las autoridades encargadas de investigar los hechos son las más señaladas de cometer el delito.

“Sonora es uno de los pocos estados que todavía no tiene una Fiscalía Antitortura, de hecho según datos a través de información pública que recabamos en el año 2022, existen tan solo cuatro entidades federativas que no tienen una Fiscalía especializada”, dijo.

Sinaloa, Guerrero y Coahuila son las otras entidades que no cuentan con una Fiscalía Especializada en Tortura, informó el experto.

Javier Millanes, abogado penalista graduado de la Universidad de Sonora (UNISON), quien ha abordado casos de tortura en el estado, opinó que “si investigaran la tortura, sería como dispararse en el pie”. En esto coincide el abogado José Cuitláhuac Castro Silva, quien trabajó 25 años en el Poder Judicial.

Castro Silva comentó que: “En el caso de la Fiscalía (de Sonora), seguramente, la clasificación que hacen de los delitos que llegan y que finalmente son registrados como parte de la estadística, no los ingresan con esa denominación (tortura)”.

El abogado penalista José Cuitláhuac Castro Silva se ha desempeñado en varios cargos dentro de los municipios del estado, entre los que destaca haber trabajado 25 años en el Poder Judicial de Sonora. Crédito: Francisco Sandoval.

El abogado penalista José Cuitláhuac Castro Silva se ha desempeñado en varios cargos dentro de los municipios del estado, entre los que destaca haber trabajado 25 años en el Poder Judicial de Sonora. Crédito: Francisco Sandoval.

Añadió que “si hay tortura y a la carpeta de investigación la registran como abuso de autoridad, entonces este delito escapó, ya no se registra como tal”.

El autor de esta investigación buscó la postura de la Fiscalía de Sonora, en concreto de su titular, Claudia Indira Contreres Córdova. La entrevista fue solicitada presencialmente el 29 de marzo de 2022 en la oficina de la fiscal general.

La persona que recibió la solicitud dijo que regresaría la llamada pero ante la negativa, el lunes 10 de abril nuevamente el reportero llamó a las oficinas de Comunicación Social de la dependencia y un secretario le dijo que Guadalupe Orduño, la titular, se iba a comunicar más tarde.

Por la tarde de ese día, la titular del área de Comunicación dijo por vía telefónica que “el tema de tortura no es tema, no hay nada relacionado con tortura en Sonora”, que iba a verlo con la Fiscal general y se pondría en contacto.

En los siguientes días el periodista envió mensajes vía WhatsApp y SMS, como consecuencia, Orduño solicitó previamente las preguntas que se harían en la entrevista.

La ex Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, se desempeñó como titular de la institución desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 15 de mayo de 2023. Crédito: Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora.

La ex Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, se desempeñó como titular de la institución desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 15 de mayo de 2023. Crédito: Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora.

Ante la negativa por esa vía, el 24 de abril nuevamente el periodista buscó el número personal de la Fiscal, ella aceptó ser entrevistada en un primer momento, pero luego de recibir las preguntas (no las había visto) no volvió a responder a las llamadas y mensajes enviados tanto a su número personal como al de su oficina.

El día 9 de mayo de 2023, Indira Contreras presentó su renuncia como titular de la Fiscalía de Sonora. Ella dio a conocer la noticia luego de una reunión que tuvo con el gobernador Alfonso Durazo, donde ambos coincidieron en que la institución necesitaba un “relevo”. El nuevo Fiscal General de Sonora es Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Reconoce deficiencias de la CEDH

Fernando Rentería, actual presidente de la CEDH, quien el 15 de marzo de 2022 asumió el cargo, reconoció que en las investigaciones previas a su administración, en los casos de las quejas por tortura, existieron “deficiencias” en la catalogación de los delitos relacionados con esta práctica. Cabe destacar que el anterior titular de la Comisión era Pedro Gabriel González Avilés.

