Una Luz de Esperanza: años de búsqueda de atención a las víctimas de la contaminación de Peñoles

#ComunidadDeMedios | Vianney Carrera | La Plaza Pública

En 1999 un grupo de madres dio a conocer que sus hijos sufrían de intoxicación por plomo y otros metales pesados debido a la contaminación de la empresa metalúrgica Met-Mex Peñoles en Torreón, Coahuila.

La detección de este grave problema de salud que afectaba por lo menos a un centenar de niños había sido posible gracias a los análisis de sangre realizados por expertos del Hospital Infantil de Torreón, la Secretaría de Salud de Coahuila y otras instituciones públicas y privadas.

La señora Eva Mendiola, madre de víctimas de la contaminación que genera en La Laguna la segunda minera más grande de México, se ha esforzado durante estos 24 años por asegurarles un estado de salud y una calidad de vida funcionales a sus hijos, contra todo pronóstico.

Su labor no se limita a su círculo familiar, pues también preside la organización Una Luz de Esperanza, desde donde se esfuerza actualmente por reunir a los pacientes pasivo ambientales, es decir, personas que hace más de dos décadas resultaron intoxicadas con plomo y otros metales pesados como cadmio y arsénico, para que se les dé el seguimiento que se les interrumpió desde 2004. Adicionalmente, busca que se les realicen estudios de daño renal temprano, padecimiento recurrente en este tipo de pacientes.

La labor de la señora Mendiola no ha sido fácil, incluso le ha ganado amenazas, y es notable porque nos recuerda que hasta la fecha no existen estudios que determinen con precisión el costo de salud que pagamos los laguneros por contar con una empresa líder a nivel mundial.

Recuento de la exigencia

En 1998 se comenzaron a detectar casos de recién nacidos con plomo en la sangre, en la colonia Luis Echeverría de Torreón, donde está ubicada la empresa Met-Mex Peñoles. Fue entonces cuando un grupo de madres efectuó bloqueos sobre la calle Comonfort para pedir al Gobierno del Estado de Coahuila que se hiciera cargo de la atención médica de los afectados con plomo en la sangre.

Derivado de esas exigencias, el 21 de mayo de 1999 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila un convenio entre el gobierno estatal y Peñoles para crear un fideicomiso de 10 millones de pesos para pagar el tratamiento de los niños afectados, incluyendo a los recién nacidos, que abarcaba desde exámenes médicos y medicinas hasta atención psiquiátrica o psicológica.

El fideicomiso estaba sujeto a renovación por ambas partes, pero una vez que expiró, en 2004, no fue renovado y no se explicaron las razones, dejando así vulnerables a los niños afectados cuyas familias no tenían los suficientes recursos.

El fármaco utilizado para quelar (retirar el plomo de la sangre) era Chemet, también conocido como ácido dimercaptosuccínico: “su función es pescar y sacar; pescaba el plomo como los cangrejos y lo sacaba a través de la orina”, explicó Eva Mendiola.

En 1999 ese medicamento era casi inaccesible debido a que era importado y su costo alcanzaba los 20 mil pesos, y algunos pacientes necesitaban más de un frasco por tratamiento, por lo que las madres empezaron a batallar para conseguirlo.

“Muchas personas, cuando se terminó ese fideicomiso, se quedaron a la deriva. Por ejemplo, hay pacientes que se han intentado suicidar varias veces. La atención quedó trunca. Los nefrólogos estaban viendo a nuestros hijos, estaban vigilando que no tuvieran daño renal, entonces también se quedaron sin nada. No sabemos cuántas gentes a las que les faltó su atención ahorita viven o están mal”.

Tras el término del fideicomiso, que nunca fue transparentado, la única responsabilidad con que se quedó Peñoles fue un acuerdo firmado ante notario en el que se comprometía a seguir con el apoyo.

En ese mismo año Eva Mendiola y otras madres de víctimas de envenenamiento, la mayoría de ellas habitantes de la colonia Luis Echeverría, integraron el grupo “Una Luz de Esperanza para intoxicados con plomo, cadmio y arsénico” con el objetivo de seguir pidiendo la atención necesaria para sus hijos. Se entrevistaron con las autoridades federales, estatales y municipales, solicitaron la continuación del tratamiento de víctimas e hicieron peticiones formales para que se midiera la contaminación del aire y el suelo.

En respuesta a la petición de Una Luz de Esperanza de contar con un centro multidisciplinario donde se trataran a profundidad los casos, la empresa Peñoles creó en 2007 el Centro de Atención de Metales Pesados (CAMP) y la Unidad de Salud Ambiental (USA) para tratar a los pacientes contaminados y monitorear las muestras de plomo en la sangre.

Unidad de Salud Ambiental

Unidad de Salud Ambiental

No obstante, la USA se construyó en un área llamada zona de amortiguamiento, que Peñoles había desalojado años antes comprando cientos de viviendas como medida ante los señalamientos, lo que orilló a las familias del sector a emigrar a otras colonias.

La organización consideró la ubicación de la USA en ese lugar como una situación agravante e hizo una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para pedir la reubicación de la unidad, con ello lograron parar la inauguración durante un tiempo, sin embargo, las autoridades municipales terminaron dando luz verde para que funcionara.

Hasta la fecha la USA sigue operando y atendiendo casos en esa misma ubicación sobre la calzada Raúl Madero en la colonia Luis Echeverría.

La vida después del fideicomiso 

La señora Eva Mendiola es madre de cuatro hijos, de los cuales dos aún padecen las consecuencias de la intoxicación por plomo.

El caso de su hijo menor, hoy un adulto de 27 años, es el que concentra las secuelas más graves y visibles. En 2004, cuando se le retiró el apoyo clínico que se le brindaba a través del fideicomiso, el niño acudía al preescolar, tenía cinco años y lo habían diagnosticado como “niño especial”.

La señora Eva Mendiola hizo todo lo posible para que su hijo fuera atendido por especialistas, algunos de ellos privados, mientras cursaba la educación básica, de modo que, además del Centro de Rehabilitación Integral (CRIT) Torreón y el CAMP, recurrió a la atención psicológica de la USA. Fue una etapa muy complicada para el niño:

Informe Psicológico

Informe Psicológico

“Él batallaba mucho en la escuela. Tenía déficit de atención, hiperactividad, discalculia, dislalia, dislexia. Batalla mucho todo lo que son letras, o sea, lo que es Español, y Matemáticas. Lo traía y lo mismo”, contó la señora Mendiola.

Añadió que en aquel entonces su hijo sangraba mucho de la nariz e incluso ahora, a sus 27 años, todavía lo hace.

A la necesidad de atender los síntomas del niño se sumaba la de medicamentos o tratamientos.

Otra situación complicada para las familias afectadas fue la falta de atención adecuada por parte del CAMP y la USA que muchas veces enfrentaron. Puso como ejemplo el caso de unos gemelos con plomo elevado por la contaminación de Peñoles, a quienes les dieron un medicamento llamado Succimer, con el mismo componente activo de Chemet, pero estaba caducado, lo que incluso terminó con la destitución de la titular de ese entonces.

En el deambular por distintas instituciones de salud procurando la atención necesaria a su hijo menor, la señora Eva Mendiola tuvo que lidiar con comentarios insensibles y despectivos de doctores y otras personas, como que su hijo solo podría ser franelero o que se iba a quedar pendejo.

Pese a las adversidades, actualmente el último hijo de Eva Mendiola es ingeniero y su vida es funcional. Sin embargo, aún tiene problemas de sangrados nasales y taquicardias.

“Nos ha costado como no imaginas”, declaró la madre, quien no ha cejado en la intención de que su hijo salga adelante.

Diagnóstico incompleto

Por fortuna el hijo menor de la señora Eva Mendiola sí fue tratado, pero considera que hay muchos otros afectados que ni siquiera fueron diagnosticados por su edad, ya que en 1999 solo se consideró para los análisis a menores de 12 años; a los que sobrepasaban esa edad no se les dio la misma atención ni se les hicieron exámenes para determinar la concentración de plomo que pudieran tener.

La señora Eva considera a otro de sus hijos, que en aquel entonces tenía 19 años, como un ejemplo del tipo de afectados por el plomo que nunca han recibido la atención necesaria. No fue candidato para determinar sus niveles de plomo en la sangre, sin embargo, sufre convulsiones desde hace justo 24 años.

Contó que su hijo tuvo una caída en marzo de este 2023: “casi se le sale un ojo. Ya tiene muchas suturas en la cara. Estuvo internado”, enumeró la señora Mendiola como parte de las consecuencias que ha enfrentado ese hijo. Añadió que actualmente tiene una calidad de vida funcional, está estabilizado por parte del seguro del IMSS y una neuróloga del Hospital Los Ángeles en Torreón, sin embargo, el riesgo o la posibilidad de que estos problemas se agraven siguen latentes.

Así hubo más casos que tampoco se visibilizaron, hasta ahora que las consecuencias de la intoxicación se están haciendo más notorias.

La líder de la asociación calcula que además de los recién nacidos intoxicados, más de 20 mil personas, incluyendo mujeres embarazadas, fueron afectadas por la contaminación. La prueba, para la señora Mendiola, está en que actualmente las personas intoxicadas, ahora adultas, continúan padeciendo problemas de salud derivados del plomo, e incluso se ha detectado el contaminante en la sangre de la generación siguiente. Sin embargo, debido a la falta de investigación del tema no se puede contar con una cifra exacta del total de afectados.

La lucha continúa

En 2012 las actividades de Una Luz de Esperanza pararon debido a la ola de inseguridad generada por la llamada guerra contra el narco.

La organización se reagrupó hasta 2019 y sus miembros volvieron a hacer peticiones a la empresa Peñoles y a la Secretaría de Salud de Coahuila para comprobar que se estaban realizando los monitoreos correspondientes desde 1999 a raíz de la creación del fideicomiso. Sin embargo, un año después se declaró la pandemia por Covid-19 obligándolos a hacer un receso hasta que la contingencia cesara. 

En 2022, después de la pandemia, la organización volvió a exigir los monitoreos, así como el apoyo para los exámenes de insuficiencia renal de las personas contaminadas desde hace 24 años.

De acuerdo con la señora Eva, han presentado sus peticiones ante el secretario de Salud de Coahuila Roberto Bernal, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número VI en Torreón, Juan Pérez, la directora de Medio Ambiente de Torreón, Susana Estens de la Garza, y Gonzalo García, médico toxicólogo y coordinador del CAMP de Peñoles.

Ninguna petición fue atendida. Por ese motivo, en diciembre de 2022 la organización solicitó de nuevo el apoyo del gobierno estatal por medio de un video enviado al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, ya que el grupo había tenido reuniones con las secretarías de Salud y de Medio Ambiente del estado, pero no se había llegado a ningún acuerdo.

En el video aparecen la señora Eva Mendiola, en calidad de presidenta de Una Luz de Esperanza, y el doctor Manuel Velasco Gutiérrez, quien diagnosticó 53 casos de intoxicación por plomo en 1988 y sigue siendo clave en la detección de este problema.

“Estamos solicitando (su intervención) para que se les realicen a nuestros hijos estudios de daño renal temprano […] en base a que tenemos muchos pacientes que tienen daño renal, que son pacientes que ya están en etapa final porque en su momento no se realizaron ni se les hicieron estudios de este tipo”, declaró la señora Eva Mendiola en el video.

En marzo de 2023 hubo una respuesta por parte de la Secretaría de Salud Coahuila y de la Unidad Ambiental de Salud de Peñoles (USA). Se comprometieron a ayudar al grupo a buscar a los pacientes pasivos ambientales que desde 1999 tienen plomo en la sangre a fin de hacerles estudios y que tengan un tratamiento digno que en su momento se les interrumpió, así como reanudar los monitoreos. Dentro de los objetivos también se incluye revisar si los pacientes tienen daño renal u otras afectaciones.

“Es una preocupación para nosotros saber que más personas van a caer en ese problema porque es irreversible. Lo que hemos exigido es que se les hagan estudios de daño renal temprano para que se les atienda y no caigan en la insuficiencia renal”, mencionó Eva Mendiola en torno al objetivo de estas peticiones iniciadas en 2022.

Así como se había aclarado anteriormente, tanto el segundo hijo de la señora Eva sigue con secuelas ocasionadas por la intoxicación de hace 24 años. Los síntomas que presentan tanto él como otras víctimas que habitaban en la misma colonia son principalmente convulsiones, pero de acuerdo con la entrevistada, hay otros pacientes que tienen daño renal e inclusive, dos de ellos ya fallecieron debido al envenenamiento.

Como parte de la respuesta de la Secretaría de Salud de Coahuila y la USA a las recientes acciones de Una Luz de Esperanza, se han hemodializado dos pacientes y cuatro están por recibir el mismo tratamiento.

La lista de candidatos para los estudios para determinar el daño renal temprano son aproximadamente 30 personas que la organización ha logrado contactar, más las que se sigan sumando.

