La intocable señora Wallace

Por Antonio Rosales

No pocas veces se ha escrito en este espacio sobre el caso Wallace, aquel que inició con el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto (Wallace Miranda, Miranda Torres o León Miranda, dependiendo del acta de nacimiento a la que se tomé como referencia), hijo de la empresaria y fundadora de la asociación civil Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Caso e historia que aterra por la montaña de atrocidades, contradicciones y pruebas endebles sobre las que se sostiene, y que hacen pensar, con bastantes bases sólidas, la posibilidad de que haya sido fabricado con quien sabe que clase de fines retorcidos, recordándonos que como ciudadanos no solo tenemos que tomar todo tipo de precauciones y cuidarnos de los criminales que operan en la ilegalidad, sino también de los maleantes de cuello blanco que operan “legalmente” y que también abundan entre políticos, empresarios, magnates, policías, militares y posiblemente hasta entre “activistas”.  

En su momento, en 2014 para ser exactos, periodistas de investigación como Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga fueron pioneras en cuestionar e investigar la historia que la señora Wallace, los gobiernos en turno y los grandes corporativos mediáticos nos contaron, aunque ya años antes el bloguero vasco, Luis Miguel Ipiña, había empezado a publicar sobre el tema en un blog que fue cerrado después de que fuera detenido en 2011. Ipiña llegó a sostener en entrevistas para medios como el semanario Proceso y el portal Los Ángeles Press, que le sembraron un arma y que los mismos policías le aseguraron que lo detenían “por haberse metido con la señora Wallace”, tras lo cual pasó año y medio en un penal de Chiconautla, Estado de México. 

A partir de 2019, diferentes medios de comunicación se han sumado al cuestionamiento del caso, si bien es cierto Guadalupe Lizárraga ya llevaba haciendo una labor en solitario, dedicándose al tema completamente desde 2014, tanto como periodista e incluso desde el activismo y el acompañamiento a las familias, a pesar del veto e invisibilización que hasta la fecha su trabajo y el reconocimiento a la autoría original de sus investigaciones, aún padece en la mayoría de los medios de comunicación. 

Sería muy repetitivo aquí rememorar las inconsistencias del caso, así como también las bestiales torturas (asfixia, ahogamiento, golpes, abusos sexuales, descargas eléctricas) a las que han sido sometidos los acusados del caso, sin mencionar las amenazas, persecución, posible espionaje y toda suerte de calumnias y actos intimidatorios que han padecido familiares, abogados, activistas, defensores de Derechos Humanos y periodistas que se han acercado al caso.

El material que se ha publicado al respecto puede encontrarse con algo de búsqueda en la red, para quién realmente esté interesado en conocer los abusos, falsedades y horrores que componen y rodean este caso. Sin exageraciones, ironías, ni sarcasmos: Cualquier película de terror o película policiaca se queda corta ante los profundos infiernos que habitan en el llamado caso Wallace. Y lo peor es que, desgraciadamente, son historias reales y quizás, mucho más comunes de lo que normalmente imaginamos.

Sería más provechoso enfocarnos en una pregunta crucial, que seguramente muchos mexicanos que conocen de este tema se han hecho: ¿En dónde y en qué radica el enorme poder de la señora Isabel Miranda de Wallace, y por qué? ¿Qué es exactamente lo que la hace todopoderosa en el sistema político y judicial mexicano? ¿Por qué es más intocable que la mayoría de los políticos y empresarios de nuestro país? ¿Qué o quién la protege, quién le da (o dio) poder, influencia e impunidad a manos llenas? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Por qué se le permitió controlar todo el poder judicial a su antojo, en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿A quién o a quienes les convenía (o les conviene todavía) empoderarla a tal extremo y dejarla operar a su entero capricho, y por qué? ¿Qué les sabe a todos esos políticos y funcionarios judiciales, o que le deben? ¿La protegen porque la adoran, la respetan o le temen? ¿Por qué? ¿Qué es de todos esos políticos y funcionarios? ¿Socia, cómplice, aliada, amiga, jefa o subordinada? ¿De qué, o en qué, si la señora nunca ha tenido un cargo público, al menos no oficialmente hablando? Además de policías, funcionarios judiciales y políticos, ¿hay empresarios, banqueros u otros poderes fácticos en este oscuro entramado? ¿Por qué resulta tan peligroso tocar estos temas, si finalmente ningún particular debería estar por encima de ningún otro ciudadano (aunque es vox populi que eso no se respeta en los hechos, desgraciadamente)? Muchas preguntas sin resolver, demasiadas especulaciones y pocas respuestas que ayuden a clarificar por completo.

