Miguel Riquelme se despidió del gobierno de Coahuila con concierto y opacidad

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists.

Los vacíos legales en Coahuila permiten que un funcionario tenga oportunidad de organizar espectáculos gratuitos para invitados específicos, sin ninguna regulación política y presupuestal.

La falta de reglamentaciones y legislación en el ejercicio del recurso público ayudó al ex gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, a despedirse de La Laguna con un concierto de los grupos Flans y Pandora. 

Miguel Riquelme escogió el 29 de noviembre de 2023 para el evento en el que inauguró la Velaria del Centro de Convenciones de Torreón, dos días previos al término de su mandato como gobernador de Coahuila.

Unos días antes, el 21 de noviembre, el entonces gobernador anunció la inauguración de la Velaria, sin embargo, no dijo nada sobre la organización de un concierto gratuito de Flans y Pandora, que no fue promocionado para que acudiera la ciudadanía coahuilense en general.

“Flans y Pandora despiden a Miguel Riquelme”, fue el título que el diario Milenio Laguna usó para informar sobre la inauguración de la Velaria del Centro de Convenciones.

El festejo fue envuelto entre la opacidad y la resistencia para facilitar los detalles del contrato y de todo lo que adquirió para atender a más de 10 mil invitados.

Una fiesta VIP para despedir al ex gobernador Riquelme

Un día antes de terminar el sexenio de Miguel Riquelme, a las 19 horas, el entonces gobernador, junto al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda y el secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Algara, entre otros personajes de la política estatal coahuilense, develaron la placa que dio vida a la Velaria del Centro de Convenciones de Torreón; un “nuevo y moderno espacio, ideal para todo tipo de eventos al aire libre impulsando la competitividad, el turismo y potenciando el desarrollo económico de Torreón y la Comarca Lagunera”, reseña la página oficial del recinto.

Miguel Ángel Riquelme, ex gobernador de Coahuila, durante la inauguración de la Velaria del Centro de Convenciones de Torreón.

La Velaria, con capacidad para albergar eventos de hasta 12 mil personas, fue inaugurada con el concierto gratuito de las agrupaciones Flans y Pandora, quienes emprendieron una gira denominada “Inesperado Tour” que se ha presentado en los principales escenarios de la República Mexicana, como el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

El concierto que ofrecen ambas agrupaciones no es económico. En noviembre de 2021, la gira llegó a la Comarca Lagunera por primera vez, al Palenque de Gómez Palacio, Durango. Allí, los boletos ofrecidos al público rondaron desde los 790 pesos, el más económico, hasta los 2,700 pesos, el más costoso, de acuerdo con la página oficial de redes sociales del palenque.

Video promocional de la velaria del Centro de Convenciones de Torreón, obtenido de la página oficial del recinto en Facebook.

Dos años después, Flans y Pandora, sin publicidad previa, regresaron a la Comarca Lagunera para ofrecer el concierto gratuito, pero privado y por invitación, así lo confirmó el periodista de espectáculos Fher Ochoa, quien asistió al evento gracias a que consiguió un boleto de último momento.

“Lo de Pandora y Flans fue un evento cerrado. Invitados especiales y funcionarios públicos, fue gratuito, pero con boleto otorgado”, contestó para esta investigación.

Boleto de acceso para el concierto de Flans y Pandora.

Usuarios en redes sociales y a través de programas de televisión manifestaron su malestar porque no estaban enterados del concierto gratuito.

“Hubiera, pero echado a andar el Metrobús, qué raro que no se hizo ruido de ese concierto, no fue para el público en general”, comentó la usuaria Tatis Triana durante la transmisión del noticiero Telediario, de Multimedios Televisión, en su página de Facebook.

Comentario en las redes sociales del Telediario vespertino sobre la no invitación del gobierno de Coahuila al público en general.

En los propios comentarios de la página oficial del periodista Fher Ochoa, el público preguntó sobre la disponibilidad de boletos para poder asistir al concierto, sin embargo, la respuesta continuó en la misma sintonía: “sí, es evento privado”.

Comentarios en redes sociales sobre el concierto privado de Flans y Pandora en la Velaria del Centro de Convenciones.

Privado el concierto y la información sobre el costo al erario

La Velaria tuvo un lleno pletórico. No cabía una persona más por debajo de la techumbre que tardó más de 3 años en ser construida y que, actualmente, es administrada por el organismo descentralizado creado para financiar al Centro de Convenciones de la ciudad de Torreón.

Para conocer el costo de la contratación de Flans y Pandora, así como los cargos por la producción, logística, seguridad, entre otros elementos, el 1 de diciembre de 2023, justo después de la fiesta de despedida de Miguel Riquelme, se hizo una solicitud de transparencia, pidiendo copia simple, en formato digital, de la versión pública del contrato para inaugurar la Velaria con el concierto de Flans y Pandora, sin embargo, la primera respuesta fue que para obtener la información se debía acudir a Saltillo. 

“Le comunico que, a fin de garantizar su derecho de acceso a la información, se pone a disposición para consulta la información requerida en calle Victoria #608 tercer piso, zona centro de esta ciudad (Saltillo), a partir del día 14 de diciembre al 20 del mismo mes de 12 a 14 horas”.

Despacho del ejecutivo pide al solicitante acudir a Saltillo para buscar el contrato de Flans y Pandora.

El 14 de diciembre de 2023 fue presentado un recurso de revisión al Despacho del Titular del Ejecutivo (dependencia que pidió al solicitante ir a la oficina central para buscar la información) para exigir, a través del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, se hiciera efectivo el modo de entrega del documento en formato digital que avalara la contratación de Flans y Pandora. 

“Por todo lo anterior, resulta procedente revocar la respuesta del sujeto obligado objeto de la pregunta originalmente planteada y entregue la información en versiones públicas”, sentenciaron los comisionados del ICAI.

Fallo a favor de recurso de revisión que obliga al despacho del ejecutivo a entregar la información vía electrónica. 

Pese al mandato del ICAI, en aras de garantizar el acceso a la información pública, el Despacho del Ejecutivo no facilitó el contrato que sostuvo con Flans y Pandora y/o la empresa que las representa: Blu Management S.A de C.V, de acuerdo con el sitio oficial de la gira de ambas agrupaciones.

Nuevamente se solicitó el contrato al Despacho del Ejecutivo, dependencia que, en principio de cuentas, fue quien asumió la responsabilidad de la organización de la despedida de Miguel Riquelme con la inauguración de la Velaria, así como a la Secretaría de Finanzas y a la propia Administración General del Estado de Coahuila.

El Despacho del Ejecutivo, a través de la jefatura de gabinete y proyectos estratégicos contestó, primeramente, que sólo podían entregar la información en formato físico en Saltillo. Después, contestó que no era el sujeto obligado adecuado, pero que la búsqueda de la respuesta iba a costar al solicitante 24 mil pesos. El documento fue firmado por el titular de la unidad de transparencia de la jefatura de gabinete y proyectos estratégicos, Eduardo Sosa Ferrer.

Administración fiscal del estado de Coahuila solicita 24 mil 243 pesos para buscar la información.

Después de recibir reiteradas respuestas “de incompetencia” por parte de la Secretaría de Finanzas, Cultura, Ayuntamiento de Torreón, Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos y Educación, nuevamente el Despacho del Ejecutivo contestó a la pregunta, pero no envió el contrato requerido, sino una lista de funcionarios asignados a su dependencia que viajaron a Torreón para la inauguración de la Velaria del Centro de Convenciones.

Fue una lista de 14 funcionarios y funcionarias que viajaron al evento y cuyo cargo al erario, en viáticos, fue de 35 mil 164 pesos. Hasta el momento, es el único dato que ha liberado el Despacho del Ejecutivo en torno al costo total del concierto para inaugurar la techumbre.

Única información facilitada por el despacho del ejecutivo sobre los gastos relacionados con el concierto de Flans y Pandora en la Velaria del Centro de Convenciones de Torreón.

El 18 de enero de 2024, la directora del Centro de Convenciones de Torreón, Lorena Safa, anunció el primer concierto “abierto al público” en la Velaria del lugar. La agrupación musical Matute fue la primera en presentarse en el recinto tras el evento inaugural de Flans y Pandora.

Matute fue gestionado por la empresa Show Case Entretenimiento, del promotor de espectáculos, Jorge Mata, según el acta constitutiva inscrita en el Registro Público del Comercio. 

Flyer que circuló en redes sociales, el día del evento, sobre el concierto de Flans y Pandora para inaugurar la Velaria.

A través de una solicitud de información, se preguntó al Despacho del Ejecutivo, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Cultura y Ayuntamiento de Torreón sobre los contratos que se han firmado con Show Case Entretenimiento S.A de C.V, empresa que aparece en el padrón de proveedores de la entidad, sin embargo, al corte de esta investigación, los sujetos obligados no han respondido, pese a que la fecha estipulada por ley venció el pasado 20 de mayo de 2024.

El Ayuntamiento de Torreón solicita prórroga para entregar los contratos contraídos con Showcase Entretenimiento, empresa que organiza los conciertos en el Centro de Convenciones de Torreón.

Para conocer los detalles del convenio entre ShowCase Entretenimiento y el Centro de Convenciones, se contactó a Jorge Mata, socio de la empresa, sin embargo, no respondió a los mensajes enviados a su contacto personal.

Por otro lado, se pactó una entrevista con Lorena Safa, directora del Centro de Convenciones de la ciudad de Torreón, pero antes de la cita postergó la entrevista y después ya no contestó las llamadas.

¿Qué dice la ley sobre la organización de eventos masivos gratuitos?

En Coahuila no está normado cómo se debe utilizar el recurso público para organizar espectáculos masivos sin costo para la ciudadanía, ni tampoco está reglamentada la distribución de las entradas para garantizar que, al menos, todos y todas tengan oportunidad de disfrutar de un concierto o presentación con cargo al erario público.

La Ley de Protección Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza únicamente habla acerca de los permisos que promotores y empresarios tendrán que solicitar para garantizar la seguridad de las y los asistentes a un espectáculo masivo.

“ARTÍCULO 36.- Los promotores, organizadores o responsables de la realización de eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva, en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual deberán, previa a su realización, presentar a la autoridad municipal correspondiente un programa especial de protección civil acorde a las características de tales eventos o espectáculos, haciéndolo del conocimiento de la Subsecretaría. El contenido de este programa estará previsto en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de carácter municipal a que deban sujetarse”.

El diputado local en Coahuila por Morena, Antonio Attolini Murra, sugirió que pudo haber un mal uso del recurso público para la organización del concierto de Flans y Pandora en Torreón.

“La sospecha prevalece, el concierto que se hizo en la Velaria del Centro de Convenciones, la despedida, presumiblemente, del entonces gobernador, Miguel Ángel Riquelme, se puede sospechar y fundar de que es un evento privado porque no hay una reglamentación que permita saber por qué ese día y a esa hora ese espacio fue utilizado para eso”, comentó el legislador.

Por otro lado, Attolini agregó que las autoridades organizadoras del concierto deberían justificar a la ciudadanía el motivo por el cuál éste pudo haber sido benéfico para la sociedad.

“Que puedan notificar cómo es relevante, profundo y verdaderamente importante para la gente de Torreón, porque es un espacio público, no la sala de fiestas del gobernador o gobernadora en turno”, dijo.

El artículo cuarto de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, en su numeral quinto, define a un espectáculo público como “la representación, función, acto, evento, exhibición artística, musical, deportiva, taurina, cinematográfica, teatral o cultural, organizada por una persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al público con fines culturales, o de entretenimiento, diversión o recreación, en forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o especie.”

Artículo Quinto de la Ley de Espectáculos de la Ciudad de México.

En ese sentido, por ejemplo, en la Ciudad de México los espectáculos públicos organizados gratuitamente por las alcaldías deben garantizar que el contenido fomente la preservación de las tradiciones de las colonias, barrios y calles de la Ciudad de México. En Coahuila, por el contrario, no existen normas ni leyes que ordenen, jurídicamente, la organización de espectáculos masivos.

Rodrigo Gutiérrez, periodista independiente de Froji Mx, y quien se ha especializado en investigar lo que gastan los gobiernos en conciertos masivos públicos, particularmente en la Ciudad de México, explicó cuál es el fin de este tipo de eventos y cómo se ejerce el recurso.

“Aquí el problema es la opacidad, quizás no mentir, pero sí jugar con la narrativa para hacerle entender a la gente que es gratis”, dijo el periodista.

Espectáculos masivos sin regulación

Por omisión o decisión, en Coahuila no están reglamentados los protocolos para organizar espectáculos masivos gratuitos con dinero público. Sin licitaciones ni distribución equitativa de boletos o entradas, las y los funcionarios tienen la oportunidad de llevar a cabo este tipo de celebraciones sin ningún árbitro que regule su actuación.

José Palacios, ex director del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Saltillo, habló acerca de las áreas de oportunidad que existen en materia de organización de espectáculos masivos para la ciudadanía.

“No hay una reglamentación de cómo realizarse. Hay prácticas que se hacen, ya sea (por parte) de la institución o de organismos independientes a razón de cómo los distribuyen ellos (los boletos), si es por invitación, a través de redes sociales, invitación por grupos específicos, correo electrónico. Cae dentro del carácter que le quieran dar”, explicó Palacios.

El ex funcionario durante la administración de Isidro López Villarreal, dijo que sí puede haber eventos gratuitos, pero dirigidos a un público específico, como niños, adultos mayores, o personas de condiciones específicas, sin embargo, no como lo hizo el ex gobernador Riquelme con la inauguración de la Velaria.

“Podrías hacer una convocatoria abierta de grupos que presentan a Romeo y Julieta, sin embargo, tú quieres a Flans y a Pandora, nada más existen Flans y Pandora, son productos específicos, entonces ahí es una licitación directa”, indicó Palacios.

El especialista explicó que, una vez contratada a la agrupación, entonces se definen en el contrato los requerimientos específicos, tales como distribución de boletos, necesidades técnicas, logística de viajes, entre otros requisitos.

Al no haber regulación, Palacios dijo que la política de organización de conciertos y espectáculos masivos para la población, de manera gratuita, debería estar incluida en el Plan Estatal de Desarrollo.

“Es muy conveniente que todas esas acciones estén dentro de su plan de desarrollo, de establecer conciertos gratuitos o de acercar la cultura a grupos vulnerables o realizar producciones artísticas; debería estar contenido dentro de su plan de desarrollo”, agregó.

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 del Gobierno del Estado de Coahuila, en el apartado de cultura, no advierte ni proyecta la organización de conciertos gratuitos para la población.

Apartado de cultura dentro del plan estatal de desarrollo de Coahuila 2017-2023.

Gustavo García Torres, ex director del Teatro Fernando Soler en Saltillo y Coordinador de Artes Escénicas del Instituto Coahuilense de Cultura, consideró desde su expertise, que la fiesta que orquestó el ex gobernador Riquelme para inaugurar la Velaria del Centro de Convenciones no fue políticamente correcta.

“Entiendo que fue a la sorda, como dicen comúnmente, se sordearon. Ahí entraría lo que, en una opinión, es políticamente incorrecto, me estoy refiriendo a la acción política. Un gobierno ha de procurar acciones para el bien común, para el bien social, por eso hablamos de políticas públicas, política cultural”, dijo.

Agregó que el gobierno del estado de Coahuila y las instituciones que organizaron el concierto no generaron las condiciones necesarias para que la ciudadanía en general tuviera la oportunidad de acudir al espectáculo.

“En ese sentido, el gobierno no está realizando una acción políticamente correcta, ni está generando condiciones de accesibilidad para poder ingresar, para poder enterarse que habrá un evento que se pueda disfrutar”, comentó García.

Entre “Las mil y una noches” y “¿Cómo te va, mi amor?”, una Velaria que tomó más de tres años en ser construida y una fiesta cuyos costos se mantienen en la opacidad, el ex gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme y hoy candidato al Senado por la alianza PRI-PAN-PRD, se despidió de La Laguna, y de su gobierno. 

Hasta la fecha, el equipo de investigación continúa en búsqueda del documento que compruebe el gasto público ejercido para una reunión multitudinaria, que fue por invitación privada, sin acceso a cualquier ciudadano y ciudadana de la Comarca Lagunera y del estado de Coahuila. 

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Miguel Riquelme participó en el proceso electoral como candidato de la alianza Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, para el Senado de la República. Se hizo contacto con su jefa de prensa, Alejandra Fonseca, quien se limitó a decir que tenía dos eventos programados en Torreón, el primero el viernes 24 de mayo y el segundo el lunes 27 del mismo mes, sin embargo, no hubo acceso para cuestionar al entonces candidato.

A través de una llamada con Néstor Hurtado, jefe de comunicación de la dependencia, el funcionario prometió que se daría seguimiento al caso, sin embargo, hasta la fecha, no ha dado respuesta ni resuelto las quejas que, a su vez, fueron presentadas de manera formal como recurso de revisión ante la Plataforma Nacional de Transparencia.

Nafin a Torreón, la ocurrencia de AMLO sin sustento ni beneficio

Francisco Rodríguez | Semanario Vanguardia | Border Hub

El presidente López Obrador prometió descentralizar Nacional Financiera (NAFIN) y mandarla a Torreón. No solo no cumplió, sino que desde 2020 una empresa neoyorkina recomendó no relocalizar las oficinas, sin que se informara públicamente; y a cambio de eso… NAFIN redujo en 31 por ciento sus créditos en Coahuila.

La empresa Newmark Knight Frank, una inmobiliaria con sede en New York, hoy llamada simplemente Newmark, recomendó a Nacional Financiera desde el 2020, no mudar sus oficinas a Torreón, Coahuila, como lo había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando anunció un plan de descentralización de oficinas federales.

El 26 de febrero de 2020, el Consejo Directivo de Nacional Financiera (NAFIN) tomó conocimiento del informe de Newmark Knight Frank sobre la evaluación de relocalización de Nacional Financiera a Torreón, estudio que se le asignó a la empresa desde el 25 de enero de 2019, prácticamente dos meses después de haber tomado posesión el presidente López Obrador.

Públicamente, ni el presidente ni NAFIN dieron a conocer que desde el primer año se había decidido que las oficinas no se relocalizarían en Coahuila, pues las conclusiones de Newark Knigth Frank referían que Torreón carece de capital humano para la operación, la inexistencia de clientes y entidades reguladoras en la ciudad, la falta de inventario de oficinas, además de que construir nuevas, tomaría hasta cuatro años; la baja oferta de recursos humanos con perfil necesario, entre otras características adjudicadas a la ciudad.

Además, se concluyó que una mudanza a Torreón provocaría pérdida de competitividad y productividad, desgaste “excesivo” de personal, desvinculación de áreas, incremento en costo de nómina, falta de proveedores con nivel de especialización que se demandan, entre otros rubros.

El presidente López Obrador ha reconocido que la descentralización es un tema pendiente y el 11 de enero de este año dijo que la pandemia afectó “bastante”. Además, mencionó que se tienen que crear las condiciones “porque muchos trabajadores necesitan tener facilidades para sus viviendas, las escuelas de sus hijos; o sea, es un proceso que se tiene que ir logrando”.

Aunque habló en términos generales y destacó avances de descentralización en Energía, Conagua o Cultura, no dijo que en caso de NAFIN la empresa Newark Knight Frank recomendó no sacar a Nacional Financiera de la Ciudad de México.

En su conclusión, Newark Knight Frank estableció que no hay condiciones para una migración y que pensar en migrar al 100% es “imposible”, además de que afectaría significativamente la operación y la competitividad, independiente de los múltiples compromisos con entidades reguladoras y participación en comités fundamentales con otras entidades y el sector financiero nacional e internacional.

“Nunca le creímos al presidente que iba a hacer eso. No movió nada. Fueron anuncios que no tenían capacidad de realizarse porque no tenían fundamento”, comenta Francisco Antonio Serrano Camarena, economista e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Para representantes de organismos empresariales se trató simplemente de una promesa incumplida más del presidente. 

“Es fácil decirlo, pero al momento de hacerlo tuvieron complicaciones”, dice Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna. “Una promesa incumplida más”, añade Donato Gutiérrez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Torreón.

Sin embargo, Nacional Financiera no sólo no llegó a Torreón, sino que redujo su personal en Coahuila, su presupuesto en las oficinas locales y los créditos otorgados a empresas en la entidad, según respuestas a solicitudes de información.

Para el economista Serrano Camarena, NAFIN se “achicó” en términos de tamaño, apoyos, volumen de operaciones y dinero que manejaba, por lo que la parte de administrar y proveer financiamiento se lo dejó a la banca privada.

“Dejó a las empresas muy abandonadas”, señala el economista. 

NAFIN, a través de Hugo Loya Ortega, subdirector de Mercadotecnia, aseguró en un correo que se ha “potencializado a las empresas locales para promover el desarrollo económico”, que de 2022 a 2023 los créditos y garantías en Coahuila ascendieron a 8 mil millones de pesos y se atendieron a cerca de 14 mil empresas; que de 2022 a 2023 creció 10% el monto de créditos y garantías, y que en conjunto, NAFIN y Bancomext, reportan un crecimiento de 9% en los montos y garantía de 2019 a 2023.

Sin embargo, Semanario solicitó por transparencia los créditos desde 2012 a 2023 y la Dirección de Programación Financiera de NAFIN entregó datos que reflejan una reducción del 31% en la cantidad de dinero otorgado al sector privado acumulado de Coahuila, a comparación de los cinco años anteriores. 

Esto a pesar de que NAFIN es una institución de banca de desarrollo que tiene como objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, según su propia Ley Orgánica.

Las nuevas oficinas de NAFIN en Torreón fueron inauguradas en septiembre de 2019, sin que se informara que se había mandado realizar un estudio que recomendó no relocalizar la banca de desarrollo. Fotografía: Francisco Rodríguez.

NAFIN se achicó

NAFIN otorgó 14 mil millones de pesos menos al sector privado acumulado de Coahuila de 2019 a 2023, a comparación de los cinco años anteriores, según una relación entregada por transparencia.

Además, el número de beneficiados también decreció, pues pasó de 263 mil 29 a 169 mil 89 en los últimos cinco años de la administración, una disminución del 35.7%.

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María del Carmen Reyes García, encargada de la comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex Laguna, observó la reducción de los programas que se tenían, pues mientras antes había programas sectorizados a mujeres o jóvenes, ahora sólo existe un producto, que es el Financiamiento Empresarial NAFIN.

“El tema de los financiamientos sí ha sido complicado en la parte de la accesibilidad. No podemos tapar el sol con un dedo”, menciona Reyes García.

