Coahuila es uno de los estados más afectados por la sequía y los organismos operadores del agua son manejados con deficiencia y opacidad.

Paradójicamente son los municipios con más problemas para abastecer a la población, Saltillo y Torreón,  los que se manejan con irregularidades millonarias.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2024 ha puesto sobre la mesa una realidad preocupante en Coahuila: la gestión del agua no solo enfrenta retos técnicos y climáticos, sino también una profunda crisis de legalidad y orden administrativo.

Los resultados detallados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) revelan que, en varios municipios, el control del dinero público parece haberse evaporado con la misma facilidad que el recurso vital en periodo de canícula.

Al realizar un análisis de las Cuentas Públicas se observó a  los cinco sistemas de agua con los mayores montos de irregularidades.

En la cima de esta lista se encuentra Aguas de Saltillo, con observaciones por 64,7 millones de pesos de los cuales más de 46 millones corresponden a inconsistencias en sueldos, salarios y prestaciones.

El total de las observaciones de Aguas de Saltillo representan el 8% del presupuesto ejercido en 2024.

Le sigue el SIMAS Torreón, con 51,1 mdp en irregularidades detectadas, que es el 5%  de su presupuesto anual.  Estas irregularidades se detectaron principalmente en procesos de adjudicación y falta de documentación comprobatoria.

En tercer lugar se posiciona otro municipio de la laguna, SIMAS San Pedro con 46,3 millones. Aunque se posiciona en tercer lugar dado que se tomaron números absolutos para este análisis, este SIMAS es el que más irregularidades tuvo respecto a su presupuesto total. Es decir de lo ejercido en 2024, no pudo comprobar el uso correcto del 71%.

En cuarto lugar se coloca un municipio fronterizo de Acuña, que desde hace años ha estado en el ojo público por los bajos niveles de  agua que registra su presa. En esta ocasión, SIMAS Acuña suma 26,5 millones de pesos en irregularidades, 14% de su presupuesto anual.

En quinto lugar, se encuentra SIMAS Francisco I. Madero con 25,6 millones de pesos que representa el 62% de los recursos ejercidos en 2024.

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Este año, las fiscalizaciones cobran relevancia ante la crisis hídrica que atraviesa el estado y la indulgencia pública con que se manejan los operadores del agua.

La fiscalización no es solo un ejercicio contable, sino un mecanismo de rendición de cuentas ante una ciudadanía que padece deficiencias en el suministro. Resulta inaceptable que los organismos presenten estados financieros con desvíos que sugieren negligencia o una gestión corrupta. Ahora la pelota está en la cancha de la ASE, quien como cada año ya ha advertido que promoverá las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.  Solo queda esperar que la justicia no se filtre por las mismas grietas que el presupuesto de estos sistemas.