Estas preguntas resultan pertinentes tras la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y de facto, también del Consejo de la Judicatura Federal), en enero pasado, sucediendo a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Norma Lucía Piña llegó por todo lo alto, abanderada desde su condición de mujer, feminista y “progresista”, lo que sea que esto último signifique en una época en que todos estos conceptos se han revuelto y hasta desvirtuado. Le llovieron felicitaciones y su discurso feminista, al asumir el cargo, conmovió hasta las lágrimas a muchas feministas y figuras públicas progres de ocasión. No fueron pocas las publicaciones que hicieron referencia a la importancia de que su nombramiento estaba “rompiendo el techo de cristal” (concepto feminista al que ella misma se refirió en su discurso inaugural) al ser la primera mujer en asumir tal cargo, y destacaron la importancia de que la Suprema Corte estaba recuperando su “autonomía e independencia”, luego de que Zaldívar fuera señalado en repetidas ocasiones de subordinarse completamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En medio de las fanfarrias y de tal algarabía, se instaló la amnesia colectiva respecto a una columna publicada en mayo del año pasado, en el diario Milenio. En el texto, el periodista Ricardo Raphael de la Madrid reveló que Abraham Pedraza Rodríguez, primer denunciante falsario en el controvertido caso Wallace, es a la vez secretario de la ministra Norma Piña y cuñado de Isabel Miranda de Wallace. En aquel entonces, Raphael llamaba a la ministra Piña a excusarse respecto a la decisión que la Suprema Corte tenía que tomar sobre la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, una de las detenidas del caso Wallace, si bien este año ha defendido con sorprendente candor y dedicación el nombramiento de Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte. 

Desde hace una semana, periodistas y personajes como Julio Hernández López “Astillero”, Fabrizio Mejía Madrid, Jesús Escobar, así como algunos youtuberos totalmente afines al actual gobierno, parecen haberse enterado apenas del nexo “Miranda de Wallace-Abraham Pedraza-Norma Piña” y de las graves implicaciones que podría tener dicho vínculo en la correcta impartición de justicia y concretamente en el caso Wallace. Quizás incluso el presidente y Comunicación Social de presidencia no tarden en hacerse los sorprendidos. La pregunta es, ¿de verdad el gobierno federal no lo sabía? Si lo sabían, ¿no vieron el posible conflicto de interés, y decidieron callar? Y si realmente no lo sabían, ¿entonces que clase de servicios de información tienen, que no se enteran de algo que ya había aparecido en un medio de comunicación nacional? Desde luego no se está llamando aquí a que el presidente viole la supuesta “independencia” de la Suprema Corte, pero si llama la atención que el presidente, tan obsesivo y observador de los movimientos de lo que él llama el bloque “conservador” (PRIANRD-MC y los desinflados grupos y nombres que la derecha multipartidista y el empresario Claudio X. González se inventan cada semana, con poco éxito) y que ha utilizado los tenebrosos casos Cassez-Vallarta y Wallace para criticar (con sobrada razón, eso no lo discuto) a los gobiernos pasados en sus mañaneras, se le haya escapado un dato tan importante.

A la entrada de Piña Hernández, en los últimos días ha seguido la renuncia de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval (ex titular de la Secretaría de la Función Pública) y quien era director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, órgano que depende del Consejo de la Judicatura que hoy también preside Norma Piña; instituto que, en sus últimos años, presuntamente se había dedicado a defender a Juana Hilda González, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y César Freyre, torturados y detenidos por el caso de la señora Wallace. Su salida fue el precedente de una serie de despidos y renuncias, entre ellos el de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, quien en su carta de renuncia y en diferentes entrevistas a medios de comunicación, ha expresado que no existen condiciones para continuar trabajando en dicho organismo y subrayó su preocupación de que en la nueva administración se continúen encubriendo las torturas e irregularidades del caso Wallace, como se ha hecho en gobiernos pasados, según sus propias palabras.