“No sabían de qué se trataba, del trabajo que estaban haciendo, a pesar de que llevaban muchos años. No tenían ni idea de lo que es el tema de los derechos”, consideró el nuevo presidente del organismo.

Para esta investigación el periodista buscó una entrevista con el ex presidente de la Comisión, no obstante mediante mensajes de texto negó dar cualquier declaración. “No puedo dar entrevista, me encuentro en un retiro muy agradable del servicio público”.

González Avilés refirió que todo su trabajo como titular se encontraba en los informes anuales de la CEDH y que allí se podía consultar todo tipo de información.

En relación a la identificación de tortura en recomendaciones catalogadas como abuso de autoridad, Rentería dijo: “Puedes notar incluso que en cosas tan burdas, donde ni siquiera se necesita ser muy especialista para saber que el hecho de alguna manera debe entrar en la categoría de tortura”, dijo sobre los casos que no se registraron como tal.

Agregó que en la administración pasada había una “apatía e indiferencia” por parte de quienes estaban en la CEDH, así como deficiencias técnicas en el entendimiento de los derechos humanos, además de que “faltaba compromiso”.

Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la CEDH, da su primer informe como titular de la Comisión. Crédito: Francisco Sandoval.

Luis Fernando Rentería Barragán, presidente de la CEDH, da su primer informe como titular de la Comisión. Crédito: Francisco Sandoval.

Para resarcir este hecho, dijo que la dependencia a su cargo acaba de formar un grupo especializado en el Protocolo de Estambul en una rueda de prensa el 29 de septiembre de 2022, oficina que ya se encuentra investigando y documentando la tortura en Sonora.

El presidente de la CEDH adelantó que, aunque ya están en funciones, presentará formalmente a los miembros de este equipo a la ciudadanía en los próximos meses, esto sin detallar una fecha precisa. Hasta el cierre de esta investigación, la Comisión no ha presentado al equipo.

El Protocolo de Estambul es un manual para la investigación y documentación eficaz en los casos de tortura, diseñado por especialistas en la materia y avalado por la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para este reportaje se le solicitó a la CEDH información actualizada a la oficina encargada de investigar los casos de tortura, para saber cuántos dictámenes ha realizado de acuerdo al Protocolo de Estambul.

La dependencia informó que “en 2022, se realizaron 15 dictámenes del Protocolo de Estambul. En 2023, se han practicado ocho y se tiene programadas siete fechas para la misma cantidad de protocolos para el año en curso, más las solicitudes que se requieran tanto en el procedimiento de queja como por parte del Poder Judicial”.

Acusan amedrentamiento y obstáculos en los casos de Karen Duarte y Fabián Reyes

Esta investigación consultó a abogados y familiares de dos personas que presuntamente sufrieron tortura: Karen Alicia Duarte López condenada a 47 años por feminicidio, actualmente está esperando a que se le realice el Protocolo de Estambul, según el penalista que atiende el caso; y Fabián René Reyes Valdez, quien fue encontrado colgado en una celda del municipio de Empalme.

El Protocolo de Estambul es el manual desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los peritos especializados que realizan estos dictámenes son reconocidos por las instituciones encargadas de la procuración de justicia en el país.

Si en el caso de Karen comprueban que hubo tortura al momento de tomar su declaración, entonces el caso necesitaría una revisión desde cero, parcial o definitivamente no procede, agregó el abogado Juan Pablo Gastelum.

La Ley General para la Prevención de la Tortura establece en el artículo 2 que “aquellas personas, sentenciadas o procesadas, cuyas pruebas presentadas en su contra, carezcan de valor probatorio, por haber sido obtenidas directamente a través de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos, podrán interponer los recursos e incidentes correspondientes”.

