¿A poco no son loables los esfuerzos de la sociedad civil organizada en su ardua labor para tratar de recuperar la credibilidad de las instituciones y frenar el deterioro del Estado de derecho ante la crisis ancestral de corrupción e impunidad que padece nuestro país? Por desgracia, dos factores importantes obstaculizan esta tarea que obliga a esos organismos a nadar a contracorriente: la resistencia al cambio de las autoridades gubernamentales y la apatía de la mayoría ciudadana para impulsar con su participación cívica y política los cambios tan necesarios.

Pero lo importante es no bajar la guardia y seguir insistiendo, como lo hacen las 22 organizaciones cívicas, académicas y empresariales, entre ellas, Coparmex, Fundar, Borde Político, Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa y Transparencia Mexicana, que plantearon las propuestas contenidas en el documento Control efectivo de la corrupción: 11 temas para avanzar hacia un México íntegro, como resultado de la exigencia de la sociedad civil organizada para que el país avance en la dirección correcta.

Existe la convicción de que los siguientes seis años serán críticos para esta nación nuestra, por lo que se debe dar prioridad a la transformación de las instituciones para que actúen de manera legal, transparente, ética y eficaz. Hay un largo camino por recorrer y son múltiples y complejas las tareas por realizar. Las propuestas, que buscan avanzar en el control efectivo de la corrupción, son, entre otras, crear una Fiscalía General autónoma e independiente, fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción y que la Plataforma Digital Nacional sea el centro de inteligencia contra la corrupción.

Se pretende también asegurar la participación efectiva de ciudadanos y comunidades en el control de los recursos públicos, así como consolidar gobiernos y parlamentos abiertos, lo que se ve difícil ante el desinterés comunitario por involucrarse en el quehacer público y la tendencia a la opacidad de la clase política. Asimismo, en el documento Hacia un México más justo y competitivo, los mencionados organismos identifican 6 ejes para avanzar en la ruta del cambio: continuidad a las políticas económicas básicas; invertir en la generación energética; política fiscal responsable; fomentar el empleo e inversión; certeza jurídica; e impulsar la apertura comercial.

Un México justo y competitivo sólo se construye con políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que se debe impulsar la agenda de política económica con principios básicos de eficiencia, transparencia, equilibrio fiscal y certeza jurídica para detonar la prosperidad, que proponen esas agrupaciones. De ahí la importancia de una mayor presión de la comunidad nacional hacia las autoridades, exigiéndoles atender las propuestas de los organismos sociales para que el activismo y la participación cívica dejen de ser gritos en el desierto. ¿A poco no…?