La intocable señora Wallace

Por Antonio Rosales

No pocas veces se ha escrito en este espacio sobre el caso Wallace, aquel que inició con el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto (Wallace Miranda, Miranda Torres o León Miranda, dependiendo del acta de nacimiento a la que se tomé como referencia), hijo de la empresaria y fundadora de la asociación civil Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace. Caso e historia que aterra por la montaña de atrocidades, contradicciones y pruebas endebles sobre las que se sostiene, y que hacen pensar, con bastantes bases sólidas, la posibilidad de que haya sido fabricado con quien sabe que clase de fines retorcidos, recordándonos que como ciudadanos no solo tenemos que tomar todo tipo de precauciones y cuidarnos de los criminales que operan en la ilegalidad, sino también de los maleantes de cuello blanco que operan “legalmente” y que también abundan entre políticos, empresarios, magnates, policías, militares y posiblemente hasta entre “activistas”.  

En su momento, en 2014 para ser exactos, periodistas de investigación como Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga fueron pioneras en cuestionar e investigar la historia que la señora Wallace, los gobiernos en turno y los grandes corporativos mediáticos nos contaron, aunque ya años antes el bloguero vasco, Luis Miguel Ipiña, había empezado a publicar sobre el tema en un blog que fue cerrado después de que fuera detenido en 2011. Ipiña llegó a sostener en entrevistas para medios como el semanario Proceso y el portal Los Ángeles Press, que le sembraron un arma y que los mismos policías le aseguraron que lo detenían “por haberse metido con la señora Wallace”, tras lo cual pasó año y medio en un penal de Chiconautla, Estado de México. 

A partir de 2019, diferentes medios de comunicación se han sumado al cuestionamiento del caso, si bien es cierto Guadalupe Lizárraga ya llevaba haciendo una labor en solitario, dedicándose al tema completamente desde 2014, tanto como periodista e incluso desde el activismo y el acompañamiento a las familias, a pesar del veto e invisibilización que hasta la fecha su trabajo y el reconocimiento a la autoría original de sus investigaciones, aún padece en la mayoría de los medios de comunicación. 

Sería muy repetitivo aquí rememorar las inconsistencias del caso, así como también las bestiales torturas (asfixia, ahogamiento, golpes, abusos sexuales, descargas eléctricas) a las que han sido sometidos los acusados del caso, sin mencionar las amenazas, persecución, posible espionaje y toda suerte de calumnias y actos intimidatorios que han padecido familiares, abogados, activistas, defensores de Derechos Humanos y periodistas que se han acercado al caso.

El material que se ha publicado al respecto puede encontrarse con algo de búsqueda en la red, para quién realmente esté interesado en conocer los abusos, falsedades y horrores que componen y rodean este caso. Sin exageraciones, ironías, ni sarcasmos: Cualquier película de terror o película policiaca se queda corta ante los profundos infiernos que habitan en el llamado caso Wallace. Y lo peor es que, desgraciadamente, son historias reales y quizás, mucho más comunes de lo que normalmente imaginamos.

Sería más provechoso enfocarnos en una pregunta crucial, que seguramente muchos mexicanos que conocen de este tema se han hecho: ¿En dónde y en qué radica el enorme poder de la señora Isabel Miranda de Wallace, y por qué? ¿Qué es exactamente lo que la hace todopoderosa en el sistema político y judicial mexicano? ¿Por qué es más intocable que la mayoría de los políticos y empresarios de nuestro país? ¿Qué o quién la protege, quién le da (o dio) poder, influencia e impunidad a manos llenas? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Por qué se le permitió controlar todo el poder judicial a su antojo, en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿A quién o a quienes les convenía (o les conviene todavía) empoderarla a tal extremo y dejarla operar a su entero capricho, y por qué? ¿Qué les sabe a todos esos políticos y funcionarios judiciales, o que le deben? ¿La protegen porque la adoran, la respetan o le temen? ¿Por qué? ¿Qué es de todos esos políticos y funcionarios? ¿Socia, cómplice, aliada, amiga, jefa o subordinada? ¿De qué, o en qué, si la señora nunca ha tenido un cargo público, al menos no oficialmente hablando? Además de policías, funcionarios judiciales y políticos, ¿hay empresarios, banqueros u otros poderes fácticos en este oscuro entramado? ¿Por qué resulta tan peligroso tocar estos temas, si finalmente ningún particular debería estar por encima de ningún otro ciudadano (aunque es vox populi que eso no se respeta en los hechos, desgraciadamente)? Muchas preguntas sin resolver, demasiadas especulaciones y pocas respuestas que ayuden a clarificar por completo.

