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Definitivamente Coahuila no es el estado más seguro de México. Periodísticamente es responsabilidad nuestra desmentir los discursos engañosos que emite el gobernador Manolo Jiménez, y que replican cámaras empresariales, alcaldes, alcaldesas, empresarios y organismos de la sociedad civil.
"Por primera vez en la historia, después de 15 años que es cuando se empieza a medir esta encuesta del ENVIPE, que es el 2011, por primera vez en la historia Coahuila es el estado más seguro de México", dijo Manolo Jiménez Salinas. El gobernador celebró los resultados de una encuesta de percepción, no de datos, no de carpetas de investigación, ni de delitos registrados.
Inmediatamente las portadas de los principales medios de Coahuila tomaron la declaración, jugaron con distintas cabezas y tupieron sus portadas con la gran nueva: "Coahuila es el estado más seguro del país". La alineación editorial de los medios tradicionales del estado es insultante, pero más insultante sería creer que la gente no se da cuenta de la realidad, de lo que se vive en las calles, de los asaltos, de los malos tratos en fiscalía, de la poca confianza a las instituciones y del temor justificado que se le tiene a los cuerpos policiacos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de enero a agosto de 2026 en Coahuila se han registrado 46 mil 469 delitos, número que sitúa al pseudo estado más seguro como el décimo con mayor incidencia delictiva de todo el país.
No se trata de demeritar los resultados de la ENVIPE, en efecto, Coahuila es la entidad con menor percepción de inseguridad a nivel nacional, pero esta sensación se explica por varios elementos y uno de los más importantes es que el discurso está homologado.
En Coahuila ya es común que todos los actores sociales y políticos, sin importar partido ni ideología, repliquen que reina la seguridad, que no hay presencia del crimen organizado y que somos la sede de cualquier país nórdico en México.
Y es que la violencia en Coahuila no se ve retratada en balaceras, masacres o secuestros, sino en las casas, en las adicciones, en las llamadas al 911 por reportes de violencia contra las mujeres. El estado padece efectos violentos que viven en las entrañas y en las raíces del territorio. Todo sucede dentro de cuatro paredes, en casas, en lugares privados.
El 9 de septiembre de 2026 una mujer de la tercera edad fue asesinada por su hijo en la colonia Vencedora de Torreón tras ser golpeada con un block en la cabeza. Vecinos de la zona aseguran que el homicida tenía problemas de adicciones. El caso no fue aislado, asesinatos, asaltos y agresiones relacionados con drogas suceden y nadie dice nada. Nadie lo cubre, nadie lo mide, nadie lo socializa.
Contrasta que Coahuila tenga la menor percepción de inseguridad a nivel nacional cuando este año se encuentra en el top 10 de entidades con más delitos registrados. Contrasta el discurso de Manolo Jiménez con lo que platica la gente en las calles, en las mesas de café y en los bares y en las reuniones sociales.
Sí, Coahuila es mucho más seguro que la mayoría de los estados de la República, pero definitivamente es un estado con graves problemas sociales que provocan episodios de violencia dentro de los hogares.
La seguridad no se logra con armas, con policías encapuchados y camionetas blindadas. La seguridad se logra con confianza, con transparencia y con estrategias multidisciplinarias.
Coahuila está preparado para la reacción, para combatir la violencia con más violencia, pero no tiene las herramientas institucionales ni la voluntad política para generar cambios estructurales a través de políticas públicas serias y transexenales.
Definitivamente Coahuila no es el estado más seguro de México; una cosa es la percepción y otra la cruda realidad.
En La Laguna los empresarios se defienden entre ellos. Su poder y su influencia política y mediática son suficientes para contrarrestar la intención del Estado por investigar un delito. La presunta relación de Grupo Simsa con una indagatoria de huachicol fiscal emprendida por la Fiscalía General de la República generó reacciones irónicas e impulsivas en La Laguna como "con nuestros empresarios no", politizando un operativo que, mediáticamente fue mal manejado, pero que siembra dudas acerca de lo que hacen empresarios de todo el país para evadir el pago de impuestos.
Un mega decomiso realizado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, en un predio propiedad de una empresa subsidiaria de Grupo SIMSA generó ámpula, desagrado y enojo en la comunidad empresarial de la Comarca Lagunera.
Grupo Simsa es propiedad de la familia Issa Tafich, una de las más poderosas y acaudaladas del norte de México y dedicada, entre otras cosas, a la venta de combustibles como gas natural, gas LP, gasolinas, diésel, entre otros productos.
En el mega operativo realizado por la Fiscalía General de la República no se ejecutó ninguna detención y tampoco se precisó qué fue lo que motivó el aseguramiento del predio.
En la conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la operación fue realizada por la delegación de la Fiscalía General de la República de Guanajuato y dijo que el caso será atraído por la FGR de Ernestina Godoy para llegar al fondo del asunto y determinar si los 59 millones de litros incautados forman parte, o no, de una operación de huachicol fiscal.
Más allá de que sean culpables o inocentes los empresarios involucrados en la indagatoria, lo que llama la atención es la unión de las cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil entorno a la defensa de Grupo SIMSA. La solidaridad que mostraron, la empatía y la cohesión mediática es envidiable, pero también refleja cómo la oligarquía lagunera domina la opinión pública, a los diarios, a las televisoras y a las propias autoridades locales.