Tras la salida de Netzaí Sandoval Ballesteros, entró como titular del Instituto de la Defensoría Pública, la magistrada Taissia Cruz Parcero, a partir del primero de febrero del presente año. Cruz Parcero es también esposa de Renato Sales Heredia, actual fiscal de Campeche y ex comisionado de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Según publicaciones de Los Ángeles Press basadas en cartas y declaraciones de los inculpados, Renato Sales Heredia presuntamente habría permitido la tortura a los detenidos del caso Wallace, desde su cargo como comisionado de Seguridad en la administración peñanietista, así como también habría ignorado una carta que le escribió Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, denunciando las torturas, en aquel tiempo. El vínculo “Miranda de Wallace-Renato Sales Heredia-Taissia Cruz Parcero” quizás no ha sido retomado con mucha fuerza por el gobierno actual y sus medios afines, ya que Sales Heredia hoy se desempeña en el gobierno de Layda Sansores, la polémica gobernadora que llegó a través del partido Morena. Pero evidentemente, aquellos medios fieles a los gobiernos anteriores tampoco harán demasiado ruido al respecto, ya que el caso Wallace refleja como pocos, el nivel de descomposición en que dejaron el poder judicial los gobiernos pasados y que, desgraciadamente, este gobierno tampoco ha hecho nada por sanar realmente y a fondo. En resumidas cuentas: El estado actual de las cosas en el caso Wallace parece convenir, por igual, a todos los partidos.

Y llegados a este punto, es inevitable preguntarse nuevamente: ¿Qué es lo que hace tan poderosa e invencible a la señora Wallace, en lo que a política y judicialidad se refiere? ¿Cómo ha podido extender sus redes más allá de los partidos que la crearon y cobijaron (el “PRIANRD-MC”, el llamado “Bloque conservador” según el presidente) y fortalecer su impunidad durante la cacareada “Cuarta Transformación”? ¿No tiene la sensación de que las pugnas partidistas son una mera farsa para entretener a las masas, pero en los hechos todos los políticos y empresarios de alto nivel, se toman de la mano y caminan juntos, apoyándose entre sí? ¿De qué sirve que el mandatario se cuelgue del caso Wallace, si en los hechos todo continua de forma muy similar al pasado? Quizás de forma más “blanda”, es cierto, pero los horrores continúan ahí.

Desde luego, esto no se trata de personalizar el asunto. Quien esto escribe no gana, ni pierde nada con lo que suceda con el caso Wallace. En todo caso, de ser ciertas todas las atrocidades que se cuentan de ella, Isabel Miranda de Wallace no es la única victimaria de nuestra historia reciente, ni mucho menos la única villana del sistema político y empresarial mexicanos. Sería, en todo caso, un monstruo, de muchos, que perviven en la galería de los horrores de quienes han mangoneado y destrozado nuestro país no solo desde hace décadas: desde hace siglos, quizás. Incrustados y enquistados en los poderes legislativo, federal, judicial; en la clase empresarial y en los principales medios de comunicación. Historias de abusos y terror sobran, tan solo con que nos asomemos un poco al proceder de personajes como Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, Rubén Figueroa, Arturo “El Negro” Durazo, Miguel Nazar Haro, Edgar Veytia, Javier Duarte, Luis Cárdenas Palomino y quizás uno de los máximos perversos de nuestro país, Genaro García Luna, actualmente juzgado en Nueva York.

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Tampoco Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, son las únicas posibles víctimas de un sistema judicial inquisitorial, oscuro, sádico y cruel. No solo es Israel Vallarta (caso Cassez Vallarta) y su familia: Tras todos ellos, están decenas, centenas, sino es que miles de culpables fabricados mediante tortura y siembra de pruebas, no solo por la llamada “señora Wallace”, sino también por una innumerable cantidad de policías, ministerios públicos, jueces, directores de penales, custodios, caciques, hacendados, empresarios, alcaldes, gobernadores y otros más, que han usado nuestro sistema judicial a su antojo para venganzas personales, represión política, control social y fabricaciones de todo tipo. 