Estas preguntas resultan pertinentes tras la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y de facto, también del Consejo de la Judicatura Federal), en enero pasado, sucediendo a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Norma Lucía Piña llegó por todo lo alto, abanderada desde su condición de mujer, feminista y “progresista”, lo que sea que esto último signifique en una época en que todos estos conceptos se han revuelto y hasta desvirtuado. Le llovieron felicitaciones y su discurso feminista, al asumir el cargo, conmovió hasta las lágrimas a muchas feministas y figuras públicas progres de ocasión. No fueron pocas las publicaciones que hicieron referencia a la importancia de que su nombramiento estaba “rompiendo el techo de cristal” (concepto feminista al que ella misma se refirió en su discurso inaugural) al ser la primera mujer en asumir tal cargo, y destacaron la importancia de que la Suprema Corte estaba recuperando su “autonomía e independencia”, luego de que Zaldívar fuera señalado en repetidas ocasiones de subordinarse completamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En medio de las fanfarrias y de tal algarabía, se instaló la amnesia colectiva respecto a una columna publicada en mayo del año pasado, en el diario Milenio. En el texto, el periodista Ricardo Raphael de la Madrid reveló que Abraham Pedraza Rodríguez, primer denunciante falsario en el controvertido caso Wallace, es a la vez secretario de la ministra Norma Piña y cuñado de Isabel Miranda de Wallace. En aquel entonces, Raphael llamaba a la ministra Piña a excusarse respecto a la decisión que la Suprema Corte tenía que tomar sobre la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, una de las detenidas del caso Wallace, si bien este año ha defendido con sorprendente candor y dedicación el nombramiento de Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte. 

Desde hace una semana, periodistas y personajes como Julio Hernández López “Astillero”, Fabrizio Mejía Madrid, Jesús Escobar, así como algunos youtuberos totalmente afines al actual gobierno, parecen haberse enterado apenas del nexo “Miranda de Wallace-Abraham Pedraza-Norma Piña” y de las graves implicaciones que podría tener dicho vínculo en la correcta impartición de justicia y concretamente en el caso Wallace. Quizás incluso el presidente y Comunicación Social de presidencia no tarden en hacerse los sorprendidos. La pregunta es, ¿de verdad el gobierno federal no lo sabía? Si lo sabían, ¿no vieron el posible conflicto de interés, y decidieron callar? Y si realmente no lo sabían, ¿entonces que clase de servicios de información tienen, que no se enteran de algo que ya había aparecido en un medio de comunicación nacional? Desde luego no se está llamando aquí a que el presidente viole la supuesta “independencia” de la Suprema Corte, pero si llama la atención que el presidente, tan obsesivo y observador de los movimientos de lo que él llama el bloque “conservador” (PRIANRD-MC y los desinflados grupos y nombres que la derecha multipartidista y el empresario Claudio X. González se inventan cada semana, con poco éxito) y que ha utilizado los tenebrosos casos Cassez-Vallarta y Wallace para criticar (con sobrada razón, eso no lo discuto) a los gobiernos pasados en sus mañaneras, se le haya escapado un dato tan importante.