Comunicados emitidos por cámaras como CANACINTRA y organizaciones como FOMEC demuestran que el vínculo con la empresa señalada es sólido, que hay organización y que harán todo lo que esté a su alcance, como gremio, para proteger su reputación.
A los empresarios laguneros les dedicamos una seria reflexión: El que defiendan el honor y el prestigio de SIMSA está bien, están en su derecho y si creen que la FGR está equivocada también es válido puntualizarlo, pero, si con todo el poder económico, político y mediático que tienen, lo derivaran en causas que duelen a las y los laguneros, trabajadores de sus empresas, como el abatimiento del acuífero principal de la Comarca Lagunera, la concentración de concesiones hídricas en unas cuantas familias, la proliferación de malos salarios a la base trabajadora, las brechas salariales entre hombres y mujeres, la contaminación provocada por gran parte de sus empresas, las personas desaparecidas, la corrupción al interior de los gobiernos locales, entre otros temas, La Laguna sería otra.
No se vale que solo se pronuncien para defender el honor de un empresario o de una familia, pero que no tomen decisiones relevantes para cambiar la dinámica económica de una región que se distingue por ofrecer sueldos que no superan, en más del 50% de los casos, ni los dos salarios mínimos diarios.
No se vale que se reúnan en restaurantes exclusivos, con gobernantes y autoridades, para financiar campañas políticas, para fortalecer acuerdos entre la iniciativa privada y el gobierno, para conservar privilegios y para seguir promoviendo la idea de que el empresario hace un favor al dar trabajo, cuando en realidad el trabajador es indispensable para que el empresario siga acumulando fortunas.
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Esta editorial no tiene como objetivo criminalizar a los dueños de Grupo SIMSA. Será la autoridad la que determine si hay o no culpabilidad. En Red es Poder se publicaron las dos versiones; la del operativo y el comunicado de la empresa para defender su honor.
Aquí, lo que queremos, es que del discurso pasen a los hechos. Si son capaces de mover aparatos mediáticos para defender a una familia millonaria que tiene el poder del mundo, ojalá así se coordinen, en un futuro, por atender, de manera puntual, las problemáticas que aquejan a la Comarca Lagunera, que presionen a las autoridades, que dejen los besamanos y los elogios vacíos. Que piensen que un trabajador bien pagado y tranquilo, es más productivo y abona a la economía circular de tener más dinero y gastar con la misma proporción.
La organización empresarial en La Laguna se sigue manejando como un club de Toby, como un selecto grupo de hombres y algunas mujeres que toman decisiones cupulares de impacto para toda la sociedad lagunera.
Hasta el momento, con los pronunciamientos vertidos, lo único que se ha demostrado es que los empresarios están para defenderse entre ellos, para proteger sus intereses y conservar sus privilegios. Deseamos, con toda sinceridad, que la dinámica piramidal cambie, y que las causas sociales legítimas que afectan a toda la comunidad lagunera también sean motivo de pronunciamiento y de movilización y de presión a las autoridades locales.
Las detenciones de José "N" y Martha "N" no formaron parte de un operativo enjambre para desmantelar una red de corrupción dentro de una administración pública. Los desempeños del ex secretario del ayuntamiento de Torreón y de la ex presidenta del Tribunal de Justicia Municipal fueron deleznables, caóticos. Siempre hubo una duda razonable sobre su actuar, sobre su honestidad. El tufo a corrupción que brotaba de la oficina del séptimo piso de presidencia y de los nuevos tribunales aromatizaba todo el sector. Una parte de la sociedad aplaudió la detención del matrimonio, pero otra sigue dudando y pensado que, quizás, solo se trata de un hecho forzado por la ambición desmedida de dos personajes, no por una pesquisa que pudiera estar ligada al grupo priista que lidera el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís.
José "N", también conocido como Pepito o Pepe, siembre se manejó como una persona ostentosa, como un sujeto que presume poder y dinero y lo fanfarronea.
Pepito fue regidor durante la administración municipal de Eduardo Olmos Castro y en ese momento ganó notoriedad por su continuas ausencias a las sesiones de cabildo. En ese entonces, el regidor panista, Rodolfo Walss, exhibió en numerosas ocasiones al ex edil en el gimnasio o en eventos sociales en lugar de cumplir con su responsabilidad como integrante del cuerpo de regidores y regidoras. Posteriormente, en el primer gobierno de Miguel Riquelme, José "N" fue premiado con la dirección de prevención social del delito, una dependencia que ya no existe y que se encontraba en un predio rentado cerca de la Alameda Zaragoza.
En este lugar, Red es Poder documentó y comprobó que, bajo la administración de Pepe, la dependencia no pagaba la luz, ni siquiera contaba con medidor. En su momento se confrontó al hoy detenido y, en un tono prepotente y arrogante, con guardaespaldas en sus costados, desmintió el señalamiento y nos invitó a retirarnos.
Años después José "N" siguió perseverando. Se casó con la ex panista Martha "N", quien fue directora de atención ciudadana durante la primera administración de Miguel Ángel Riquelme. Después, en el gobierno de Román Cepeda, fue convertida en presidenta del Tribunal de Justicia Municipal, cargo que desempeñó hasta el mes de agosto de 2026.
