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Hablemos de un paraíso terrenal: la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila.
A casi una década de su creación, se ha convertido en el ministerio de las causas perdidas, mientras los ciudadanos padecen los estragos de la falta de recursos en la entidad, en sus calles con baches, en la falta de medicamentos y espacios en hospitales.
Las fiscalías anticorrupción no son exclusivas de Coahuila. En México y en el mundo nacieron como eco de la presión social provocada por grandes escándalos de impunidad como la Estafa Maestra, Odebrecht y la Casa Blanca.
En respuesta, la clase política reaccionó creando organismos por decreto para reparar el daño y hacer justicia a los ciudadanos que financian al Estado.
En Coahuila, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción fue constituida en julio de 2017 mediante el Decreto 903.
Nueve años después, lo que debía ser una herramienta de castigo al desvío de recursos públicos se ha transformado en un verdadero paraíso para la impunidad y un ministerio de las causas congeladas.
Mantener esta estructura no es barato para los ciudadanos. La Fiscalía operó con un presupuesto de 33.1 millones de pesos en 2023, otros 33.1 millones en 2024 y 29 millones de pesos en 2025.
A pesar de los recursos asignados, los resultados institucionales son bajos y preocupantes.
En esta ocasión, abordaremos solamente las denuncias que derivan de la revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Las cifras reveladas en el informe de seguimiento de fiscalización al primer semestre de 2026 de la ASE, encabezada anteriormente por Armando Plata Sandoval y actualmente por Manuel Ramírez Briones, dibujan un panorama desolador para los ciudadanos de a pie y alentador para la clase política.
De las 381 denuncias presentadas por la ASE relacionadas a las Cuentas Públicas que van del 2013 al 2023 contra dependencias estatales, municipios, paramunicipales y poderes del Estado, la enorme mayoría se encuentra en vías del olvido.
Un total de 159 denuncias continúan en los archivos de la Fiscalía sin resolución, mientras que en 216 casos se ha abierto la vía para el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, a menudo sin notificar formalmente a la Auditoría.
De un universo de casi 400 querellas, únicamente 5 casos han logrado ser judicializados, es decir, pasar a manos del Poder Judicial.
Uno de ellos, corresponde al municipio de Sabinas, que en la Cuenta Pública 2014 , época en la que gobernaba el PAN se denunció el probable uso de 24.3 millones de pesos. Esta denuncia está en etapa intermedia.
Otra denuncia que sí avanzó corresponde a la misma Cuenta Pública pero en Acuña, cuando estaba al frente el Unidad Democrática de Coahuila. Le señalaron el uso de 1.4 millones de pesos. Esto derivó en un acuerdo reparatorio parcial en 2018. No se dieron más detalles.
En Sacramento se denunció a quien resultara responsable por el uso de 1.7 millones de pesos en 2017. Ciudad que era gobernada por el PRI. La denuncia concluyó mediante acuerdo reparatorio en 2019.
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La SNTE Sección 5 está en la mira por el ejercicio de recursos en 2018. Este es uno de los casos del sector educativo con auto de vinculación a proceso, aunque el informe omitió especificar el monto investigado. Este caso en específico que tiene que ver con los profes, lo desarrollaremos en otra columna.
Y el último caso en donde la Fiscalía dio resultados positivos es en la Cuenta Pública 2022 de Muzquiz. Caso por 23.1 millones de pesos judicializado en contra de la administración de la exalcaldesa Tania Flores.
Resulta muy ilustrativo que, mientras cientos de expedientes están “congelados”, los casos que sí avanzan parecen responder a una justicia selectiva.
Tal es el caso de Múzquiz, donde la exalcaldesa opositora Tania Flores, quien ha denunciado reiteradamente persecución política y violencia por parte del Ejecutivo estatal, sí vio su expediente caminar hacia los juzgados en medio de audiencias a puerta cerrada y realizadas en la madrugada.
Así, mientras la impunidad prevalece y se le apuesta al ministerio de las causas perdidas, la Fiscalía Anticorrupción permanece en el limbo, entre la laxitud de la Auditoría Superior del Estado y las audiencias de medianoche de un Poder Judicial que evade transparentar cuando un funcionario público llega a sus manos.
| Denuncias | Consecuencias |
| 216 | No ejercicio de la acción penal. |
| 159 | Carpetas de investigación. Siguen en las manos de la Fiscalía. |
| 5 | Pasaron al Poder Judicial |
*Denuncias interpuestas por la ASE.