La fabricación de culpables se da por una cantidad de motivos que usted tal vez ni se imagine, y faltan plumas, teclados, cámaras, micrófonos y manos para reportar esas historias: Comuneros que son apresados por no permitir el despojo de sus territorios, disidentes políticos, venganzas pasionales, fraudes judiciales, herencias.

El caso Wallace no es el único, ni el primero, pero si quizás uno de los más terribles. Por eso es importante poner el foco: Porque los culpables fabricados podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano sin poder ni influencias, como la mayoría de la población.

Y mientras las cárceles estén copeteadas de inocentes sin dinero y conocimientos para una correcta defensa, ni poder y contactos para enfrentar una maquinaria judicial que aplasta, como aplanadora, a todo aquel que se le atraviese, los verdaderos delincuentes (de bajo, medio o alto nivel) seguirán libres y manteniendo secuestrada la tranquilidad de quienes habitamos este país.

Es lamentable que un gobierno que prometió que no habría más personas “intocables”, siga permitiendo que la intocable señora Wallace y otros poderosos como ella, se mantengan con todo el poder, y que todos aquellos periodistas que escriben sobre estos temas, estén en alto riesgo. Mientras tanto, con la fabricación de culpables y otros crímenes de Estado y particulares, solo nos queda hacer lo que propuso la escritora Rosario Castellanos en su poema “Memorial de Tlatelolco” sobre la conocida represión estudiantil del 2 de octubre de 1968:

<< Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordamos

hasta que la justicia se siente entre nosotros>>

Caso Wallace: el ominoso proceso

Por Antonio Rosales

“Alguien tenía que haber calumniado a Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo”. Así inicia la famosa novela de Franz Kafka, sobre un hombre que es arrestado, sin jamás saber la causa, y en el que la culpa busca su castigo. Una larga pesadilla hecha estrecho, pantanoso, nebuloso y oscuro laberinto se despliega a lo largo de la historia, cuyos absurdos llevan a la confusión y casi locura a su protagonista. 

No muy lejano de ese infierno dantesco está el que han vivido los acusados del caso Wallace, con la diferencia de que, aun sabiendo la causa, ninguna prueba que han aportado a su favor les ha servido para salir del fango; todo intento de defenderse se ha perdido en arenas movedizas de un sistema judicial plagado de corrupción y opacidad. En teoría, es la autoridad quien tendría que demostrar la culpabilidad y no los acusados su inocencia, pero en el caso Wallace nada es lo que la teoría del Derecho dictaría.

Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, así como sus familias enteras, desde julio de 2005 han padecido lo indecible y a cuatro años de este gobierno no queda claro cuándo terminará su inquisitorial calvario. Torturas (físicas, psicológicas, sexuales); persecución y espionaje contra familiares, activistas, periodistas y abogados que se han acercado al caso; amenazas, tratos vejatorios por parte de las autoridades, invisibilización por parte de los medios de comunicación hasta 2019, campañas difamatorias y toda clase de irregularidades judiciales, son algunos de los martirios que han padecido los acusados. Ello puede dar pie a argumentar que solo se trata de abusos y que eso no eximiría su “culpabilidad”, pero debe añadirse que sobran irregularidades en el caso, relacionadas con CURPS y registros del SAT, diferentes actas de nacimiento, tarjetas de crédito, llamadas telefónicas, una gota de sangre… Y un caso que se sostiene, mayormente, en los testimoniales arrancados bajo brutales torturas, algunas ya acreditadas mediante respectivos Protocolos de Estambul (Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, César Freyre).