La Secretaría de Salud también puso a disposición de la asociación a dos enfermeros y les prestó una camioneta para recorrer las colonias y reunir a más afectados. Desafortunadamente el automóvil se descompuso un día después y aún no sale del taller, no obstante, la señora Mendiola ha logrado comunicarse con ellos a través de redes sociales o los ha localizado por medio de conocidos.

Actualmente Una Luz de Esperanza se encuentra reorganizando a las víctimas de intoxicación para que se les realicen estudios y reciban ayuda para costear los tratamientos.

Desde marzo hasta la fecha se han hecho exámenes a tres personas. Los resultados indican que no tienen una cantidad suficiente de plomo en la sangre como para ser candidatos a tratamientos posteriores. Ni las víctimas ni Eva Mendiola y las demás madres de afectados están del todo conformes con esos resultados y temen que sean incorrectos. Sin embargo, no tienen evidencia alguna de ello, es una suposición que se comprobará o desmentirá conforme se desarrolle la fase de reintegración.

Riesgos y deudas

A las adversidades que Una Luz de Esperanza ha tenido que enfrentar sin permitir que su marcha se detenga de nuevo, se suma la llamada que recibió su presidenta, la señora Eva Mendiola, el pasado 6 de mayo de 2023, mediante la que una persona la amenazó de muerte si continuaba su labor.

Por este hecho, ella interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Coahuila Delegación Laguna I, en el acto estuvieron acompañándola madres de Una Luz de Esperanza, así como personal de Peñoles y de la USA.

“Estamos solicitando (su intervención) para que se les realicen a nuestros hijos estudios de daño renal temprano […] en base a que tenemos muchos pacientes que tienen daño renal, que son pacientes que ya están en etapa final porque en su momento no se realizaron ni se les hicieron estudios de este tipo”, declaró la señora Eva Mendiola en el video.

En marzo de 2023 hubo una respuesta por parte de la Secretaría de Salud Coahuila y de la Unidad Ambiental de Salud de Peñoles (USA). Se comprometieron a ayudar al grupo a buscar a los pacientes pasivos ambientales que desde 1999 tienen plomo en la sangre a fin de hacerles estudios y que tengan un tratamiento digno que en su momento se les interrumpió, así como reanudar los monitoreos. Dentro de los objetivos también se incluye revisar si los pacientes tienen daño renal u otras afectaciones.

“Es una preocupación para nosotros saber que más personas van a caer en ese problema porque es irreversible. Lo que hemos exigido es que se les hagan estudios de daño renal temprano para que se les atienda y no caigan en la insuficiencia renal”, mencionó Eva Mendiola en torno al objetivo de estas peticiones iniciadas en 2022.

Así como se había aclarado anteriormente, tanto el segundo hijo de la señora Eva sigue con secuelas ocasionadas por la intoxicación de hace 24 años. Los síntomas que presentan tanto él como otras víctimas que habitaban en la misma colonia son principalmente convulsiones, pero de acuerdo con la entrevistada, hay otros pacientes que tienen daño renal e inclusive, dos de ellos ya fallecieron debido al envenenamiento.

Como parte de la respuesta de la Secretaría de Salud de Coahuila y la USA a las recientes acciones de Una Luz de Esperanza, se han hemodializado dos pacientes y cuatro están por recibir el mismo tratamiento.

La lista de candidatos para los estudios para determinar el daño renal temprano son aproximadamente 30 personas que la organización ha logrado contactar, más las que se sigan sumando.

La Secretaría de Salud también puso a disposición de la asociación a dos enfermeros y les prestó una camioneta para recorrer las colonias y reunir a más afectados. Desafortunadamente el automóvil se descompuso un día después y aún no sale del taller, no obstante, la señora Mendiola ha logrado comunicarse con ellos a través de redes sociales o los ha localizado por medio de conocidos.

Actualmente Una Luz de Esperanza se encuentra reorganizando a las víctimas de intoxicación para que se les realicen estudios y reciban ayuda para costear los tratamientos.

Desde marzo hasta la fecha se han hecho exámenes a tres personas. Los resultados indican que no tienen una cantidad suficiente de plomo en la sangre como para ser candidatos a tratamientos posteriores. Ni las víctimas ni Eva Mendiola y las demás madres de afectados están del todo conformes con esos resultados y temen que sean incorrectos. Sin embargo, no tienen evidencia alguna de ello, es una suposición que se comprobará o desmentirá conforme se desarrolle la fase de reintegración.

Riesgos y deudas

A las adversidades que Una Luz de Esperanza ha tenido que enfrentar sin permitir que su marcha se detenga de nuevo, se suma la llamada que recibió su presidenta, la señora Eva Mendiola, el pasado 6 de mayo de 2023, mediante la que una persona la amenazó de muerte si continuaba su labor.

Por este hecho, ella interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Coahuila Delegación Laguna I, en el acto estuvieron acompañándola madres de Una Luz de Esperanza, así como personal de Peñoles y de la USA.

Hasta la fecha no existe una documentación que precise cuántas personas, tanto bebés, hombres, mujeres, ancianos, niños, se vieron afectados. Tampoco existe la documentación que transparente lo que sucedió después del fideicomiso y el posterior acuerdo notariado que firmó la empresa.

Dada la falta de estudios profundos sobre este tema es imposible determinar cuántos han muerto debido a la intoxicación, sin embargo, la señora Mendiola intuye que son cuantiosas las víctimas siguen perdiendo la batalla contra la intoxicación.

Es por ese motivo que tanto ellas como las madres que actualmente integran Una Luz de Esperanza continuarán luchando hasta que se haga justicia por las víctimas de envenenamiento.

Hidroarsenicismo: décadas de omisión en Coahuila

Luis Alberto López | Jessica Ayala | Border Hub

Durante al menos cinco décadas las instituciones sanitarias nacionales y estatales han sido omisas ante un asunto de salud pública en La Laguna: el hidroarsenicismo que, de acuerdo con estudios y especialistas consultados, consiste en una serie de padecimientos ligados a la ingesta prolongada de agua con arsénico. No obstante, hasta la fecha no existe un padrón oficial de personas que padecen enfermedades presuntamente derivadas de esta problemática.

María de la Luz del Carmen Herrera Rodríguez, de 48 años, quien radica en el ejido San Salvador, en Francisco I. Madero, Coahuila, lleva la mitad de su vida padeciendo diabetes y sus complicaciones. En los últimos años se le han sumado otras enfermedades como la insuficiencia renal crónica y cáncer de estómago.

“La diabetes la tengo desde los 24 años, y con la insuficiencia renal llevo como ocho, derivada de la misma diabetes. Me amputaron el pie. Y el cáncer me lo diagnosticaron hace un año y medio”, contó en entrevista María de la Luz.

Se trata de males que han estado presentes en su pequeña comunidad, de apenas 700 habitantes, durante varias generaciones y que coinciden con la lista de afectaciones que, de acuerdo con investigaciones científicas y la Organización Mundial de la Salud, pueden ser provocadas por la exposición prolongada a altos niveles de arsénico, muchas veces a través del consumo de agua y alimentos contaminados.

“Desde que tengo uso de razón, desde mis abuelos y mis tíos”, dijo cuando se le preguntó cuánto lleva lidiando con estos padecimientos, “unos mueren de cáncer, otros mueren de diabetes… Dos de mis tíos murieron de cáncer hepático, otra de cáncer cérvico uterino. Desde que uno está en el vientre de la mamá toma agua con arsénico. Mi abuela, por parte de mi papá, tenía como unos jiotes por el arsénico en toda su espalda, en sus manos. Mi hermano, el que sigue de mí, tiene diabetes, y el de en medio también, a él ya se le cayeron los dientes y pues está jovencillo, tiene 30 años, y el más chico tiene presión alta. Mis papás también tienen diabetes y presión”.

María de la Luz del Carmen Herrera Rodríguez, de 48 años, radica en el ejido San Salvador, en Francisco I. Madero y padece enfermedades que encajan con las consecuencias del hidroarsenicismo. Crédito: Jessica Ayala Barbosa.

María de la Luz del Carmen Herrera Rodríguez, de 48 años, radica en el ejido San Salvador, en Francisco I. Madero y padece enfermedades que encajan con las consecuencias del hidroarsenicismo. Crédito: Jessica Ayala Barbosa.

Los pobladores de San Salvador llevan décadas atribuyendo esos padecimientos al consumo de agua con arsénico, ya que Francisco I. Madero suele ser señalado por investigadores como un punto de alto riesgo debido a las altas concentraciones de arsénico en el agua que consume la gente.

Sin embargo, la realidad es que hasta la fecha los afectados no cuentan con un dictamen médico que confirme la relación entre el consumo de agua contaminada y las enfermedades que deterioran su calidad de vida, pues para las autoridades sanitarias de México no existe una enfermedad llamada hidroarsenicismo.

Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), opinó que la falta de reconocimiento de esta enfermedad impide combatir el problema de forma adecuada.

“Hoy, la señora María de la Luz no cuenta con la presencia del estado mexicano. No está el sector salud con un programa, pues el gobierno no tiene acciones integrales que permitan atender el tema de la presencia de arsénico en el agua y los alimentos, y las enfermedades crónico degenerativas que hay en la región son atendidas de manera aislada, sin encontrar su origen o detonante en el agua que consumimos”, señaló Hernández.

Es por ese motivo, que la asociación civil promovió el amparo indirecto 1199/2022 en el Juzgado 4 de Distrito en La Laguna para que haya atención al problema del agua contaminada con arsénico desde una perspectiva integral.

Mediante este recurso legal, el CIADH busca tres cosas: “primero, que se reconozca la presencia del arsénico como un asunto de salud pública denominado Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE); segundo, que se haga un diagnóstico integral en la población para determinar los alcances de la enfermedad, sobre todo entre los grupos vulnerables; y finalmente, que se haga un listado de afectados”, expuso Hernández Múñiz.

El recurso legal fue aceptado y hubo una primera determinación jurídica para que en este caso el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y la Presidencia Municipal de Francisco I. Madero atendieran la situación, aunque las autoridades promovieron un recurso de revisión.

Entre las experiencias internacionales donde puede observarse el beneficio de reconocer el HACRE como un problema de salud pública está el caso de Argentina, donde se desarrolló un programa nacional desarrollado para atenderlo.

Una problemática con acciones aisladas

María de la Luz tiene que ir tres veces por semana a la ciudad de Torreón, a dos horas de su comunidad, para que le realicen hemodiálisis. Cada traslado le representa un gasto de alrededor de 500 pesos.

La cantidad es tan alta para una familia, cuyo ingreso semanal apenas rebasa los 2 mil pesos, que decidió no atenderse el cáncer de estómago.

“Como le digo, voy tres veces a la semana a Torreón por las hemodiálisis, al irme a poner las quimio, las radioterapias, sería ir otros tres días. Sería estar toda la semana allá, y pues de dónde”, dijo.

De la Luz vive con su esposo y su madre. Su madre la cuida y su esposo trabaja desde las tres de la madrugada hasta las 10 de la noche para obtener un ingreso de 2 mil 150 pesos y debe gastar más de mil pesos, el 50 por ciento, en los viajes para el tratamiento.

“Eso en pura gasolina, porque a veces ni para una botella de agua lleva uno. Lo poquito que queda es para comprar gas, compramos mandadito, aunque sean frijoles, sopa, un chilito, nada más… Es complicado. Uno dice, uno da gritos y nadie lo oye”, compartió.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el arsénico como una de las 10 sustancias más preocupantes para la salud pública y advierte que su exposición prolongada puede conducir a la muerte.

En La Comarca Lagunera (región conformada por municipios de Coahuila y Durango), los niveles de arsénico en el agua son superiores a los 25 microgramos por litro marcados en la Norma Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humanoque habla sobre los límites permisibles para garantizar la calidad del agua.

En mayo del 2023 entrará en vigor otra norma que baja el límite permisible de arsénico a 10 microgramos por litro, sin embargo, las autoridades no reconocen este problema como un asunto de salud pública y tampoco existen acciones para  atenderlo, pues como ya se mencionó incluso las organizaciones civiles han tenido que promover juicios de amparo.

El abogado Miguel Ángel Hernández Muñiz refiere que las acciones de los diferentes órdenes de gobierno en torno a la problemática del agua con arsénico han sido aisladas y sin un enfoque de salud pública.

“Las enfermedades crónico degenerativas que hay en la región son atendidas de manera aislada, sin encontrar su origen o detonante en el agua que consumimos. Si ustedes van a las diferentes regiones de las comunidades rurales de la Comarca Lagunera van a encontrarse con un número muy importante de personas con padecimientos vinculados al arsénico”, señaló

Hernández Muñiz destacó que el amparo promovido en favor de la María de la Luz está sustentado incluso con tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú que compromete al Estado mexicano a la resolución de problemas ambientales con la participación de la sociedad.

Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigaciones en Agua y Derechos Humanos, informó que desde el ámbito jurídico buscan que se reconozca el hidroarsenicismo como un problema de salud pública. Crédito: Luis Alberto López.

Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigaciones en Agua y Derechos Humanos, informó que desde el ámbito jurídico buscan que se reconozca el hidroarsenicismo como un problema de salud pública. Crédito: Luis Alberto López.

“El simple hecho de que tengas un acuerdo o un tratado internacional que haya sido firmado y aprobado por el Senado ya es obligatorio acatarlo, y en este sentido de garantizar a plenitud el agua en condiciones de calidad, significa que tienes que implementar todas las acciones que estén a tu alcance, porque de ese derecho depende la salud y todos los derechos de otras personas”, dijo.

La lucha jurídica no es el único frente que la sociedad lagunera ha abierto para que se tome en cuenta el problema de la contaminación del agua con arsénico.

Presionar desde la academia

Gonzalo García Vargas, toxicólogo y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) en Gómez Palacio, señaló que desde hace cinco décadas existen investigaciones académicas sobre las afectaciones del arsénico en la salud de los laguneros.

Sin embargo, su función ha sido mostrar problemas, sugerir algunas medidas de control, de mitigación, pero hasta ahí llegan porque los investigadores no son parte de las autoridades que están a cargo de la política de salud.

“El punto es que los académicos e investigadores muestran el problema y sugieren, pero no pueden ejercer, quien debe ejercer es la autoridad y ellos nada más han hecho estudios sobre agua, no han hecho estudios sobre salud, entonces eso es un primer vacío”.

De igual manera, Martín Federico Soto Jiménez, doctor en Ciencias del Mar con especialidad en Química Acuática e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló la falta de interés del sector salud en este problema.

“Haber vivido la presencia de arsénico por más de cinco décadas y no tener un padrón de afectados habla de la falta de atención, de la falta de interés de las autoridades, dígase sanitarias, dígase ambientales, de cualquier orden de gobierno, federal, estatal, municipal, para atender la problemática”, dijo.

Soto Jiménez forma parte de un proyecto de monitoreo de sustancias tóxicas en La Laguna, financiado por el Conacyt a través de sus Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) y destaca la importancia de que las autoridades dejen de ver el asunto del arsénico en el agua como un problema meramente ambiental y lo vean más como un problema de salud.

“Con este proyecto queremos cambiar la perspectiva, es decir, sí es un problema que haya arsénico en el agua, pero se le tiene que dar el sentido de los efectos que implica en términos de salud, en términos de economía, para una sociedad, porque realmente la presencia de arsénico afecta la cotidianidad y afecta la calidad de vida; provoca una serie de trastornos que solamente aquella persona que los sufre los entiende”.

El mismo testimonio de María de La Luz del Carmen Herrera Rodríguez ilustra algunos de esos trastornos y complicaciones referidos por el investigador.

Por una parte están los dolores: “Esta enfermedad (insuficiencia renal) es muy complicada y dolorosa. El cáncer de estómago es más todavía, uno se quiere parar de los pelos porque no se aguanta el dolor. A veces me llevan al doctor y me inyectan morfina, me controlo unos 20 días y otra vez. Días atrás estaba muy inflamada, parecía un elefante, no cabía ni en la silla de ruedas, pero no sé qué me hayan puesto, porque el estómago se me desinflamó y estoy muy flaca, estoy pesando 45 kilos”.

Acerca de las opciones para abatir el problema, Soto Jiménez dijo que lo más urgente es hacer todo lo posible por proveer de agua purificada a esas poblaciones donde los niveles de arsénico son altos, una medida para reducir el riesgo a la población, de acuerdo con sus estudios.

No obstante, también deben atacarse otras vías de exposición al contaminante diferentes al consumo directo.

Con relación a las acciones gubernamentales para reducir los niveles de arsénico en las fuentes de abastecimiento de La Laguna, el toxicólogo Gonzalo García reconoció que hubo varias intervenciones como la colocación de filtros a pie de pozo, aunque no en todos los municipios tuvieron el efecto deseado.

“El punto aquí es que, para las ciudades como Torreón, Gómez Palacio y Lerdo sí eran más o menos adecuadas, pero el problema que hubo fue que la Conagua le dio el equipo a los organismos operadores de agua para su mantenimiento y éstos siempre están en números rojos”.

Refirió que en el caso de otros municipios como Francisco I. Madero, San Pedro y Matamoros la presencia del metaloide en el agua era mucho mayor y la tecnología de los filtros no funcionó.

El reportaje Filtros removedores de arsénico: el costoso y simulado compromiso para La Lagunapublicado por Plaza Pública con el apoyo del Hub de Periodismo de la Frontera Norte en noviembre pasado, reveló que la inversión de 154 millones 304 mil 29 pesos, para instalar plantas purificadoras en las norias de los municipios coahuilenses no funcionó, y que incluso hubo municipios donde nunca operaron.

La investigación da cuenta que en municipios como Torreón más del 80 por ciento de las fuentes de abastecimiento de agua están por encima de la Norma Mexicana NOM-127-SSA1-2021 y que en las localidades más pequeñas —con alta presencia rural— como Francisco I. Madero, San Pedro y Matamoros hay opacidad en cuanto a la medición de los sistemas operadores, aunque la Conagua tiene estudios técnicos que muestran que todas sus norias rebasan los límites permitidos de arsénico.

Los filtros removedores de arsénico instalados durante el sexenio federal pasado fueron una estrategia fallida para atender la contaminación del agua en La Laguna.

Los filtros removedores de arsénico instalados durante el sexenio federal pasado fueron una estrategia fallida para atender la contaminación del agua en La Laguna.

Al respecto, Gonzalo García Vargas acotó que las alternativas para tratar el problema del arsénico en el agua de La Laguna, siempre han venido de la Conagua como un tema técnico y de competencia ecológica, aunque el sector salud se ha mantenido distante al tema. Ahora con la investigación que realizan con el Conacyt buscan algo diferente.

“Se han hecho estudios oficiales y creado alternativas por Conagua, pero en Salud no se ha estudiado hasta ahora con el planteamiento de (el proyecto) Agua Saludable. Lo que queremos hacer es mostrar y probar un instrumento de vigilancia epidemiológica que permita recolectar —ahora sí— información en los poblados, que hagamos ensayos de cuánta gente tiene arsénico en la orina por arriba de lo normal”, explicó el toxicólogo.

De forma adicional, expuso, se pretende conocer el número de personas que tiene alguna lesión o síntoma relacionado con el arsénico, además de que en los muestreos se involucre a las secretarías de Salud, tanto de Coahuila como de Durango.

“La idea es muestrear, más bien estudiar alrededor de unos 8 poblados con distintos niveles de exposición a arsénico”, dijo.

Puntualizó que en estudios que datan del siglo pasado, hubo muestreos de entre 100 y 300 personas para conocer la incidencia de la presencia del arsénico. El estudio actual va por mil 500.

Evaden reconocimiento del problema

Los investigadores y el abogado coinciden en que mientras la problemática siga con una visión meramente ambiental, no habrá soluciones contundentes. El megaproyecto Agua Saludable para La Laguna, que tiene proyectada una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, no considera una política de seguimiento a las personas que por años bebieron líquido contaminado con arsénico.

A través de las solicitudes de información con folios 330026923000632 y  330026923000630, la Secretaría de Salud Federal evadió responder si tiene un padrón o listado de las personas  con enfermedades derivadas al consumo de agua con arsénico en municipios de La Laguna de Coahuila y Durango, además de si cuenta con protocolos para esto o bien, si tiene alguna competencia en el proyecto Agua Saludable.

"Considerando la naturaleza de la información que solicita, este sujeto obligado no es competente para contar con las documentales solicitadas, por lo que, se sugiere ingresar una nueva solicitud al Instituto Nacional de Pediatría, quien pudiera tener la información requerida".

La Secretaría de Salud Federal negó vía transparencia contar con un padrón de personas afectadas por el consumo de agua con arsénico en La Laguna.

La Secretaría de Salud Federal negó vía transparencia contar con un padrón de personas afectadas por el consumo de agua con arsénico en La Laguna.

La información también fue solicitada al Instituto Nacional de Pediatría pero al cierre de esta edición no había sido entregada.

La Secretaría de Salud Federal tampoco proporcionó estadísticas sobre casos de cáncer de piel, pulmón, vejiga, enfermedad del pie negro, enfermedades cardiovasculares, abortos, enfermedad de bowen, queratosis y amputaciones.

En el plano local la postura no es muy distinta a la de la federación. La Secretaría de Salud en Coahuila contestó a la solicitud con folio 050098800008923 que “no existen registros relativos a los daños a la salud ocasionados por hidroarsenicismo en el estado de Coahuila”. Tampoco dio información sobre campañas que la dependencia realiza mediante sus jurisdicciones sanitarias para la prevención de enfermedades vinculadas al consumo de agua con arsénico.

Sin embargo, la dependencia estatal reconoció en octubre de 2021, mediante la respuesta a la solicitud 050098800005421 que se instauró en el Informe Semanal de Casos Nuevos SUIVE-1 la enfermedad de hidroarsenicismo con la EPI-CLAVE T57.0-Efecto tóxico del arsénico y sus compuestos.

"Al día de hoy jueves 21 de octubre de 2021, se han registrado 0 casos a nivel estatal en el Informe Semanal de Casos Nuevos", puntualizó el oficio.

Al pedirle a la Secretaría de Salud vía transparencia el seguimiento a este mecanismo de vigilancia, no respondió en el plazo marcado por la ley. Fue interpuesto un recurso de revisión al respecto sin que hasta el cierre de edición fuera resuelto.

A esto se suma la postura que recientemente emitió el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien afirmó el pasado 6 de marzo que “desde hace tiempo el arsénico no es tema en La Laguna”.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Subcomité Técnico de Salud de La Laguna, el mandatario fue cuestionado en torno Agua Saludable para La Laguna y la visita para supervisar el proyecto que realizó a inicios de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de los avances técnicos de la obra, Riquelme Solís refirió que cuando fue alcalde de Torreón se perforaron pozos que no extraen agua contaminada y que la obra federal sólo solventará lo relacionado con el abasto.

"Yo perforé 28 pozos con cero arsénico y Román Alberto Cepeda (alcalde de Torreón) lleva ocho, igual, con los niveles normales, entonces no sé mucho, pero creo que estaban perforando donde no debían".

Por su lado, Eduardo Aaron Fuentes Silva, director del Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte (OCCCN) de la Conagua, descartó que la actualización a la NOM 127-SSA-SSA1 represente un problema.

“Esa parte no me preocupa, pues este año vamos a tener agua saludable”, respondió tras ser cuestionado en la rueda de prensa en la que presentó avances del megaproyecto el pasado 14 de marzo.

Sobre el papel que jugará el organismo en mayo próximo que entre en vigor actualización de la norma, que establece que municipios con más de 500 mil habitantes deben bajar las concentraciones de arsénico de 0.025 miligramos por litro a 0.010 miligramos por litro, refirió que todavía revisan cómo la harán cumplir.

“Estamos hablando con los organismos operadores y nosotros como área normativa tenemos que hacer que cumplan. Es un tema a nivel central que me gustaría que ellos lo vieran”.

La Secretaría de Salud en Coahuila reconoció que hay un seguimiento al hidroarsenicismo en 2021, pero después negó que existieran cifras o un padrón de personas afectadas. Crédito: Especial.

La Secretaría de Salud en Coahuila reconoció que hay un seguimiento al hidroarsenicismo en 2021, pero después negó que existieran cifras o un padrón de personas afectadas. Crédito: Especial.

El funcionario federal argumentó que, pese a que el avance de Agua Saludable para La Laguna es del 17.2 por ciento en su obra física, estarán en condiciones de entregar agua potable de calidad a finales de este año para los municipios más poblados de la Zona Metropolitana como Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

No obstante, la norma oficial también tiene elementos cuestionados por la comunidad científica por un asunto de injusticia hacia los poblados más vulnerables.

El contrasentido y la falta de atención

Pese a que los municipios con más comunidades rurales presentan la mayor cantidad de arsénico en sus fuentes de abastecimiento de agua potable, la NOM 127-SSA-SSA1 contempla hasta siete años en estos lugares para que las autoridades bajen la presencia del metaloide.

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El Observatorio Socioambiental de la Universidad Iberoamericana Torreón se pronunció el año pasado en torno a esta situación y señaló que la normativa tardó más de dos décadas en cambiar, pese a la sugerencia de la OMS, y que discrimina a los poblados más pequeños y marginados de La Laguna.

"Consideramos importante señalar la discriminación que la norma referida hace a las comunidades más empobrecidas, en donde, se vive con más crudeza la problemática del hidroarsenicismo", expusieron mediante un comunicado.

El investigador Martín Federico Soto Jiménez señaló que existe un contrasentido con la norma, pero hasta cierto punto entendible por la lógica en que opera la administración pública.

“Desde el punto de vista técnico y financiero es entendible, pero desde el punto de vista de salud pública no lo es, porque en este caso, esas ciudades o poblaciones más pequeñas son las que presentan el mayor problema”.