El matrimonio tiene un lugar común: Miguel Riquelme. El hoy presidente municipal de Torreón les dio la oportunidad de ser titulares de área durante su primer gobierno; él fue su padrino, les dio el espaldarazo y les permitió que conocieran, desde la entraña, el proceder adentro de un gobierno.
Años después, durante la madrugada del domingo 13 de septiembre, elementos de la policía ministerial federal realizaron un cateo en el domicilio de la pareja que derivó en su detención. La Fiscalía General de la República no ha informado de qué se les acusa; se habla de operaciones privadas, de delitos que no tienen relación con el desempeño de sus cargos.
Los opositores no dejaron pasar la oportunidad para festejar la detención como un triunfo político. En junio de 2025 el senador morenista Luis Fernando Salazar denunció penalmente a José "N" por presuntamente haber hecho mal uso de recursos federales procedentes de Conagua para rehabilitar la red hidráulica del Simas. El político en redes sociales no ha dejado de celebrar la detención y de recalcar que ésta se debió gracias a su denuncia, pero la FGR no ha confirmado ni desmentido los dichos.
El diputado local de Morena en Coahuila, Antonio Attolini, dijo que la detención de José "N" ha sido su mayor triunfo como legislador, pero tampoco existe información que verifique o compruebe que la detención fue gracias a la presión mediática ejercida desde hace casi dos años.
Sería legítimo desear que estas detenciones formaran parte de un operativo para desmantelar y erradicar la corrupción al interior de la administración pública de Torreón, pero la realidad es otra, la poca información disponible indica que se trata de un hecho ajeno al gobierno y a la gobernanza.
Hoy vemos la imagen degradada de una pareja que se paseaba en medios de comunicación y redes sociales como integrantes de una familia envidiable y como funcionarios ejemplares. Las fotografías que circulan en las que se ven serios, con cara de asombro, despeinados, esposados y en andrajos, son la más viva imagen de que de la cúspide se puede llegar al infierno.
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El gabinete de seguridad federal informó que en el cateo asociado a su detención fueron encontradas un arma corta, seis cargadores, una caja fuerte, nueve celulares, siete relojes, cuatro tabletas, tres computadoras, cuatro pasaportes, un generador de clave, dinero en efectivo, joyería y diversos documentos. El operativo dejó como saldo a cuatro personas detenidas, dos de ellas de alto perfil.
Este lunes 14 de septiembre Miguel Riquelme, alcalde de Torreón, no tuvo agenda pública, no compareció ante los medios ni dio la cara.
Apenas el pasado 2 de septiembre, Riquelme Solís nombró a Carlos de Lara McGrath como nuevo presidente del Tribunal de Justicia Municipal, en sustitución de Martha "N". Trece días después, casualmente, la ex funcionaria fue detenida y será acusada por delitos del fuero federal.
¿Algo sabía Miguel Riquelme? ¿Se estará protegiendo? ¿Qué saben José "N" y Martha "N" que pudiera escalar a personajes de alto perfil a nivel regional y estatal?
En Torreón no existió operativo enjambre, ese solo es un deseo genuino de la ciudadanía. Pero sí cabe la reflexión de qué pasará con José, con Martha y con todas las dependencias que tocaron y que mancharon con sus presuntos malos manejos.
Recordar que a José "N" se le vincula con posibles malos manejos y operaciones irregulares que afectaron la salud financiera del Simas Torreón y también recordar que, bajo la administración de Martha, en el centro de justicia municipal murieron, al menos, tres personas que entraron sanas y salvas a la ergástula.
Florece la incertidumbre entorno a estas detenciones. Pero se afianza la idea de que las fortunas repentinas y la concentración de poder en Torreón y a favor de funcionarios municipales es un patrón constante que se ha repetido trienio tras trienio.
Los concesionarios del agua lagunera trabajan con una ambición desmedida. No hay quien pueda lograr saciedad en sus objetivos. A ellos no les importa obviar y desobedecer la ley. Lograron prórrogas aún con una prohibición e intentaron influir en el criterio de las y los ministros de la Suprema Corte. Lo que están demostrando los arrendatarios del agua lagunera es que no les importa el medio ambiente ni el futuro de la región. Ellos solo quieren ganancias, utilidades, territorio y seguir minando el suelo de la Comarca.
Los concesionarios perdieron una nueva batalla. La primera fue en marzo, cuando vía el magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes intentaron dejaron sin efecto la sentencia 543/2022 realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los concesionarios, vía la ponencia del magistrado, intentaron excusarse del amparo al argumentar que no habían sido tomados en cuenta, desde un inicio, en las medidas que se están tomando para proteger al acuífero lagunero.
En ese momento, gracias a la protesta de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, las otras dos magistradas votaron en contra del proyecto de Romero Bulnes y no prosperó el batacazo de los concesionarios.
Perseverantes como son y se presumen, 29 concesionarios del agua lagunera, quienes nunca se pronunciaron públicamente por temor a represalias o por cobardía o por guardar composturas, se acercaron con la ex consejera jurídica de la presidencia de la república, Esthela Damián Peralta, quien hoy busca la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, para que ésta planteara a la presidenta Claudia Sheinbaum un recurso de queja, que sería enviado a la Suprema Corte, para lograr que la Comisión Nacional del Agua volviera a tener la atribución de prorrogar concesiones de agua.