Esa es la pregunta. Imposible no tener sospechas. Cada día en las redes, en los diferentes portales, se crea contenido. Con la proliferación de la Inteligencia Artificial (IA) sería absurdo considerar su uso nulo. Sobre todo, cuando la información compartida en los medios ha aumentado. No podemos engañarnos; de ahora en adelante, el uso de la IA será lo común, la base de las redacciones, por la simple ventaja de la comodidad. Son pocas las personas con el tiempo necesario para disfrutar de la escritura y que además posean la ética para entretejer ideas argumentadas.
ChatGPT genera los párrafos, la columna completa, en menos de un minuto, sin faltas de ortografía y sin teclear casi nada. Sólo basta realizar el prompt y el famoso copy/paste para cumplir con la cuota diaria de exigencia.
Quienes se dedican a la administración de contenidos desde luego prefieren no complicarse la vida. El empleo de la IA marca una nueva etapa.
Ahora bien, bajo las nuevas condiciones, surge otra pregunta: ¿Valdrá la pena leer escrituras creadas por la IA? ¿Quiénes leen los textos publicados?
Dentro del área académica, autores, como Slavoj Zizek, han mencionado que ya nadie lee los artículos, al menos nadie de la especie del homo sapiens. Estos artículos se suben a la herramienta y es ella quien hace la lectura y da un resumen a los investigadores con los puntos más relevantes. La falta de tiempo se impone una vez más como el criterio. No hay el suficiente para echarle un vistazo a todas esas líneas, se justifica.
Quizás en el corto plazo la lectura y la escritura queden relegadas a los autómatas, y sean ellos quienes den forma al conocimiento, pues a lo largo de la historia el conocimiento se ha preservado en la letra escrita.
El tema por supuesto no acaba aquí. De algún modo la IA es un retroceso civilizatorio. Dedicarnos a la escritura posibilitaba el entendimiento de un hecho relevante para una mediana comprensión del mundo. Al escribir, descubrimos, por la mera actividad, lo complicado que es estructurar la palabra para expresar nuestros mensajes. En el proceso de la redacción, y eso es lo frustrante, se advierte que los enunciados no concuerdan con nuestras intuiciones. Quienes invertimos la vida en el oficio sabemos cómo el lenguaje, a pesar de su riqueza, sigue siendo demasiado débil para contener la realidad. El empleo de la IA crea una barrera en las personas, la cual no les permite experimentar esto último. Olvidan la naturaleza limitada del lenguaje.
Ningún lenguaje es tan amplio como para explicar la realidad. Sucede así porque la realidad no está hecha sólo de palabras. Existen conocimientos no lingüísticos, irracionales, corporales, que no encuentran una traducción adecuada en la escritura. El autómata no está consciente de esto y por eso sus textos no sobrepasan el nivel informativo. Son incapaces de nombrar lo innombrable. Son textos sin consciencia. La consciencia es la capacidad de ver lo invisible. Alguien consciente sabe que la realidad se constituye incluso en mayor grado por lo no físico, y con esto no implico algo religioso, sino a las intenciones ulteriores de los actos, a las ideologías, a los procesos transhistóricos, por referir algunos. ChatGPT hasta el momento no logra dar cuenta de ellos, y no lo hará por su falta de corporalidad.
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El cuerpo nos da un punto de vista, nos abre al mundo a su zona no lingüística, la cual es el origen de la gran mayoría de nuestro conocimiento. La experiencia del mundo apenas si puede ser trasladada a la escritura. Esto queda demostrado cuando alguien intenta esbozar su autobiografía. Muchas vivencias quedan fuera del libro, pues no hay manera de comunicarlas. Los autómatas como ChatGPT poseen acceso a todo lo escrito por los humanos, pero ese apenas es un fragmento del conocimiento existente. Con dicha base de datos generan textos los cuales en cierta circunstancia resultarán funcionales, pero que a la larga serán repetitivos. Un autómata como ChatGPT no es capaz de generar conocimiento original. Es excelente para hacer resúmenes, para informarnos de lo ya existente; sin embargo, impotente para la creación de nuevas intuiciones, por su falta de consciencia y corporalidad.
La continuidad de la escritura reside en ese punto. Una escritura repetitiva y monótona dejará de leerse. Sólo la escritura interesa en tanto es descubrimiento. Quizás el problema también se encuentra en el hecho de que los seres humanos cada día pensamos y actuamos más como autómatas. Nuestras escrituras dejaron de ser una búsqueda.
