Coahuila enfrenta una realidad dolorosa que las cifras oficiales y las notas periodísticas apenas alcanzan a matizar.

Una revisión a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que mientras el estado celebra una baja en los índices de feminicidio, la violencia familiar no cesa: con 14,664 casos reportados en 2025.

Esta cifra posicionó a Coahuila con la segunda tasa más alta a nivel nacional. Sin embargo, entre estos expedientes se oculta una de las formas más crueles de agresión: la violencia vicaria, donde el victimario no golpea directamente a la mujer, sino que utiliza a sus hijos para destruirla emocionalmente.

Ejemplo de ello es el caso de Cristian, una madre de San Buenaventura, con la que platiqué este fin de semana y de la que no pondremos su nombre completo porque su historia, en esta columna, no es para exhibirla ni a ella, ni a su ex pareja, sino para humanizar las cifras y los diferentes tipos de violencia que se viven en Coahuila.

Cristian platica que los divorcios suelen venir acompañados de duelos ambiguos en medio de una vida judicializada. Tras 15 años de ama de casa, su decisión de romper con un ciclo de agresiones físicas, en 2021, desencadenó una contraofensiva. Su agresor no solo reincidió en la violencia, sino que cumplió una amenaza latente en los manuales de control machista: quitarle a los niños y obligarla a pagar pensión.

Lo más alarmante de este testimonio es la complicidad, a veces por omisión y otras por inercia, de las instituciones. El agresor utilizó a la Procuraduría de la Familia y a los juzgados familiares como armas de intimidación denunciando falsas omisiones de cuidados para obtener la custodia, lo cual logró en el periodo en que llevó a cabo la investigación.

A pesar de que los dictámenes del Poder Judicial confirmaron que Cristian era la figura más idónea y que el padre generaba estrés en los menores al hablar de manera negativa de su madre, el sistema permitió que el proceso se extendiera por años.

La historia alcanza su punto más oscuro en la salud mental de los menores con el relato de uno de sus hijos, quien confesó a su madre que obedecía las órdenes del padre para que ella estuviera segura: “me dijo que tenía miedo de que me mataran”. Esa es una herida abierta que ninguna sentencia podrá cerrar fácilmente. Es aquí donde la violencia institucional se vuelve una extensión de la violencia vicaria; ya que un juez dictó medidas que impidieron a Cristian ver a sus hijos durante el periodo en que se realizó el proceso. Aun ignorando advertencias psiquiátricas.

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Si bien la vinculación a proceso del agresor por violencia vicaria este enero de 2026 representa un avance jurídico y un triunfo para Cristian, la realidad es que las mujeres siguen siendo revictimizadas al intentar romper con el rol tradicional.

La justicia en Coahuila no puede seguir siendo ciega ante el uso del aparato legal como herramienta de castigo. Por ello, casos como el de Cristian o Estela la primera mujer vinculada a proceso por violencia vicaria y cuya historia se ha litigado más en medios de comunicación que en el juzgado deben encender las alarmas para prevenir más violencia institucional y vicaria.

Estos casos, aunados a las cifras de primer lugar en violencia familiar deben traducirse en un llamado urgente a priorizar la salud mental y el bienestar de los hijos, quienes son las víctimas más desamparadas en esta guerra legal donde los triunfos saben a derrotas.