Toboganes millonarios en El Coromuel: años en desuso y acabaron en desfalco

Héctor Romero | Border Hub

En 2009 el entonces gobernador del Estado de BCS, Narciso Agúndez Montaño, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presidió la inauguración de la remodelación del balneario El Coromuel en La Paz, la cual abarcó un área de 22 mil 218 metros cuadrados con un costó mayor de 70 mdp, de estos 10.5 mdp fueron para la instalación de 3 toboganes que fueron subutilizados en sus años de vida.

En 14 años los toboganes no tuvieron un funcionamiento continúo, en el transcurso de ese tiempo uno fue removido y los que quedaron fueron retirados por la misma administración portuaria entre julio y agosto de 2023, bajo la dirección de Narciso Agúndez Gómez, hijo del exgobernador, hoy integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al final, retirar los 3 toboganes fue un gasto adicional de alrededor de 816 mil pesos. 

Pese a este escenario, aquel año de reapertura el lugar fue renombrado como “Parque Acuático El Coromuel”.

En 2009 el exgobernador del Estado de BCS, Narciso Agúndez Montaño encabezó la inauguración de la remodelación de El Coromuel, con un costo superior a los 70 mdp; alrededor de 15 millones fueron destinados a la adquisición e instalación de toboganes acuáticos.

Formaron parte de esta inauguración: Benjamín Díaz, director de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Turismo (SECTUR); Brian Westall González, entonces director de API; Luis Armando Díaz, quien en ese momento era secretario General del Gobierno, siendo hoy diputado del Congreso del Estado de BCS y el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz.

Como parte del proyecto de remodelación de El Coromuel, la API diseñó cuatro áreas generales: zona de familias, para niños, el foro o teatro al aire libre y una zona para jóvenes. En este marco le dio forma a un estacionamiento, construyó espacios para oficina, locales comerciales, zonas para restaurantes, un muelle, colocó palapas, entre otras obras que incluyeron la implementación de los toboganes así como otros establecimientos no concretados, como un restaurante. 

La adquisición y colocación de los deslizaderos fue contemplado en el contrato APIBCS-A-011-08 denominado “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBOGANES Y EQUIPO PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL PARQUE ACUÁTICO EN EL COROMUEL, EN LA PAZ, B.C.S.”; documento que ya no se encuentra entre los archivos de la administración portuaria, según respondió a una solicitud de transparencia.

En entrevista, Brian Westall, entonces director de API, informó que los toboganes operaron sin ningún problema, expuso que hasta el final de su administración en 2011, la operación de los equipos funcionaban hasta por cuatro días de la semana; había personal al inicio y la parte final de los toboganes para recibir a quienes se deslizaban.

Asimismo destacó que fue de suma importancia el aprovechamiento de la playa como área pública, rediseñada para favorecer actividades sociales y recreativas, esencialmente para el uso de los paceños, pero favoreciendo la proyección turística. Además de los sanitarios, enfatizó el trazado de áreas inclusivas. 

Los primeros dos años de vida de los toboganes, de 2009 a 2011, se utilizaban de jueves a domingo. Así lo informó en entrevista el exdirector de la API, Brian Westall Gónzalez. 

Por otro lado, dijo desconocer por qué los toboganes no se habían mantenido en operación los años siguientes, cuando sus predecesores en el cargo al frente de la API argumentaron que la falta de orden jurídico y el alto costo del consumo eléctrico hacían difícil el funcionamiento. 

“Desconozco las razones por las cuales dejaron de operarlos, yo los operé sin problemas… trabajamos de jueves a domingo. No recuerdo problema en el orden jurídico, lo que requería mayor mantenimiento eran las bombas de agua”, argumentó. 

Westall resaltó que el suelo del balneario fue hecho con una mezcla especial para reducir el costo de mantenimiento y que la idea quedó escrita en el uso de materiales, el objetivo era que el lugar generará lo mínimo en gastos para mantenerlo en pie. 

Agregó que el proyecto Parque Acuático El Coromuel ganó el primer lugar a nivel nacional en el Premio Obras CEMEX, que reconoce las mejores prácticas arquitectónicas y constructivas que utilizan el concreto de forma innovadora, con enfoque sustentable y de bienestar social.

Pese a este contexto, en 2014 Jesús Robles González, director en turno -quien posteriormente pasaría a ocupar el puesto de director de Movilidad y Transporte del Estado de BCS-, declaró que la subutilización del inmueble, que incluía los toboganes, era una situación heredada del periodo de gobierno de Narciso Agúndez, ya que el sitio no había quedado legalizado ante la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y por lo tanto era un sitio sin registro como propiedad del gobierno estatal.

El director expresó que poner orden jurídico a El Coromuel podría ser el mayor avance de su administración respecto a este espacio. 

Ese mismo año el director de turismo de La Paz, Pedró Aguilar Barzúa, informó que dos toboganes serían reactivados por una empresa privada con una inversión menor a 80 mil pesos, recurso que fue destinado para poner en funcionamiento “las bombas de caballaje” y comentó que se hacía inevitable el pago de una cuota de recuperación de 30 pesos para el uso de los toboganes.

En 14 años, los espacios diseñados para el Balneario El Coromuel nunca han sido utilizados en su totalidad, este hecho ha sido señalado por Lucía Frausto del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz.

API anunció más gasto público en Coromuel 

Entre julio y agosto de 2023 las autoridades portuarias anunciaron una nueva remodelación para la playa El Coromuel. El actual titular de la API, Narciso Agúndez Gómez, hijo del exgobernador, anunció que iban a remover la estructura porque representaba un riesgo para los visitantes.

En un video compartido por la periodista local Zarahí Hamburgo el 25 de julio, el funcionario anunció que el objetivo era realizar nuevas remodelaciones al lugar con el diseño de más áreas de esparcimiento para personas con discapacidad, siendo estas un distintivo del balneario, además buscarían reforzar la identidad social del lugar, como punto de encuentro y de recreo para la población local y para los turistas de La Paz. Al menos así se planteó entonces. 

De acuerdo con un documento oficial emitido por medio de la PNT, las piezas retiradas de El Coromuel fueron donadas al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario de la IV Zona, ubicado en la capital. 

Según explicó en entrevista el comandante Víctor Murillo a cargo del lugar, los toboganes fueron donados a su solicitud y la API se comprometió a apoyar con el acomodo de los mismos en lo que se esperaba fuera una pista de obstáculos para los jóvenes elementos del Pentathlón. 

En las instalaciones del instituto militarizado se observa el resto de los toboganes distribuidos en desorden en distintos puntos del campo, donde fueron colocados a la espera de ser aprovechados.  

Al respecto Ulises Casimiro Murillo Estrada, primer Oficial, director de los cursos militarizados del Pentathlón compartió, en un recorrido por el lugar, que los cursos que se imparten han sido elaborados por profesionales en educación física y buscan el desarrollo intelectual y motriz de los menores. Reiteró que el uso de los restos de los toboganes como parte de una pista de obstáculos, sería para el logro de dichos objetivos. 

Hasta hoy, los restos de los toboganes lucen desmantelados y cada día son consumidos por el paso del tiempo y el óxido, que avanza centímetro a centímetro.

El resto de los toboganes descansan en las áreas abiertas del Pentathlón en espera de ser montados para una pista de obstáculos. 

Ciudadanos deben esforzarse en cuidar espacio públicos: Cómo Vamos La Paz

Sobre el tema, la directora del Observatorio Ciudadano Cómo Vamos La Paz, Lucía Frausto resaltó que el proyecto ejecutado en El Coromuel concebía el espacio como parte de un corredor de actividades deportivas y sociales, es decir, sería una extensión del malecón de la ciudad de La Paz. Un lugar que nunca había sido aprovechado al 100% y con áreas subutilizadas. 

Respecto a los toboganes mencionó que representaron un gasto en vano, ya que tampoco se mantuvieron en funcionamiento como la ciudadanía lo esperaba.

“Ahora sí que no es una opinión ni un punto de vista, son datos, efectivamente no se utilizaron nunca. Esos toboganes se sabía que no se iban a poder usar. Fue completamente inútil”, dijo.

Haciendo paréntesis, cabe recordar que en los primeros años de vida de los toboganes se registraron accidentes de personas que se deslizaban por ellos. La altura y la distancia sobre el agua no era la idónea y cuando la marea bajaba resultaba más evidente. Por eso hubo que colocar personal de apoyo al final del deslizamiento. 

Por otro lado Lucía Frausto también comentó que los ciudadanos no son fáciles y al ser parte del problema, a veces no son un ejemplo a seguir, por lo que deberían de esforzarse más por apreciar y cuidar espacios como El Coromuel, que siguen siendo de uso público.

Es importante mencionar que antes de la remodelación, El Coromuel estaba en abandono debido a la falta de atención por parte de las administraciones estatales anteriores a la de Narciso Agúndez, por lo que el correcto orden jurídico era un pendiente que acompañaba al lugar y al gobernante en turno.

Una vez inaugurado el espacio quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobierno del Estado de BCS, poco después la Subsecretaría General tomó la batuta, seguido del Sistema Estatal DIF y finalmente API.

Incertidumbre jurídica y más gasto público por desmonte de toboganes 


En 2016, la falta de certeza jurídica aún era un argumento incluido en el discurso de la dirección de la administración portuaria, representada en ese momento por José Lopez Soto. 

En febrero de ese mismo año se hizo público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un documento en el que se otorgaba al Gobierno del Estado de BCS, la zona federal marítima terrestre que correspondía a El Coromuel:

“ACUERDO por el que se destina al servicio del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la superficie de 13,580.99 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en Playa El Coromuel, Municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur, para uso de parque acuático y balneario público”.

Se le cedió entonces la superficie de 13 mil 580 metros cuadrados y se le concedió el derecho de permitir a terceros el uso del espacio por un periodo no mayor a cinco años, como resultado de un trámite que el mismo gobierno estatal había iniciado en diciembre de 2013, cuando Jesús Robles aún estaba a cargo de la API. 

Pero la publicación no fue suficiente para poner en marcha los toboganes al 100%, ni el uso de otras áreas dentro de El Coromuel. Unos meses después, en septiembre de 2016, José Lopez Soto mencionó que mantener en funcionamiento el lugar representaba un costo mensual de 190 a 200 mil pesos. 

Un par de años después optaron por remover uno de los toboganes con el argumento de que resultaba un peligro para los visitantes, ya que no se encontraba en óptimas condiciones y de esa manera darían atención y destinarán recursos a los dos toboganes restantes.

Sin embargo, otro más fue retirado debido al deterioro que tuvo derivado de la falta de uso y mantenimiento. 

Bajo un memorándum número DIIP/524/2023, signado por la Dirección de Ingeniería e Infraestructura Portuaria de la API y compartido por medio de Transparencia, se dio a conocer que el desmantelamiento de toboganes se realizó en octubre de 2018, con costo de 438 mil 189.58 pesos.

En 2019, José López Soto informó en entrevista con medios de comunicación que el consumo de electricidad por parte de los toboganes, representaba un gasto de 15 mil pesos al mes, considerable si se tomaba en cuenta que llegaban a funcionar sólo un par de horas al día, aunque de otra manera era insostenible mantenerlos funcionando.

Con el paso del tiempo, derivado de la falta de uso y de mantenimiento, la API optó por clausurar el área de los toboganes, ya que su uso representaba un riesgo para los visitantes de El Coromuel. 

La política, posible móvil del abandono de toboganes 

Cuando llegó la pandemia por COVID-19 a La Paz, la inactividad de la ciudad terminó por pasar factura a las estructuras de los toboganes que aún estaban en pie, pero para el 2022 lucían poco confiables. 

En marzo de 2021 se habían colocado tirolesas en el balneario con el objetivo de darle vida al lugar. La instalación tuvo un costo de 1 millón 067 mil pesos, pero pronto fueron retiradas junto con los últimos dos toboganes.

Entre julio y agosto de 2023, según respondió la Administración Portuaria Integral en BCS a una consulta por medio de la PNT, se pagó 378 mil 153 pesos por el desmantelamiento de tirolesa y toboganes de El Coromuel en La Paz:

Los toboganes fueron desmantelados y colocados sobre la misma playa, posteriormente serían trasladados al Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario de la IV Zona, a petición del comandante a cargo, Víctor Murillo.

En medio de este escenario, según el portal QuiénEsQuién.Wiki, una de las empresas que participó en el proyecto de remodelación de El Coromuel en 2009 fue Neptuna Estructuras y Tanques, S.A. DE C.V., estuvo a cargo de la construcción del muelle que actualmente tiene el balneario, uno de dos que estaban contemplados en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El costo de la obra fue de 9 millones 923 mil 768 pesos.

La misma empresa fue la encargada de la obra de Cimentación para Toboganes en el Parque Acuático, con un costo de 4 millones 989 mil 977 pesos, cantidad que se sumó a los 10.5 mdp que costó la adquisición y colocación de los toboganes, para  un gasto total de alrededor de 15 mdp.

En el portal QuiénEsQuién.Wiki la empresa Neptuna Estructuras y Tanques SA de CV tiene un historial de 37 contratos, 17 de ellos con la API en BCS por distintas obras en los municipios de Loreto y Los Cabos, además de La Paz, 11 en 2009 durante la dirección de Brian Westall Gónzalez y 6 en 2011; al menos 5 de estos firmados durante el primer año de de Jesús Robles, sucesor a cargo de la administración portuaria.

En total, la empresa obtuvo un ingreso de 50 millones 569 mil 991 pesos en trabajos realizados para la API.

En el portal también se expone que la empresa tuvo 16 contratos más con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 1 con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en diversas obras.

Después del 2011 en el portal QuiénEsQuién.Wiki no hay registros de acuerdos legales para la empresa, sin embargo, muestra 17 contratos más para Neptuno Estructuras y Tanques SA de CV, 16 de ellos para la CFE entre el 2011 y 2015; el total de los ingresos registrados para la empresa como proveedora es de 31 millones 987 mil pesos. 

El nombre de esta empresa sólo varía una palabra con respecto a la que participó en el proyecto de remodelación de El Coromuel, la primera es nombrada como Neptuna y la otra Neptuno, por ello fue importante precisar si eran la misma o no.  

Neptuno Estructuras y Tanques SA de CV es la única empresa que aparece en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SE), donde el domicilio es la casa marcada con el número 3110 en el cruce de las calles Reforma y Cabildos en la ciudad de La Paz, B.C.S., y se muestra a Joel Rodríguez Nuñez como representante. 

Tras acudir al lugar, él comentó en un corto encuentro que solo existe una empresa y que fue Neptuno la que participó en la colocación de los cimientos de los toboganes, no Neptuna. Aunado a esto, proporcionó una nueva dirección para dar con las oficinas actuales de la empresa, las cuales se ubican en la calle Luz María y Fabiola, de Zona Industrial, La Paz, B.C.S., con código postal 23050. 

En el sitio, se observa un letrero con el nombre de la compañía sobre una barda. Grerardo Rondero Astorga, quien funge como representante legal confirmó que Neptuna era la misma que Neptuno, y que el cambió de nombre se debió probablemente al mal registro.

Desde la perspectiva del desarrollador, el desuso que los toboganes tuvieron durante sus años de vida fue por temas políticos, ya que la administración de gobierno estatal que precedió a Narciso Agundez y estuvo a cargo Marcos Covarrubias Visallaseñor como gobernador, con Jesús Robles al frente de la API, era la responsable de dar seguimiento al ordenamiento jurídico del balneario, para posteriormente poner los toboganes en funcionamiento bajo una concesión. 

Sin embargo, no hubo interés, dijo, al exponer que El Coromuel no fue el único proyecto que la siguiente administración de gobierno dejó en el abandono.

“Prácticamente fueron cuestiones políticas más bien. Brincó la administración, entonces prácticamente quedó a la deriva toda esa inversión, no hubo continuidad del mismo proyecto y cayó en un administrador de API al que no le interesaba el funcionamiento”, precisó. 

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Cabe recordar que el exgobernador Narciso Agúndez Montaño fue detenido en 2012 en la ciudad de Monterrey y luego trasladado al Cereso de La Paz en BCS, acusado del delito de peculado por la venta de siete terrenos del gobierno del estado en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, a un precio que se consideraba inferior al que había en el mercado, esto entre otras presuntas irregularidades que no terminaron por asentar dicho delito, ya que en diciembre de ese mismo año salió bajo fianza junto con Alfredo Porras, quien había fungido como secretario de gobierno durante su gestión.

Marcos Covarrubias Visallaseñor, gobernador entonces, había roto relaciones con el PRD y con Narciso Agúndez en 2010, razones por las que había decidió integrarse a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) como candidato a gobernador, quedando electo y desempeñándose como tal entre 2011 y 2015. 

Por otro lado, durante la detención, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se había deslindado de su relación con el exgobernador, quien presuntamente aspiraba a sumarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mientras realizaba proselitismo a favor del priísta Enrique Peña Nieto, rumbo a la presidencia.

Si bien los toboganes fueron desmantelados y retirados de El Coromuel, la base de los mismos aún se encuentran en la playa, se observan oxidados y representan un peligro para quienes asisten a realizar actividades acuáticas.

Gobierno de BCS impulsó programa de créditos para mujeres con irregularidades y sin seguimiento

Daniela Reyes | Border Hub

Durante la administración del exgobernador Carlos Mendoza (2017-2021), alrededor de 31 millones de pesos se manejaron con irregularidad en un programa de Créditos para mujeres Emprendedoras Sudcalifornianas, que incumplió con las reglas de operación, no tenía presupuesto suficiente para su operatividad, carecía de supervisión y de indicadores de resultados; muchos de los créditos se entregaron a un grupo de la población que no era el objetivo, entre ellas funcionarias públicas estatales de acuerdo con testimonios, entrevistas a especialistas en políticas públicas y ex -funcionarios, así como solicitudes de información e información pública.

A Dorotea con sus 59 años y una discapacidad auditiva, le interesaba consolidar un negocio de venta de comida que instalaría en los tianguis donde ya trabajaba y vio en los Créditos a Emprendedoras que promocionaba el Gobierno del Estado de Baja California Sur, la oportunidad para materializarlo, platicó en una entrevista.

Tomó las capacitaciones, entregó documentación y solicitó la cantidad más alta, 40 mil pesos, pero en 2019 sólo le otorgaron la mitad del dinero. Esa cantidad no fue significativa para su negocio de comida y tampoco recibió acompañamiento por parte del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres) para llevar a cabo su proyecto una vez que le entregaron el dinero, dijo.

A causa de eso, reconoció que no pudo llevar a cabo el proyecto que planteó ni devolver el dinero. Hoy se encuentra en la lista de deudoras, proporcionado por el ISMujeres vía transparencia, que no le permite acceder a ningún otro programa del gobierno de Baja California Sur.

El caso de Dorotea es un ejemplo de muchos que se repiten en Baja California Sur, un estado en el noroeste de México, con el Programa de Fortalecimiento a Mujeres Emprendedoras Sudcalifornianas (PEFMES), una iniciativa que se implementó durante el mandato del exgobernador panista Carlos Mendoza Davis (2015-2021).

La intención de ese proyecto era otorgar “créditos a la palabra”, con modalidad revolvente, de fácil acceso y sin intereses a mujeres que no podían acceder a créditos bancarios para que, de esta forma, pudieran fortalecer o iniciar un negocio.

Entrega de créditos a beneficiarias en 2017 por parte del ex gobernador Carlos Mendoza, Lorena Cruz, ex presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Cristina Herrera, ex directora del ISMujeres. Crédito: Página de Facebook de Carlos Mendoza Davis.

Entrega de créditos a beneficiarias en 2017 por parte del ex gobernador Carlos Mendoza, Lorena Cruz, ex presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Cristina Herrera, ex directora del ISMujeres. Crédito: Página de Facebook de Carlos Mendoza Davis.

Sin embargo, se detectaron varias irregularidades en la implementación del programa como que no contaba con presupuesto para operar, según informó el ISMujeres vía transparencia; no había un seguimiento a los créditos, y el único indicador para evaluar los resultados era el número de créditos otorgados que, en la opinión de Eunice Sánchez, especialista en programas sociales y consultora en Humint Mx, no es un indicador pertinente.

Además, la mayoría de los créditos fueron entregados a un grupo de la población que no era el objetivo del programa, entre ellas al menos ocho funcionarias públicas estatales, de acuerdo con un análisis hecho a partir del mapeo de las direcciones de las beneficiarias entregadas vía solicitud de información por el ISMujeres y consultando información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.

A través de este mapeo de beneficiarias y de las áreas de rezago social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020), la autora encontró que en el municipio de La Paz el PEFMES benefició mayoritariamente a mujeres paceñas de áreas urbanas (98 por ciento) y con un índice de rezago social bajo y muy bajo (98 por ciento) y no benefició a ninguna mujer de áreas urbanas con rezago social muy alto en todo el estado.

La mayoría de los créditos que, según las reglas de operación, debían entregarse a mujeres con bajos recursos, no fueron entregados a la población con mayor rezago social en La Paz.

Otras irregularidades reconocidas por el ISMujeres a través de una solicitud de información y que van en contra de las reglas de operación del programa, es que no hay evidencia de convocatorias del PEFMES en los años 2017 y 2018, mientras que la convocatoria 2019 no incluyó los objetivos del programa.

La institución también reconoció vía transparencia la falta de evidencia de las actas de sesiones del Comité Evaluador de Proyectos durante el 2017, pero no entregó las actas de 2018 a 2020 hasta el momento de esta publicación.

En conjunto, todas estas irregularidades van en contra de las reglas de operación y las obligaciones mínimas de transparencia, de acuerdo con Sánchez, la especialista en programas sociales.

El ex gobernador Carlos Mendoza entrega créditos a mujeres emprendedoras. Crédito: Página de Facebook de Carlos Mendoza Davis.

El ex gobernador Carlos Mendoza entrega créditos a mujeres emprendedoras. Crédito: Página de Facebook de Carlos Mendoza Davis.

De acuerdo con los presupuestos de egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, el total del recurso asignado al programa fue de 31 millones 292 mil 859 pesos, de esta cantidad hubo un subejercicio de  9 millones 607 mil 80 pesos en 2017, 2020 y 2021; además de que otros 19 millones 552 mil 33 pesos corresponden a adeudos parte de las beneficiarias que recibieron un crédito, pues las autoridades han recuperado sólo un millón 820 mil 604 pesos de abonos y liquidaciones.

Al restar el recurso subejercido, los adeudos y el dinero recuperado al total de 31.2 millones, queda una diferencia presupuestal de 313 mil 142 pesos que ni la Secretaría de Finanzas y Administración Pública ni el ISMujeres lograron justificar vía transparencia.

Todas estas irregularidades atraviesan la experiencia de las beneficiarias de PEFMES, que como Dorotea la resume con un: “Eso es mejor que no recibir nada”. Desilusionada de los programas de gobierno, insistió en que: “Al final terminan beneficiando a otras personas”.

Para esta investigación la periodista analizó los 615 casos de 2017 a 2021 en el municipio de La Paz, la capital del estado, de acuerdo con una base de datos de beneficiarias en el estado, proporcionada por el ISMujeres a través de una solicitud de información.