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Hay 45 pozos con arsénico y flúor en Coahuila y las autoridades siguen desarticuladas para mejorar la calidad del agua

Lucía Pérez Paz | Border Hub

La contaminación del agua en Coahuila ya se extendió fuera de la región Laguna. Entre 2012 y 2022, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) detectó cuatro pozos con altas concentraciones de arsénico y flúor fuera de la comarca lagunera. Cuatro Ciénegas, Juárez, Ocampo y Saltillo están en la lista. Esta investigación revela cómo la vigilancia del agua no se realiza en la totalidad de los pozos, ni de manera periódica y coordinada con los municipios, lo que impide que los ciudadanos conozcan la calidad del agua en sus hogares. 

En México el agua es considerada un asunto de seguridad nacional. Desde la Constitución Mexicana hasta las leyes locales establece que debe llegar limpia a cada ciudadano. La Ley de Aguas Nacionales otorga a los tres niveles de gobierno la responsabilidad de distribución, bajo la coordinación de CONAGUA por ser la  encargada de administrar el agua. 

Sin embargo, esta investigación revela que no existe coordinación, que no hay monitoreos en tiempo real en los municipios de Coahuila, ni se examinan todos los pozos de donde se extrae el agua subterránea. 

Rosario Sánchez, científica coahuilense e investigadora de la Universidad de Texas A&M  identificó la falta de transparencia como el mayor problema porque los ciudadanos ignoran qué están bebiendo. 

“Es un  problema de transparencia, porque no lo sabemos, no lo conocemos, no hay un banco de datos de información histórica, ni siquiera escenarios de los acuíferos, y no hay monitoreo en tiempo real”, declaró Sánchez.

Para conocer la calidad del agua en la entidad y las acciones aplicadas, se realizaron 53 solicitudes de información a los 38 ayuntamientos de Coahuila, organismos municipales, estatales y a la CONAGUA. 

Al sistematizar la información se detectó la presencia de contaminantes como arsénico, calcio, dureza, sulfatos y fluoruro en 79 sitios, que abarcan doce municipios.

Este reportaje se centrará sólo en 45 de estos 79 sitios, por ser los que presentan altas concentraciones de fluoruro y arsénico. 

Estos 45 pozos se encuentran en ocho municipios: Torreón, Francisco I Madero, Matamoros, Viesca,  Ocampo, Cuatro Ciénegas, Juárez,  y Saltillo

Toxicólogos y químicos consultados indican que el arsénico y el flúor son catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como dos de las diez sustancias químicas de mayor preocupación para la salud pública.

Juan Manuel Ledón, Director Ejecutivo de EcoSite dedicados a ofrecer asesoría, vinculación y capacitación en proyectos socio ambientales, advirtió que la exposición prolongada a estos elementos puede desencadenar problemas de salud como cáncer de vejiga, de piel, hígado, daño cognitivo, fluorosis esquelética y alteraciones al sistema inmune. 

Coincidió con Rosario Sanchez, al indicar que en México ha habido un nivel muy alto de opacidad en cuanto a la información, pero sobre todo a la sanción en el incumplimiento de la NOM-127-SSA1-2021 (NOM 127), cuando se trata de agua que se distribuye a la población.

Agregó que, “esto es responsabilidad de CONAGUA y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), pero básicamente la población en general no conoce la relación entre la calidad del agua y los riesgos a la salud.  Esto se ve muy presente en zonas que tienen altas concentraciones desde el origen, tanto de arsénico como fluoruro que son estados del centro y norte del país”.

En Coahuila no se reconoce la presencia de flúor o arsénico fuera de la Laguna. Antonio Nerio, quien fue  titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de julio de 2018 a noviembre de 2023, aseguró que la CONAGUA no informó del problema. 

¿Cómo se regula la calidad del agua?

Es la NOM-127 por la que se rigen todos los organismos operadores del país para garantizar que el abastecimiento de agua para uso y consumo humano no provoque enfermedades. 

Gracias a la publicación del libro Hacia el cumplimiento del Derecho Humano al Agua, Arsénico y fluoruro en agua: riesgos y perspectivas desde la sociedad civil y la academia en México, se sabe que la salud pública en Coahuila no sólo se ve amenazada por el arsénico, sino por el fluoruro. Además, el estudio cuestiona los índices establecidos en la norma mexicana. 

En México los valores permisibles son de 1.5 miligramos por litro para el flúor, que en 2022 se cambió en la NOM-127 para que de manera paulatina baje a 1 mg, pero según el libro, organismos internacionales han establecido límites menores, debido a los efectos en la salud,  se sugiere que sea de 0.7 mg en el caso del flúor.

En arsénico el límite era de 0.025 mg y en 2023 se bajó a 0.010 mg por litro, como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo de estos cambios es que el agua sea de calidad, como lo marca la Constitución Mexicana en su artículo 4.

En el caso de los ayuntamientos, la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, el artículo nueve establece que deben de pedir asesorías y asignaciones a CONAGUA para su correcta explotación. 

Sin embargo, la coordinación no es una de las fortalezas, la CONAGUA no cuenta con oficinas en el estado, están en Monterrey. Aunque se solicitó al área de comunicación social una entrevista sobre el tema, no se obtuvo respuesta. 

No obstante, en el artículo 7 de la  Ley de Aguas Nacionales, la importancia del agua se eleva a un asunto de seguridad nacional.

Para Antonio Nerio, ex titular de la CEAS, el agua no es tratada como un asunto de seguridad nacional. 

“(…) esos pozos donde se extrae el caudal, no digo en Coahuila, en todo México, a veces están de manera muy rudimentaria, con una cerca y a veces ni siquiera eso, a veces nomás un velador (está)  ahí con un perrito”, expresó el ex titular de la CEAS.

Ejemplo de resguardan de pozos de agua. Pozo ubicado en Ramos Arizpe
Autora: Lucía Pérez Paz

Código rojo: arsénico y flúor en La Laguna

Vía transparencia, la CONAGUA proporcionó informes realizados de 2012 a 2022, que muestran que la región más contaminada es La Laguna de Coahuila. Se detectaron 41 pozos con altos niveles de arsénico, superiores a los establecidos por la norma mexicana. 

El problema de arsénico en la región Laguna, que abarca municipios de Coahuila y Durango, se detectó desde la década de los 70. Cada año, asociaciones civiles piden que se resuelva el problema, mientras que se desconoce el impacto que ha tenido en los habitantes de la región.

Por ello, el Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH) ha luchado para que se reconozca la presencia del arsénico como un asunto de salud pública crónico, y que se haga un diagnóstico integral a la población para determinar los alcances de la enfermedad.

Esta insistencia los llevó a interponer con éxito el amparo identificado con el número 1199/2022, resuelto a su favor en 2023, en el juzgado 4 de Distrito en La Laguna, para que haya atención a la ciudadanía.

Entre las acciones implementadas para que los laguneros reciban agua de calidad se encuentra el Proyecto Agua Saludable, con una inversión estimada de 14,793 millones de pesos. 

El pasado 22 de diciembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudió a inaugurar la primera etapa del proyecto Agua Saludable. Reconoció que ya no se podría mantener la situación del consumo de agua con arsénico, por ello la urgencia de la obra.

Sin embargo, el agua saludable sigue sin llegar. No ha alcanzado los estándares de la norma mexicana en esa región.

El área de comunicación social de Lerdo, en la región Laguna de Durango, confirmó para este reportaje que, al 20 de enero de 2024, el Sistema de Agua Potable de ese municipio recibía 220 litros de agua por segundo del programa federal y aún estaba contaminada.  Reflejaron niveles de arsénico de 0.015 mg cuando la norma establece como máximo 0.010.

Cuatro Ciénegas y Ocampo

El municipio de Cuatro Ciénegas ha atraído la atención de científicos de todo el mundo porque existen bacterias que pueden explicar la evolución de la tierra, sin embargo, la subdirección General Técnica, Gerencia de Aguas Subterráneas de la CONAGUA reveló en la Actualización de la Disponibilidad Media Anual 2023, que prevalece el problema de la sobreexplotación del agua. 

A ello se suma la contaminación del agua. De acuerdo con la información proporcionada por CONAGUA, el uso del agua se limita al agrícola.  

En respuesta a solicitud de información, CONAGUA indicó que el punto con mayor contaminación es el pozo El Hundido 1, ubicado en Cuatro Ciénegas, a 54 kilómetros de su centro histórico, entre las localidades de Torrebario y El Hundido, zonas con no más de 50 habitantes.

En este pozo se presentaron índices de flúor de  2.5 a 3.1 miligramos por litro, entre  2013 y 2022, además, de 0.019 a 0.025 miligramos de arsénico, lo que se traduce en más del doble de lo permitido por la NOM 127. 

Otro de los lugares con concentraciones preocupantes de estos elementos es el pozo número 6  Peñoles en el municipio de Ocampo, a 43 kilómetros de la localidad obrera, Laguna del Rey. 

Los datos indican que, en estudios del 2022 se detectaron niveles de flúor de 2.8 mg  y 0.013 mg  en arsénico.

A ninguno de estos lugares llegará el programa de Agua Saludable.

Flúor en pozos rurales de Saltillo

Los reportes proporcionados por CONAGUA revelan que en un pozo ubicado en la zona rural de Saltillo se detectó la presencia de flúor. Se trata del Pozo 1 Rancho La Chiripa, ubicado a 41 kilómetros del centro. 

Esta localidad también se encuentra a 6.8 kilómetros del conocido ejido vitivinícola, San Juan de la Vaquería, en donde se cuenta con una población aproximada de 1,300 personas, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

El Pozo 1 Rancho La Chiripa es un caso  grave, porque la norma mexicana establece un rango máximo en flúor de 1.5 miligramos por litro, pero en este caso, la cifra casi se duplica, está en 2.8 mg, según el último análisis disponible, que fue realizado en 2022.

De acuerdo con los datos proporcionados, en el periodo de tiempo analizado, que va del 2012 al 2022, los rangos presentados van de 2.2 a 2.8 mg. En todos los años se rebasó la norma. Está en semáforo rojo.

Semáforo amarillo

De los estudios de CONAGUA a los que se tuvo acceso, destacan tres pozos más fuera de la mancha urbana de Saltillo. Aunque no sobrepasan los rangos establecidos por la NOM 127, sí está por encima de 1 mg de flúor.

Este es el caso del pozo identificado como Cañón de Derramadero 2, en la secundaria Técnica número 12 del ejido Derramadero. El monitoreo realizado en 2022 arrojó 1.49 mg por litro en flúor. 

El segundo punto en semáforo amarillo es el pozo identificado como Rancho La Pila, en San Juan de la Vaquería, con un índice de flúor de 1.37 mg. 

El tercer pozo con rango superior a 1 miligramo por litro es Cañón Derramadero 1, ubicado en la comunidad Agua Nueva, la más poblada del municipio de Saltillo, con 1,566 personas. 

En 2018 presentó 1.07 milagros por litro en flúor, siendo el último reporte de la CONAGUA. Después de ese año, no se cuenta con más registros de monitoreo en el sitio. 

45 pozos en Coahuila contienen flúor o arsénico. Sobrepasan lo establecido en la NOM 127.
Autor: Edgardo Barrera

Mi responsabilidad es con la mancha urbana: AGSAL

Al cuestionar al Gerente General de Aguas de Saltillo (AgSal), Jordi Bosch Bragado, por los estudios de calidad de agua, aclaró: “Nosotros tenemos responsabilidad en la mancha urbana”.

El caso de Saltillo es particularmente especial, porque desde el 2001 se realizó una alianza público privada con la empresa Aguas de Saltillo para que se encargue del abastecimiento del agua.

En entrevista exclusiva, el gerente general de Agsal, Jordi Bosch Bragado, explicó y negó de manera tajante que el agua de la zona urbana de Saltillo contenga flúor o arsénico. 

Indicó que cuentan con un laboratorio de alta tecnología donde se analizan cientos de muestras y en ningún momento se han detectado estos elementos. 

Laboratorio de Calidad del Agua. propiedad de AgSal.
Autora: Lucía Pérez Paz

Durante una visita a dicho laboratorio, la Jefa de Calidad y Seguridad, Sonia Armendáriz, confirmó que los estudios solo se realizan en la mancha urbana.

¿Qué pasa con los ejidos?, se le preguntó.

“Nosotros, como está en el contrato de asociación, solamente damos servicio y también, obviamente, el monitoreo, a la mancha urbana. En ejidos no tenemos nosotros autoridad para poder entrar”, respondió.

Explicó que el laboratorio se instaló en 2016, y en 2018 logró la aprobación de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C., organismo encargado de certificar laboratorios.

“Hacemos un muestreo diario. La NOM 127 establece 20, nosotros hacemos de 23 a 25”, dijo.

Las tomas de muestras las realizan de manera directa en los domicilios y los pozos. Aseguró que en ninguno de los casos han tenido datos de preocupación.

Dijo que no han sido notificados de que CONAGUA haya informado sobre la presencia de contaminantes.

“No nos ha tocado para temas de calidad del agua que nos vengan a hacer algún tipo de muestreo. Sí nos piden informes cada seis meses o cada año de los resultados de calidad”, respondió.

Realización de monitoreo de calidad del agua en mancha urbana de Saltillo.
Autora: Lucía Pérez Paz

Cada quien sus datos

A través de la revisión de información, bases de datos y entrevistas, se observa una falta de homologación de acciones para que los ciudadanos reciban agua de calidad. 

En las solicitudes de información a los 38 municipios se preguntó sobre las acciones que implementan, once no respondieron, diez más indicaron que aplican cloro para sanear el agua. 

En este caso, se consultó al toxicólogo Gonzalo García Vargas, quien es catedrático en la Universidad Juárez del Estado de Durango, quien explicó que esta medida ayuda a eliminar bacterias, pero no a remover flúor o arsénico. 

Otros municipios, como Viesca, respondieron que no cuentan con información sobre la calidad del agua. 

Dentro de los municipios que respondieron, seis no informaron el procedimiento en que el agua es analizada y es tratada para consumo humano. Municipios como Sierra Mojada y Nadadores se limitaron a indicar que realizan campañas de concientización. Se centran en factores externos, porque indicaron mantener vigilancia cerca de los lugares donde se hace la extracción para evitar que animales defequen o que ciudadanos tiren la basura. 

En Villa Unión dijeron que es un municipio pequeño y no tienen problemas de contaminación del agua. 

Es importante recalcar que el agua no solo se contamina por acciones de la industria, o por animales. 

¿Cómo se contamina el agua?

La especialista María Degracias Ortiz Pérez, describe en el libro Hacia el Cumplimiento al Derecho del Agua que el flúor y el arsénico son contaminantes orgánicos que están presentes en el agua. 

“El origen del agua subterránea está en la precipitación atmosférica, cuando la lluvia cae, una parte es utilizada por las plantas y el suelo, otra parte escurre hacia los cauces, otra se evapora y el resto se infiltra recargando el agua subterránea. El agua permanece en contacto con las rocas que forman el acuífero y dependiendo de los componentes de las mismas podrá disolver ciertos minerales y de esta forma, dar origen a una contaminación natural”

Antonio Nerio, ex titular del CEAS, dijo que, “la contaminación se debe a la sobreexplotación del acuífero, porque cada vez estamos sacando agua más profunda y es donde están los sedimentos o mayores concentrados de estos metales pesados”.

Flúor se pega en los huesos

El flúor es un elemento que está pasando de ser el bueno, al malo de la película, así lo describió el doctor Gonzalo Gerardo García Vargas. Durante los años 60s se le hizo mucha publicidad  porque fortalece el esmalte de los dientes.

El doctor Gonzalo García dijo que los focos de alerta se prenden cuando el consumo sube de 1.2 a 1.5 miligramos por litro. 

Juan Manuel Ledón, experto en el tema, explicó que el flúor normalmente no se asocia con una sustancia potencialmente tóxica, porque también se encuentra en las pastas de dientes, para ayudar a prevenir caries, pero tiene la característica que en exceso causa daño al organismo. 

Existe una creciente preocupación sobre los efectos adversos si se consume en dosis mayores a 1.5 miligramos, pues se ha encontrado que afecta el cerebro y produce un daño cognitivo al reducir hasta en 5 puntos su IQ. 

Otro de los daños que causa son disfunción de la tiroides, daño renal, hepático y cardiopatías.

El daño a los huesos es otro de los problemas comprobados. Laura Vázquez Ayala que estudia el doctorado en Ciencias de Bioprocesos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha estudiado el tema. Cuando cursaba la licenciatura realizó una investigación sobre el efecto del flúor en las células de los huesos. 

En entrevista explicó que el trabajo se hizo de manera in vitro, es decir experimentos en áreas controladas, donde exponía células de huesos a diferentes cantidades de flúor. 

Laura notó que a partir de 1.5 mg por litro se observaban alteraciones morfológicas en las células.

“El flúor tiene la capacidad de atraerse por otros elementos, como es el calcio, que está presente en los huesos”, explicó. 


Laura Vázquez explicó que entre las enfermedades que se desarrollan al estar expuestos a grandes cantidades, más de 2 mg, está la fluorosis que es una condición médica en la que existe una acumulación excesiva de flúor en los tejidos, lo que va a provocar cambios en su estructura. La gravedad de la enfermedad va a depender de la exposición, porque no sólo se ingiere a través del agua, sino en pastas dentales o comidas como pescado.

Esta condición hace los huesos más quebradizos, frágiles y se asocia con la calcificación en tendones, osteosclerosis, y deformidades. 

El flúor causa daños en los huesos y el cerebro.
Autor: Edgardo Barrera

Arsénico se infiltra en el cuerpo

La doctora Luz María Razo, coordinadora del libro “Hacia el cumplimento del Derecho Humano al agua” declaró en entrevista que una vez que se ha ingerido arsénico a través del agua, este es absorbido en el intestino y se distribuye por la sangre. 

Incluso, se indica en el libro que se ha encontrado arsénico en la sangre del cordón umbilical, es decir que, si la madre toma agua contaminada, el hijo está expuesto desde antes de nacer. 

En el caso del arsénico, en el libro se revela que se ha comprobado que afecta órganos como pulmón, hígado, vejiga, próstata, riñón y la piel, desarrollando cáncer. 

Además de daño cardiovascular, alteraciones respiratorias, e incremento de abortos espontáneos. 

En niños, afecta la respuesta de su sistema inmunológico y en los fetos, causa incremento en la susceptibilidad de enfermedades.

Exposición prolongada al arsénico causa cáncer.
Autora: Lucía Pérez Paz

Los datos del Estado

La CEAS respondió, vía transparencia, que cuenta con un Programa de Monitoreo de Cloro Libre Residual que tiene el propósito de evaluar las condiciones de potabilidad del agua para uso y consumo humano en el estado, es decir, que esté libre de bacterias.

En los últimos tres años, se realizaron un total de 3,330 monitoreos, de estas tomas, 126 muestras detectaron niveles de contaminación.

La CEAS informó que los municipios que cayeron en incumplimientos recurrentes fueron: Matamoros, Torreón, General Cepeda, Nadadores y Castaños. 

Antonio Nerio dijo que fuera de la región Laguna no se tiene conocimiento de metales pesados. Reiteró que CONAGUA no les ha informado sobre la detección de arsénico o flúor. 

Urgente un cambio de paradigma

La negación del problema, la falta de información y de soluciones son parte de los problemas que identifican los expertos entrevistados. 

En el estado de San Luis Potosí han asimilado el problema y la sociedad ha levantado la voz en busca de soluciones. 

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La investigadora Laura Vázquez vive en San Luis, una de las zonas del país con alta presencia de flúor, y ha dedicado gran parte de su desarrollo profesional a la investigación del impacto que tiene en la salud. 

Además de generar conocimiento, es divulgadora científica y es conocida en sus redes sociales como Laura de la Ciencia. 

“Siento que falta mucha concientización sobre lo que pasa en el tema. Más ahora que se habla del desabasto de agua potable y es donde empieza a haber interés sobre lo que contiene el agua, porque ahora se sobreexplotan más los mantos acuíferos para sacar agua a la población”. 

El despertar de conciencia e interés empieza a darse en el país a través de grupos de activistas, científicos y académicos que impulsan acciones en el gobierno. Ejemplo de ello es el Inventario Nacional de Calidad de Agua que nació en octubre de 2015. 

Esta iniciativa logró visibilizar y ofrecer información confiable y actualizada sobre la calidad del agua de uso y consumo humano. 

Juan Manuel Ledón indicó que, “desde un inicio, el principal objetivo fue enfocarse en las zonas que presentan altas concentraciones de agua subterránea para diseñar e implementar acciones, iniciativas y estrategias para la solución de sus problemáticas”. 

Se han organizado a través de alianzas ciudadanas para dar a conocer a la comunidad y a las autoridades sobre los riesgos de salud asociados a este problema.

Sin embargo, en Coahuila, el tema del agua se ha enfocado en la adquisición. El entonces titular de la CEAS, Antonio Nerio, dijo que en La Laguna se buscará usar en su mayoría agua de presas. 

En Saltillo, Jordi Bosch, gerente de Agsal, dijo que el cambio climático ha obligado a implementar medidas, “perforar más e ir más lejos, serían las dos acciones principales”. 

Lo anterior ha sido criticado por la investigadora Rosario Sánchez, que declaró que el problema se centra en la administración del agua. Consideró que antes de buscar perforar más, debe darse vuelta al agua que ya se tiene, a través de plantas tratadoras. 

Fue tajante al indicar que la administración del agua debe descentralizarse  y ser manejada con mayor responsabilidad, transparencia y eficiencia para que los ciudadanos conozcan la situación que guardan los acuíferos y la relación que se tiene en la vida diaria.

Concluyó: “El problema es que todo (nuevas perforaciones) tiene un impacto en la calidad del agua. A menor cantidad, menor calidad”.

Toboganes millonarios en El Coromuel: años en desuso y acabaron en desfalco

Héctor Romero | Border Hub

En 2009 el entonces gobernador del Estado de BCS, Narciso Agúndez Montaño, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidió la inauguración de la remodelación del balneario El Coromuel en La Paz, la cual abarcó un área de 22 mil 218 metros cuadrados con un costó mayor de 70 mdp, de estos 10.5 mdp fueron para la instalación de 3 toboganes que fueron subutilizados en sus años de vida.

En 14 años los toboganes no tuvieron un funcionamiento continúo, en el transcurso de ese tiempo uno fue removido y los que quedaron fueron retirados por la misma administración portuaria entre julio y agosto de 2023, bajo la dirección de Narciso Agúndez Gómez, hijo del exgobernador, hoy integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al final, retirar los 3 toboganes fue un gasto adicional de alrededor de 816 mil pesos. 

Pese a este escenario, aquel año de reapertura el lugar fue renombrado como “Parque Acuático El Coromuel”.

En 2009 el exgobernador del Estado de BCS, Narciso Agúndez Montaño encabezó la inauguración de la remodelación de El Coromuel, con un costo superior a los 70 mdp; alrededor de 15 millones fueron destinados a la adquisición e instalación de toboganes acuáticos.