La Ley de Educación en el Estado de Durango (LEED) acumula polvo y telarañas. Según la página oficial del H. Congreso del Estado, la última reforma realizada a esta ley tiene fecha del 11 de diciembre de 2025, la cual modifica el artículo 171 en sus fracciones IX y X y se adicionan las XI y XII, referentes al tema de Escuela para Madres y Padres. Sin embargo, al revisar el documento me doy cuenta que aún vive en él la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, y su Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD), abrogada en fecha simbólica: 15 de mayo de 2019.
La norma jurídica que actualmente rige nuestro sistema educativo, entre otras, es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), que entró en funciones el 30 de septiembre de 2019, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es decir, que las y los diputados que han ocupado una silla desde esa fecha en nuestro congreso local, han cerrado los ojos ante el tema de legislar la Educación.
En Durango el magisterio vive un acto de omisión por quienes fueron electos por el pueblo para trabajar a favor de la ciudadanía. Esto deja una clara duda sobre si en realidad se necesitan tantas curules en el congreso, si no velan en realidad por los intereses de todas y todos. Aunque la Constitución, la Ley General de Educación (LGE), la LGSCMM, y más, respaldan al magisterio estatal, no debemos de pasar por alto que en Durango las y los legisladores no están realizando su trabajo en el ámbito educativo.
En la LEED se menciona o hace referencia a la LGSPD y al extinto Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), del que tanto se debatió durante el último sexenio priista de nuestros tiempos, en los artículos 16, 20, 22, 27, 28, 26, 41, 65, en todo el Capítulo Sexto, Sección 3: del 66 al 71. En el 84. En todo el Capítulo Octavo, Sección 9: del 112 al 121; en los artículos 151, 152 y 158. Habría que revisar todavía los aspectos ideológicos que aún se conservan, ya que, así como existen similitudes entre las dos leyes mencionadas, por ejemplo, la regulación de los procesos de admisión, promoción y cambios de adscripción, también existen diferencias fundamentales como el aspecto punitivo de la evaluación contra la revalorización social del magisterio, que claramente aún no llega a Durango.
Es importante mencionar que existe corresponsabilidad de las partes oficiales de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y sindicales de las Secciones 12, 35 y 44, que han estado al frente de las dependencias desde 2019 a la fecha. Pero también de las y los maestros duranguenses y la ciudadanía en general. La democracia no termina en el voto universal, libre, directo y secreto. Es necesaria la participación activa de todas y todos los actores de nuestro sistema social y político para garantizar una vida de calidad, y una certeza jurídica en el magisterio que responda a las necesidades de los tiempos actuales. Si como ciudadanía nos organizamos, pondremos a trabajar a quienes en temporada electoral se dan baños de pueblo y cuando se sientan en la silla se olvidan de él.
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Desde Rumbo Magisterial le doy un jaque a las y los diputados que conforman el H. Congreso del Estado de Durango. Dejo el precedente en la historia escrita de que en nuestro estado aún no se sientan las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, como lo establece la LGSCMM.
Es urgente para el magisterio estatal que se legisle la LEED. Lo relevante de la ley de 2019 es que revaloriza la función docente, hace un llamado a la autoridad educativa para dignificar las condiciones en las que se presta el servicio público de educación. Una de sus finalidades es fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su liderazgo en la comunidad.
Pasaron casi siete años desde que se eliminó la evaluación punitiva a nivel federal, y es fecha que en el marco legal de nuestro estado no se establece cuáles son los criterios tangibles para lograr la revalorización de nuestra función docente. ¿Cuándo realizará su trabajo el poder legislativo de Durango? ¿Qué otras leyes sufrirán de esta omisión? ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Reflexione cada quien.
A una semana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el panorama en Coahuila deja un sabor semiamargo que oobliga a cuestionar la sensibilidad de las instituciones.
Lo que debería ser una jornada de reivindicación y seguridad se convirtió, en Saltillo, en un escenario de controversia y tácticas de intimidación. La división entre los frentes feministas, uno que aceptaba a las mujeres trans y otro que pedía la presencia exclusiva de mujeres biológicas, fue solo el principio de una intervención gubernamental cuestionable, que se suma a una actuación deficiente en temas de género.
La presencia del Agrupamiento Violeta de la policía de Saltillo pareció diseñado para dividir e intimidar a las manifestantes. El mensaje desde la cúpula estatal fue aún más alarmante. Las declaraciones del gobernador Manolo Jiménez fueron desafortunadas, sugirieron que la decisión de enviar policías identificadas fue una "concesión", afirmando que "nada nos costaba mandarlas como infiltradas".