Sin exagerar, escribir sobre el caso Wallace es, en muchos sentidos, jugar a la vida y la muerte, coquetear con el peligro, ponerse en la línea de fuego. No solo porque la parte acusadora del citado expediente ha intentado acallar por todos los medios cualquier investigación o duda razonable a su versión de lo sucedido, sino porque pareciera que existen numerosos intereses, relatos impuestos y contrapuestos, dobles (y hasta triples y cuádruples) juegos, redes de espionaje y contraespionaje (tanto gubernamentales, como operadas por particulares), dobles (y triples) agentes. Las novelas policíacas de Agatha Christie o las distopías de George Orwell parecen cuentos de hadas o novelas de Corín Tellado junto a la maraña de enredos y atrocidades que rodean el caso Wallace. 

Fuera del binomio (el relato oficial de Isabel Miranda versus el periodista Ricardo Raphael) parece que está prohibido acercarse al tema. Cierto es que el cerco mediático respecto a esta historia ha cedido un poco, y ello se ve reflejado en infinidad de videos y textos periodísticos -dentro del binomio- que se han publicado desde hace un par de años. Y sin embargo, aún es de alto riesgo. 

Hace más de tres años, desde este espacio dimos cuenta sobre la posible falsedad del caso Wallace. 

La versión oficial del caso Wallace nos cuenta la historia de una madre y acaudalada empresaria dedicada a las escuelas privadas y anuncios espectaculares en la Ciudad de México (Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres), que desde 2005 buscaba justicia para su primogénito, Hugo Alberto; un hombre presuntamente secuestrado y asesinado. Tras la desaparición, la empresaria inició la búsqueda de los plagiarios, y como constará en la web, en la hemerografía y la videografía de la época, Miranda Torres fue ampliamente reconocida por lograr la captura de todas las personas que acusó, inicialmente con la colocación de anuncios espectaculares de su empresa, Showcase Publicidad, ofreciendo recompensas por información y posteriormente, con las capturas de todos los señalados. 

Desde entonces y durante más de dos sexenios, a través de campañas en los principales medios de comunicación, Isabel Miranda fue posicionada como una heroína, lideresa de opinión en todos los medios de comunicación mexicanos, sobre temas de seguridad y el activismo antisecuestro. Junto con María Elena Morera, Rosi Orozco y Alejandro Marti, Wallace se convirtió en una invitada predilecta en eventos oficiales de Calderón y García Luna, ejerciendo crítica a la par que departía con los funcionarios que decía criticar. 

A través de la plataforma que le otorgó su organización Alto al secuestro su relación con el gobierno de Felipe Calderón fue volviéndose cada vez más estrecha, al grado que, en diciembre de 2010, le fue entregado el Premio Nacional de Derechos Humanos. Tiempo después, pese a la inconformidad de panistas como José Luis Luege Tamargo y Demetrio Sodi, el partido Acción Nacional la hizo candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones de 2012. 

Su influencia en la opinión pública también fue utilizada para posicionar la narrativa del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, en casos como el de Florence Cassez e Israel Vallarta, como lo documentaron Emmanuelle Steels (El teatro del engaño, 2015), José Reveles (El affair Cassez, 2013) y Jorge Volpi (Una novela criminal, 2018).

Con Enrique Peña Nieto el rol de incondicional aliada transexenal del gobierno federal mexicano se afianzó, volviéndose cada vez más evidente; en especial después del caso Ayotzinapa, en el que la señora Wallace intentó lavarle la cara a la entonces Procuraduría General de la República, desacreditando mediáticamente la investigación del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), y pidiendo la salida del GIEI de nuestro país, luego de que sus informes concluyeran que hubo participación del Estado mexicano en los hechos. Los informes contradecían la versión de la PGR de Jesús Murillo Karam, misma que intentó criminalizarlos e invisibilizar cualquier responsabilidad del Estado en lo ocurrido. 

La obstinación de la empresaria por la "verdad histórica" de Murillo Karam no solo la llevó a denostar a activistas como Juan Méndez y Mariclaire Acosta, sino que incluso aun en julio de 2020 salió en defensa de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal durante el gobierno de Peña Nieto. "Yo en ningún momento vi que Zerón estuviera torturando; quiso ser duro con él, pero enfrentarse a este tipo de criminales tiene que tener (sic) una posición dura para que pueda realmente entrevistarlo", comentó en diversas entrevistas, sobre un video en que aparece Zerón hablando en tono amenazante a Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", detenido por el caso Ayotzinapa. Actualmente Zerón se encuentra exiliado en Israel, luego de que el gobierno actual lo señalara de secuestro, tortura y manipulación en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes, así como de la malversación de unos 50 millones de dólares. Israel no ha hecho ningún movimiento para extraditar al exfuncionario y el gobierno mexicano dice negociar con dicho país, sin embargo, no ha habido resultados hasta el momento en que se escribe este artículo.