Por la redacción del documento, daba la impresión que la consejería jurídica quería influir, directamente, en el criterio de las y los ministros de la Suprema Corte. Los colectivos y organizaciones en defensa del agua lagunera estaban atentos y nerviosos. Podría venir otra estocada por parte de los concesionarios, de los grandes agroindustriales y/o latifundistas de la Comarca Lagunera y es que el miedo no anda en burro, la influencia del poder económico sobre el político y judicial en México es un hecho y es un fenómeno que no se ha erradicado.
Finalmente, el jueves 3 de septiembre, en sesión pública, las y los ministros determinaron, de manera unánime, rechazar la queja interpuesta por la consejería jurídica e impulsada por los concesionarios del agua. Dentro de la sentencia se explica que los ministros no tienen las pruebas para determinar en qué condiciones se encuentra el acuífero de la Comarca Lagunera. Además, la suspensión de las prórrogas es temporal, por ende, para las y los Ministros no se está vulnerando el derecho humano al acceso al agua, sino las actividades que podrían deteriorar la disponibilidad de agua para todas y todos.
Así, a través de la vía legal, ganó el acuífero. Ganaron las personas que llevan años luchando y estudiando la realidad hídrica de la Comarca Lagunera. La sentencia 543/2022, tan histórica como relevante en la defensa del agua y el territorio de todo el país, es un reflejo de que la organización colectiva le puede ganar batallas y guerras a los grandes empresarios.
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La ambición desmedida de los agroindustriales laguneros provocó la sobreexplotación del acuífero y su casi abatimiento. No por nada el suelo de la Comarca Lagunera se hunde cada año y no por nada las fuentes de agua subterránea cada día son más escasas y más complicadas de localizar.
La Laguna es víctima de su propia narrativa. Aquí nadie venció al desierto. Aquí las vacas no son un orgullo; ni LALA, ni Peñoles, ni Chilchota ni toda la industria extractiva que mina el suelo de la región son objetos de presunción ni para sentirse identificados con la región.
El punto de encuentro de las y los laguneros no debe ser la leche ni las vacas. El punto de encuentro y de lucha y de identidad es el agua, porque si no nos une el agua, no lo hará nada.
El descuido de las calles de Torreón es abrumador. La intransigencia del municipio fue mayúscula. Por falta de mantenimiento y vigilancia, las avenidas se están abriendo y los colectores colapsan. Las coladeras vomitan mierda y orines y desechos orgánicos. El olor invade las banquetas y se filtra al interior de las casas de la gente. Hoy vemos ríos de agua verde hospedados en los cordones de las principales calles de la ciudad. Hoy nos damos cuenta que el abandono fue estructural, que el ejercicio de los recursos públicos no es visible y que hay muchas cuentas por aclarar.
Caminar o hacer ejercicio en las calles del centro de Torreón ya no es conveniente. El olor es nauseabundo, el aroma del antiguo estadio Corona era más amigable que el de las banquetas. Calles alrededor de la Alameda Zaragoza, sobre el Paseo Morelos, la Hidalgo, entre otras muchas, son un hervidero de bacterias y de larvas y de moscas panteoneras que gustan de embarrase y hospedarse en mierda.
Por esas mismas calles ves transitar a camionetas del Simas Torreón o de cualquier dependencia municipal y no hacen nada; no les importa o no tienen la orden o no tienen el presupuesto o simplemente no tienen la capacidad de arreglar un barco que se está hundiendo de manera irremediable.
Un socavón en la colonia Rincón del Bosque casi se llevó de bruces a un puñado de casas que terminaron ladeándose hacia un hoyo en el que se veían tuberías colapsadas. Este hundimiento no fue nuevo e inesperado. Ya había pasado. La ciudadanía pidió se reparara en incontables ocasiones y no pasó nada. Hoy el Simas Torreón dijo a los propietarios de las casas que no se harán cargo de las reparaciones de las viviendas, que eso le corresponde a la constructora.
También están los hundimientos en bulevar Libertad, al oriente de Torreón. El camellón central se está abriendo como el mar rojo. Ya son tres posiciones distintas que se desplomaron. El problema tiene meses y es día que aún el Simas, con su nuevo y flamante gerente general, Xavier Herrera, no ha hecho nada. El ayuntamiento, encabezado por Miguel Ángel Riquelme, sólo se aparece en las noches del fin de semana, pero para instalar el operativo alcoholímetro.
Mucho se ha hablado sobre la crisis del Simas Torreón, sobre la deuda de 2 mil 084 millones de pesos que dejó la gerencia de Roberto Escalante, cuyo jefe era el fallecido alcalde Román Alberto Cepeda, pero la realidad es que el mal manejo de la empresa no es nuevo. Las malas finanzas, los estados financieros desequilibrados y la operación en número rojos datan desde la administración de Eduardo Olmos Castro o incluso desde antes.
Los hundimientos en las calles están sucediendo por la subsidencia del suelo, es decir, por la sobreexplotación del manto freático que provoca abras y movimientos en la tierra, pero también porque no se le dan mantenimiento a los colectores sanitarios ni a las líneas de drenaje. Esto, a su vez, provoca que las tuberías colapsen, que los cimientos se desplomen y que el suelo termine abriéndose de par en par.