Refirió que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno deberían revisar opciones para que se cumpla la normativa, aunque más allá de eso, es su obligación atender el tema de salud que implica consumir agua contaminada.

“Independientemente de que la norma esté desfasada para ellos y que vaya entrar el año que entra o el siguiente, las autoridades municipales deben actuar, no solamente por cuestión de la norma, porque la norma es un valor, es un decreto, es un documento que los obliga, pero que el efecto de salud pública esté ocurriendo, debería de ponerlos en acción, no esperar a que venga una ley y los obligue”.

El investigador explicó que el arsénico provoca daños a largo plazo. De acuerdo con los estudios, las afectaciones y los efectos del arsénico en la salud no son visibles a menos de cinco años, comienzan a aparecer después de este tiempo y principalmente a más de 10 años del consumo constante.

“Los efectos son por exposición crónica, no es inmediato, no es ‘ya tomé agua y voy a tener algún síntoma’, no, es lento, pero cuando ya se detectan esas afectaciones normalmente no hay mucho qué hacer”.

Esto termina afectando principalmente a la población ya de por sí vulnerable y los obliga a destinar parte de sus ingresos a comprar agua purificada.

El desamparo de los habitantes de estos sectores se refleja en la decisión de María de la Luz, como se mencionó al principio de este reportaje, renunció al tratamiento del cáncer de estómago.

“No quise nada. Firmé una hoja en la que decidí no atenderme. A veces sí me dan dolores muy fuertes, empiezo a vomitar sangre. El doctor me dijo que era porque se reventaban unas úlceras. En el estudio que me hicieron se ve como si fuera una masa y alrededor tiene muchas cositas, como honguitos, ese es el cáncer, pero si le soy sincera yo de eso no quiero saber nada”.

Habitantes de la Flor de Mayo sufren intoxicación por invernadero

En la zona profunda de Matamoros se encuentra el ejido Flor de Mayo, un lugar en donde la mayoría de sus habitantes se dedican a las actividades agrícolas, y que viven entre mezquites, tierra y un sol dominante.

Habitantes del ejido Flor de Mayo sufren daños

El pasado sábado a las 8 de la noche, unos invernaderos que lucen imponentes en las tierras del ejido, expidieron sustancias tóxicas que dañaron la salud de más de 30 personas. Los damnificados no saben a ciencia cierta qué sustancia fue la que respiraron, pero las molestias son insaciables.

Invernaderos contiguos al Ejido Flor de Mayo.

Invernaderos contiguos al Ejido Flor de Mayo.

 "Nos empezaron a arder los ojos y en varias personas empezaron a toser, por un momento pensamos que solo era aquí con nosotros".

Las molestias se empezaron a extender por casas de todo el sector. La damnificada asegura que dos mujeres están muy graves y resguardadas en sus hogares.

 "Salimos y toda la gente empezó a salir y a toser, entonces ya varias personas se estaban desmayando, una vecina empezó a toser muy fuerte, sus niños ya estaban vomitando".

Sin solución para damnificados del ejido Flor de Mayo

Los administradores de la empresa responsable de los viveros dijeron que se harán responsables de los daños, sin embargo, no han aclarado qué sustancia fue la que envenenó a las personas. Por otro lado, el Gobierno Federal llevó a cabo una brigada para apoyar a los afectados, pero solamente suministró sueros.

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 "No sé si es un fertilizante o un químico que estaban rociando para los invernaderos, pero nos dijo un ingeniero que tiene su horario, es de la mañana y ya después de las 2 en adelante y fue lo que hicieron, entonces se vino una nube y nos afectó".

Hasta el momento las autoridades no han sancionado a nadie por los daños ocasionados. Los invernaderos continúan trabajando y los damnificados siguen sin recibir tratamiento especial.

Autoridades abandonan el río San Rodrigo y no vigilan extracción de materiales pétreos

Alianzas | Francisco Rodríguez | Border Hub | Semanario Vanguardia

Si hoy cualquier persona se para en El Moral, una comunidad de alrededor de 400 habitantes del municipio de Piedras Negras, nadie creería que por allí corría el agua que desembocaba hasta el río Bravo que divide a México de Estados Unidos.

Allí donde antes se bañaba la gente, se miraban especies como castores y nutrias y la gente descansaba bajo la sombra de los enormes sabinos o nogales, ahora es una zona desértica sin forma, seca y con pozos, un lugar al que por mera costumbre todavía llaman río San Rodrigo.

¿Cómo murió este río? ¿Quiénes son los responsables? Algunas de las respuestas están a unos cuantos metros de donde se ubica. Agregados de Calidad S.A de C.V es una de las cuatro empresas o personas físicas que en los últimos años se ha dedicado a extraer material pétreo del río, una actividad que está prohibida o restringida en países como Alemania, Francia, Suiza y Reino Unido por sus efectos en la pérdida de biodiversidad terrestre y acuática, erosión, alteración del canal, pérdida de hábitats, agotamiento de acuíferos, así como efectos en la sociedad por la pérdida de los servicios ambientales, entre otros.

Pero contrario a esta normativa internacional, en México hay licencia para extraer 311 millones de metros cúbicos de más de mil ríos, cauces, arroyos, corrientes o vasos del país, según datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre ellos está este río del norte de Coahuila.

La minería es una de las actividades que ha abusado más de este recurso natural. Se calcula que extraen alrededor de 200 millones de metros cúbicos de piedra de bola, canto rodado, cascajo o grava, que a precios actuales de mercado tendrían un valor superior a los 100 mil millones de pesos, estima la organización Amigos del río San Rodrigo, dedicada al salvamento de este lugar.

Con ese material sacado del río, una vez procesado, se construyen maquiladoras, universidades, edificios públicos, vialidades, fraccionamientos, entre otros, sin que ninguna autoridad como la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se den a la tarea de vigilar las extracciones o hayan ordenado, hasta la fecha, remediaciones ambientales al río destruido.

Waldo Terry, 75 años, ambientalista y veterinario que nació a orillas del río en la comunidad de El Moral, pasó más de 40 años lejos de la región; cuando volvió se encontró con la destrucción del río y una lucha que ya había comenzado su hermano Luis. Así nació Amigos del río San Rodrigo, una asociación civil que fue clave para que en 2016 el Senado de la República le recomendara al estado mexicano que estableciera una moratoria en la extracción de material pétreo y que la cuenca del río fuera declarada Área Natural Protegida. Ese mismo año, el Tribunal Latinoamericano del Agua hizo las mismas recomendaciones a las autoridades ambientales. Ninguna prosperó.

Aunado a una extracción voraz de las entrañas del río San Rodrigo, la operación de la presa La Fragua, la sobreexplotación del acuífero Allende-Piedras Negras y, a últimas fechas, la sequía, han terminado por desaparecer el agua en la parte baja de este río considerado como prioritario por su biodiversidad de ecosistemas por parte de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Y es que la desaparición del río es un problema irreversible o reversible a muy largo plazo, consideran especialistas como Jesús Gómez Sosa, ingeniero geólogo e integrante de Amigos del río San Rodrigo y Jesús Frausto Ortega, investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Material pétreo extraído del río, una actividad prohibida en muchos países. Crédito: archivo Amigos del río San Rodrigo.

Material pétreo extraído del río, una actividad prohibida en muchos países. Crédito: archivo Amigos del río San Rodrigo.

¿De quién es la responsabilidad?

Los manifiestos de impacto ambiental 05/MP-0004/10/11 y 05/MP-0107/05/12 de las personas Juan Martínez Rodríguez y Juan Martínez Talamantes no detallan cómo van a mitigar o remediar los impactos ocasionados en el río San Rodrigo. Otras manifestaciones de los concesionarios referían que las medidas restaurativas se realizarían paralelamente a la ejecución de las obras, que construirían taludes de recarga o fijación de taludes en la ribera y un programa de reforestación en bordos, lo cual no sucedió, asegura el ingeniero geólogo, Jesús Gómez Sosa.

El ambientalista Waldo Terry ha luchado por detener la destrucción del río San Rodrigo. En la imagen, explica la función de la piedra en un río. Crédito: Omar Saucedo

El ambientalista Waldo Terry ha luchado por detener la destrucción del río San Rodrigo. En la imagen, explica la función de la piedra en un río. Crédito: Omar Saucedo

Eglantina Canales, secretaria de Medio Ambiente en Coahuila, asegura que las remediaciones pudieron darse de manera simultánea a la extracción de material, pero señala a la Conagua y Profepa como las encargadas de esa tarea.

A esto se le tiene que sumar lo que se establece en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde se afirma que toda persona física o moral que ocasione un daño al ambiente estará obligado a la reparación de los daños y esa reparación consistirá en restituir “a su estado base los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación”.

Sin embargo, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información hechas en julio de este año, ni la Semarnat ni la Profepa tienen registro de ríos, arroyos, cauces o vasos, en peligro o situación crítica o con algún nivel de degradación en el país. Además,  la Semarnat no tiene ningún antecedente de informes de restauración.

Tampoco la Conagua. Gerardo Márquez Tejada, director de Administración del agua, reconoce que no tienen ningún programa ni proyecto de restauración ecológico, aunque admite que sí es necesario.

“Sí fue impactado (el río), hay que ser objetivos y realistas, toda extracción de material impacta sobre los ecosistemas, pero es una cuestión ambiental y no manejamos cuestiones ambientales”, comenta y después avienta la pelota a la Secretaría de Medio Ambiente estatal.

“En mi opinión es un trabajo que pudiera surgir de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, apoyado y validado por Conagua y por Profepa y Semarnat”, dice el funcionario de la Conagua.

Pero la secretaria Eglantina Canales señala que esos trabajos tienen que ser de parte de las mismas empresas que hicieron el daño porque es lo que mandata la ley. “Al hacer el abandono tienen que hacer una serie de actividades de remediación”, menciona.

La funcionaria estatal reconoce que la destrucción del río es muy alta, pero que no existe una evaluación que mida el nivel de deterioro. También admite que la destrucción no es reversible, pero considera que se puede hacer una remediación y mejora para tratar de llegar a las condiciones originales. Lo primero que hay que restaurar es el canal porque es la destrucción más grave, agrega la secretaria.

Sin embargo, aun cuando hubiera un plan de restauración, el ingeniero geólogo Jesús Gómez Sosa no cree que sea posible remediar el problema del río.

Gerardo Márquez Tejada es claro al desmarcarse de esta problemática y asegura que a la Conagua le compete verificar que se hayan cumplido las condiciones generales y específicas en sus títulos de concesión.

“Lo que vemos es que el cauce, el cajón natural, el cajón hidráulico de la corriente cuente con las condiciones naturales de conducción de las aguas”, menciona. Y la remediación ambiental, el carácter ecológico, añade, le compete a la Profepa por estar sujetos a un resolutivo de impacto ambiental.

Vanguardia intentó contactar a la representación de la Profepa en Coahuila para tener una postura, pero nunca se obtuvo respuesta.

El especialista Luis Martínez Rivera dice que la Profepa suele actuar de la zona federal del río hacia fuera, pero no intervienen hacia dentro, así se esté destruyendo la vegetación. “Se mantienen como que ‘es un terreno de Conagua’ y no intervienen”, explica.

De hecho, desde el año 2000, la Profepa únicamente tiene registro de 172 multas por temas relacionados a la extracción de materiales pétreos en todo el país, según la respuesta a la solicitud 330024422000831. De las 172 multas, que fueron de los mil 495 pesos a los 2 millones de pesos, la principal causa fue la extracción sin autorización en materia de impacto ambiental.

La ley es poco clara  y deja toda la administración y operación del manejo a la Conagua, cuando ellos solo están enfocados en aspectos de agua y no toman en cuenta la biodiversidad, explica Martínez Rivera. “Conagua ve los ríos como un canal de riego. Un canal que transporta entre la presa y la zona de riego a las parcelas. Se le olvida que es más que un simple canal que transporta agua”, critica.

Además, la Conagua ha tomado el papel de juez y parte porque dan los permisos y también tienen que supervisar. “Eso así no funciona”, añade el especialista de la Universidad de Guadalajara.

Las fallas son claras, la Conagua sólo tiene un inspector para todo Coahuila (con excepción de la región Laguna) y en 12 años solo tiene registro de 72 inspecciones al río San Rodrigo, según la respuesta a una solicitud de información.

La mayor cantidad de inspecciones se dieron en 2018, pero en 2020 y 2021 no hubo una sola. “Cuando se vino la pandemia sí estuvimos limitados para dar continuidad a la verificación, pero sí estuvimos cuantificando y verificando las condiciones específicas que debían prevalecer dentro del cauce”, justifica el director de Administración del Agua Gerardo Márquez Tejada.

Afectación internacional

El río San Rodrigo forma parte del grupo de seis ríos conocidos como Tributarios del Tratado de Aguas de 1944 entre México y los Estados Unidos de América. El tratado contempla los escurrimientos de los ríos como parte de los volúmenes que deben llevar al río Bravo. Sin embargo, en el último año y medio no ha habido aportaciones del río San Rodrigo al Bravo.