Formaron parte de esta inauguración: Benjamín Díaz, director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Turismo (SECTUR); Brian Westall González, entonces director de API; Luis Armando Díaz, quien en ese momento era secretario General del Gobierno, siendo hoy diputado del Congreso del Estado de BCS y el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz.

Como parte del proyecto de remodelación de El Coromuel, la API diseñó cuatro áreas generales: zona de familias, para niños, el foro o teatro al aire libre y una zona para jóvenes. En este marco le dio forma a un estacionamiento, construyó espacios para oficina, locales comerciales, zonas para restaurantes, un muelle, colocó palapas, entre otras obras que incluyeron la implementación de los toboganes así como otros establecimientos no concretados, como un restaurante. 

La adquisición y colocación de los deslizaderos fue contemplado en el contrato APIBCS-A-011-08 denominado “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBOGANES Y EQUIPO PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL PARQUE ACUÁTICO EN EL COROMUEL, EN LA PAZ, B.C.S.”; documento que ya no se encuentra entre los archivos de la administración portuaria, según respondió a una solicitud de transparencia.

En entrevista, Brian Westall, entonces director de API, informó que los toboganes operaron sin ningún problema, expuso que hasta el final de su administración en 2011, la operación de los equipos funcionaban hasta por cuatro días de la semana; había personal al inicio y la parte final de los toboganes para recibir a quienes se deslizaban.

Asimismo destacó que fue de suma importancia el aprovechamiento de la playa como área pública, rediseñada para favorecer actividades sociales y recreativas, esencialmente para el uso de los paceños, pero favoreciendo la proyección turística. Además de los sanitarios, enfatizó el trazado de áreas inclusivas. 

Los primeros dos años de vida de los toboganes, de 2009 a 2011, se utilizaban de jueves a domingo. Así lo informó en entrevista el exdirector de la API, Brian Westall Gónzalez. 

Por otro lado, dijo desconocer por qué los toboganes no se habían mantenido en operación los años siguientes, cuando sus predecesores en el cargo al frente de la API argumentaron que la falta de orden jurídico y el alto costo del consumo eléctrico hacían difícil el funcionamiento. 

“Desconozco las razones por las cuales dejaron de operarlos, yo los operé sin problemas… trabajamos de jueves a domingo. No recuerdo problema en el orden jurídico, lo que requería mayor mantenimiento eran las bombas de agua”, argumentó. 

Westall resaltó que el suelo del balneario fue hecho con una mezcla especial para reducir el costo de mantenimiento y que la idea quedó escrita en el uso de materiales, el objetivo era que el lugar generará lo mínimo en gastos para mantenerlo en pie. 

Agregó que el proyecto Parque Acuático El Coromuel ganó el primer lugar a nivel nacional en el Premio Obras CEMEX, que reconoce las mejores prácticas arquitectónicas y constructivas que utilizan el concreto de forma innovadora, con enfoque sustentable y de bienestar social.

Pese a este contexto, en 2014 Jesús Robles González, director en turno -quien posteriormente pasaría a ocupar el puesto de director de Movilidad y Transporte del Estado de BCS-, declaró que la subutilización del inmueble, que incluía los toboganes, era una situación heredada del periodo de gobierno de Narciso Agúndez, ya que el sitio no había quedado legalizado ante la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y por lo tanto era un sitio sin registro como propiedad del gobierno estatal.

El director expresó que poner orden jurídico a El Coromuel podría ser el mayor avance de su administración respecto a este espacio. 

Ese mismo año el director de turismo de La Paz, Pedró Aguilar Barzúa, informó que dos toboganes serían reactivados por una empresa privada con una inversión menor a 80 mil pesos, recurso que fue destinado para poner en funcionamiento “las bombas de caballaje” y comentó que se hacía inevitable el pago de una cuota de recuperación de 30 pesos para el uso de los toboganes.

En 14 años, los espacios diseñados para el Balneario El Coromuel nunca han sido utilizados en su totalidad, este hecho ha sido señalado por Lucía Frausto del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz.

API anunció más gasto público en Coromuel 

Entre julio y agosto de 2023 las autoridades portuarias anunciaron una nueva remodelación para la playa El Coromuel. El actual titular de la API, Narciso Agúndez Gómez, hijo del exgobernador, anunció que iban a remover la estructura porque representaba un riesgo para los visitantes.

En un video compartido por la periodista local Zarahí Hamburgo el 25 de julio, el funcionario anunció que el objetivo era realizar nuevas remodelaciones al lugar con el diseño de más áreas de esparcimiento para personas con discapacidad, siendo estas un distintivo del balneario, además buscarían reforzar la identidad social del lugar, como punto de encuentro y de recreo para la población local y para los turistas de La Paz. Al menos así se planteó entonces. 

De acuerdo con un documento oficial emitido por medio de la PNT, las piezas retiradas de El Coromuel fueron donadas al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario de la IV Zona, ubicado en la capital. 

Según explicó en entrevista el comandante Víctor Murillo a cargo del lugar, los toboganes fueron donados a su solicitud y la API se comprometió a apoyar con el acomodo de los mismos en lo que se esperaba fuera una pista de obstáculos para los jóvenes elementos del Pentathlón. 

En las instalaciones del instituto militarizado se observa el resto de los toboganes distribuidos en desorden en distintos puntos del campo, donde fueron colocados a la espera de ser aprovechados.  

Al respecto Ulises Casimiro Murillo Estrada, primer Oficial, director de los cursos militarizados del Pentathlón compartió, en un recorrido por el lugar, que los cursos que se imparten han sido elaborados por profesionales en educación física y buscan el desarrollo intelectual y motriz de los menores. Reiteró que el uso de los restos de los toboganes como parte de una pista de obstáculos, sería para el logro de dichos objetivos. 

Hasta hoy, los restos de los toboganes lucen desmantelados y cada día son consumidos por el paso del tiempo y el óxido, que avanza centímetro a centímetro.

El resto de los toboganes descansan en las áreas abiertas del Pentathlón en espera de ser montados para una pista de obstáculos. 

Ciudadanos deben esforzarse en cuidar espacio públicos: Cómo Vamos La Paz

Sobre el tema, la directora del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, Lucía Frausto resaltó que el proyecto ejecutado en El Coromuel concebía el espacio como parte de un corredor de actividades deportivas y sociales, es decir, sería una extensión del malecón de la ciudad de La Paz. Un lugar que nunca había sido aprovechado al 100% y con áreas subutilizadas. 

Respecto a los toboganes mencionó que representaron un gasto en vano, ya que tampoco se mantuvieron en funcionamiento como la ciudadanía lo esperaba.

“Ahora sí que no es una opinión ni un punto de vista, son datos, efectivamente no se utilizaron nunca. Esos toboganes se sabía que no se iban a poder usar. Fue completamente inútil”, dijo.

Haciendo paréntesis, cabe recordar que en los primeros años de vida de los toboganes se registraron accidentes de personas que se deslizaban por ellos. La altura y la distancia sobre el agua no era la idónea y cuando la marea bajaba resultaba más evidente. Por eso hubo que colocar personal de apoyo al final del deslizamiento. 

Por otro lado Lucía Frausto también comentó que los ciudadanos no son fáciles y al ser parte del problema, a veces no son un ejemplo a seguir, por lo que deberían de esforzarse más por apreciar y cuidar espacios como El Coromuel, que siguen siendo de uso público.

Es importante mencionar que antes de la remodelación, El Coromuel estaba en abandono debido a la falta de atención por parte de las administraciones estatales anteriores a la de Narciso Agúndez, por lo que el correcto orden jurídico era un pendiente que acompañaba al lugar y al gobernante en turno.

Una vez inaugurado el espacio quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno del Estado de BCS, poco después la Subsecretaría General tomó la batuta, seguido del Sistema Estatal DIF y finalmente API.

Incertidumbre jurídica y más gasto público por desmonte de toboganes 


En 2016, la falta de certeza jurídica aún era un argumento incluido en el discurso de la dirección de la administración portuaria, representada en ese momento por José Lopez Soto. 

En febrero de ese mismo año se hizo público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un documento en el que se otorgaba al Gobierno del Estado de BCS, la zona federal marítima terrestre que correspondía a El Coromuel:

“ACUERDO por el que se destina al servicio del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la superficie de 13,580.99 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en Playa El Coromuel, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, para uso de parque acuático y balneario público”.

Se le cedió entonces la superficie de 13 mil 580 metros cuadrados y se le concedió el derecho de permitir a terceros el uso del espacio por un periodo no mayor a cinco años, como resultado de un trámite que el mismo gobierno estatal había iniciado en diciembre de 2013, cuando Jesús Robles aún estaba a cargo de la API. 

Pero la publicación no fue suficiente para poner en marcha los toboganes al 100%, ni el uso de otras áreas dentro de El Coromuel. Unos meses después, en septiembre de 2016, José Lopez Soto mencionó que mantener en funcionamiento el lugar representaba un costo mensual de 190 a 200 mil pesos. 

Un par de años después optaron por remover uno de los toboganes con el argumento de que resultaba un peligro para los visitantes, ya que no se encontraba en óptimas condiciones y de esa manera darían atención y destinarán recursos a los dos toboganes restantes.

Sin embargo, otro más fue retirado debido al deterioro que tuvo derivado de la falta de uso y mantenimiento. 

Bajo un memorándum número DIIP/524/2023, signado por la Dirección de Ingeniería e Infraestructura Portuaria de la API y compartido por medio de Transparencia, se dio a conocer que el desmantelamiento de toboganes se realizó en octubre de 2018, con costo de 438 mil 189.58 pesos.

En 2019, José López Soto informó en entrevista con medios de comunicación que el consumo de electricidad por parte de los toboganes, representaba un gasto de 15 mil pesos al mes, considerable si se tomaba en cuenta que llegaban a funcionar sólo un par de horas al día, aunque de otra manera era insostenible mantenerlos funcionando.

Con el paso del tiempo, derivado de la falta de uso y de mantenimiento, la API optó por clausurar el área de los toboganes, ya que su uso representaba un riesgo para los visitantes de El Coromuel. 

La política, posible móvil del abandono de toboganes 

Cuando llegó la pandemia por COVID-19 a La Paz, la inactividad de la ciudad terminó por pasar factura a las estructuras de los toboganes que aún estaban en pie, pero para el 2022 lucían poco confiables. 

En marzo de 2021 se habían colocado tirolesas en el balneario con el objetivo de darle vida al lugar. La instalación tuvo un costo de 1 millón 067 mil pesos, pero pronto fueron retiradas junto con los últimos dos toboganes.

Entre julio y agosto de 2023, según respondió la Administración Portuaria Integral en BCS a una consulta por medio de la PNT, se pagó 378 mil 153 pesos por el desmantelamiento de tirolesa y toboganes de El Coromuel en La Paz:

Los toboganes fueron desmantelados y colocados sobre la misma playa, posteriormente serían trasladados al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario de la IV Zona, a petición del comandante a cargo, Víctor Murillo.

En medio de este escenario, según el portal QuiénEsQuién.Wiki, una de las empresas que participó en el proyecto de remodelación de El Coromuel en 2009 fue Neptuna Estructuras y Tanques, S.A. DE C.V., estuvo a cargo de la construcción del muelle que actualmente tiene el balneario, uno de dos que estaban contemplados en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El costo de la obra fue de 9 millones 923 mil 768 pesos.

La misma empresa fue la encargada de la obra de Cimentación para Toboganes en el Parque Acuático, con un costo de 4 millones 989 mil 977 pesos, cantidad que se sumó a los 10.5 mdp que costó la adquisición y colocación de los toboganes, para  un gasto total de alrededor de 15 mdp.

En el portal QuiénEsQuién.Wiki la empresa Neptuna Estructuras y Tanques SA de CV tiene un historial de 37 contratos, 17 de ellos con la API en BCS por distintas obras en los municipios de Loreto y Los Cabos, además de La Paz, 11 en 2009 durante la dirección de Brian Westall Gónzalez y 6 en 2011; al menos 5 de estos firmados durante el primer año de de Jesús Robles, sucesor a cargo de la administración portuaria.

En total, la empresa obtuvo un ingreso de 50 millones 569 mil 991 pesos en trabajos realizados para la API.

En el portal también se expone que la empresa tuvo 16 contratos más con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 1 con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en diversas obras.

Después del 2011 en el portal QuiénEsQuién.Wiki no hay registros de acuerdos legales para la empresa, sin embargo, muestra 17 contratos más para Neptuno Estructuras y Tanques SA de CV, 16 de ellos para la CFE entre el 2011 y 2015; el total de los ingresos registrados para la empresa como proveedora es de 31 millones 987 mil pesos. 

El nombre de esta empresa sólo varía una palabra con respecto a la que participó en el proyecto de remodelación de El Coromuel, la primera es nombrada como Neptuna y la otra Neptuno, por ello fue importante precisar si eran la misma o no.  

Neptuno Estructuras y Tanques SA de CV es la única empresa que aparece en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SE), donde el domicilio es la casa marcada con el número 3110 en el cruce de las calles Reforma y Cabildos en la ciudad de La Paz, B.C.S., y se muestra a Joel Rodríguez Nuñez como representante. 

Tras acudir al lugar, él comentó en un corto encuentro que solo existe una empresa y que fue Neptuno la que participó en la colocación de los cimientos de los toboganes, no Neptuna. Aunado a esto, proporcionó una nueva dirección para dar con las oficinas actuales de la empresa, las cuales se ubican en la calle Luz María y Fabiola, de Zona Industrial, La Paz, B.C.S., con código postal 23050. 

En el sitio, se observa un letrero con el nombre de la compañía sobre una barda. Grerardo Rondero Astorga, quien funge como representante legal confirmó que Neptuna era la misma que Neptuno, y que el cambió de nombre se debió probablemente al mal registro.

Desde la perspectiva del desarrollador, el desuso que los toboganes tuvieron durante sus años de vida fue por temas políticos, ya que la administración de gobierno estatal que precedió a Narciso Agundez y estuvo a cargo Marcos Covarrubias Visallaseñor como gobernador, con Jesús Robles al frente de la API, era la responsable de dar seguimiento al ordenamiento jurídico del balneario, para posteriormente poner los toboganes en funcionamiento bajo una concesión. 

Sin embargo, no hubo interés, dijo, al exponer que El Coromuel no fue el único proyecto que la siguiente administración de gobierno dejó en el abandono.

“Prácticamente fueron cuestiones políticas más bien. Brincó la administración, entonces prácticamente quedó a la deriva toda esa inversión, no hubo continuidad del mismo proyecto y cayó en un administrador de API al que no le interesaba el funcionamiento”, precisó. 

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Cabe recordar que el exgobernador Narciso Agúndez Montaño fue detenido en 2012 en la ciudad de Monterrey y luego trasladado al Cereso de La Paz en BCS, acusado del delito de peculado por la venta de siete terrenos del gobierno del estado en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio que se consideraba inferior al que había en el mercado, esto entre otras presuntas irregularidades que no terminaron por asentar dicho delito, ya que en diciembre de ese mismo año salió bajo fianza junto con Alfredo Porras, quien había fungido como secretario de gobierno durante su gestión.

Marcos Covarrubias Visallaseñor, gobernador entonces, había roto relaciones con el PRD y con Narciso Agúndez en 2010, razones por las que había decidió integrarse a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) como candidato a gobernador, quedando electo y desempeñándose como tal entre 2011 y 2015. 

Por otro lado, durante la detención, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se había deslindado de su relación con el exgobernador, quien presuntamente aspiraba a sumarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mientras realizaba proselitismo a favor del priísta Enrique Peña Nieto, rumbo a la presidencia.

Si bien los toboganes fueron desmantelados y retirados de El Coromuel, la base de los mismos aún se encuentran en la playa, se observan oxidados y representan un peligro para quienes asisten a realizar actividades acuáticas.

La negra historia del tratamiento de aguas negras en Coahuila

Francisco Rodríguez | Border Hub

Desde el 2009 comenzaron a construirse plantas tratadoras de aguas negras en Coahuila que hoy están inconclusas, abandonadas, dañadas por su falta de uso y, en algunos casos, sin plan para reactivarlas. Se gastaron al menos 100 millones en las plantas de Matamoros, San Juan de Sabinas y Sabinas, y estas siguen sin operar.

Desde hace más de una década, tres plantas tratadoras de aguas residuales comenzaron a construirse en los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas y Matamoros, Coahuila. En total se han firmado contratos por 176 millones de pesos, pero las plantas siguen sin operar.

Dos de estas plantas están inconclusas y en abandono, y aunque sus rehabilitaciones han aparecido en los programas de obras de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de 2022 2023, sus estatus siguen siendo “inactiva” o “sin operar”, de acuerdo a las respuesta oficiales a solicitudes de información hechas para este reportaje.

Desde el inicio de su construcción han pasado por tres administraciones estatales y comienzan una cuarta; sin embargo, no han pasado de elefantes blancos con costo a los erarios municipal, estatal o federal, pues aunque no hay datos precisos de cuánto se pagó a los contratistas, se estima que al menos se desembolsaron 100 millones de pesos provenientes de diversas bolsas, según los estatus de avance. 

Hasta el momento no existe un deslinde de responsabilidades por haberlas dejado inconclusas. Germán Martínez Santoyo, director nacional de la Conagua, reconoció que existen plantas en Coahuila que requieren apoyos federales, pero al preguntarle por la responsabilidad de dejar obras inconclusas, respondió: “estamos trabajando en mejorar los servicios, es lo que te puedo decir”.

La planta tratadora de San Juan de Sabinas alcanzó un avance físico del 56% y está inactiva desde el 2016, según la respuesta a una solicitud de información hecha a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de Coahuila. En los terrenos donde se inició la construcción, apenas se mira un ruedo de cemento, sin forma; con varillas expuestas y cubículos en obra negra.

La planta de Matamoros llegó a un 75% de avance, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ha sido víctima de vandalismo y robos que han acentuado el deterioro. Desde el 2015 se desarrolló un expediente técnico por parte del CEAS para rehabilitarla, pero todo ha quedado en papel.

La planta tratadora de aguas negras de Sabinas se deterioró por su falta de uso y permanece inactiva. Fotografía: Francisco Rodríguez.

Y la planta de Sabinas se concluyó, pero en 2021 y 2022 fue intervenida con recursos a través del programa de Hidrocarburos debido a afectaciones por la falta de uso. En la intervención se detectaron problemas estructurales en los muros. El gobierno del exgobernador Miguel Riquelme prometió concluirla antes de finalizar su administración, pero no lo cumplió. La planta continúa sin operar y todavía son visibles los daños en los muros, según se documentó para este reportaje en una visita hecha en septiembre de 2023. 

Antonio Nerio, quien fue director del CEAS, reconoció en entrevista -antes de terminar la administración estatal anterior -que concluyó el 30 de noviembre de 2023- que se le ha inyectado muchos recursos a las plantas sin que funcionen adecuadamente.

“Desafortunadamente el último proyecto para habilitarla, se tuvieron problemas de la estructura. Más de 10 años que estuvo seca y que se cuarteó y colapsó una parte del muro”, admitió sobre el caso de la planta en Sabinas.

La alcaldesa de este municipio, la priista Diana Haro Martínez, fue abordada por este reportero al término de la toma de protesta del gobernador Manolo Jiménez el primero de diciembre; sin embargo, se limitó a declarar que apenas le estaban compartiendo información sobre adecuaciones y equipamiento. 

El que habló fue el alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, quien en entrevista reconoció que la obra inconclusa representó un quebranto para el municipio, el Estado y la empresa. 

“Fue un esquema de perder-perder y que desafortunadamente no ha encontrado un camino de solución”, lamentó. 

Inclusive, pronosticó que nunca se construirá por falta de dinero: “podrán pasar cuatro o cinco administraciones y no se construirá nunca una planta porque es demasiado cara y no se cuenta con los recursos”.

Y mientras nadie las termina y nadie paga por las obras abandonadas, las aguas negras, al menos las de Sabinas y San Juan de Sabinas llegan a desembocar y contaminar el río Sabinas: justo se han presentado 10 denuncias a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y en cinco ocasiones la Conagua ha multado al sistema de aguas de Sabinas por descargas en el río. 

Planta de Matamoros: vandalizada y abandonada

Para la construcción de la planta en el municipio de Matamoros, el CEAS firmó el contrato CEAS-APAZU-001-09-AP con la empresa TCC Compañía Constructora S.A de C.V representada por Jorge Arturo Torres Emery. El costo de la construcción sería de 51 millones 694 mil pesos.

El contrato fue firmado en 2009 y la planta terminaría el 12 de mayo de 2010, según se estipula en el documento. Esta planta que debería estar tratando 120 litros por segundo, está abandonada. 

Según respuesta a una solicitud de información a la Conagua, la planta se construyó con recursos del Fondo Concursable, del subprograma de tratamiento de aguas residuales, que tendría una inversión federal de 36.2 millones de pesos y una inversión estatal y municipal de 15.5 millones de pesos.

En Matamoros no existe ningún plan para rehabilitar la planta tratadora que comenzó a construirse desde 2009 y la cual ha sido vandalizada. Fotografía: Francisco Rodríguez..

Al cuestionar al CEAS sobre el estatus de esta planta refirió que la obra está afectada por el vandalismo y desde el 2015 se tenía un expediente técnico para realizar un proceso de rehabilitación con 23.3 millones de pesos, pero la rehabilitación nunca se concretó. Además, entregaron un oficio del 17 de enero de 2018 donde se le pide el apoyo al alcalde de la ciudad para el resguardo de las instalaciones debido al vandalismo, y le solicita vigilancia para “evitar incidentes de pillaje que puedan generar un deterioro mayor al que se tiene”.

En otra solicitud respondió que la planta sufrió robo de equipo por lo que se presentó una denuncia penal.

Actualmente la obra está abandonada: cuartos en obra negra, tubería sin conectar, una mole de cemento y la hierba crecida alrededor. 

El alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, refirió que es una obra que el Estado nunca entregó al municipio, y que no consta en actas de entrega recepción de ninguna de las cuatro administraciones anteriores a la de él. 

Agregó que hay un litigio legal del Estado con la empresa por incumplimiento de contrato.

“Hemos estado esperando y siendo respetuosos de ese procedimiento, respetando nuestras competencias como municipio. Si tuviéramos la posibilidad jurídica de intervenir y hacer algún reclamo a través de una denuncia, con todo el deseo de que se pudiera recuperar el dinero que se haya invertido, que desconozco cuál sea el monto, claro que lo haríamos”, declaró el presidente municipal.

Sin embargo, el CEAS afirmó que no existe ningún litigio con la empresa TCC Compañía Constructora S.A de C.V.

Este equipo de investigación acudió a las oficinas de la empresa en Torreón a solicitar una postura con el representante, Jorge Arturo Torres Emery, sin embargo, no fue hallado en las oficinas, ni se comunicó al teléfono que se le dejó a su asistente.