Tanto en la administración calderonista como en el peñanietismo, los políticos y funcionarios judiciales en turno cerraron filas para construir y proteger la versión oficial del caso Wallace y ello no se vio reflejado solamente en discursos y maniobras mediáticas, sino también en omisión y colaboración en intimidación a aquellos periodistas, abogados y activistas que han dado voz, asesoría, defensa y/o acompañamiento a los acusados y a sus familiares. Por mencionar solo algunos ejemplos de ello: El activista Giel Meza sufrió detención arbitraria e interrogatorio el 13 de julio de 2014; en 2010 la abogada Ámbar Treviño Pérez, en un proceso completamente arbitrario e irregular bajo el cargo de presentar “documentación falsa”, fue detenida, arraigada y trasladada a un penal de Durango; Guadalupe Lizárraga, la periodista que mayor rigor y dedicación ha mostrado en el caso desde 2014, vivió dos intentos de secuestro por agentes ministeriales, además de espionaje y amenazas de diversa índole, sin que autoridades ni la mayoría de los medios de comunicación mexicanos se pronunciaran al respecto.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aparentemente existe un distanciamiento entre Isabel Miranda y el gobierno federal; sin embargo, la presente administración tampoco ha representado un cambio sustancial para la mayoría de los detenidos del caso Wallace. Es cierto, el gobierno federal no ha ejercido una censura mediática sobre el tema de forma tan pronunciada como los sexenios anteriores, aunque existe un episodio en particular que ha sido ignorado por medios, periodistas y autoridades: Cuando la periodista Guadalupe Lizárraga llevó por primera vez el caso a la conferencia mañanera presidencial (29 de marzo de 2019), hubo un apagón de luz en Palacio Nacional tras el cual, se perdió de la transmisión la denuncia de la periodista ante el presidente, hecho que también fue omitido e ignorado por todos los medios de comunicación. Las piezas videográficas que quedaron como testimonio y escasamente se encuentran en la web, fueron grabadas incidentalmente por reporteros independientes presentes. La fundadora de Los Angeles Press denunció una posible censura por parte de CEPROPIE, Comunicación Social de Presidencia y la agencia de noticias del Estado, Notimex, pero sus denuncias fueron nuevamente ignoradas -y lo siguen siendo hasta el momento en que esto se escribe- por periodistas y autoridades. En cambio, se desató contra Lizárraga una campaña de ataques en redes a través de cuentas bots y youtubers.

Desde hace años la presidenta de Alto de secuestro acumula denuncias por parte de los acusados y sus familias, mismas que se han ignorado o perdido. En Red es Poder hemos dado cuenta de algunas más: En 2018, la periodista Guadalupe Lizárraga presentó denuncias ante la PGR/FGR contra la empresaria; en 2021, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial, en representación de los acusados, presentó sendas denuncias ante la FGR; en 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, denunció a Isabel Miranda por fabricación de pruebas, luego de que ésta lo señalara y denunciara ante la Fiscalía, de “corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones” tras la atracción por parte de la Corte del caso de Juana Hilda González Lomelí en mayo pasado. Las denuncias contra Miranda tienen los mismos señalamientos en común: Tráfico de influencias, fabricación de pruebas, tortura, amenazas.

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2022 parece una copia de aquel ignominioso año en que inició el horror para los acusados y sus familias: 2006, año en que Brenda, Jacobo, César, Juana Hilda, Tony, Albert y Jael se vieron exhibidos en los anuncios espectaculares de la empresa de Isabel Miranda, Showcase Publicidad, sin derecho a presunción de inocencia y cazados para acabar con su libertad. En 2022 esos espectaculares volvieron, pero esta vez para intentar influir en la decisión que la Corte deberá tomar antes del 12 de diciembre, fecha en que se deberá haber tomado una resolución para el caso de Juana Hilda. De ser absuelta se sentaría un precedente para los demás acusados, cuyos procesos continúan empantanados.

