El término “violencia ambiental” puede definirse con una búsqueda rápida en los motores de Google: “La violencia ambiental es el daño intencionado o por negligencia al medio ambiente que afecta la salud, el bienestar y los derechos de las personas…”. Un ejemplo concreto de ello es la tala desmedida de árboles en el bulevar Independencia de la ciudad de Torreón, consecuencia directa de una mala planeación de la obra pública del proyecto Sistema Vial Independencia–Abastos, en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

En los últimos días, este llamado "ecocidio" llegó a su culmino cuando el último árbol de esta vialidad fue derrumbado de manera silenciosa a mitad de la noche.

Un elemento clave dentro de esta definición es que la violencia ambiental afecta de manera particular a los grupos más vulnerables. Y es que cualquier daño a la comunidad se refleja primero en las líneas de impacto más frágiles: se manifiesta como violencia de género, conflictos por el acceso a recursos o incluso agresiones directas contra personas defensoras del medio ambiente.

Cuando el municipio de Torreón optó por una remoción mal planeada, sustentada en estudios de impacto ambiental apresurados y deficientemente fundamentados —pese a la insistencia y las advertencias de diversos colectivos ambientalistas—, no sólo decidió causar un daño permanente al ecosistema urbano, sino que reafirmó una forma de gobernar que ya se ha convertido en su sello distintivo: priorizar el autoritarismo del grupo político en el poder y la inversión conveniente para empresarios y actores políticos estatales y locales.

De acuerdo con una respuesta reciente de transparencia del Municipio de Torreón, proporcionada a esta editorial por la organización Encuentro Ciudadano Lagunero, de los 98 árboles que, según información pública, habitaban previamente el bulevar Independencia, 18 concluyeron su ciclo de vida en el Centro de Trituración de la ciudad. Es decir, el 18%.

Otros 23 fueron trasladados al Bosque Urbano, 8 al Bosque Venustiano Carranza, 27 a la Alameda Zaragoza y 22 a la Plaza Marquesa. Cabe recordar que varios de estos árboles fueron trasplantados de manera incorrecta, con daños severos en las raíces, y que numerosos ejemplares fueron documentados por la propia ciudadanía en evidente estado de deterioro y enfermedad. Aquí pueden observarse algunos de ellos.

En este punto resulta indispensable mencionar el papel del encargado de Medio Ambiente del municipio, el ingeniero Marcelo Sánchez Adame. En un primer momento, el 17 de junio, declaró que únicamente el 60% de los árboles era apto para trasplante, debido a que varios ejemplares se encontraban enfermos. Posteriormente, el 17 de agosto, aseguró que todos los árboles retirados serían trasplantados. Sin embargo, durante el desarrollo de las obras, se constató que múltiples árboles fueron maltratados severamente desde la raíz.

Hoy, conforme a la respuesta oficial, decenas de pingüicos, encinos, fresnos y san pedros fueron llevados a trituración, mientras que el resto fue reubicado en distintos espacios verdes de Torreón en un estado de salud visiblemente deteriorado.

Aquí puedes descargar la respuesta de transparencia a la que hace referencia este artículo.

“No llegamos todos”, podrían decir los árboles si tuvieran voz. Pero lo dijeron las y los activistas que durante casi diez meses alzaron la voz, intentando ser escuchados y defendiendo el valor de estos seres vivos que habían habitado la ciudad durante 30 años o más. Árboles que, además, formaban parte de un fenómeno natural majestuoso: la migración de diversas especies de aves que, a mitad del otoño, terminaron apiñándose en los pocos árboles sobrevivientes, expuestas al calor extremo y a otros impactos ambientales derivados de la pérdida de la flora urbana que antes les ofrecía refugio y protección.

La destrucción del entorno urbano profundiza las desigualdades sociales, agrava los efectos del cambio climático a nivel local, deteriora la salud física y emocional de la población y rompe el vínculo comunitario con el territorio. Cuando se elimina la naturaleza sin escuchar a la ciudadanía, se vulnera también el derecho constitucional a la ciudad y a un medio ambiente sano. Lo ocurrido en el bulevar Independencia es, en el fondo, un mensaje político: que la vida —humana y no humana— sigue siendo prescindible frente a decisiones autoritarias disfrazadas de progreso.