Según la Conagua hay un avance de esta obra del 75%, por lo que se puede inferir que el avance financiero podría oscilar en el porcentaje equivalente, es decir, alrededor de 38.7 millones de los 51.6 millones que estipulaba el contrato. 

La planta tratadora de aguas residuales de San Juan de Sabinas quedó como una mole de cemento. Fotografía: Francisco Rodríguez.

Planta de San Juan de Sabinas: una mole de cemento

Por su parte, la planta tratadora de San Juan de Sabinas inició en 2010, según el contrato CEAS-FONCON-002-10 firmado con la empresa Eco Sistemas del Agua S.A de C.V por un monto 44 millones 464 mil, 410 pesos con 86 centavos. La construcción debería haber terminado el 1 de julio de 2011 y comenzar a tratar al menos 80 litros por segundo. 

La empresa contratista pertenece a Ramón Merino Loo, según el acta constitutiva obtenida en el Registro Público de Comercio. El dueño de la empresa fue diputado federal por el PAN del 2009 al 2012 (periodo en que se firmó el contrato), por mayoría relativa. 

Al cuestionar por transparencia al CEAS sobre el estatus de esta planta, primero refirió que existía un litigio con la empresa; entonces se pidió el estatus del litigio y en esta contestación, firmada por el director jurídico y de procedimientos del CEAS, Luis Salas Martínez, refirió que por una “imprecisión” se manifestó que había un litigio cuando no es así, y que simplemente la empresa no continuó con los trabajos “por solicitar incremento en los precios de los conceptos”.

A pesar de esta situación en la que se reconoce que la empresa no continuó con los trabajos, el CEAS respondió que no se hizo efectiva la fianza como lo marcaba la cláusula octava del contrato en caso de algún incumplimiento. Lo mismo ocurrió para el caso de la planta de Matamoros.   

En ambos casos el CEAS informó que nunca hubo una rescisión de los contratos.

“Debió pedir que se hicieran valer las fianzas y llamar a los constructores para que respondieran por el quebranto al erario y, a partir de ahí, se toman medidas administrativas y legales para poder resarcir el daño y se pudiera tener en uso estas plantas”, expuso Miguel Hernández Muñiz, abogado y director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH).

Planta de Sabinas: un barril sin fondo

La planta tratadora de aguas de Sabinas prácticamente se terminó, pero como no se usó, comenzó a deteriorarse. 

En 2010 se firmó el contrato CEAS-FONCON-001-10 de 39 millones 994 mil 46.96 pesos para la elaboración de proyectos con las empresas: Servicios Integrales de Ingeniería y Administración de Obras S.A de C.V, GG Empresarial S.A de C.V y MAQSER Construcciones S.A de C.V., donde se incluía “la operación transitoria por 59 días a partir de la terminación de los trabajos”, los cuales según el contrato serían el 19 de junio de 2011. 

Sin embargo, nunca arrancó operaciones.

En 2021 se buscó reactivar su operación y se firmó un nuevo contrato (16 de julio de 2021), el CEAS-FEFMPH-OBR-20/2021, con la empresa Construcciones Servicios de Edificaciones y Obra Civil COSE, S.A de C.V. por $27,943,186.98. 

Esta empresa fue constituida apenas siete meses antes de ganar el contrato, según se corroboró  con el acta constitutiva de la empresa originaria de San Juan de Sabinas. Además, entre sus socios se encuentra Eliezer Abisai Macías Bocanegra, persona que aparecía en el directorio de proveedores y contratistas “sancionados con impedimento para presentar nuevo trámite de inscripción a los padrones de proveedores y contratistas” del 12 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2022.

El contrato consultado para este reportaje estipulaba la "Terminación, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta" para el 31 de diciembre de 2021. 

No obstante, en 2022 se firmó otro contrato con la misma empresa, el CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022, de nuevo por la “Terminación, arranque, puesta en marcha y estabilización de la planta" por 19 millones 407 mil 973 pesos con 72 centavos; terminación que debió concluir el 9 de octubre de 2022.

La obra en Sabinas se ha deteriorado y a pesar del discurso para reactivarla, continúa como elefante blanco. Fotografía: Francisco Rodríguez.

Otra vez, nunca arrancó operaciones.

De acuerdo con el exdirector del CEAS, Antonio Nerio, se comenzó a rehabilitar la planta en 2022 e inclusive se le inyectaron las aguas negras de la ciudad, pero en abril de 2023 se presentó un problema estructural que derivó en la suspensión. 

“Una estructura de los trabajos originales de 2010 tuvo problemas, un agrietamiento en una columna, en un muro y tuvimos que vaciar la planta para rehabilitarla. Ya terminamos el proyecto de evaluación, para rehabilitarla y se han asignado recursos para hacer los reparos correspondientes y volver a echarla a andar”, comentó el semestre pasado el exdirector del CEAs, Antonio Nerio.

Nerio mencionó que se destinarían 3 millones de pesos más para reactivarla y que el periodo de ejecución era de tres meses. 

Pero concluyó la administración y no se puso en marcha.

A pesar de que esta planta se ha convertido en un barril sin fondo, es la más cercana a concluir y ponerse en operación. Aunque en caso de concretarse, más de una década después la planta ya fue rebasada y no tienen la capacidad que requiere la ciudad, pues fue concebida para tratar 80 litros por segundo, de acuerdo con el exdirector del CEAS.

Arturo Serrano, miembro del Consejo Ecológico de Participación Ciudadana (Cepaci) de Sabinas, aseguró que el municipio necesita ahora una planta que trate al menos 100 litros por segundo, consideró que quizá si desde un inicio hubiera operado, ya la hubieran ampliado para lo que se requiere en estos momentos.

“No creo que haya venido alguien a destruir esto, es el desuso, no creo que vaya a funcionar. Siempre la han hecho por pedacitos”, criticó Arturo Serrano durante un recorrido por la planta que se ha convertido en un elefante blanco.

Asimismo, el especialista señaló que el proyecto está viciado de origen, pues la colocaron en un lugar que no es el idóneo porque está en una zona plana.

“No sé cómo determinaron la localización. Nomás dicen ‘consíguete un terreno y ya’. No fue un buen lugar”.

Sin responsabilidad

Para este reportaje se obtuvo copia de los contratos firmados en 2009, 2010, 2021 y 2022 por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila para la construcción de las plantas tratadoras de aguas residuales de estos tres municipios. 

Sin embargo, la secretaría de Finanzas de Coahuila y el CEAS se negaron a entregar copia de los pagos realizados por estas obras a las empresas. 

En una serie de solicitudes realizadas, el CEAS respondió que es la Secretaría de Finanzas la responsable de los pagos, mientras que Finanzas respondió que el responsable era el CEAS. Al realizar una tercera solicitud donde se les puso en evidencia, el CEAS ratificó que es la Secretaría de Finanzas la responsable, mientras que esta dependencia sugirió solicitar la información a la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad.Por su parte, la Conagua respondió que el agente de pago de la obra del municipio de Matamoros fue el CEAS y, como tal, responsable de los pagos. 

Semanario solicitó a la Conagua copia de las transferencias al gobierno de Coahuila del recurso federal que se utilizó en la construcción de la planta de Matamoros, y la instancia envío evidencia de la transferencia de 37 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

Miguel Hernández Muñiz, abogado y director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), explicó que el CEAS debió haber tenido un expediente y generar los mecanismos de responsabilidad correspondientes para garantizar que se pudiera utilizar adecuada y correctamente el rec urso designado para ese objeto.

Dijo que en estos casos la Auditoría Superior de la Federación debió observar que las obras quedaron inconclusas con el recurso que se aplicó y hacer un llamado que concluyeran y, una vez que las observaciones no fueran solventadas, es decir, que no se terminaron de construir las obras, debió haber pedido que se hicieran válidas las fianzas.

A pesar de esto no hay evidencia de observaciones específicamente por los trabajos inconclusos de estas plantas.

En el caso de la Auditoría Superior del Estado (ASE), en el informe de indicadores y estudios específicos de 2012, la ASE ya encontraba en el Plan Estatal de Desarrollo la necesidad de que en Matamoros se terminara y operara la planta tratadora de aguas residuales y que se completara la de San Juan de Sabinas.

En el mismo año la ASE refería la necesidad de gestionar los recursos necesarios para la instalación de una planta tratadora de aguas residuales en Sabinas.

La Secretaría de la Función Pública tampoco tiene ningún expediente de alguna investigación.

Arturo Serrano, integrante del Cepaci en Sabinas, asegura que aunque se reactive la planta de Sabinas, ya estaría rebasada en su capacidad de tratamiento. Fotografía: Francisco Rodríguez.

Coahuila, último lugar del país en número de plantas

El derecho humano al agua no puede entenderse sin el saneamiento, y el tratamiento de aguas está vinculado a un asunto de salud, dice Miguel Hernández del CIADH. 

“Pone en riesgo otros derechos humanos, por eso juega un papel fundamental el tratamiento de estas aguas, porque al descargarlas en lugares que no son propicios se pone en riesgo a la población que tiene contacto con estas aguas”, comentó Hernández. 

La falta de operación de las plantas tratadoras de Sabinas, San Juan de Sabinas y Matamoros abonan a que Coahuila ocupe el último lugar del país, junto con Campeche, en cuanto a la menor cantidad de plantas tratadoras de aguas residuales, de acuerdo con el Inventario nacional de plantas municipales de tratamiento de aguas residuales en operación de la Conagua. 

Según el inventario de la Conagua, las 27 plantas de tratamiento de aguas residuales están en 13 de 38 municipios. La ciudad de Torreón es la que más plantas tiene, siete, y después se ubica Saltillo, con 6 plantas.

Sin embargo, el exdirector del CEAS, Antonio Nerio, desestimó estas cifras y argumentó que lo que importa es el porcentaje de agua que se trata y se devuelve tratada al medio ambiente. En Coahuila, dijo, se trata el 66% de las aguas residuales.

“Hay estados que pueden tener más plantas, pero solo tratan el 20% o el 40%. En Coahuila ocupábamos el lugar 17 en saneamiento, pasamos al lugar 16 con algunas pequeñas plantas que se instalaron. La cantidad de plantas tratadoras no es representativa”, aseguró.  

Las 27 plantas que tiene Coahuila representan una capacidad instalada de tratamiento de 5 mil 737 litros por segundo, según el inventario de la Conagua.

Pero otra forma de ver el vaso era la de Gloria Tobón Echeverri, doctora en tratamiento de agua y activista que falleció en noviembre pasado. Tobón Echeverri explicó antes de fallecer que más allá de las capacidades, el factor clave a considerar es que en Coahuila debería de existir por lo menos una planta de tratamiento residual en los 38 municipios.

“Si 25 municipios no tienen, habría que ver a dónde conducen el agua residual esos municipios. Podría haber un problema en cuanto a contaminación del acuífero, y eso hay que estudiarlo”, comentó Tobón Echeverri, quien fuera consultora en el área de tratamiento de aguas y aguas residuales. 

Las descargas de aguas residuales tienen dos caminos: en tierra o en un cuerpo de agua, explicó Vicente de Paul Álvarez Reyna, profesor investigador del departamento de Riego y Drenaje de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

“Las aguas negras las utilizan para regar cultivos. Deben de cumplir ciertos parámetros de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y tener cuidado con el cultivo que se utilice porque representa un riesgo por los microorganismos patógenos que se encuentran presentes en el agua y pueden generar un problema de salud. Deben de utilizarse en forrajes”, expuso.

Las aguas negras traen mucha materia orgánica y nutrientes, y a largo o mediano plazo, los suelos se empiezan a contaminar, explicó Mario García Carrillo, profesor investigador de la Narro adscrito al departamento de Suelos.

“Así como tiene beneficios también trae todo lo que se genera en las industrias, en las casas. Ocasiona un ‘ensilatramiento’ (sales) de los terrenos, es un problema fuerte. Un incremento de suelos sódicos y suelos salinos. El agua residual así cruda tiene muchos detergentes de los hogares, mucho sodio, sales. Todo lo que usamos en las casas. Todo va al drenaje y si no se trata, con el tiempo va contaminando, degradando”, comentó.

El terreno se degrada, disminuye su capacidad productiva, y cuando es con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, cobre, son absorbidos por las plantas y después los regresan a la cadena alimenticia, detalló García Carrillo, especialista en suelos.

Por eso la doctora en tratamiento de agua, Gloria Tobón, enfatizó en la necesidad de analizar por cada municipio, examinar a dónde conducen los municipios el agua residual y qué sucede en ese punto.

El mismo Programa Estatal de Vivienda, Agua y Saneamiento y Regularización de la Tenencia de la Tierra reconoce que algunas de las causas por las cuales no se ha logrado tratar el total colectado de aguas “es por el número limitado de plantas tratadoras y por su falta de operación”.

Tanto Tobón Echeverri, García Carrillo y Álvarez Reyna, refirieron que un problema serio es cuando el agua residual se infiltra, contamina los acuíferos o se descarga en cuerpos de agua como arroyos y ríos.

Como el caso de Sabinas y San Juan de Sabinas, donde se descargan en el río Sabinas.

Las aguas negras de Sabinas desembocan en el arroyo Aguililla, cercano a la población de Sabinas donde juegan niños y niñas. Fotografía: Francisco Rodríguez. 

Daño al río Sabinas

El arroyo Aguililla cruza algunas colonias de Sabinas, municipio de 64 mil habitantes. Niños y niñas juegan cerca del arroyo, se detienen en puentes y miran el agua. En el ambiente, el olor a estiércol predomina. Se trata de las aguas negras de la ciudad que son descargadas sobre este arroyo.

“Debería de correr por un tubo y llegar a la planta de tratamiento, y no venir de este arroyo. Son aguas de drenaje y debería de llegar cerrada”, señaló Arturo Serrano, miembro de Cepaci, mientras observaba el lugar donde justamente caían las aguas negras como cascada en el arroyo.

Esta agua que corre por el arroyo Aguililla sigue desembocando en el río Sabinas, mientras la planta tratadora que comenzó a construirse hace 13 años, sigue sin operar. 

“Estar soportando el olor de esto, pues está cabrón”, añadió Serrano al mismo tiempo que veía correr el agua negra sobre el arroyo y a los niños jugar cerca del cuerpo de agua.

Las descargas de aguas residuales de Sabinas y San Juan de Sabinas representan un riesgo para la población aledaña al cuerpo de agua, y un contaminante del río Sabinas.

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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha realizado 10 denuncias por la descarga de aguas residuales en el río Sabinas y la Conagua ha multado en cinco ocasiones al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas por la descarga de aguas residuales sobre el río Sabinas, según respuestas a solicitudes de información hechas para este reportaje.

Actualmente el río Sabinas, un río intermitente de 150 kilómetros de longitud, presenta problemas de contaminación principalmente por los desechos, la actividad minera y las descargas de aguas residuales, según José Antonio Dávila Paulín, director del área natural protegida del distrito de riego 04 Don Martín de la CONANP.

Dávila Paulín dijo que han monitoreado el agua desde el 2015 y en la parte baja encuentran mayor turbidez, procesos de descomposición y disminución de la cantidad de oxígeno disuelto.

Aseguró que han detectado mortandad de peces, lo que es un indicador de la calidad del agua.

Mario García Carrillo, especialista de la Narro, mencionó que cuando las aguas residuales se vierten a los ríos, deriva en un fenómeno conocido como eutrofijación, que es la degradación de los cuerpos de agua. 

“Ocurre lo que en muchas presas o cuerpos de agua, que está lleno de lirio acuático. Proliferan algas, lirio acuático, consumen el oxígeno y no permiten la vida acuática”, explicó. 

Arturo Serrano añadió que se necesitan analizar los daños, porque no se conoce el tipo de minerales nocivos que tenga el agua y que afecta no solo la flora y fauna del río Sabinas, sino también a las poblaciones.

José Antonio Dávila de la CONANP, agregó que el río es un elemento vivo que es dañado por estas actividades. Dijo que han identificado además 10 sitios de descarga de aguas negras a lo largo del río, independientes de las del municipio.

El director del área natural protegida mencionó que cuando hay cambios de administraciones les preguntan sobre su trabajo, y ellos siempre les expresan dos temas prioritarios: el manejo de residuos y la descarga de aguas residuales. 

El común denominador que argumentan es que no hay recursos para las plantas.

Para el caso de las plantas de San Juan de Sabinas y Matamoros no hay un presupuesto en 2024 para rehabilitarlas e inclusive, ya mejor se piensa en otras estrategias. 

El exdirector del CEAS, Antonio Nerio, dijo que quizá se puede encontrar otro tipo de tecnología o convenios con empresas que puedan interesarse en el uso de agua tratada. 

De hecho, el alcalde de Matamoros, Miguel Ramírez López, aseguró que ya platican con empresas para instalar y concesionar nuevas plantas de tratamiento de aguas.

“Estas plantas deberían ser privatizadas. No tienen para pagar el mantenimiento”, recalcó Arturo Serrano de Cepaci.

Pero mientras se piensa en privatizar o realizar convenios con empresas, las plantas tratadoras de aguas residuales que comenzaron a construirse desde 2009, siguen allí, como elefantes blancos. 

Aumenta Torreón pago a empresa por recolección de basura, pese a deficiencias

La Plaza Pública | Border Hub | Jessica Ayala | Iván Hernández | Fernando de la Vara

Aunque la empresa regiomontana PASA ha recibido multas y señalamientos por deficiencias en su servicio de recolección de basura en Torreón, además de que ha incumplido con compromisos establecidos en el contrato debido a que los consideraban inviables, año con año sus tarifas suben entre el 8 y 13 por ciento y en los últimos 12 años esto ha significado una ganancia de 2 mil 130 millones 498 mil 595 pesos para la empresa, de acuerdo con información obtenida por transparencia y entrevistas a funcionarios. 

En 2011, Promotora Ambiental S.A. de C.V. (PASA) y el Municipio de Torreón firmaron el contrato que se encuentra vigente para concesionar el servicio de recolección de basura por 15 años, en donde estipularon diversos compromisos que prometían traer beneficios económicos para el Ayuntamiento, como lo es la implementación de una planta de biogás y otra de separación de residuos sólidos. 

En estos últimos 12 años, la empresa no ha llevado a cabo estos compromisos por considerarlos inviables financieramente, aunque durante este tiempo ha incrementado 129 por ciento sus ingresos, al pasar de 113.8 millones de pesos en 2011 a 260.4 millones de pesos en 2022, de acuerdo con información obtenida por transparencia

Pero el Municipio no sólo no ha visto los beneficios económicos prometidos, sino que además, los altos costos de operación de PASA han llevado al Ayuntamiento a absorber parte de las funciones que le tocan a la empresa para ahorrarse costos. 

La actual administración municipal encabezada por Román Alberto Cepeda erogó 71.5 millones de pesos, del 2022 hasta mayo de este año, en el programa La Ola, mediante el cual el Ayuntamiento complementa el barrido manual con 637 empleados municipales, a pesar de que esa labor forma parte de las acciones que PASA debe llevar a cabo para mantener limpia la ciudad, de acuerdo con el convenio.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos, explicó que el Municipio absorbe esta función porque la tarifa que cobra la concesionaria por un kilómetro de barrido manual es suficiente para pagar a tres empleados de La Ola.

Aún así, la empresa ha aumentado su tarifa en los últimos años. En enero de 2022, año en que entró en funciones el actual alcalde Román Alberto Cepeda, el Ayuntamiento dio a conocer que PASA había incrementado 12 por ciento sus tarifas.  

De acuerdo con una nota periodística publicada en Milenio en abril de ese año, el tesorero municipal, Óscar Luján Fernández, dijo que se trataba de un aumento excesivo e informó que se encontraban en una mesa de negociación con la empresa con la finalidad de lograr una reconsideración, misma que no fue posible.

El Municipio pidió entonces al Congreso del Estado de Coahuila la conformación de una comisión especial para el estudio, análisis y atención del funcionamiento de la concesión, misma que fue aprobada el 3 de mayo de 2022. Si bien dicha comisión fue creada en los días posteriores, hasta la fecha no ha sesionado.

Este año PASA volvió a subir sus tarifas, esta vez 13 por ciento, según consignaron medios locales. 

El equipo de Plaza Pública acudió a las oficinas de PASA en Torreón el pasado 17 de noviembre para buscar la postura de la empresa en torno a esta investigación, pero se nos negó el acceso, primero por parte del personal de seguridad, y posteriormente por la encargada de capital humano, quien argumentó que en ese momento no había nadie que pudiera atender la entrevista o recibir la solicitud por escrito de la misma. Este medio también intentó contactar al gerente general de PASA en Torreón vía telefónica y WhatsApp, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.

Multan a PASA 

Entre enero y abril de este 2023, el Municipio multó por 204 mil 898 pesos a PASA, de acuerdo con la respuesta a la solicitud con folio 051260800017423

En una nota publicada en El Siglo de Torreón en mayo pasado, el tesorero municipal, Óscar Luján Fernández, señaló que algunas observaciones que le han realizado a la empresa son porque tiran o se les cae basura en su camino al relleno sanitario, y se han hecho descuentos por incumplimiento en el barrido de algunos tramos de la ciudad. 

Entre enero y abril de este 2023, el Municipio multó por 204 mil 898 pesos a PASA. Algunas observaciones que se le han realizado a la empresa son porque tiran o se les cae basura en su camino al relleno sanitario e incumplen con el barrido de algunos tramos de la ciudad. Crédito: Jessica Ayala Barbosa.

En su contestación, el Ayuntamiento explicó que las sanciones económicas se aplican como descuento: “Cada mes se rebaja el kilometraje y el servicio de recolección de carga trasera en donde se valora las fallas que tuvo la empresa PASA”, dice el documento firmado por Demetrio Zúñiga Sordo, director de Limpieza.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales de Torreón, dijo que todos los días llegan quejas por fallas en el servicio de PASA, la mayoría de ellas porque no pasa el camión o porque no se llevan todas las bolsas.

Torreón no es la única ciudad donde PASA ha sido multada por fallas en el servicio, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo, el Cabildo le impuso dos multas por más de 3 millones de pesos en total durante la presente administración de Cruz Pérez Cuéllar (2021-2024) por fallas como el incumplimiento de los recorridos de los camiones recolectores, y al término del contrato el pasado mes de septiembre no lo renovó, sino que lanzó una nueva licitación, de acuerdo con notas periodísticas publicadas en Yo Ciudadano

Prefieren absorber barrido manual que pagarle más a PASA

Las respuestas a las solicitudes de información 0051260800003823 y 051260800017423 permiten observar que en 2022 el Ayuntamiento de Torreón pagó 259 millones de pesos a PASA por sus servicios, sin embargo, en ese mismo período tuvo que invertir otros 37.2 millones de pesos para pagarle al personal del programa La Ola para que realizara una parte del barrido manual de la ciudad, labor que según el contrato está entre las funciones de la concesionaria.

Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales de Torreón, explicó que el barrido manual de PASA se utiliza al mínimo porque sus costos son elevados.

“Es más barato y más efectivo dejar lo menor posible el contrato de PASA y nosotros contratar”, aseguró Villarreal Cuéllar.

Hasta mediados de este año, las erogaciones de la actual administración en el programa La Ola sumaban 71.5 millones de pesos, tomando en cuenta el citado pago de personal del año pasado, 18.1 millones de pesos por el mismo concepto en este 2023 hasta mayo y 16.2 millones de pesos utilizados para la adquisición de vehículos, instrumentos de limpieza, uniformes y equipo.

Aunque el programa La Ola le permite al Ayuntamiento ahorrar en el barrido manual, de todos modos tiene que pagarle a PASA por depositar los residuos recolectados en el relleno sanitario. 

De acuerdo con Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos de Torreón, el Municipio ha absorbido parte del barrido manual porque la tarifa que cobra PASA por un kilómetro alcanza para pagarle a tres empleados de La Ola. Crédito: Jessica Ayala Barbosa.

Un buen negocio para PASA

La empresa regiomontana PASA obtuvo la concesión del servicio de limpieza en Torreón hace 29 años, sólo tres años después de su fundación. En 1994 el entonces presidente municipal de Torreón, Mariano López Mercado, y Alberto Eugenio Garza Santos, representante legal de la empresa, firmaron el convenio por 15 años. 

Después, en febrero de 2011, durante la administración encabezada por Eduardo Olmos Castro, el municipio otorgó a la empresa una prórroga de 15 años para prestar el servicio de limpieza en la ciudad, lo que le aseguró la continuidad de su negocio y la estabilidad a largo plazo. 

En 12 de los 15 años que contempla la prórroga del convenio de PASA con el Ayuntamiento de Torreón, la concesionaria ha ganado 2 mil 130 millones 498 mil 595 pesos. 

Para ponerlo en perspectiva, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el servicio se encareció hasta 200 por ciento, la concesión le representó a PASA un negocio de 3 mil 542 millones 797 mil 674 pesos durante los 17 años que duró su contrato, según la investigación de Yo Ciudadano

La nota detalla que en la ciudad fronteriza la cantidad de basura que ingresa al relleno sanitario alcanzó su nivel máximo en 2021 con 446 mil 008 toneladas. 

En ese mismo año en Torreón ingresaron 213 mil 337 toneladas, de acuerdo con los datos contenidos en la respuesta a la solicitud 0051260800035922, efectuada en septiembre de 2022 por el ciudadano Pedro Ramírez Ramírez y disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Torreón genera, en promedio, alrededor de 575 toneladas de basura diariamente. Crédito: Luis Alberto López.

En Torreón la factura de PASA crece año con año porque la empresa actualiza sus tarifas con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

“Hay una fórmula que habla de la inflación, del salario mínimo, del precio del combustible y del Índice Nacional de Precios al Consumidor que nos lleva cada año a que suba la factura. Los dos principales insumos son el combustible y la mano de obra, para el barrido manual y la recolección. Por eso cada año la facturación sube entre el 8 y el 13 por ciento”, explicó Fernando Villarreal Cuéllar, director de Servicios Públicos Municipales de Torreón.

Cabe señalar que el contrato original, firmado en agosto de 1994, incluía una cláusula (la trigésimo primera) que abría la posibilidad a negociar la tarifa en caso de rebasar el tonelaje recolectado. Se estableció un tonelaje base de 400 toneladas diarias, y si la cantidad prevista era superada en más de un 10 por ciento, concesionaria y Municipio debían sentarse a negociar para acordar la infraestructura necesaria y los pagos procedentes. 

Dicha cláusula fue eliminada del contrato de prórroga autorizado en 2011, lo que le ha permitido a PASA definir sus tarifas unilateralmente, sin negociar pagos con el municipio y utilizando como base la fórmula antes mencionada.

A mediados de 2009, el Ayuntamiento torreonense, con José Ángel Pérez como alcalde, anunció que no renovaría la concesión de PASA sino que haría una nueva licitación.

Pedro Ávila, entonces primer regidor, declaró a medios de comunicación que se tenía la oportunidad de otorgar una concesión ventajosa para el municipio. 

Tras el anuncio, PASA recurrió al amparo, ya que en agosto de 2007 la concesionaria había solicitado una prórroga de los servicios concesionados por un plazo igual al otorgado de manera inicial, pero el Ayuntamiento nunca le respondió.  

En octubre de 2009, el Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, decidió conceder el amparo a la concesionaria para que el Ayuntamiento de Torreón le otorgara una prórroga por 15 años más a la empresa, en los mismos términos y condiciones que se pactaron en el contrato original.

Las autoridades municipales se inconformaron con el fallo del juez e interpusieron un recurso de revisión en contra, el cual fue turnado para su estudio y resolución al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito.

La administración de José Ángel Pérez concluyó sin que el asunto se resolviera y fue hasta febrero de 2011 que la administración de Eduardo Olmos Castro (2010-2013) prorrogó el convenio con la empresa tras analizar el caso. 

El Municipio adujo, según consta en el dictamen de la Comisión de Gobernación municipal, que la decisión era “provechosa” para la ciudadanía de Torreón, ya que se consiguió un “descuento considerable” del 15 por ciento en las tarifas de la concesionaria.

Sin embargo, la prórroga concedida estuvo condicionada por el proceso judicial, ya que la administración de Olmos Castro consideró que si los tribunales fallaban contra el municipio, la autoridad torreonense se quedaría sin margen de maniobra para negociar con la empresa.

Otro de los beneficios obtenidos por PASA desde la negociación de la prórroga, además del concerniente a la tarifa, tiene que ver con la propiedad del relleno sanitario. 

La cláusula décima del contrato de 1994 estipulaba el otorgamiento en comodato a la concesionaria los bienes inmuebles con que se prestaba el servicio en ese momento, sin crear ningún derecho real en favor de ésta. Más adelante, en la cláusula vigésimo tercera, se detalla entre las obligaciones del Municipio proporcionar, también en comodato, un sitio para un nuevo relleno sanitario. 

En el convenio de prórroga de 2011, la cláusula quinta determina que al término de la vigencia del contrato los bienes muebles e inmuebles con que presta el servicio la concesionaria pasarán a ser propiedad del Municipio sin costo alguno, “con excepción del inmueble que se encuentra ubicado en el Municipio de Matamoros Coahuila y que en la actualidad es operado por la Concesionaria como relleno Sanitario, el cual queda bajo la propiedad, posesión y responsabilidad absoluta de la Concesionaria”. 

De acuerdo con Rodolfo Walss Aurioles, diputado local, el hecho de que Torreón haya renunciado a esa propiedad le permite a la empresa cobrar tarifas por la disposición final de los residuos, en lugar de pagar renta por el uso de las instalaciones.

“Cuando termina una concesión, todos los equipos adquiridos, en este caso los camiones de basura, las tolvas, los contenedores, todo, todo, así como el relleno sanitario, debió haber pasado a manos del Municipio, pero cuando se renovó la concesión, el Municipio (...) renunció a esa propiedad y le regaló a PASA toda esa infraestructura”, expuso Walss Aurioles.

Además, en el convenio firmado en 1994, el Municipio acordó con PASA una tarifa por la disposición final de los desperdicios que ayudara a la empresa a recuperar el dinero invertido en la construcción del relleno sanitario, toda vez que al final de la concesión el terreno sería propiedad del municipio. En el segundo convenio, ese costo de recuperación ya no tendría que estar presente en la tarifa, señaló el diputado.

“Por eso los números no dan. Estamos pagando la disposición de basura sobre un terreno que debería ser de los torreonenses (...), la tarifa debería ser mucho menor a la que se viene cobrando año con año”, declaró el hoy legislador morenista. 

Walss Aurioles fue secretario del Ayuntamiento en tiempos de José Ángel Pérez, es decir, estuvo en la primera línea de aquella administración que prometió negociar una concesión ventajosa para el Municipio. También fue regidor de oposición, por el PAN, durante la administración de Eduardo Olmos Castro, durante la que finalmente se acordó la prórroga.

Los beneficios prometidos y no cumplidos

En 2010, cuando el Municipio negociaba la prórroga del convenio con PASA, el entonces secretario del Ayuntamiento, Miguel Mery Ayup, habló de dos proyectos que se incluirían como obligación de PASA en el contrato de prórroga y que se traducirán en beneficios para Torreón: una planta de generación de biogás y una planta de reciclaje.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, la concesionaria otorgaría al Municipio un 50 por ciento anual de las ganancias que obtuviera por el aprovechamiento del biogás, así como un 8 por ciento de la utilidad anual por el reciclado de la basura.

En el contrato, lo concerniente a la generación de biogás y el reparto de los beneficios quedó estipulado en el apartado B de la cláusula vigésima, pero condicionado a que la evaluación del proyecto fuera considerada positiva por ambas partes. 

Susana Estens de la Garza, directora de Medio Ambiente de Torreón, comentó que, durante la administración municipal de Miguel Riquelme (2014-2016), PASA presentó una propuesta para aprovechar el gas y generar electricidad. 

Sin embargo, no resultó rentable. Además, por las mismas fechas empezó a cobrar forma el Parque Solar Villanueva en el municipio de Viesca, de manera que aprovechar el biogás perdió atractivo.

“Sin embargo, el potencial ahí está”, comentó la directora de Medio Ambiente.

Por su parte, Rodolfo Walss Aurioles, diputado local, consideró que el relleno sanitario está construido de tal manera que tiene la posibilidad de captar el biogás y de explotarlo.

“Ese biogás debería ser propiedad del Municipio porque el Municipio debería ser el dueño del terreno”, expuso el diputado de Morena.

En diciembre de 2018, PASA propuso al Municipio un servicio de autoabastecimiento de electricidad mediante una planta de biogás. El Ayuntamiento, a través de Hernán Sirgo Ortiz, en ese entonces tesorero municipal, rechazó la oferta porque el ahorro que representaba para el municipio era muy bajo.

En marzo de 2019, PASA anunció la construcción de plantas de generación de electricidad a través de biogás en León (Guanajuato), Tijuana (Baja California) y Torreón. En los dos primeros casos, la empresa convino vender la energía a los municipios donde se ubican las instalaciones; en el de Torreón, PASA planeaba enviar la electricidad al centro del país, probablemente a Puebla, de acuerdo con una nota periodística publicada por El Financiero en 2019.

A través de la solicitud de información con folio 051260800017423 Plaza Pública pidió al Ayuntamiento datos relacionados tanto con el proyecto de la planta recicladora como de la planta de biogás: ¿en qué estatus van? ¿Se han hecho análisis de viabilidad? ¿Se ha invertido en algún proyecto piloto?, fueron algunas de las preguntas. 

“El proyecto de biogás y generación de energía está detenido por una autorización de la CRE, por lo tanto está en pausa este proyecto hasta obtener la autorización, se tiene previsto un triturador y reciclaje de neumáticos, aún no se realiza el estudio de viabilidad”, dice la respuesta del Municipio.

Con respecto al proyecto de la planta de reciclaje que le aportaría el 8 por ciento de sus utilidades al Ayuntamiento, quedó asentado en el apartado A de la cláusula vigésima del convención de prórroga que PASA no está obligada a operarla si no es rentable, “lo anterior previo a un estudio técnico, operativo, financiero y objetivo que realicen las partes”, puntualiza el contrato. 

Además, el 8 por ciento no era por utilidades, como dijo Mery Ayup. En el convenio de prórroga se estableció que del volumen total de residuos urbanos ingresados a la planta segregadora, ese porcentaje sería restado a las facturas por concepto de disposición final de la concesionaria.

De acuerdo con Susana Estens de la Garza, directora de Medio Ambiente de Torreón, el único intento por probar la viabilidad de la planta de reciclaje data de 2015, cuando PASA montó una planta segregadora de residuos sólidos con capacidad para procesar 800 toneladas diarias de basura a fin de recuperar los materiales reciclables enviados al relleno sanitario.

Aquella instalación, declaró la funcionaria, no arrojó los rendimientos esperados, según los reportes presentados por PASA.

“Ellos pretendían que se recuperara mínimo el 8 por ciento del valor total que fuera (de la inversión) en reciclables, pero no resultó la inversión. Tenían inversionistas extranjeros que decidieron retirarse, desmontaron la planta segregadora y ya no la volvieron a hacer”, expuso Estens de la Garza.

La funcionaria añadió que si bien el Municipio no tiene datos precisos sobre la rentabilidad de una planta de ese tipo, se sabe que los reciclables tienen un buen precio. “Por eso, y por razones de índole socioeconómica, vemos a tanta gente que se dedica a la pepena”, dijo.

La ciudad genera, en promedio, alrededor de 575 toneladas de basura diariamente, de acuerdo con los datos contenidos en la respuesta a la solicitud 0051260800035922.

Educación ambiental inexistente

La única compensación de tipo económico que PASA ha proporcionado con base en el contrato original de hace 29 años es la de entregar el 0.5 por ciento de los ingresos brutos cobrados al municipio que, de acuerdo con el contrato debe emplearse para elevar la cultura de limpieza y de protección al medio ambiente. 

Ese recurso también muestra cómo han aumentado las erogaciones en la concesión de limpieza. En 2011, ese 0.5 por ciento ascendió a 552 mil 615 pesos; en 2020, significó una aportación de un millón 302 mil 174 pesos.

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Una de las primeras decisiones que tomó Susana Estens al frente de la Dirección de Medio Ambiente fue solicitar a la Tesorería Municipal que el dinero de PASA destinado a educación ambiental sea asignado directamente a programas de corte ecológico. Según la funcionaria, ha pasado que Tesorería hace “magia”:

“Si no lo solicitas directamente, ellos te pueden decir que lo están canalizando a través del presupuesto de la dependencia para su área de programas, lo cual no es una mentira; lo que yo estoy pidiendo es que ese recurso sea asignado aparte del presupuesto de la dirección, según lo que vayamos presentando. Si se mete en la licuadora, luego hay la tentación de utilizarlo en otros programas. Es responsabilidad de la Dirección de Medio Ambiente exigir ese recurso”, explicó.

Este año, compartió, parte del recurso de PASA ha sido empleado en la edición de un libro para colorear, con información sobre la flora y la fauna de la región, que será repartido a escolares del municipio. Sin embargo, la funcionaria reconoció que el aporte de la empresa no se aprovecha en todo su potencial.

PASA entrega 0.5 por ciento de los ingresos brutos cobrados al municipio que, de acuerdo con el contrato debe emplearse para elevar la cultura de limpieza y de protección al medio ambiente, sin embargo, el Ayuntamiento de Torreón no cuenta con programas estratégicos en este renglón. Crédito: Jessica Ayala Barbosa.

Plaza Pública pidió a través de la solicitud de información 051260800017423 al Municipio un reporte sobre campañas de concientización ambiental con montos de inversión desde la prórroga de la concesión a la fecha, pero la autoridad se limitó a enviar un listado de ocho iniciativas de limpieza correspondientes únicamente a la presente administración y sólo de una específica la inversión de 6 mil 500 pesos. 

El convenio de prórroga estará vigente hasta 2025 y de acuerdo con la cláusula cuarta, si PASA desea una nueva prórroga, deberá presentar su solicitud por escrito con una anticipación no menor de dos años al término de la vigencia, es decir, tuvo que haberla presentado en marzo de 2023, pero hasta el momento el Ayuntamiento no ha dado a conocer nada al respecto. 

Fuera de lugar; teatro documental como punto de arribo

Red es Poder presentó, junto con la compañía Torrente Teatral y con el apoyo del Border Hub, su primer obra de teatro documental: Fuera de lugar: futbol, corrupción e identidad.

Inspirada en la investigación "Operación Orlegi: la relación del futbol con el Ayuntamiento de Torreón y el Gobierno de Coahuila", Fuera de lugar es un ejercicio vivo, un punto de arribo, que habla sobre identidad, sueños, frustraciones, corrupción y abusos de poder políticos y empresariales.

Fuera de lugar: obra de teatro documental para hablar de nosotros y nosotras como comunidad

Antes que nada, agradecemos a todas las personas que atendieron a la invitación y llenaron el espacio. Descubrimos que, desde el periodismo, se puede proponer otras narrativas para compartir un mensaje, para hablar sobre nuestra región, sobre la realidad que nos obliga a exprimir nuestro cerebro y nuestro cuerpo y nuestra salud mental.

En Red es Poder cumpliremos, en febrero próximo, 7 años haciendo periodismo de investigación regional y estatal. 7 años de nadar contracorriente, de proponer historias que salen del cajón tradicional que, por décadas, alimentaron los medios de comunicación tradicionales. Hemos caído, nos hemos levantado. Hemos experimentado épocas sombrías, de autorreflexión, de preguntarnos si vale la pena seguir adelante, seguir trabajando por un fin comunitario, horizontal y contrario a lo que proponen las dinámicas tradicionales de trabajo y desarrollo.

Fuera de lugar nos ayudó a entender que el periodismo libre, sin ataduras ni compromisos que lastiman el ejercicio mismo de investigar y documentar para publicar y socializar problemas, es una herramienta poderosa que remueve conciencias, que deja sembradas dudas, inquietudes y semillas que, con el paso del tiempo, se van enraizando en el cerebro de las personas que quieren y sueñan con un presente menos hostil y un futuro con, al menos, un toque de esperanza.

Hoy reforzamos la idea de que Red es Poder está creciendo. Que la colaboración horizontal con personas inquietas, con talento, con las mismas o más dudas que nosotros, es la clave para hacer de éste, un espacio sólido, de confianza, de unión y de capacidades incalculables para incidir en la realidad que, hasta la fecha, nos azota a diario.

En las manos de alguien más estará la posibilidad de escribir sobre la obra, su dramaturgia, las actuaciones y la producción en general. Esta editorial es un espacio para agradecer a todas las personas que, a lo largo de casi 7 años, han apoyado nuestro camino, nuestra resistencia, nuestras propuestas, nuestros errores y aciertos.

Agradecemos también, de todo corazón, a Valeria Arciniega, actriz de Fuera de Lujar, a Wanda Roisu, actriz y artista visual, a Mace Medina, responsable de la dirección, actuación y adaptación de la obra de teatro, a Alam Sarmiento por el apoyo en el diseño del escenario y la programación de luces. A los amigos, amigas y familiares que, durante todo el proceso, platicaron con nosotros sobre el proyectos, que nos regalaron, generosamente, consejos y palabras de aliento.

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Fuera de lugar: futbol, corrupción e identidad, es un proyecto que quedará grabado en nuestra memoria. Esperamos y deseamos que, de igual manera, las personas que tuvieron la oportunidad de verla, se hayan quedado con la idea de que el periodismo sirve, las nuevas narrativas sirven y que debemos abordar, desde nuestras trincheras, los problemas que nos aquejan para resistir y luchar e incidir en que el futuro sea menos hostil con nosotros, con ustedes, con los que están y con los que vienen.

A todas y todos ustedes, ¡muchas gracias!

Autoridades estatales de Coahuila 'congelan' soluciones a crisis magisterial

Esmeralda Sánchez | Border Hub

Desde el 2011, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Coahuila ha obstaculizado la resolución de un conflicto magisterial que lleva más de una década, mediante la falta de pagos patronales, leyes a modo y nula acción legal en procuración de justicia reflejada en más de 40 denuncias varadas por años. Al día de hoy la deuda llega a más de 4 mil 577 millones de pesos en pensiones y servicio médico y ninguna autoridad ha dado solución a esta problemática.

Al padecimiento de cáncer de colon y ovario que aqueja a María Silvia Reyes Limón, enfermera jubilada desde hace 20 años del Hospital Universitario de Saltillo, se sumó el estrés del retraso en la aplicación de su tratamiento de quimioterapia y, ante la falta de medicamento en la Clínica del Magisterio de Saltillo, María tuvo que comprar las medicinas por su cuenta: tres mil pesos por dosis. 

Esta no es la primera vez que recibe tarde un medicamento vital para el seguimiento de su enfermedad. 

María Silvia Reyes Limón, enfermera jubilada del Hospital Universitario de Saltillo de la UAdeC hace 20 años, ha tenido que lidiar con la falta de medicamento pese a padecer cáncer metastásico. Crédito: Esmeralda Sánchez.

En los últimos 12 años, maestras y maestros jubilados han padecido este tipo de fallas en el servicio médico, del que dependen 45 mil personas entre derechohabientes y beneficiarios. La crisis de salud dentro del magisterio es de tal magnitud que varios se han ido al amparo e incluso se tiene el registro periodístico de un plantón de 135 días en la Plaza de Armas de Saltillo. 

Información  obtenida a través de solicitudes de transparencia, archivos abiertos del Congreso del Estado, la propia Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, entre otros protagonistas, muestra que desde el Gobierno del Estado de Coahuila, en concreto desde el Ejecutivo, y apoyado por el Legislativo y el Poder Judicial, han hecho modificaciones cíclicas a leyes que se han traducido en el retraso de resolución de denuncias por ilícitos contra funcionarios del servicio médico y pensiones magisteriales.

Actualmente existen decenas de denuncias por abuso de otorgamiento indebido de plazas, comisiones, contratos o licencias, así como peculado, que datan de al menos 10 años atrás  y que siguen esperando ser resueltas, mientras que la deuda en pensiones y servicio médico suma más de 4 mil 577 millones de pesos.

Denuncias y montos reclamados

Carmen Patricia Nieto Ruíz es profesora y miembro del magisterio de Coahuila. En 2018, debido a su diagnóstico de artritis reumatoide y a las enfermedades de sus padres se vio obligada a ocupar el servicio médico al que tiene acceso por derecho, pero los medicamentos por parte del sistema nunca llegaron. 

Su último recurso fue interponer un amparo que obligara a la farmacia a darles las medicinas. Así estuvieron hasta 2022. Las autoridades aseguraban que la causa de todo esto es que no había recursos.

Durante la pandemia la situación empeoró. Pues a pesar de que ganó el amparo que obligaba a las autoridades a surtirle medicinas o reembolsarle el gasto, ella tuvo que seguir costeando sus medicinas del día a día, cubrir todo su tratamiento y hasta la hospitalización de su padre, cuando resultaron contagiados de coronavirus. 

Reunieron todas las facturas desde enero de 2022, su gastó era cercano a los 50 mil pesos. Cada 15 días se reportaba con la asistente de Alejandro Treviño, director general del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, para acordar cuándo y cómo se haría el reembolso, pero fue hasta que hizo una huelga de hambre en la Clínica de Saltillo cuando las autoridades le pagaron. 

“Llegó un momento en que nos dijeron no tenemos dinero, venía el cierre del año fiscal y el riesgo de que no nos pudieran pagar, así que tomé la decisión, con el apoyo y acompañamiento de mis compañeros de la Coalición de Trabajadores de la Educación, de hacer una huelga de hambre en la Clínica de Saltillo para reclamar no solamente ese adeudo, sino que todo el mes de noviembre no nos habían dado medicamento a mi mamá y a mí”, explicó. 