A la entrada de Piña Hernández, en los últimos días ha seguido la renuncia de Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de Irma Eréndira Sandoval (ex titular de la Secretaría de la Función Pública) y quien era director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, órgano que depende del Consejo de la Judicatura que hoy también preside Norma Piña; instituto que, en sus últimos años, presuntamente se había dedicado a defender a Juana Hilda González, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle y César Freyre, torturados y detenidos por el caso de la señora Wallace. Su salida fue el precedente de una serie de despidos y renuncias, entre ellos el de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, quien en su carta de renuncia y en diferentes entrevistas a medios de comunicación, ha expresado que no existen condiciones para continuar trabajando en dicho organismo y subrayó su preocupación de que en la nueva administración se continúen encubriendo las torturas e irregularidades del caso Wallace, como se ha hecho en gobiernos pasados, según sus propias palabras.

Tras la salida de Netzaí Sandoval Ballesteros, entró como titular del Instituto de la Defensoría Pública, la magistrada Taissia Cruz Parcero, a partir del primero de febrero del presente año. Cruz Parcero es también esposa de Renato Sales Heredia, actual fiscal de Campeche y ex comisionado de Seguridad en el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Según publicaciones de Los Ángeles Press basadas en cartas y declaraciones de los inculpados, Renato Sales Heredia presuntamente habría permitido la tortura a los detenidos del caso Wallace, desde su cargo como comisionado de Seguridad en la administración peñanietista, así como también habría ignorado una carta que le escribió Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo, denunciando las torturas, en aquel tiempo. El vínculo “Miranda de Wallace-Renato Sales Heredia-Taissia Cruz Parcero” quizás no ha sido retomado con mucha fuerza por el gobierno actual y sus medios afines, ya que Sales Heredia hoy se desempeña en el gobierno de Layda Sansores, la polémica gobernadora que llegó a través del partido Morena. Pero evidentemente, aquellos medios fieles a los gobiernos anteriores tampoco harán demasiado ruido al respecto, ya que el caso Wallace refleja como pocos, el nivel de descomposición en que dejaron el poder judicial los gobiernos pasados y que, desgraciadamente, este gobierno tampoco ha hecho nada por sanar realmente y a fondo. En resumidas cuentas: El estado actual de las cosas en el caso Wallace parece convenir, por igual, a todos los partidos.

Y llegados a este punto, es inevitable preguntarse nuevamente: ¿Qué es lo que hace tan poderosa e invencible a la señora Wallace, en lo que a política y judicialidad se refiere? ¿Cómo ha podido extender sus redes más allá de los partidos que la crearon y cobijaron (el “PRIANRD-MC”, el llamado “Bloque conservador” según el presidente) y fortalecer su impunidad durante la cacareada “Cuarta Transformación”? ¿No tiene la sensación de que las pugnas partidistas son una mera farsa para entretener a las masas, pero en los hechos todos los políticos y empresarios de alto nivel, se toman de la mano y caminan juntos, apoyándose entre sí? ¿De qué sirve que el mandatario se cuelgue del caso Wallace, si en los hechos todo continua de forma muy similar al pasado? Quizás de forma más “blanda”, es cierto, pero los horrores continúan ahí.

Desde luego, esto no se trata de personalizar el asunto. Quien esto escribe no gana, ni pierde nada con lo que suceda con el caso Wallace. En todo caso, de ser ciertas todas las atrocidades que se cuentan de ella, Isabel Miranda de Wallace no es la única victimaria de nuestra historia reciente, ni mucho menos la única villana del sistema político y empresarial mexicanos. Sería, en todo caso, un monstruo, de muchos, que perviven en la galería de los horrores de quienes han mangoneado y destrozado nuestro país no solo desde hace décadas: desde hace siglos, quizás. Incrustados y enquistados en los poderes legislativo, federal, judicial; en la clase empresarial y en los principales medios de comunicación. Historias de abusos y terror sobran, tan solo con que nos asomemos un poco al proceder de personajes como Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Elba Esther Gordillo, Rubén Figueroa, Arturo “El Negro” Durazo, Miguel Nazar Haro, Edgar Veytia, Javier Duarte, Luis Cárdenas Palomino y quizás uno de los máximos perversos de nuestro país, Genaro García Luna, actualmente juzgado en Nueva York.

