La educación en Coahuila se rige  por la reacción ante la tragedia y no por la prevención institucional. El caso de la escuela primaria Manuel Maldonado Maldonado, en Piedras Negras, no es un hecho aislado, sino el síntoma de una Secretaría de Educación (Sedu) que actúa de forma reactiva y no preventiva, dejando vacíos institucionales que terminan por fracturar comunidades escolares enteras.

La situación en la Primaria Maldonado ha llegado a un punto tan absurdo que obliga a cuestionar si realmente existe una Secretaría de Educación en el estado. Una que  exista no sólo en papel y en la nómina.

El punto más crítico se alcanzó la semana pasada con  una orden de restricción de 100 metros contra la directora y dos maestras en la primaria, lo que  ha dejado a casi 60 niños sin sus docentes titulares. La desesperación de los padres ha llegado al punto de proponer clases en la vía pública para que la maestra pueda enseñar sin violar el perímetro legal.

Mientras tanto, la Sedu se ha limitado a enviar parches administrativos, como el supervisor de zona y un asesor técnico, para cubrir los grupos de manera improvisada.

Lo más grave es la denuncia de una omisión sistemática. El supervisor de Zona Fernando Javier Kancheff señala que este conflicto suma cuatro años de quejas constantes y, aunque los expedientes judiciales mencionan investigaciones realizadas, el personal escolar asegura que nunca han visto una investigación real por parte de la autoridad educativa.

El conflicto: una madre de familia acusa a dos maestras y la directora de discriminar a su hijo. Cuatro años de quejas constantes que hoy sin importar a dónde se incline la balanza de la verdad deja en evidencia la ineficiencia de la Sedu para proteger, salvaguardar y preservar el orden y la salud mental dentro de las instituciones educativas.

¿Acaso la Sedu se ha detenido a pensar cómo se encuentran el alumno, su madre y la docentes?, ¿Le han faltado herramientas a la Sedu para enfrentar un conflicto escolar?, ¿qué ha hecho en cuatro años?.

Esta ineficiencia no solo desgasta al magisterio, sino que vulnera el interés superior de la niñez al privarlos de un entorno de aprendizaje estable y seguro.

Y como dijimos al principio de la columna este caso no es un hecho aislado. Esta falta de prevención ha cobrado facturas mucho más altas en otros puntos del estado. La narrativa de una secretaría que no ve los problemas hasta que estallan se refleja en las tragedias de San Pedro y Monclova, donde dos niños de seis años perdieron la vida por estructuras metálicas en mal estado.

Asimismo, la escalada de violencia contra docentes, como el ataque con arma blanca a una maestra en Ramos Arizpe en 2023, evidencia que el desgaste emocional y el estrés laboral han alcanzado niveles inéditos sin que exista un marco de protección efectivo.

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A pesar de que las estadísticas muestran que cuatro de cada diez docentes en Coahuila han enfrentado violencia, las soluciones legislativas, como la Ley para la Protección de la Integridad de los Trabajadores de la Educación, permanecen estancadas en el Congreso desde hace casi un año.

La educación en Coahuila no puede seguir operando así. Mientras la Sedu no asuma un rol mediador y preventivo, las aulas seguirán siendo rehenes de conflictos personales y deficiencias estructurales. Los niños de Piedras Negras, que hoy ven su escuela paralizada, son el recordatorio de que cuando la autoridad no interviene a tiempo, el ejemplo que se les da es el de la ineficiencia y el abandono.