Esta frase encierra una práctica cuestionable, como la de quien amaga con un asalto pero "decide" pedir una moneda en el camión, dejando claro que el Estado posee herramientas de vigilancia que, si lo desea, puede usar como método de control.
Este comportamiento no es un hecho aislado, sino parte de un ciclo de falta de tacto y violencia institucional. Un ejemplo reciente es el de la joven Verónica, detenida en Ramos Arizpe bajo la acusación de venta de relojes falsos. Su arresto fue percibido por su familia como un secuestro, y la misma fiscalía declaró que se procedió sin una denuncia previa, aplicando la vieja y arbitraria práctica de "detener para luego investigar".
Más preocupante fue la sobreexposición de su imagen mediante la filtración de una fotografía, lo que derivó en la cosificación de la mujer en lugar de garantizar el debido proceso.
Y no son hechos aislados. No podemos olvidar el caso de Silvia, la niña de 13 años hallada muerta tras desaparecer en el Ejido Tinajuela de Saltillo. El fiscal optó por revictimizar a la niña en un foro público universitario, señalando que "no era cuidada", y mencionó detalles de su vida privada para justificar la tragedia. Este patrón demuestra que, a pesar de los protocolos, la autoridad tiende a exponer las supuestas fallas de las víctimas.
Es urgente que el Estado pase del discurso a la acción. No basta con desplegar patrullas de colores si la mentalidad de quienes las operan y dirigen sigue anclada en prácticas obsoletas.
Estos tres eventos, registrados en menos de un año, dejan en evidencia la urgencia en la capacitación, planeación estratégica y sensibilidad de género para que el manejo de la información pública no sea una herramienta de castigo adicional para las mujeres.
Los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024 fueron presentados este mes y revelaron un desorden administrativo en Saltillo y Torreón. Fueron 557.5 millones de pesos en recursos federales que no pudieron comprobar en qué gastaron.
En el caso de los municipios pequeños, cuando se hace un señalamiento en las auditorías, estos se aferran a excusas como falta de personal capacitado, falta de internet o incluso desconocimiento de los formatos para documentar los gastos.
Sin embargo, casos como los de Torreón o Saltillo no pueden verse bajo la óptica de la falta de herramientas para justificar que no pudieron comprobar el uso del dinero, y las Cuentas Públicas se convierten en una radiografía del desorden y, desde luego, de la posible corrupción que asfixia a la ciudadanía.
Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya emitido un dictamen negativo para Saltillo, señalando que el 88.4% de su muestra auditada presenta irregularidades, se traduce en una señal de alarma que no puede ignorarse. Mismo caso en Torreón, municipio que encabeza el monto de daño patrimonial presunto más alto, con 378.4 millones de pesos sin aclarar. Lo que representa el 51 %, del un total de 736.8 millones que le fueron asignados.
El caso de Torreón llama la atención que hayan pagado 313.5 millones de pesos a la empresa "PASA" por la recolección de basura sin contar con evidencia fotográfica suficiente, validación del tonelaje recolectado ni actas de entrega del servicio. Es decir, se entregaron millones y millones de dinero público sin que quedara evidencia de ello. Sólo queda confiar.
Otro de los casos que llamó la atención es la ligereza en que manejan las obras de impacto social. Prueba de ello fue la falta de control en obras de gran escala como la "Casa Cuna DIF", donde el municipio no pudo acreditar la propiedad legal del predio, y con ello pareciera que deja en el limbo una inversión de 47.4 millones de pesos.
En Saltillo, la situación no fue mejor. Tuvo 196.8 millones y le fueron observados el 88 %. Dentro de los datos que deja entrever la ASF está la gestión de los recursos destinados al saneamiento de aguas residuales que dejó un boquete de 98.3 millones de pesos sin justificar, careciendo de bitácoras de operación y mantenimiento.
La Auditoría recalcó, con reportes que parecían reproches, que mientras existen necesidades urgentes en las periferias de la ciudad, recursos del FAISMUN, fondos para financiar obras y combatir la pobreza se hayan desviado a obras como la rehabilitación del Blvd. Jesús Valdés Sánchez, sin acreditar beneficio alguno para la población en pobreza extrema.
Lo que se observa en ambos municipios es la recurrente omisión de documentos fundamentales en los expedientes, como actas constitutivas de empresas, dictámenes técnicos y garantías de cumplimiento. Todo esto dejando más dudas que certezas..