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Tampoco Brenda Quevedo Cruz, César Freyre Morales, Juana Hilda González Lomelí, Albert Castillo Cruz, Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, Jacobo Tagle Dobin y George Khouri Layón, son las únicas posibles víctimas de un sistema judicial inquisitorial, oscuro, sádico y cruel. No solo es Israel Vallarta (caso Cassez Vallarta) y su familia: Tras todos ellos, están decenas, centenas, sino es que miles de culpables fabricados mediante tortura y siembra de pruebas, no solo por la llamada “señora Wallace”, sino también por una innumerable cantidad de policías, ministerios públicos, jueces, directores de penales, custodios, caciques, hacendados, empresarios, alcaldes, gobernadores y otros más, que han usado nuestro sistema judicial a su antojo para venganzas personales, represión política, control social y fabricaciones de todo tipo. 

La fabricación de culpables se da por una cantidad de motivos que usted tal vez ni se imagine, y faltan plumas, teclados, cámaras, micrófonos y manos para reportar esas historias: Comuneros que son apresados por no permitir el despojo de sus territorios, disidentes políticos, venganzas pasionales, fraudes judiciales, herencias.

El caso Wallace no es el único, ni el primero, pero si quizás uno de los más terribles. Por eso es importante poner el foco: Porque los culpables fabricados podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano sin poder ni influencias, como la mayoría de la población.

Y mientras las cárceles estén copeteadas de inocentes sin dinero y conocimientos para una correcta defensa, ni poder y contactos para enfrentar una maquinaria judicial que aplasta, como aplanadora, a todo aquel que se le atraviese, los verdaderos delincuentes (de bajo, medio o alto nivel) seguirán libres y manteniendo secuestrada la tranquilidad de quienes habitamos este país.

Es lamentable que un gobierno que prometió que no habría más personas “intocables”, siga permitiendo que la intocable señora Wallace y otros poderosos como ella, se mantengan con todo el poder, y que todos aquellos periodistas que escriben sobre estos temas, estén en alto riesgo. Mientras tanto, con la fabricación de culpables y otros crímenes de Estado y particulares, solo nos queda hacer lo que propuso la escritora Rosario Castellanos en su poema “Memorial de Tlatelolco” sobre la conocida represión estudiantil del 2 de octubre de 1968:

<< Recuerdo, recordamos.

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca

sobre tantas conciencias mancilladas,

sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,

sobre el rostro amparado tras la máscara.

Recuerdo, recordamos

hasta que la justicia se siente entre nosotros>>

El caso Wallace, una polémica que revive y una verdad histórica que colapsa

El pasado sábado 27 de abril, la revista Proceso volvió a abrir la caja de Pandora de una historia tan controversial como -casi siempre- parcialmente abordada, al menos por la mayoría de los medios de comunicación: El caso del presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto, hijo de la presidenta de la organización Alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

De acuerdo a la versión oficial de la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, Hugo Alberto fue secuestrado y asesinado el 11 de julio de 2005 en un departamento de la calle de Perugino, en la Ciudad de México. Sin embargo, desde 2014 investigaciones periodísticas han hablado del uso de tortura (física, psicológica y sexual) para forzar confesiones autoinculpatorias, y esta semana el académico del ITAM, Ricardo Raphael, al retomar el tema profundamente investigado por Guadalupe Lizárraga, ha vuelto a sembrar la duda en muchos mexicanos.

