Hablemos de un paraíso terrenal: la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila.

A casi una década de su creación, se ha convertido en el ministerio de las causas perdidas, mientras los ciudadanos padecen los estragos de la falta de recursos en la entidad, en sus calles con baches, en la falta de medicamentos y espacios en hospitales.

Las fiscalías anticorrupción no son exclusivas de Coahuila. En México y en el mundo nacieron como eco de la presión social provocada por grandes escándalos de impunidad como la Estafa Maestra, Odebrecht y la Casa Blanca.

En respuesta, la clase política reaccionó creando organismos por decreto para reparar el daño y hacer justicia a los ciudadanos que financian al Estado.

En Coahuila, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción fue constituida en julio de 2017 mediante el Decreto 903.

Nueve años después, lo que debía ser una herramienta de castigo al desvío de recursos públicos se ha transformado en un verdadero paraíso para la impunidad y un ministerio de las causas congeladas.

Mantener esta estructura no es barato para los ciudadanos. La Fiscalía operó con un presupuesto de 33.1 millones de pesos en 2023, otros 33.1 millones en 2024 y 29 millones de pesos en 2025.

A pesar de los recursos asignados, los resultados institucionales son bajos y preocupantes.

En esta ocasión, abordaremos solamente las denuncias que derivan de la revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Las cifras reveladas en el informe de seguimiento de fiscalización al primer semestre de 2026 de la ASE, encabezada anteriormente por Armando Plata Sandoval y actualmente por Manuel Ramírez Briones, dibujan un panorama desolador para los ciudadanos de a pie y alentador para la clase política.

De las 381 denuncias presentadas por la ASE relacionadas a las Cuentas Públicas que van del 2013 al 2023 contra dependencias estatales, municipios, paramunicipales y poderes del Estado, la enorme mayoría se encuentra en vías del olvido.

Un total de 159 denuncias continúan en los archivos de la Fiscalía sin resolución, mientras que en 216 casos se ha abierto la vía para el no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, a menudo sin notificar formalmente a la Auditoría.

De un universo de casi 400 querellas, únicamente 5 casos han logrado ser judicializados, es decir, pasar a manos del Poder Judicial.

Uno de ellos, corresponde al municipio de Sabinas, que en la Cuenta Pública 2014 , época en la que gobernaba el PAN se denunció el probable uso de 24.3 millones de pesos. Esta denuncia está en etapa intermedia.

Otra denuncia que sí avanzó corresponde a la misma Cuenta Pública pero en Acuña, cuando estaba al frente el Unidad Democrática de Coahuila.  Le señalaron el uso de 1.4 millones de pesos. Esto derivó en un acuerdo reparatorio parcial en 2018. No se dieron más detalles.

En Sacramento se denunció a quien resultara responsable por el uso de 1.7 millones de pesos en 2017. Ciudad que era gobernada por el PRI. La denuncia concluyó mediante acuerdo reparatorio en 2019.

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La SNTE Sección 5 está en la mira por el ejercicio de recursos en 2018. Este es uno de los casos del sector educativo con auto de vinculación a proceso, aunque el informe omitió especificar el monto investigado. Este caso en específico que tiene que ver con los profes, lo desarrollaremos en otra columna.

Y el último caso en donde la Fiscalía dio resultados positivos es en la Cuenta Pública 2022 de Muzquiz. Caso por 23.1 millones de pesos judicializado en contra de la administración de la exalcaldesa Tania Flores.

Resulta muy ilustrativo que, mientras cientos de expedientes están “congelados”, los casos que sí avanzan parecen responder a una justicia selectiva.

Tal es el caso de Múzquiz, donde la exalcaldesa opositora Tania Flores, quien ha denunciado reiteradamente persecución política y violencia por parte del Ejecutivo estatal, sí vio su expediente caminar hacia los juzgados en medio de audiencias a puerta cerrada y realizadas en la madrugada.

Así, mientras la impunidad prevalece y se le apuesta al ministerio de las causas perdidas, la Fiscalía Anticorrupción permanece en el limbo, entre la laxitud de la Auditoría Superior del Estado y las audiencias de medianoche de un Poder Judicial que evade transparentar cuando un funcionario público llega a sus manos.

*Denuncias interpuestas por la ASE.