“No se cumple. Es indudable. No se está cumpliendo con el compromiso, la sequía que se prolonga indudablemente impacta a los volúmenes que deben estar aportando”, admite Gerardo Márquez de la Conagua.

En primer plano el cauce seco del río San Rodrigo que debería aportar escurrimientos al río Bravo (al fondo de la imagen), pero que tiene al menos dos años que no lo hace, incumpliendo con un tratado internacional. Crédito: Omar Saucedo.

En primer plano el cauce seco del río San Rodrigo que debería aportar escurrimientos al río Bravo (al fondo de la imagen), pero que tiene al menos dos años que no lo hace, incumpliendo con un tratado internacional. Crédito: Omar Saucedo.

Por tal motivo, Jesús Frausto del Colegio de la Frontera Norte señala que la pérdida del río San Rodrigo también representa una afectación de carácter internacional.

“Las subpoblaciones de esta región se abastecen de este río, entonces ya hay afectaciones internacionales”, comenta.

Extracción no es igual a restauración

En los últimos 10 años, cuatro empresas o personas físicas tuvieron licencia para extraer 3.9 millones de metros cúbicos de material del río San Rodrigo, de acuerdo con datos de la Conagua y los títulos de concesión obtenidos por Vanguardia: Agregados de Calidad, S.A. de C.V., Materiales San Rodrigo S.A. de C.V., Juan Martínez Rodríguez y Juan Martínez Talamantes fueron los extractores de material equivalente a haber llenado de grava, arena o cascajo, mil 141 albercas olímpicas.

Agregados de Calidad tuvo dos concesiones, cuyos títulos en conjunto establecen una extracción de 3.3 millones de metros cúbicos de material. En la entrada de sus oficinas tienen colgadas imágenes de las obras que se han hecho con materiales que han extraído del río y en la recepción se exhiben cinco frascos con la muestra de lo que es la arena, grava, todo en uno.

Vanguardia solicitó una entrevista en las oficinas de Agregados de Calidad, al igual que las oficinas de Materiales San Rodrigo en Piedras Negras, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En el caso de las personas físicas, no pudieron ser localizadas

Las empresas extractoras de material pétreo sacaron material del río, hicieron negocio, pero nunca remediaron los daños. Crédito: Omar Saucedo

Las empresas extractoras de material pétreo sacaron material del río, hicieron negocio, pero nunca remediaron los daños. Crédito: Omar Saucedo

Las licencias que obtuvieron estas empresas y personas físicas son otorgadas por Conagua, ya que la Ley de Aguas Nacionales indica que los materiales pétreos dentro de los cauces de aguas nacionales quedarán a cargo de esta dependencia y será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento.

Sin embargo, aunque haya permisos, se abusa de la extracción y no está regulada como marca la ley, asegura el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, investigador en el departamento de ecología y recursos naturales de la Universidad de Guadalajara. Las empresas deben hacer un estudio hidrológico, definir cuál es el corte que van a hacer, el volumen y no cambiar el cauce, no modificar las paredes del río ni destruir la vegetación, explica el investigador.

Además, en términos generales se suele justificar la modificación de ríos para la supuesta protección de la gente por posibles inundaciones, pero lo único que se hace es destruirlos, afirma Martínez Rivera.

Ese argumento queda en evidencia en los manifiestos de impacto ambiental. En 2011, la empresa Agregados de Calidad S.A de C.V, por ejemplo, argumentó en el manifiesto que el huracán Alex, de 2010, ocasionó “la desmesurada acumulación de material pétreo”, por lo que el soporte técnico y ambiental del proyecto de la empresa estaba encaminado a “conformar adecuadamente el cauce del río, es decir, obras de saneamiento ambiental aunadas al aprovechamiento”.

Para las empresas, “encauzar” el río a través de la extracción de material pétreo es una actividad de restauración.

Lo mismo ocurre con el  manifiesto de impacto ambiental de la empresa Materiales San Rodrigo S.A. de C.V., ahí se refieren a que derivado de precipitaciones extraordinarias se genera arrastre de vegetación “creando remansos que originan la salida de la corriente del cauce natural del río, generando inundaciones (…) ocasionado también por el acumulamiento de material pétreo en el cauce principal”.

Sin embargo, si se retiran los bancos de grava se le quita la funcionalidad al río y el agua pasa sin que exista ninguna retención, dice el ambientalista Waldo Terry. Al retirar la grava se expone el acuífero.

Además, al alterar la estructura, la dinámica y los flujos de ríos, se altera el futuro de la biodiversidad, de la vida, dice Luis Manuel Martínez Rivera.

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Tan solo ese par de ejemplos de manifestaciones de impacto ambiental son “rudimentarias y faltas de formalidad”, asegura el ingeniero geólogo Jesús Gómez Sosa. “Prácticamente fue una mentira todo, porque nadie hizo mediciones, nadie hizo señalamientos de dónde a dónde iban a hacer las concesiones, nadie hace mediciones de lo que están sacando. Entonces, pues, cómo vas a medir, es tan burda la violación a las manifestaciones de impacto ambiental que no requieres mayor evidencia, puesto que ni siquiera daban las medidas, daban solo las coordenadas de donde debía hacer la concesión”, afirma.

Donde antes había agua, flora y fauna, hoy es un paisaje desértico al que todavía llaman río San Rodrigo. Crédito: Omar Saucedo.

Donde antes había agua, flora y fauna, hoy es un paisaje desértico al que todavía llaman río San Rodrigo. Crédito: Omar Saucedo.

Protección ineficaz y daños en todos los niveles

La extracción de materiales pétreos en el río San Rodrigo es una actividad que se realiza de manera intensiva desde los años 80. La piedra de bola es arrastrada por las corrientes de agua desde las partes altas del río y después se deposita en la parte baja, lugar donde se forman grandes bancos de material, los cuales se han convertido en la materia prima de concesionarios que en los últimos años entraron, extrajeron el material y lo procesaron en los llamados molinos trituradores para después usarla en la actividad de la construcción, explica el ambientalista Waldo Terry.

Todo esto ocurre a pesar de que las extracciones alteran el medio natural y depredan la cuenca del río, lo que crea desequilibrios importantes en la topografía y geomorfología del terreno, principalmente en la parte baja, asegura el ingeniero geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jesús Gómez Sosa.

Las consecuencias de estas alteraciones van en todos los niveles, desde lo superficial como lo subterráneo e incluso han generado que las poblaciones asentadas, sobre todo la gente que vive en El Moral, tenga problemas de abasto de agua, afirma Jesús Frausto Ortega, investigador del Colegio de la Frontera Norte.

“La sociedad ya no puede hacer uso de ese recurso. Cuando hablamos de uso no solo es el de consumo humano o uso recreativo, si ya no hay agua, ya no hay flora ni fauna. Se elimina ese recurso para pescar, pasear; son otro tipo de impactos”, menciona el investigador Frausto Ortega.

Todas estas afectaciones no son ajenas, ni nuevas,  para las autoridades, el 9 de abril 2019 el gobierno de Coahuila publicó el decreto por el cual la cuenca baja del río, es decir, desde la presa La Fragua hasta su desembocadura, se declaraba zona de restauración, lo que llevó al gobierno estatal a crear un Plan de manejo. Pero en tres años poco se ha hecho.

Además de este “plan de manejo”, sólo se han tomado acciones de registro de flora y fauna en el área, acciones de cultura ambiental y difusión, así como el cumplimiento de los programas de manifiestos de impacto ambiental de las extracciones de material pétreo, de acuerdo con los datos enviados por la secretaría de Medio Ambiente de Coahuila en respuesta a la solicitud de información 050098700004822.

Pero el gobierno justifica su poca acción con el hecho de que tienen que esperar a que la Conagua les avise que ya no habrá más explotación del río. “No podemos ejecutar muchas cosas si no tenemos la seguridad de que ya no se van a meter. Cómo se le hace si está la gente ahí adentro, luego es planear algo que lo van a volver a destruir”, asegura la secretaria Eglantina Canales.

En síntesis, de nada sirve que exista un decreto estatal que diga que lo protege, pero no hay quien, en realidad, lo proteja, dice Luis Manuel Martínez Rivera, investigador del departamento de ecología y recursos naturales de la Universidad de Guadalajara. “Si no se aplica la zona de restauración, no tiene sentido”, lamenta.

A pesar de esta postura, Eglantina Canales afirma que al menos el decreto logró que ya no se autoricen más explotaciones. “Eso es importante para mí. Pero si no tenemos el abandono no podemos hacer mucho”, insiste.

La comunidad recuerda este río y lo que por muchos años les dio. “Nunca se secaba. Todo el tiempo estaba muy bonito”, recuerda la señora Ofelia Valdés, 80 años, y quien ha vivido siempre en El Moral. “Era un paraíso. Ya no hay nada [...] Era pura tranquilidad”, son algunas de las voces de los habitantes de la zona.

Ahora, además de la tristeza que les ocasiona ver el río seco, ellos viven las consecuencias ya que el agua para cubrir sus necesidad básicas es limitada. “Ya ni agua tenemos. Ya se secó la noria”, se queja Ofelia Valdés.

Y como los enormes nogales también se secaron, la gente como Ofelia o Elías Terán ya no elaboran dulces típicos, una actividad de auto sustento que practicaban los vecinos. “Ibas ahí, juntabas la nuez y la vendías. Ahorita ya no hay nogales”, cuenta don Elías.

Ofelia Valdés muestra la falta de agua en los hogares desde que el río se secó. Crédito: Omar Saucedo.

Ofelia Valdés muestra la falta de agua en los hogares desde que el río se secó. Crédito: Omar Saucedo.

El desecamiento del río se da a pesar de que existe la Norma 159 (NMX-AA-159-SCFI-2012) relacionada con la determinación del caudal ecológico de las cuencas hidrológicas, el cual establece el agua reservada para preservar servicios ambientales y la resiliencia de ecosistemas, lo que implica proveer agua para los distintos usos. Y a pesar también de que los mismos estudios de la norma clasifican al río San Rodrigo como de “una importancia ecológica alta” y con un “estado de conservación deficiente”.

Pero sin caudal ecológico mínimo, el río como ente vivo ha sido modificado y la flora y fauna muere. Y por ello el investigador del Colegio de la Frontera Norte no duda en calificar la desecación del río San Rodrigo como un ecocidio.

Sacaron el material y no remediaron

La Ley de Aguas Nacionales en su artículo 113 BIS dice que, al extinguirse la concesión o las obras, se deben reparar los daños apreciables a taludes, cauces y otros elementos relacionados con la gestión del agua.

El Código Penal Federal en su artículo 420 BIS establece que se impondrá pena de dos a diez años de prisión a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos. Esto ha generado que, desde el año 2010 hasta mediados de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto 812 expedientes relacionados con ese delito en todo el país, según respuesta a una solicitud de información. Sin embargo no detalló el estatus de cada una.

Lo que ocurre con el río San Rodrigo encuadra en cualquiera de estas dos normativas. En el manifiesto de impacto ambiental de la empresa Materiales San Rodrigo se indica que el proyecto realizará obras de conservación de suelo, reforestación de cobertura vegetal y restauración de ecosistemas acuáticos. Los manifiestos de Agregados de Calidad hablan de restauraciones en general, sin dar detalles. Nada de esto ha sucedido.

Y ni la Profepa, ni la Conagua, ni la FGR han castigado la destrucción de este río.

De acuerdo con la respuesta de la Conagua a una solicitud de información, desde el 2009 se han documentado en todo el país 618 multas por la extracción de material pétreo sin permiso, sin concesión o por exceder el volumen autorizado.

Por eso la única solución es dejar de extraer material pétreo, comenta el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jesús Frausto Ortega.

Pero autoridades como Conagua no tienen información sobre los niveles freáticos del río o de los niveles de caudal perdidos, asegura Gerardo Márquez Tejada, director de Administración del Agua del organismo Río Bravo de la Conagua. El funcionario asegura que ya ninguna empresa tiene permiso para extraer material pétreo debido a que concluyeron las concesiones, el volumen concesionado o en el caso de una empresa, tiene vencido el resolutivo de impacto ambiental a pesar de que su concesión vence en 2027.

“Actualmente nadie debe estar extrayendo material del río San Rodrigo, legalmente nadie acredita ni en materia de agua nacionales, ni en materia ambiental tiene la argumentación íntegra para extraer material. Y eso lo tenemos bien presente la Profepa, Conagua y Semarnat”, dice Márquez Tejada.

¿Cómo resolver?

Los hermanos Waldo y Luis Terry caminan por el cauce seco del río. Señalan un viejo sabino que se secó. Un nogal. Un álamo.

“Antes no se veía ni el cielo, no entraba ni un rayo de sol”, recuerda Luis Terry sobre las frondosas copas de los nogales y sabinos que ya no se ven.