Con el objetivo de profundizar en la experiencia de las beneficiadas con el programa, se visitaron 15 domicilios, se levantaron ocho encuestas y un grupo de cuatro personas ofrecieron sus testimonios para esta investigación, que solicitaron no ser identificadas debido a que temen represalias al participar en futuros programas gubernamentales.

PEFMES, un programa sin planeación y medición de resultados

Cristina Herrera fue invitada a dirigir el ISMujeres de 2015 a 2017 y en entrevista comentó que junto al gobernador de BCS, surgió la idea de replicar un esquema de préstamos a la palabra, como el Crédito a la Palabra de la Mujer en Aguascalientes, con la intención de que fueran entregados por primera vez en el marco del 8 de marzo de 2017.

“El gobernador me dice: ‘Oye Cristina, ¿qué vas a hacer para el 8 de marzo? Ponte a pensar realmente cómo podemos apoyar a las mujeres’. Entonces él me enseñó un modelo de programa de créditos que se replicaba en otras entidades y me dice: ‘Estúdialo y si tú crees que es conveniente en Baja California Sur implementarlo, lo lanzamos’”, contó Herrera.

Así, en 2017 inició el PEFMES como un crédito dirigido a mujeres emprendedoras con un presupuesto inicial estatal de 7 millones 500 mil pesos y operado por el ISMujeres e inscrito en el Programa Sectorial de Igualdad entre hombres y mujeres, cuyo objetivo era “incentivar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones”.

Para participar en el PEFMES, las solicitantes acudían a una capacitaciones y presentaban un proyecto para crear o fortalecer un negocio que posteriormente era valorado por el Comité de Selección de Proyectos del ISMujeres, responsable de seleccionar a las beneficiarias, dar seguimiento a los financiamientos, emitir las reglas de organización y funcionamiento, y de elaborar un plan de trabajo y un calendario de sesiones del comité.

Este comité era integrado por la directora y coordinadora administrativa del ISMujeres; y representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Finanzas y Administración y de la Contraloría General del Estado, según las reglas de operación.

Una vez seleccionadas, la Secretaría de Finanzas y Administración entregaba el recurso a las beneficiarias en cheques y estas firmaban un plan de pago en el que, de acuerdo con las reglas de operación, se comprometían a abonar mensualmente hasta devolver por completo el monto, con el incentivo de que si lo hacían serían consideradas para recibir una cantidad mayor en su próximo crédito.

De 2017 a 2020 se benefició a mil 93 mujeres en Baja California Sur según una base de datos obtenida por solicitud de información, y que representan el 0.78 por ciento de las 138 mil 699 mujeres consideradas como población ocupada por la Encuesta Nacional de Empleo (INEGI, 2015).

Créditos otorgados de 2017 a 2021. Crédito: Elaboración propia con datos obtenidos por transparencia.

Créditos otorgados de 2017 a 2021. Crédito: Elaboración propia con datos obtenidos por transparencia.

Este programa tenía como objetivo contribuir a la creación y permanencia de los proyectos productivos, fomentar el autoempleo de las mujeres y contribuir a la generación de empleos, de acuerdo a las convocatorias del programa lanzadas en 2020 y 2021.

Para lograrlo, tenía como única meta otorgar 700 créditos de 2017 a 2021 para evaluar su éxito, según el Programa Sectorial de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2015-2021 para la entidad, misma que fue rebasada.

Sánchez afirmó que un indicador más adecuado para este programa sería medir qué tanto aumentaron los ingresos de las beneficiarias y los empleos generados, ya que el número de beneficiarias sólo es un indicador de gestión, pero no de impacto.

En 2019, el gobierno estatal redujo el 26 por ciento del presupuesto anual del programa que, más el millón 26 mil pesos que había sido devuelto por las beneficiarias hasta ese momento, sumó un presupuesto final de 6 millones 456 mil 953 con el que el ISMujeres entregó 430 créditos, el triple de la meta asignada para ese año, de acuerdo con Carlos Iván Chaidez, quien fue coordinador del PEFMES de 2019 a 2021 y contestó un cuestionario para este reportaje.

Los demás coordinadores/as confirmados vía transparencia por el ISMujeres, Rafael Ramos Rodríguez (2017) y María de Lourdes Mendoza (2018-19), no fueron entrevistados para esta investigación. El primero porque no respondió la comunicación vía mensajes y la segunda porque no pudo ser localizada.

Relación de coordinadores del programa de créditos. Crédito: Elaboración propia con información obtenida por transparencia.

Relación de coordinadores del programa de créditos. Crédito: Elaboración propia con información obtenida por transparencia.

Ante este ejemplo de 2019, Sánchez, la experta en programas sociales, opinó que “en realidad se están creando como changarros con poca probabilidad de éxito, y con los montos pequeños es muy poco probable que sean negocios formales; entonces, lo que se genera es más informalidad y también es precariedad en el empleo”.

Las reglas de operación señalan que los apoyos pueden ir de 3 mil hasta 40 mil pesos, pero aunque la mediana del monto solicitado es de 39 mil 900 pesos, la mediana de lo que las beneficiarias recibieron es de 20 mil pesos, de acuerdo a la base de datos proporcionada por el ISMujeres.

Con 20 mil pesos, por ejemplo, Dorotea, compró insumos para vender tamales en el tianguis que tuvo que vender ante los embates de la pandemia que paralizó la economía.

“Lo que sí recuerdo es que no fue el dinero completo pero como ya no nos iban a dar nada, quedé contenta porque nos sirvió para seguir trabajando. Pero llegó el Covid y como yo hago tamales y cosas así, mucho del insumo se consumió de manera personal y otras latas se fueron quedando y las compartí porque se iban a echar a perder”, platicó en entrevista.

Cristina Herrera, exdirectora del ISMujeres en 2017, explicó que el crédito consistía en ayudarles a empezar un negocio pero no a poner una gran empresa y que a quienes se les dio más dinero era porque el proyecto presentado lo ameritaba por su viabilidad.

“Les dimos talleres de contabilidad básica, desarrollo profesional y humano. Es decir, que tuvieran herramientas porque de pronto es gente muy sencilla o muy humilde que necesita ese pequeño empujoncito para que si sale con su carrito de hot dog, una estética o uñas, no le vaya mal y que se sepa administrar. Esos eran créditos. O sea, tampoco les ibas a dar para que pusieran una gran empresa, pero es empezar por algo”, explicó Herrera.

Juliana, otra beneficiaria, solicitó 40 mil pesos y recibió 17 mil que no le alcanzaron para llevar a cabo el proyecto que había propuesto y sólo compró un poco de herramienta que necesitaba, lo liquidó y lo consideró como “una pequeña ayuda”.

“Para mí fue una buena forma de tener un poquito más de capital. Fue satisfactorio, pero si hubiera sido un poquito más de dinero hubiera sido aún mejor”, dijo.

Mercedes Maciel, ex diputada local (2018-2021) por el Partido del Trabajo y actual representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad, consideró el PEFMES como un buen programa pero enfatizó en la necesidad de un mayor seguimiento no sólo para la devolución de los créditos, sino en el acompañamiento para la que consoliden sus negocios y cumplir el objetivo.

“Es un recurso que proviene de los impuestos de todas y de todos, y el que este recurso les sirva para mejorar realmente su economía es en beneficio de la sociedad. Cuando no hay seguimiento, el fracaso de un proyecto le da zozobra a la persona y es una pérdida para la economía gubernamental porque fue un recurso que se dio y no abonó al objetivo que tenía planteado”, opinó Maciel.

Créditos que no benefician a la población que debería privilegiar

Entrega de créditos a mujeres emprendedoras en 2019. Fuente: Gobierno del Estado de BCS.

Entrega de créditos a mujeres emprendedoras en 2019. Fuente: Gobierno del Estado de BCS.

Herrera, ex directora del ISMujeres, señaló que desde la creación del programa la idea era beneficiar principalmente a mujeres que vivían en zonas consideradas de alta marginalidad, con la intención de sacarlas de un círculo de violencia económica y así quedó instituido en las reglas de operación que indicaban que se debía favorecer de forma prioritaria a quienes “residan en zona rural y urbana, regiones o sectores en condiciones de mayor rezago social”.

Pero en un análisis de las beneficiarias en La Paz desde 2017 a 2020 realizado para esta investigación, se identificó que sólo el 2.2 por ciento de las beneficiarias vivían en entornos rurales y de las que vivían en entornos urbanos, sólo el 4.8 por ciento se encontraban en condiciones de rezago social medio o alto.

Para esta investigación, se elaboró un mapa interactivo con los datos de grado de rezago social del 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y sobre esto, se mapeó la ubicación de los negocios beneficiados, lo que permitió el análisis del rezago social de las beneficiarias del PEFMES.

Debido a que el Coneval sólo posee información sobre el grado de rezago social de las Áreas Geoestadísticas Básicas (Ageb) urbanas, una unidad de medida que subdivide un municipio, se excluyó del análisis a 13 mujeres beneficiarias de La Paz (2.2 por ciento) que se ubican en Agebs rurales.

Algunos de los criterios que Coneval tomó en cuenta para establecer los índices de rezago social son el acceso a computadora, internet y celular, contexto de deserción escolar y de analfabetismo.

La difusión y el acompañamiento son papeles fundamentales para que mujeres que se encuentran en zonas consideradas rezagadas en la ruralidad y en la ciudad, puedan acceder a estos beneficios en igualdad de condiciones, de acuerdo con la experiencia de Maciel quien acompañó a mujeres solicitantes del PEFMES cuando era diputada.

Herrera, ex directora del ISMujeres, señaló que le hubiera gustado redireccionar más recursos en su gestión (2017) para la operatividad del programa y, de esta forma, poder dispersar los créditos territorialmente en toda la geografía estatal.

Servidoras públicas beneficiarias

“No estar desempeñando cargo alguno como servidora pública en el ámbito estatal, federal o municipal”, fue uno de los requisitos establecidos en las reglas de operación de 2020.

Herrera Infante aseguró que al seleccionar los proyectos solicitaban a recursos humanos el listado de servidoras públicas para no beneficiarlas. Montaño, por su parte, explicó que en su administración incluso se hacían tres filtros y el primero era corroborar que no fuera funcionaria.

Sin embargo, al revisar a las beneficiarias con los montos más altos (más de 30 mil pesos) de 2017 a 2020 en la información pública sobre sueldos en la Plataforma Nacional de Transparencia, se identificó que al menos ocho eran servidoras públicas de base cuando recibieron el crédito.

A este grupo de mujeres se les buscó en los domicilios de la base de datos de beneficiarias proporcionado por el ISMujeres vía transparencia; sin embargo, cinco no pudieron ser localizadas debido a que el domicilio era inexistente o incompleto; en el domicilio expresaron que nunca había vivido esa persona ahí; o nadie atendió. Mientras que las dos que pudieron ser contactadas, expresaron no querer colaborar con la investigación y una más fue evasiva, al explicar el motivo de contactarla colgó la llamada, bloqueó el número y no respondió por mensajes hasta el cierre de esta edición.

También se detectaron al menos cuatro beneficiarias retiradas como trabajadoras del estado y siete beneficiarias afiliadas al Partido Acción Nacional (PAN) previo a ser beneficiarias o en el año de recibirlo.

Al respecto, Herrera señaló que como directora no era autónoma en sus decisiones, ya que arriba del organigrama estaba el consejo consultivo y en el caso de selección de proyectos, es responsabilidad de todo el Comité de Selección de Proyectos.

Cuentas que no cuadran

Respecto a los 313 mil 142 pesos de los que no se conoce su destino, Carlos Iván Chaidez, quien fue coordinador del PEFMES de 2019 a 2021, y Herrera Infante, afirmaron que ese recurso lo administraba la Secretaría de Finanzas y Administración, y lo repartía a las beneficiarias y no el ISMujeres.

Esta última institución estaba a cargo de Isidro Jordán Moyrón, quien en 2023 fue vinculado a proceso por presumiblemente cometer los delitos de atribuciones y facultades entre el 2015 y 2021, proceso por el cual se le negó un amparo.

“El ISMujeres no recibe ni administra en sus cuentas bancarias el dinero aprobado y asignado para el otorgamiento de créditos. La Secretaría, previo un proceso administrativo, realiza la entrega de cheques al ISMujeres para que realice la entrega de los mismos a las mujeres que sean beneficiarias del programa”, señaló Chaidez, excoordinador del PEFMES.

Aunque el ISMujeres era un organismo descentralizado, estaba sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, que en 2018 cambió a Secretaría del Trabajo y Desarrollo Social (STDS), que se encargaba de orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público del ISMujeres por estar bajo su coordinación, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Esto es considerado por Imelda Montaño, exdirectora del ISMujeres (2020-21) como violencia política, “porque se supone que un instituto es un organismo descentralizado” pero era sólo “de papel”, señaló. De esta forma, el Instituto no usaba sus recursos directamente sino que “todo el manejo tenía que ser a través de Desarrollo Social”, que, a su vez, gestionaba los gastos mensuales ante la Secretaría de Finanzas y Administración.

“Operativamente no tenía la capacidad de manejar su propio presupuesto y siempre estaba en Finanzas. Yo le pasaba a Finanzas documentalmente todo lo que acreditara el gasto que se ejerció, pero con el visto bueno de la Secretaría de Desarrollo Social”, aclaró Herrera.

Presupuesto asignado y ejercido del PEFMES. Crédito: Elaboración propia con información obtenida por transparencia.

Presupuesto asignado y ejercido del PEFMES. Crédito: Elaboración propia con información obtenida por transparencia.

Montaño, quien fue directora del ISMujeres en dichos años, insistió en que al no poder manejar sus propios recursos, el gobierno del Estado disponía de éstos, y al Instituto sólo le tocó “apechugar” cuando redireccionaron casi la totalidad de su presupuesto como sucedió en 2020 y 2021 cuando se reorientaron recursos para atender necesidades surgidas por la pandemia por Covid-19, según la cuenta pública.

En el caso del presupuesto de 2017 y 2018, la Secretaría no detalla el por qué de la diferencia entre lo asignado y lo ejercido; sólo hace una justificación muy general de la variación presupuestal en las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, grupo al cual pertenece el presupuesto del PEFMES.

Herrera Infante mencionó que ella no recuerda que haya habido una diferencia presupuestal en el PEFMES durante su gestión en 2017, pero no cuenta con documentos que prueben lo opuesto.

Para aclarar el recurso no ejercido o no reportado, la periodista solicitó entrevista a la Unidad de Asistencia Administrativa y Contable del ISMujeres a través de mensajes de texto con el área de comunicación, quien respondió que debido a que también se había hecho la solicitud a la Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California Sur a través de un oficio entregado en sus oficinas, esta última sería la autorizada para responder a la información.

Sin embargo, la Secretaría no respondió hasta el cierre de la edición, sino que fue el área de comunicación del ISMujeres quien respondió un mes y medio después de la solicitud las preguntas que eran dirigidas a la Secretaría, pero no dio cuenta del manejo del dinero por esta última.

La ex directora del ISMujeres Gisela Paes (2018-19) fue contactada a través de comunicación personal y rechazó la entrevista, ya que ha decidido mantenerse alejada de la vida pública.

Sin convocatoria y actas del Comité

Si bien no existe evidencia de una convocatoria para el PEFMES en 2017 y 2018 ni actas de las sesiones del Comité de Selección de Proyectos, Herrera Infante, ex directora aseguró que sí existieron; sin embargo, reconoció que no cuenta con pruebas documentales debido a que “cuando sales de una institución tú no te llevas nada” y que probablemente al personal de transparencia “les da flojera buscarlas”.

“Si algo se caracterizaba el gobierno de Carlos Mendoza, es que éramos muy metódicos... jamás me hubieran permitido lanzar un programa en el que tuviera que ver recursos, sin una convocatoria, sin un comité evaluador”, afirmó.

El Comité debía contar con un calendario de sesiones en donde se tomarían los acuerdos, mismos que debían ser registrados por la Secretaría Técnica del Comité, que era la coordinadora administrativa del ISMujeres, en actas y/o minutas de las sesiones.

Estas irregularidades indican las fallas a las obligaciones mínimas de transparencia que tienen los gobiernos estatales. En este caso, genera discrecionalidad en el otorgamiento de los créditos, puede prestarse a clientelismo político y no queda claro cuál es la problemática que atiende y cómo el programa aporta a su resolución, señaló Sánchez, la experta en programas sociales.

“Además genera desconfianza (…) y perder la confianza en la autoridad pues también puede generar hasta crisis de gobernabilidad”, añadió.

La falta de estas obligaciones mínimas incluso pueden derivar en faltas administrativas, debido a que probablemente hay un incumplimiento de funciones por parte de los servidores públicos encargados, señaló la especialista, citando la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur en su artículo 49.

“En las reglas de operación casi siempre viene quién es la autoridad ejecutora y quién es la autoridad normativa, entonces cuando entra algo en las facultades no las cumplen pues el incumplimiento de sus funciones”, sentenció Sánchez.

Un programa sin gastos operativos es igual a fondo perdido

Dorotea recibió una capacitación previa obligatoria para solicitar el crédito; sin embargo, una vez que lo recibió no tuvo seguimiento de parte del ISMujeres ni para orientarla para la devolución del dinero.

La Red de Apoyo al Emprendedor del Sistema Estatal DIF colaboraba institucionalmente con el ISMujeres y brindaba unas capacitaciones a cargo de Nhalley Meza, que tenía como objetivo apoyar a las solicitantes en la elaboración de un proyecto de negocio.

Meza dotó de herramientas financieras a 6 mil 136 mujeres interesadas y les acompañó en todo su proceso, pero indicó en entrevista que su trabajo llegaba hasta el momento en el que eran aceptadas como beneficiarias.

Número de mujeres capacitadas con el programa. Crédito: Elaboración propia con información obtenida por transparencia.

Número de mujeres capacitadas con el programa. Crédito: Elaboración propia con información obtenida por transparencia.

El seguimiento era responsabilidad del ISMujeres, que de acuerdo con las reglas de operación 2020, es encargado de contar con un fondo para llevar a cabo la planeación, operación, supervisión, seguimiento, contraloría social, capacitación y recuperación de créditos. Para esto determinaba que “se podrá destinar recursos de hasta el 5 por ciento del presupuesto asignado al programa”.

Montaño reconoció que el programa se quedaba a la mitad, cuando en realidad debería acompañar antes, durante y después de otorgar el crédito y encaminar a las beneficiarias hasta su registro en Hacienda.

“Sí se ocupa un acompañamiento, no nada más entregar el recurso y que la gente lo use para bien o para mal, porque a lo mejor no tiene las suficientes herramientas (...) porque es un recurso de todas y de todos y queremos que tenga éxito, no que sea nada más para resolver de manera temporal un problema”, expresó Maciel.

A través de una solicitud de información el ISMujeres manifestó que de 2017 a 2021 no contó con recursos financieros para ejercer gastos de operación dentro de su presupuesto para dar seguimiento, tanto para comprobar el éxito de los créditos como para la cobranza.

“Al no contar con recurso financiero el programa para gastos operativos, ya que todo el dinero fue destinado para la entrega de créditos, lo requerido por el programa fue cubierto por el ISMujeres en sus partidas dentro de su presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal”, explicó Chaidez.

Herrera, la ex directora del ISMujeres, afirmó que en 2017 sí contó con una partida para gastos operativos que usó para contratar a dos personas y consolidar un equipo de cuatro personas exclusivamente para atender al programa. Sin embargo, esta información se contrapone a la respuesta de la solicitud de información y al testimonio de Imelda Montaño.

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“Lo que nosotros hacíamos era meterlo (los gastos operativos) en lo que ya teníamos para la institución. En el rubro de promoción, ahí metíamos todos los programas de la institución”, aclaró Montaño.

El ISMujeres aseguró visa transparencia que realizó llamadas telefónicas y visitas domiciliarias como parte de las acciones de cobranza que se le atribuyen en las reglas de operación, pero Chaidez señaló que, al menos en 2019 cuando fue coordinador, fue complicado localizar a las beneficiarias debido a que habían cambiado su número de contacto.

Sánchez señaló que puede que esto vaya más allá de la falta de medios de contacto con las beneficiarias.

“Es muy probable que los negocios no estén funcionando y que no estén generando los ingresos que permitan devolver los créditos. Además, de que no haya acompañamiento para la instalación de los negocios. Alguien así, de la nada, no puede crear un negocio sin alguna orientación técnica que les ayude a que su negocio tenga éxito. También indica que no hay mecanismos de supervisión”. Y añadió que no contar con una partida para operatividad no justifica las fallas en el seguimiento de los créditos.

Pese a que las beneficiarias estuvieron inconformes con lo recibido, señalaron estar satisfechas, ya que se les dió un crédito sin intereses que eventualmente se convirtió en un apoyo a fondo perdido, pues nunca se los solicitaron de vuelta, como fue el caso de las beneficiarias entrevistadas.

EL PEFMES sigue vigente

En 2022, la nueva administración estatal, encabezada por el panista Víctor Manuel Castro Cosío, retomó los créditos, pero bajo el nombre de Programa de Apoyo al Bienestar de Mujeres Emprendedoras 2022 (PABME) y que funciona muy similar al PEFMES, de acuerdo con sus reglas de operación.

También comparte los objetivos: empoderar a las mujeres emprendedoras y generar empleos. Tiene al frente como coordinadora a Karla Chiquete, quien aseguró que muchas de las fallas operativas han sido corregidas; por ejemplo, ahora cuenta con un presupuesto bien definido para gastos operativos, con un plan de seguimiento de los créditos y no se les brinda capacitación ni se les solicita un proyecto de negocios tan estructurado a las solicitantes para que esto no sea una barrera en el acceso.

Sin embargo, Mercedes Maciel insistió en que aún en la actualidad se debe trabajar en que estos programas tengan mayor difusión y alcancen a mujeres de zonas marginadas, pero sobre todo que sean programas que operen correctamente y cumplan su objetivo debido a que lo que está en juego es la autonomía de las mujeres.

“Al final de cuentas es la única manera que tenemos nosotros realmente de ser autónomas, mientras no haya una mujer que tenga asegurada su vida económica va a estar supeditada a muchas situaciones”, dijo. Y agregó que se necesitan programas que no sean sólo “buenos intentos pero que no van a la raíz”.

Boom inmobiliario en Tijuana atrae a extranjeros, desplaza a habitantes y beneficia a desarrolladoras

Iván Cruz | Border Hub

El Ayuntamiento de Tijuana y el Instituto Metropolitano de Planeación elaboraron y llevaron a consulta pública un nuevo plan de desarrollo urbano con el que el municipio modifica el uso de suelo de áreas de conservación y fomenta la construcción de nuevos edificios que, de acuerdo con especialistas, encarecen las propiedades y desplazan a los habitantes a zonas periféricas. 

En Tijuana, Baja California, la mayoría de los habitantes no tiene el ingreso necesario para comprar una casa o departamento, ya que según el INEGI, un trabajador de esta entidad gana en promedio alrededor de 5 mil 960 pesos mensuales, mientras que un departamento sencillo en el municipio cuesta arriba de los 275 mil dólares (4.9 millones de pesos), de acuerdo con el informe 2022 del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios.

