La figura del notario público en México debería ser,  en teoría, el pilar de la certeza jurídica porque acudir a una notaría no es solo un trámite, es el acto de depositar la confianza , y en muchos casos, de confiar el patrimonio de toda una vida en manos de quien ostenta la fe pública.

Sin embargo, en Coahuila, esa confianza se ha convertido en el gancho perfecto para una red de despojo e impunidad que hoy tiene a decenas de familias en el desamparo.

El caso de la Notaría 45 en Torreón es el síntoma más visible de una enfermedad sistémica. Decenas de testimonios recabados la semana pasada en Saltillo, a través de entrevistas sugieren que no estamos ante simples descuidos administrativos, sino ante un modus operandi calculado: anuncios en redes sociales, documentos con códigos QR manipulados y una puesta en escena dentro de recintos notariales que neutralizaba cualquier sospecha de las víctimas.

Como bien señala uno de los defraudados, nadie espera ser “asaltado” dentro de una notaría. Se confía porque el entorno respira oficialidad. Pero detrás de ese sello, tal parece que operaba una red coludida con funcionarios de Catastro, Predial y Urbanismo para vender desde terrenos municipales hasta casas del Infonavit abandonadas.

Lo más indignante no es solo el robo, sino la tragedia humana que deja a su paso. Detrás de los 12.5 millones de pesos en desfalco estimados por un grupo de 27 denunciantes, están las historias de una trabajadora de limpieza que perdió los ahorros de su vida y de un hombre en silla de ruedas que hoy no tiene hogar. Mientras tanto, la justicia parece caminar a cuentagotas. Si bien se han retirado cuatro fiats notariales en el estado, incluyendo el de la Notaría 45, la reparación del daño sigue siendo una promesa pendiente.

¿Dónde ha estado la autoridad? La Dirección de Notarías se encuentra hoy bajo un legítimo escrutinio ciudadano. Resulta inverosímil que, en un estado con aproximadamente 246 notarios y una lista de espera de 186 aspirantes, el organismo encargado de vigilarlos admita en su propio portal de transparencia que entre 2022 y 2025 no se han realizado visitas de inspección. Esta omisión de funciones es la que permite que la impunidad eche raíces.

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Además, existe una disparidad alarmante en cómo se aplica la ley. Mientras en Saltillo una mujer como Lizeth enfrenta una condena de 15 años por ventas fraudulentas, ella misma denunció que abogados y notarios participaron en los esquemas sin enfrentar las mismas consecuencias. Parece que la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, dejando intocables a quienes, protegidos por un nombramiento oficial, facilitaron el engaño.

La semana pasada, un grupo de ciudadanos provenientes de la región Laguna tuvieron una reunión con  la Secretaría de Gobierno. Y sí, este es un paso, pero no es suficiente. La fe pública en Coahuila no se recuperará con "mesas de diálogo", sino con un castigo ejemplar a toda la cadena de corrupción, auditorías reales y un sistema donde el sello del notario vuelva a significar seguridad y no un riesgo de perderlo todo. Sin una supervisión estricta, la notaría seguirá siendo, para algunos, el despacho perfecto para el despojo.