A una semana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el panorama en Coahuila deja un sabor semiamargo que oobliga a cuestionar la sensibilidad de las instituciones.

Lo que debería ser una jornada de reivindicación y seguridad se convirtió, en Saltillo, en un escenario de controversia y tácticas de intimidación. La división entre los frentes feministas, uno que aceptaba a las mujeres trans y otro que pedía la presencia exclusiva de mujeres biológicas, fue solo el principio de una intervención gubernamental cuestionable, que se suma a una actuación deficiente en temas de género.

La presencia del Agrupamiento Violeta de la policía de Saltillo pareció diseñado para dividir e intimidar a las manifestantes. El mensaje desde la cúpula estatal fue aún más alarmante. Las declaraciones del gobernador Manolo Jiménez fueron desafortunadas, sugirieron que la decisión de enviar policías identificadas fue una "concesión", afirmando que "nada nos costaba mandarlas como infiltradas".

Esta frase encierra una práctica cuestionable, como la de quien amaga con un asalto pero "decide" pedir una moneda en el camión, dejando claro que el Estado posee herramientas de vigilancia que, si lo desea, puede usar como método de control.

Este comportamiento no es un hecho aislado, sino parte de un ciclo de falta de tacto y violencia institucional. Un ejemplo reciente es el de la joven Verónica, detenida en Ramos Arizpe bajo la acusación de venta de relojes falsos. Su arresto fue percibido por su familia como un secuestro, y la misma fiscalía declaró que se procedió sin una denuncia previa, aplicando la vieja y arbitraria práctica de "detener para luego investigar".

Más preocupante fue la sobreexposición de su imagen mediante la filtración de una fotografía, lo que derivó en la cosificación de la mujer en lugar de garantizar el debido proceso.

Y no son hechos aislados. No podemos olvidar el caso de Silvia, la niña de 13 años hallada muerta tras desaparecer en el Ejido Tinajuela de Saltillo. El fiscal optó por revictimizar a la niña en un foro público universitario, señalando que "no era cuidada", y mencionó detalles de su vida privada para justificar la tragedia. Este patrón demuestra que, a pesar de los protocolos, la autoridad tiende a exponer las supuestas fallas de las víctimas.

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Es urgente que el Estado pase del discurso a la acción. No basta con desplegar patrullas de colores si la mentalidad de quienes las operan y dirigen sigue anclada en prácticas obsoletas.

Estos tres eventos, registrados en menos de un año, dejan en evidencia la urgencia en la capacitación, planeación estratégica y sensibilidad de género para que el manejo de la información pública no sea una herramienta de castigo adicional para las mujeres.