A través de una crónica del periodista Ricardo Raphael y de una nota de Mathieu Tourliere, el semanario volvió a colocar en el debate público la posibilidad de que el caso Wallace se trate en realidad de un caso de fabricación de culpables en el que la propia madre habría participado con funcionarios políticos y judiciales de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; muchos de estos funcionarios siguen en activo, de acuerdo a lo publicado por diversos periodistas.

Este caso podría ser el gran fraude judicial de la historia, podría haber siete personas hoy encerradas por más de 12 años en cárceles de alta seguridad sin haber cometido ninguno de los delitos que se les imputan, porque hubo una señora con mucho poder económico y político que manipuló el aparato de justicia”, comentó el también articulista del diario El Universal, en una entrevista para W Radio.

En la saga escrita por Raphael se narran los orígenes de la familia León Miranda, los abuelos de Isabel Miranda, en Tejupilco de Hidalgo. La narración nos lleva a una Isabel Miranda, quien en su juventud se casó y tuvo un hijo (Hugo Alberto) con Carlos León Miranda, su primo hermano. Este dato sería jurídicamente irrelevante de no ser porque pone en la palestra dos puntos importantes: El primero, la tendencia a mentir o al menos, a ocultar información por parte de la protagonista de este enredo, ya que a lo largo de estos catorce años la señora Wallace ha presentado a José Enrique del Socorro Wallace Díaz como el único cónyuge que ha tenido y como el padre biológico de su primogénito. Incluso lo sostuvo en la entrevista que le realizó Ricardo Raphael en Canal Once, en diciembre pasado. El segundo punto, y el más importante, es que de confirmarse la paternidad de Carlos León Miranda, la versión oficial del caso Wallace se desploma, ya que de acuerdo a lo investigado previamente por Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga y ahora retomado por Ricardo Raphael, la única prueba científica que sostiene el caso es una gota de sangre compatible con José Enrique del Socorro Wallace Díaz y cuyo cromosoma inicialmente fue identificado como perteneciente a una mujer pero después la perito cambió el resultado argumentando “un error de dedo”.

Estos detalles nodales del caso Wallace no serían los primeros que ponen en duda la reputación, credibilidad e imagen que ha construido la dueña de los anuncios espectaculares Showcase Publicidad.

En 2014, tanto la periodista Anabel Hernández en Proceso como Guadalupe Lizárraga en su portal informativo Los Ángeles Press, publicaron investigaciones sobre la presunta fabricación del caso; investigaciones por las que ambas periodistas han sido amenazadas.

En el caso de Lizárraga ha sufrido dos intentos de secuestro, e intimidaciones verbales y cibernéticas por parte de la diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río. En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, se pronunció contra el acoso de la diputada en diciembre pasado. Ante la falta de respuesta y ataques difamatorios de cuentas bot que Lizárraga atribuye a Wallace y a Huerta del Río, el pasado 10 de abril la periodista envió una carta de denuncia a Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena.

A estas acusaciones se suman las de la senadora de Morena, Nestora Salgado García, quien durante el foro Derechos de las personas privadas de la libertad, señaló el lunes 29 de abril a Isabel Miranda de haber ordenado que la torturaran psicológicamente cuando estuvo en prisión. En este mismo foro estuvieron presentes la periodista Guadalupe Lizárraga, el activista canadiense David Bertet; el secretario general del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, Fernando Olivas, y el padre de Hugo Alberto, Carlos León Miranda.

En redes sociales, Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) denunció, en un hilo de Twitter, un caso de abuso de poder que sufrió por la señora Wallace. De acuerdo a Quintanar y al periodista Julio Hernández López “Astillero” en una columna de 2012 titulada Wallace al mando, en enero de 2010 un comando de 30 policías irrumpió en el domicilio de Quintanar, causando destrozos y encañonando a la familia. El operativo estaba encabezado no por una autoridad, sino por Isabel Miranda de Wallace. A pesar de que se interpuso una denuncia en la CNDH, ésta la desechó.