Debido al retraso en el pago de las facturas de los medicamentos que tuvo que comprar por no tener en existencia en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, la profesora Patricia Nieto realizó una huelga de hambre. Crédito: Esmeralda Sánchez.

De 2015 a 2023 se tiene registro en el Estado de 43 denuncias contra funcionarios relacionados con los servicios médicos y de pensiones de los trabajadores de la educación de Coahuila.

Made with Flourish

El 83 por ciento de estas acusaciones, es decir 36, fueron presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) y corresponden a irregularidades encontradas en las cuentas públicas de ejercicios fiscales que datan desde el 2012 hasta el 2021 por un monto total reclamado de 2 mil 746 millones 19 mil 883 pesos. Siete denuncias más se presentaron del 2017 al 2023, cinco por un ciudadano y dos por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE); del total, 38 fueron ante la Fiscalía Anticorrupción y 5 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General.

Cuatro organismos son los involucrados: Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, Seguro de los Trabajadores de la Educación, Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila y la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación. 

Más de mil millones de pesos corresponden tan sólo a nueve denuncias de la ASE en las que se acusa al Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.

Por otro lado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción en el Estado contestó en una solicitud de información que cuenta con el registro de 38 denuncias interpuestas en sus oficinas. El 60 por ciento fueron por el delito de peculado y/o lo que resulte y el resto, cuatro, son por otorgamiento indebido de plazas, comisiones, contratos o licencias. Del total, 36 siguen en trámite.

En febrero de 2020, la Coalición de Trabajadores de la Educación realizó un recorrido por la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana de Coahuila con el objetivo de exigir un informe sobre las investigaciones penales sobre desvío de recursos en el magisterio, esto como afectados directos, pero ninguna de las instancias les dio respuesta. 

Los primeros tres organismos dijeron que eran investigaciones en curso y el Comité aseguró que solicitó la información, pero nunca la obtuvieron, aunque no presentaron ningún documento que confirmara este hecho, según los propios maestros. 

Para corroborar el estatus actual se enviaron los datos obtenidos vía transparencia al Fiscal General Gerardo Márquez Guevara y al Fiscal Anticorrupción Jesús Homero Flores Mier, ya que el primero aseguró en entrevista no tener a la mano los datos concretos y precisó que no se habían cerrado, en tanto que el segundo ofreció hacer una revisión, pero hasta la publicación de este reportaje ninguno dio respuesta del por qué las carpetas no han avanzado. 

Para el legislador independiente, Rodolfo Gerardo Walss Aureoles, esta es una problemática que en algún momento le afectará al ciudadano común, “tarde o temprano lo vamos a tener que pagar… los gobiernos van aventando el bote para que en su gestión no le toque, le toque al que sigue y él lo resuelva”, afirmó. 

Rodolfo Walss Aureoles, Diputado Local Independiente en Coahuila: “la estructura del gobierno está hecha para que todos sean cómplices de todos”.

Para los maestros, esa realidad ya está aquí. “El Seguro del Maestro no se está entregando ni puntual ni completo, la vivienda ha funcionado totalmente irregular y somos muchos los derechohabientes de esa institución que nunca pudimos recibir ni un crédito y los recursos cuando nos retiramos ni siquiera nos los devuelven”, contó la maestra Patricia Nieto.

Finanzas deficientes. Patrones morosos.

Esta tormenta perfecta se creó desde hace tiempo. En 2016, el Despacho de Contadores Públicos y Consultores, Carrales Cervantes y Compañía, S.A. de C.V., realizó una auditoría externa a la Dirección de Pensiones de Los Trabajadores de la Educación (DIPETRE), a petición de la propia Junta de Gobierno del organismo y de la Secretaría de Fiscalización del Estado. Esta arrojó una “opinión desfavorable (adversa)”, referente a cómo se habían estado manejando los estados financieros del organismo.

Al año siguiente, 2017, los Informes de Armonización Contable del sitio oficial de la DIPETRE arrojaron por primera ocasión el déficit en el pago de aportaciones de patrones desglosado por cada uno de ellos y un comparativo con 2016; quien lideraba la falta de pagos era el Gobierno del Estado con 639 millones 888 mil 176 pesos, de un total de 884 millones 417 mil 890 pesos.

Desde sus inicios, las leyes de pensiones y del sistema de salud y beneficios sociales de los trabajadores de la educación, establecen un porcentaje de aportaciones patronales para sostenerlos, y un porcentaje aportado por el trabajador.

A lo largo de los años, los patrones han fallado en cubrir el pago de pensiones y servicio médico que por ley les corresponde. La prueba es que de marzo 2022 al 31 de julio del 2023 la deuda al DIPETRE ya es de 4 mil 101 millones 429 mil 559 pesos. En ese periodo de casi año y medio, la deuda se incrementó en 326 millones 180 mil 638 pesos.

Los patrones magisteriales adeudan a la Dirección de Pensiones más de 4 mil 100 millones de pesos. Crédito: Esmeralda Sánchez.

El Gobierno de Coahuila es el principal deudor, con un déficit en sus aportaciones patronales de 2 mil 654 millones 182 mil 37 pesos. Los demás deudores son el Instituto Tecnológico de Saltillo; el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación; la propia DIPETRE; el Seguro del Maestro; el Fondo de Vivienda; la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, también presentan una tendencia a la alza pese a haber realizado algunas actualizaciones importantes.

Aunque la DIPETRE maneja como deudor directo al Instituto Tecnológico de Saltillo en lugar de añadirlo al Gobierno del Estado, el profesor Gustavo García Torres, miembro fundador de la Coalición de Trabajadores de la Educación en Coahuila, señaló que esto es un despropósito pues sería como querer manejar aparte el adeudo de cada institución dependiente.

Para él, los 712 millones 514 mil 500 pesos que corresponden al Instituto Tecnológico de Saltillo a julio del 2023, se deberían sumar al Gobierno Estatal, lo que representaría un total de 3 mil 366 millones 696 mil 537 pesos, es decir 82 por ciento del total del adeudo al magisterio; aunque desde finales de octubre se solicitó al Instituto Tecnológico de Saltillo aclarar cuál es su situación actual en este rubro, el área de Comunicación pidió tiempo y hasta la fecha de publicación del reportaje no dieron una respuesta. 

Al déficit patronal en pensiones habría que sumarle el del Servicio Médico, donde el adeudo a julio de 2023 es de 476 millones 80 mil 574 pesos, que sumados a los adeudos por pensiones dan un gran total de 4 mil 577 millones 510 mil 133 pesos.

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Según la respuesta a la solicitud de información 051145100003823, respecto de los adeudos actuales e históricos del Servicio el Gobierno de Coahuila no presentaba saldos; sin embargo, en el sitio oficial del organismo, el último informe de armonización contable publicado, del 30 de junio de 2023, aparece con un adeudo a corto y largo plazo por un total de 8 millones 343 mil 818.26 pesos.

El adeudo de aportaciones incluye el Servicio Médico de los maestros, que asciende a casi 480 millones de pesos. Crédito: Esmeralda Sánchez.

A pesar de que todas estas deudas constan en documentos de la propia DIPETRE, la Secretaria General en Coahuila de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Isela Licerio, aseguró en entrevista que el Gobierno de Coahuila ha estado pagando en tiempo y forma a todos los sistemas, según les ha informado la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, Teresa Guajardo Berlanga.

“Desde que estamos nosotros, el Gobierno ha cumplido formalmente todas sus cuotas en las cuatro instituciones, no se ha incrementado el adeudo”, sostuvo. Agregó que en el caso de DIPETRE hay un adeudo histórico desde 1974.  “Nosotros acabamos de estar con la licenciada Tessy Guajardo, que fue la que certificó, hizo auditoría en las cuatro instituciones y están los pagos ahí, están bien hechos”, aseguró Isela Licerio. 

Isela Licerio, secretaria General en Coahuila de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asegura que no hay adeudos del Gobierno Estatal pese a documentos que así lo comprueban. Crédito: Esmeralda Sánchez.

Esta periodista trató de localizar a los titulares de las cuatro direcciones: Seguro del Maestro, Fondo de la Vivienda, Dipetre y Servicio Médico, para obtener su versión de los números, pero al cierre de este reportaje no se había concretado ninguna cita.

En el último Informe Anual de Resultados de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de Coahuila dio cuenta de que en su Estado de Actividades, la DIPETRE tuvo ingresos y otros beneficios por el orden de 2 mil 666 millones 425 mil 184 pesos, entre los que estaban las cuotas y aportaciones de seguridad social, lo cual cubre 2 mil 194 millones 375 mil 662 pesos, pero sus gastos y otras pérdidas ascendieron a 2 mil 673 millones 238 mil 578 pesos, y el rubro en que más asignó recursos fue el de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, que significaron 2 mil 629 millones 355 mil 135 pesos.

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Para pensionados como la maestra Juana Esthela Guerrero Torres, que trabajó 30 años en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro como docente investigadora, este déficit financiero se hace tangible en el momento en que acuden a exigir el medicamento y permanecen en las clínicas en plantones de algunas horas hasta conseguirlo, o bien cuando esperan para una cirugía, como fue su caso en un problema de rodilla que requería un previo pago de 200 mil pesos por una prótesis. 

Juana Esthela Guerrero Torres tiene pendiente una cirugía de rodilla. Crédito: Esmeralda Sánchez.

El esquema legal

La Dirección de Pensiones, el Servicio Médico, Seguro y Vivienda de los Trabajadores de la Educación no siempre tuvieron problemas financieros, en sus inicios vivieron algunos años de bonanza en que los trabajadores podían gozar de uno de los sistemas de salud más sólidos, lo que llevó incluso a la inversión de sus fondos en centros recreativos.

Así lo señaló Salvador Ponce Ortiz, abogado que trabajó en la Universidad Autónoma de Coahuila, que en conjunto con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, formaban parte del sistema educativo adherido al Gobierno del Estado de Coahuila.

De ahí que actualmente, pensionados de ambas instituciones y la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sean los directamente afectados por la debacle financiera de estos organismos.

Sin avance ni planes para el pago de sus adeudos, ni en la procuración de justicia que reintegre los montos reclamados por la Auditoría Superior del Estado, la estrategia apunta a la creación y reforma de leyes: siete propuestas en total del 2011 al 2022, todas presentadas por los Ejecutivos estatales en funciones.

El Congreso de Coahuila ha aprobado por mayoría del partido en el poder 7 propuestas de ley, entre reformas y nuevas jurisdicciones, para los sistemas de salud y pensiones del magisterio. Crédito: Esmeralda Sánchez.

En febrero del 2011, cuando Carlos Moreira era secretario general de la Sección 38 en Coahuila y el gobernador del Estado era Jorge Torres López, éste presentó una iniciativa para crear la Ley del Instituto Estatal de los Trabajadores de la Educación para su Seguridad Social, en vísperas de la elección a gobernador en que participaba el entonces candidato Rubén Moreira Valdés; misma que en su exposición de motivos resalta que unificar todos los sistemas de salud y seguridad social en una sola legislación les llevaría a un mejor desempeño y disminuiría los costos que su operación por separado significaba para el gobierno estatal.

Sin embargo, la ley no convenció a los trabajadores de la educación, según los registros de las declaraciones de la entonces diputada panista Esther Quintana Salinas en el Diario de Debates del Congreso, porque la intención del Ejecutivo era “dotar a la Sección 38 de un poder absoluto sobre el Instituto, la sobre representación en el Consejo General y en las Direcciones Generales, dejando claro que serán manejadas a modo… Se le conceden facultades discrecionales al Instituto para aumentar el costo de los servicios médicos o modificar las condiciones en las que éstos han de ser proporcionados”.

Esta ley nació y murió en sólo tres meses: de febrero a mayo del mismo año, cuando se abrogó, en medio de protestas que llevaron a la conformación de la Coalición de Trabajadores de la Educación, asociación de maestros pensionados y jubilados que hasta la fecha ha pugnado por recibir los servicios que por derecho corresponden a quienes trabajaron por décadas en el sistema educativo estatal.

Así, desde febrero del 2011 al pasado mes de junio del 2022 el entonces gobernador del Estado Rubén Moreira y la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública del Estado, presentaron las iniciativas de Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Iniciativa popular para reformar diversas disposiciones de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, respectivamente.

El 22 de diciembre del 2015, el Gobernador presentó, y le fueron aprobadas por mayoría de los diputados de su partido, la Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación, la Ley del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la Educación y la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, otra vez el común de estas leyes era la creación de órganos de gobierno en que la Sección 38 de maestros tenía todo el poder de decisión y designación de sus funcionarios.

El 22 de diciembre del 2017, el mismo Ejecutivo debió presentar reformas a diversos articulados de las leyes en comento debido a que fue presentada en 2016 una controversia constitucional por el cobro de aportaciones a los pensionados y que los intereses generados por la omisión del patrón de enterar cuotas y aportaciones fueran a cargo del trabajador. 

En la exposición de motivos, se explica que el Fondo de la Vivienda "se ha constituido como una entidad solidaria con los trabajadores de las otras instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación a quienes facilita, y apoya con recursos económicos, instalaciones e infraestructura, incluso sus centros recreativos y de hospedaje".

El 23 de octubre de 2018, el actual Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, misma que se dictaminó en conjunto con una iniciativa popular que buscaba la modificación a la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, planteada por los integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila.

Entre los diputados que estuvieron en la discusión y aprobación de dicha legislación estaba el panista Juan Antonio García Villa, quien relata que esta última iniciativa llegó primero que la del Gobernador Riquelme, en mayo, y se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que presidía el priísta Jesús Berino Granados. “Nunca emitieron dictamen, la ley prevé que se pueda dar otra prórroga de 30 días que iba a terminar en el mes de octubre… y el gobernador presentó una iniciativa ese mes que tuvo mínimos e insignificantes avances sobre todo en lo fundamental”, aseguró. 

Al igual que en las demás propuestas los diputados de oposición se quejaron de haber recibido el documento un día antes de ser votado, presentaron entonces reservas a varios artículos como los relativos al copago, a la creación de un fondo de garantía pagado por los trabajadores y sus familias en caso de fallecimiento y a la instauración de un voto ponderado que daba un valor del 49 por ciento a la Sección 38 de Maestros, mientras que los demás integrantes del Consejo de Administración tenían el 8.5 por ciento, todas las reservas se desecharon por mayoría priísta, a la que se sumó la morenista Elisa Villalobos, “que es el voto que nos faltó”, recuerda García Villa.

“El otro aspecto nocivo es que la administración de estos servicios prácticamente hacía un coto de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, pues antes de la reforma del 2018 el Consejo de Administración del Seguro estaba formado por cuatro personas que eran propuestas por la dirigencia de la Sección 38 del SNTE, “es tan absurdo esto como si el ISSSTE como órgano del gobierno federal fuera administrado por el SNTE”, dice el ex diputado.

La última modificación tuvo lugar el pasado 14 de junio del año 2022, cuando fue aprobada la iniciativa de reforma a Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís.

En el Diario de Debates quedó registrado que, según el diputado Independiente Rodolfo Gerardo Walls Aureoles, la reforma propuesta “adolece de deficiencias técnicas serias, por ejemplo, los maestros aportan sobre el 100 por ciento de sus ingresos y el gobierno solamente aporta sobre una parte de los ingresos, pero la pensión no es sobre el 100 por ciento de los ingresos de los cuales los maestros aportaron, es sobre una fracción de sus ingresos, eso es una trampa”.

Una vez más, el dictamen fue aprobado por mayoría priísta y del Partido Verde Ecologista de México, en este sentido el legislador Rodolfo Walss afirmó en entrevista que esta alianza ocurre “invariablemente” en la actual legislatura y como oposición “nos quitan el voto que necesitamos”.

Corrigen leyes locales en la SCJN

Ante la falta de eco a nivel local, la Coalición de Trabajadores de la Educación solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar diversas acciones de inconstitucionalidad sobre la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado y la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación, aprobadas por el Congreso de Coahuila, y así, en 2017 antes de que la Corte resolviera, el Ejecutivo envió al Congreso una reforma a su propia reforma para evitar que procediera la acción de inconstitucionalidad, lo que se logró parcialmente.

Persistieron entonces, en el fallo emitido el 9 de julio de 2018, las declaraciones de invalidez del artículo 52 de la primera ley porque condiciona el disfrute de los beneficios a que los trabajadores estén al corriente en las cuotas y aportaciones a la Dirección de Pensiones. 

Y del artículo 4 de la segunda, pues la Corte consideró inaceptable que el derechohabiente deba pagar una cantidad extra de dinero por la prestación de un servicio de atención médica que se debe proporcionar en sus clínicas.

El 25 de mayo del 2020, la Corte emitió otro resolutivo, luego de la acción promovida por algunos integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila en contra de diversos artículos de la Ley del Servicio Médico discutida el 23 de octubre del 2018 y publicada en el Periódico Oficial el 9 de noviembre del mismo año; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también presentó un recurso contra la misma ley.

Los magistrados consideraron “procedente y fundada” la acción y declararon la invalidez de algunas fracciones de los artículos 3 y 7, y otros “por extensión”, eliminando la figura del "copago" (gasto compartido entre el Instituto de Servicio Médico y los derechohabientes, para cubrir el costo de los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos); los "planes de protección" (pagos adicionales con fines de ampliación de cobertura de servicios de atención médica) y el "fondo de garantía" (que agrega 20 por ciento al monto de los adeudos generados por servicios prestados a los derechohabientes o sus beneficiarios en concepto de copago, a efecto de formar el fondo).

“El círculo perverso”

Todos estos movimientos legales y políticos afectan el derecho a la salud de más de 45 mil personas, que, según una respuesta a solicitud de información, son asegurados (24 mil 74) y beneficiarios (21 mil 360) del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, entre los cuales están 6 mil 395 jubilados y 2 mil 135 pensionados.

Isela Licerio, secretaria general de la Sección 38 del SNTE, informó que incluso han suspendido todas las cirugías programadas “porque no son urgentes, ¿por qué? Por la transición de gobierno va a haber un nuevo director obviamente, estamos en espera de que llegue ese nuevo director, se están suspendiendo hasta que llegue él pero no quiere decir que ya no se vayan a hacer, en un mes más empieza todo a regularizar, son las cirugías por ejemplo la de rodilla, la de columna, que pueden esperar”, cabe mencionar que posteriormente dio a conocer que la suspensión duró sólo dos días.

Entre las violaciones sufridas por el gremio magisterial inconforme que se ha atrevido a alzar la voz, están las que han sido registradas por el propio Gustavo García Torres en diversas colaboraciones como columnista de Red es Poder: el 16 de septiembre de 2015, siendo alcalde el actual gobernador del estado Miguel Riquelme Solís, la Policía Municipal de Torreón frenó una manifestación del Movimiento Magisterial de Coahuila en contra de la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El 26 de septiembre de 2018, fueron desalojados del Congreso de Coahuila, en el que realizaban un plantón para exigir modificaciones a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y el pasado 14 de septiembre del 2021, también fueron removidos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo, auxiliados por elementos estatales, de la Plaza de Armas en Saltillo, donde permanecían en su segundo plantón.

Ello luego de haber tenido por una semana y media mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Gobierno estatal, en las que estuvieron convocados directivos de las instituciones magisteriales, rectores de las universidades y funcionarios estatales, con el propósito de elaborar un diagnóstico y determinar acciones a seguir.

“48 días después empiezan a guardar silencio, a sustraerse, a ya no recibirnos y en el día 135 del plantón nos dan la puñalada trapera y en la madrugada proceden al desalojo violento, al encarcelamiento de mi persona”.

García Torres fue acusado de “sedición y amenazas de volar con petardos el palacio de Gobierno” y llevado a los separos municipales, de donde salió horas después.

En septiembre de 2023, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila informó que había cerrado la queja presentada por el maestro por estos hechos al existir una causa penal en su contra, respecto a la cual García Torres ya presentó un amparo.

El profesor Gustavo García Torres ha sido acusado de sedición por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, luego de participar en un plantón para exigir el pago del adeudo al sistema pensionario y del servicio médico al Gobierno del Estado. Crédito: Esmeralda Sánchez.

Quienes han sido protagonistas activos de esta historia coinciden en que el panorama es adverso para los maestros jubilados y pensionados de Coahuila; y es que según el legislador Rodolfo Walss la problemática se irá agudizando primero porque el número de pensionados va en aumento y segundo debido “a que el gobierno dispone del dinero del Fondo de Pensiones a su antojo y luego no lo regresa, eso hace más grave el problema”.

El ex legislador Juan Antonio García Villa, opina que “el sistema está de tal manera diseñado, para que prevalezca la impunidad, se queja de que no hay instrumentos pero ni siquiera los quieren incorporar a la legislación”; agregó que la complejidad se debe a una mala gestión administrativa, “vamos a decirlo: el saqueo de estos recursos se ha dejado a los líderes sindicales de los maestros que no rinden cuenta, o el problema de que la misma Auditoría Superior del Estado es incapaz o hay consigna ante la propia Fiscalía General del Estado y en general en todo el Sistema Anticorrupción para que no opere en el caso de estos líderes magisteriales, es increíble, no es posible”.

El profesor Gustavo García Torres lo llama Círculo Perverso: “yo debo, no pago; hago leyes que no cumplo, no modifico lo que no me conviene para que se me permita seguir haciendo de las mías y a mis aliados políticos seguir manejando estas instituciones como parcelas o cotos de poder, a condición de que me muestren subordinación y que no se salga nadie de este círculo perverso en el que todos nos ayudamos, nos favorecemos con leyes, con dispositivos judiciales, con evasiones jurídicas”.

Isela Licerio, líder del sindicato de la Sección 38, agregó que “el adeudo histórico se debe de hace muchos años, de hace muchos gobiernos atrás, y ahorita bueno, el Gobierno, como decirte, no se hace responsable, y no lo va a pagar”; sobre el destino de dicho adeudo agregó: “lo que estamos pidiendo es que nos dejen entrar, nosotros vamos a tomar las medidas necesarias, si es necesario aportar más vamos a aportar más porque siempre lo hemos hecho, no es la primera vez, nosotros vamos a levantar nuestro servicio médico pero tiene que salir desde nosotros, los maestros”.

Cuestionan expertos opacidad y abandono de terrenos donados a Diócesis de Juárez

Angélica Villegas | Border Hub | Circuito Frontera

La Diócesis de Ciudad Juárez acumuló terrenos valuados en más de 43 millones de pesos, otorgados por el municipio en donaciones y comodatos, y con una extensión de 12 veces lo que mide el Estadio Azteca. Sin embargo, algunos de estos terrenos, destinados para proyectos religiosos, yacen en desuso, a pesar de que la ley exige un plazo de dos años para ser utilizados. Además, urbanistas y académicos cuestionaron la falta de transparencia en la entrega de estos predios y el rezago de espacios públicos que no son aprovechados.