Piden reabrir caso de Karen Duarte

Juan Pablo Gastelum, abogado penalista del caso Karen Alicia Duarte Lopez, explicó para este reportaje que la hoy reclusa, fue detenida debido a que el 19 de enero de 2021, presenció un feminicidio a manos de otras personas, mismas que se encontraban bajo los efectos del “cristal”, droga por la que Karen sufría una adicción y era la razón por la que se encontraba en el lugar de los hechos.

Hasta este día, señala su abogado, no hay ninguna prueba que conecte a Karen con la víctima.

“Nos llamó mucho la atención su detención, la mecánica con la que se conducen los agentes de la policía municipal y el abogado público que ella tiene cuando la declaran que, a pesar de estar asesorada legalmente, la impulsa a que declarara de la manera en la que lo hizo”, dijo.

Karen Alicia Duarte López fue condenada a 47 años de cárcel por el delito de feminicidio. Crédito: Sofía Adame.

Karen Alicia Duarte López fue condenada a 47 años de cárcel por el delito de feminicidio. Crédito: Sofía Adame.

Gastelum refirió que, de acuerdo al expediente penal del caso, el examen genético de la Fiscalía señala que hay un intercambio de ADN entre el cadáver y los posibles culpables, debido a la sangre y otros fluidos que quedaron expuestos durante el homicidio.

El resultado de este examen concluyó que no hay muestras biológicas que correspondan a Karen, pero sí que hay ADN de otra mujer y varios hombres, aunque hasta la fecha sólo ha habido un detenido.

Ella, en la entrevista que el periodista realizó en el interior del penal para este reportaje, relató que luego del feminicidio fue amenazada para que subiera a un vehículo para ir a tirar el cuerpo de la mujer. En el trayecto fueron interceptados por una patrulla. Cuando pararon las otras personas corrieron, menos ella y el chofer del vehículo.

Karen Duarte narró que le pidió ayuda a los elementos de la policía municipal, porque dijo que era llevada a la fuerza en el vehículo.

Explicó que el primer contacto que tuvo con los municipales fue con una oficial mujer que le dijo “No te hagas pend…”, presuponiendo la culpabilidad de Karen en los hechos.

Los uniformados le pidieron que esperara detrás de la patrulla, después se llevaron al conductor del vehículo y a Karen a la escena del crimen. En dicho lugar se le acercó un oficial y le dijo: “Ya sabes lo que tienes que hacer morra, si hablas vas a valer ver…, ya sé dónde vive tu familia”, detalló en la entrevista.

Añadió: “Ni una palabra, solo golpear en la pierna, en el brazo, en el abdomen, pero nunca en el rostro. Paraban un momento y luego continuaban, así por 20 minutos. Cuando terminaron, los oficiales dijeron: ‘Eso es una probada de lo que le puede pasar a tu familia’”.

Pablo Gastelum contó que luego de esto, agentes del Ministerio Público escribieron unas hojas y le hicieron firmarlas, “firmó porque la habían golpeado, amenazado con lastimar a la familia”.

Juan Pablo Gastelum, abogado de Karen Duarte. Crédito: Francisco Sandoval.

Juan Pablo Gastelum, abogado de Karen Duarte. Crédito: Francisco Sandoval.

Cuando la familia de Karen Duarte logró contratar al abogado penalista Pablo Gastelum, ellos iniciaron el proceso para revisar el caso y proceder a la denuncia por tortura, misma que al momento del cierre de esta investigación sigue en proceso y en espera que se le aplique el Protocolo de Estambul.

El abogado José Cuitláhuac precisó qué deben hacer las autoridades ante este delito: “procesalmente hablando, el juez tiene dos obligaciones: la primera obligación es darle vista al Ministerio Público de la existencia del acto de tortura y observar que el Ministerio Público efectivamente investigue ese hecho.

“Por el otro lado, tiene una obligación procesal, que es que bajo su propia tutela el juez investigue la existencia de los actos de tortura y entonces hace uso de entidades especializadas para poder obtener bajo el Protocolo de Estambul, la existencia de elementos concernientes a la tortura en ese procesado”, detalló.

