A un año de Gobierno y 11 meses de diálogo, con disposición expresa de la autoridad, aunque a paso lento, hay avances, pero persisten carencias; la solución integral se ve lejana: requiere esfuerzos y recursos adicionales.

Dentro de unos días se cumple el primer año de gestión de la administración que encabeza Manolo Jiménez. Se cumplirán también 11 meses del inicio del diálogo de su Gobierno con la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, para dar solución a la problemática de seguridad social que afecta al magisterio adscrito a la Secretaría de Educación del estado, a la UA de C y a la UAAAN.

No a pasos de gigante, sino más bien lentos, se avanza para resolver la situación y dar atención a los casos gestionados por la Coalición, pero la solución integral y de fondo requiere de esfuerzos adicionales y más recursos económicos.

Es cierto que en el diálogo con el Secretario de Gobierno, Oscar Pimentel, a quien el Gobernador encargó el asunto, se ha encontrado apertura y disposición para conocer y estudiar a detalle la caracterización del problema, además del reconocimiento de la necesidad de ir a las causas del mismo, derivado de lo cual se han tomado ya decisiones importantes, especialmente en cuanto a la designación de un nuevo equipo directivo y administrativo del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación (ISEM), a quien se ha dado la encomienda de corregir el funcionamiento de ese organismo público descentralizado, que apenas sobrevive a causa de tantas tropelías y afectaciones que a su paso por distintas instituciones magisteriales dejó el huracán categoría 38.

El  Plan Emergente para la Atención de Casos Urgentes, implementado desde las primeras reuniones de trabajo entre Coalición y Gobierno ha permitido, no sin renuencias, retrasos y dilaciones, que un número considerable de pacientes sean canalizados para su intervención quirúrgica o reciban medicamentos, tratamientos o procedimientos para curar o aliviar padecimientos crónico degenerativos, en no pocos casos de gravedad extrema como el cáncer.

Se avanza, en efecto, pero falta mucho por hacer para que lo que hoy se logra de manera extraordinaria y mediante una insistente gestoría, se convierta en un servicio ordinario y que en su cotidiana asistencia a las clínicas del magisterio los pacientes encuentren una atención eficiente, oportuna, completa, integral y de calidad.

Cierto es que se están poniendo en práctica medidas, decisiones y acciones para combatir las carencias, pero la mayoría de los derechohabientes todavía resienten las deficiencias que prevalecen y que habría que abatir para poder hablar de pasos de gigante:

- Falta de médicos generales y especialistas.

- Cirugías postergadas desde hace meses o años: aproximadamente 500 procedimientos quirúrgicos en lista de espera, desde hace años en algunos casos.

- Medicamentos que no se surten, o se entregan incompletos y con retrasos de varios días o semanas.

- Renuencia a cumplir acuerdos y reembolsar los pagos que, a falta de atención oportuna, los derechohabientes se ven obligados a hacer por servicios diversos en centros médicos particulares (cirugías, estudios, análisis) o por la adquisición de medicamentos urgentes que el ISEM no proporciona a tiempo y cuya compra en farmacias particulares no pueden postergar los pacientes por estar en riesgo su salud y su vida.

- Instalaciones en mal estado y áreas inhabilitadas en las clínicas del magisterio, situación que ocasiona seguir recurriendo a la contratación de servicios particulares para dar atención a los pacientes, lo que hace que persista el círculo vicioso que tanto ha afectado el patrimonio institucional: ante el deterioro de las clínicas continúa el llamado "mal necesario" de la subrogación, que "obliga" a la autoridad a contratar atención en centros y hospitales privados, con especial preferencia en los de familiares del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, con quien en sexenios anteriores se tuvo una alianza política de facto que el actual gobierno parece querer mantener. Así, mientras persisten carencias en las clínicas,  millonarias cantidades se siguen pagando a Médica Bosco, Médica Integralis, Laserex y Fundación Alfonso Cepeda Martínez, según los reportes financieros de los últimos 3 trimestres.

A falta de las acciones judiciales que las autoridades competentes no han querido emprender para recuperar, por la vía resarcitoria, los más de mil millones de pesos que la Auditoría Superior del Estado registra en sus más de 40 denuncias penales por los delitos cometidos contra el patrimonio del Servicio Médico del magisterio, una de las acciones, reiteradamente planteadas, que en el corto plazo y cual verdadero paso de gigante coadyuvaría al mejoramiento y ampliación de la cobertura de servicios, es que el Gobierno pague sus adeudos y conmine a la UAAAN, a la UAdeC, a la DIPETRE, a la Sección 38 del SNTE (FOVI y el Seguro del Maestro) a hacer lo propio. Por ese concepto, aproximadamente 350 millones de pesos le inyectarían un soplo de vida al convaleciente Instituto de Servicio Médico, al menos para abatir los rezagos e iniciar el proceso de restauración, siquiera, de las 5 clínicas regionales ubicadas en Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras.

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Aunado a lo anterior, es necesario que el Ejecutivo Estatal incluya en el presupuesto anual de Coahuila una partida como APORTACIÓN SUBSIDIARIA PERMANENTE, y que las mencionadas universidades públicas también lo hagan para suplir las cuotas porcentuales que desde hace aproximadamente 20 años dejaron de aportar por los varios miles de trabajadores que desde entonces han sido inscritos al IMSS, y cuyas cuotas dejaron de llegar al ISEM, pero son necesarias para soportar solidariamente a los pensionados y jubilados de las universidades que, conforme a su derecho, siguen requiriendo atención médica en las clínicas del magisterio.

Es pues urgente e insoslayable someter al  Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación a una terapia intensiva, donde además del reordenamiento administrativo, el cuidado del patrimonio y la implementación de procesos para asegurar la calidad médica, se refuercen los recursos económicos. Lo dictan los principios constitucionales, lo ordenan los derechos humanos y laborales de los trabajadores, para que sea precisamente eso, su legítimo derecho a la salud, lo que les brinde un trato digno, no el de quien recibe un favor en dispensario para pacientes mendicantes.