La lucha magisterial para denunciar las carencias en las clínicas tuvo su auge entre 2012 y 2015. Mientras los maestros marchaban, hacían plantones y exigían que los hospitales fueran dignos. Cientos de millones de pesos seguían gastando de manera opaca.

De 2014 al 2022, la Auditoría  Superior del Estado observó 949.7 millones de pesos y pese a las oportunidades para aclarar su destino, no hubo una respuesta que subsanaran los procesos de los auditores y las observaciones se convirtieron en ocho denuncias penales. Hoy, 4 siguen vigentes y en 4 más, la denominada Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado decidieron no ejercer acción penal.

De los 949.7 millones de pesos observados continúan bajo investigación 421.4 millones y 528.3 millones más sin acción penal. ¿Por qué? No se sabe. No se transparenta en el informe de seguimiento de la ASE, al corte del primer semestre del 2026.

El contraste entre la fría burocracia de los informes financieros y la angustiosa realidad médica del magisterio difícilmente podría ser más evidente. Mientras en los escritorios ministeriales y en la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) se da seguimiento a expedientes por cientos de millones de pesos, los derechohabientes enfrentan una crisis diaria en la atención sanitaria.

Si pasamos de los números al clamor de los profes, su queja más recurrente es el severo desabasto de medicamentos. No se trata solo de expedientes. En las farmacias institucionales faltan con frecuencia desde claves básicas hasta fármacos controlados y tratamientos especializados para enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el cáncer o la epilepsia.

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A esta escasez se suma la falta de médicos generales y de especialidades en las Clínicas del Magisterio de Saltillo, Torreón y Monclova. La insuficiencia de personal provoca que la asignación de una consulta médica pueda prolongarse por listas de espera de varios meses.

De forma paralela, el Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila acumula un extenso historial de denuncias penales promovidas por la ASE ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.

Así, mientras los profes siguen en salas de espera vacías, los expedientes en busca de justicia siguen en los escritorios de la Fiscalía.