Explicó que de ser positiva la opinión de los expertos, el juez tiene la obligación de que esa confesión sea anulada procesalmente hablando y no la tome en cuenta para dictar la sentencia.

Exige justicia por su hijo Fabián Reyes 

El 7 de febrero de 2022, María Esther recibió una llamada en la que le comunicaron que su hijo Fabián René Reyes Valdez se suicidó en una celda del municipio de Empalme, Sonora.

Le dijeron que varios agentes se lo llevaron, que “eran muchos policías los que lo habían detenido, que lo golpearon mucho”; esto sucedió afuera del domicilio de la persona que la contactó, la ex pareja de su hijo.

A Fabián lo hallaron en su celda atado de manos, golpeado y con marcas en el cuello de agujetas distintas, afirma María Esther, quien tiene en su posesión el dictamen médico y fotografías de cómo fue encontrado el cuerpo. Estos documentos los presentó como prueba en la denuncia por el delito de tortura ante la Fiscalía de Sonora, la Fiscalía General de la República y la CEDH.

La madre aseguró: “A mi hijo lo asesinaron policías municipales de Empalme, Sonora”.

María Esther sostuvo que los cinco oficiales que detuvieron a su hijo fueron los mismos que después lo descolgaron de su celda, de acuerdo a las investigaciones del caso.

Añadió que durante el velorio de su hijo, estos mismos uniformados fueron a la funeraria y trataron de llevársela detenida, acusándola de haber robado varios objetos de la propia funeraria.

Fabián Reyes era un miembro activo de la comunidad deportiva del municipio de Empalme. Crédito: María Esther.

Fabián Reyes era un miembro activo de la comunidad deportiva del municipio de Empalme. Crédito: María Esther.

El 9 de febrero, luego del funeral de su hijo, María dijo que estaba convencida de que él no se había quitado la vida. Por lo que fue a la Fiscalía de Empalme, con la intención de interponer una denuncia por el delito de homicidio presuntamente cometido contra su hijo. Sin embargo -explicó- la persona que la atendió le dijo que no podía levantar la denuncia, que primero necesitaba decir los nombres de los asesinos.

“Yo me quedé así ¿cómo? Pues si yo estoy pidiendo una investigación. Yo no estoy señalando asesinos. Ella (la mujer que la atendió) dijo que no. ‘Usted tiene que decirme quiénes son los asesinos’”.

A los pocos días María regresó a poner la denuncia ante Fiscalía, esta vez acompañada de su hermana y una sobrina, pero obtuvo la misma negativa. En esta ocasión -recuerda- la secretaria les gritó: “¡espérense, quédense aquí!”.

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María rememora que sintió mucha inseguridad y miedo, por lo que se retiró del lugar en ese momento. Después fue a las oficinas de la Fiscalía de Guaymas pero tampoco quisieron tomarle la denuncia.

Recuerda que su hermana María la convenció de interponer la denuncia en las oficinas de la Fiscalía ubicadas en la ciudad de Hermosillo, ubicada a 140 kilómetros de Empalme. El 14 de febrero de 2022 llegó a la capital del estado. Ahí, explicó, le dijeron que ya habían iniciado una investigación y que sabían que habían hecho denuncias públicas sobre lo sucedido en medios de comunicación. Pasaron los días y la investigación no avanzó.

Un año después de los hechos, María decidió comprar un megáfono y plantarse afuera del palacio de gobierno y exigir ver al gobernador. Logró ser recibida por Alfonso Durazo y tras un breve intercambio de palabras le indicó que haría que la fiscal general Indira Contreras Córdova y la secretaria de Seguridad Pública María Dolores del Río la vieran personalmente.

La reunión con la Secretaría y la Fiscalía sucedió, pero con el tiempo no hubo gran avance, acusó María.

María regresó a plantarse a las afueras del Palacio de Gobierno y refiere que el gobernador la recibió de nuevo, en la reunión también se encontraba la entonces Fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.