Aunque la mayoría de los entrevistados cree que es irreversible, Luis Manuel Martínez, de la Universidad de Guadalajara, dice que los ríos son resilientes y cree que si se da cierto caudal que asegure un flujo continuo, el río se puede recuperar, pero hay un dato muy real:  30 años de extracción no se recupera en un año, aclara.

Además, la extracción de grava y arena está asociada con la presencia de una presa arriba, pues las presas lo primero que hacen es quitarle agua al río, secarlo, y como lo ven seco, entra maquinaria a extraer los bancos de materiales. Para los ambientalistas, especialistas y la misma secretaria estatal de Medio Ambiente, la presa La Fragua ha terminado por estrangular al río.

“Son problemas adyacentes que son muy difíciles de solucionar, porque es una presa administrada por la Conagua y ellos son los que debieran decirnos si habría un flujo continuo que permitiera mantener la presa en un cierto nivel ¿Cómo regulas un flujo si hay una presa que no libera agua de servicios ambientales?”, cuestiona Eglantina Canales.

El ambientalista Waldo Terry propone que la legislación se modifique por un enfoque de pasivo ambiental, en donde el costo ambiental de la extracción se registre en los estados financieros, como se registran los pasivos laborales o pasivos crediticios.

“Que se haga un balance a las empresas y con base a los costos la empresa tuviera la obligación de pagarlos o se les cancelara la concesión”, comenta.

La Ley Federal de Derechos obliga a las extractoras de materiales pétreos a pagar una cuota por metro cúbico que extraen, que van desde los 14.96 pesos por metro cúbico de materiales en greña hasta los 19.10 pesos por metro cúbico de grava o arena.

Pero eso solo está en la ley, porque lo recaudado no coincide con las concesiones.

Según datos entregados por la Conagua (solicitud 330009422002118), un total de 831 personas físicas o morales (no detallan nombres por ser confidencial) han pagado derechos en México desde 2010, a pesar de que de acuerdo con la lista de concesionarios del REPDA este listado tendría que ser de 4 mil 300.

El volumen más alto declarado en 12 años fue el ejercicio 2018, con una extracción nacional de 2.4 millones de metros cúbicos, menos de lo que oficialmente se sacó en el río San Rodrigo.

La misma solicitud se hizo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y lo recaudado por este derecho ha sido irrisorio a nivel nacional: 185 mil 800 pesos desde 2010. Mientras que la Conagua informa que lo recaudado en 12 años ha sido de 176.7 millones de pesos a nivel nacional.

“Es una burla”, critica el ambientalista Waldo Terry, quien detalla que tan solo del río San Rodrigo deberían ser 58 millones de pesos, y en 40 años de extracción, más de 2 mil 300 millones de pesos.

“¿Dónde está ese dinero que debió haber ingresado al Estado?, un recurso que debió destinarse a remediar los pasivos ambientales”, asegura.

A pesar de que la Conagua asegura que ya nadie tiene permitido la extracción de material pétreo, en el río San Rodrigo se siguen viendo camiones que cargan material. Crédito: Omar Saucedo.

A pesar de que la Conagua asegura que ya nadie tiene permitido la extracción de material pétreo, en el río San Rodrigo se siguen viendo camiones que cargan material. Crédito: Omar Saucedo.

Uno de los problemas es que las modificaciones a la ley han estado más enfocadas en fortalecer los negocios que en darle pesos al valor ambiental, explica el doctor Luis Manuel Martínez Rivera. El caso San Rodrigo lo ven como uno de los más dramáticos del país, no solo por el año, sino por la falta de una autoridad que haga que se cumpla la ley. “Por más fuerte que sea una empresa, cómo pueden tener más poder que la federación. Lo que pasa es que no quieren actuar”, comenta.

El caso Peñoles: ADN industrial de Torreón

Lilia Ovalle | #Memoria115 | Heridas Abiertas | @heridasabier

Las madres de los menores que vivimos o llegamos a nacer con la ayuda de parteras en las colonias periféricas de Torreón, son sobrevivientes de carencias estructurales.

Esta crónica se redactó a solicitud de mi hermano y colega Luis Alberto López, quien se ha empeñado en configurar una memoria distinta sobre Torreón como ciudad.

Mil historias faltan por contar, alejadas de la épica visión empresarial que se enorgullece de haber vencido al desierto y escritas por sus voceros, para acercarnos más a la perspectiva de un ciudadano común que las padece.

En este texto intentaré extraer uno de los pasajes más significativos por su multiplicidad de lecturas y con el cual, siendo una reportera novata, comencé a trabajar en formatos de revistas. En los diarios locales y extranjeros le llamaron El Caso Peñoles. Más allá de la nota informativa y de los testigos en las hemerotecas, se exploran, además, recuerdos personales por los cuales asumo cualquier responsabilidad.

PRIMER DÍA DE CLASES

Era una tarde cualquiera del año 1980 cuando aún no cumplía los seis años de edad. Matriculada en el turno vespertino y tras el primer día de clases, llegué a casa y mi mamá me despojó del jumper azul que ella misma había confeccionado. Al levantar los brazos para que me sacara el vestido, las piedras y los puños de tierra que metí en los bolsillos rodaron hacia el suelo y ella se enojó. La ropa fue directo al lavadero y yo a ducharme a jicarazo limpio.

En una escuela primaria destinada a los hijos de los obreros era común el intentar resolver los conflictos a trompadas, pedradas o que usáramos la tierra para enceguecer al rival que, al día siguiente y con buena suerte, podríamos abrazar sin problema porque no éramos más que niños. En otras ocasiones alguna piedra haría morder el polvo al enemigo, dejándolo herido y con un parche en el ojo, como me ocurrió cuando intenté defender a mi hermana Elena de unos chicos de quinto.

Ya despojada del uniforme, de la mugre y del regaño de mi madre, me coloqué debajo del dintel de la puerta para observar el paisaje en declive que me ofrecía el Callejón Primero, en la colonia Nuevo México. Caía la tarde y los colores del desierto, rojizos, comenzaron a ocultarse detrás de enormes nubes grises.

La tierra caliente se elevaba en remolinos sobre las calles sin pavimentar. El viento estrujó los cables y, de pronto, el barrio se quedó sin luz. Después de un grito de asombro colectivo y sin los televisores y ventiladores encendidos, los niños salieron a la calle a jugar y las señoras sacaron las sillas para platicar.

El cerro negro de Peñoles es uno de los elementos que salgan a la vista desde la vista aérea en Torreón. Foto: Heridas Abiertas.

El cerro negro de Peñoles es uno de los elementos que salgan a la vista desde la vista aérea en Torreón. Foto: Heridas Abiertas.

Abstraída, como siempre me recuerdo, miraba la postal de la ciudad que vivía detrás de la barda perimetral de los patios del ferrocarril y, a un costado, la imagen de esos enormes cigarrillos encendidos de día y de noche; infame tortura que en tiempos nublados castigaba aún más a las familias del poniente de Torreón, abrazadas por la espalda y a lo lejos por el Cristo plateado montado en el Cerro de las noas.

Todo el mundo se estremece cuando piensa en los campos de concentración donde Hitler hizo cenizas a los judíos, pero en el Torreón de principios del siglo pasado, la población fue literalmente fumigada con altas concentraciones de plomo, cadmio y arsénico, a través de esas chimeneas industriales.

La conciencia natural de los animales ante los cambios climáticos era la misma aplicada por los habitantes de un barrio semiurbano, hasta los niños sabíamos que las emisiones a cielo abierto se disfrazaban entre la nubosidad, y que el humo o los vapores cargados de metales pesados tenían consecuencias físicas que iniciaban con náuseas y fuertes dolores de cabeza.

Cuando iniciaba el malestar se escuchaban los escupitajos, aquí y allá, junto con un reproche: “Me sabe la boca a centavo”, así decíamos como referencia heredada de los padres y madres que usaron monedas de veinte centavos acuñadas en cobre a finales de la década de los cuarenta del siglo pasado. Por otro lado, no hay un solo chiquillo que no se haya puesto una moneda en la boca.

Si los niños de inmediato comenzábamos a toser y a lanzar flemas, los adultos, con los ojos enrojecidos, se limitaban a ver el horrendo espectáculo, mientras intentaban quitarse el ardor que se les pegaba a la esclerótica tallándose insistentemente los párpados con las manos.

No sólo el barrio, sino todo el sector poniente apestaba a lo que llamábamos “La Meta”, refiriéndonos a los procesos productivos de la compañía Peñoles. El hedor ya estaba asimilado, pues desde que eran niños, los adultos de ese entonces se habían sofocado y ahogado, víctimas también de las emisiones de la metalúrgica, tal como sus hijos, ellos se habrían visto con mocos verdes colgando de las fosas nasales. Las fumigaciones más crueles y persistentes ocurrían durante el invierno, hasta tres veces por semana.

Ante los estudios que realizaron investigadores y universidades en la década de los ochenta, la respuesta de la cuarta fundidora metalúrgica más importante del mundo, era que inició operaciones en el año de 1901, es decir, antes de que Torreón se elevara al rango de ciudad, y que en el sector no había núcleos poblacionales.

Sin embargo, para procesar sus principales productos, es decir, oro, plata, plomo y zinc, se requiere, aún hoy en día, de procesos como la cianuración que, sin un control adecuado, resulta venenosa para la salud pública y el medio ambiente. Sin autoridades que entonces quisieran revelar el daño que la empresa cometía, el resultado fue un desastre ecológico y una epidemia.

LA LUCHA EXTRAORDINARIA DE LAS MADRES

Las madres de los menores que vivimos o llegamos a nacer con la ayuda de parteras en las colonias periféricas de Torreón, son sobrevivientes de carencias estructurales; de las omisiones institucionales y de todo tipo de abusos a costa de su salud física y emocional.

Esposas de albañiles, cargadores, taxistas, garroteros y empleados, a ellas les tocó estirar el gasto y subemplearse para alimentar a sus familias, mientras que sus parejas buscaban insertarse a las economías que ofrecían el sistema ferroviario y la metalúrgica, al ser consideradas las mejores opciones. La otra opción era emigrar o delinquir.

Esas mujeres, hoy como abuelas, recuerdan la violencia gubernamental que se tradujo en exclusión social e inseguridad en sitios habitacionales, carentes de alumbrado, áreas verdes, espacios comunitarios recreativos, culturales o educativos, o incluso de pavimento, que entonces resultaba vital para evitar la contaminación del suelo con metales pesados.

Los medios de comunicación documentaron la lucha de las madres. Foto: Martín Piña tomada para el diario La Opinión

Los medios de comunicación documentaron la lucha de las madres. Foto: Martín Piña tomada para el diario La Opinión

En cuanto a servicios públicos, esas mujeres supieron lo que era vivir sin agua, pues la acopiaban para llevarla a casa cargando pesadas tinas soportadas con garrochas colocadas en sus espaldas. No obstante, impulsaron que sus hijos estudiaran más de lo que ellas mismas pudieron, con la intención de alejarlos de lo que el sistema educativo y la sociedad esperaba: la continuidad de perfiles de obreros, lo que aún hoy garantiza el subdesarrollo de las personas en la zona.

Se podría pensar en mujeres sumisas, pero en el año 1998, ellas iniciaron una lucha social que ascendió y permitió colocar El Caso Peñoles en la agenda de medios como uno de indiscutible interés público al pedir justicia para sus hijos. Así nació Una Luz de Esperanza, A.C., presidida por la señora Eva Mendiola, quien se convirtió en una activista que aún sigue luchando.

Otro factor que fortaleció el movimiento fue el trabajo meticuloso y solidario que realizó ese mismo año el pediatra José Manuel Velasco Gutiérrez. Al tratar a niños recién nacidos o menores de edad que vivían en la periferia, encontró una correlación entre su intoxicación con metales pesados y la proximidad con la metalúrgica. Su trabajo de denuncia coincidió con la institucionalización del tamiz metabólico neonatal en México.

Así el envenenamiento de cada bebé y niño que diagnosticó Manuel Velasco como pediatra, fue notificado a las autoridades locales en Coahuila y luego a las federales, primero a través de la Secretaría de Salud y luego ante diputados locales y federales.

La admiración y respeto hacia su trabajo me hicieron conservar algunos de esos oficios que envió como profesional de la salud a las autoridades. Como el fechado el 3 de julio del año 2000, que entregó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión donde formuló una denuncia sobre el procurador federal de Protección de Medio Ambiente, Antonio Azuela de la Cueva, en base a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

En él consideró que Azuela atentaba contra la población al violar “las garantías sociales de los habitantes de las colonias Luis Echeverría, Primero de Mayo y aproximadamente veinte colonias más de la ciudad de Torreón, Coahuila, que fueron impactadas por la contaminación ambiental por plomo, arsénico y cadmio, ocasionados por la empresa Met-Mex Peñoles”, lo que afectó la salud de más de 10 mil 500 niños y niñas, los cuales “tienen niveles de plomo en sangre inaceptables médicamente”.

