Durante los últimos días se han vuelto virales dos casos de personas juzgadoras de reciente elección que incurren en conductas que preocupan por su carácter lesivo y autoritario. Por un lado, tenemos a una jueza de Tamaulipas que, en dos procesos distintos, al ser cuestionada por abogados de la defensa sobre sus conocimientos técnicos para desempeñar su labor, explotó e impuso multas de 5 mil días y 3 mil días de salarios mínimos (1.4 millones de pesos y 837 mil pesos, respectivamente). Por otro lado, en la Ciudad de México, un juez de control desestimó un video que mostraba presuntos abusos policiales ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre, al considerar que este podía haber sido modificado con Inteligencia Artificial. Veamos cada caso por separado:

Multas millonarias como medio de intimidación

El caso de la jueza de Tamaulipas es alarmante, pues su respuesta a los cuestionamientos de los abogados fue más allá de toda proporción. Si bien nunca es agradable que alguien ponga en duda tus conocimientos, el actuar de los litigantes no fue por capricho; por el contrario, se dio dentro del contexto de una defensa legal, en la cual se encuentra en entredicho la seguridad jurídica y la libertad de sus clientes, y, por lo tanto, al advertir que la persona juzgadora no tenía los conocimientos necesarios para dilucidar el caso de manera correcta, cumplieron con su obligación como defensores al señalarlo.

​La reacción de la jueza revela una personalidad intolerante, que no duda en hacer uso de sus facultades (imponer multas es una de ellas, sin embargo, resulta evidente el abuso de la misma) para castigar e intimidar a los abogados. El mensaje que pretendía enviar era claro: nadie debe atreverse a cuestionar sus capacidades. Por fortuna, el escándalo que el vídeo causó en redes dio como resultado que la jueza fuera separada de su cargo (aunque solo fue reubicada a un juzgado del sistema penal anterior).

Desestimación de pruebas por presunto uso de IA

El caso del juez de la Ciudad de México es quizás más lesivo, pues no se limitó a intimidar, sino que trastocó toda lógica del proceso al decidir, de manera irregular, que los videos tomados por una participante de la marcha del 15 de noviembre, en los cuales se muestran presuntos abusos cometidos por agentes de la policía, “podían” haber sido modificados por Inteligencia Artificial, por lo cual no tenían valor probatorio. Aquí el problema se encuentra en cómo el juez llegó a esa conclusión, pues, a no ser que se trate de un experto en Inteligencia Artificial, debió haber admitido que un perito analizara el material audiovisual. Tomar la decisión de que el vídeo podía haber sido modificado por IA sin recurrir al dictamen de un experto, crea un precedente peligroso, bajo el cual todo puede ser negado con base en opiniones personales que no están sometidas a ningún criterio técnico o imparcial.

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Reflexión final

México es un país con un sistema jurídico que padece de muchas deficiencias, lo cual se traduce en un Estado de derecho frágil. Esto era así desde antes de la Reforma Judicial, no hay que confundirnos, pero la elección de las personas juzgadoras no ha contribuido a mejorar el panorama. Los problemas que ya existían no han desaparecido y, por el contrario, han surgido nuevos retos que se han sumado a los anteriores. En un contexto como el nuestro, en el que tantos conflictos se solucionan fuera de los tribunales (es decir, por medio de la violencia), es tarea de todos, pero especialmente de las personas juzgadoras, contribuir al fortalecimiento de las instituciones de impartición de Justicia. Para eso es necesario que entiendan la responsabilidad del cargo que se les encomendó por medio de las urnas y dejen atrás cualquier tipo de comportamiento autoritario e injustificable.