A pesar de esto, el Ayuntamiento de Tijuana y el Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN) promovieron un nuevo plan de desarrollo urbano que impulsa la construcción de nuevos edificios de vivienda de alta densidad enfocados, principalmente, en clientes extranjeros.

Esto debido a que según un reporte del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California el 91 por ciento de los interesados en comprar una vivienda en Tijuana no son personas del municipio, sino ciudadanos de Estados Unidos que tienen un mayor poder adquisitivo.

Además, organizaciones, activistas y vecinos señalan que este nuevo plan de desarrollo urbano se hizo de forma opaca y excluyó a la sociedad civil en su elaboración, pues se enteraron de su existencia una vez que fue aprobado el dictamen en el Cabildo, pese a que por Ley, los habitantes interesados en participar debieron haber sido convocados por el gobierno previamente.

“Nos enteramos de rebote, porque estábamos viendo lo de otra declaratoria que está en la zona de Los Laureles y entre todos los mil dictámenes que metieron, el último era este”, explicó Carmen Romo, co-fundadora y directora de la asociación civil Tijuana Calidad de Vida.

Tijuana está en constante crecimiento. En 2015 tenía 1.6 millones de habitantes y cinco años después, alcanzó la cifra de 1.9 millones. Actualmente, es el municipio más poblado del país, de acuerdo con el Censo de Población INEGI 2020.

En ese sentido, en un texto publicado por el portal Z Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero señaló que Tijuana es una ciudad “dónde llega gente todos los días, entonces hay que hacer espacios para todas las áreas, y eso incluye Playas de Tijuana con el plan del IMPLAN. Sin embargo, si consideran (habitantes de Playas) que la información fue poca, podemos hacer una reunión para ampliar la información, pero en el entendido de que la ciudad tiene que seguir teniendo desarrollo”.

Para este reportaje, el reportero buscó contactar por la vía institucional con el equipo de la alcaldesa Montserrat Caballero, para obtener una respuesta, pero no se concretó la entrevista debido a falta de espacio en su agenda.

De acuerdo con testimonios recabados para este reportaje de colectivos como Tijuana Calidad de Vida y Salvemos Playas de Tijuana, así como integrantes del Colegio de Arquitectos, ambientalistas y vecinos, entre las modificaciones realizadas a este instrumento jurídico destaca el cambio en el uso de suelo que beneficia directamente a desarrolladoras inmobiliarias que ya construyen sus edificios en zonas que, todavía con la regulación vigente, son consideradas de riesgo o de conservación.

El 16 de enero de 2023, en la sesión de Cabildo de Tijuana, las autoridades dieron a conocer el Dictamen XXIV-CPUDMOSP-10/2023, relativo a la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana, Baja California 2023- 2040 (PMDUT 2023-2040) y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2023-2040 (PDUCPT 2023-2040).

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano fue puesto a consulta pública del 17 de febrero al 17 de marzo de este año, los resultados finales están pendientes de publicación, por lo que todavía no ha entrado en vigor.

Decenas de desarrollos inmobiliarios se construyen en las colonias populares de Tijuana. Se venden a precios elevados para la economía de los habitantes locales. Crédito: Iván Cruz.

Decenas de desarrollos inmobiliarios se construyen en las colonias populares de Tijuana. Se venden a precios elevados para la economía de los habitantes locales. Crédito: Iván Cruz.

Estos documentos marcan los lineamientos de cómo debe conducirse el desarrollo urbano del municipio, las zonas en las que está permitido y prohibido construir, así como el nivel de densificación para los próximos 17 años.

Justo al final de esa sesión y como último punto a tratar, según consta en el ACTA 25 XXIV, el Cabildo aprobó por unanimidad poner los proyectos del PMDUT 2023-2040 y PDUCPT 2023-2040 a consulta pública, para cumplir con los requisitos que marca la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Fue ese mismo 16 de enero que vecinos e integrantes de organizaciones civiles supieron que en el IMPLAN ya tenía listos los documentos para salir a la consulta pública.

“La ley dice que se consulta desde que estás maquilando el programa. O sea, nos van a consultar ya que tienen el programa hecho”, dijo Carmen Romo, co-fundadora y directora de la asociación civil Tijuana Calidad de Vida.

La activista, que también es Licenciada en Arquitectura y Maestra en Desarrollo Urbano, explicó que el PMDUT 2023-2040 no es el primer intento para actualizar los reglamentos vigentes.

En la administración municipal del periodo 2019-2021, apunta, las autoridades municipales también pretendieron renovar el plan y programa que actualmente están vigentes, pero fueron frenados por la presión social de vecinos y activistas.

El documento presentado en ese entonces fue el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana 2020-2040. En ese momento, Rodolfo Argote Gutiérrez era director del IMPLAN.

El programa fue criticado por no incluir a la sociedad civil en su elaboración. Tras casi un año de polémica, el documento no fue aprobado y en 2023 el municipio lanzó una nueva versión que, en opinión de los activistas, recicló muchos aspectos del anterior.

En el borrador de la actualización al programa que la administración anterior elaboró y al que las organizaciones civiles tuvieron acceso, se establece que las zonas protegidas serían declaradas como suelo de uso mixto, lo que significa que el terreno sería apto para edificar giros comerciales y residenciales de alta densidad.

“Lo que pasó fue que se hicieron desarrollos antes de que se hiciera la modificación y la modificación se hizo con base a los desarrollos que ya están”, aseguró Carmen Romo.

Romo explicó que algunos ejemplos de edificios que actualmente son construidos en zonas de riesgo o de conservación son Civantia/Pacific View, Índigo, Paseo del Mar, Wesley, Torre Pacífico y Costa by Frasa, todos son edificios de departamentos.

De acuerdo con el mapa comparativo de los usos de suelo vigentes y los propuestos en el nuevo plan, que se muestra a continuación, aparece en el nivel superior de la imagen la geolocalización de los desarrollos inmobiliarios que se construyen en la zona costera de Playas de Tijuana.

Destacan Civantia/Pacific View, Paseo del Mar, Índigo, Torre Pacífico y Costa by Frasa, que como se observa en nivel “Usos de Suelo Vigentes”, están ubicados en una zona verde, que significa que es un área de “Conservación”.

En el nivel “Usos de Suelo Propuestos en 2020”, se aprecia que esta zona verde desaparece por completo y en su lugar aparecen recuadros marrones, que representan un uso de suelo “Especial”, apto para la construcción de edificios de uso mixto (residencial y comercial). Como ya se mencionó dicho plan no fue aprobado por la presión ciudadana.

Ahora, en el nuevo proyecto de 2023, este cambio se mantiene y los recuadros de uso de suelo “Especial” están, precisamente, localizados en donde ya se construyeron los edificios mencionados anteriormente.

Los cambios en los usos de suelo que propone el IMPLAN en 2023, son los mismos que se contemplaban en el proyecto de 2020, el cual fue detenido por los vecinos organizados. Crédito:  Iván Cruz con datos del IMPLAN y Defendamos Playas.

Los cambios en los usos de suelo que propone el IMPLAN en 2023, son los mismos que se contemplaban en el proyecto de 2020, el cual fue detenido por los vecinos organizados. Crédito: Iván Cruz con datos del IMPLAN y Defendamos Playas.

Colonias como Madero, conocida como “Cacho” son de las más afectadas por el boom inmobiliario.  Crédito: Iván Cruz.

Colonias como Madero, conocida como “Cacho” son de las más afectadas por el boom inmobiliario. Crédito: Iván Cruz.

Señalan activistas ‘conflicto de interés’ 

De acuerdo con la descripción oficial de la dependencia, el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN) es un organismo público descentralizado de la administración municipal.

Es decir, cuenta con cierta autonomía jurídica y entre sus facultades está la de brindar servicios a entidades públicas y privadas en el desarrollo de proyectos, pero no deja de ser una dependencia de gobierno que funciona con recursos del erario.

El IMPLAN se encarga de la planeación y regularización del crecimiento urbano del municipio, mediante la elaboración de documentos como planes de desarrollo, cartas urbanas y programas de ordenamiento.

Esta dependencia es, entonces, la que marca parte de los lineamientos que las empresas desarrolladoras tienen que seguir para poder obtener permisos de construcción, los cuales son autorizados por la Dirección de Administración Urbana (DAU), que esta sí es una secretaría del gobierno municipal.

Sin embargo, activistas de Tijuana Calidad de Vida señalan que es común que exfuncionarios públicos de IMPLAN y DAU se integren a la iniciativa privada una vez que concluyen con sus cargos o que regresen al gobierno tras unos años de consultoría a empresas constructoras.

Carmen Romo opinó que esta situación es poco ética debido a que es susceptible a que se presenten casos de presunta corrupción.

“Hay mucho conflicto de interés. Como el círculo de profesionales dedicados a los estudios de impacto urbano, al tema de planeación urbana, es el mismo. Todos sabemos quiénes son y se rolan.

“Y sí, claro, hay un conflicto de interés totalmente perceptible para todos. Entonces cuando dices, bueno, la ciudad no tiene un pool de profesionales gigantesco en desarrollo urbano, ahí es donde juega un papel importante tu ética profesional”, dijo Romo.

Martín Acosta, arquitecto paisajista en Tijuana, comentó que la rotación entre gobierno e iniciativa privada que se da entre exfuncionarios abre la puerta a que se den facilidades de permisos para construcciones o que se encuentren lagunas en la ley para que sean factibles.

“Los peritos urbanos que estuvieron trabajando como funcionarios en un momento dado, pues ya se las conocen de todas, todas.

“Entonces, es más fácil que puedan acceder a que los permisos sean factibles, que la factibilidad sea positiva en los cambios de uso de suelo. Y es legal, pero hay algunas cosas que no están legales y que de todas maneras hacen que sean legales”, dijo.

El caso Playas de Tijuana y los edificios en las costas

La delegación Playas de Tijuana es una de las más impactadas con la construcción de edificios. Ahí se dieron dos casos en los que ex funcionarios tuvieron una relación laboral como consultor o perito en empresas inmobiliarias.

En contexto, la Carta Urbana 2010-2030, vigente todavía y consultable en la página oficial del IMPLAN, indica que en la costa de Playas de Tijuana, no se pueden hacer edificaciones debido a que es un área de conservación. Esto, de acuerdo a la Matriz de Compatibilidad que acompaña al mapa del documento y que marca con color verde toda la franja en donde actualmente ya se levantaron edificios de departamentos.

Los activistas explicaron que algunas de las construcciones que obtuvieron permisos en la costa de Playas de Tijuana son los fraccionamientos Civantia/Pacific View, Índigo, Paseo del Mar, Torre Pacífico y Costa by Frasa.

En ese sentido, el abogado José Ángel Peñaflor, que ha participado con colectivos de vecinos y activistas en el trámite de amparos contra inmobiliarias, opinó en entrevista para este reportaje que hay colusión entre autoridades, empresas y el Poder Judicial del Estado que permiten que este tipo de edificios se construyan.

“Yo creo que el tribunal que está viendo todo esto, que es el Tribunal Contencioso, yo lo veo como que forma parte de todo este entramado jurídico judicial que les permite (a las empresas) continuar reconstruyendo. Las suspensiones que nos han otorgado para que no se construyan nos las condicionan a que demos fianzas millonarias y obviamente que los grupos (activistas) no tienen capacidad económica para superar este tipo de fianzas millonarias”.

En el caso particular de  Civantia/Pacific View, Peñaflor señaló que aunque la obra se encuentra suspendida temporalmente, el proceso es lento debido a que la autoridad judicial no “encuentra a los peritos” de la empresa.

“Estamos empantanados con la prueba pericial de que no encuentran a los peritos, de que los cambian, de qué etcétera, etcétera. Es pretexto tras pretexto para darles oportunidad de que terminen la obra”, dijo.

Costa by Frasa, con dirección en Playas de Tijuana, Costa de Oro 22506, es uno de los casos en los que se liga a una ex funcionaria del gobierno municipal con empresas desarrolladoras debido a que participó como perito de dos construcciones en juicios de amparo interpuestos por los vecinos. 

Este es el caso de Hayde Martínez Espinoza, quien entre 2018 y 2021 ejerció cargos como directora de Administración Urbana en el Ayuntamiento de Tijuana; así como directora del Instituto Estatal del Agua de la Comisión Estatal del Agua y directora de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Infraestructura del Desarrollo Urbano, ambos en el gobierno de Baja California, de acuerdo con su curriculum vitae el cual es público en la página del municipio.

En la costa de Playas de Tijuana, hay edificios que se construyeron en suelos con riesgo de deslave. Crédito: Iván Cruz.

En la costa de Playas de Tijuana, hay edificios que se construyeron en suelos con riesgo de deslave. Crédito: Iván Cruz.

Vecinos de Playas de Tijuana, como Gabriela Guinea, integrante de la asociación civil Defendamos Playas de Tijuana, que interpusieron un amparo contra Costa by Frasa por presuntas violaciones a los reglamentos de construcción, resaltan que Hayde Martínez Espinoza fungió como perito urbano de la empresa dueña del desarrollo.

“Ella fue perito de Costa by Frasa, que es uno de los edificios contra los que nos estamos amparando. Aparte, ella acaba de ser asignada como perito de otro grupo, el de Pacific View, para el pleito con nosotros. Es perito asignado del tercer afectado, que es el propietario.

“Cuando te vas a un pleito, ellos tienen que asignar a un perito. En este caso de Pacific View (antes llamado Civantia) que ya tenían su primer peritaje, que se lo había dado Luis Duarte (ex director del IMPLAN en el periodo 2007-2010), ahora en el pleito se va él y ponen como perito designado a Hayde”, explicó Gabriela Guinea.

Para esta investigación el reportero buscó, a través del teléfono y correo electrónico públicos en la página del IMPLAN, el posicionamiento de la arquitecta Hayde Martínez Espinoza, quien por motivos profesionales y de confidencialidad con sus clientes, dijo que no podía emitir una respuesta.

La playa de Tijuana está contaminada por las descargas de agua sucia que se hacen constantemente. Los desarrollos inmobiliarios ofertan sus departamentos como espacios con vista y acceso al mar, pero el agua no es apta para el turismo. Crédito: Iván Cruz.

La playa de Tijuana está contaminada por las descargas de agua sucia que se hacen constantemente. Los desarrollos inmobiliarios ofertan sus departamentos como espacios con vista y acceso al mar, pero el agua no es apta para el turismo. Crédito: Iván Cruz.

Quien sí respondió fue el arquitecto Luis Alfonso Duarte, exdirector de IMPLAN en 2007-2010 y uno de los autores del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana, Baja California 2010-2030, que está vigente en la actualidad.

Sobre los señalamientos de los vecinos hacia él por el tema de permisos obtenidos por Civantia/Pacific View, y su participación como perito contratado por las empresas desarrolladoras de RUBA Desarrollos y MUSA,  luego de haber dirigido al IMPLAN, Luis Duarte respondió que, en su momento, estas acreditaron tener los estudios y documentación necesarios para llevar a cabo los proyectos.

El conflicto en el caso de Pacific View/Civantia, de acuerdo con los vecinos, fue porque en Cañada Azteca, en la zona de Playas de Tijuana, una porción del predio había sido donada al municipio para la conservación de una salida natural de agua al mar, pero posteriormente se cerró entre rejas cuando inició la construcción del proyecto. Incluso hubo una protesta por este motivo el pasado 21 de diciembre del 2020.

“Mira, hasta donde recuerdo, el área de conservación se destinó a un área verde que era un pedazo, no era todo. No era todo el terreno, sino un porcentaje de ese desarrollo.

“Evidentemente, también hasta donde yo tengo entendido, en el estudio se les hizo ver a los desarrolladores que tendrían que hacer algunos estudios de oleajes e impactos en la zona federal que permitieran garantizar que, si se va a desarrollar algo ahí, pues sea lo más seguro posible.

“Que para todo técnicamente hay manera de proteger. Entonces, los estudios técnicos, tanto ambientales, vial y urbano, sí dieron positivos, sí se puede (construir).

Además, afirmó que la empresa comprobó que algunas áreas de conservación no fueron donadas.

“Una de las cosas que tengo entendido que la empresa, de alguna manera, comprobó es que esas áreas, pues algunas áreas no eran de donación. Porque creo que hay una versión ahí de los vecinos que eran áreas de donación.

“Entonces esa parte, exactamente jurídicamente, yo no te la puedo explicar porque la sé más o menos y más vale no decir algo que a lo mejor no estoy seguro. Pero sí, sí se cumplieron con los estudios que pidieron”, indicó.

Al respecto de los señalamientos de presunto conflicto de interés que señalan los vecinos a partir de las relaciones laborales de exfuncionarios con empresas desarrolladoras, el arquitecto Duarte Mora aseguró que mientras se sigan las leyes, no hay impedimentos.

En ese sentido, el arquitecto Luis Duarte agregó que luego de ser funcionario público en Tijuana, tuvo otras asignaciones en la administración pública, además de trabajar como consultor para la iniciativa privada y para el propio IMPLAN.

El último registro público que se tiene sobre un proyecto asignado al arquitecto por parte de IMPLAN es una relación de servicios profesionales pagados por dicha institución en el año 2020. Ahí, se menciona que recibió 186 mil pesos en dos adjudicaciones directas.

El primer contrato, IMPLAN-AD-SP-005-2020, corresponde a la segunda etapa de actualización del reglamento de zonificación y usos de suelo del centro de población de Tijuana, Baja California, por un monto de 136 mil pesos.

Mientras que el segundo contrato, IMPLAN-AD-SP-012-2020, fue por asignación de transectos al interior de los subsectores 14.1 a 33.5 Definidos en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, por un monto de 50 mil pesos.

“Sí, yo soy asesor del IMPLAN, no soy el que toma las decisiones. O sea, yo propongo, junto con otros asesores, no nada más soy yo, obviamente. Y de alguna manera, pues no (hay conflicto de interés), siempre y cuando vayamos con lo que dictan las normas internacionales, si no quieres confiar en las nacionales”, recalcó el arquitecto Duarte Mora.

Una consulta con poca difusión

Los Lineamientos simplificados para la elaboración de planes o programas municipales de desarrollo urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) establecen cómo debe ser el proceso a seguir para la actualización de los planes de desarrollo urbano de todo el territorio nacional.

Estos lineamientos explican que los ciudadanos tienen derecho a ser incluidos en todas las etapas por las que pasa la actualización de un Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Asimismo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece en su artículo 92 que: “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, promoverán la participación ciudadana en todas las etapas del proceso de ordenamiento territorial y la planeación del Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano”.

El 17 de febrero inició la consulta pública del PMDUT 2023-2040 y el PDUCPT 2023-2040. Ese día el Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer el hecho mediante una sola publicación en Facebook, mientras que el IMPLAN hizo dos publicaciones referentes al tema.

En las redes sociales del municipio, y el IMPLAN, así como portales oficiales y publicaciones en medios locales, no aparece más publicidad o menciones sobre la consulta.

La alcaldesa Montserrat Caballero habló sobre el tema una única vez el pasado 13 de marzo, casi al cierre de la consulta. Esto, luego de que organizaciones civiles se manifestaran en contra de los cambios propuestos.

Gabriela Guinea de Defendamos Playas de Tijuana, opinó que como todo el proceso se lanzó directamente en línea, la participación estuvo limitada. 

“Se va reduciendo la cantidad de gente que puede tener acceso a revisar”, dijo, “y eso porque tienen gente que está más cerca y que te va diciendo ‘ya salió, vamos a ver’. Ya que lo sacan, con un mes para revisar esa cantidad de páginas y poder tener opiniones al respecto, fue absurdo”.

Martín Acosta indicó que los documentos publicados en la página del IMPLAN son los borradores de una versión técnica completa que podrían resultar difíciles de comprender para los habitantes que no conocen los términos que se utilizan o no saben cómo hacer la lectura e interpretación de los mapas y los cambios presentados.

“No es tan fácil acceder y entender los términos como se dan en el plan, pero siento que sí se necesitaba algún foro del gobierno para que puedan invitar a la gente común que no tiene acceso a ese tipo de información y poderles explicar de qué se trata y que estén de acuerdo en ello o por lo menos que puedan evaluar.

“A veces son términos muy técnicos que no son fáciles ni para los arquitectos”, dijo Acosta.

El desplazamiento 

En sus lineamientos, la SEDATU menciona que los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano deben tener un enfoque que ponga en el centro las necesidades de las personas que habitan el territorio.

SEDATU sí recomienda hacer una planeación compacta, es decir, crecer en lo vertical y no tanto en expandir las ciudades a lo horizontal, pero especifica que la planeación tiene que hacerse de acuerdo con las realidades del municipio.

“Debe existir congruencia entre la problemática identificada, las proyecciones de población, los escenarios y las necesidades de suelo urbano en general y para cada uso en particular, así como con la conservación de áreas de valor ambiental y con zonas de riesgo”, se explica en el documento de lineamientos.

Los borradores del PMDUT 2023-2040 y el PDUCPT 2023-2040 que están a consulta en Tijuana abordan una parte importante de la realidad que hay actualmente en el municipio: más estadounidenses se asientan en el municipio.

“El presente instrumento de planeación pretende aprovechar dos situaciones características de Tijuana: su relación binacional con la ciudad norteamericana de San Diego, que le ha permitido jugar un papel relevante en las relaciones económicas entre México y Estados Unidos; y la presencia de procesos migratorios nacionales e internacionales, que, en algunos casos, han terminado por asentarse forma permanente en esta ciudad”, se lee en la introducción del PDUCPT 2023-2040.

En Corona del Mar, ya trabajan día y noche en preparar el terreno para nuevos edificios, a pesar de que el uso de suelo vigente todavía señala que ahí es área verde. Crédito: Iván Cruz.

En Corona del Mar, ya trabajan día y noche en preparar el terreno para nuevos edificios, a pesar de que el uso de suelo vigente todavía señala que ahí es área verde. Crédito: Iván Cruz.

Juan Enrique Bautista Corona, Secretario de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental del Ayuntamiento de Tijuana, dijo al respecto que actualmente se construyen unos 100 nuevos desarrollos inmobiliarios en el municipio. Muchos de estos edificios venden o rentan su cartera de departamentos en dólares y precios poco accesibles para los trabajadores.

“Este tipo de desarrollos que se están detonando por la Cacho, en el Hipódromo, son desarrollos que son totalmente vendidos. Sí hay compradores, usualmente se les vende una parte a los residentes de Estados Unidos o familiares de los que viven dentro la misma colonia, que ya tienen este mucho tiempo viviendo en la colonia, residentes desde siempre. Los hijos compran este tipo de departamentos para estar cerca con los papás, sí existe una demanda, sí existe la oferta, no es la suficiente. Falta mucho por hacer”, dijo en entrevista para esta investigación.

El funcionario justificó que la gran mayoría de los edificios de departamentos que se construyen en Tijuana fueron autorizados por la administración anterior. Asegura que en el gobierno actual sólo han dado alrededor de 20 licencias nuevas.