La revictimización, criminalización y violación a la presunción de inocencia también se ha dado este año a través del Foro Lindbergh, zona ubicada en el parque México de la colonia Condesa de la Ciudad de México, en la que Isabel Miranda montó este noviembre una exposición abierta al público, volviendo a señalar a sus acusados, con aprobación de autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc. 

Queda menos de un mes para que la Corte determiné el curso del caso Wallace. Será interesante observar si los ministros decidirán seguir enfangando la ominosa senda de un proceso plagado de irregularidades y abusos, o bien, abrirán un halo lo suficientemente luminoso para que marqué un verdadero y positivo cambio en la impartición de justicia.

Periodista denuncia acoso a madre de inculpado por caso Wallace y censura

Miranda de Wallace festejando el cumpleaños de Peña Nieto, en 2016. Foto: Proceso.

A través de las redes sociales y de su portal informativo Los Ángeles Press, la periodista Guadalupe Lizárraga denunció este miércoles 20 de febrero que la madre de César Freyre Morales, detenido por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, sufrió acoso telefónico por parte de Isabel Miranda de Wallace, madre de la presunta víctima y presidenta de Alto al secuestro.

De acuerdo con la autora de El falso caso Wallace, la madre de Freyre, María Rosa Morales, recibió una llamada a las 7:20 horas del miércoles en la que la secretaria de Miranda de Wallace le dijo que "la señora la espera en su oficina la semana entrante". Horas después, tras haber denunciado el hecho ante la Fiscalía General de la República, María Rosa Morales volvió a recibir una llamada en la que le dijeron que "la señora Isabel Miranda iba a mandar un auto en la mañana para que la recogieran y llevaran a su oficina".

El incidente tiene lugar después de que el pasado 13 de febrero, la periodista publicó en Los Ángeles Press un reportaje que narra las presuntas torturas que habrían vivido tres de los detenidos por el caso Wallace (el mismo César Freyre, Jacobo Tagle Dobin y Albert Castillo Cruz), y en el que Lizárraga refiere a una carta de denuncia que Freyre escribió a la periodista.

En la epístola, el presunto culpable cuenta haber sufrido amenazas y diferentes sesiones de tortura física y psicológica; algunas de las cuales, de acuerdo a la versión del detenido, habrían sido dirigidas y atestiguadas por la ganadora del premio Nacional de Derechos Humanos 2010. Asimismo, Freyre denuncia omisión por parte del entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actual senador de la república, Emilio Álvarez Icaza, a quien envió una petición de queja que nunca recibió respuesta.

Ésta no sería la primera vez que la empresaria es acusada de amenazas. La noche del 24 de enero pasado, la activista Mary Sainz realizó una protesta contra Miranda de Wallace en la Ciudad de México, fuera de Palacio Nacional, tras la participación de Miranda de Wallace en el primer foro del Consejo Nacional de Seguridad.

La activista Mary Sainz, realizando un acto de protesta contra Wallace. Foto: SdpNoticias

La activista, quien es conocida por sus protestas a favor de distintas causas, dijo haber sido amenazada por Wallace; amenazas que, según la propia Sainz, ha recibido desde febrero de 2017, luego de haber encarado a la presidenta de Alto al secuestro durante la marcha Mexicanos unidos, por la presunta falsedad del caso de su hijo. Por su parte, la otrora candidata por el PAN al gobierno del Distrito Federal, reaccionó interponiendo una denuncia ante la Fiscalía General de la República, de acuerdo a lo que declaró en Milenio.

A través de redes sociales y en su portal, quien también ha manifestado haber sido hostigada es la propia periodista Guadalupe Lizárraga.

Lizárraga ha comentado que, por este trabajo en el que se ha especializado durante más de cuatro años, ha sido víctima de amenazas vía telefónica y cibernética, dos intentos de secuestro, además de acoso e intentos de acallarla por parte de la diputada federal por Morena, María de los Ángeles Huerta.

