Los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024 fueron presentados este mes y revelaron un desorden administrativo en Saltillo y Torreón. Fueron 557.5 millones de pesos en recursos federales que no pudieron comprobar en qué gastaron.

En el caso de los municipios pequeños, cuando se hace un señalamiento en las auditorías, estos se aferran a excusas como falta de personal capacitado, falta de internet o incluso desconocimiento de los formatos para documentar los gastos.

Sin embargo, casos como los de Torreón o Saltillo no pueden verse bajo la óptica de la falta de herramientas para justificar que no pudieron comprobar el uso del dinero, y las Cuentas Públicas se convierten en  una radiografía del desorden y, desde luego,  de la posible corrupción que asfixia a la ciudadanía.

Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya emitido un dictamen negativo para Saltillo, señalando que el 88.4% de su muestra auditada presenta irregularidades, se traduce en una señal de alarma que no puede ignorarse. Mismo caso en Torreón, municipio que encabeza el monto de daño patrimonial presunto más alto, con  378.4 millones de pesos sin aclarar. Lo que representa el 51 %, del un total de 736.8 millones que le fueron asignados.

El caso de Torreón llama la atención que hayan pagado 313.5 millones de pesos a la empresa "PASA" por la recolección de basura sin contar con evidencia fotográfica suficiente, validación del tonelaje recolectado ni actas de entrega del servicio. Es decir, se entregaron millones y millones de dinero público sin que quedara evidencia de ello. Sólo queda confiar.

Otro de los casos que llamó la atención es la ligereza en que manejan las obras de impacto social. Prueba de ello fue la falta de control en obras de gran escala como la "Casa Cuna DIF", donde el municipio no pudo acreditar la propiedad legal del predio, y con ello pareciera que deja en el limbo una inversión de 47.4 millones de pesos.

En Saltillo, la situación no fue mejor. Tuvo 196.8 millones y le fueron observados el 88 %. Dentro de los datos que deja entrever la ASF está la gestión de los recursos destinados al saneamiento de aguas residuales que dejó un boquete de 98.3 millones de pesos sin justificar, careciendo de bitácoras de operación y mantenimiento.

La Auditoría recalcó, con reportes que parecían reproches, que mientras existen necesidades urgentes en las periferias de la ciudad, recursos del FAISMUN, fondos para financiar obras y combatir la pobreza se hayan desviado a obras como la rehabilitación del Blvd. Jesús Valdés Sánchez, sin acreditar beneficio alguno para la población en pobreza extrema.

Lo que se observa en ambos municipios es la recurrente omisión de documentos fundamentales en los expedientes, como actas constitutivas de empresas, dictámenes técnicos y garantías de cumplimiento. Todo esto dejando más dudas que certezas..

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Llama la atención que siendo Saltillo y Torreón municipios que sirven como trampolín para sus ediles a puestos en secretarías o la gubernatura, no puedan ofrecer a la ciudadanía la certeza de que sus impuestos fueron utilizados para el beneficio social.

Llama la atención que en estos momentos de gran conectividad, la transparencia para ellos sea una opción, porque pareciera que los alcaldes y sus equipos no entienden que presentar expedientes incompletos y convocatorias "invisibles" en portales oficiales es una falta de respeto a la ciudadanía. Si pretenden seguir en la vida pública es importante entender que deben demostrar que cada peso de los coahuilenses tiene un destino claro, legal y comprobable.