En el proyecto del PDUCPT 2023-2040 se aprecian cambios importantes que, en palabras de los expertos consultados, dan más facilidades a que se construyan todavía más edificios en colonias o terrenos en donde el impacto ambiental y la carga extra que generarán a los servicios urbanos será un problema para los habitantes actuales y la nueva población que llegue.

En el caso de Playas de Tijuana, Carmen Romo explica que, en el análisis del documento en consulta, se identificó que terrenos que en el plan anterior se consideraban de riesgo o para conservación, cambiaron a ser de tipo de suelo “Especial” o “Uso mixto”, con lo cual, en caso de aprobarse, todos los amparos que los vecinos hicieron contra edificios y construcciones que consideran irregulares, quedan sin efecto.

En la zona de Corona del Mar y el Fraccionamiento Costa Azul, en los que también se marcaban como áreas verdes y en los que ya hay mucha actividad de remoción de tierra, venta de lotes para construir casas de lujo y obras para levantar fraccionamientos privados, en el nuevo plan se propone expandir el territorio permitido para poder urbanizar.

En el PDUCPT 2023-2040 se observa que la mancha de tipo de suelo Especial (que permite construcción de edificios) creció en la zona de Corona del Mar, comparado con el Plan vigente. Crédito: Iván Cruz.

En el PDUCPT 2023-2040 se observa que la mancha de tipo de suelo Especial (que permite construcción de edificios) creció en la zona de Corona del Mar, comparado con el Plan vigente. Crédito: Iván Cruz.

En el Centro de Tijuana y las partes cercanas a la frontera con Estados Unidos, que es un área conocida como la Zona Dorada, el nuevo plan también propone aumentar la densidad y coincide con la ubicación de edificios que construyen o construyeron recientemente y en cuyos terrenos estaba proyectada una densidad media originalmente.

Martín Acosta, arquitecto paisajista en Tijuana, mencionó que en el análisis al PMDUT 2023-2040 y el PDUCPT 2023-2040 que realiza el Colegio de Arquitectos de Tijuana, encontró que los planteamientos de estas propuestas abren la puerta a que las personas que residen en colonias de bajos y medianos recursos sean expulsados a las orillas de la ciudad, por el aumento de la plusvalía que se generará con la construcción de desarrollos dirigidos a compradores con mayor poder adquisitivo.

“Se está generando otra zona interesante que le llaman Zona Plateada, que no tiene tanta plusvalía y que son colonias que están muy bien ubicadas, que tienen todos los servicios, pero que el valor de las propiedades no es tanto por el tipo de residencias que tienen ahí, pero le meten arriendos al espacio público, generan plusvalías y ya pueden generar gentrificación con ello y es lo que no queríamos.

“O sea, (queremos) que exista un balance para que no se sobrevaluen y se generen tantas plusvalías que estén impulsando que la gente tenga que salirse de ahí a otras partes más económicas”, mencionó.

Gabriela Acosta, del Colectivo Defendamos Playas, afirma que el nuevo Plan que propone el gobierno está alineado a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. Crédito: Iván Cruz.

Gabriela Acosta, del Colectivo Defendamos Playas, afirma que el nuevo Plan que propone el gobierno está alineado a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. Crédito: Iván Cruz.

Alma Delia Sánchez Pérez, agente inmobiliaria en Tijuana, aseguró en entrevista que han observado desplazamientos de personas en colonias en las que se construyen edificios de departamentos, debido al incremento de precios que estos mismos generan.

“El hecho de que haya una mayor demanda de casos, por ejemplo, en cerca de la línea (fronteriza), pues había personas que estaban dispuestas a pagar más por esas mismas propiedades.

“Entonces, terminó subiendo el precio al mejor postor y tanto así que la zona más cerca de la línea, que le llaman la Zona Dorada, ha ocasionado, que las personas que, por así decirlo, tú vives en Zona Río y pagabas 600 dólares y conforme aumenta la demanda esa renta pasó a ser de 900 dólares.

“Y si ya no te alcanza, pues te ves en la necesidad de negociar y llegar a un acuerdo, si se puede, sino, pues, desplazarte y moverte a otra zona de la ciudad que esté acorde el presupuesto”.

Agrega que estos movimientos en el mercado inmobiliario ya se veían venir antes de la pandemia, pero fue tras la contingencia por Covid-19 que aumentó esta tendencia, lo cual, considera, sí afecta a los sectores de medio y bajo ingreso en Tijuana.

Los habitantes de Tijuana ya padecen los efectos de una gentrificación, como la fallas en los servicios, aumento del tráfico, incremento en los precios de la vivienda y el desplazamiento de familias con menos recursos. Crédito: Iván Cruz.

Los habitantes de Tijuana ya padecen los efectos de una gentrificación, como la fallas en los servicios, aumento del tráfico, incremento en los precios de la vivienda y el desplazamiento de familias con menos recursos. Crédito: Iván Cruz.

Menciona que grupos organizados de vecinos que tienen apego a los territorios que habitan tienen la posibilidad de defender sus colonias y que esto les permite evitar la entrada de inmobiliarias.

“Las familias de clase media son un poquito más involucradas en el tema de organización y el tema de preservar.

“A veces tienen un poco más de arraigo a la zona y se fomenta esa organización o administración de lo que son los recursos en su comunidad. Pero sigue sucediendo que familias que son de recursos más bajos se vean orilladas (a desplazarse) más a las afueras o vivir en donde puedan y en condiciones que no son dignas”.

El 59.2 por ciento de quienes compran los inmuebles, no lo hacen con la intención de habitarlos, sino de utilizarlos como casas de descanso o fin de semana o para ponerlos directamente en renta, lo cual aporta todavía más a la especulación de precios que se da en la zona, de acuerdo con un reporte del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California.

Los vecinos de Playas de Tijuana se oponen a los cambios en los usos de suelo propuestos por IMPLAN. Crédito: Colectivo Defendamos Playas.

Los vecinos de Playas de Tijuana se oponen a los cambios en los usos de suelo propuestos por IMPLAN. Crédito: Colectivo Defendamos Playas.

Jaime Bonilla apoyó con miles de dólares a políticos de EU por el control del agua entre TJ y SD

#ComunidadDeMedios | Enrique Martínez Apodaca | Linotipia

El ex gobernador de BC destinó millones de pesos para las campañas políticas de políticos estadounidenses, tanto republicanos, como demócratas; para hacerse del control del agua entre California y Baja California.

Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California y actual senador, es un personaje que no solo ha cultivado sus semillas en la política mexicana, por su doble nacionalidad, llegó a vivir en San Diego y participó activamente en cargos públicos en EU como presidente de la junta del Distrito de Agua de Otay. 

El senador, como empresario en comunicaciones, creó un par de empresas en California a finales de los noventa y principios de los dosmiles: Quetzal Bilingual Communications y Pacific Spanish Network. Con dichas empresas, Bonilla contribuyó como ciudadano estadounidense a ocho figuras de la política del país vecino.

Por un lado, están los republicanos: Gary Mendoza, Duncan Hunter y Jay La Suer, además de donaciones directas al partido del elefante; por el otro lado están los demócratas: Vince Hall, Denise Moreno-Ducheny, Gray Davis, Bob Filner Cruz Bustamante.

Aunque a Bonilla se le llegó a reprochar por haber participado como republicano en EU, pero ser de izquierda en México bajo la bandera del movimiento político que encabeza Andrés Manuel López Obrador; el ex gobernador donó a más demócratas —y mucho más dinero— que republicanos.

Entre 1999 y 2008, el senador donó 120 mil 350 dólares (un millón 203 mil 500 pesos, con tipo de cambio de 10 pesos mexicanos por un dólar), de acuerdo con registros de pago en poder de LINOTIPIA. De esos cientos de miles de dólares 28 mil fueron para los del elefante y el resto, 92 mil 350, para los del burro.

Lo que resalta en estas cifras que sobrepasan el millón de pesos mexicanos de la época, fue que Jaime Bonilla donó gran parte de esto a una sola persona: Cruz Bustamante.

Cruz Bustamante: Foto: Linkedin

Cruz Bustamante: Foto: Linkedin

Entre febrero de 2002 y agosto de 2003 aportó un total de 71 mil 200 dólares (712 mil pesos) a la campaña de Bustamante, quien fue candidato a la gubernatura de California y fungió en esos años como vicegobernador.

También en el 2002, Bonilla dio fuertes aportaciones a quien ocupó la silla grande del estado de California de 1999 a 2003, Gray Davis. Una suma de 6 mil dólares (60 mil pesos) dividida en dos aportaciones. Ese año fue el más filantrópico del hoy senador mexicano; aportó un total de 70 mil dólares, lo que equivale a 700 mil pesos con el tipo de cambio de la época (10 pesos por dólar).

Los 120 mil 350 dólares que el empresario en comunicaciones se gastó durante esa época equivalen a un millón 203 mil 500 pesos, con lo que se pudo haber comprado mil 520 despensas con productos de la canastas básicas al precio de 2008 (791.7 pesos), lo que alimentaría a 29 familias de dos o tres personas por un año.

Agua y dinero: de sur a norte y viceversa

Bob Filner es otro demócrata al que Bonilla donó 10 mil 650 dólares, poco más de lo que aportó directamente al Partido Republicano en elecciones federales (10 mil dólares).

Filner fue alcalde de San Diego por seis meses en 2013, antes de ser denunciado por conducta sexual inapropiada por 18 personas y renunciar al cargo, suceso que el medio estadounidense CBS8 recordó a sus lectores el 11 de abril de 2023.

Bob Filner. Foto: congress.gov

Bob Filner. Foto: congress.gov

Antes de su desplome como alcalde, Filner fue congresista de EU desde 1993 hasta 2012, tiempo en el que según la biografía de su sitio web, apoyó al ex presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) “en una misión internacional para reunirse con el expresidente mexicano Ernesto Zedillo.

“En 2004, con el presidente Vicente Fox, una vez más di un paso al frente para fomentar una mayor cooperación y colaboración entre nuestras dos grandes naciones”.

A inicios del milenio Filner y Bonilla compartieron intereses por los ríos que cruzan la frontera entre California y Baja California.

“He tomado la iniciativa para asegurar financiamiento y apoyo críticos para la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales en el Valle del Río Tijuana. Y he asumido un objetivo similar para el Río Nuevo en el Valle Imperial”, recuerda la biografía de Filner.

Por su parte, como se mencionó al principio, Jaime Bonilla fue presidente del Distrito de Agua de Otay a principios del dos mil.

En diciembre de 2011, San Diego Unión Tribune publicó los contratos sin licitación que se hicieron a favor de personas vinculadas con Bonilla para impulsar la creación de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, proyecto que el senador quiso continuar como gobernador de Baja California, pero hasta ahora no ha visto la luz.

Cruz Bustamante —mencionado hace unos párrafos por haber recibido donaciones del ex gobernador— cobró 50 mil dólares del Distrito de Agua, misma cantidad que le dieron a Peter S. Silva, quien dijo conocer a Bonilla de eventos sociales; Enrique Morotes, trabajó con Bonilla en la estación de radio Super K 1040 AM, cobró 32 mil dólares; también a Steve Castaneda, amigo de Bonilla, le tocaron 50 mil dólares.

Jaime Bonilla (izq) y Héctor Mares Cossío (der). Foto: Facebook Héctor Mares Cossío

Jaime Bonilla (izq) y Héctor Mares Cossío (der). Foto: Facebook Héctor Mares Cossío

Un personaje de la política bajacaliforniana y mexicana también terminó involucrado en estos contratos con una suma que asciende hasta los 310 mil dólares: Héctor Mares Cossío, quien fue director de relaciones públicas para la empresa mexicana de comunicaciones de Bonilla, PSN, y actualmente es diputado federal por Baja California con Morena.

Mares Cossío es parte en la actual legislatura de la comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. En 2012, un año después de los contratos, fue diputado federal por primera vez como suplente de Jaime Bonilla.

Bonilla demandado en EU por difamación

En el 2000, tres personas fueron electas para la Junta del Distrito de Agua de Otay, una de ellas fue el actual senador por el Partido del Trabajo, Jaime Bonilla, quien obtuvo la presidencia de esa institución.

En diciembre de ese año, antes de que iniciara la administración de Bonilla en el Distrito, Thomas J. Harron obtuvo un contrato de trabajo. La junta saliente dejó buenas referencias del trabajo del señor Harron. Sin embargo, cuando Bonilla y sus dos compañeros asumieron la administración en enero de 2001, lo despidieron.

“La Junta no sostuvo ninguna discusión en sesión abierta sobre el desempeño laboral de Harron o su razón para despedirlo”, sostiene un expediente legal por demanda No. D042903.

Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez

Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez

Dicha demanda fue interpuesta por Harron contra Bonilla y Antonio Inocentes, otro miembro de la junta, porque después de la sesión donde lo despidieron dieron una declaración para el San Diego Union Tribune.

“No es necesariamente por causa [. ] … Es una cuestión de confianza. La junta simplemente no confiaba en [Harron]. Esa es la conclusión básica”, dijo el ex gobernador al medio sandieguino.

Harron los demandó por calumnia alegando que las declaraciones se hicieron “con la intención de herir al demandante personal y profesionalmente”.

“Bonilla tenía animosidad personal y odio hacia el demandante debido a sus negocios previos con el demandante, y debido a la raza del demandante”, cita los antecedentes de la demanda.

“Tenemos que deshacernos de todos los gringos”, era el plan de Bonilla para esa institución, por eso se quisieron deshacer de Harron, argumentó él mismo: por ser “anglo”.

Aunque el actual senador mexicano quiso escudarse en la libre expresión y la libertad de información, debido a que reveló información de una sesión cerrada, la justicia falló en su contra.

Todos los ríos llevan al Caliente

“Otay anticipa recibir hasta 20 millones de galones por día de la planta desalinizadora, que está siendo construida por una empresa privada en México. Por su parte, Otay construiría un ducto hasta la frontera para llevar el agua al país. El proyecto del gasoducto requeriría la aprobación de varias agencias locales, estatales y federales”, cita la publicación de San Diego Union Tribune donde revelan los contratos sin licitación de 2011.

La empresa encargada del proyecto es NSC Agua, en la que los principales socios son Alejandro de la Vega Valladolid, Gough Thompson y Víctor Vilaplana, quienes el 12 de mayo de 2010 se asociaron con Frederick W. McTaggart, David W. Sasnett, Juan Antonio Corrales Pollorena e Ismael Sánchez González, para llevar a cabo la desalinizadora en Playas de Rosarito.

Dicha planta está en suspensión porque, de acuerdo con Thompson en una entrevista para el Border Hub, hubo desacuerdos entre los socios por la venta de la empresa en la que él no estaba de acuerdo, le redujeron su porcentaje de 25 a 1 y se encuentran en disputas legales.

El primer personaje mencionado resalta por su propio brillo: Alejandro de la Vega Valladolid.  Se le llegó a vincular como socio de Jorge Hank Rhon en el Hipódromo de Agua Caliente. También fue por tres años (1992-1995) cónsul honorario de Costa Rica en Tijuana, de acuerdo con el diario La Nación, en cuya publicación del 29 de mayo de 1997 revela que existía cierto interés de los Hank en extender su poderío casinero a ese país.

Sin embargo, la conexión entre De la Vega Valladolid y Hank Rohn no termina ahí. La tercera esposa de Hank, María Elvia Amaya, fue también esposa de Alejandro y a su vez comadre de Guillermo Ruiz Hernández, ex fiscal general en la administración de Bonilla.

Las empresas gringas de Bonilla

Las dos empresas de comunicación propiedad de Jaime Bonilla que operaron en California son Quetzal Bilingual Communications y Pacific Spanish Network.

La primera fue fundada el 18 de noviembre de 1980, de acuerdo con la Secretaría de Estado de California, y está inactiva desde el 1 de julio de 2010. Pacific Spanish Network fue creada el 27 de enero de 1993 y hasta la fecha su estatus es activo.

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Ambas empresas tuvieron problemas con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés).

En el 2006 a Pacific Spanish Network se le multó con 10 mil dólares por operar sin licencia. Seis años después tuvo otra multa “por no operar de acuerdo con las disposiciones de la regla que se aplican a su servicio” con una suma de 6 mil dólares.

Luego a Quetzal Bilingual Communications se le multó con 12 mil dólares en 2016 porque violó “intencional y repetidamente las secciones 73.3526 y 73.3615 de las reglas de la FCC”. La primera sección tiene que ver con la responsabilidad de la estación para tener un archivo y la otra sección se refiere a la presentación bienal de un informe de propiedad.

Bonilla el impostor

De acuerdo con el libro de Jaime Martínez Veloz “El impostor. Crónicas de un infiltrado del FBI”, Jaime Bonilla juró tres veces proteger la constitución de Estados Unidos.

En el libro donde se detalla ampliamente el paso del hoy senador en las arcas del Distrito de Agua de Otay, también se hace mención a la participación de Bonilla como informante del FBI en una investigación que no dio frutos.

El ex gobernador y “Art M. Gastélum, intercambiaron acusaciones de sobornos, relacionados con una obra de electricidad que tenía proyectada dentro del distrito que representaba Bonilla”.

Jaime Bonilla en el Senado. Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez

Jaime Bonilla en el Senado. Foto: Facebook Jaime Bonilla Valdez

Bonilla denunció esto ante el FBI e hizo de informante grabando conversaciones con Gastélum en las que se le ofrecía un millón de dólares para dar su voto a favor de un proyecto de electricidad.

Sin embargo, Los Angeles Times publicó que “otro miembro del distrito de agua dijo que el presidente (Jaime Bonilla) solicitó el soborno él mismo” cuando el ex gobernador participó en un juicio contra Gastélum.

Bonilla dijo que otro miembro de la junta del Distrito, Fred Cárdenas, lo presentó con Gastélum. Cárdenas “dijo que Bonilla había presionado a Gastélum por un soborno de $1 millón”.

Martínez Veloz cita la entrevista del dueño de PSN con La Prensa San Diego donde dice “haber vivido en la comunidad (de Chula Vista) desde finales de 1977 o principios de 1978, por lo que ha sido un cuarto de siglo”.

El nativo de la colonia Libertad, aquel que fue diputado por el Partido del Trabajo (PT), luego senador y gobernador por Morena, que después regresó a su curul en el Senado y a los meses se cambió al PT de nuevo; el mismo que se coloca en ciertas encuestas publicadas por Facebook como contendiente por el Partido del Trabajo para ser alcalde de Tijuana, ese mismo personaje dijo:

 “Comencé mis negocios aquí (Chula Vista), y tengo muchas cosas por las que estar agradecido. (…) Sentí que era hora de dar algo a la comunidad”, cuando fue parte de la junta del Distrito de Agua de Otay en San Diego.

Cierra mina en San Felipe, Baja California, tras muertes y cuentas sin saldar

Christian Galarza | Border Hub

Accidentes laborales, muerte de trabajadores, clausuras, sanciones, opacidad e inconsistencias en las verificaciones de la Secretaría del Trabajo, así operó durante los últimos siete años la mina Real de Ángeles Unidad San Felipe, misma que en diciembre pasado fue cerrada sin una explicación a los empleados, sin que se les diera un finiquito a al menos 38 de ellos, y sin que pagara impuestos prediales, de acuerdo con testimonios recabados para este reportaje e información obtenida mediante solicitudes de transparencia. 

La Mina Real de Ángeles Unidad San Felipe, ubicada en Baja California, cerró sus puertas en diciembre de 2022, luego de haber estado envuelta en polémicas por sus condiciones laborales e incluso muertes de trabajadores en sus instalaciones, sin que algunos de estos fallecimientos quedaran registrados en los archivos oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), según documentos obtenidos por transparencia.

Entre 2017 y 2022 ocurrieron al menos 17 accidentes laborales donde fallecieron cinco trabajadores, de acuerdo con información obtenida vía transparencia, bitácoras de ex empleados y registros de notas periodísticas.

De los cinco obreros que fallecieron, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo reportó dos, uno en 2017 y otro en 2019, según una respuesta brindada por la Plataforma Nacional de Transparencia en la que le fue solicitado a la dependencia información de las muertes ocurridas entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2022.

Sin embargo, los trabajadores denunciaron otra muerte ante los medios de comunicación en 2019; y la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió carpetas de investigación por otros dos fallecimientos en la mina en 2021 y 2022.

Además, de los 17 accidentes, cinco de estos ocurrieron en 2020 y tampoco fueron registrados por ninguna autoridad, pero los trabajadores levantaron bitácoras reportando los hechos, como consta en el documento proporcionado por Joaquín Salazar, quien fue supervisor de área en la Mina y brindó su testimonio para esta investigación.

A los accidentes y muertes, se sumaron las denuncias de trabajadores, quienes de manera reiterada señalaron que no tenían condiciones de seguridad para extraer el oro y plata de la mina e incluso entraron en un paro de labores, lo cual fue cubierto por medios de la localidad.

Debido a estas denuncias, la STPS realizó 12 inspecciones en la mina entre 2016 y 2022, en las cuales instruyó en siete ocasiones medidas de seguridad y salud para los trabajadores. Sin embargo, la empresa acató sólo una de las medidas exigidas.

Además, luego de una inspección realizada tras el último fallecimiento en la mina, en abril de 2022, la autoridad federal ordenó la restricción de acceso a los polígonos subterráneos de trabajo Esmeralda Centro, Creston, Sinai, Area 600 y Cantil Norte por el riesgo que representaban dichas áreas.

En diciembre de 2022, cuando se venció el permiso de operación, la empresa anunció ante los trabajadores el cierre de facto del lugar. Los empleados se manifestaron en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) al asegurar que, para evitar indemnizaciones, la empresa les dijo que si querían conservar su trabajo, debían trasladarse a otra mina ubicada en el estado de Aguascalientes.

Minera Real de Ángeles, en San Felipe, Baja California. Crédito: Sergio Caro.

Minera Real de Ángeles, en San Felipe, Baja California. Crédito: Sergio Caro.

La historia de la mina

La Mina Real de Ángeles inició operaciones bajo el nombre de Proyecto San Felipe el 10 de diciembre de 1993, promovido por Compañía San Felipe, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de Minera Frisco, la cual es propiedad del empresario mexicano Carlos Slim Helú, según consta en la página de la empresa en el apartado de inversionistas. 

Está ubicada a 123 kilómetros al sureste de la ciudad de Mexicali, dentro del ejido Plan Nacional Agrario. El proyecto integral de la minera abarca una superficie de 2 mil 377 hectáreas.

El proyecto San Felipe incluía la explotación subterránea para la extracción de oro y plata mediante el proceso de cianuración dinámica o lixiviación dinámica.

Entrada a Minera Real de Ángeles, en San Felipe. Crédito: Sergio Caro

Entrada a Minera Real de Ángeles, en San Felipe. Crédito: Sergio Caro

Debido a la caída del precio en el mercado de los metales, en el año 2001 la empresa Compañía San Felipe S.A. de C.V. cerró todas las operaciones productivas. Nueve años después, en 2010, obtuvo permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para dos nuevos proyectos de extracción en el lugar que ahora se conoce como Mina Real de Ángeles.