Como se informó en Red es poder, la organización internacional defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, emitió una carta al actual presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para que tomara medidas sobre el particular. Sin embargo, hasta el día de hoy, la carta no ha merecido respuesta por parte de ningún funcionario.

Los hechos se suman a las amenazas y acoso que la periodista Anabel Hernández y el activista canadiense David Bertet, declararon haber recibido en 2014, tras la publicación de diferentes reportajes en la revista Proceso, en los que no sólo se hablaba de tortura a los implicados, sino de siembra de pruebas, usurpación de funciones, falsedad de declaraciones y colusión por parte de autoridades, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Una posible censura de Proceso

Guadalupe Lizárraga, en la presentación de su libro. Foto: Fredy González

La fundadora de Los Ángeles Press también denunció en su sitio el pasado domingo que intentó publicar su trabajo en la revista Proceso, como seguimiento al artículo que el columnista Ricardo Raphael escribió sobre su libro, y el cual recibió respuesta de Wallace en redes sociales y mereció dos emisiones del programa Espiral con el también conductor de Canal Once.

El director del semanario político, Rafael Rodríguez Castañeda, confirmó a la periodista haber recibido la investigación. Sin embargo, nunca le dio respuesta concreta; tras lo cual Lizárraga decidió publicarlo en su propio portal.

Días después, la periodista se sorprendió al ver que Proceso abría su último número con una extensa entrevista de Rodríguez Castañeda a Renato Sales Heredia, quien fuera Comisionado Nacional de Seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y quien es uno de los funcionarios señalados por omisión, por parte de Freyre Morales. En la entrevista, Heredia se dedica a narrar sus anécdotas cuando funcionario y opinión acerca del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, recientemente declarado culpable en una corte de Estados Unidos.

La autora de Desaparecidas de la morgue lamentó en sus redes sociales que la revista censurara su texto, cuando años atrás fue el mismo semanario uno de los pocos medios en dar seguimiento a las investigaciones de su entonces colaboradora, Anabel Hernández.

De acuerdo a Lizárraga, el caso Wallace se encuentra bajo investigación penal por la Fiscalía General de la República tras la denuncia formal de la periodista el 11 de diciembre de 2018. El entonces procurador y hoy fiscal, Alejandro Gertz Manero, ordenó abrir un expediente al respecto.

Sin embargo, Miranda de Wallace negó en diciembre pasado, en una entrevista para la emisión radiofónica de Ciro Gómez Leyva, que se esté investigando la posible falsedad del caso.

Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento público por parte de las autoridades.

El caso Wallace y el cerco mediático

Miranda de Wallace en la marcha Mexicanos Unidos, junto a la activista Rosy Orozco (izq) y la ex priísta Laura Herrejón (derecha), en febrero de 2017. Foto: El Universal.

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. No solo fue el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al gobierno de la Ciudad de México en 2012, del Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010 que recibió de manos de Felipe Calderón,  y de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz es autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Marti, Nestora Salgado y Ayotzinapa, y el cuestionamiento de la organización canadiense En Vero, sobre el caso de su hijo.

Protesta contra Miranda de Wallace ayer. Foto: Twitter/ @gpelizarraga

Ayer, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un reportaje al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

Guadalupe Lizarraga.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

》Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos》

-De acuerdo a las investigaciones que has podido realizar,¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?... ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

Isabel Miranda de Wallace y Genaro García Luna. Foto: Animal Político.

-Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero. Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (...) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las victimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no solo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.” Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

Espectaculares en busca de Tagle Dobin. Foto: Proceso.

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizarraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Asimismo, la tarde de ayer la organización canadiense En Vero, presidida por David Bertet, respaldó la protesta con el siguiente tuit:

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizarraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

-Isabel Miranda no debería estar en libertad- concluye la periodista en entrevista en diciembre pasado, y reiteró ayer en entrevista con el programa Sin Censura-.

Guadalupe Lizarraga, en la denuncia que presentó en la PGR en diciembre pasado. Foto: Los Ángeles Press.