María recuerda que cuando se quedó sola con ella,  la funcionaria “agarra un papel y un lápiz; me pregunta ‘¿cuándo fue la primera vez que su hijo tuvo contacto con drogas?’. Señora -le digo-, creo que esa pregunta es irrelevante. Creo que ustedes deben preocuparse por investigar la muerte de mi hijo, no su vida”.

En febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Hermosillo, María nuevamente se plantó afuera y con un megáfono pidió justicia para su hijo: “De ida nomas me miró pero de vuelta, decidió recibirme y turnó mi caso a la Fiscalía General de la República”.

En marzo del 2023, familiares de María le hicieron saber que la tumba de su hijo, localizada en Guaymas, había sido intervenida sin razón alguna, nadie podía explicar qué había pasado, según consta en las fotografías y videos del expediente.

La tumba de Fabián intervenida en el municipio de Guaymas. Crédito: María Esther.

La tumba de Fabián intervenida en el municipio de Guaymas. Crédito: María Esther.

Ante este hecho, miembros del ejército estuvieron resguardando la zona e incluso instalaron una cámara de vigilancia, misma que, de alguna manera, robaron incluso con presencia militar.

Días después de este suceso María volvió a pedir una necropsia del cuerpo. Ella aseguró que ya no tiene confianza en las instituciones.

María Esther afuera de la CEDH con la recomendación que redactó la comisión por ejecución extrajudicial, de su hijo, Fabián René Reyes Valdez. Crédito Alberto Duarte Andrade.

María Esther afuera de la CEDH con la recomendación que redactó la comisión por ejecución extrajudicial, de su hijo, Fabián René Reyes Valdez. Crédito Alberto Duarte Andrade.

El martes 6 de junio de 2023 se realizó la necropsia. Al cierre de este reportaje aún no se han entregado los resultados de este proceso.

José Cuitláhuac Castro Silva, abogado penalista, asegura que presentar una denuncia en la Fiscalía, es un laberinto, casi inaccesible. En esto coincide Ángel María Salvador de la organización Documenta, quien detalla la ausencia de instituciones estatales capaces para investigar el delito de tortura implica que no se reconozcan los casos y que no haya registros de este crimen.

Entonces -reitera Salvador-  no se trata de un “no sucede” o “no es tema”, sino que más bien es un asunto de invisibilización y no especialización en la materia. Que Sonora tenga una unidad especializada en el delito de tortura no es una opción, sino una obligación, tal y como lo dicta la ley federal.

Torreón lideró quejas ante Derechos Humanos en junio de 2023

Torreón lideró quejas ante Derechos Humanos en junio de 2023, de acuerdo con la estadística de la propia comisión estatal.

Quejas ante derechos humanos tienen relación con abusos de autoridad

Las cifras, con corte del 30 de junio de este año, demuestran que en Torreón la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila recibió 49 quejas, de las cuales al menos nueve fueron presentadas contra elementos de la policía municipal.

El Siglo de Torreón refirió que el 27.7% de las quejas admitidas por la Comisión y presentadas por ciudadanos laguneros tienen relación con presuntas acciones irregulares cometidas por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependencia que depende del Comisario César Perales.

Además, la incidencia también está disparada, ya que en mayo de 2023 las quejas ante derechos humanos se presentaron 27 quejas, es decir, en junio de registró un aumento del 44.89 por ciento.

Quejas ante derechos humanos se resuelven a cuentagotas

La estadística mostrada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila muestra que de las 49 quejas que se presentaron en Torreón, sólo cinco fueron resueltas y concluidas. En total de las 137 quejas presentadas en todo el estado de Coahuila durante el mes de junio, 16 ya fueron concluidas y el resto siguen a la espera de alguna resolución por parte de la autoridad competente.