Para su operación, la mina debió cumplir también con las normas de seguridad que marca la STPS, con las que se busca que las personas que trabajan en el lugar tengan condiciones óptimas para su labor.

La Mina Real de Ángeles constaba, según su Manifiesto de Impacto Ambiental, de 12 polígonos, 10 corresponden a áreas de trabajo subterráneas y dos a cielo abierto.

Ricardo (nombre ficticio de un trabajador que pidió permanecer en el anonimato por miedo a represalias), dijo que para 2022 laboraban en 14 zonas de explotación. Los principales lugares de extracción eran conocidos como Creston, Sinaí, Moctezuma, Robbins, Cantil norte, Cantil sur, Veta falla, 600, Espejos,  600 west, Esmeralda sur, Sur sur, 612 y Esmeralda Centro.

Gráfica de muertes y accidentes no fatales en la Minera Real de Ángeles.

Gráfica de muertes y accidentes no fatales en la Minera Real de Ángeles.

Accidentes y muertes no quedaron registrados ante STPS 

Como ya se mencionó, de acuerdo a una solicitud de información, la STPS registró nueve accidentes al interior de la mina, de 2016 a 2019, y dos obreros murieron derivado de estos percances, uno el 21 de agosto de 2017 y otro el 21 de mayo de 2019. No obstante, los medios locales reportaron otros fallecimientos que no quedaron plasmados en los archivos oficiales.

El obrero que murió en mayo de 2019 se llamaba Hiram de Jesús Rodríguez, de 22 años; se encontraba en la zona de extracción subterránea Cantil Norte cuando una roca se desprendió y cayó sobre él. Éste caso sí quedó registrado ante la STPS.

Medios de comunicación registraron un accidente más, en abril de 2019; en el que murió Luis Enrique Macías Pérez, de 41 años, al caer de un acantilado.

Asimismo, el 13 de septiembre de 2021 José Alberto Espinoza de la Cruz de 29 años falleció y Juan Carlos Ontiveros de 52 años resultó lesionado, tras un derrumbe en la mina.

Otro accidente mortal ocurrió el 9 de abril de 2022 en el polígono Esmeralda Centro; ahí Juan Miguel Álvarez Fernández, de 38 años, originario de Durango, falleció; Santos Arcadio Morales Pérez de 40 años de edad, de Hidalgo, sufrió una herida en el cráneo frontal y una contusión en el hombro derecho, pero sobrevivió.

Ninguno de estos últimos tres accidentes donde fallecieron trabajadores entre 2019 y 2022, los reportó la STPS, pero sí dieron cobertura medios de comunicación locales.

Yenner Geovanny Reyes Castro, quien fue supervisor en el área de extracción que se conoce como Planta Dinámica entre 2019 y 2022, aseveró que en el polígono Esmeralda Centro, donde ocurrió el derrumbe que acabó con la vida de Juan Miguel en 2022, los directivos de la empresa culparon a los operadores, por no “amacizar” (compactar) correctamente el terreno.

No obstante, Reyes Castro señaló que la empresa debió haber realizado un “mapeo geológico” para conocer el tipo de rocas sobre las que excavaron, ya que -aseguró- dicha área no era la adecuada para ser amacizada, y aún así ordenaron realizar el procedimiento.

“No lo hicieron (el mapeo) y había muchos puntos en donde había granito y no es posible estabilizar el terreno”. Añadió que esta característica que viene señalada en la NOM-023-STPS-2012,  pero no la tomaron en cuenta, “para ellos era producir y no importa el que se muera”, manifestó.

“A cada área (polígono de extracción) se le entregaba cierta cantidad de gastos, pero con tal de reducirlo, siempre evitaban meter gasto”, manifestó Yenner Geovanny Reyes Castro.

La NOM-023-STPS-2012 que regula las condiciones de seguridad y salud en las minas subterráneas establece en el apartado 8.1 que antes de la realización de los trabajos se deberá contar con estudios geotécnicos, de mecánica de rocas o de mecánica de suelos, y geológicos, a fin de localizar las fallas y evitar derrumbes.

A pesar de estas condiciones, la STPS sólo aplicó tres sanciones a la empresa; una donde le impuso una multa de 48 mil 360 pesos, aunque para 2020 la mina registró ingresos de 10 millones 155 mil pesos.

De las dos restantes no se sabe el acuerdo al que la institución llegó con la empresa, porque sus dictámenes fueron reservados 5 años por el Comité de Transparencia de la misma Secretaría.

Respecto al accidente donde murió Juan Miguel, y el de septiembre de 2021 donde murió José Alberto Espinoza, la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió dos carpetas de investigación.

La de 2021 fue por los delitos de lesiones y homicidio, pero meses después fue archivada y no se determinó delito alguno.

La investigación del accidente de 2022 también fue por el delito de homicidio y para abril de 2022 (cuando ingresó la solicitud de información por transparencia), aún estaba bajo investigación.

No sólo fueron las muertes, hubo otros accidentes no fatales que no reportó la STPS, ni la Fiscalía del Estado o las policías municipales de Mexicali y San Felipe. Joaquín Salazar, proporcionó para este reportaje  las bitácoras de cinco de estos accidentes que ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2020.

De los accidentes reportados por Joaquín a los directivos de la empresa, tres ocurrieron en el polígono de trabajo Crestón, y otro en Cantil Sur. Los otros dos accidentes ocurrieron en las zonas Esmeralda Centro y Cantil Norte.

En uno de los eventos registrados en el polígono Crestón el 21 de noviembre de 2020, una roca de cerca de 20 kilogramos cayó sobre el pie derecho de uno de los mineros mientras éste movía una escalera.

A pesar de que estos eventos no están registrados por las autoridades en las respuestas a las solicitudes de información que se hicieron para este reportaje, los polígonos Esmeralda Centro, Creston, Sinai, Area 600 y Cantil Norte fueron clausurados por la STPS federal en abril de 2022. Según información revelada en otra solicitud.

Ricardo aseguró que sólo los polígonos Sinaí, Creston y Cantil Norte, representaban entre el 60 y 70 por ciento de la producción total de la mina.

“Las otras minas no las cerraron porque no estaban trabajando. Si hubieran estado trabajando las cierran todas”, aseveró.

Ricardo explicó que luego del accidente de 2021 “cuando ellos (STPS) estaban ya cerrando el tema, pum, les cae el otro fatal (en abril de 2022). ¿Por qué? Por las condiciones”.

El cierre de las áreas de extracción ocurrió ocho meses antes de que la empresa anunciara, el 1 de diciembre de 2022, el fin del trabajo en la mina.

Cerca de 38 empleados a los que no les notificaron previamente esta decisión, denunciaron a la empresa ante la Procuraduría Federal del Trabajo (Profedet), que no se les dio opción de un finiquito.

Aviso de cambio obligatorio de lugar de trabajo entregado a los trabajadores previo al cierre de la mina. Crédito: Christian Galarza.

Aviso de cambio obligatorio de lugar de trabajo entregado a los trabajadores previo al cierre de la mina. Crédito: Christian Galarza.

Reclaman condiciones laborales precarias

Además de los accidentes y muertes, la cotidianidad laboral de los trabajadores mineros era precaria: sin ventilación adecuada, en medio de detonaciones, y sin máscaras filtradoras de gases tóxicos, de acuerdo a seis testimonios recabados para este reportaje.

Ricardo narró que en agosto de 2021 una ingeniera le ordenó entrar a una zona de trabajo subterránea, pero cuando se introdujo, una corriente de aire caliente lo impactó, provocando que se sofocara. En ese momento, los ingenieros le ordenaron salir del lugar y logró llegar con ellos.

Según ordena la NOM-023-STPS-2012 en el apartado 8.4, las minas subterráneas deben contar con ventilación como parte de las reglas de mantenimiento y operación del sistema que permite la oxigenación de las minas que son subterráneas.

En el apartado 8.4.4, establece que el sistema de ventilación en las minas subterráneas deben suministrar al interior un volumen de aire de 1.5 metros cúbicos por minuto por cada trabajador y, 2.13 metros cúbicos de aire por minuto por cada caballo de fuerza de la maquinaria accionada por motores de combustión diesel que se usan para las labores al interior de la mina.

También debe tener instalada tubería de ventilación de emergencia que permita una descarga continua de aire comprimido. Toda la instalación -señala la norma- se debe supervisar diariamente para que no se mezcle el aire limpio que entra a la mina, con el aire viciado de salida y, que los sitios en donde se instalen, se mantengan libres de materiales combustibles.

El abogado Fernando Rosales Figueroa indicó que, en efecto, la norma especifica que las minas subterráneas deben tener una buena ventilación debido a que al interior no debe haber aire que contamine los pulmones de los trabajadores.

Ricardo agregó que al interior de la mina Sinaí, donde estaba ubicada la bomba de extracción de cianuro, constantemente caían rocas mientras había mineros al interior.

“Entrabamos a Sinaí, a un lugar a mero abajo donde está una bomba, para repararla, y estando la bomba ahí no podías caminar porque en el camino ‘¡tra! ¡tra!’, unas piedrotas. Algo feo. Estando ahí y se escucha cuando caen. Mucha inseguridad”, expresó Ricardo.

De acuerdo a la norma, la empresa debería sostener y fortificar los techos en las minas para evitar derrumbes. También, estaba el constante contacto con químicos tóxicos.

Yenner Reyes Castro, ex supervisor del área de extracción, comentó que durante el proceso de lixiviación en el área de separación de metales, estaban expuestos a cianuro, una sustancia utilizada para la extracción de oro y plata en la minería.

Aún en estos casos -señaló- las mascarillas que la empresa les proporcionaba eran para polvo y no para gas, por lo que no impedían que inhalaran vapores tóxicos.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), el cianuro se metaboliza en el hígado; algunos de los síntomas por intoxicación por cianuro son sensación de quemazón interna y ahogo, vértigo, náusea, vómito, debilidad, dolor de cabeza, ebriedad, aumento del ritmo respiratorio, arritmia cardíaca y rigidez en la mandíbula.

“El cianuro, al estar presente en el cuerpo humano, afecta a las células, impidiendo que el oxígeno llegue a los diferentes órganos que más lo necesitan, como el cerebro o el corazón, provocando parálisis respiratoria o convulsiones”, señala el OCMAL.

Reyes Castro indicó que algunas personas que laboraron en el área de fundición, donde fundían el mineral que se obtiene posterior al proceso de lixiviación, llegaron a presentar altos niveles de plomo en la sangre.

En ese sentido comentó que uno de los trabajadores, el cual fungió como supervisor de esa área, sufrió de una coloración negra en las manos, debido a las labores que desempeñó. Por estas condiciones, los trabajadores del área de fundición fueron liquidados en un corto periodo de tiempo, mencionó.

Reyes Castro aseguró que en estas áreas donde están expuestos a la intoxicación las carencias en el equipamiento se debían a que los jefes de área no querían gastar dinero en los recursos que se requerían.

“A cada área se le entregaba cierta cantidad de gastos, con tal de reducirlo, evitaban meter gastos”, detalló.

Además, los mineros debían bañarse con aguas residuales, lo que provocó que muchos de ellos sufrieron erupciones en la piel, como ampollas.

En las ocasiones en las que los trabajadores debían pernoctar dentro de las instalaciones de la mina, dormían sobre “pailas” -o bases de madera-,  en cuartos plagados de garrapatas y sin ventanas.

Según el libro “Así se ve la minería en México”, publicado en 2022, la actividad minera produce polvo o polvillos tóxicos constituidos por metales pesados que son absorbidos por animales y seres humanos.

“La exposición a estos metales pesados y su presencia en la sangre pueden causar enfermedades dermatológicas, oftalmológicas, respiratorias, neurológicas; abortos o partos prematuros, malformaciones en bebés, entre otros”, señala el libro.

En ese sentido, los autores señalan que las autoridades federales deberían prohibir las minas de tajo a cielo abierto y en las que utilizan cianuro en el proceso de lixiviación, ambos implementados en la Mina Real de Ángeles. Esto para evitar la destrucción de los ecosistemas y daños a la salud de los pobladores de las comunidades afectadas por la minería.

En mayo, un mes después del último fallecimiento en la mina en abril de 2022, cerca de 70 mineros entraron en paro laboral denunciando las condiciones laborales, hostigamiento laboral y la falta de pago de utilidades.

La manifestación culminó tras 20 días de protesta, luego de que los trabajadores alcanzaran un acuerdo con la empresa.

Protesta de trabajadores en Minera Real de Ángeles, en San Felipe, Baja California. Crédito: Christian Galarza.

Protesta de trabajadores en Minera Real de Ángeles, en San Felipe, Baja California. Crédito: Christian Galarza.

Multas mínimas, expedientes reservados e inconsistencias en inspecciones

La Secretaría reservó por cinco años el motivo de dos sanciones que impuso a la mina y los expedientes 231.1S.15.00034.2022 y 231.1S.15.00036.2022, los cuales podrían explicar las irregularidades detectadas.

Sin embargo, hay inconsistencias en los reportes que la institución dio para este reportaje; por ejemplo, detalla que impuso dos sanciones en 2022, aún cuando no proporcionó información sobre accidentes en ese año, ni en el anterior, pese a que se le solicitó.

En otra solicitud de información la STPS reportó haber realizado 12 inspecciones entre septiembre de 2016 y diciembre de 2022, ocho en materia de seguridad e higiene y cinco sobre condiciones generales de trabajo.

Según dicha solicitud, del total de inspecciones, sólo en siete la autoridad federal emitió recomendaciones de medidas de seguridad y salud en el trabajo, pero la mina cumplió sólo una de estas y dos más quedaron pendientes.

En dos de las inspecciones la STPS dictó medidas correctivas o preventivas. Entre ellas el cierre de los polígonos Esmeralda Centro, Creston, Sinaí, Area 600 y Cantil Norte. Medida aplicada cuatro días después de la muerte de Juan Miguel, el 13 abril de 2022.

Otra de las inspecciones fue realizada el 14 de septiembre de 2021, un día después del derrumbe en donde falleció José Alberto Espinoza. En este caso la Secretaría no aplicó ningún tipo de sanción y las medidas de seguridad dictadas no fueron acatadas.

En 2019, año en que fallecieron Hiram de Jesús Rodríguez y Luis Enrique Macías Pérez, la autoridad federal reportó dos inspecciones realizadas más de tres meses después de dichos fallecimientos, el 3 de septiembre. En ningúna de estas la STPS aplicó medida o sanción alguna, según sus propios reportes.

El 24 de agosto de 2017, tres días después del primer fallecimiento en la mina reportado por la STPS, la institución realizó otra inspección, pero en esta tampoco aplicaron sanciones o medidas correctivas.

En el caso de las multas económicas, y exceptuando la información de las dos que fueron reservadas por 5 años, sólo se aplicó una sanción económica el 18 de junio de 2018 por un monto de 48 mil 360 pesos.

Minera Real de Ángeles en San Felipe, abandonada. Crédito: Sergio Caro.

Minera Real de Ángeles en San Felipe, abandonada. Crédito: Sergio Caro.

Cierre de la minera y deudas

El 28 de noviembre de 2022 la minera Real de Ángeles notificó a sus empleados de confianza (que no pertenecen a ningún sindicato) que la empresa cerraría y les exigió firmar su transferencia a otra mina en el estado de Aguascalientes para evitar su liquidación, en protesta por esta decisión, al día siguiente los empleados acudieron a las instalaciones de la Procuraduría Federal del Trabajo (PROFEDET) para denunciar los hechos. Esto quedó documentado en notas periodísticas.

Sebastián, nombre ficticio de uno de los voceros de los trabajadores que prefirió mantener su anonimato debido a que mantiene una demanda laboral contra la mina, indicó que debido a la falta de respuesta de la Minera, cerca de 38 denuncias procedieron contra la empresa, se trata de empleados contratados bajo el régimen conocido como “de confianza”, y que no están afiliados a ningún sindicato.

Mencionó que aún cuando eran más los trabajadores que iniciaron con los trámites de demanda laboral, la empresa logró llegar a acuerdos con algunos que llevaban menos tiempo trabajando ahí, ya que el recurso para liquidarlos era menor.

Además, Yenner Reyes Castro, ex supervisor de área, comentó que ante el cierre de la empresa a él le ofrecieron 5 mil pesos por firmar su renuncia, oferta que rechazó y demandó a la empresa.

En una solicitud realizada a PROFEDET pidiendo el número de asesorías prestadas a trabajadores contra la mina, la dependencia reportó sólo 17 entre 2021 y 2022, todas ellas concluídas. Omitiendo mencionar las asesorías que aún permanecen abiertas.

De estas, nueve fueron por despido injustificado, cinco por rescisión imputable al patrón, dos por vacaciones y una por diferencias (aclaraciones).

El funcionario municipal señaló que la empresa dejó una deuda con San Felipe de alrededor de 110 millones de pesos debido a que no realizaron el pago del impuesto predial correspondiente al 2022.

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Además, Dagnino López indicó que los contratos de uso de suelo entre el ejido Plan Nacional Agrario y la minera vencieron en 2019, por lo que la minera trabajó en tierras ejidales por casi tres años sin permiso.

“Quieren (los ejidatarios) renovar los permisos y llegar a acuerdos nuevos que beneficien a ambas partes. Han tenido años de negociaciones y no han logrado llegar a un acuerdo (...), esos contratos que habían, pues, la verdad están muy desproporcionados en relación al beneficio del ejidatario que, finalmente, son los dueños de las tierras” expresó.

En ese sentido, indicó que los dueños de las tierras ejidales recibían apenas entre 30 y 40 pesos al día por el uso minero de dicho territorio.

“Yo creo que, por sentido común, lógica, pues no es una cantidad que le permita tener una ganancia o un beneficio efectivo a una familia que está permitiendo que haya una explotación de esa naturaleza en unas tierras donde se encuentra una mina de oro”, manifestó.

José Luis Dagnino López, Presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, Crédito: Sergio Caro.

José Luis Dagnino López, Presidente del Concejo Fundacional de San Felipe, Crédito: Sergio Carro.

Sobre el uso de las aguas nacionales que la mina Real de Ángeles utilizó en su periodo de operación, el autor de este reportaje buscó información vigente sobre la concesión de la minera número 01BCA100171/04FMOC07, otorgada por CONAGUA para la utilización de pozos de agua.

Dicho número de título no aparece en el sistema de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. Así como tampoco arroja resultados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).

En el último reporte anual emitido a través de la Bolsa Mexicana de Valores por Minera Frisco -a la que pertenece la mina Real de Ángeles-, detalla que en 2022 la empresa reportó ventas netas hasta por 12 mil 665 millones de pesos. Asimismo, determinó una utilidad de operación de dos mil 333 millones de pesos, un incremento de 67.6 por ciento contra la reportada en 2021 de mil 391 millones.

Sin embargo, según Google, los precios por acciones de la empresa se redujeron un 28.39 por ciento en los últimos cinco años. Cotizando a 2.8 pesos al 16 de mayo de 2023.

Para conocer la postura de los directivos y propietarios de la Minera Real de Ángeles, se enviaron tres correos electrónicos, al que indica la páginas web del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), al proporcionado en Encuentren.me, y a través de la página de contacto en carlosslim.com. Ninguna de las tres peticiones obtuvieron respuesta.

Asimismo, el reportero llamó en dos ocasiones al número de contacto localizado en el portal Encuentren.me, en ambas contestó una persona que dijo trabajar como guardia de seguridad en la mina. Sin embargo, se rehusó a proporcionar su nombre y a enlazar la llamada con el encargado en turno.

Finalmente, el reportero intentó contactar a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el fin de obtener su postura sobre la información que proporcionaron por transparencia, pero no hubo respuesta. El reportero intentó contactar a las autoridades mediante tres números de teléfono distintos incluyendo el teléfono personal de Marath Baruch Bolaños López, titular de la dependencia. Sin embargo, en ninguno de los números fue posible obtener respuesta o apoyo de algún operador. Además, en las oficinas de Tijuana tampoco contestaron.

Investigan nómina de BC por duplicidad de sueldo e incumplimiento en asignación de bases sindicales

Alianzas | Sonia de Anda | Border Hub

De casi 300 burócratas basificados en el 2021, durante la administración estatal de Jaime Bonilla Valdez, cerca del 70 por ciento no tenían ni un año de antigüedad, plazo obligatorio establecido en la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Además, esta investigación descubre cómo, en los últimos cuatro años, se registraron casos de burócratas que cobraron hasta cinco sueldos en diferentes dependencias y en horarios que no eran compatibles, ocasionando una erogación de 110 millones de pesos en nómina.

El otorgamiento de bases sindicales a personas que no cumplían con los requisitos y en un proceso discrecional, trabajadores con sueldos repetidos hasta en cinco dependencias que en total suman una erogación de 110 millones 476 mil pesos, así como pagos no reconocidos por trabajadores entrevistados para este reportaje, son algunas de las anomalías encontradas en la nómina del gobierno de Baja California del 2018 a 2022.

Estas irregularidades se presentaron durante las administraciones estatales del panista Francisco Vega de Lamadrid, y los morenistas Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Entre los principales hallazgos está que el 70 por ciento de los 298 empleados que recibieron una base sindical entre los meses de enero y octubre del 2021, incumplen con la antigüedad requerida de al menos un año de acuerdo con la Ley de Servicio Civil de Baja California.

Las plazas sindicales fueron entregadas en 2021, el último año de gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez.

Para este reportaje el Border Hub revisó registros del grupo de empleados reportados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde cada dependencia registra sus nóminas de manera trimestral y en donde se aprecia que -en los últimos cinco años- pudo haber un posible mal uso de recursos vía nómina por 110 millones 476 mil pesos.

Casi el 90 por ciento de las bases otorgadas presentaban sueldos cobrados hasta en cinco ocasiones, en forma simultánea, en los mismos periodos y en diversas dependencias del gobierno estatal en un periodo que abarcó tres administraciones estatales.

Durante el año 2018, cuando se encontraba al frente Francisco Vega de Lamadrid, se realizaron 209 casos de pagos indebidos, con un total de 11 millones 967 mil 488 pesos, en al menos cinco dependencias estatales, incluyendo la Auditoría Superior del Estado, que está encargada de vigilar el uso del recurso público.

En ese año, la Oficialía Mayor fue la dependencia con más repetición de sueldos, con 174 casos de pagos indebidos por un total de 9 millones 585 mil 955 pesos.

En el año 2019, el último año de gobierno de Vega de Lamadrid y el inicio de la administración de Jaime Bonilla, se registraron 331 casos de pagos indebidos por un total de 14 millones 837 mil 533 pesos en 28 instituciones involucradas. En el año 2020, fueron 406 casos nóminas repetidas en 27 dependencias, con un presupuesto de 27 millones 541 mil 738 pesos.

En 2021, el último año de gobierno de Bonilla y comienzo del mandato de la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se registraron 407 casos de pagos duplicados en 24 dependencias por 22 millones 992 mil 761 pesos.

Finalmente en 2022, con Ávila Olmeda, se registraron 207 tuvieron cobros salariales dobles por 33 millones 136 mil 930 pesos.