Aunque el escándalo estalló fuertemente en los medios de comunicación y en las redes sociales a lo largo de esta semana que concluye, la periodista Guadalupe Lizárraga ha comentado en redes sociales que ella ya había revelado el nombre del verdadero padre de Hugo Alberto en su libro El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) publicado en agosto pasado. Asimismo la autora ha dado a conocer la existencia de tres actas de nacimiento, tres CURP y tres registros ante el SAT de Hugo Alberto, así como dos actas de nacimiento de Isabel Miranda de Wallace.

Previamente a la penúltima publicación de Proceso, la periodista independiente dio a conocer las dos primeras partes de una entrevista con Carlos León Miranda, quien tanto en la entrevista con Lizárraga como en el foro en el Senado, relató que su ex esposa entraba y daba órdenes en la SIEDO “como si estuviera en su casa”, que le impidió firmar, que ante las autoridades lo presentó como José Enrique Wallace y que no había hablado por miedo a represalias.

Carlos León Miranda ya rindió declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) en días pasados.

En respuesta, Isabel Miranda de Wallace lanzó varios mensajes en Twitter clamando la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y solicitando comprensión de los mexicanos ante lo que llamó “difamaciones sin sustento” e “historias” para “llamar la atención”.

Presidente @lopezobrador_ usted es un hombre religioso NO permita injusticias y como usted dice que el Demonio meta las manos , le pido su intervención ante este ataque injusto.

Estos tuits contrastan con las declaraciones que la dueña del colegio City College ha ofrecido en las últimas semanas.

Luego de que la fundadora de Los Ángeles Press denunció públicamente a Isabel Miranda de Wallace en la conferencia mañanera del viernes 29 de marzo, la ex candidata del PAN a jefa de gobierno en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) exigió una audiencia privada y urgente con el presidente. Días después, el mandatario comentó que no la recibiría “porque se vería obligado a recibir a la otra parte” y el asunto está muy “polarizado” pero que la canalizaría con la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Tras no haber respuesta en Gobernación, Miranda de Wallace aseguró que AMLO se dedicaba a proteger secuestradores.

En contraste con el gobierno federal, el 11 de abril los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga, Vanessa Rubio; los perredistas Miguel Ángel Mancera Espinosa, Juan Manuel Fócil Pérez y los panistas Mauricio Kuri González y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presentaron al senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, un punto de acuerdo para solicitar que no se revictimice a Isabel Miranda de Wallace.

Tras la publicación de Ricardo Raphael, la Fundación Find, los comunicadores Ricardo Alemán y Pedro Ferriz Híjar, el periodista Sergio Sarmiento, el exsenador panista Javier Lozano y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, salieron en su defensa y le ofrecieron apoyo. A través de redes sociales, el exmandatario estuvo cuestionando el texto de Ricardo Raphael:

Mi solidaridad con @WallaceIsabel. Veo saña contra ella. “Periodismo” relatando temas y asuntos irrelevantes (“la hija del arriero”, el “matrimonio secreto con el primo”) frente a la tragedia de un hijo secuestrado y asesinado. Qué mezquindad, pobre México.

El caso Wallace se reabrió tras la denuncia formal en la FGR, de la periodista Guadalupe Lizárraga el 11 de diciembre de 2018, pese a lo cual la presidenta de Alto al secuestro ha negado, al menos hasta el mes pasado, la reapertura del caso.

De los 7 detenidos por este caso, tres de ellos -Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin y Jael Malagon Uscanga- llevan más de tres años en prisión sin sentencia. Cuatro de ellos -Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, Albert y Tony Castillo- enfrentan penas que superan los cincuenta años de presidio.

El periodista Ricardo Raphael sugirió que, debido a la relevancia del caso, debe ser atraído y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras la denuncia de Guadalupe Lizárraga en la conferencia mañanera del 29 de marzo, López Obrador solicitó que se rindiera un informe de los avances de la investigación. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha rendido ningún informe al respecto, al menos no de manera pública.