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Cabe destacar que  las 49 quejas ante Derechos Humanos presentadas desde Torreón representan el 37 por ciento de todas las que se registraron en el estado de Coahuila.

Desde la administración municipal de Román Alberto Cepeda se creó la Unidad de Derechos Humanos del Ayuntamiento, misma que sirve para desahogar cualquier queja, inconformidad o abuso de autoridad que algún ciudadano haya sufrido por las y los funcionarios públicos municipales. Pese al impulso de este proyecto, la Comisión Estatal sigue posicionando a Torreón como el municipio en el que es más probable que un ciudadano o ciudadana sufra algún tipo de abuso o conducta que vulnere sus garantías individuales.

La trampa de la desinformación: el negocio de engañar a personas migrantes

Por Daniela Mendoza, Patricia Mercado y Julie Ricard

Sin quererlo, las personas migrantes en América Latina financian la desinformación durante sus trayectos hacia Estados Unidos, pues son víctimas de fraudes y engaños que les puede costar miles de dólares. 

Para tender la trampa se han desarrollado diferentes “modelos de negocio”: desde falsos reclutadores, traficantes de personas, “asesores legales”, influencers y hasta quienes se hacen llamar “coaches de migración”. 

La mayoría de esos “negocios”, aprovechan las coyunturas para estafar a migrantes al ofrecer consejo legal, visas de trabajo, asilo político o formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Para revelar el mecanismo de la trampa, durante mayo y junio de 2023, el grupo de medios formado por Verificado, Conexión Migrante, AP, Data-Pop Alliance y PolitiFact realizó una amplia investigación en Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Florida.

En la investigación apoyada por el programa Disarming Disinformation del International Center for Journalists participaron 11 periodistas e investigadoras, quienes realizaron entrevistas a personas migrantes, autoridades binacionales y organizaciones de la sociedad civil, revisaron grupos, ofertas y anuncios en plataformas digitales como Facebook y Tiktok, además del análisis de bases de datos sobre delitos y estudios y documentos de organismos internacionales. También se condujo un análisis exploratorio de mensajes en grupos públicos de WhatsApp, utilizando la plataforma Palver. 

Entre el 2 y el 16 de junio, nuestro equipo diseñó e implementó un sondeo digital que fue contestado por 210 personas migrantes, la cual reveló que más de un cuarto de los encuestados ha recibido mensajes falsos respecto a trámites migratorios y ofertas de trabajo, principalmente a través de grupos de Facebook y WhatsApp. Casi dos terceras partes explicaron que se vieron afectadas por fraudes y/o desinformación. Una persona escribió:

“Me cobraron por solo el llenado de planilla de USCIS. Yo tengo mi patrocinador, me cobraron antes de enviarme el supuesto primer pdf y era una planilla elaborada por ellos, totalmente falsa, me di cuenta por qué la planilla era totalmente diferente a la real (no tenía ni los códigos de barra). Perdí 1500$. Tanto que he luchado para llegar a USA de manera legal. Ahora mismo ya realice el trámite correctamente por mí misma y me encuentro en espera del segundo paso”.

¿Cómo la desinformación se volvió negocio?

Una gran variedad de servicios (desde desinformativos hasta inexistentes), son anunciados en redes sociales, principalmente en Facebook, WhatsApp y Tiktok. El dinero perdido por estos fraudes va desde 1 dólar hasta 20,000 dólares por persona. 

Los estafadores crean contenidos pautados, disfrazados de explicaciones como las que haría cualquier influencer, para ofrecer ayuda en trámites migratorios. Incluyen botones para contactar por WhatsApp o Messenger y llevar la comunicación a una charla personalizada donde abundan las promesas.

Fue así como Mercedes Pérez contactó a Jaime Díaz Márquez, quien le prometió asilo político para sus familiares y pidió 55 dólares por cada uno, a cambio una constancia gestionada por una organización religiosa con la que conseguiría el parole, un permiso de permanencia temporal que se brinda por razones humanitarias urgentes para permanecer en el país por al menos un año sin visa.