Llama la atención que siendo Saltillo y Torreón municipios que sirven como trampolín para sus ediles a puestos en secretarías o la gubernatura, no puedan ofrecer a la ciudadanía la certeza de que sus impuestos fueron utilizados para el beneficio social.
Llama la atención que en estos momentos de gran conectividad, la transparencia para ellos sea una opción, porque pareciera que los alcaldes y sus equipos no entienden que presentar expedientes incompletos y convocatorias "invisibles" en portales oficiales es una falta de respeto a la ciudadanía. Si pretenden seguir en la vida pública es importante entender que deben demostrar que cada peso de los coahuilenses tiene un destino claro, legal y comprobable.
A menos de tres semanas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, presentamos una radiografía judicial que nos ayudará a entender cuáles son las principales formas de agresión en contra de las mujeres en Coahuila.
Aunque los números son fríos, también son contundentes y obligan a observar con detenimiento las fallas que tenemos como estado y sociedad.
La revisión de sentencias emitidas por el Poder Judicial en Coahuila en los últimos doce años, revelan que 1,576 hombres han sido condenados por vulnerar la integridad de las mujeres. Estas no son simples quejas ni carpetas abiertas, son casos donde la culpabilidad ya fue declarada y el agresor ha sido formalmente sancionado.
Sin embargo, al analizar el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, la pregunta que surge no es cuántas sentencias hay, sino qué nos dicen sobre el tejido social de Coahuila.
El desglose de los delitos es preocupante: la violencia familiar encabeza la lista con 273 sentencias, lo que confirma que el hogar sigue siendo, para muchas, el lugar más peligroso. La violencia que sufren es por su pareja, hijos, padres, hermanos. Las personas que deberían ser de confianza.
En la lista de delitos, le siguen la violación con 79 casos, el feminicidio con 67 y el abuso sexual en menores de 15 años con 66 sentencias. En quinto lugar, el abuso sexual general suma 44 condenas.
Estas cifras representan lo que más adolecen las mujeres en Coahuila: una vulneración sistemática a su seguridad sexual, su integridad corporal y su derecho a una vida libre de violencia. Si bien las penas por feminicidio pueden alcanzar los 60 años de prisión, y la violencia familiar se castiga con cárcel desde los dos años, el castigo penal es solo la etapa final de un proceso doloroso.
Es importante reconocer que estamos hablando exclusivamente de sentencias definitivas y no de los miles de casos que aún se encuentran bajo investigación o que, por miedo, no llegan ante un juez.
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Aunque el sistema administrativo y público de registro permite identificar a los agresores, el panorama a 12 años de distancia nos recuerda que la justicia punitiva, aunque necesaria, llega cuando el daño ya es irreversible.
Ante la conmemoración, de nuevo, del 8 de marzo, estos datos deben servir no solo como una estadística, sino como un llamado a la prevención.
Si la violencia familiar y el abuso a la sexualidad de las mujeres siguen en el top 5 de las carpetas judiciales contra la mujer en el estado, la conmemoración se orientará a la exigencia de seguridad. Pedimos justicia y exigimos prevención. Los datos son una ventana a la prevalencia de conductas en la sociedad y con ello pueden prevenir antes de que una mujer sea víctima.
La figura del notario público en México debería ser, en teoría, el pilar de la certeza jurídica porque acudir a una notaría no es solo un trámite, es el acto de depositar la confianza , y en muchos casos, de confiar el patrimonio de toda una vida en manos de quien ostenta la fe pública.
Sin embargo, en Coahuila, esa confianza se ha convertido en el gancho perfecto para una red de despojo e impunidad que hoy tiene a decenas de familias en el desamparo.
El caso de la Notaría 45 en Torreón es el síntoma más visible de una enfermedad sistémica. Decenas de testimonios recabados la semana pasada en Saltillo, a través de entrevistas sugieren que no estamos ante simples descuidos administrativos, sino ante un modus operandi calculado: anuncios en redes sociales, documentos con códigos QR manipulados y una puesta en escena dentro de recintos notariales que neutralizaba cualquier sospecha de las víctimas.
Como bien señala uno de los defraudados, nadie espera ser “asaltado” dentro de una notaría. Se confía porque el entorno respira oficialidad. Pero detrás de ese sello, tal parece que operaba una red coludida con funcionarios de Catastro, Predial y Urbanismo para vender desde terrenos municipales hasta casas del Infonavit abandonadas.
