En 2025 la inseguridad patrimonial continuó y afectó  a poco más de 3 mil personas. Según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de despojo, que implica la ocupación o apropiación de inmuebles mediante violencia, engaño o documentos falsos, alcanzó una cifra de 535 querellas, y 2,538 más denunciaron ser víctimas de fraude en Coahuila.

Detrás de estos números fríos se esconde una realidad incómoda: una red de corrupción que parece encontrar en el Registro Público de la Propiedad, un santuario de impunidad.

En la columna anterior, señalamos que un grupo de 27 ciudadanos de Torreón denunció haber sido víctima de una "compleja red de fraudes inmobiliarios". Los afectados no hablan de simples estafas aisladas, sino de una estructura coordinada donde presuntamente personal del Registro Público filtra información sobre casas en litigio o deshabitadas para facilitar despojos patrimoniales.

Sin embargo, frente a estos señalamientos directos, la respuesta institucional ha sido ambigua. El secretario de Gobierno, Oscar Pimentel, ha sido enfático al declarar que “no existe evidencia o denuncia sobre colusión de personal del Registro Público” y que los señalamientos públicos y reiterativos no han encendido "alarmas internas" en las dependencias pues, indica, “no hay nada verificable”.

Esta postura oficial ignora un patrón de impunidad que ya tiene antecedentes sombríos en Saltillo. En 2024, para un caso similar que dejó a más de 20 personas defraudadas, la justicia sólo alcanzó a la vendedora, Lizeth, quien ya cuenta con sentencia por el delito de fraude. A pesar de que la defensa sugirió investigar a la cadena de mando, no se juzgó a abogados, notarios ni al personal del Registro Público, dejando intacta la maquinaria que permite que el fraude ocurra.

La gravedad del problema radica en que el fraude no sólo es un engaño entre particulares, es una manipulación del sistema para obtener un lucro indebido.

La Dirección de Notarías depende de la Secretaría de Gobierno y el Registro Público de la Propiedad  del Gobierno del Estado y la recurrencia de estos casos sugiere que la supervisión debe ser estricta.

En La Laguna, por ejemplo, el notario número 45 perdió su fiat por otras irregularidades, pero las víctimas insisten en que él es sólo un eslabón de esta cadena de corrupción mucho más profunda que requiere una investigación a detalle.

Te puede interesar | En Coahuila, la fe pública mueve montañas de dinero a través del fraude

Mientras la autoridad insista en que no hay pruebas de colusión oficial porque no existe “nada verificable”, la ciudadanía queda alerta.

Por otra parte, que en los casos denunciados en Saltillo y Torreón sólo se haya informado que las vendedoras fueron llevadas ante la justicia deja un mensaje confuso: que la justicia es selectiva y solo persigue al último eslabón de la cadena, la vendedora.  Mientras la red que valida y filtra la información patrimonial permanece intocable.