La reciente disputa mediática entre el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Mery, y los foros de abogados de la entidad ha puesto sobre la mesa una realidad que va más allá de un simple choque de egos profesionales: la sobrecarga laboral y la fragilidad en las sentencias.

Mientras el magistrado sugería que los litigantes actúan como oportunistas que lucran con el retraso de las investigaciones, los abogados de Saltillo, Parras de la Fuente y de la región Laguna reviraron: el ciudadano recurre a los medios de comunicación por el hartazgo ante la dilación de los juzgados.

A lo que Mery tuvo que dar dos pasos hacia atrás y dejar el tono de descalificación para invitar al diálogo.

Esta pelea mediática además de dejar en evidencia el pésimo manejo de la comunicación y asesoramiento del magistrado, ha exhibido a un Poder Judicial que sigue saturado. Datos del mismo Miguel Mery revelan que en Coahuila cada juez carga con 2,500 asuntos.

Ante este panorama de saturación extrema, surge una pregunta obligada: ¿puede el sistema presumir sentencias emitidas "más allá de toda duda razonable"?

Jurídicamente esto significa un estándar de calidad alto, donde la sentencia que se emita se tenga la certeza absoluta de la culpabilidad del acusado tras evaluar pruebas desahogadas en el juicio. Pero, ¿cómo confiar en que se agotaron los medios de prueba o se respetó el debido proceso cuando los jueces parecen haberse acostumbrado a juzgar con sobrecarga?

¿Cómo podemos confiar que se agotaron los medios de prueba?, ¿cómo confiar que si un día nuestro nombre llega a un expediente judicial habrá un debido proceso?

Desde luego lo preocupante es la cifra que actualiza el magistrado presidente, pero lo más preocupante es que parece que ya se han acostumbrado a juzgar con saturación.

Imposible por el momento hacer comparaciones, porque carecemos de las cifras de años anteriores, pero en 2024, México evalúa ya alertaba que en 2023 se trabaja con saturación. Hace tres años y esto continua.

El 2 de octubre de 2024, México Evalúa presentaba un boletín de prensa bajo el título: “Instituciones de justicia penal en Coahuila enfrentan sobrecarga de trabajo”.

Ahí se advertía que las instituciones locales ya operaban por encima de sus capacidades: cada fiscal manejaba 148 carpetas y cada perito atendía 1,489 solicitudes.

En un estado donde se inician casi 60 mil carpetas de investigación anuales, lideradas por delitos de violencia familiar y narcomenudeo, el personal resultaba insuficiente.

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Lo más grave es el mensaje que se envía a la sociedad desde 2023, pues el 91.6% de los delitos en Coahuila no se denuncian, principalmente porque el ciudadano considera que es una pérdida de tiempo o desconfía profundamente de la autoridad.

La saturación de trabajo no sólo merma los resultados, sino que aumenta la probabilidad de que los delitos queden impunes y que los derechos de víctimas y acusados sean vulnerados.

Por eso, los datos que emite esta semana Migue Mery cimbran en la sociedad que busca justicia y reparación del daño. Y deja el temor fundado que sus denuncias se conviertan en un mero trámite administrativo, donde la rapidez sustituye a la justicia y la emisión de sentencias más allá de toda duda razonable se pierde entre montañas de expedientes.