Lo más indignante no es solo el robo, sino la tragedia humana que deja a su paso. Detrás de los 12.5 millones de pesos en desfalco estimados por un grupo de 27 denunciantes, están las historias de una trabajadora de limpieza que perdió los ahorros de su vida y de un hombre en silla de ruedas que hoy no tiene hogar. Mientras tanto, la justicia parece caminar a cuentagotas. Si bien se han retirado cuatro fiats notariales en el estado, incluyendo el de la Notaría 45, la reparación del daño sigue siendo una promesa pendiente.
¿Dónde ha estado la autoridad? La Dirección de Notarías se encuentra hoy bajo un legítimo escrutinio ciudadano. Resulta inverosímil que, en un estado con aproximadamente 246 notarios y una lista de espera de 186 aspirantes, el organismo encargado de vigilarlos admita en su propio portal de transparencia que entre 2022 y 2025 no se han realizado visitas de inspección. Esta omisión de funciones es la que permite que la impunidad eche raíces.
Además, existe una disparidad alarmante en cómo se aplica la ley. Mientras en Saltillo una mujer como Lizeth enfrenta una condena de 15 años por ventas fraudulentas, ella misma denunció que abogados y notarios participaron en los esquemas sin enfrentar las mismas consecuencias. Parece que la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, dejando intocables a quienes, protegidos por un nombramiento oficial, facilitaron el engaño.
La semana pasada, un grupo de ciudadanos provenientes de la región Laguna tuvieron una reunión con la Secretaría de Gobierno. Y sí, este es un paso, pero no es suficiente. La fe pública en Coahuila no se recuperará con "mesas de diálogo", sino con un castigo ejemplar a toda la cadena de corrupción, auditorías reales y un sistema donde el sello del notario vuelva a significar seguridad y no un riesgo de perderlo todo. Sin una supervisión estricta, la notaría seguirá siendo, para algunos, el despacho perfecto para el despojo.
En diciembre, la narrativa del gobernador Manolo Jiménez fue que el estado cerraba el 2025 con finanzas sanas y proyectó un panorama de bonanza para el 2026. Sin embargo, al contrastar estas declaraciones con los presupuestos de egresos aprobados, la realidad administrativa toma un rumbo distinto y, hasta preocupante, especialmente en el sector salud.
En este sector se registra un debilitamiento financiero directo. El caso más sensible se observa en el Centro Oncológico de la Región Sureste.A pesar de que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo y Coahuila no es la excepción, los recursos destinados a su combate, que ya de por sí son pocos, este año han sufrido un retroceso.
Una revisión de los presupuestos indica que en 2025, el Centro Oncológico operó con 26.3 millones de pesos pero para el ejercicio 2026, los legisladores locales aprobaron una cifra menor: 25.1 millones. Esta disminución de más de un millón de pesos ocurre en un contexto donde la enfermedad sigue ganando terreno en la entidad.
La gravedad de este recorte se acentúa al observar las estadísticas de salud: en 2024, INEGI reportó que Coahuila ocupó el séptimo lugar nacional en defunciones por tumores malignos, con una tasa de 76.7 muertes por cada 100 mil habitantes.
El cáncer de mama es una de las enfermedades con mayor presencia. Coahuila se posiciona en el cuarto lugar con más fallecimientos por este tipo de cáncer. Solo en el último registro anual, 2025, un total de 648 mujeres y 9 hombres fueron diagnosticados con esta enfermedad.
Aunque en Saltillo se cuenta con una clínica especializada para el cáncer de mama, esta es para derechohabientes. El Centro Oncológico es la única opción para aquellas personas que no cuentan con seguridad social (IMSS), y que deben enfrentar tratamientos sumamente costosos.
Es inevitable cuestionar la congruencia de la política pública estatal. Por un lado, se presume bienestar y estabilidad financiera, pero por el otro, se reducen los recursos a una institución que atiende padecimientos graves que van desde el cáncer de próstata hasta de estómago y mama, en una población que carece de protección médica.
Si a este recorte en áreas vitales le sumamos lo destinado sólo para la creación y la difusión de mensajes oficiales que este año contará con 36.6 millones, no es difícil llegar a la conclusión que el gobierno parece priorizar el discurso sobre la eficacia operativa. La salud de los coahuilenses no puede depender de presupuestos decrecientes, sobre todo cuando las cifras de mortalidad nos colocan en el "top 10" nacional de una crisis que no espera a que las finanzas sean, realmente, sanas.
La reciente fiscalización de la Cuenta Pública 2024 en Coahuila nos presenta una paradoja de lo que falta y lo que sobra.