En una transmisión en Facebook Live de menos de 3 minutos, Díaz Márquez aseguró que el 9 de diciembre de 2022 sería el día en que podrían “recoger sus papeles” para cruzar la frontera de manera regular, con documentos. Después eliminó los videos y no volvió a publicar.

La organización Al Otro Lado, que se dedica a apoyar y proteger a las personas migrantes, está preparando una carpeta del caso y lleva al menos 200 personas que han sido engañadas por Jaime Díaz Márquez.

A Díaz Márquez se le intentó contactar al menos en cuatro ocasiones, vía telefónica y mensajes de WhatsApp, pero nunca respondió.

Captura de pantalla de una conversación en WhatsApp de una de las personas estafadas por Jaime Díaz Márquez.

Captura de pantalla de una conversación en WhatsApp de una de las personas estafadas por Jaime Díaz Márquez.

Evelyn Reyes compartió que a su marido le pidieron casi 36 mil pesos, unos 2 mil dólares. “Con gastos de visa, sellados, que un vuelo de 19,500 de ida y vuelta. Hasta el pasaporte le robaron, pues iban a salir del DF (Ciudad de México) y ahí se lo entregarían, pero cuando llegó no había nada. Solo fantasmas”

Jorge Gallo, oficial regional de prensa de la Organización Integral para las Migraciones (OIM) dijo que “muchos migrantes ni siquiera tienen ahorros, sino que se pegan una endeudada enorme para poder pagar los servicios de esos coyotes, y en muchos casos lo pierden todo”. La pérdida de recursos es solo una de las muchas consecuencias de la desinformación y de los fraudes basados en ella.

Por otro lado, existen influencers que venden “servicios legales” a sus seguidores, sin ser abogados. Un ejemplo es Darío Andrés Oviedo Melendez, que se anuncia a través de Tiktok e Instagram, donde suma más de 600 mil seguidores.

El autodenominado abogado en su perfil de Instagram, junto a su socio José Rafael Román Argotte, ofrecen asesoría desde Florida. Sin embargo, ninguno de los hombres parece estar registrado como abogado en Estados Unidos, según una búsqueda de PolitiFact.

Esos perfiles comparten mucha información acerca de trámites migratorios y regulaciones como anzuelo a sus seguidores, para luego venderles su asesoría.

También llegan a compartir desinformación. El 9 de abril de 2023, Román Argotte hizo un video para comentar una noticia sobre el Título 42, y sugerir una falsa apertura de la frontera.

Al día siguiente, cerca de mil migrantes llegaron al Puente Paso del Norte entre Chihuahua y Texas, creyendo que se les concedería la entrada en Estados Unidos.

PolitiFact intentó comunicarse con ambos creadores de contenido por medio de mensajes de WhatsApp, TikTok, Instagram y llamadas, pero no recibió respuesta

Visas de trabajo, oro molido para reclutadores

La mayoría de las personas que buscan oportunidades para trabajar en Estados Unidos prefieren confiar en sus conocidos o en las redes sociales, en lugar de la información de gobierno, organizaciones o medios que ofrecen datos reales, y en el mejor de los casos, verificados.

Desde 2016, el Centro de Derechos del Migrante (CDM) en Ciudad de México, notó un aumento en el fraude de reclutamiento online de migrantes, especialmente a través de anuncios en Facebook.

Jocelyn Reyes, Directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo del CDM asegura que desde que se creó el sistema de trabajo temporal entre Estados Unidos y México, el proceso de reclutamiento ha sido irregular, informal, poco documentado y opaco. “Esto abre huecos y desbalances de poder enormes entre los trabajadores, los reclutadores como un agente intermedio y los empleadores en Estados Unidos”.