La estimación de los sueldos presuntamente aplicados de manera indebida, fueron calculados por el equipo de Esquina32- Border Hub al tomar como referencia el sueldo fijo reportado en la PNT y que percibía cada trabajador como constante, mientras que los sueldos reportados y repetidos de manera temporal en otras dependencias se les consideró como irregulares.

Incluso, las anomalías detectadas en este reportaje propiciaron una investigación ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública, así como al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) y ambas instituciones han abierto expedientes para establecer posibles sanciones.

Instituto de Transparencia pide cuentas a gobierno estatal

Sobre este caso el  Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC) informó que, mediante el oficio girado el pasado 31 de marzo a la titular de la Oficialía Mayor del gobierno estatal, Rocío López Gorosave, se le requirió un informe sobre estas presuntas irregularidades en las que se observan los reportes de cobros salariales repetidos.

“Al ser atribución de este instituto verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia y derivado de la revisión de la fracción octava del artículo 81 de la citada ley relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base y confianza se advierte que del ejercicio 2018 al 2022 se visualizan los nombres de personas servidoras públicas que reciben recurso público en varias dependencias dentro del mismo periodo”, señala el documento en poder de Border Hub.

Hasta la fecha de publicación de este reportaje, la investigación aún se encontraba en proceso.

Centro de gobierno en Baja California. Crédito: Sonia de Anda.

Centro de gobierno en Baja California. Crédito: Sonia de Anda.

Nuevos basificados afirman que desconocían la duplicidad de sus sueldos

Teresita de Jesús Balderas Beltrán ingresó al servicio público en 2017, como empleada de confianza en plazas de Oficialía Mayor y la Secretaría de Hacienda de Baja California. Tiene sueldos mensuales, en promedio, de casi 25 mil pesos.

Sin embargo, la PNT revela meses en los que sus ingresos se acercaron a los 75 mil pesos por trabajos temporales y simultáneos en otras dependencias.

Los registros revisados para este reportaje demuestran que la empleada cobró, en forma simultánea, en tres dependencias, incluyendo la Secretaría de Integración y Bienestar Social (Sibso).

En el 2018 de julio a septiembre, la empleada aparece que cobró 24 mil 611 pesos en tres ocasiones como asistente ejecutiva en Oficialía Mayor y de octubre a diciembre recibió la misma cantidad en dos ocasiones en la Secretaría de Hacienda y 25 mil 280 pesos, nuevamente en Oficialía Mayor.

En el 2019, de abril a junio, la empleada recibió tres sueldos en Oficialía Mayor, dos de ellos de 24 mil 609 pesos y uno por 24 mil 751 pesos. En el trimestre de julio a septiembre registró dos pagos salariales en uno de seis mil 602 pesos en Oficialía Mayor y otro de la misma cantidad en la Secretaría de Integración y Bienestar Social.

Para el 2020 la trabajadora cobró 24 mil 605.98 en dos ocasiones en el primer trimestre del año, uno en Oficialía Mayor y otro en la Secretaría de Hacienda, situación que se repite cuando cobró tres sueldos en el segundo trimestre de abril a junio, aunque dos de ellos se aplicaron en la Secretaría de Hacienda. De octubre a diciembre la empleada cobró dos sueldos, uno en la Secretaría de Hacienda y otro en Oficialía Mayor.

En entrevista con Border Hub, la empleada afirmó que nunca prestó sus servicios en más de una dependencia al mismo tiempo, aunque reconoce haber sido comisionada algunos meses, en distintos periodos, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Sin embargo en la nómina aparece que también prestaba sus servicios en las Secretarías de Hacienda y General de Gobierno con cobros adicionales a su sueldo de casi 25 mil pesos mensuales.

La empleada aseguró que aún conserva sus recibos de pago y que jamás recibió percepciones superiores a los 25 mil pesos mensuales, por lo que se mostró extrañada que la PNT la muestre como alguien que recibió pagos salariales adicionales.

Debido a esto, dijo que buscará una explicación oficial ante la Oficialía Mayor del Estado de Baja California.

“Confío en el portal de transparencia, obviamente, pero como todo es lo mismo y está duplicado, además  no hay una forma que a mí me diga que yo cobré, necesito ir personalmente a Oficialía Mayor, presentarles esto y que me muestren las nóminas firmadas por mí y qué sucedió para entonces poder actuar en consecuencia. Confío en el portal, pero no te entregan un cheque o algo sin firma y jamás he recibido un sueldo mayor a lo que percibía por catorcena”, aseveró.

En la actualidad, Balderas Beltrán se desempeña en una dirección de la Sindicatura Municipal de Tijuana. Ella solicitó un permiso para no ejercer su plaza de base en el gobierno estatal. La PNT muestra que la empleada recibe sus pagos de manera regular desde su incorporación al ayuntamiento.

Instalaciones de la Oficialía Mayor en Mexicali. Crédito: Sonia de Anda.

Instalaciones de la Oficialía Mayor en Mexicali. Crédito: Sonia de Anda.

La Oficialía Mayor: la autoridad responsable

La Oficialía Mayor es la dependencia encargada del manejo de personal burocrático del Poder Ejecutivo, por lo que es la autoridad responsable de que se erogaran sueldos duplicados en dependencias con horarios incompatibles.

Lo anterior contraviene lo establecido en la Ley de Compatibilidad de Funciones, Empleos y Comisiones para el Estado de Baja California, pues a un trabajador le sería imposible destinar jornadas laborales de ocho horas en más de dos dependencias gubernamentales.

Un ejemplo de lo ocurrido fue encontrado en un trabajador que aparece el oficio número 021166022000181 emitido por Oficialía Mayor el pasado 11 de julio de 2022, en el que personal de la Dirección de Recursos Humanos informó sobre los 298 trabajadores basificados del 1 de enero al 25 de octubre de 2021.

El trabajador, llamado José Alberto Rincón Campos, ingresó al servicio público el 29 de marzo de 2021 y, ese mismo día, fue basificado en la Secretaría General de Gobierno.

Aunque en la PNT se indica que cumple con la antigüedad requerida, pues hay registros de él desde el 2018, la irregularidad consiste en que desde entonces el empleado muestra que tiene hasta cuatro sueldos cobrados en los mismos periodos.

Durante el 2018, se desempeñó como analista de Oficialía Mayor comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública. De enero a junio de ese año, cobró sueldos entre 8 mil 177 y 8 mil 919 pesos, sin mayor relevancia.

Sin embargo, de julio a septiembre contó con tres sueldos simultáneos en la misma dependencia, por el primer monto señalado.

Al año siguiente, Rincón Campos aparece como trabajador de Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibso).

Conforme a documentos emitidos en el 2020, tiene un ingreso neto de 8 mil 246 de pesos en todos los trimestres del año, prestando servicios en Oficialía Mayor y, de ahí, se le comisiona como analista en la FGE.

En esta última dependencia también percibe un sueldo por el mismo monto y, por tanto, doble sueldo en el primer trimestre de ese ciclo, al igual que en julio y septiembre.

Para el 2021, tras recibir la base, empezó a cobrar sueldos de 20 mil 171 y 20 mil 698 pesos, sin registrar ingresos de enero a junio de dicho año.

A pesar de esto, presenta el cobro de tres sueldos simultáneos entre julio y septiembre de 2021, en la Secretaría General de Gobierno, donde en dos ocasiones recibió la misma cantidad, al igual que en Oficialía Mayor.

De octubre a diciembre del 2021, conforme a la investigación, también cobró al mismo tiempo en ambas dependencias.

Pese a los registros mostrados en la PNT, mediante el oficio 58/2023 aparece que Rincón Campos laboró del 1 de noviembre de 2019 al 26 de marzo de 2021 en la FGE, según confirmó la propia dependencia.

Ahí, percibía un sueldo de 10 mil 403.94 pesos mensuales y, al parecer, no estaba comisionado a alguna otra oficina.

Sin embargo, ya en funciones el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda se mantuvo una irregularidad en los cobros de este empleado: durante el primer trimestre de 2022 cobró 20 mil 575 pesos, con un bono de 2 mil 208 pesos.

A partir del segundo trimestre, entre abril y junio, comenzó a percibir dos sueldos, como ayudante de oficios varios, de 21 mil 760 pesos con una prima vacacional de 4 mil 751 pesos, y un bono de buena disposición de 8 mil 331 pesos, desde la Secretaría de Hacienda de Baja California y en Oficialía Mayor, respectivamente.

Entre julio y septiembre de 2022, los registros muestran que percibió el mismo sueldo en las mismas dependencias como analista, pues en forma adicional al sueldo neto recibió una prima vacacional de 4 mil 751 pesos, además de un bono por buena disposición de 13 mil 239 pesos.

Sobre este caso, personal de Oficialía Mayor contestó -vía transparencia el pasado 3 de febrero- que Rincón Campos nunca ha prestado sus servicios laborales con ellos.

A pesar de esto, existe un registro de que fue comisionado al área de Recaudación de Rentas, de la Secretaría de Hacienda, aunque no es precisado el periodo o los montos salariales percibidos.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno reconoció que, de acuerdo a los registros del Sistema Integral de Recursos Humanos Burocracia, dicho trabajador tuvo el 8 de junio de 2021 un cambio del Ramo 07 al Ramo 04.

Es decir, pasó de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría General de Gobierno. Lo anterior duró hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que volvió a generarse otro cambio para regresar a la dependencia inicial.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue informado que Rincón Campos no presentó algún registro en su plantilla de personal. En contraste, la PNT refleja que durante el primer trimestre de 2019 recibió un sueldo de 3 mil 389.97 pesos en ese lugar.

Para el segundo trimestre, entre abril y junio, el servidor público mencionado recibió tres sueldos simultáneos de 8 mil 246 pesos en esta secretaría.

Incluso, tuvo un cobro adicional en cada una de ellas por 2 mil 815 pesos, como prima vacacional. Para el tercer trimestre de 2019, Rincón Campos cobró 37 mil 945 pesos. Esto, al sumar los cuatro salarios percibidos como analista de la SSPE y la FGE.

Con los recursos del Sibso recibió un sueldo neto de 6 mil 576 pesos; en Oficialía Mayor y en la SSPE percibió 6 mil 566 pesos, más una compensación de mil 679 pesos, respectivamente; y en la FGE, 8 mil 246 pesos más la prima vacacional de 6 mil 630 pesos.

Sin embargo, conforme a la investigación, al parecer fue regularizada la situación de este empleado en el último trimestre del 2019, pues aparece que únicamente cobró los sueldos referidos en la FGE.

Secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas. Crédito: Sonia de Anda.

Secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas. Crédito: Sonia de Anda.

SHFP atribuye duplicidad a reformas de ley

Tras las irregularidades detectadas en el proceso de basificación 2021, Border Hub cuestionó a Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California.

La funcionaria estatal reconoció que actualmente analizan las plantillas para determinar la razón de que casi el 90 por ciento, de los 298 basificados, aparecen en la PNT con una multiplicidad de sueldos devengados.

Aseguró que todo parece indicar que no existe un mal manejo de dinero de la nómina, luego de revisar los expedientes no hay registro de que un empleado haya cobrado más de un sueldo, como lo refleja la PNT.

“Mucho de esto se deriva de las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica del Estado”, declaró la funcionaria, quien señaló que durante la gestión de Bonilla Valdez algunas instituciones concentraban atribuciones de otras secretarías.

“Por ejemplo: en la Secretaría General teníamos también al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Oficialía Mayor, y Consejería Jurídica. El control lo tenía el entonces secretario general de gobierno”, explicó Villar Casas.

Recordó que, una vez reformada la Ley Orgánica en la actual administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dichas dependencias “se desagregan”.

Por lo anterior, dijo, es probable que sea una de las causas por las que el personal aparezca en tres entidades de manera simultánea.

“Iniciamos una revisión y, probablemente, se determine que es la falta de actualización de las dadas de baja de una secretaría y las altas de otra. Entonces, más que nada, es una cuestión de transparencia. Seguimos haciendo las revisiones para determinar, ya concretamente, qué es lo que está sucediendo, para que tengamos de forma correcta las plantillas de personal. Y no se estén duplicando, triplicando, y que aparezcan en varias entidades”, concluyó la secretaria de Honestidad y Función Pública.

Hijos de burócratas sin antigüedad mínima

Manuel Guerrero Luna, ex secretario general del Sindicato, reconoció que los hijos de burócratas fueron beneficiados en el pasado proceso de basificación 2021 porque así lo permiten los estatutos del gremio.

Border Hub consultó al actual diputado morenista por el Distrito 1 de Mexicali, pues fue líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Baja California (Sutspemidbc), durante el periodo 2020-2023.

“Unas las damos por antigüedad y, otras, las damos a hijos de trabajadores”, expresó Guerrero Luna.

El entonces líder participó en la edición 2021 y sostuvo que por ley estaba facultado, en ese entonces, para asignar bases directas y otras por el tiempo cumplido.

“Hay bases directas si la  Comisión de Escalafón y Ajustes lo determina de manera unánime, en consenso. La base es directa, eso está dentro de la ley. Por eso no me diga que no cumple con la antigüedad”, espetó.

Explicó que por ley, aunque sin citar el marco legal en forma precisa, hay tres formas de entrar al sindicato: directa, escalafón por antigüedad, o por concurso. Esta última si se determina la necesidad de una plaza.

“No todas las plazas se dan por antigüedad y no todas las bases se dan directas. Si no cumplieran (con la ley) las tumban y no nos han tumbado ninguna”, aseveró.

Guerrero Luna no pudo referir el número de hijos e hijas de trabajadores que fueron beneficiados con bases directas, pues justificó que de ello se encarga la Secretaría de Escalafón.

El ahora legislador reiteró durante la entrevista que dicho proceso “fue legal” porque “hasta ahorita ninguna (base) se ha caído”, y que no tiene “noticias de que estén impugnadas”.

Manuel Guerrero Luna, ex dirigente sindical en el estado y actual diputado por Baja California. Crédito: Sonia de Anda.

Manuel Guerrero Luna, ex dirigente sindical en el estado y actual diputado por Baja California. Crédito: Sonia de Anda.

En contraste con lo dicho por Guerrero Luna, el artículo 159 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, indica que las bases definitivas son otorgadas a quienes tienen al menos un año de antigüedad.

“Los trabajadores de base con un mínimo de un año acumulativo en la prestación del servicio, tienen derecho a participar en los concursos para ser promovidos a la obtención de la base definitiva. Todos los trabajadores incorporados al sistema de escalafón, tendrán derecho a participar en los concursos y promociones de ascensos, de conformidad con los tabuladores señalados en el Reglamento de Escalafón. En cada Autoridad Pública se expedirá un Reglamento de Escalafón”, señala el artículo.

Más adelante, en el texto legal, son indicados los “factores escalafonarios” que se tomarán en cuenta para otorgar una base, como los conocimientos, aptitud y antigüedad, así como disciplina y puntualidad, que no podrían medirse sin haber tenido un tiempo de servicios prestados en alguna dependencia.

Si se parte de la declaración de Guerrero Luna, prácticamente 207 personas pudieron haber caído en ese supuesto de recibir una base en forma directa sólo por ser hijos o hijas de trabajadores, sin tener que cumplir con los requisitos de ley.

Mientras que de los sueldos pagados de manera simultánea, el legislador justificó que “es una facultad del patrón”, pues el Sindicato “no interviene”. A pesar de esto, aclaró que su organización otorga plazas de “Nivel 1”.

Abren expedientes por asignación de bases

Rosina del Villar Casas, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), indicó que hasta la fecha han sido abiertos dos expedientes tras la detección de irregularidades en el proceso de basificación, mismo que involucra alrededor de 100 plazas.

“Son los casos que hemos detectado con probable responsabilidad. Hemos estado integrando elementos serios: en estos dos expedientes, de nada más dos entidades, se integran casi 100 plazas otorgadas para base”, detalló la funcionaria estatal.

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La funcionaria aseguró que en el análisis realizado por la SHFP, que aún está en curso, fue detectado un número extraordinario de basificaciones en algunas dependencias.

Derivado de esto, se está completando la carpeta de investigación para comprobar si hay una probable falta administrativa dentro del otorgamiento de estas plazas.

La normatividad que regule el otorgamiento de basificaciones es revisada y analizada, prosiguió Del Villar Casas, y si se desprende una probable irregularidad se procederá a las que hayan sido otorgadas de manera ilegal.

A pesar de esto, la funcionaria estatal enfatizó que esta situación no se ha dado hasta el momento.

Por último, dijo que de iniciar el proceso de revocación de plazas, podría derivar en el establecimiento de posibles responsabilidades a servidores públicos involucrados en la asignación de las mismas, al ser quienes tienen las atribuciones para realizar dichos trámites.

Ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini Cañedo. Crédito: Heriberto Reyes.

Ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini Cañedo. Crédito: Heriberto Reyes.

Ve activista discrecionalidad y corrupción en entrega de bases

Francisco Fiorentini Cañedo, ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, consideró estas acciones como un acto de corrupción.

“Aquí hay de dos, o una estulticia tremenda y una estupidez, porque no merecerían los bajacalifornianos tener gente de tan poca capacidad al frente del gobierno o una corrupción que solamente lo que tú mostraste, es su reflejo”, sentenció ex dirigente del organismo.

En relación a las declaraciones hechas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública, de que los nombres se “duplicaron” por “error”, el activista dijo que es una salida fácil y  no  garantiza que estas personas no hayan cobrado varias veces bajo el mismo nombre.

“Para tener 300 errores en un tema tan delicado a mí me suena, y me huele, muy mal, no solamente en la incompetencia, pero el problema de fondo es que los órganos de revisión no son autónomos”, aseveró.

Fiorentini Cañedo consideró que el sindicalismo en Baja California se ha impuesto para controlar la entrega de plazas, lo que podría ser usado para pagar favores, causas y campañas.

“El otorgar una base de manera discrecional se presta a corrupción, ‘cuánto me das a cambio de que te basifique, qué favores voy a recibir con tu basificación’ y el uso discrecional de la nómina, es algo que deberíamos estar combatiendo de manera permanente y frontal”, apuntó.

Por lo anterior sostuvo que las bases que se otorgaron a hijos de burócratas de manera directa incumplen lo establecido en el artículo 165 de la citada ley, pues en ella se indica que de manera extraordinaria, la ocupación de algunas vacantes puede sujetarse a un proceso discrecional, siempre y cuando haya justificación ante la comisión de escalafón.

Oficio girado por el ITAIP a Oficialía Mayor para aclarar presunta duplicidad de sueldos.

Oficio girado por el ITAIP a Oficialía Mayor para aclarar presunta duplicidad de sueldos.

Alejandro Rosales Sotelo, director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor del gobierno del estado, contestó un oficio girado por el Instituto de Transparencia en el que piden informes sobre la duplicidad de sueldos a distintos burócratas.

Rosales contestó que, tras una revisión de las plantillas del personal que la dirección de recursos humanos de este organismo genera, “no se encontró ningún registro de personal duplicado”.

Por lo anterior, se solicitó al ITAIBC que brinde la información sobre los registros de los servidores públicos duplicados.

Ante esto, el ITAIPBC informó que debido a que se niega la irregularidad, se ha convocado a una reunión para iniciar con la verificación oficial y proceder con la denuncia respectiva.

Oficio de respuesta de Oficialía Mayor al ITAIP donde niega la duplicidad.

Oficio de respuesta de Oficialía Mayor al ITAIP donde niega la duplicidad.

Suben 405% muertes por sobredosis en Baja California; faltan medicamentos

Alianzas | Border Hub | Yerson Martínez

En 2017 se registraron 38 defunciones por el consumo excesivo de drogas en la entidad y para el 2022 la cifra se disparó a 192 personas; sin embargo, el Estado tiene programas y espacios limitados para atender estos padecimientos y en los últimos años incluso disminuyó la compra de Naloxona, un medicamento que ayuda a revertir una sobredosis por fentanilo y que no está disponible a la venta para el público en general. En contraste, asociaciones civiles de Mexicali han gestionado con recursos propios la entrega de más de mil dosis de éste fármaco a la población. 

Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Cristian tiene 14 años y Juan 17, no se conocen entre sí, viven en colonias distintas en Mexicali, Baja California, pero tienen algo en común: ambos comenzaron a fumar marihuana a sus once años de edad y actualmente son adictos al fentanilo.

Alexander es otro joven de 20 años de edad y adicto desde los 15 años, ha robado, asaltado y actualmente es limpiaparabrisas para comprar heroína con fentanilo y mezclarlo con marihuana por 200 pesos diarios, aunque en ocasiones, dice, necesita doble dosis.

Él ha visto cómo en su grupo de amigos varios han fallecido por consumir la mezcla de cigarros de marihuana humedecidos con heroína y fentanilo, como su amigo y vecino Jonás, que a los 17 años fumó por primera vez esa mezcla, tras cinco inhaladas se desvaneció en un parque público y falleció por sobredosis en la primavera del año pasado.

Estos son algunos casos que reflejan una problemática cada vez más visible en la ciudad de Mexicali, una localidad de poco más de 1 millón de habitantes, ubicada al noreste de Baja California; siendo el cruce fronterizo con California, Estados Unidos, donde se ha reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana un incremento en la presencia y decomisos de fentanilo. 

La frontera es un escenario desalentador: la prensa estadounidense documentó durante el 2021 un total de 6 mil 843 muertes por sobredosis relacionadas con opioides, de las que 5 mil 722 estaban relacionadas con el fentanilo, según el Departamento de Salud Pública del Estado de California. 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, ha advertido que el fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. 

Juan, es un adicto de la mezcla de fentanilo con heroína desde hace dos años, a los 15 años de edad llegó a su vida. A escondidas de su familia, diluye la droga para empapar cigarros de mariguana. Señala que es lo peor que ha consumido en su vida y cree que no puede dejarlo. 

El joven llama a esta mezcla por el nombre coloquial “kush”. Le gusta porque lo relaja, lo pone a gusto, al grado de olvidarse de todos sus problemas, aunque le genere una desagradable malilla, o síndrome de abstinencia, y agregó “la he intentado dejar, pero no puedo”. 

A pregunta expresa de qué mensaje ofrece a quienes piensan consumir por primera vez, dijo: “que déjense de cosas, no saben en la mierda que se están metiendo. Esta madre no está pelada tampoco… pero por el momento no la quiero dejar porque me pone relajado, bien a gusto, se me olvida todo en ese momento”, expresa.

Juan y Cristian, dos menores de edad adictos a la mezcla de fentanilo y heroína. Crédito: Yerson Martínez

Juan y Cristian, dos menores de edad adictos a la mezcla de fentanilo y heroína. Crédito: Yerson Martínez

Los efectos que los consumidores dicen tener son: la sensación de  felicidad extrema y el aletargamiento, pero también náuseas, confusión, estreñimiento, sedación y la pérdida del conocimiento. 

Sin embargo, el consumo crónico puede detener la respiración, generar un estado de coma, dañar el cerebro e incluso provocar la muerte. 

“Cuando empecé, no era por problemas”, alcanza a contar Juan antes de sumergirse en los efectos de la droga:  su cuerpo comienza a realizar un movimiento oscilatorio lento, mientras que sentado en una silla, el rostro cae lentamente hacia el frente y la columna a doblarse hasta encorvarse. 