Aunque el informe fue publicado la tarde del 31 de diciembre en medio de los preparativos de las fiestas para recibir el año nuevo, éste no logró escaparse del ojo público y nos sorprende con un panorama de contrastes administrativos que resultan, por decir lo menos, indignantes para la ciudadanía.
Al igual que algunos municipios como Torreón o Múzquiz operan bajo una opacidad alarmante que no permite rastrear millones de pesos, otras figuras clave se permiten el lujo de no gastar el presupuesto asignado, a pesar de las evidentes carencias en sus servicios como es el caso del Poder Judicial.
Cada año, la Auditoría Superior del Estado tiene la obligación de informar a la ciudadanía cuántos recursos públicos se asignó a las diferentes áreas de gobierno, si lo gastaron y si tienen en regla los documentos que comprueben que, en efecto, lo gastaron para lo que fue planeado.
Cuando gastan de menos se le denomina variación, y también lo podemos ver como subejercicio que para los más optimistas es sinónimo de ahorro y para los más críticos es una mala planeación o simplemente ajustes en rubros que no son prioritarios.
Primero hablemos de quienes no lograron comprobar lo que gastaron. El caso de Torreón es el ejemplo más crítico de la falta de comprobación del uso de recursos públicos.
En 2024, el Ayuntamiento a cargo de Román Alberto Cepeda tuvo un presupuesto de 4,296 millones de pesos y en la auditoría de la Cuenta Pública 2024 no logró comprobar el uso de 96.1 millones de pesos y con esa cifra se colocó en el municipio con mayor opacidad.
Para dimensionar el desorden, el monto de Torreón es cinco veces mayor al de las inconsistencias detectadas en el municipio de Múzquiz que tuvo 20 millones. Y que además se colocó como el segundo municipio con más observaciones.
Esta falta de comprobación no es un error menor; es una falla sistémica en la rendición de cuentas de los recursos que pertenecen a los laguneros.
Sin embargo, en el otro extremo de la ineficiencia encontramos al Poder Judicial de Coahuila. Resulta paradójico que, mientras abogados y ciudadanos denuncian diariamente las deficiencias en las instalaciones, la institución haya registrado un subejercicio de 82.2 millones de pesos en 2024.
Es el Poder con la brecha más amplia entre lo planeado y lo ejecutado en el estado, ya que el Ejecutivo no tuvo variaciones y el Legislativo reportó un subejercicio de 2.7 millones.
Y como el diablo está en los detalles, si hacemos zoom a lo que se dejó de gastar, vemos que lo más grave es el destino que tenían estos recursos. Se dejaron sin aplicar 15 millones de pesos en inversión pública. El presupuesto aprobado para ello era de 172.4 millones, lo que se traduce en un 20% sin ejercer.
No se trata solo de que no gasten, sino de que no gastan en lo que la gente necesita como infraestructura para atender los miles de casos que se judicializan al año.
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A esto se suma un señalamiento preocupante de la Auditoría Superior: el Poder Judicial carece de un diseño apropiado para la transparencia y el monitoreo. La institución, a cargo de Miguel Mery Ayup, no aportó los formatos de difusión de evaluaciones ni se pudo verificar si los informes cumplían con los términos de referencia exigidos. Es decir, hay dinero que no se gasta y procesos que no se transparentan.
Coahuila no puede permitirse este doble juego. Por un lado, municipios como Torreón y Múzquiz deben aclarar el destino de cada peso observado. Y por el otro lado, el Poder Judicial debe explicar por qué, teniendo recursos, prefiere no usarlo para dignificar la impartición de justicia mediante la inversión en infraestructura. En ambos casos, el resultado es el mismo: un servicio público que le falla al ciudadano.
“Cualquier decepción surge de expectativas excesivas”
Fuera de los resultados explosivos o anuncios “bombásticos”, el principal resultado de la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y la Federación Rusa fue un acercamiento a la paz, dicho en un plano general, porque el diálogo amistoso de los mandatarios de las dos principales potencias nucleares del planeta trae en sí, una distensión del conflicto planetario, el cual podría traer como consecuencia posterior, la paz en la guerra de Ucrania.
Bajo la óptica de lo didáctico del encuentro, fue una clase de “realpolitik”; para Trump tener en frente al mandatario de la potencia nuclear que apenas días atrás catalogó como “una amenaza para la seguridad estadounidense”, sobre la cual ordenó una semana atrás el despliegue de dos submarinos con misiles nucleares, y a la cual amenazó con duras sanciones económicas, tanto para ella, como para los países aliados, China, India y Brasil.
