La Ley de Educación en el Estado de Durango (LEED) acumula polvo y telarañas. Según la página oficial del H. Congreso del Estado, la última reforma realizada a esta ley tiene fecha del 11 de diciembre de 2025, la cual modifica el artículo 171 en sus fracciones IX y X y se adicionan las XI y XII, referentes al tema de Escuela para Madres y Padres. Sin embargo, al revisar el documento me doy cuenta que aún vive en él la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, y su Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD), abrogada en fecha simbólica: 15 de mayo de 2019.

La norma jurídica que actualmente rige nuestro sistema educativo, entre otras, es la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), que entró en funciones el 30 de septiembre de 2019, según el Diario Oficial de la Federación (DOF). Es decir, que las y los diputados que han ocupado una silla desde esa fecha en nuestro congreso local, han cerrado los ojos ante el tema de legislar la Educación.

En Durango el magisterio vive un acto de omisión por quienes fueron electos por el pueblo para trabajar a favor de la ciudadanía. Esto deja una clara duda sobre si en realidad se necesitan tantas curules en el congreso, si no velan en realidad por los intereses de todas y todos. Aunque la Constitución, la Ley General de Educación (LGE), la LGSCMM, y más, respaldan al magisterio estatal, no debemos de pasar por alto que en Durango las y los legisladores no están realizando su trabajo en el ámbito educativo.

En la LEED se menciona o hace referencia a la LGSPD y al extinto Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), del que tanto se debatió durante el último sexenio priista de nuestros tiempos, en los artículos 16, 20, 22, 27, 28, 26, 41, 65, en todo el Capítulo Sexto, Sección 3: del 66 al 71. En el 84. En todo el Capítulo Octavo, Sección 9: del 112 al 121; en los artículos 151, 152 y 158. Habría que revisar todavía los aspectos ideológicos que aún se conservan, ya que, así como existen similitudes entre las dos leyes mencionadas, por ejemplo, la regulación de los procesos de admisión, promoción y cambios de adscripción, también existen diferencias fundamentales como el aspecto punitivo de la evaluación contra la revalorización social del magisterio, que claramente aún no llega a Durango.

Es importante mencionar que existe corresponsabilidad de las partes oficiales de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) y sindicales de las Secciones 12, 35 y 44, que han estado al frente de las dependencias desde 2019 a la fecha. Pero también de las y los maestros duranguenses y la ciudadanía en general. La democracia no termina en el voto universal, libre, directo y secreto. Es necesaria la participación activa de todas y todos los actores de nuestro sistema social y político para garantizar una vida de calidad, y una certeza jurídica en el magisterio que responda a las necesidades de los tiempos actuales. Si como ciudadanía nos organizamos, pondremos a trabajar a quienes en temporada electoral se dan baños de pueblo y cuando se sientan en la silla se olvidan de él.

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Desde Rumbo Magisterial le doy un jaque a las y los diputados que conforman el H. Congreso del Estado de Durango. Dejo el precedente en la historia escrita de que en nuestro estado aún no se sientan las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, como lo establece la LGSCMM.

Es urgente para el magisterio estatal que se legisle la LEED. Lo relevante de la ley de 2019 es que revaloriza la función docente, hace un llamado a la autoridad educativa para dignificar las condiciones en las que se presta el servicio público de educación. Una de sus finalidades es fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su liderazgo en la comunidad.

Pasaron casi siete años desde que se eliminó la evaluación punitiva a nivel federal, y es fecha que en el marco legal de nuestro estado no se establece cuáles son los criterios tangibles para lograr la revalorización de nuestra función docente. ¿Cuándo realizará su trabajo el poder legislativo de Durango? ¿Qué otras leyes sufrirán de esta omisión? ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Reflexione cada quien.