La reciente fiscalización de la Cuenta Pública 2024 en Coahuila nos presenta una paradoja de lo que falta y lo que sobra.

Aunque el informe fue  publicado la tarde del 31 de diciembre en medio de los preparativos de las fiestas para recibir el año nuevo, éste no logró escaparse del ojo público y nos sorprende con un panorama de contrastes administrativos que resultan, por decir lo menos, indignantes para la ciudadanía.

Al igual que  algunos municipios como Torreón o Múzquiz operan bajo una opacidad alarmante que no permite rastrear millones de pesos, otras figuras clave se permiten el lujo de no gastar el presupuesto asignado, a pesar de las evidentes carencias en sus servicios como es el caso del Poder Judicial.

Cada año, la Auditoría Superior del Estado tiene la obligación de informar a la ciudadanía cuántos recursos públicos se asignó a las diferentes áreas de gobierno, si lo gastaron y si tienen en regla los documentos que comprueben que, en efecto, lo gastaron para lo que fue planeado.

Cuando gastan de menos se le denomina variación, y también lo podemos ver como subejercicio que para los más optimistas es sinónimo de ahorro y para los más críticos es una mala planeación o simplemente ajustes en rubros que no son prioritarios.

Primero hablemos de quienes no lograron comprobar lo que gastaron. El caso de Torreón es el ejemplo más crítico de la falta de comprobación del uso de  recursos públicos.

En 2024, el Ayuntamiento a cargo de Román Alberto Cepeda  tuvo un presupuesto de 4,296 millones de pesos y en la auditoría de la Cuenta Pública 2024 no logró comprobar el uso de 96.1 millones de pesos y con esa cifra se colocó en el municipio con mayor opacidad.

Para dimensionar el desorden, el monto de Torreón es cinco  veces mayor al de las inconsistencias detectadas en  el municipio de Múzquiz que tuvo 20 millones. Y que además se colocó como el segundo municipio con más observaciones.

Esta falta de comprobación no es un error menor; es una falla sistémica en la rendición de cuentas de los recursos que pertenecen a los laguneros.

Sin embargo, en el otro extremo de la ineficiencia encontramos al Poder Judicial de Coahuila. Resulta paradójico que, mientras abogados y ciudadanos denuncian diariamente las deficiencias en las instalaciones, la institución haya registrado un subejercicio de 82.2 millones de pesos en 2024.

Es el Poder con la brecha más amplia entre lo planeado y lo ejecutado en el estado, ya que el Ejecutivo no tuvo variaciones y el Legislativo reportó un subejercicio de 2.7 millones.

Y como el diablo está en los detalles, si hacemos zoom a lo que se dejó de gastar, vemos que lo más grave es el destino que tenían estos  recursos. Se dejaron sin aplicar 15 millones de pesos en inversión pública. El presupuesto aprobado para ello era de 172.4 millones, lo que se traduce en un 20% sin ejercer.

No se trata solo de que no gasten, sino de que no gastan en lo que la gente necesita como infraestructura para atender los miles de casos que se judicializan al año.

Te puede interesar | Auditoría señala 151 mdp de irregularidades presupuestarias en Torreón

A esto se suma un señalamiento preocupante de la Auditoría Superior: el Poder Judicial carece de un diseño apropiado para la transparencia y el monitoreo. La institución, a cargo de Miguel Mery Ayup, no aportó los formatos de difusión de evaluaciones ni se pudo verificar si los informes cumplían con los términos de referencia exigidos. Es decir, hay dinero que no se gasta y procesos que no se transparentan.

Coahuila no puede permitirse este doble juego. Por un lado, municipios como Torreón y Múzquiz deben aclarar el destino de cada peso observado. Y por el otro lado, el Poder Judicial debe explicar por qué, teniendo recursos, prefiere no usarlo para  dignificar la impartición de justicia mediante la inversión en infraestructura. En ambos casos, el resultado es el mismo: un servicio público que le falla al ciudadano.