Por el lado de Putin, se reunió con el presidente del país que en la época de la Guerra Fría era enemigo, y que tras la caída de la Unión Soviética inició un asedio con la OTAN hacia las fronteras occidentales de Rusia, el país que provocó el golpe de estado en Ucrania en 2014, el que instaló bases de la CIA en todo el territorio, en especial cerca de sus fronteras, el presidente del país que financia la mayor parte de las armas que matan a sus soldados en el frente.
El pesimismo de los medios estadounidenses y europeos luego de la reunión fue un indicador, pero el mismo Trump lo dijo en esa rueda de prensa de menos de 12 minutos, luego de una reunión de tres horas donde participó con él el Secretario de Estado, Marco Rubio; y el Jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y su enviado personal a Rusia, Steve Witkof; mientras que a Putin lo acompañó el Secretario del Exterior, Sergei Lavrov, y su asistente en temas internacionales, Yuri Ushakov.
En la rueda de prensa conjunta en Anchorage, Alaska, Trump no habló sobre dijo un alto al fuego en el conflicto en Ucrania, sino maneras de buscar la paz, para lo cual debería primero dialogar con el Presidente ucraniano, (cuyo mandato terminó en mayo de 2024), Volodimir Zelenski, con los mandatarios de países europeos y los mandos de la OTAN.
En los días previos, un Trump influenciado por los guerreristas de Washington y los mandatarios europeos solo tenía el mismo mensaje de aquellos, “alto al fuego”, pero un alto al fuego es muy diferente de la paz, porque mientras el ejército ucraniano pierde en el campo de batalla, los europeos aún insisten en que la única salida del conflicto es la derrota de Rusia. Un alto al fuego es oportunidad para rearmarse, reconstituir al ejército e introducir en Ucrania “cuerpos de paz”, que no son otra cosa que militares de la OTAN, la principal línea roja.
Para Rusia la solución es la misma hoy, que desde antes de la guerra, desde el primer día de la guerra y durante las conversaciones de Estambul, en abril de 2022, ¡sí, a dos meses de iniciada la guerra!, cuando acordaron con escrito con los negociadores de Zelenski el fin del conflicto si Ucrania renunciaba a adherirse a la OTAN.
En aquel momento fueron los estadounidenses y los británicos, en la persona del Primer Ministro, Boris Johnson, quienes boicotearon el acuerdo, se comprometieron a toda la ayuda militar a cambio de continuar la guerra. En realidad esperaban una derrota de Rusia, una debacle económica basada en las miles de sanciones económicas que llevarían a un cambio de régimen, uno pro occidental.
Pues no ocurrió, sino todo lo contrario de las expectativas “otanistas” y ahora, con una Ucrania y una OTAN derrotadas en el frente de batalla, durante la reunión con Trump, Putin le explicó que no quiere tener en las fronteras de Rusia, a menos de cinco minutos de vuelo de Moscú, los misiles de OTAN, que por ello inició la guerra que ahora va ganando y que, si bien en 2022 no tenía exigencias territoriales, ahora las repúblicas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, de donde han expulsado al ejército rival por vía militar, y han conquistado en referéndums donde la mayoría de la población eligió ser rusos, forman ya parte de la Federación Rusa y no están sujetas a negociaciones.
Putin llegó con una ofrenda de paz: integrantes de su gabinete económico, el representante del Fondo de Inversiones Rusas en Estados Unidos y empresarios rusos, quienes se reunieron con sus contrapartes estadounidenses. El elegir la reunión en Alaska fue un mensaje en sí, el Ártico tiene grandes riquezas inexplotadas, como gas y petróleo, la ruta marítima ártica, además de minerales preciosos, no solo oro, sino las valiosas tierras raras.
“Hagamos negocios, no la guerra”.
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Escribo esta columna en la víspera de la reunión de Trump con Zelenski, donde le informaría sobre los resultados de la reunión, pero también mientras los mandatarios europeos de Finlandia, Italia, Alemania, Francia, el jefe de la OTAN, Mark Rutte y la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, vuelan también con la intención de respaldar a Zelenski y tratar de “regresar” a Trump al redil modo “alto al fuego”.
Pero, cuando Trump habló de una segunda reunión con el jefe Ruso, éste le respondió en inglés, “que sea en Moscú”.
Las negociaciones de una posible paz en Ucrania podrían avanzar en la siguiente reunión, lo mismo que la exploración de negocios conjuntos. De entrada, Estados Unidos habló de la posibilidad de rentar rompehielos rusos. Bueno, de entrada esta reunión sirvió para romper el hielo.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