Las precarias condiciones de las calles de Torreón son un reflejo, un ejemplo mayúsculo, de cómo las administraciones municipales no saben o no quieren hacer su trabajo. Argumentan temas presupuestales, pero el problema no está en la cantidad del recurso, sino en la distribución del mismo. Hablan sobre recortes federales, pero el Simas ni siquiera ha sido capaz de instalar medidores en el 100% de los predios con contrato de agua potable. Hablan de poca voluntad política para bajar recursos a gran escala que lleven a construir, de cero, un nuevo sistema integral de drenaje, pero desde lo municipal no se han completado los trámites requeridos para hacer la demanda.
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Desde este espacio se los aseguramos: Xavier Herrera no recuperará al Simas ni resolverá, de raíz, los problemas de drenajes sanitarios colapsados. Miguel Riquelme, alcalde de Torreón, dirá que se está trabajando con lo que se tiene y dejará, la infraestructura hidráulica, con parches y sin soluciones permanentes.
Los arroyos de mierda que recorren las banquetas y aceras de Torreón son el reflejo del tipo de administración que tenemos. No hace falta indagar ni ser un maestro de la investigación para darse cuenta que no se le han dado buen uso a los recursos públicos. Las coladeras rebosantes de heces son, más que nada, el producto del trabajo de quienes ostentan el poder.
Betzabé Martínez presentará su primer informe como presidenta municipal de Gómez Palacio. A diferencia de su antecesora, Leticia Herrera, ella ha procurado estar muy presente a través de redes sociales. Demostrar, de alguna manera, que sí atiende a la gente y recorre las calles. Gritar que es diferente a Herrera, pero también a Marina Vitela, su madrina política. Sin embargo, la realidad es que Gómez Palacio sigue igual; precaria infraestructura, problemas de alumbrado y drenaje, mal pavimento, saturación de alcoholímetros y operativos viales y poca inversión.
Betzabé Martínez camina las calles de Gómez Palacio como nunca lo hizo Leticia Herrera Ale. Siempre va acompañada de un equipo de personas que la graban, transmiten y le toman fotos abrazando al pueblo, saludando, escuchando sus quejas y levantando denuncias ciudadanas. La comunicación es clara: quiere construir la imagen de una funcionaria cercana, aunque en realidad no esté invirtiendo cantidades importantes en la mejora de servicios públicos, ni en la erradicación de la corrupción que sucede al interior de las corporaciones de seguridad y tránsito.
La alcaldesa de Gómez Palacio hablará sobre un gobierno abierto y transparente, sobre una administración aseada que ha hecho un manejo responsable de los recursos públicos, sin embargo, los pocos datos disponibles dicen otra cosa.
Por ejemplo, más del 69% del presupuesto de Gómez Palacio se utiliza para cubrir el gasto corriente del municipio, es decir, sueldos y salarios, arrendamientos y gastos generales como equipamientos, agua, luz, gas, celulares, entre otros.
Los datos podrían estar mejor actualizados, pero la tesorería del ayuntamiento solamente ha publicado el informe de avance de gestión financiera del primer trimestre del año, cuando por ley, ya debería ser público lo de todo el primer semestre.
El gran pendiente de Gómez Palacio es la obra pública: falta de pavimento digno, drenaje y obras de mayor calado para mejorar la calidad de vida de la población no se han visto durante el primer año de gobierno de Betzabé Martínez al frente del municipio.
El avance de gestión financiera indica que, en el primer trimestre de 2026, apenas se invirtieron en obra pública 10 millones 063 mil 672 pesos, es decir, a penas el 2.27 por ciento del presupuesto total ejercido durante el mismo periodo.
¿Cómo esperar buenos resultados con estos niveles de inversión? La alcaldesa anunció que el gobierno federal hará una inversión importante para construir un drenaje nuevo para la ciudad, sin embargo, el resto de las demandas sociales no están siendo atendidas de manera puntual y oportuna.
El problema en Gómez Palacio es estructural. Nunca ha sido la prioridad de Durango y tampoco de la Zona Metropolitana de La Laguna. Entre Torreón y Gómez la coordinación es escasa. Mientras del lado de Coahuila se cancelará el proyecto para armar a los elementos de tránsito, en Gómez se contempla la instauración de una policía vial. Coahuila dice que no hay Metrobús porque se canceló del lado de Durango, pero en Durango jamás se construyó ni un metro cuadrado de cemento hidráulico para el BRT.
Mientras en Torreón los camiones viejos que circulan tienen hasta 21 años de vida, en Gómez Palacio algunas unidades acumulan treinta o hasta cuarenta años.
¿Cómo creer en las administraciones municipales si en décadas no han sido capaces de resolver lo básico e indispensable como el acceso igualitario y equitativo a los servicios públicos fundamentales como agua, pavimento, luz, drenaje y seguridad?
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Betzabé Martínez celebrará su primer año de gobierno y dirá que todo va bien y que se vienen proyectos importantes para el municipio. Lo mismo que dijo Leticia Herrera y antes Marina Vitela y antes la misma Leticia Herrera y antes José Miguel Campillo y los Rebollo y Octaviano.