La madre del menor lo internó en un centro de rehabilitación, Juan permaneció dos meses, se escapó a finales de febrero y actualmente regresó al consumo de drogas.

Cierra único centro de adicciones

En agosto del 2022 se inició el proceso de cierre del centro de rehabilitación Misión San Carlos, que pertenecía como una desincorporada del ayuntamiento de Mexicali, y era el único centro de gobierno que atendía las adiciones y la ludopatía; el principal argumento de concluir operaciones fue porque un tratamiento de 45 días tenía un costo promedio de 50 mil pesos.

A finales del 2022 se aprobó en sesión de Cabildo la liquidación de personal para que pasará su funcionamiento al Estado, sin embargo, hasta la fecha de publicación de este reportaje permanecía cerrado.

El gobierno de Baja California carece de programas para prevenir el consumo de fentanilo, porque no han detectado dicha adicción en las escuelas, explicó el director del Instituto de la Juventud, Rigoberto Salcedo Boyd.

Detalló que el tema de prevención del consumo de fentanilo, no lo abordan y proyectan incluirlo en el catálogo de prácticas preventivas para el 2023, sólo enfocan al tema del consumo de clonazepam y marihuana.

En el juzgado para menores, aunque la mayoría de los detenidos y sentenciados son por delinquir y tener alguna adicción, no tienen las pruebas para determinar si ingieren fentanilo, informó el juez Álvaro Castilla.

Agregó que el común denominador de los detenidos, hombres y mujeres, son por robo y en su mayoría, presentan un cuadro de adicción, y deserción escolar en edades promedios de los 16 a los 18 años; al corte del 2022 se contaba con 13 hombres y 1 mujer en el centro de readaptación para menores.

En mayo del 2021, la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que habría un programa de atención para las personas con adicciones.

Centro de adicciones Misión San Carlos. Crédito: Yerson Martínez

Centro de adicciones Misión San Carlos. Crédito: Yerson Martínez

Sí hay alerta en BC, pero… no han comprado naloxona    

Desde el 28 de septiembre del 2021, el Departamento para el Control de las Drogas en Estados Unidos emitió la alerta de salud pública por presencia de pastillas con fentanilo y metanfetaminas y por el “alarmante aumento en muertes”.

En Baja California el pasado mes de octubre del 2021, la Fiscalía General del Estado emitió la alerta a la Secretaría de Salud por detectar incremento en el consumo, confirmó Néstor Saúl Hernández Millán, subsecretario de Salud estatal.

Con información oficial de la Secretaría de Salud solicitada por la Plataforma Nacional de Transparencia, en el oficio SGS-DSS-VE-0293-2023, se detecta que hay un incremento en las defunciones por sobredosis en un 405 por ciento, del 2017 al 2022.

En el año 2017 se registraron en todo el estado 38 defunciones, cifra que en el 2022 alcanzó las 192 personas, de los cuales 171 fueron hombres y 21 mujeres.

Además de un aumento en las consultas por sobredosis de manera anual, al pasar de 2 a 148 del 2018 al 2021, es decir 7 mil 300 por ciento más, de acuerdo a las cifras oficiales del sector salud, pero contrasta la información al solo tener registradas cuatro atenciones en el año 2022 según data en el oficio: SGS-DAM-000327-2023.

Esto puede interpretarse que, de fallecer tres personas por mes, aumentó a 16 decesos. 

Sobre las consultas, de recibir una por semestre en el 2020 la Secretaría de Salud pasó a doce en el 2021 y bajó a cuatro atenciones en el 2022 en todo Baja California.

“No es que haya aumentado la mortalidad: ha aumentado el consumo”, acotó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California.

Reconoció que en Baja California se requiere implementar un mecanismo más extenso para determinar las muertes por fentanilo, aplicar los reactivos a los fallecidos, y aseveró que de acuerdo al Servicio Médico Forense (Semefo) actualmente entre el 40 por ciento y 50 por ciento de los fallecidos de personas en situación de calle dan positivo a fentanilo.

“No es una muestra significativa del total de Baja California, son gente en condiciones de calle o por muertes violentas y llegan a Semefo. Debemos hacer una encuesta no sólo de preguntas, sino de evaluar y mediar las cantidades si hay fentanilo en las personas en los centros de rehabilitación”, reconoció. 

El funcionario agregó que durante el 2022 la dependencia adquirió 145 envases de naloxona con 10 ampolletas cada una para tratar las sobredosis de fentanilo de manera intrahospitalaria. Estas fueron distribuidas en cinco de los siete municipios. 

Dicho medicamento revierte rápidamente una sobredosis de opioides, lo que hace que la persona restablezca con rapidez su respiración, de ahí su importancia.

Pero la adquisición de naloxona, que también es utilizada para cirugías intrahospitalarias, ha ido a la baja en el estado. De acuerdo al oficio SGA-DA-RMCAB-000467/2023 obtenido vía transparencia, pasaron de comprar 212 envases en el 2018 a 150 en 2020.

Además, de acuerdo al oficio SGA-DA-RMCAB-009242-2022 la reducción siguió en el 2021 pues sólo adquirieron 10 envases, y el año pasado 145 envases.

Sin embargo, al corte de la primera quincena de enero del 2023, las autoridades estatales no la habían adquirido. 

La naloxona, no se encuentra disponible para la venta al público en general, explicó el subsecretario Hernández Millán. 

Para esta investigación, La Voz de la Frontera-Border Hub acudió a diversas farmacias de la zona centro capitalina, a lugares como La Más Barata, Benavides y Farmacias Especializadas, para constatar que no existía a la venta al público dicho medicamento. 

Aumenta 405% muertes por sobredosis en BC. Infográfico: Carlos Juvera.

Aumenta 405% muertes por sobredosis en BC. Infográfico: Carlos Juvera.

Atienden a más de mil por sobredosis en Mexicali 

La falta de medicamento contra la sobredosis está relacionada con que las autoridades de la Secretaría de Salud se basan en una muestra realizada, a nivel estatal, entre 400 pacientes de centros psiquiátricos que arrojó un nivel bajo de consumo de fentanilo. 

Solamente un 3.6 por ciento de los encuestados respondió que son consumidores de fentanilo, es decir, apenas unas 14 personas, de acuerdo a la entrevista realizada al subsecretario de salud estatal, Nestor Saúl Hernández Milán.

El Secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, confirmó que a mediados del 2022 en el Centro de Adicciones del Instituto Estatal de Psiquiatría, se realizó un estudio para determinar el impacto de las drogas en la entidad, donde la principal en consumo fueron las metanfetaminas, seguido por la cocaína, la marihuana y en última instancia el fentanilo.

“No negamos el riesgo de que se incrementen las muertes por fentanilo… las muertes por sobredosis no es un problema de salud, como en Estados Unidos, en la medida que se incremente el fentanilo adulterado eso puede llegar a suceder, pero tenemos naloxona en urgencias de los hospitales públicos de Baja California para que se les revierta, y las estadísticas tienen validez porque se hizo en personas potencialmente en uso de drogas, no puede ser una población más significativas que los recluidos en rehabilitación”, puntualizó Medina Amarillas.

Sin embargo, los datos de la dependencia resultan opuestos a una realidad que enfrentan diario organizaciones civiles como Verter, una agrupación que opera en el Centro Histórico de Mexicali desde el 2019. 

Desde que iniciaron funciones han detectado un incremento en las cifras de personas adictas al fentanilo porque afirman que las personas desconocen que las drogas vienen mezcladas con dicho opiáceo. 

De acuerdo al corte de mayo de 2021, apoyaron en revertir la sobredosis en mil 90 casos, en los que fue utilizado el medicamento de la Naloxona. 

De acuerdo a Lourdes Angulo, titular de la organización, atendieron de junio del 2022 al 13 de enero del presente año a mil 100 personas por sobredosis, a quienes les brindaron -con sus propios medios y gestiones- el medicamento. 

Con recursos propios adquieren Naloxona para atender sobredosis. Crédito: Yerson Martínez.

Con recursos propios adquieren Naloxona para atender sobredosis. Crédito: Yerson Martínez.

El panorama anterior refleja un incremento en las atenciones tan sólo en los últimos siete meses, en comparación con los dos años anteriores. 

Como parte de su estadística, desde finales del 2022 registraron que el 100 por ciento de las dosis, a las que aplican el reactivo para detectar fentanilo, resultan positivas, aunque estén mezcladas con heroína o mariguana. 

“En Baja California las muertes por sobredosis no se registran como tal. No se busca la causa, no se ve el tema del consumo del fentanilo como un problema de salud pública. En Estados Unidos llevan más de 10 años como un tema de alerta de salud pública. Los familiares deberían tener acceso a la naloxona”, subrayó Lourdes Angulo. 

Estadística es poco confiable 

Por su parte, el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, advirtió que el consumo de esta droga puede causar la muerte, pues los narcotraficantes la llegan a ofrecer como cocaína.

“Dos gramos de fentanilo hacen el efecto de un gramo de cocaína. Son confundidas: (las personas) consumen fentanilo pensando que se trata de cocaína. El riesgo de salud se incrementa y es probable que (el adicto) muera con esas cantidades”, explicó. 

En contraste con todo el panorama y los datos expuestos, personal de la Secretaría de Salud refiere estadísticas en las que apenas aparecen en forma oficial dos menores de edad fallecidos por sobredosis.

Las muertes refieren a dos adolescentes: una chica de 16 años (2020) y un joven de 17 años (2022) de acuerdo al oficio SGS-DSP-VE-0439-2023, sin especificar la sustancia que provocó la sobredosis.

Además, el subsecretario de Salud, Hernández Millán, mencionó que este tipo de defunciones son registradas “como causas básicas”. 

“No somos un laboratorio. Se atienden patologías. Vamos bien”, respondió.

Esto contrasta con la falta de compra de tiras reactivas para determinar si una persona ingirió fentanilo, ya que desde el año 2018 a 2022 las adquisiciones han sido nulas.

El oficio DG-UDIT-000105-2023 signado por el área administrativa de la Secretaría de Salud confirma que no se ha adquirido ninguna tira en los últimos 5 años.

Personal de la fiscalía no suelen aplicar reactivos a los casos de muerte por sobredosis, lo que ocasiona una falta de estadística confiable sobre el consumo y muertes relacionadas con estas drogas, de igual forma en el Servicio Médico Forense que pertenece al Poder Judicial, donde en el oficio 2380/UT/2022 confirman que no aplican las tiras reactivas a fentanilo por ser una evaluación cualitativa, y sólo aplican para análisis inmunoenzimáticos.

Ante este escenario de omisión de compra de tiras de fentanilo, estadística parcial de consumo y un incremento en las defunciones por sobredosis, incluyendo a menores de edad, el fentanilo continúa avanzando por las calles de Baja California.

Cristian, un menor de 14 años adicto a las drogas. Crédito: Yerson Martínez.

Cristian, un menor de 14 años adicto a las drogas. Crédito: Yerson Martínez.

“La adicción me impide dejarlo”

Cristian tiene 14 años de edad, desde los 11 años comenzó a fumar marihuana, a los 12 pasó al cristal y a los 13 años a la heroína mezclada con Fentanilo.

“El Fentanilo es una adicción muy fuerte, si no consumo me empiezo a sentir mal, vomito, sudo mucho, me da desesperación y muchas ansias. Sí me gustaría dejarlo, pero me lo impide la adicción al fentanilo, aunque a mí me gustaría dejarlo”, expresó. 

Todo comenzó por su círculo social, un grupo de amigos a los 11 años de edad le ofreció probar la marihuana, primero lo rechazó pero al segundo intento aceptó, con malestar, pero al día siguiente los mismos amigos le volvieron a ofrecer y siguió consumiendo.

Con el paso del tiempo, en una fiesta ya a los 12 años, estaban pasados en ingesta de alcohol cuando un allegado le ofreció cocaína y aceptó.

“Me dio todo para arriba, se me bajó todo lo pedo, empecé a hacer movimientos muy rápidos, me aceleró el corazón y a doler poquito la cabeza, no pude dormir”, recordó de aquella experiencia.

Comentó que sus amigos lo han llevado a tener una mayor ingesta de drogas, actualmente vive con un amigo que también es adicto. 

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A solo unas cuantas cuadras de distancia compran la dosis por 200 pesos, la cual alcanza para tres pipas. Comentó que la cantidad alcanza para el día, pero requieren una segunda dosis para la noche, por lo cual diariamente deben de generar 400 pesos para comprar la droga.

Dijo que junto a su amigo Alexander, acuden a limpiar parabrisas en los autoservicios, para sacar solamente para drogarse.

“Con el Fentanilo empiezas a sudar, te cambia el sistema, me quita la sed, me pone tranquilo y relajado”, comentó.

Cristian fuma diario, pero si el dinero es escaso, puede pasar 24 horas sin consumir.

“Les digo a las personas que no lo prueben, es algo bien malo, si lo puedes dejar a tiempo, que lo dejen, por todo lo que pasa con la familia, te empiezan a ver diferente, las personas te ven diferente, te tiran indirectas, un chingo de indirectas, me dicen pinche morrillo vale ver…, cosas así”, compartió de su experiencia.

Cuatro fallecidos en una misma colonia 

Sara es la madre de Alexander, quien vive en un ambiente de adicciones en su comunidad y lamentó haber visto a varios jóvenes fallecer por el consumo de las drogas, como la mezcla de heroína o marihuana con el fentanilo.

En su sala, en la colonia Villas de las Lomas, en Mexicali, tiene una serie de imágenes de los menores que han perdido la vida, como Jorge quien tenía 16 años de edad cuando compró de manera clandestina pastillas de Clonazepam y sin saber le dieron M30 qué es fentanilo.

“Su cuerpo no soportó, él no consumía nada de eso y falleció”, recordó de un hecho registrado hace cuatro años.

Otro caso narrado por Sara, es el de otro joven llamado Marcos de 12 años de edad internado para rehabilitación por consumir estupefacientes. 

“Siempre luchó con la adicción, pero su cuerpo le ganaba y consumía, hasta que su cuerpo ya no reaccionó, desde los 12 años consumía, era muy pequeño, era parte de la familia, el aquí convive, aquí comía, era amigo de mis hijos”, recordó Sara.

De acuerdo a la Administración de Control para las Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuatro de cada diez pastillas N30 que se distribuyen en las calles, tiene una dosis potencialmente letal.

Asesinan a sacerdote torreonense en Tecate, Baja California

Con información de Proceso y Vatican News

José Guadalupe Rivas, sacerdote torreonense, fue asesinado en Tecate, Baja California desde el pasado lunes alrededor de las 20:14 horas.

De acuerdo con el reporte policiaco, el padre José fue hallado sin vida, junto con otra persona, y sus dos cuerpos presentaban huellas de violencia.

Sacerdote torreonense administraba Casa del Migrante

José Guadalupe Rivas, además de párroco, administraba la Casa del Migrante y trabajaba en la Iglesia de San Judas, en el estado de Baja California.

La Arquidiócesis de Tijuana y su Arzobispo Monseñor Francisco Moreno Barrón, lamentaron el deceso del sacerdote y reconocieron su trabajo en la Diócesis por más de 25 años.

“Oremos a nuestro Padre del Cielo que tenga misericordia de él y que pronto goce de la Patria Celestial” – escriben, pidiendo además para que “Cristo Resucitado sea fortaleza y consuelo para su Familia, el Movimiento de Renovación Carismática Católica en nuestra Arquidiócesis, La Comunidad de la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe y para la Parroquia de San Judas Tadeo en el Municipio de Tecate” donde el difunto sacerdote se desempeñaba como párroco.

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Sacerdote torreonense es el quinto asesinado desde 2018

Con el homicidio de José Guadalupe Rivas, cinco sacerdotes han perdido la vida por causas violentas en México desde 2018.

El sacerdote también era asesor del Movimiento de Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Tijuana, de donde se ausentó el pasado fin de semana. El lunes, fieles de su comunidad lo fueron a buscar a su domicilio y allí se encontraron con su cadáver junto con el de otra persona que todavía no ha sido identificada.

Asesinan al reportero gráfico Margarito Martínez

Información vía Border Hub

El fotoperiodista, de 49 años de edad, colaboraba para distintos medios de comunicación en Baja California, era especialista en fotografía de corte policiaco.

Personas aún no identificadas asesinaron al reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel frente a su domicilio, ubicado en las inmediaciones de la colonia Camino Verde en Tijuana, alrededor del mediodía del lunes 17 de enero.

Martínez trabajaba como reportero gráfico para el semanario ZETA y para otros medios de comunicación de Baja California.

Según versiones oficiales que cita el semanario Zeta, alrededor de las 12:45 horas la central de emergencias recibió reportes de una persona del sexo masculino había resultado lesionada por disparo de arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar e identificaron a la víctima que respondía el nombre de Alfonso Margarito Martínez Esquivel de 49 años de edad.

A Margarito Martínez, nacido el 17 de junio de 1972, originario de Tijuana, le sobreviven su esposa María Elena Frausto y una hija de 16 años.

En declaraciones para Los Ángeles Times, María Elena Frausto informó que Martínez también trabajaba como fixer de medios internacionales como la BBC de Londres, el San Diego Union Tribune Los Angeles Times.

De acuerdo con el diario La Jornada, Martínez Esquivel era beneficiario del Mecanismo de Protección a Periodistas de Baja California y estaba en proceso de análisis su incorporación al mecanismo de la Secretaría de Gobernación.

Luego de conocerse la información sobre el asesinato del periodista, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California lamentó el hecho y, a través de un comunicado, exigió a las autoridades el esclarecimiento pleno de los hechos.

"El ombudsperson, Miguel Mora, reiteró que es imperativo que se realice un proceso expedito del caso, ya que cualquier ataque a periodistas constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la sociedad a estar informada", agregó.

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El organismo se solidarizó con la familia, con el gremio periodístico y con la comunidad bajacaliforniana, uniéndose al reclamo de que este hecho no quede impune.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, abrió una carpeta de investigación y, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, abrió una indagatoria.

Los millonarios de la pandemia: Proveedores irregulares y sin solvencia económica

Alianzas | Isabel Mercado | Newsweek Baja California | Border Center for Journalists and Bloggers

Empresas aprovecharon la falta de reglas y de verificación del gobierno de Baja California para obtener grandes contratos. De 558 contratos otorgados por Isesalud, ninguno se licitó, adjudicaciones directas que al carecer de sustento podrían ser anuladas por la Secretaría de Honestidad y Función Pública.

En 2020, la pandemia de COVID-19 provocó que Isesalud de Baja California liberara centenares de contratos millonarios sin tener que someterlos a concurso para ser asignados al mejor postor.

Durante este proceso, proveedores inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y empresas que no comprobaron tener la experiencia suficiente para ser contratadas fueron algunos de los principales beneficiados.

Para esta investigación se analizaron más de 558 contratos y facturas emitidas por el organismo encargado del sistema de salud de Baja California durante el primer año de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

De todos los contratos, 555 se asignaron en forma directa y solo tres se adjudicaron por invitación a cuando menos tres proveedores, según la información entregada vía transparencia. Además, de los más de 500 contratos, únicamente 49 se firmaron antes de que el proveedor otorgara el servicio o producto.

Tan solo en ese año de pandemia, Isesalud gastó más de 900 millones de pesos de recurso público en estos contratos, de acuerdo con los datos obtenidos.

La falta de verificaciones y una enorme laxitud en la entrega de contratos escudándose en la emergencia sanitaria de COVID19 podría traducirse en que, inicialmente,  la Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) de la entidad busque la nulidad de los más de 500 contratos otorgados por Isesalud en 2020.

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Y no solo eso, también podrían configurarse en delitos de daño patrimonial, desvío de recursos y posible fraude, advirtieron especialistas en la materia y una fuente de la SHyFP que pidió omitir su nombre para no interferir en las investigaciones.

Una de las empresas con mayores ganancias fue Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V., compañía  en la que Luis Javier Algorri Franco, actual secretario del Trabajo y Previsión Social en Baja California, fue socio mayoritario hasta finales de 2017.

Para VAPE, 2020 fue uno de sus mejores años, ya que consiguió cuatro contratos con Isesalud, por los cuales cobró 42 millones de pesos, IVA incluido. Esta cifra es 28 millones más alta de lo que ganó en 2019 en contrataciones públicas, cuando era gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Contratos asignados por Isesalud a Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

Contratos asignados por Isesalud a Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

Otro ejemplo de las irregularidades que se detectaron en las contrataciones fue que el gobierno bajacaliforniano pasó por alto la prohibición de la SFP de contratar a Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V., empresa inhabilitada por año y medio por la Función Pública y que, a pesar de ello, firmó un convenio de ampliación de contrato que le dio a ganar más de 20 millones de pesos durante la pandemia.

Además, casi una tercera parte de los contratos (161), se asignaron a personas físicas, y no en todos los casos lograron comprobar la experiencia ni la solvencia necesaria para obtener las adjudicaciones directas por montos millonarios.

Un claro ejemplo es Cristian Genaro Domínguez Cabriales, quien facturó 3.2 millones de pesos por la proveeduría de insumos de lavandería, negocio que ubicó en domicilios donde únicamente hay viviendas abandonadas, de acuerdo con un recorrido realizado para este reportaje.

O el caso de Virginia González Andrade, quien sin mostrar documentos que comprobaran su experiencia en el sector, logró colarse en la lista de proveedores pagados con recursos destinados al sistema de salud de Baja California y tan solo en 2020 cobró más de 50 millones de pesos. Y, a pesar de que su contrato se encuentra bajo investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHyFP), las autoridades le adjudicaron en 2021 un nuevo contrato por un monto de 11 millones de pesos.

VAPE aumentó monto de facturas en gobierno de Bonilla

El 1 de noviembre de 2019, el mismo día que su ex accionista Luis Javier Algorri Franco tomó protesta como subsecretario en el gabinete de Jaime Bonilla, la empresa Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. suscribió contratos de adjudicación directa con el gobierno morenista con el objetivo de otorgar el servicio de vigilancia en varias dependencias, incluyendo  las unidades de Isesalud.

Este fue uno de los contratos que se extendieron durante el periodo de pandemia por coronavirus.

Luis Javier Algorri Franco, toma protesta como funcionario del gobierno de Jaime Bonilla, al tiempo que su empresa recibe contratos millonarios. Crédito: Tomada de Internet.

Luis Javier Algorri Franco, toma protesta como funcionario del gobierno de Jaime Bonilla, al tiempo que su empresa recibe contratos millonarios. Crédito: Tomada de Internet.

Antes de llegar a Baja California, Luis Algorri se desempeñó como subprocurador Regional de Justicia en la Zona Sur de Sinaloa y como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de ese estado.

Ya en Tijuana ocupó el puesto de secretario de Seguridad Pública durante la administración de Jorge Hank Rhon. Sus áreas de trabajo siempre estuvieron relacionadas con el tema de seguridad, por lo que fue casi natural su incursión en 2008 como director general en Grupo Vanguardia-Valet Personalizado en Custodia Empresarial, de acuerdo con la información de su currículo.