Durante cuatro gobiernos municipales del 2002 al 2018, la Diócesis de Ciudad Juárez recibió 13 terrenos en donación y en comodato con una extensión de 85 mil 772 metros cuadrados, lo que equivale a 12 veces la extensión de la cancha del Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, que mide 7 mil 140 metros cuadrados y donde caben 87 mil 523 personas.

De este total, seis predios (cuatro en comodato y dos en donación) acumulan un valor catastral de 43.4 millones de pesos, según la tabla de valores de 2023Sin embargo, el monto podría ser mayor, ya que el Ayuntamiento no proporcionó las direcciones de siete predios restantes que en total abarcan una superficie de 44 mil metros cuadrados, por lo que no fue posible determinar su valor catastral.

Y aunque estos predios representan una importante extensión territorial y valor catastral que es patrimonio de los juarenses, algunos de estos terrenos nunca fueron aprovechados y utilizados para el propósito por el que fueron prestados y se encuentran en desuso, según fue posible comprobar en visitas en campo. 

Activistas y académicos cuestionaron el abandono de estos espacios en un contexto en el que zonas como el suroriente de la Ciudad enfrentan problemáticas de rezago de equipamiento urbano y espacios públicos para atender necesidades básicas de esparcimiento, educación, salud, entre otros. 

“El equipamiento público como parques, escuelas, hospitales y otros servicios, desempeñan un papel crucial en el bienestar de la sociedad y en la calidad de vida de los ciudadanos (…) La donación de los terrenos con cualquier otro propósito que no sea este tema del equipamiento público, yo creo que debe de tenerse en consideración”, dijo Vladimir Hernández Hernández, coordinador del Doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Juárez. 

Igualmente, Abelamar Chacón, coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico, advirtió sobre la falta de transparencia en la entrega de estos predios, ya que los padrones de beneficiarios no son públicos, a pesar de que el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua obliga al municipio a darlos a conocer. 

“Hace falta hacer más transparentes, más claros los procesos y la forma en cómo se enajena el suelo público en Ciudad Juárez. Yo no sé si son algunos grupos a los que se da, a lo mejor ya conocen el camino. Digamos, a lo mejor la Diócesis ya conoce y sabe de estos procesos y va y los solicita”, comentó Chacón.

Académicos y activistas sugieren que se requiere más equipamiento urbano en la ciudad como parques, escuelas, hospitales o plazas / Foto: Angélica Villegas.

Hernán Ortiz Quintana, coordinador del grupo Ciudadanos Unidos por una Administración Pública (CIMAP), plantea que existen dos inquietudes relacionadas con la equidad en la gestión de asuntos religiosos y el uso de terrenos donados a gran escala, resaltando la necesidad de una regulación clara y precisa para abordar estas preocupaciones.

“¿Se está siendo equitativo con otras muestras de fe o con otras expresiones religiosas o hay un favoritismo o una preferencia o hay un análisis, claro? (…) El otro punto que habría que considerar, dada que la cantidad donada es enorme y no se tiene certeza sobre el uso que se le está dando (a los terrenos), parece que hay hasta algunos predios que tienen años ahí donados y que no se han usado. Hay que reglamentar”, consideró Ortiz Quintana.

Para el cálculo del valor de los cuatro terrenos entregados en comodato a la Diócesis de Ciudad Juárez se tomaron en cuenta las ubicaciones, proporcionadas a través de las solicitudes de información por transparencia con folios 080155921000465 y 080155922001427

Obispado de Ciudad Juárez, ubicado entre las calles Perú e Ignacio Mejía, de la colonia Partido Romero / Foto: Angélica Villegas.

Mientras que el valor catastral de los dos predios donados a la Diócesis se obtuvo de la ubicación señalada en la sesión de Cabildo del 3 de noviembre del 2016 y los informes tetramestralescorrespondientes al 10 de octubre del 2016 y al 9 de febrero del año 2017, presentados por las regidoras Irma Celia Medrano Flores y Jacqueline Armendáriz Flores, ambas de la Comisión de Enajenación de Terrenos, durante la administración 2016-2018. 

Las donaciones 

La donación de terrenos municipales a la Iglesia Católica de Juárez se realizó durante cuatro administraciones municipales, encabezadas por los alcaldes: Jesús Alfredo Delgado Muñoz (2002-2004), José Reyes Ferriz (2007-2010), Enrique Serrano Escobar (2013-2016) y Armando Cabada Alvídrez (2016-2018). 

Según la solicitud presentada por Transparencia 080155922001427 y actas de Cabildoel Municipio entregó en donación un total de 32 terrenos, de los cuales 11 corresponden a asociaciones religiosas. De estos, nueve fueron destinados a la Diócesis de Ciudad Juárez.

Como ya se mencionó antes, no fue posible conocer el valor de siete terrenos otorgados en donación a la Diócesis debido a que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez no proporcionó la información de sus ubicaciones y estos datos tampoco son públicos en su apartado de transparencia. Aunque sí indicaron que su extensión fue de 44 mil metros cuadrados. 

Sólo en dos casos la información sí se encuentra pública en el acta de la sesión de Cabildo del 3 de noviembre del 2016. De acuerdo con el documento, uno de los terrenos fue por una superficie de 10 mil 270 metros cuadrados, ubicado entre las calles Monte Trigo y Montes del Cantal, del fraccionamiento Urbivilla del Cedro. Y el otro predio municipal, ubicado entre las calles Paseo de San José y Boulevard Fundadores, del fraccionamiento Parajes de San José, es de una superficie de 4 mil 807 metros cuadrados. Para dar un total de 59 mil 77 metros cuadrados en los nueve predios donados a la Diócesis. 

Templo en terreno donado, localizado entre las calles Paseo de San José y boulevard Fundadores, del fraccionamiento Parajes de San José / Foto: Google Maps.

ESPECIALES

Cuestionan expertos opacidad y abandono de terrenos donados a Diócesis de Juárez

31.10.2023

Fotografía: Carlos Mendoza/Ilustración/Border Hub

Angélica Villegas / Circuito Frontera

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**Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers**

La Diócesis de Ciudad Juárez acumuló terrenos valuados en más de 43 millones de pesos, otorgados por el municipio en donaciones y comodatos, y con una extensión de 12 veces lo que mide el Estadio Azteca. Sin embargo, algunos de estos terrenos, destinados para proyectos religiosos, yacen en desuso, a pesar de que la ley exige un plazo de dos años para ser utilizados. Además, urbanistas y académicos cuestionaron la falta de transparencia en la entrega de estos predios y el rezago de espacios públicos que no son aprovechados.

Durante cuatro gobiernos municipales del 2002 al 2018, la Diócesis de Ciudad Juárez recibió 13 terrenos en donación y en comodato con una extensión de 85 mil 772 metros cuadrados, lo que equivale a 12 veces la extensión de la cancha del Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, que mide 7 mil 140 metros cuadrados y donde caben 87 mil 523 personas.

De este total, seis predios (cuatro en comodato y dos en donación) acumulan un valor catastral de 43.4 millones de pesos, según la tabla de valores de 2023Sin embargo, el monto podría ser mayor, ya que el Ayuntamiento no proporcionó las direcciones de siete predios restantes que en total abarcan una superficie de 44 mil metros cuadrados, por lo que no fue posible determinar su valor catastral.

Y aunque estos predios representan una importante extensión territorial y valor catastral que es patrimonio de los juarenses, algunos de estos terrenos nunca fueron aprovechados y utilizados para el propósito por el que fueron prestados y se encuentran en desuso, según fue posible comprobar en visitas en campo. 

Activistas y académicos cuestionaron el abandono de estos espacios en un contexto en el que zonas como el suroriente de la Ciudad enfrentan problemáticas de rezago de equipamiento urbano y espacios públicos para atender necesidades básicas de esparcimiento, educación, salud, entre otros. 

“El equipamiento público como parques, escuelas, hospitales y otros servicios, desempeñan un papel crucial en el bienestar de la sociedad y en la calidad de vida de los ciudadanos (…) La donación de los terrenos con cualquier otro propósito que no sea este tema del equipamiento público, yo creo que debe de tenerse en consideración”, dijo Vladimir Hernández Hernández, coordinador del Doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Juárez. 

Igualmente, Abelamar Chacón, coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico, advirtió sobre la falta de transparencia en la entrega de estos predios, ya que los padrones de beneficiarios no son públicos, a pesar de que el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua obliga al municipio a darlos a conocer. 

“Hace falta hacer más transparentes, más claros los procesos y la forma en cómo se enajena el suelo público en Ciudad Juárez. Yo no sé si son algunos grupos a los que se da, a lo mejor ya conocen el camino. Digamos, a lo mejor la Diócesis ya conoce y sabe de estos procesos y va y los solicita”, comentó Chacón.

Académicos y activistas sugieren que se requiere más equipamiento urbano en la ciudad como parques, escuelas, hospitales o plazas / Foto: Angélica Villegas

Hernán Ortiz Quintana, coordinador del grupo Ciudadanos Unidos por una Administración Pública (CIMAP), plantea que existen dos inquietudes relacionadas con la equidad en la gestión de asuntos religiosos y el uso de terrenos donados a gran escala, resaltando la necesidad de una regulación clara y precisa para abordar estas preocupaciones.

“¿Se está siendo equitativo con otras muestras de fe o con otras expresiones religiosas o hay un favoritismo o una preferencia o hay un análisis, claro? (…) El otro punto que habría que considerar, dada que la cantidad donada es enorme y no se tiene certeza sobre el uso que se le está dando (a los terrenos), parece que hay hasta algunos predios que tienen años ahí donados y que no se han usado. Hay que reglamentar”, consideró Ortiz Quintana.

Para el cálculo del valor de los cuatro terrenos entregados en comodato a la Diócesis de Ciudad Juárez se tomaron en cuenta las ubicaciones, proporcionadas a través de las solicitudes de información por transparencia con folios 080155921000465 y 080155922001427

Obispado de Ciudad Juárez, ubicado entre las calles Perú e Ignacio Mejía, de la colonia Partido Romero / Foto: Angélica Villegas

Mientras que el valor catastral de los dos predios donados a la Diócesis se obtuvo de la ubicación señalada en la sesión de Cabildo del 3 de noviembre del 2016 y los informes tetramestralescorrespondientes al 10 de octubre del 2016 y al 9 de febrero del año 2017, presentados por las regidoras Irma Celia Medrano Flores y Jacqueline Armendáriz Flores, ambas de la Comisión de Enajenación de Terrenos, durante la administración 2016-2018. 

Las donaciones 

La donación de terrenos municipales a la Iglesia Católica de Juárez se realizó durante cuatro administraciones municipales, encabezadas por los alcaldes: Jesús Alfredo Delgado Muñoz (2002-2004), José Reyes Ferriz (2007-2010), Enrique Serrano Escobar (2013-2016) y Armando Cabada Alvídrez (2016-2018). 

Según la solicitud presentada por Transparencia 080155922001427 y actas de Cabildoel Municipio entregó en donación un total de 32 terrenos, de los cuales 11 corresponden a asociaciones religiosas. De estos, nueve fueron destinados a la Diócesis de Ciudad Juárez.

Como ya se mencionó antes, no fue posible conocer el valor de siete terrenos otorgados en donación a la Diócesis debido a que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez no proporcionó la información de sus ubicaciones y estos datos tampoco son públicos en su apartado de transparencia. Aunque sí indicaron que su extensión fue de 44 mil metros cuadrados. 

Sólo en dos casos la información sí se encuentra pública en el acta de la sesión de Cabildo del 3 de noviembre del 2016. De acuerdo con el documento, uno de los terrenos fue por una superficie de 10 mil 270 metros cuadrados, ubicado entre las calles Monte Trigo y Montes del Cantal, del fraccionamiento Urbivilla del Cedro. Y el otro predio municipal, ubicado entre las calles Paseo de San José y Boulevard Fundadores, del fraccionamiento Parajes de San José, es de una superficie de 4 mil 807 metros cuadrados. Para dar un total de 59 mil 77 metros cuadrados en los nueve predios donados a la Diócesis. 

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Templo en terreno donado, localizado entre las calles Paseo de San José y boulevard Fundadores, del fraccionamiento Parajes de San José / Foto: Google Maps

Según la tabla de valores 2023, el valor por metro cuadrado de la colonia donde se ubican los últimos dos terrenos mencionados es de mil 100 pesos, por lo que los predios tienen un valor de 11 millones 297 mil 594 pesos y 5 millones 287 mil 953 pesos, respectivamente, dando un total de 16 millones 585 mil 547 pesos

Mientras que los otros dos predios que fueron donados para otras organizaciones religiosas son: el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios AR, por un terreno de 500 metros y para La Luz del Mundo AR Jurisdicción Norte, por un terreno de 4 mil 89 metros cuadrados. Entre ambos, apenas suman 4 mil 589 metros cuadrados que equivale al 7.7 por ciento de la extensión territorial donada a la Diócesis. 

Los comodatos

El comodato se trata de un préstamo gratuito que se otorga a través de un contrato. De acuerdo con el artículo 2497 del Código Civil Federal, el comodato es un contrato donde uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona, la cual tiene la obligación de restituir individualmente.  

En la página oficial del Municipio de Ciudad Juárez, se explica que el comodato otorga un inmueble municipal para respaldar el propósito social de las asociaciones civiles y, en el caso de individuos, para apoyar sus objetivos comunitarios. 

Bajo esta premisa se entiende que el préstamo de un espacio público a través de un comodato tiene la intención de generar un beneficio para la comunidad, debido a que se otorga de manera gratuita al solicitante. 

En este tenor, la Diócesis de Ciudad Juárez celebró los contratos CM-182/2003, JUR/DG/1069/2008, CM-228/2014 y JUR/CM/401/2018 con el Ayuntamiento de Ciudad Juárez. 

Según la información recabada, el contrato CM-182/2003 refiere que la Diócesis de Ciudad Juárez recibió un terreno en comodato para la construcción de un área verde y un jardín botánico, en un terreno ubicado en el cruce de las calles Marcelo Caraveo y Prolongación Marcelo Caraveo, de la colonia Ampliación Fronteriza. Tras la revisión física de este lugar, no se localizó. 

Según la tabla de valores del ejercicio fiscal 2023, el precio por metro cuadrado en esta colonia es de 400 pesos, lo que valúa este terreno en 809 mil 084 pesos.

Ubicación de la donación de un predio en el cruce de las calles Marcelo Caraveo y Prolongación Marcelo Caraveo, de la colonia Ampliación Fronteriza, el cual no se pudo localizar / Foto: Google Maps.

Bajo el contrato CM-228/2014/COMODATO-CM-09/2012, la Diócesis recibió en comodato un terreno de 2 mil 426.16 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Henequén, con punto de partida en la calle José Mateos Torres, en la colonia Infonavit Solidaridad, para la construcción de un templo católico. Aunque este espacio tampoco se localizó físicamente el inmueble. 

El valor por metro cuadrado en esta colonia se establece en mil 100 pesos, por lo que el valor del terreno en la actualidad es de 2 millones 668 mil 776 pesos.

En el 2012, la Diócesis de Ciudad Juárez recibió un predio de 2,426.16 metros cuadrados, ubicado en la Avenida Henequén, con punto de partida en la calle José Mateos Torres, en la colonia Infonavit Solidaridad / Foto: Angélica Villegas.
Tras un recorrido por la zona, el lugar no se pudo localizar / Foto: Angélica Villegas.

En otro contrato, el JUR/DG/1069/2008, el Municipio prestó un terreno para la construcción de un templo, ubicado en la calle Río Amacuzac y Camino Viejo a La Rosita, del fraccionamiento Las Arcadas, cuya dimensión es de 5 mil 646.53 metros cuadrados. En este caso sí fue localizado el inmueble. 

Actualmente, este espacio tiene un valor catastral de 6 millones 775 mil 836 pesos, con un valor por metro cuadrado de mil 200 pesos. 

Este predio tiene una dimensión de 5 mil 646.53 metros cuadrados y el lugar se encuentra localizado en la calle Río Amacuzac. Foto: Angélica Villegas.

Adicionalmente, de acuerdo con el contrato JUR/CM/401/2018, para la construcción de un centro comunitario se entregó un terreno de 16 mil 598.51 metros cuadrados en la colonia Manuel Doblado. Aunque ni las calles ni la ubicación exacta se especifican. 

Durante un recorrido por la zona no se localizó el centro comunitario, además de que el lugar donde se construiría el templo se encuentra un terreno baldío. 

Según la tabla de valores 2023 para la colonia Manuel Doblado, el precio de este predio se valora en 16 millones 598 mil 510 pesos / Foto: Angélica Villegas.
El terreno se encuentra resguardado para una Planta Tratadora de Gobierno del Estado / Foto: Angélica Villegas.

Este último terreno, según una respuesta entregada por Transparencia, en la solicitud 037122018, tendría valor catastral de 375 pesos por metro cuadrado, lo que arrojaría que el predio tiene un valor de 6 millones 224 mil 441 pesos

Sin embargo, de acuerdo con la tabla de valores catastrales de Ciudad Juárez, correspondientes al 2023, en la colonia Manuel Doblado, el precio por metro cuadrado se fija en mil pesos, lo que valora el terreno actual en 16 millones 598 mil 510 pesos. 

Captura de Pantalla Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Juárez.

A través de estos acuerdos, la organización religiosa recibió en préstamo cuatro terrenos: uno de 2 mil 22.71 metros cuadrados en 2003, otro de 5 mil 646.53 metros cuadrados en 2008, uno de 2 mil 426.16 metros cuadrados en 2014 y un último de 16 mil 598.51 metros cuadrados en 2018. En conjunto, suman 26 mil 693.91 metros cuadrados con un valor catastral de 26 millones 852 mil 206 pesos. 

Genera controversia entrega de terrenos a Iglesia

Este último terreno de la colonia Manuel Doblado, otorgado en préstamo a título gratuito para la Iglesia Católica, generó controversia durante su votación en Cabildo, durante la Sesión Cabildo 59, el 26 de diciembre del 2017, pues por lo menos cuatro regidores del Ayuntamiento se posicionaron en contra. 

Incluso hubo quienes acusaron al entonces presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, de beneficiar a la Iglesia Católica a través de estos contratos, pues a un año y medio de iniciar su primera administración les había entregado dos terrenos en donación y uno más estaba en discusión para darlo en comodato. 

La regidora Janet Francis Mendoza Berber votó en contra de la propuesta pues, aunque dijo que su familia siempre ha profesado la religión católica, le “llamaba la atención” que durante el primer año de gestión la administración del entonces alcalde, Armando Cabada Alvídrez, se trataba de la tercera ocasión en que se “privilegiaba” a la Diócesis de Juárez con un terreno. 

“Las dos ocasiones anteriores, hace un año, fueron donaciones y, esta ocasión, es la tercera en comodato (…) Creo que lo que se debe estipular es que se le debe dar la oportunidad a todas las religiones. Ciudad Juárez se conforma por personas de distintas creencias y religiones. Entonces, a todas las demás asociaciones religiosas se les debe de dar la oportunidad (…) pero creo que nos estamos excediendo. Sería el tercer terreno municipal a favor de una asociación religiosa”, comentó. 

En tanto que el regidor José Alfredo González Quintana, señaló que un contrato de comodato es por tiempo indefinido, por lo que es como si fuera una donación.  

“¿Cuándo van a pasar (demostrar) lo que se construya en ese predio si es por tiempo indefinido? Tenemos que ubicar muy bien lo que se está haciendo y no podemos donar terrenos nomás por donarlos, aunque sean a instituciones de tipo religioso (…) Es muy diferente otorgar un terreno a una asociación civil”, refirió. 

“Considero que la Iglesia Católica puede pagar por un terreno y así contribuir a nuestra sociedad que tan necesitada está (…) Somos un municipio pobre. Ellos (La Diócesis de Juárez) pueden contribuir con nosotros a mejorar la ciudad. Y si ustedes se ponen a ver, es un centro comunitario católico, no para todos estaría abierto”, manifestó en esa ocasión la regidora y coordinadora de la Comisión de Enajenaciones, Irma Celia Medrano Flores, quien votó en contra. 

Durante esta sesión, el regidor José Ávila Cuc, recordó que a inicios de esa administración (2016-2018), ya se había entregado un terreno en donación a la Diócesis de Ciudad Juárez, por una superficie similar a los 16 mil metros cuadrados. 

“Este terreno está en un área, donde haciendo un cálculo de los avalúos comerciales, conservadoramente estaría costando 12 millones de pesos”, declaró. 

Los señalamientos de los regidores que se manifestaron en contra estuvieron encaminados a cuestionar al presidente municipal sobre el probable favorecimiento a la Iglesia Católica. Sin embargo, finalmente la propuesta fue aprobada por mayoría de votos. 

Puede Municipio revertir donaciones; indagan predios en desuso

Francisco Rodríguez, ex jefe del Departamento de Enajenaciones del Municipio, explicó en una entrevista realizada a finales del año pasado, cuando aún estaba en el cargo, que uno de los requisitos para la donación de terrenos es que las asociaciones y organizaciones beneficiadas tienen un plazo de dos años para poner en marcha el proyecto por el que se les otorgó dicho predio o de lo contrario el Ayuntamiento puede revertir la donación. 

Este requisito está estipulado en el artículo 78 de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua.

“Se fijará el plazo máximo dentro del cual deberá iniciarse la utilización del bien inmueble, de lo contrario, se entenderá que el plazo es de dos años”, señala la ley.

Rodríguez explicó que las donaciones, en su mayoría, están destinadas a fines benéficos y sin ánimo de lucro, como escuelas, asociaciones civiles y apoyo a grupos vulnerables, pero para poder llevarlo a cabo las organizaciones deben cumplir con otros requisitos como presentar un proyecto ejecutivo que describa las obras a realizar en el terreno y demostrar su solvencia económica para la ejecución del mismo. 

El sitio web del Municipio, también enlista otros requisitos como lo es presentar copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil que solicita el terreno; copia certificada de la personalidad del representante legal de la misma; plano catastral original del terreno municipal e identificación de las fincas.

La ley también señala que una vez que ingresa la solicitud de donación, la Dirección de Catastro realiza un avalúo catastral y se presenta una solicitud de desincorporación a Sindicatura Municipal; La Comisión de Enajenaciones de Terrenos Municipales del Ayuntamiento del Municipio de Juárez revisa y emite un dictamen, el cual debe ser aprobado por el Cabildo. 

Una vez otorgada la donación, explicó Rodríguez, establecen un plazo de seis meses para que el terreno sea escriturado a nombre de la asociación beneficiaria.

El ex funcionario enfatizó que el Municipio es responsable de verificar el avance físico de las obras y comprobar que cumplan los términos acordados en el contrato de donación que firman ambas partes.