La realidad es que en Gómez Palacio pareciera que el tiempo no pasa. Que el reloj es un artilugio sin utilidad. Que los calendarios son adornos.
Gómez Palacio, Durango, es el vil reflejo de cómo se administra a los municipios Laguneros: improvisación, poca planeación y cero compromiso.
La Laguna tiene solo una carencia: Falta de proyecto metropolitano y Gómez Palacio es una de sus víctimas.
El extractivismo en Coahuila nunca ha cumplido promesas, no ha generado desarrollo ni bienestar. Lo único que ha generado la sobreexplotación de los recursos naturales en el estado es riqueza en manos de un puñado de familias y reparto de cuotas de poder y cacicazgos entre autoridades municipales, estatales y federales.
Desde 2018 el gobierno federal invirtió en pozos de exploración para determinar qué tanto gas natural no convencional hay en suelo coahuilense. Con un doble discurso, la federación, en ese entonces comandada por Andrés Manuel López Obrador, prohibía el fracking, pero por otro, exploraba el suelo para determinar qué tan robustos son los yacimientos de gas en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos.
Finalmente no comenzó el proyecto extractivo, pero sí se sentaron las bases para que en la actual administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, se evalúe la posibilidad de extraer gas natural no convencional del subsuelo coahuilense para bajar la dependencia que México tiene con Estados Unidos como su principal proveedor.
El proyecto aún es verde. Faltan estudios para determinar la presencia en cantidad y calidad de agua salada para que la fractura de las rojas no se realice con líquido potable. También falta descartar que puedan darse filtraciones que contaminen los mantos freáticos y, sobre todo, falta aclarar qué tan benéfico o perjudicial será el proyecto para las comunidades que viven en la zona carbonífera de Coahuila.
El extractivismo en Coahuila no se entendería sin la minería del carbón. Se estima que más de 3 mil 100 mineros han muerto en Coahuila. En la entidad se concentra el 99% de la producción de carbón y por ende también es el estado que registra más decesos por esta actividad económica.
Por una tonelada de carbón se pagan hasta 1,500 pesos. Por eso también se conoce que la minería de este producto es una de las más pauperizadoras dentro de la industria. En Coahuila se recuerdan las tragedias de Pasta de Conchos, El Pinabete, Rosita Vieja, Barroterán, Cuatro y Medio, Micarán, entre otras. La impunidad ha reinado en estas tragedias y la contaminación también ha hecho de las suyas.
El extractivismo en Coahuila ha dejado un rastro profundo de sangre y dolor y muerte. Los municipio de Múzquiz y Sabinas, por ejemplo, no son, ni cerca, los más prósperos de Coahuila. La población vive al día y trabaja en condiciones precarias. El desarrollo prometido cuando comenzaron los asentamientos mineros y la producción masiva fue cuento, fue ficción, fue una vil mentira.
Ahora vuelve el discurso del progreso. El gobernador Manolo Jiménez dice que con el fracking se podrían recuperar los empleos perdidos por la quiebra de AHMSA, pero Monclova de Sabinas está a hora y media de camino. Él jura que esta nueva actividad económica le daría aire y prosperidad a Monclova y a la zona carbonífera, pero los trabajadores de la industria siderúrgica no tienen conocimientos sobre el fracking ni la extracción de gas no convencional ni la geología.
La presidenta Claudia Sheinbaum dice que la extracción de gas sería una buena oportunidad para bajar la dependencia de Estados Unidos y garantizar la soberanía energética, como si todos los países del mundo tuviera en sus territorios todos los recursos disponibles para salir adelante.
No existe evidencia científica que haya documentado un fracking amigable con el medio ambiente. No se puede, es inviable, se requiere mucha agua y fracturar el suelo. El fracking genera emisiones, contaminación de cuerpos de agua, sismicidad y, en algunos casos, esterilidad en la tierra por el tipo de químicos que son empleados para romper las rocas donde se concentra el gas.
No nos engañemos. El extractivismo es una política neoliberal que ha reinado en México desde hace más de 50 años con malos resultados. La explotación de la tierra y de los recursos naturales solo ha agravado la desigualdad social. Los dueños de los feudos (terrenos), se hacen millonarios y reparten migajas (rayas), a los trabajadores que día y noche labran y cosechan lo que el suelo coahuilense hospeda en sus raíces.
Queda claro que el gobierno federal está simulando. Claro está que eventualmente habrá fracking en Coahuila. Claro está también que alguna familia se beneficiará con la venta de tierras donde se encuentre el recurso. También queda claro que llegará inversión extranjera a Coahuila para poner a disposición la tecnología necesaria para la extracción de gas. Y también queda claro que, con la llegada de extranjeros, la idea falaz de la soberanía quedará destruida.
Pobre Coahuila; tan cerca de Estados Unidos y tan hundido por el extractivismo.
Un operativo mayúsculo llevado a cabo en Torreón que derivó en la detención de 18 personas, entre ellas la de Ernesto "N", alias el "Güino", no está coordinado solo por una llamada al 911 por la presencia de hombres armados. En ese tipo de tiendas, es común ver a personas de seguridad y guardaespaldas armados protegiendo a personas de alto poder económico. La detención del empresario y sobrino de Leticia Herrera, ex alcaldesa de Gómez Palacio, podría revivir temas que dejan mal parado al gobernador de Durango, Esteban Villegas y a su sistema de procuración de justicia.