Manuel Velasco solicitó un juicio político contra funcionarios que señaló de negligentes. Foto: Archivo Lilia Ovalle.

Manuel Velasco solicitó un juicio político contra funcionarios que señaló de negligentes. Foto: Archivo Lilia Ovalle.

Los casos más urgentes, sin duda fueron los de menores que vivían frente a la barda perimetral de la planta metalúrgica en la colonia Luis Echeverría, zona habitacional que fue regularizada en el año de 1976, aunque el radio de contaminación llegó a colonias populares como la Vicente Guerrero y Eduardo Guerra, y de clase media y alta como Torreón Jardín.

El contexto previo a la denuncia fue la protección que se extendía a Peñoles. El 28 de febrero de 1999 la Profepa ordenó a la empresa que aplicará 81 acciones para reducir sus emisiones de gases y polvos con plomo, sin lesionar sus intereses, ya que no aplicó sanciones económicas ni promovió el cese de sus operaciones.

Fue el 5 de mayo del mismo año cuando Rogelio Montemayor Seguy, como gobernador, junto a Antonio Azuela, anunció la supervisión de las emisiones de la planta, la remediación de suelos contaminados y la atención a la población afectada, obviando a jóvenes, adultos y ancianos envenenados en la zona. Así se le dio prioridad a los recién nacidos y niños, sin considerar siquiera a las mujeres embarazadas.

Aunque no existió jamás confianza en cuanto a la toma de decisiones gubernamentales, se realizó la declaración de contingencia ambiental y la metalúrgica entró en la llamada Fase I. Otras dos fases podrían implementarse de acuerdo a los grados de contaminación registrados, cosa que no sucedió.

En cuanto a las afectaciones a la salud pública, lo que se encontró fueron niveles de plomo superiores a los 10 y hasta los 40, 70, 90 y 100 microgramos por decilitro en sangre, por lo cual se pidió como medida urgente para los niños una terapia de quelación con edetato de calcio y succimer, para desechar el metaloide por la orina y evitar su fijación en los huesos, situación que no en todos los casos se logró con éxito. Es por ello que se podría observar una reedición de la epidemia en breve al observar las secuelas del envenenamiento.

En perspectiva, mientras las normas internacionales bajaban al máximo la presencia de plomo en sangre, de manera arbitraria, así lo denunciaron investigadores y ambientalistas, las autoridades mexicanas imponían un límite de hasta 25 microgramos por decilitro en sangre.

Revistas independientes dieron seguimiento al caso, entre ellas Brecha. Foto: Archivo Lilia Ovalle.

Revistas independientes dieron seguimiento al caso, entre ellas Brecha. Foto: Archivo Lilia Ovalle.

Pero fue gracias al trabajo de Manuel Velasco y del doctor Gonzalo García Vargas, toxicólogo que realizó un estudio previo sobre la contaminación del suelo con plomo, que se fijó el 25 de junio de 1999 una norma oficial mexicana emergente y que se ratificó luego como la NOM-199-SSA1-2000, que estableció los 10 microgramos como el nivel máximo de plomo en sangre. Sin embargo, las autoridades se negaban a aplicarla.

AMBIENTALISTAS Y DEFENSORES TAMBIÉN DENUNCIAN EL PROBLEMA

El ejercicio de la memoria se construye con múltiples miradas. Un documento que nos permite observar el pasado fue “La contaminación por metales pesados en Torreón, Coahuila, México” editado en septiembre de 1999 por el Proyecto Fronterizo de Ambiente y Comercio del Texas Center for Policy Studies, presentado por las asociaciones En Defensa del Ambiente a través del doctor en ciencias Francisco Valdés Pérezgasga, y Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, Ciladhac, con la colaboración su similar, el doctor Víctor Cabrera Morelos.

Escrito para que todos los interesados entendieran el problema, sin que ello signifique que carezca de un sustento documental y científico, explicaron que el límite máximo permisible de plomo en la sangre de un niño según la NOM promulgada en junio de 1999 fue de 10 microgramos por decilitro, lo que era formalmente legal pero no necesariamente justo, mucho menos saludable. En el documento asentaron lo siguiente:

“…es importante resaltar que este nivel no es seguro ni es normal, ni es deseable. Las autoridades médicas reconocen que no se ha identificado un umbral a partir del cual se presenten los efectos dañinos del plomo. La Academia Americana de Pediatría recomienda como nivel deseable de plomo en la sangre de los niños la cantidad de cero. Es importante recalcar que tampoco existe un nivel de plomo en sangre que pueda ser considerado normal”.

Las madres tomaron las calles para exigir remediaciones a los daños en sus hijos. Foto: Registro hemerográfico La Opinión.

Las madres tomaron las calles para exigir remediaciones a los daños en sus hijos. Foto: Registro hemerográfico La Opinión.

En contexto, los científicos advirtieron que el plomo ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel, resulta altamente tóxico para los sistemas endocrino, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, neurológico y gastrointestinal, además de poder afectar la piel y los riñones. Algunas afecciones suelen ser doblemente peligrosas, ya que la persona envenenada no reporta sintomatologías.

Al no ser biodegradable, apuntó el reporte, el metal persiste en el suelo, el aire, agua y en los hogares, por lo que se acumula en diversos sitios, logrando envenenar a generaciones de niños y adultos, a menos de que sea retirado. La población más vulnerable eran los niños en edad preescolar y los no nacidos, pues se incluía la susceptibilidad elevada del sistema nervioso del feto y del neonato a los efectos neurotóxicos del plomo.

Sobre los pequeños, los doctores Valdés y Cabrera recordaron que “tienden a jugar en el polvo y llevarse sus manos y otros objetos a la boca. Es común que los niños de todas las condiciones sociales y todas las culturas jueguen en el piso, acaricien a sus mascotas, se chupen el pulgar, coman con las manos, etcétera, incrementando la probabilidad de ingestión de polvo”.

No obstante, en la defensa que emprendió Met-Mex Peñoles, se argumentó que se trataba del productor de plata número uno en el mundo, que proporcionaba 2 mil 200 empleos directos, que recibía y procesaba concentrados de 134 remitentes, y que generaba fuentes de trabajo para 970 proveedores de bienes y servicios.

Además, se argumentó que el 30 por ciento de los activos de la metalúrgica eran equipos de protección ambiental, motivo por el cual se crearon las gerencias de Control Ambiental (1988) y de Relaciones con la Comunidad (1989), ejerciendo un monitoreo continuo y a tiempo real para bióxido de azufre en zona urbana de influencia (1992) así como un monitoreo continuo de chimeneas (1994). También se enfatizó la participación de la empresa en una auditoría voluntaria ante la Profepa (1994).

De vuelta al análisis que realizaron el ambientalista y el activista, se estableció que fue la doctora Lilia Albert quien realizó los primeros estudios sobre el plomo en Torreón, en 1978, pero sus hallazgos y las denuncias fueron invisibilizados. Luego el doctor José Víctor Calderón Salinas hizo estudios sobre el tema en 1986 que fueron apoyados a través de denuncias de académicos y organizaciones ambientalistas, sin que se lograra la atención de las autoridades.

El texto refiere que en el año 1985, el encargado de la cuestión ambiental en Torreón fue abordado por un grupo de ciudadanos preocupados, pero el funcionario se negó a atenderlos, argumentando que el dueño de Peñoles, Alberto Baillères González, quien falleció el 2 de febrero de 2022, tenía el poder de reunirse personalmente con el Presidente de la República.

La problemática trascendió más allá del plomo en la sangre. Foto: Registro hemerográfico El Siglo de Torreón.

La problemática trascendió más allá del plomo en la sangre. Foto: Registro hemerográfico El Siglo de Torreón.

Por lo que respecta al análisis y atención médica brindada a los menores en Torreón, Valdés Pérezgasga y Cabrera Morelos consignaron que, al 31 de agosto de 1999, de 5, 956 personas analizadas, el 88.30 por ciento (5, 259) resultaron con niveles de plomo en sangre por encima de los 10 microgramos. De éstas 2, 806 tuvieron valores entre 10 y 24 microgramos; mil 837 con niveles entre 25 y 44 microgramos; 590 entre los 45 y 69 microgramos, y 26 por encima de los 70 microgramos. 83 fueron hospitalizados y 6 permanecieron internados.

“Curiosamente en estos datos, a pesar de ser casos acumulados, aparecen 2,453 personas con más de 25 µg/dL (microgramos por decilitro), siendo que el 29 de julio, este número era de 2,845 personas. Inexplicablemente desaparecieron de las estadísticas 392 personas. Varias docenas de niños han debido ser internados en diversos hospitales por tener niveles sumamente altos de plomo (más de 70 µg/dL). En algunos casos se han encontrado niños y niñas con concentraciones de plomo en sangre de 90 y hasta de más de 100 µg/dL”.

HACER EL REPORTE DEL TEMA

En este texto faltará sin duda la exploración de la participación de una tercería que pidió el Congreso de Coahuila el 31 de julio del 2000, y que para el 7 de agosto se determinó fuera el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, (CDC por sus siglas en inglés), institución que llegó a Torreón y realizó recomendaciones para mitigar la contaminación ambiental adjudicada a Met-Mex Peñoles y, sobre todo, recomendaciones en cuanto a la epidemia que provocó al envenenar a la población con plomo. Algunas de estas recomendaciones fueron abandonadas con el tiempo.

Ahora me gustaría destacar sólo que en un ambiente enrarecido, donde por vez primera se unieron las mamás de las niñas y niños afectados, así como la triada de especialistas conformada por el pediatra Manuel Velasco, el toxicólogo Gonzalo García Vargas y el doctor en ciencias Francisco Valdés Pérezgasga, no resultó extraño que se intentara desacreditar o ignorar las demandas de los ciudadanos.

Los trabajadores de medios de comunicación fuimos testigos del desarrollo del conflicto ante la contingencia y la epidemia, además del escarnio que hicieron los representantes de la empresa Met-Mex Peñoles sobre las víctimas, en particular de sus defensores.

Fue de mayo a octubre de 1999 cuando la fundidora de concentrados de plomo operó al 50 por ciento de su capacidad, y de octubre a febrero del año 2000, al 75 por ciento. Así de 181 mil toneladas de plomo que se produjeron en 1998, con la contingencia ambiental y sanitaria, disminuyeron a 154 mil 014. Las ventas reportaron 805 mil 288 millones de pesos, cuando el año anterior inmediato sumaron 927 mil 356 millones de pesos para Peñoles, se reportó en la revista Brecha, en la edición 198, agosto del 2000.

Mientras se le pormenorizaba cada detalle del conflicto a Alberto Baillères, quien jamás llegó a Torreón para ocuparse del asunto y lo observó desde las oficinas corporativas en la Ciudad de México, Manuel Luévanos Sánchez, director de la División Metales, y Luis Rey Delgado, gerente de Vinculación, por vez primera abrían las puertas de la planta metalúrgica y ofrecían recorridos guiados a los periodistas, asegurando que cuando menos 25 minas frenaron durante medio año ante la contingencia.

Al trabajar como reportera para la revista referida, el viernes 27 de julio del año 2000 acudí junto con compañeros del mismo medio a uno de esos recorridos guiados. A pesar del reconocimiento que hizo Luévanos Sánchez sobre haber permanecido durante 75 años encerrados en un soliloquio empresarial, donde lo único importante fue la producción y la ganancia, no faltó la sorna en su discurso.

“Estábamos tan encerrados en lo nuestro, que había gente que no sabía ni qué hacíamos aquí adentro. Durante muchos años la planta estuvo lejos de las zonas habitacionales. E inclusive, ahora hay gente que no sabe dónde estamos. Hace poco invitamos a unas personas y uno de ellos dijo, ¿Por dónde me voy, dónde queda Peñoles? Era el doctor Velasco”, señaló y de inmediato soltó una carcajada.

Lo mismo ocurría con Luis Rey Delgado, quien, sin titubear, aseveró que la contingencia le costó a Peñoles 35 millones de dólares.

“Ha habido nuevos protagonismos, liderazgos, incluso intentos claros de aprovecharse políticamente de la situación. Hemos identificado a varias personas… por ejemplo está el doctor Manuel Velasco, que utilizó esto como parte de una campaña política. Yo espero que él tenga un verdadero interés por la salud”.

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“También (están) el ex diputado López Piña y su familia (habitantes de la colonia Primero de Mayo). Tenemos también grupos manipulados por carecer de información”, dijo Luis Rey que igual externó diferencias con el doctor Francisco Valdés.

En suma, la representación de Peñoles estuvo siempre dispuesta a desacreditar a cualquier opositor por muy desigual que fuese la disputa entre los ciudadanos y la empresa. En la misma entrevista, el vocero de la planta acotó que estaban decididos a gastar lo que fuera necesario para resolver el problema, pero no para “mantener gente o para comprar casas”, aunque finalmente tuvieron que reubicar a un grupo de familias después de pagar por sus viviendas en la colonia Luis Echeverría.

