Al final se aprobó, como era de esperarse, la reforma a la Ley de Amparo en el Congreso, después de un controvertido proceso legislativo que no estuvo exento de intrigas políticas (un artículo de retroactividad introducido en el Senado, aparentemente en contra de las órdenes de la presidenta, pero que al final se quedó y ya es parte de la nueva Ley).

En las redes sociales, sin embargo, el debate continuó. Están los que se pronuncian en contra y los que se manifiestan a favor de la reforma; y es en este último grupo en donde se repiten ciertos argumentos a los que hoy me gustaría contestar, hablando desde mi experiencia como litigante que se ha dedicado sobre todo al Juicio de Amparo.

1.- El Amparo es solo para los ricos. 

Tramitar un Juicio de Amparo en el Poder Judicial de la Federación es completamente gratuito. Los que cobran dinero por estructurar las demandas son los abogados, y, como se trata de un Juicio de carácter muy técnico, los honorarios suelen ser elevados.

Sin embargo, cada abogado cobra de manera distinta, atendiendo a criterios como el valor del asunto o la complejidad de la situación jurídica en particular. Hay que añadir también que algunos abogados promueven Amparos pro bono (es decir, sin cobrar honorarios) cuando se trata de clientes que se encuentran en un estado de precariedad económica. 

2.- El Amparo solo sirve para evitar pagar impuestos o ir a la cárcel. 

Si bien los amparos en materia fiscal y penal otorgados a distintas figuras públicas suelen tener mucha resonancia en la prensa, esto se debe a la atención mediática que reciben las personas que tramitan dichos amparos (empresarios y políticos); sin embargo, hay que señalar otros casos, como el de los padres de los 43 de Ayotzinapa, quienes recurrieron a un Amparo para que el ejército no destruyera pruebas importantes de la investigación en curso.

O, sin ir más lejos, aquí mismo en La Laguna, a principios de este año el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó un amparo que obliga a la Fiscalía a que retome la investigación de la desaparición de una joven ocurrida en el año 2021, esto después de que el gobierno del estado suspendiera la búsqueda durante más de un año sin ninguna explicación. 

3.- La reforma solo afectará a los evasores fiscales y a los criminales.

La reforma afectará a todos los ciudadanos que recurran al Amparo, pues le concede a la autoridad el derecho de manifestar si puede cumplir con la Sentencia o no; y, si no puede, la exime de sanciones o responsabilidades de carácter penal.

Tomemos como ejemplo la Sentencia de Amparo que obliga a la Fiscalía a retomar la búsqueda de la joven desaparecida; bastaría con que la autoridad manifestara que tiene alguna imposibilidad material (por ejemplo, que no cuenta con los recursos necesarios para realizar la búsqueda) para que la Sentencia de Amparo quedara sin efectos y, lo peor de todo, no habría ninguna consecuencia para la autoridad. 

4.- La reforma hará que el Amparo sea más accesible para la población.

Por el contrario, al elevar considerablemente el grado de dificultad para tramitar con éxito un Amparo, la reforma tendrá el efecto contrario: es decir, la gente tendrá que recurrir a abogados cada vez más especializados, lo cual, a su vez, lo convertirá en un servicio más cotizado y, por lo tanto, el costo económico será mayor. 

Reflexión final

Todo lo expresado en este artículo no cambia la realidad: la reforma ya fue aprobada y la presidenta ya firmó el decreto, el cual, en su momento, entrará en vigor.

La perspectiva a futuro, en cuestión de derechos humanos y certeza jurídica, no es alentadora, al menos en comparación con el progreso realizado desde la última reforma a la Ley de Amparo (del año 2011), la cual, por el contrario, amplió en gran medida los derechos de los ciudadanos frente al gobierno (introdujo el interés legítimo y el Amparo en contra de omisiones de las autoridades, por ejemplo, además de estar concatenada con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del mismo año).

Y no hay que ser ingenuos, la reforma del 2011 no se dio porque el gobierno de aquel entonces fuera bueno o noble, sino que se trató de una conquista social que tenía muchos años gestándose. Independientemente de si se está en contra o favor de un partido u otro, hay cosas que no se deben perder de vista, y una de ellas es que el derecho de los ciudadanos para inconformarse con el poder es un pilar del ejercicio democrático al que no podemos ni debemos renunciar.