El viernes 7 de agosto, el empresario Ernesto "N", mejor conocido como "Güino", fue detenido en Torreón, Coahuila, luego de que clientes de la tienda Costco llamaran al 911 por la presencia de personas armadas. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, estatal, ejército y guardia nacional y lograron la detención de 18 personas, entre ellas el empresario del ramo agroindustrial.
Ernesto "N" es hijo de Ernesto Herrera Ale y sobrino de Leticia Herrera Ale, herederos de la empresa Chilchota y ex alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, en tres ocasiones distintas.
El "Güino", como se le conoce popularmente, fue el jefe de gabinete de Leticia Herrera durante su última administración en Gómez Palacio y se le vinculó al caso de corrupción y desvío de recursos en Segalmex, donde la Fiscalía General de la República investiga un fraude por más de 435 millones de pesos relacionado con la empresa Coprolac y Liconsa.
La Causa Penal 111/2023 de la fiscalía general de la república indica que la empresa ligada al lagunero habría vendido producto a Segalmex que nunca fue entregado.
Esta investigación, no necesariamente estaría ligada a su más reciente detención, las autoridades ministeriales no han ofrecido detalles puntuales sobre el operativo y solo se limitaron a asegurar que la aprehensión se habría realizado por los reportes al 911 de la ciudadanía.
En junio de 2023 el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que no existía nada que inculpara a "Ernesto "N" con el fraude de Segalmex, máximo escándalo de corrupción documentado durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
"Está libre, está en su casa y está en la Laguna ahí anda yo hablé con él y no hubo ningún problema" concluyó Villegas.
La Fiscalía General de Coahuila emitió un comunicado este lunes 10 de agosto en el que informó que Ernesto "N" y 17 personas más fueron ingresados al Centro Penitenciario Varonil de Torreón "por los diversos delitos de violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones", omitiendo, por el momento, la posibilidad de que la detención haya sido motivada por el caso de Segalmex.
Lo que sí se confirmó fue que en el operativo participaron fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
¿Es Ernesto "N" parte de una investigación federal relacionada al caso Segalmex? ¿Por qué no se ha pronunciado el gobierno del estado de Durango, territorio en donde operan la mayoría de sus empresas?
En la Laguna las detenciones de alto perfil tienden a ser manejadas con discreción. En la opinión pública solo circulan trascendidos y boletines oficiales ambiguos que no dan claridad sobre la dimensión de un operativo en el que participaron policías municipales, estatales, elementos de la guardia nacional y ejército mexicano, pese a que se trataban de faltas del fuero común.
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No hacen falta conjeturas brillantes para saber que el caso será manejado con cautela y opacidad. Estamos hablando de uno de los empresarios más poderosos de La Laguna y miembro de una familia con alta influencia política y empresarial en la región.
La ciudadanía exige respuestas claras y cero especulación. La única ruta para terminar con los rumores es fijando posturas claras, concretas y veraces. En Coahuila y en Durango no estamos acostumbrados a tener claridad, sin embargo, esta detención de alto perfil, amerita información puntual y oportuna que ayude a aclarar el panorama y a entender si se trata de una detención por un hecho aislado o si el operativo montado en las afueras de la tienda Costco es de relieve federal y de alcances que pudieran ayudar a engrosar la investigación sobre el caso de corrupción más caro y emblemático de la 4T: El fraude de Segalmex.
El debate público sobre los derechos de las audiencias y la intención del gobierno federal en cuidar la información que se difunde en radio y televisión ha escalado a una pregunta natural, ¿se estaría violentando la libertad de expresión? Y es que el proyecto propone que se puedan aplicar multas contra medios de comunicación que desinformen o manipulen información, bajo un contexto ambiguo, sin criterios claros y sobre una contradicción a todas luces natural; los derechos de las audiencias nunca han sido respetados.
Coahuila es un estado complejo. En 2029 cumplirá 100 años gobernado por el mismo partido. Todo en el estado ha sido construido alrededor de una misma ideología. Con claroscuros, en Coahuila los medios de comunicación siempre han trabajado, en mayor o menor medida, de la mano del gobierno del estado y de la iniciativa privada. La inversión millonaria que hace la entidad en periódicos, televisoras, estaciones de radio y páginas web ha logrado consolidar la construcción de una narrativa homogénea que esconde las carencias y enaltece las virtudes. En ese sentido los derechos de las audiencias jamás han sido respetados. Por delante de la información veraz, calculada, rigurosa, crítica y oportuna, siempre han estado los grupos de interés, las relaciones públicas y la política partidista.
¿Cómo tener acceso a derechos en Coahuila si en 2024 fue el cuarto estado que más dinero gastó en publicidad oficial con 647 millones de pesos? ¿Cómo creer que en Coahuila la gente accede al derecho a la información si ya ni siquiera se cumple en tiempo y forma con la información pública de oficio en los canales oficiales? ¿Cómo creer que la libertad de expresión existe si para hacer preguntas en ruedas de prensa hay que apuntarse en una lista donde solo aparecen personajes que lanzan halagos a las autoridades?
La organización política colectiva, al corte del primer semestre de 2025, documentó que Coahuila fue la primer entidad a nivel nacional con mayor gasto en publicidad oficial, con un dispendio superior a los 395 millones de pesos en seis meses.