Explica que al ser estos grupos de personas, contactadas para reclutar trabajadores, esto provoca que se monopolice la información y se controle el acceso a los empleos y las visas H-2, imponiendo tarifas y otros términos ilegales como condiciones para acceder a las oportunidades de trabajo.

“Hay agencias de reclutamiento que a eso se dedican y que ofrecen esos servicios a los empleadores estadounidenses. El problema es que reciben un salario de esos empleadores, pero también buscan tener beneficios adicionales”.

Esto coincide con lo señalado por el Departamento de Prevención de Fraudes del Consulado General de los EE.UU. en Monterrey, México, donde se procesa la mayor cantidad de visas H-2A en el mundo. Desde 2019 a la fecha han documentado un incremento del 12 a 15% de llamadas y mensajes a su línea de atención.

Los engaños más comunes son que los estafadores se hacen pasar por compañías autorizadas para contratar trabajadores temporales en EE.UU y por otro, solicitan documentos personales del trabajador/a para hacer una “verificación de antecedentes criminales”.

Otros fraudes alimentados por la desinformación son los que afirman que hay oficinas de reclutamiento en el Consulado en Monterrey o que consiguen ofertas de empleo con temporalidades más altas de las permitidas para una visa H-2A.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook de una oferta para trabajar en Estados Unidos.

Captura de pantalla de una publicación en Facebook de una oferta para trabajar en Estados Unidos.

La desinformación también alimenta la impunidad 

Samantha Hernández, encargada de comunicación y enlace del albergue CafeMin en Ciudad de México, afirma que existen narrativas desinformativas que hacen creer “que no se puede transitar en la Ciudad de México sin un documento que te acredite o que si vas a oficinas de gobierno te pueden deportar”.

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A eso se suma que, en su mayoría, las personas migrantes no tienen conocimiento de sus derechos, lo que permite que estas desinformaciones prosperen.

La desinformación fragiliza aún más a quienes no tienen una situación regular en México, ya que les aleja de los servicios oficiales, las fuentes de información confiables y los organismos internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en un campamento en la ciudad de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en un campamento en la ciudad de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo

Como resultado, tanto la desinformación como las estafas se multiplican y quedan impunes.

Datos de la Secretaría de Gobernación de México, de 2016 a noviembre de 2022 registran 5,684 denuncias de delitos contra personas migrantes en México. De estas, 1,849 fueron catalogadas como tráfico ilícito, 2,655 como robo y 8 de fraude.

Existen pocas denuncias de fraude y en la mayoría de los casos, los denunciantes deben buscar una organización de la sociedad civil para que les represente. Sin embargo, el seguimiento se complica, pues las personas continúan su intento de cruzar la frontera y sí lo consiguen, dejan los procesos inconclusos.

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en la entrada de la garita peatonal de San Ysidro, en la ciudad fronteriza de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo

Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en la entrada de la garita peatonal de San Ysidro, en la ciudad fronteriza de Tijuana, para solicitar asilo en Estados Unidos. Foto: Aimee Melo

Un riesgo silencioso

Las redes son cada vez más utilizadas como medio de información. En grupos de Facebook y Whatsapp los migrantes encuentran información más inmediata, y que proyecta confianza y seriedad. Las condiciones para el engaño se crean a través de muchos factores, entre ellos, que la información oficial no llega a los grupos en redes sociales, y la manipulación de emociones, como el temor a los procesos complejos o la esperanza de una vida mejor.

Al creer y pagar por estos supuestos servicios los migrantes terminan, sin proponérselo, como parte de la maquinaria de desinformación que avanza, se diversifica y crece, ante la inacción de las autoridades en ambos lados de la frontera, mientras que los desinformantes quedan impunes, sin tener que ocultarse o esforzarse por encontrar la siguiente víctima.

«Esta historia fue producida con el apoyo del proyecto Disarming Disinformation de ICFJ, un esfuerzo global de tres años con financiamiento principal de la Fundación Scripps Howard, una organización afiliada al Fondo Scripps Howard«.