Tras su exitosa incursión en la construcción de una visión sobre Peñoles como empresa socialmente responsable, Luis Rey Delgado emigró a Grupo Lala para hacer una campaña similar ante los crecientes señalamientos de acaparamiento del agua, siendo luego representante del gremio empresarial lagunero. Pero en su intento de sanear la imagen de la compañía Chemours, Luis Rey Delgado no tuvo la misma suerte.

Urge sociedad civil prohibir minería en áreas naturales protegidas

El día de ayer, organizaciones de la sociedad civil se plantaron a las afueras del senado mexicano para presentar 35 mil firmas ciudadanas que pretenden prohibir a empresas mineras realizar trabajos de explotación en áreas naturales protegidas del territorio.

Diversas organizaciones civiles, entre ellas el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), A. C., Reforestamos, Poder, Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones; Wildlands Network, Fundar, CartoCrítica y otras, se reunieron el martes pasado para pedir la aprobación de una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Se pretende prohibir tajantemente la minería en las llamadas ANP: Áreas Naturales Protegidas.

El antecedente que provoca la manifestación viene del 3 de marzo pasado, en donde los y las diputadas votan a favor la mencionada reforma que favorece a los ecosistemas y al medio ambiente.

De la Cámara de Diputados, la modificación al artículo 46 de la LGEEPA se movió al Senado de la República, por lo que la sociedad civil involucrada consideró pertinente exigir su aprobación.

Como sustento, se llevaron 35 mil firmas ciudadanas recopiladas por medio de Change.org, donde la gente comparte la iniciativa de establecer la prohibición de exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las ANP y, con ello, proteger el territorio mexicano.

Por sorprendente que parezca, esto aún no está prohibido, puesto que el marco legal minero posibilita la operación de minas en áreas naturales protegidas, ya que tiene un carácter de "preferente" en la ley.

En la Organización CCMSS se aclara que, entre lo daños y afectaciones que han documentado a partir de trabajos de minería, se ha lastimado "al agua, el suelo y el aire, con un alto riesgo socioambiental en el corto y largo plazo, reconocido así por organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUM)".

Los daños se provocan por la falta de capacidad de las empresas para evitar filtraciones químicas de vapores y otros elementos tanto al subsuelo como al mismo aire que respiramos.

Las minas destruyen, y existen 62 de ellas en áreas naturales protegidas de todo el país, entre ellas está la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, reconocida por la UNESCO como un Bien de Patrimonio Mundial Natural.

Actualmente, la lucha continúa. Ahora las mismas organizaciones civiles están buscando incrementar las firmas para presionar al senado mexicano y pedir que las comisiones de Medio Ambiente y de Minería dictaminen cuatro iniciativas de ley, poniendo así los límites legales necesarios para detener la minería dentro de las áreas naturales protegidas.

Al respecto, checa este reportaje que hicimos sobre un área natural protegida en la Comarca Lagunera.

Más información en CCMSS.ORG.

Foto e información de CCMSS.ORG.

Organizaciones piden a AMLO garantizar desarrollo sostenible para La Laguna

Las organizaciones Movimiento Social por la Tierra, Laguna Soberana y la Coalición de Organizaciones Democráticas dirigieron un pronunciamiento al presidente López Obrador para pedirle que garantice el desarrollo sostenible de La Laguna.

El documento explica que a lo largo de la historia lagunera, su medio ambiente se ha ido degradando por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y por la actividad de diversas industrias que han ido contaminando el suelo, el aire y el agua, principalmente.

"Ciento cuarenta (140) años de desarrollo depredador han dejado como consecuencia la contaminación del suelo, el aíre y el agua de nuestra región; el arsénico, el plomo así como restos de DDT, pueden ser encontrados en la sangre, huesos y órganos de miles de laguneros, provocando una enorme prevalencia de males tales como cáncer, males hepáticos de piel y respiratorios por lo que podemos asegurar que esta parte de los estados de Coahuila y Durango conforman uno de los llamados “Infiernos “ambientales” según señaló el Doctor Víctor Manuel Toledo Manzúr, Secretario de Medio Ambiente de su gobierno.", indica el documento.

El pronunciamiento hace una cronología de cómo, a partir del crecimiento de la cuenca lechera y el cambio de vocación económica de la región en la decada de los 80, llevó a que el medio ambiente se comenzara a deteriorar velozmente.

"Con estos antecedentes creemos que ya es impostergable la reconversión agroindustrial de la Laguna no podemos seguir acabando con el agua y la tierra para favorecer una industria que en pocos años puede mudarse de lugar dejando tras de sí miseria y abandono."

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Cabe destacar que las mismas organizaciones también solicitaron al presidente su colaboración para cancelar la instalación de Chemours en la Comarca Lagunera. La empresa norteamericana plantea fabricar cianuro de sodio alrededor de 22 comunidades del área rural de Gómez Palacio.

"Presidente queremos manifestarnos en contra de la instalación de la Planta Chemours Company, industria pretende la producción de 65 mil toneladas anuales de CIANURO DE SODIO poniendo en grave riesgo la salud de miles de personas.Confiamos en su apuesta por el desarrollo sustentable para lograr mejorar las condiciones de vida de los laguneros."

El pronunciamiento fue dirigido a propósito de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la Comarca Lagunera el pasado 26 de agosto.

Reciclar

Definición de RECICLAR según la  Real Academia Española:

Someter un material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar.

Cada producto que adquirimos utilizó materia prima, energía, agua, gasolina y otros materiales en su producción, procesamiento y distribución.  Luego, lo utilizamos y llega el momento en que se desecha.

Reciclar tiene puntos a favor y en contra, por lo que es imprescindible analizar a fondo qué tan “ecológico” es.

Analicemos puntos básicos:

-Todos somos consumidores

-Cada producto que es desechado se devuelve al medio ambiente en diferentes

- ”Lo que tiras, te tomas” 

-Cada persona produce aproximadamente 1 kilogramo de residuos sólidos al día. 

-Las 42 millones de toneladas de residuos sólidos que se producen en México en un año son equivalentes a 231 veces el estadio de fútbol más grande de México. 

-Solamente se recicla el 33% de la basura sólida generada.

-Aunque hay una larga lista de materiales reciclables, los consumidores debemos clasificarlos para facilitar su manejo, las industrias deben seguir innovando, y los gobiernos deben proteger nuestra salud y la del medio ambiente. 

-Los residuos sólidos que no son biodegradables y que no son reciclados terminan en la tierra y en el agua.  Si son plásticos, se vuelven microplásticos que nos comemos y tomamos sin darnos cuenta.

Los materiales que son comúnmente reciclables son:

-Papel y cartón 

-PET (Polietileno Tereftalato)

-Metales (incluyendo latas)

-Vidrio

-Materiales de construcción

-Hay muchos tipos de plásticos y algunos incluyen el símbolo de reciclaje, pero en realidad pocos de éstos se reciclan en México. 

*Muchos productos que tienen el símbolo (símbolo de reciclaje) no se reciclan porque no es costeable para la industria. 

-México es el mayor consumidor de PET (Polietileno Tereftalato)

 -Plástico mayormente utilizado en botellas de agua y refresco- en el mundo y por lo mismo se ha generado una gran industria de reciclaje.

Lectura recomendada: REDUCIR – la R más importante.

-México recicla 4.9 millones de toneladas de papel al año, que surte 88% de las necesidades de esta fibra en la industria de celulosa y papel.

Al reciclar se está evitando reducir la extracción de recursos naturales y a reducir la cantidad de basura, pero a la vez se utilizan grandes cantidades de energía, agua y químicos en el proceso. 

CONCLUSIÓN:

*REDUCE es la R más importante y urgente: Compra solo lo necesario, así, se extrae menos materia prima de la naturaleza y se producen menos residuos. Incluye también: Respeta, Rehúsa o Rechaza.

*REUTILIZA los objetos lo más que se pueda y obtén el mayor provecho hasta que definitivamente no sirvan. 

*RECICLAR  es la última opción eco-amigable que reduce la extracción de materia prima y la cantidad de residuos. Se da un nuevo uso a lo que normalmente se desecharía. Reciclar de manera industrial utiliza mucha electricidad, agua, químicos y tiene altos costos, siendo éstas algunas de las razones para que el reciclar no sea considerada como la más “ecológica.”

¡Te invito Reducir, Reutilizar y Reciclar para estar más sano, ahorrar dinero y producir menos basura!

Dra. Gabriela Aguirre Rascón

“We are all Connected” “Todos estamos conectados”

Reutilizar

¿Alguna vez usaste la ropa que ya no le quedaba a tu hermana mayor?

¿Te has emocionado al ver un bote de nieve en el congelador y al abrirlo tiene frijoles?

¿Llevas tu olla al ir a comprar menudo los domingos?

Estas son maneras cotidianas de REUTILIZAR.  

En nuestra sociedad reutilizar era una práctica muy común, hasta que todo se hizo más “práctico” y se empezó a abusar del uso del plástico y de los desechables. Ahora, en vez de llevar el trapo para las tortillas, las dan envueltas en papel, el menudo en botes plásticos, y el jugo hasta en bolsas de plástico.  Los tacos y los helados los sirven en poliestireno (unicel), bebidas en los famosos vasos rojos, los cafés fríos en vaso y tapa de plástico y con popote, al ir a una fiesta se usan desechables para “no tener que lavar”, y más... con estas comodidades, se producen daños a la salud, mucha basura (casi un kilo al día por persona) y se daña al medio ambiente de una manera irreparable.

Lectura recomendada: REDUCIR – la R más importante.

Al REUTILIZAR un objeto lo más que se pueda, se obtiene el mayor provecho del mismo, si se requiere,  se puede reparar hasta que el objeto definitivamente no sirva. Al reutilizar de manera indirecta también se reduce, pues se evita adquirir objetos que no son necesarios.

Tips práticos:

-Trae tu termo para agua y café. 

-En tu mochila o bolsa trae otra de tela delgada por si necesitas hacer compras de última hora.

-En tu bolsa o mochila puedes traer cuchara y tenedor. 

-Lleva bolsas de tela para las frutas y verduras al supermercado para evitar las plásticas (cada vez que las vacíes ponlas en la cajuela de tu carro o en un lugar cercano a la puerta para que no las olvides).

-Lleva tu contenedor al supermercado para que ahí sirvan el jamón y otras carnes frías.

-Si ordenas comida para llevar, avisa que llevarás un recipiente.

-Al comprar raspados o nieve, lleva tu vaso y cuchara.

-Si te gusta usar popote, utiliza popotes de acero inoxidable.

-Al tener una reunión o fiesta usa platos, vasos y cubiertos reutilizables que ya tengas.

-Si vas a algún restaurante que sabes que utiliza desechables, lleva tus propios trastes.

-Al cine lleva tu “cubeta” vacía de palomitas de la visita anterior y vasos reutilizables.

-Repara los calcetines, pantalones y ropa en general.

-Repara juguetes y otros objetos de casa.

-Dona lo que ya no utilices: ropa, zapatos, sartenes, libros, juguetes, adornos, etc. 

Una buena noticia es que ya hay negocios que están apoyando la salud de sus clientes y del planeta motivando a reutilizar  y hasta ofrecen descuentos o promociones.

¡Practica Yo RRReutilizo y pronto se volverá un hábito!

Te comparto algunos ejemplos:

¡Todas estas acciones te ayudarán a estar más sano, ahorrar dinero y producir menos basura!

Dra. Gabriela Aguirre Rascón

“We are all Connected” “Todos estamos conectados”

REDUCIR - la R más importante

La semana pasada se dio una breve descripción de las 3RRR que se popularizaron con su logotipo  en los años 70´s y siguen vigentes. En esta ocasión, nos enfocaremos en la primera R= REDUCIR.

Dentro de las definiciones de esta palabra en la Real Academia Española, estas tres describen el mensaje:

  1. tr. Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que tenía.
  2. tr. Disminuir o aminorar.
  3. tr. Estrechar o ceñir.

En términos ambientalistas simples, REDUCE es la R más importante y urgente, pues es la manera de obtener menos materiales del ambiente , evitar o disminuir los procesos hasta llegar al consumidor y no producir tantos residuos. Aquí también incluye otras Rs utilizadas, como Respeta, Rehúsa o Rechaza.

Para quienes tienen interés en cambiar hábitos, en ocasiones es algo confuso entender el concepto, por lo que enlisto algunas maneras de REDUCIR en la vida diaria:

       

En conclusión, al REDUCIR, se aminora  ↓ el uso de recursos naturales, los procesos de fabricación y distribución, el tiempo, y la cantidad de desechos, al mismo tiempo que aumentan  ↑ el dinero en nuestro bolsillo, el bienestar, nuestra salud y respetamos nuestro hogar, la madre tierra.  

¡Así que recuerda, debes REDUCIR todos los días y en todos lados porque es la R más importante!

Dra. Gabriela Aguirre Rascón

“We are all Connected”