VAPE fue constituida originalmente por Julio Alcántar Robles y Jorge Martínez Pérez el 25 de agosto de 2008 en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el objetivo de prestar servicios privados de seguridad, protección personal, vigilancia, así como investigaciones encaminadas a proporcionar informes sobre los antecedentes, actividades, solvencia, y localización de personas; traslado de valores y aplicación de análisis poligráficos, entre otros.

Pero el 03 de octubre de 2011, Algorri entró como socio mayoritario de la firma con  50 acciones, de acuerdo con la información del Registro Público del Comercio.

Desde su ingreso, Algorri incrementó su capital cada año, hasta tener  650 acciones en mayo de 2017, convirtiéndose en el administrador de la firma en octubre de ese mismo año, cargo en el que fue reemplazado al mes siguiente por Saida Elena Félix Ontiveros, actual apoderada de la empresa.

En diciembre de 2017, seis meses después aumentar por última vez su participación social, Javier Algorri dejó de ser socio de VAPE y le transmitió sus acciones a Miguel Ángel Martínez Pérez, quien junto con Julio Alcántar Robles e Ismael Arturo Osuna Rivera se mantienen como socios de la empresa, de acuerdo con una búsqueda en el Registro Público del Comercio.

Oficinas de VAPE ubicadas en Tijuana. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

Oficinas de VAPE ubicadas en Tijuana. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

La salida de Javier Algorri de  VAPE, S.A. de C.V., representó la entrada de la compañía como proveedora del gobierno bajacaliforniano, ya que su primer contrato lo consiguió en enero de 2018, año en el que Isesalud asignó a la firma un contrato anual, vía licitación pública, por 4.6 millones de pesos, monto mucho menor al que VAPE cobró durante la pandemia por ese mismo servicio.

En 2019,  Isesalud extendió un nuevo contrato por la cantidad de 10.3 millones de pesos para que la firma siguiera otorgando el servicio de vigilancia hasta el término de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, el 31 de octubre de 2019.

Tan solo en el último tercio de la administración de Vega de Lamadrid, VAPE recibió 31.1 millones de pesos por el servicio de vigilancia en cuatro dependencias, lo que incluyó las unidades de salud.

Ya como gobernador, Jaime Bonilla Valdez ha otorgado al menos nueve contratos a VAPE, dos terceras partes sin licitar. Tan solo en el primer año de su administración, extendió contratos a la ex empresa de su actual secretario del trabajo, Javier Algorri,  por un monto total de 40.9 millones de pesos, de los cuales 32.8 millones de pesos correspondieron a los contratos de Isesalud.

En entrevista, Luis Javier Algorri aseguró ya no tener relación alguna con la empresa que tan solo en los últimos tres años ha facturado alrededor de 72.1 millones de pesos a diferentes dependencias del gobierno del estado.

Salida de Algorri, ¿simulación?

Aunque Luis Javier Algorri Franco dejó de ser accionista de Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. a finales de 2017, el simple hecho de que haya sido socio de la firma en forma tan reciente y después obtuvieron esos contratos, sí constituye un conflicto de intereses, explica el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.

Actas de asamblea de VAPE, S.A de C.V. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

Actas de asamblea de VAPE, S.A de C.V. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

En una primera búsqueda en el Registro Público del Comercio, el nombre de Algorri sí aparece en los documentos oficiales que describen a los accionistas de la empresa. Incluso, el último aumento de su participación social en VAPE fue registrado en 2020, pero al entrevistarlo, el funcionario explicó que él estaba fuera de la compañía desde 2017 y que al parecer había un retraso en la actualización de los documentos por parte del área jurídica de la compañía.

El especialista en derecho financiero y tributario indicó que resulta muy extraño que una empresa con esa naturaleza de negocio y que opera formalmente registre cinco años después la adquisición de acciones de un socio que vendió a un tercero su participación social en la empresa.

“Las firmas con disciplina administrativa nunca dejan un acta de asamblea sin registrar por tanto tiempo, ya que las reglas del gobierno corporativo les prohíbe cometer esas omisiones”, asegura Solís Farías.

El abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, advirtió sobre posible operación fachada en adjudicación directa de contratos.

El abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, advirtió sobre posible operación fachada en adjudicación directa de contratos.

También se consultó a diferentes notarios públicos para comprobar qué tan común es que una empresa tenga documentos sin actualizar en los registros oficiales y afirman que  las actas de asamblea siempre se registran a más tardar a los 60 días de su celebración y, por lo general, sólo varían de un año a otro cuando las actas de asamblea se levantan en noviembre o diciembre y no les alcanzó el tiempo para protocolizar y lo hacen en los primeros meses del siguiente año.

“Es poco creíble, lo que se está haciendo es ocultar alguna acción, para aparentar, esconder o disimular algo. Le puedo decir en toda mi experiencia que es un acta elaborada recientemente y que le pusieron fecha de 2017 para ocultar una verdad”, dice Adolfo Solís.

Contratos y facturas de VAPE no cuadran

Las unidades de Isesalud fueron incluidas en el contrato para el servicio de vigilancia 455/2019 otorgado el 1 de noviembre de 2019 a Valet Personalizado en Custodia Empresarial VAPE, S.A. de C.V. Y ya en  2020, con la pandemia de COVID19,  el organismo le amplió ese primer contrato asignado en forma directa y otorgó, por la misma vía, tres contratos más para cubrir el servicio de vigilancia en las diferentes unidades médicas hasta el 31 de agosto de 2020.

Con excepción del último, todos los contratos con VAPE tuvieron que establecerse como retroactivos, al firmarse en fechas posteriores a su vigencia o al inicio de esta.

Un total de 42 millones de pesos facturó VAPE a Isesalud en 2020. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

Un total de 42 millones de pesos facturó VAPE a Isesalud en 2020. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

El primero se firmó el 17 de marzo de 2020, pero su vigencia se hizo retroactiva a partir del 1 de enero al 29 de febrero, y se estableció por un monto de 8.2 millones de pesos. El segundo está fechado tan solo un mes después, el 17 de abril, por 4 millones 163 mil pesos y el tercero se suscribió el 19 de mayo por la cantidad de 8 millones 163 mil pesos.

El mayor monto que recibió VAPE fue en el último contrato, el cual se adjudicó por 12 millones 312 mil pesos.

Aunque la suma de los cuatro contratos da un total de 32.8 millones de pesos, IVA incluido, al cierre de 2020 VAPE S.A de C.V., le facturó a Isesalud 42 millones de pesos, de acuerdo con las facturas obtenidas vía transparencia.

Amplían contrato de firma inhabilitada

El 9 de enero de 2020, las autoridades de Salud de Baja California ampliaron por tres meses más la vigencia del contrato asignado a Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V.

Este acuerdo, de 23.7 millones de pesos, había vencido el 31 de diciembre de 2019. El documento está firmado por Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Isesalud, quien solicitó la elaboración del convenio modificatorio “a fin de establecer la ampliación de la vigencia del contrato primigenio”.

El problema no es la ampliación del convenio, sino que el organismo ignoró una resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y publicada en el Periódico Oficial de la Federación (POF) a mediados de agosto de 2019, en la que prohibía a las dependencias federales y locales celebrar contratos con la empresa Aplicaciones Médicas Integrales durante 18 meses.

Solo hasta después del plazo de inhabilitación establecido, el cual venció hasta mediados de febrero de 2021, y previo pago de la multa impuesta por resolución de mérito, la firma podría volver a participar en acuerdos y licitaciones de la administración pública.

“Las dependencias federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”, se indicó en el documento. En el contrato Isesalud dispuso de recursos federales como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Durante el periodo de sanción solo se podrían respetar los contratos vigentes, no los vencidos y tampoco se podrían asignar nuevos acuerdos ni ampliar convenios como lo hizo el gobierno de Bonilla, lo cual resulta una irregularidad administrativa, explica  el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.

Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. es propiedad de Francisco Piña Ruiz y Gerson Rivelino Mares Gutiérrez. Se constituyó el 28 de febrero de 2017 en Naucalpan, Estado de México, para fabricar, ensamblar, procesar, comprar, vender, rentar material médico y de laboratorio, como productos fotográficos y todo tipo de Hardware, software y equipos de cómputo en general, elaboración y transformación de productos alimenticios, explotacion de bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo con el  convenio modificatorio 001/2020, la firma estaría encargada de suministrar material de osteosíntesis y comodato de equipo e instrumental para cirugías de traumatología y ortopedia de las unidades hospitalarias de salud.

Préstamo de equipo a cambio de contratos millonarios

El 2020 fue el año en el que varias empresas aprovecharon el decreto publicado el 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación por el titular del Poder Ejecutivo Federal, derivado de la contingencia del Covid-19 y con el cual se autorizaron compras sin ningún tipo de licitación previa. Grupo Comercial e Integral ONR de México SAPI de C.V. fue una de ellas.

En menos de un mes y en pleno inicio de la pandemia por coronavirus, esta firma propiedad de Rosendo Rodríguez Martínez y Édgar Rodríguez Márquez logró que el gobierno de Jaime Bonilla le otorgará cuatro contratos mediante adjudicación directa, por los cuales facturó un monto conjunto de 28 millones de pesos.

A cambio de prestar equipo, Grupo Comercial e Integral ONR de México SAPI de C.V., amarró contratos con el gobierno de Baja California. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

A cambio de prestar equipo, Grupo Comercial e Integral ONR de México SAPI de C.V., amarró contratos con el gobierno de Baja California. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

Los dos primeros contratos se suscribieron en comodato de 983 bombas de infusión, este término significa que el equipo se entrega en calidad de préstamo, sin requerir una compensación a cambio.

Pero este no fue el caso, ya que en los mismos contratos de préstamo se condiciona la adjudicación directa para el suministro de consumibles para los hospitales generales de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, Materno Infantil de Mexicali y UNEME Oncologia.

El primer contrato se firmó el 18 de marzo de 2020 y fue por un monto máximo de 3 millones 826 mil pesos, IVA incluido. Las bombas entregadas en comodato se tenían que devolver en un lapso no mayor de una semana después de concluida la vigencia del contrato, la cual se estableció en forma retroactiva del 15 de febrero al 15 de abril de 2020.

El 3 de abril de ese año, Grupo Comercial e Integral ONR de México recibió un segundo contrato, con las mismas condiciones del primero, pero por una cantidad  muy superior: 23 millones 624 mil pesos por las mismas 983 bombas de infusión en préstamo, de acuerdo con la revisión de los contratos entregados vía transparencia.

El 8 de abril de 2020 las autoridades de Isesalud adjudicaron a la firma un tercer contrato por adjudicación directa por excepción, esta vez por 787 mil 500 pesos para la proveeduría de 175 colchones neumáticos. La justificación para no licitar fue la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Ejecutivo Federal a finales de marzo de ese año.

Menos de una semana después, el 15 de abril le fue asignado un cuarto contrato por adjudicación directa para el suministro de consumibles para monitores del Hospital Materno Infantil de Mexicali (HMI), por un monto de 42 mil 693 pesos para la adquisición de 2 mil 247 piezas de electrodo neonatal.

Grupo comercial e Integral ONR de México SAPI de C.V. se constituyó el 3 de julio de 2019 en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, y tiene más de 70 objetos sociales de todo tipo, desde asesoría fiscal hasta representación artística, entre otros.

Contratos con personas físicas sin experiencia ni solvencia

Empresas inexistentes, o personas físicas sin experiencia ni solvencia económica para ser contratadas, lograron obtener durante el periodo de pandemia de 2020 adjudicaciones por  montos millonarios y sin necesidad de participar en una  licitación pública.

Tal es el caso del empresario transportista Cristian Genaro Domínguez Cabriales, quien sin tener antecedentes en la proveeduría de insumos de lavandería obtuvo el 29 de mayo de 2020 un contrato por adjudicación directa por excepción con el gobierno de Jaime Bonilla. Por el contrato ISESALUD-SUMINISTRO-INSUMOS-LAVANDERÍA-362/2020, con vigencia del 1 de junio al 31 de diciembre de 2020, Cabriales facturó 3.2 millones de pesos.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio (RPC), Domínguez Cabriales es socio de Domacos Trucking, S. de R.L. de C.V., empresa de transporte ubicada en Mexicali, Baja California.

En el convenio firmado con Isesalud, se registró el RFC: DOCC881219619, el cual corresponde a Cabriales, quien en el acuerdo suscribió contar con “la infraestructura, experiencia, capacidad técnica y elementos humanos necesarios para prestar el servicio que se requiere”, pero estableció como domicilio fiscal Calle Valle de las Banderas, número exterior 10611, número interior 2263, C.P. 21379, en Mexicali.

El número 10611 no fue localizado, pero se ubicó un domicilio que sí coincidió con el número interior, en el cual únicamente se ubica una vivienda.

Apenas el 11 de febrero de 2021 Isesalud asignó a Domínguez Cabriales un nuevo contrato por un monto máximo a ejercer por la cantidad de 3.4 millones de pesos y con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

En este contrato Cabriales proporcionó como domicilio legal el asentado en Avenida Valle de Mezquital, no. 2052, Fraccionamiento Villa Bonita, C.P. 21379, Mexicali, el cual corresponde a una casa deshabitada y en renta.

Sin mediar modificación de contrato, algunos de los cobros facturados por los particulares superaron el monto máximo establecido en los contratos. Ejemplo de ello es  Clean&Dry, empresa que sin registro público ni RFC facturó del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, 14.7 millones de pesos, IVA incluido, por la proveeduría de artículos de limpieza para las unidades hospitalarias y administrativas de Isesalud, de acuerdo con las facturas obtenidas vía transparencia.

Esta  empresa, ubicada en Mexicali, Baja California, obtuvo el contrato NO. ISESALUD-ADQ-INSUMOS-ARTÍCULOS-LIMPIEZA-254/2020, en el que se estableció como monto máximo de pago 13.2 millones de pesos con impuesto incluido, lo que significa que cobró 1.5 millones de pesos más de lo convenido.

Clean&Dry aparece como propiedad de José Alfredo Carballo Carrillo, cuyo RFC, CACX860513AJ7, es el que se asentó tanto en el contrato como en las facturas.

Otro ejemplo de estas anomalías es el contrato ISESALUD-SERVICIO-LIMPIEZA-314/2020 entregado sin licitar a Virginia González Andrade, con domicilio fiscal en Avenida La Campiña, Manzana 4, Lote 11 de la colonia Granjas Familiares, en Tijuana. Esta dirección corresponde a una oficina ubicada arriba de una tienda de abarrotes y no reúne las características de un negocio que obtuvo un contrato de 55.2 millones de pesos.

Oficina de la proveedora Virginia González Andrade, quien no comprobó la suficiente solvencia económica: SHyFP. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

Oficina de la proveedora Virginia González Andrade, quien no comprobó la suficiente solvencia económica: SHyFP. Crédito: Ángel Gabriel Morales.

González Andrade fue señalada por carecer de recursos para proveer el servicio de limpieza a hospitales de Isesalud, por lo que Vicenta Espinosa, titular de la SHyFP , abrió una investigación en enero de 2021 en la que logró corroborar la falta de solvencia económica y capacidad técnica de Virginia González Andrade para prestar el servicio de limpieza en hospitales del sector salud.

“Le denominamos el contrato de los 50 millones por el servicio de limpieza, convenio millonario que no cumple con ninguno de los requisitos”, asentó Vicenta Espinosa.

Sin importar que el contrato con Virginia se encuentra  bajo la lupa  de las autoridades por las irregularidades detectadas, a solicitud de Miguel Ángel Marín Cardone, el 24 de febrero de 2021, Isesalud adjudicó un contrato abierto a González Andrade por la cantidad de 11 millones 49 mil pesos, el cual se firmó con vigencia retroactiva del 1 de enero al 28 de febrero de 2021.

Decreto no justifica adjudicaciones directas

El artículo segundo del Decreto presidencial publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación abre la posibilidad de adquirir todo tipo de bienes y servicios a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran equipo médico, de curación y productos higiénicos, entre otros, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.

“Pero el decreto no da la salvedad para no licitar, si el gobierno pretende sacar todos los contratos al amparo de este decreto, evitando la licitación, está en tela de duda, porque da margen para que se pueda excluir la licitación, pero no para que se haga una regla general”, explica Iván Curiel Villaseñor, experto en Derecho Administrativo y catedrático de la Universidad Iberoamericana, campus Tijuana.

Sin embargo, el experto en derecho también señala  que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, a la cual se tiene que ceñir el gobierno del estado, en sus artículos 37 y 38, fracción segunda, dice que, si se está en caso de peligro en materia de salubridad, efectivamente se puede omitir la licitación.

En este contexto, la única razón  por la que Isesalud pudo adjudicar en forma directa casi todos los contratos es conforme a estos artículos de la Ley de Adquisiciones arrendamientos, “nada más”, indica Iván Curiel. Pero en  los más de 500 contratos de 2020 que fueron revisados no se invocan de forma directa estos apartados de la ley.

En las oficinas de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del estado también detectaron que Baja California fue el único estado que justificó la mayor parte de los contratos de asignación directa con el decreto de Covid19.

De acuerdo con el decreto, sólo aquellos productos y/o servicios que tuvieron que ser contratados en forma extraordinaria a raíz de la pandemia por coronavirus podían justificar su asignación directa a través del decreto presidencial, no así las compras ordinarias.

“Los contratos debieron asignarse como marca la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, particularmente en los convenios pagados con Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), recursos destinados para favorecer a la población más vulnerable”, asegura una fuente de la SHyFP.

Adjudicación directa, la constante en contratos de Isesalud

En medio de la pandemia, las adjudicaciones directas se volvieron la práctica más común en el tema de contrataciones públicas. Tanto el gobierno federal como algunos estatales hicieron de la excepción una  norma, lo que hace cuestionable el actuar del Órgano de Control Interno y del Órgano de Fiscalización del poder legislativo, asegura  Vicente Sánchez Munguía, investigador del Departamento de Estudios de administración pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Las  instancias fiscalizadoras se limitan simplemente a  contener daños, “en la legislatura no hay contrapesos que cuestionen este tipo de procedimientos de la administración”, dice el académico.

De los 558 contratos registrados por Isesalud en 2020, solo en tres se abrió invitación para la participación de más de un proveedor, mientras que en los 555 restantes  la asignación se efectuó mediante el procedimiento de adjudicación directa. Ninguno se licitó.

La opacidad, falta de transparencia y corrupción son las constantes en las adjudicaciones directas; un conjunto de malas prácticas que se han acentuado en Baja California, en particular durante los últimos años, asegura Adolfo Solís.

“Antes  eran 4 de cada 10 las adjudicaciones directas y hoy tenemos que 9 de cada 10 contratos se asignan vía adjudicación directa, de ese tamaño es el daño patrimonial, esto provoca abuso, excesos, corrupción y, en particular, operaciones fachada”, afirma.

Para Solís Farías el problema no está en las leyes ni en la estructura normativa sino en el  nivel de impunidad que se vive en el país, el uso de las instituciones para tapar las inconsistencias, el control sobre otros poderes para que no sean juzgados o sentenciados los funcionarios, y la deficiencia en la investigación de omisiones por parte de la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.

Pérez Rico espera resolución de la SHyFP para actuar

Alonso Pérez Rico, director general del Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud) de Baja California, no supo explicar por qué el organismo a su cargo  extendió nuevos contratos a empresas bajo investigación, como el caso de Virginia González, acuerdo que manifestó ignorar.

Además, su argumento para no dar de baja a los funcionarios involucrados en la asignación de los contratos bajo investigación es que va a esperar la investigación de la Función Pública, “en cuanto ellos emitan la resolución de si hubo un funcionario que tuvo una omisión o falla, actuaremos”. En tanto, todos continúan activos en sus cargos.

Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, no investiga ni da de baja a funcionarios que firmaron convenios bajo investigación. Crédito: Eduardo Jaramillo.

Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, no investiga ni da de baja a funcionarios que firmaron convenios bajo investigación. Crédito: Eduardo Jaramillo.

A finales de marzo de 2021, Pérez Rico aseguró que Isesalud llevaba una investigación interna, pero en su última declaración indicó que el análisis de los contratos señalados como irregulares está solo en manos de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

Contratos de Isesalud en riesgo

Adquisición de medicamentos de baja demanda a punto de caducar, contratos con proveedores incumplidos y adjudicaciones directas sin real sustento, forman parte de las múltiples irregularidades por las que los más de 500 contratos asignados por Isesalud en 2020 podrían declararse nulos, revela una fuente de la SHyFP.

En la investigación de la secretaría se localizaron varios contratos asignados por Isesalud a personas físicas con actividad empresarial que no tienen capacidad, personal ni tuvieron el registro ante el SAT a tiempo, “primero contratan y luego hacen todos sus trámites que debieron tener antes de adjudicar”, indicó la fuente de la SHyFP consultada.

Otra irregularidad detectada en la indagatoria es el hecho de que, en plena pandemia, con grandes cantidades de medicamento caducado en los almacenes, las autoridades de Isesalud de Baja California adquirieron fármacos de baja demanda con fecha de caducidad limitada, mientras restringen la adquisición de tratamientos contra el cáncer.

Esto fue revelado por los médicos responsables de los almacenes, quienes presentaron quejas y advirtieron que no firmarán la recepción de ningún medicamento que esté a punto de vencerse, sobre todo cuando existen en el almacén cantidades muy grandes de los mismos fármacos ya caducados.

En el suministro de medicamentos detectados con caducidad menor a 18 meses están implicados nueve proveedores, entre los que se encuentran empresas como Impulsora de Cadenas Productivas y Comerciales, S. de R.L. de C.V., Grupo Pharma de Baja California S.A. de C.V., Carsalab, S.a. de C.V., Prosefa S.A. de C.V., Arsalab S.A. de C.V. Jorge Luis soto Solano, Infarind S.A. de C., Productos Lúdica, S.A. de C.V e Insumos Médicos de Mexicali S. de R.L. de C.V.

Estas nueve firmas obtuvieron contratos de adjudicación directa por una suma conjunta de 162.2 millones de pesos para proveer a Isesalud medicamentos y material de curación, de acuerdo con los contratos obtenidos vía transparencia

Ante el desaseo en la asignación de contratos por Isesalud, su revisión ha sido complicada, por lo que la SHyFP decidió integrar los más de 500 contratos adjudicados en 2020 en una sola carpeta, la cual, de acuerdo al avance de la investigación, en un mes se estaría turnando al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California.

A estas inconsistencias se le suma el hecho de que Vicenta Espinosa le solicitó, sin éxito, al titular de Isesalud, Alonso Pérez Rico, retirar de sus cargos por pérdida de confianza a los funcionarios que asignaron los contratos que se encuentran bajo investigación por irregularidades en su adjudicación. “Es quien puede hacerlo, por ser el titular, mientras que la SHyFP sólo podrá darlos de baja cuando se tenga un resultado de la investigación y una resolución por parte del tribunal”, explica.

A pesar de esta serie de irregularidades, Pérez Rico ha optado por mantenerlos en sus cargos y Carlos Gómez Valdez y Miguel Ángel Marín Cardone, representante legal y jefe del Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales de salud, respectivamente, continúan firmando contratos con las mismas empresas que están bajo la lupa de la Función Pública.

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