Además, al corte del primer semestre de este 2026, la secretaría de finanzas estatal reporta que el gobierno de Manolo Jiménez ya desembolsó 301 millones 985 mil pesos en propaganda. Nuevamente, se reafirma la idea de que tiene más poder el dinero para influenciar a las líneas editoriales que el derecho a informarse de las audiencias.
La prensa crítica vive días complicados. Pareciera que en Coahuila se vive en los años setenta, en donde cualquier persona que se saliera del "huacal informativo" era mal vista. Vemos a reporteros, reporteras, comentaristas y editorialistas lanzando elogios al gobernador Manolo, al alcalde Miguel Riquelme y tirando pedradas a las personas, organizaciones y hasta diferentes órdenes de gobierno que les estorban, que les incomodan y que interfieren en el cumplimiento de sus intereses políticos, personales y empresariales.
Hoy en las redacciones de los principales medios de comunicación de Coahuila se escuchan órdenes como "no le muevas tanto ahí", "no lo publiques", "ese tema no va", "eso lo ve dirección", "a eso no le muevan". El no haber tenido la capacidad de lograr vivir de las audiencias, de las y los lectores y televidentes y radioescuchas y usuarios ha provocado que las y los dueños entreguen, con total cinismo, sus líneas editoriales a cambio de contratos millonarios que insultan la inteligencia de la audiencia y pervierten los fines ideales del periodismo libre y crítico.
Hoy vemos que hay una intensa campaña mediática a nivel nacional tomando el tema de los derechos de las audiencias y de cómo el gobierno federal intenta controlar la crítica a partir de "auditores ciudadanos".
Lamentablemente, esa no debería ser la discusión. El tema central radica en el dinero. La línea editorial se está trazando a partir de si te pagan o no te pagan. Mientras no se realicen reformas de fondo que delimiten cómo se debe distribuir la publicidad oficial, cómo se debe pagar y bajo qué criterios de debe pagar, será imposible detener la tendencia descendente que tiene la libertad de expresión en México.
Coahuila es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Controlar la crisis a billetazos invisibiliza problemas políticos, pero agrava las carencias de una sociedad cada día más exprimida y más presionada.
El feminicidio de Nora Cecilia es el reflejo de una política preventiva fracasada por parte de la fiscalía general de Coahuila y el gobierno estatal.
Fracaso es no cumplir lo que se proyecta, lo que se promete, lo que se fija como meta. La fiscalía general de Coahuila, en voz de su titular, Federico Fernández, se trazó como meta, a finales de 2025, cero feminicidios para 2026. Hoy, tan sólo en julio, van cuatro asesinatos contra mujeres por motivos de odio. La violencia de género en Coahuila es un problema recurrente y crónico que no ha sido solucionado por falta de capacidad institucional y voluntad política.
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, dijo en su campaña y al tomar protesta que él se iba a convertir en el "gobernador de las mujeres". Además de que la frase es paternalista y patriarcal, el gobernador no ha tenido la capacidad de enfrentar un problema social que desaparece vidas inocentes, destruye núcleos sociales y familiares y limita la posibilidad de que una mujer en Coahuila se sienta plena y libre.
En lo que va de julio, Coahuila acumula cuatro feminicidios. El último sucedió durante la madrugada del domingo 26 de julio. Cuando una mujer fue arrastrada por su ex pareja hasta su casa y asesinada al interior. El culpable fue grabado mientras trataba huir. Fue capturado horas después, pero el hecho ya estaba consumado.
Desde la fiscalía y la secretaría de seguridad pública, este hecho particular, se puede identificar como un fracaso absoluto. La víctima, identificada como Nora Cecilia, tenía medidas de protección. Estaba separada y Julio César no tenía la facultad legal para acercarse, pero lo hizo y lo hizo con violencia extrema.
El feminicidio es la máxima expresión de violencia contra una mujer. Pero en Coahuila también son altos los niveles de incidencia en delitos como violencia familiar y llamadas al 911 por el mismo hecho. Tal parece que a Manolo Jiménez, a Federico Fernández y a la inutilísima secretaría de las mujeres no les importan las estadísticas, ni los datos duros que reflejan el abandono institucional del estado hacia las mujeres que están en riesgo.
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Desde la tribuna del Congreso de Coahuila Federico Fernández, quien gusta de promocionar su imagen personal en redes sociales y de controlar agendas mediáticas, prometió fuerte y claro: "porque la meta el próximo año son cero feminicidios". Entre aplausos y elogios, Fernández bajó del estrado y recibió felicitaciones en su última comparecencia. Hoy, con siete meses transcurridos del año, Coahuila suma siete feminicidios en, casi la misma cantidad registrada en 2025, que fue de nueve.
Mientras en Coahuila las órdenes sigan generándose desde un selectivo club de toby, sin perspectiva de género, sin capacitación ni capacidad para afrontar el problema de manera distinta, la violencia contra las mujeres, la violencia familiar, las brechas salariales y el feminicidio no bajarán ni se erradicarán. Coahuila es un estado de costumbres rudimentarias, costumbres que protegen estructuras patriarcales, privilegios y órdenes sociales que datan del siglo XIX.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
