Se trata de un delito que se ha disparado en tiempos recientes. Todo comienza cuando una banda delictiva ubica un inmueble desocupado (ya sea porque sus dueños estén ausentes o hayan fallecido) o bien, que se encuentre habitado por personas vulnerables (mujeres, ancianos, niños). En casos extraños, si se trata de inmuebles más atractivos, no les importa ni siquiera que haya familias completas adentro. Acto seguido, los delincuentes arriban con documentos falsos y haciendo uso de la violencia, rompen cerraduras y derriban puertas, sacan a quienes se encuentren en el inmueble y “toman posesión” del mismo, dejando a los propietarios en la calle. Es aquí donde comienza el largo viaje de los dueños legítimos para obtener justicia, pues la ley mexicana distingue entre las figuras de “propietarios” (los dueños de la cosa) y “poseedores” (aquellos que tienen la posesión material de la cosa), y a ambas confiere derechos.

Además, la Constitución prohíbe que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano; en cambio, garantiza que todos podrán acudir ante los tribunales para obtener lo que en derecho les corresponda. Sin embargo, en la práctica esto es más una declaración de buenas intenciones que algo que realmente se cumpla.

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial […]”.

Por otro lado, una vez que los ciudadanos, impedidos de hacerse justicia por su propia mano, acuden a presentar la denuncia correspondiente en la vía penal o a iniciar el proceso judicial en la vía civil para recuperar sus inmuebles, entran en un verdadero laberinto burocrático al que, a pesar de que sea un lugar común, no hay otra manera de definir salvo con el adjetivo de “kafkiano”: trámites oscuros, filas interminables, citas que se posponen indefinidamente, carpetas de investigación que se pierden o que nunca avanzan, y todo mientras los legítimos propietarios observan cómo otras personas hacen su vida dentro de los inmuebles que tiempo atrás ellos llamaban casa, y con la incertidumbre de no saber si la ley, al final, después de años de pelear en tribunales (con el desgaste físico, emocional y económico que eso implica), les dará la razón o los dejará en la calle.

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Esto, además de ser un problema jurídico, es un problema social que puede escalar. Como ejemplo tenemos el caso de España, en donde este tipo de despojos alcanzaron tal magnitud y la frustración de los ciudadanos creció tanto que comenzaron a surgir empresas privadas que, haciendo uso de métodos cuestionables y actuando en una zona gris del marco legal, ofrecen el servicio de recuperar los inmuebles para sus legítimos propietarios, con precios que rondan, en promedio, los tres mil euros (sesenta mil pesos mexicanos), pero que pueden dispararse si los ocupantes tienen un perfil conflictivo.

Sin embargo, combatir la ilegalidad con más ilegalidad, por atractivo que parezca, no es una solución sostenible. Un país, para desarrollarse, necesita instituciones sólidas y certeza jurídica. Fortalecer ambas debería ser una prioridad para las autoridades, pues esa es, de hecho, una de las razones fundamentales de la existencia del Estado.