Informó que durante su gestión, hasta finales del 2022, habían cancelado una donación a la Cruz Roja y otra a una asociación dedicada a la castidad. 

Refirió que las asociaciones incumplen los plazos principalmente por motivos económicos, aunque estas razones deben respaldarse con pruebas de solvencia económica. 

En cuanto a las donaciones realizadas durante la actual administración municipal (2021- 2024), Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento, reconoció que, en ocasiones, la abundancia de documentos se convierte en un obstáculo para la toma de decisiones informadas y, por lo tanto, están trabajando en la esquematización de la información. 

“Mire, lo que hemos tratado de hacer es una organización y, sobre todo, la esquematización de los documentos que existen, porque muchas veces se tienen todos los documentos, pero quizás no están en un orden como debería de existir. Hemos estado trabajando mucho apegados a la nueva Ley de Archivo Nacional, donde tenemos que ver cómo manejar toda la documentación y estamos tratando de alinear todas nuestras actividades hacia ese fin”, comentó. 

Héctor Rafael Ortiz Orpinel, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez / Foto: Cortesía Comunicación Social.

Dijo que tenía conocimiento de donaciones realizadas a asociaciones civiles o religiosas, pero hubo algunos casos en que el plazo otorgado por el Cabildo ya se había vencido. 

“Lo que se busca son esos dos puntos: Uno, ver si se le está dando el destino que corresponde, y dos, en algunos casos se les otorga un tiempo para poder edificar o generar la condición para lo que el objeto que solicitaron el terreno. Había casos en donde ya había transcurrido ese tiempo y estaba el terreno solo, entonces ahí el Municipio ha optado por una figura que es la reversión, es decir, que se reintegra al patrimonio municipal ese terreno. 

Sin embargo, expuso que en algunos casos el incumplimiento del contrato de donación se debió por motivos de la pandemia, por lo que, en su momento, las asociaciones tuvieron que parar o detener las edificaciones o estipulaciones del contrato y se concedieron prórrogas. 

En este punto, el secretario señaló que las decisiones sobre donaciones o concesiones de terrenos no son arbitrarias ni personales, sino que siguen un procedimiento meticuloso, donde participan las Direcciones de Desarrollo Urbano, Protección Civil, la Sindicatura, que culmina en la Comisión de Enajenaciones y finalmente en el Cabildo, donde se toman las decisiones finales. 

Mencionó que su conocimiento hasta ese momento era que durante la presente administración, habían revertido tres predios, sin especificar a qué organizaciones los habían donado. Y agregó que estaban investigando otros terrenos que quedaron en desuso y abandonados.

Finalmente explicó que la diferencia entre las donaciones y los comodatos, es que las donaciones permiten que la propiedad pase completamente a nombre de la asociación beneficiaria para su uso libre y los comodatos mantienen la propiedad bajo el dominio del Municipio y cualquier construcción en estos terrenos se realiza en beneficio de la comunidad.

Aunque para esta investigación también se buscó al director de Gobierno Óscar Murillo Delgado, quien asumió su cargo en pasado febrero de este 2023,  y es quien resguarda todos los documentos del Ayuntamiento de Juárez, su secretaria nos remitió con el Secretario del Ayuntamiento.

Mientras que el actual jefe del Departamento de Enajenaciones del Municipio, Iván Solorio Gallardo, se negó a dar una declaración oficial y nos dirigió con el de Gobierno. 

La regidora Ana Carmen Estrada García, coordinadora de la Comisión Revisora de Enajenaciones de Terrenos Municipales, nos recibió en su oficina, pero solicitó tiempo para recolectar información, sin embargo, canceló la fecha de la entrevista. 

Del mismo modo, se hizo la solicitud de entrevista con la Síndica del Municipio Esther Mejía, a través de su vocera, mediante mensajes y llamadas telefónicas, sin lograr obtener respuesta. 

En el caso de los contratos de comodato, Enrique Torres Valadez, regidor de la Comisión de Revisión de Enajenaciones de Terrenos Municipales de la administración 2021-2024, indicó que cuando se otorga un predio en comodato por tiempo indeterminado, se les brinda un plazo de hasta dos años para iniciar operaciones. 

“Cuando se hacen por tiempo indefinido, se les establece un término, precisamente para que lleven a cabo las construcciones, para que lleven a cabo todo su proyecto, y si no está funcionando en el plazo este estimado de dos años, pues se requiere precisamente para que den una explicación al respecto y en su caso iniciar el procedimiento de reversión del mismo”, dijo en entrevista en diciembre del año pasado. 

Mientras que, en el Artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua, las concesiones sobre inmuebles estatales y municipales, salvo excepciones previstas en otras disposiciones legales, podrán otorgarse por un plazo de hasta 50 años, el cual podrá ser prorrogado una o varias veces, a juicio del ente público concesionante, sin exceder el citado plazo, atendiendo tanto para su otorgamiento como para sus prórrogas. 

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El solicitante deberá presentar un monto de la inversión, el plazo de amortización de la inversión realizada; beneficio social y económico que signifique para la región o localidad; la necesidad de la actividad o del servicio que se preste; cumplimiento por parte de la persona concesionaria de las obligaciones a su cargo y de lo dispuesto por las leyes específicas mediante las cuales se otorgó la concesión, así como el monto de la reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del servicio prestado.

Mientras que es responsabilidad del alcalde y el Cabildo, de acuerdo con el Artículo 29, apartado XXVII, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua es atribución de los presidentes municipales: “declarar administrativamente la nulidad, caducidad o rescisión de contratos, permisos o licencias y concesiones administrativos; así  como hacer efectivo el derecho  de reversión de los terrenos municipales, cuando los adquirentes incumplan la obligación de construir dentro del plazo y por el valor indicados”.

Piden transparencia y atender rezago de espacios públicos

Activistas, académicos, funcionarios públicos entrevistados coincidieron en la imperante necesidad de regularizar y transparentar la gestión de terrenos municipales, a fin de brindar certeza jurídica a los ciudadanos, respecto al destino de los terrenos públicos. 

Y es que el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua señala que los sujetos obligados deberán transparentar las donaciones hechas a terceros en dinero o en especie, el catálogo de disposición y guía de archivo documental, además de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos.

También las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, según el apartado XXVI. 

Pero las administraciones no transparentan esta información y sigue sin ser de dominio público. 

Abelamar Chacón, coordinador del área de Contraloría Social de Plan Estratégico, enfatizó que las principales preocupaciones radican en la falta de transparencia por parte del municipio, y que no existe garantía de que el suelo público se utiliza en beneficio de toda la comunidad, en un contexto donde la demanda de espacios públicos sigue sin satisfacerse. 

“Aquí el problema es que el gobierno está desincorporado terrenos municipales así tan a la ligera cuando hay tanto rezago de espacio público. El hecho de que el Municipio cuente con suelo público, con terrenos municipales que no son para ponerse a la venta, son para que los use el Municipio en beneficio de los juarenses, con equipamientos necesarios (…) Sin embargo, aquí pocas veces vemos que hagan nuevos parques o que hagan áreas deportivas o plazas”, declaró. 

“Hay un rezago importante en zonas como el suroriente, sin embargo, pues esto como consecuencia del mal manejo histórico y que continúa el día de hoy, el mal manejo del suelo público, la mala administración del suelo público y su enajenación y desincorporación para el beneficiar a particulares”, agregó. 

Vladimir Hernández Hernández, coordinador del Doctorado en Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Juárez, reiteró su postura de utilizar los terrenos municipales para atender el rezago en equipamiento urbano que existe en Ciudad Juárez y utilizar estos espacios en otras necesidades de la comunidad en general como lo es la educación, atención médica o recreación.

Habló sobre la importancia de cumplir con la legislación vigente y ser totalmente transparentes para evitar “favoritismos”.

“Pareciera que las administraciones municipales terminan siendo como una oficina de bienes raíces malbaratando el suelo público y dejando sin espacios para los juarenses”, comentó. 

Captura de Pantalla última actualización del Mapa Interactivo de Unidades de Salud elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Mientras que Hernán Ortiz Quintana, director del proyecto Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), refirió que, aun cuando existen leyes sobre los procedimientos para la donación y prestación de terrenos, es necesario establecer un reglamento y criterios claros para la asignación de terrenos a manifestaciones religiosas para evitar la discrecionalidad y la opacidad en el proceso.

Agregó que, si bien, el derecho a la libertad de credo está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Artículo 1 de la Constitución Mexicana y la cesión de terrenos a la Diócesis de Ciudad Juárez puede entenderse como un ejercicio de ese derecho, cuestionó si esta acción por parte del Ayuntamiento es equitativa con respecto a otras manifestaciones de fe. 

“Las demás manifestaciones religiosas, como puede ser desde el cristianismo, el protestantismo o hasta el culto de la Santa Muerte ¿no tendrán acceso a ello? Porque entonces no se está viendo con el mismo criterio a todas las fes y se está fallando, digamos en garantizar esta libertad de credo”, comentó. 

Finalmente consideró que existe una falta de certeza sobre el uso de los terrenos donados, pues algunos predios podrían haber estado en manos de las manifestaciones religiosas durante años sin un uso aparente.

Por otro lado, algunas voces locales han cuestionado este tipo de acuerdos, destacando que el comodato, en la práctica, equivale a una donación, lo que plantea dudas sobre la equidad y la necesidad de reglamentar estas acciones.

“Es prácticamente una donación”, según declaró el entonces regidor del Ayuntamiento de la administración 2016-2018, José Alfredo González Quintana.

Irregularidades, retrasos y falta de consenso: Los desafíos de la obra pública en Torreón

Alianzas | Jessica Ayala | Luis Alberto López | Border Hub

Los gobiernos federal y municipal han retomado proyectos de administraciones pasadas en Torreón con el argumento de que antes no fueron bien ejecutados, pero la falta de consenso ciudadano y planeación siguen siendo una constante.

Plaza Pública, a través de su plataforma Aquí se construye, una herramienta que analiza los proyectos realizados en Torreón con recursos municipales, estatales y federales, encontró que hay obras públicas en desarrollo que corresponden a proyectos retomados de administraciones pasadas que quedaron inconclusos, que se realizaron sin consenso ciudadano o con retrasos en los plazos de entrega.

Aunado a esto, en el caso de la Federación y el Municipio, los titulares de las dependencias que las ejecutan refirieron que en el pasado no se hicieron bien las obras.

Aquí se construye es una herramienta creada por periodistas integrantes del Border Hub que concentra una base de datos con las 50 obras más costosas realizadas por los tres órdenes de gobierno en Torreón, durante 2022, aunque también incluye proyectos multianuales que comenzaron a construirse en años pasados pero no han sido concluidos. Además incluye la geolocalización de cada obra a fin de que los usuarios puedan visualizarlas en un mapa.

El análisis fue realizado con base en solicitudes de información por transparencia y datos públicos obtenidos de los portales de diversas dependencias.

Aquí se construye es un espacio dedicado a la sociedad civil organizada, la academia y periodistas que busquen profundizar sobre los procesos de licitación y avances en los proyectos de obra.

Aquí presentamos dos ejemplos de obras que han sido las más cuestionadas por sus retrasos, falta de consenso ciudadano u opacidad de sus procesos. Estos son algunos de los casos que puedes encontrar en la plataforma.

Un hospital retomado con retrasos y sin proyecto ejecutivo

Una de las obras insignia en Torreón de la actual administración federal es el Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), según destacó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de sus planes para el “rescate” de la institución de salud.

Este proyecto fue anunciado con Enrique Peña Nieto e inició su construcción hasta que llegó López Obrador, pero con modificaciones en cuanto a su planteamiento original.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la construcción del hospital del ISSSTE y lo anunció como una obra insignia. Foto: Luis Alberto López.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la construcción del hospital del ISSSTE y lo anunció como una obra insignia. Foto: Luis Alberto López.

Durante el sexenio de Peña Nieto, el hospital fue anunciado mediáticamente en dos ocasiones por el ex gobernador Rubén Moreira Valdez: la primera en 2013 y la segunda en 2017. En esa última, anunciaron un esquema de Asociación Público-Privado con una inversión inicial de mil 74 millones de pesos en un acto encabezado por el entonces director general del ISSSTE, José Reyes Baeza y Rubén Moreira Valdez. Pero no se licitó la obra.

Ya en la administración de López Obrador fue retomado con una inversión enteramente pública de 2 mil 610 millones 890 pesos más IVA, por lo que encareció el costo si se toma en cuenta lo dicho en la gestión federal pasada.

Los trabajos comenzaron hasta diciembre de 2022 y están proyectados para concluir el 24 de marzo de 2024. El contrato fue otorgado a través de una licitación pública nacional a las empresas Constructora Jilsa SA de CV  e Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México SA de CV, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

Sin embargo, la construcción del inmueble médico presentó irregularidades desde su inicio, pues el proyecto ejecutivo no fue entregado en tiempo y forma. El propio instituto confirmó esto vía la solicitud de transparencia 330017123001756, en la que se le pidió este documento junto con el contrato.

"No se localizó el proyecto ejecutivo requerido por el peticionario, debido a que la contratista aún no lo ha entregado, incumpliendo con los plazos establecidos en el citado contrato, por lo que se declara formalmente la inexistencia de ésta”, contestó el instituto.

Retraso y falta de un proyecto ejecutivo, entre las irregularidades en la obra. Foto: Luis Alberto López.

Retraso y falta de un proyecto ejecutivo, entre las irregularidades en la obra. Foto: Luis Alberto López.

Gustavo Rodríguez de la Vega, presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y coordinador de la carrera de Arquitectura en la Ibero Torreón, destacó que contar con un proyecto ejecutivo es el primer paso para la transparencia de una obra y no tenerlo puede implicar un encarecimiento de la misma.

“Es fundamental un proyecto ejecutivo, de calidad y bien hecho. A partir de ahí las obras podrán ser transparentes, mientras no tengamos un proyecto ejecutivo estamos construyendo bajo las rodillas”, afirmó.

Rodríguez refirió que, además del encarecimiento de obra, la falta de este documento puede propiciar retrasos en las obras.

“El proyecto ejecutivo es necesario en todo el proceso de la obra, pues si sabemos de qué consta los trabajos podremos saber en qué tiempos se van ejecutar y, si no lo tenemos, no podemos establecer tiempos”.

Sin embargo, Pedro Zenteno Santaella, director general del ISSSTE, aseguró que no existe ninguna irregularidad en torno a la construcción del nuevo centro médico.

“Todas las empresas fueron seleccionadas a través de una visualización que hizo la función pública sobre sus expedientes, trayectoria y profesionalismo. Está blindado, son empresas serias, que tienen capital mexicana y que han hecho hospitales”, dijo a Plaza Pública durante su visita a Torreón el pasado 28 de julio para supervisar los avances de la obra.

Aunque los trabajos deben terminar en marzo de 2024, al cierre de julio pasado el avance global era del 30 por ciento y por el conteo de días transcurridos con base en el contrato debía ir a más del 50 por ciento. A pesar de esto, Zenteno Santaella refirió que estará listo en la fecha marcada e incluso acudirá a su puesta en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No ha habido problema. Todo lo han cumplido las empresas y tienen extraordinario profesionalismo y experiencia. No queremos que vengan nada más a cortar el listón, sino que esté funcionando para marzo en su totalidad”, reiteró en julio pasado el director general del ISSSTE.

Pedro Zenteno Santaella, director general del ISSSTE, en su más reciente visita para supervisar los avances del hospital y asegurar que las empresas encargadas de la obra han cumplido en tiempo y forma. Foto: Luis Alberto López.

Pedro Zenteno Santaella, director general del ISSSTE, en su más reciente visita para supervisar los avances del hospital y asegurar que las empresas encargadas de la obra han cumplido en tiempo y forma. Foto: Luis Alberto López.

Zenteno Santaella dijo en diciembre pasado que cada mes habría visitas a Torreón para revisar y reportar ante la prensa los avances de la obra. Esto se cumplió hasta julio pasado, en agosto no hubo actualización y por eso no se conoce el porcentaje actual de los trabajos.

Obra genera malestar ciudadano y despilfarro

La calzada Colón es una de las vialidades de mayor historia en Torreón, pues tiene 95 años de existencia. Sin embargo, tan sólo en el último lustro ha sido blanco de 14 intervenciones de obra cuestionadas por falta de transparencia y falta de consenso con comerciantes y asociaciones civiles.

Al inicio de su administración en 2022, el alcalde Román Alberto Cepeda González anunció cambios en esta vialidad, entre ellos modificar la ciclovía que fue colocada durante la gestión de su antecesor, Jorge Zermeño Infante (2018-2021), en los carriles laterales de la vialidad.

La idea de Cepeda González era mover al camellón central de la vialidad la infraestructura ciclista, reducir los carriles de alta velocidad, colocar nueva semaforización y remodelar las banquetas. Y así lo anunció su administración con una inversión de 100 millones de pesos, pero el proyecto fue cancelado ante el descontento ciudadano.

El fracaso en la socialización de la obra hizo que el proyecto ejecutivo, que costó 558 mil 876.69 pesos, y se adjudicó vía el contrato 055-FM-TOR/2022, quedara inservible. Organizaciones como Distrito Colón y Ruedas del Desierto cuestionaron las modificaciones en la ciclovía y los carriles viales.

La Rosa del Viento es una de las primeras intervenciones que la administración municipal actual realizó en la calzada Colón. Foto: Redes Sociales de la Dirección General de Obras Públicas.

La Rosa del Viento es una de las primeras intervenciones que la administración municipal actual realizó en la calzada Colón. Foto: Redes Sociales de la Dirección General de Obras Públicas.

“No fue aceptado por la sociedad nuestro proyecto y se dejó en stand by el cambio de las ciclovías, restringir la circulación y las paradas”, reconoció en entrevista con Plaza Pública, Adolfo Von Bertrab, titular de la Dirección de Obras Públicas al ser abordado para esta publicación.

El funcionario refirió que ante esto procedieron a hacer modificaciones a la idea y optar por acciones parciales en la vialidad, entre ellas mejorar las banquetas en un primer tramo de cinco manzanas de la calzada.

Derivado de esto surgieron contratos de menor cuantía como el 115-FM-TOR/2022 para el “Reordenamiento de calzada Colón, de la avenida Juan I. Jiménez al bulevar Constitución en colonia Segundo de Cobián”, cuyo objetivo principal fue hacerle cambios a un tramo de la ciclovía ya existente, con una inversión de 798 mil 876.93 pesos en un plazo de poco más de un mes.

Sin embargo, otros contratos como el de 110-FM-TOR/202 de Rehabilitación de banquetas en la calzada Colón entre avenida Abasolo y Morelos no fueron cumplidos a cabalidad en cuanto a los plazos marcados inicialmente.

El plazo original era del 22 de noviembre al 31 de diciembre del 2022, pero la Dirección de Obras Públicas reconoció que se concluyó hasta junio de 2023 y argumentó ajustes al convenio ante la cancelación de un proyecto previo. El monto asignado fue de 5 millones 487 mil 261.98 pesos.

“Hubo una prórroga porque se canceló el proyecto original de la Colón, hicimos una modificación a contratos y asignaciones por lo que quedó para terminarse este año”, añadió Von Bertrab.

Las obras de la calzada Colón en Torreón emprendidas a finales del año pasado consistieron en rehabilitar banquetas, colocar bolardos y decorado. Foto: Luis Alberto López.

Las obras de la calzada Colón en Torreón emprendidas a finales del año pasado consistieron en rehabilitar banquetas, colocar bolardos y decorado. Foto: Luis Alberto López.

A pesar de esto, el portal de Transparencia de la Dirección de Obras Públicas marca los trabajos con un avance del 35 por ciento y no incluye las modificaciones al contrato original que supuestamente se hicieron.

También fueron ejecutadas otras obras de ornato para la vialidad como la “Rosa de los Vientos”, una estructura metálica que costó 199 mil 543 pesos , según establece el contrato 049-FM-TOR/2022. La estructura, a decir de Román Alberto Cepeda, era relevante al marcar los cuatro puntos cardinales y el centro de la ciudad.

Entre el 2018 y 2021, es decir, en la gestión municipal pasada, hay el registro de 11 acciones de obra que suman un costo total de 10 millones 879 mil 947.26 pesos, y que consistieron en la pavimentación de sus carriles, la mejora en el camellón central de la avenida y la colocación de señalética, según el portal de transparencia de Obras Públicas en Torreón.

La administración 2019-2021 en Torreón hizo diversas intervenciones en la calzada Colón. Foto: Redes sociales de la Dirección de Obras Públicas.

La administración 2019-2021 en Torreón hizo diversas intervenciones en la calzada Colón. Foto: Redes sociales de la Dirección de Obras Públicas.

Adolfo Von Bertrab, titular de Obras Públicas en Torreón, fue cuestionado por este equipo sobre por qué continuar invirtiendo en esa vialidad y justificó con que los trabajos anteriores no fueron efectivos.

“Es un referente de la ciudad la calzada y las condiciones en que nos fue entregada no eran las óptimas. Si comparas cómo la estamos dejando en cuanto a infraestructura como banquetas, iluminación y bolardos a como estaba es muy diferente”, afirmó.

Refirió que en el caso de las banquetas viene un nuevo contrato por más de 4 millones de pesos para los tramos que faltan.

“Dentro de los trabajos que estamos realizando en el Centro Histórico vamos a continuar con las banquetas y hermoseamiento de las banquetas desde el bulevar Revolución hasta el Independencia. El techo financiero de 4 millones y medio de pesos, estamos en unos ajustes”, dijo.

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Por su parte, Gustavo Rodríguez de la Vega, presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano y coordinador de la carrera de Arquitectura en la Ibero Torreón, consideró que proyectos como la calzada Colón reflejan cómo se llevan a cabo obras cuando sólo se piensa desde la perspectiva de ingenieros y arquitectos.

“En general los municipios tienen que partir de entender a la población, la participación y el usuario inmediato en cuanto a sus necesidades. No solamente el despacho de ingenieros y arquitectos, sino que se tome en cuenta a la ciudadanía”.

Las obras en la calzada Colón continuarán, según lo anunciado por la Dirección de Obras Públicas. Foto: Luis Alberto López.

Las obras en la calzada Colón continuarán, según lo anunciado por la Dirección de Obras Públicas. Foto: Luis Alberto López.

Con relación a los retrasos que tienen este tipo de proyectos en su ejecución, argumentó que hace falta una mayor exigencia de la autoridad municipal hacia las constructoras.

“Tenemos que ser más profesionales y por eso es fundamental una gerencia de proyectos de obra desde el principio”.

Reconoció esfuerzos como el de Plaza Pública para transparentar los procesos de obra en ciudades como Torreón, a través de Aquí se construye.

“Yo creo que esto contribuye con el ciudadano para ser una mejor sociedad, tener una mujer metrópoli y es bienvenido”, apuntó.