Existen dos formas de interpretar la realidad: Ver sólo lo inmediato, lo aparente, lo evidente y quedarse con ello, u observar todo de forma crítica, agudizar la mirada, tratar de profundizar en lo oculto, lo recóndito y lo esencial, como pelar las capas de una cebolla hasta llegar a la verdad. Limitarse a lo visible requiere poco esfuerzo: Solo se necesita un primer vistazo sin ir más allá. En cambio escudriñar en lo que se esconde más allá de lo superficial requiere más tiempo, energía mental y esfuerzo, y el vértigo inherente a las dinámicas del periodismo, la cobertura de una noticia tras otra y en general de la vida diaria de cualquier persona, obstaculizan que, tanto público como periodistas, podamos analizar (aunque así lo quisiéramos) con el rigor necesario cada hecho noticioso. No es posible, y por eso, si así lo queremos y hacemos el esfuerzo para ello, solo podemos lograrlo con algunos acontecimientos.

Un ejemplo es el llamado “falso caso Wallace” (Guadalupe Lizárraga dixit), tema sobre el que he escrito desde 2019 tanto en Red es Poder como en otros espacios (Reversos, Los Ángeles Press) y que se ha convertido en una de mis “obsesiones periodísticas” no solo por la indignación que me causan las injusticias que se cometieron contra sus víctimas, sino también porque es importante investigar y analizar el papel que jugaron (en algunos casos, quizás aún siguen jugando) en la opinión pública, las coberturas mediáticas y en las políticas de seguridad de la época, la “sociedad civil” (término y peculiar uso del mismo que deberíamos empezar a cuestionarnos y requeriría otro análisis) que orbitó alrededor de la sanguinaria necropolítica del sexenio (2006-2012) de Felipe Calderón, y su “Super Policía”, secretario de Seguridad Pública, el actualmente presidiario en Estados Unidos, Genaro García Luna. María Elena Morera Mitré, Rosy Orozco e Isabel Miranda de Wallace fueron los personajes más notorios de esa “sociedad civil” simulada y a modo, pero no son las únicas.

Otro ejemplo donde se debe analizar lo real y lo aparente, sería el caso Cassez Vallarta, sobre el que han escrito libros José Reveles, Emmanuelle Steels y Jorge Volpi; caso tan enmarañado, lleno de atrocidades, sadismo y falsedades, como el caso Wallace y que tienen como común denominador a Isabel Miranda de Wallace, Felipe Calderón, Genaro García Luna, y policías, jueces y demás funcionarios judiciales que fueron responsables o cómplices de la fabricación de pruebas y delitos, la manipulación mediática y las brutales torturas (físicas, psicológicas y sexuales) que sufrieron sus inculpados.

Si uno se queda únicamente con lo supuesto, podría pensarse que los años 2024 y 2025 son el inicio del fin de ambos casos. Al menos eso parece si recordamos el cambio de medida cautelar de Brenda Quevedo Cruz (víctima del falso caso Wallace), a quien desde junio de 2024 se le concedió arresto domiciliario tras 18 años presa, y que sigue sin sentencia y sin poder recibir una atención médica adecuada, hasta el día de hoy. Asimismo, la presunta muerte de María Isabel Miranda Torres (popularmente conocida como Isabel Miranda de Wallace) el 8 de marzo pasado, la liberación de Juana Hilda González Lomelí (primera víctima y detenida por el caso Wallace) el 11 de junio, e Israel Vallarta Cisneros (víctima por el caso Cassez Vallarta, detenido desde diciembre de 2005), cuya liberación absolutoria el pasado 1ero de agosto se convirtió en el centro de atención, celebraciones y polémicas en la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales.

Deslumbrados por el furor, uno podría creer que esto representa el inicio de grandes cambios favorables en el Poder Judicial, el fin o el declive del infame legado criminal de García Luna y asociados, la esperanza de un nuevo y mejor sistema de impartición de justicia; una mayor conciencia y ética en medios de comunicación, influencers y periodistas, quienes, en su mayoría, durante dos décadas criminalizaron a la familia Vallarta, Florence Cassez y David Orozco sin investigar, ni cuestionar la versión oficial, y hoy lucran abundante e impúdicamente con las verdades que antes contribuyeron a negar, distorsionar y ocultar… Sin embargo, ¿realmente se respiran vientos de cambios a profundidad, o estamos ante otro “teatro del engaño”, para mantener la simulación y la impunidad transexenales que caracterizan la tortura y la fabricación de culpables en México?

Quizás la respuesta nos la de la poca o nula visibilidad que han recibido el resto de las víctimas del caso Wallace: Jacobo Tagle Dobin, Albert y Tony Castillo Cruz, Jael Malagón Uscanga, George Khoury Layón y César Freyre Morales. No solo se les menciona poco o nada en la mayoría de los medios de comunicación y redes sociales, sino que incluso algunos aún los criminalizan, a pesar de que los otros delitos que se les atribuyen (además del caso Wallace), forman también parte de la abultada madeja de fabricaciones judiciales, políticas y mediáticas de Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Marisela Morales e Isabel Miranda Torres.

Con el cinismo que la caracterizaba, y a sabiendas que ninguna autoridad, ni comunicador (empezando por quien la estaba entrevistando) la cuestionaban, la propia Miranda de Wallace lo reconoció en entrevista con Mónica Garza para el programa Historias Engarzadas (TV Azteca): “Cuando yo me entero de que había un delito que se llamaba delincuencia organizada, (…) me entero de que tenía que probar el Ministerio Público por lo menos dos secuestros… Entonces tengo que buscar la manera de poder probar otro secuestro para que pueda permanecer en el ámbito federal, porque para mí era muy importante que se quedara en la PGR”. Cuando el inicio de la fabricación del caso Wallace, Daniel Francisco Cabeza de Vaca se encontraba al frente de la entonces Procuraduría. Sin embargo, Arturo Chávez Chávez, Eduardo Medina Mora, Marisela Morales Ibañez, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes y Alejandro Gertz Manero serían sus siguientes titulares a cargo del caso, que pasaron por alto todas las irregularidades y mantuvieron en completa impunidad a Isabel Miranda hasta su muerte.

Caso César Freyre: Criminalización, torturas e invisibilización

Entre los inculpados más invisibilizados y a la vez más criminalizados del falso caso Wallace, destaca César Freyre Morales, la segunda persona detenida en esta historia. Tras las torturas, arraigo y detención que sufrió Juana Hilda González Lomelí entre enero y febrero de 2006, con el fin de autoinculparse e inculpar a los supuestos miembros de la inexistente banda, comienza la persecución del resto de los acusados empezando por Freyre, ex policía de Morelos y ex pareja de Juana Hilda. A partir de entonces y durante varios años (incluso una vez ya detenidos), todos y cada uno de los acusados fueron exhibidos como peligrosos criminales en los anuncios espectaculares de Showcase Publicidad, empresa propiedad de Isabel Miranda de Wallace y actualmente manejada por uno de sus sobrinos, Luis Alberto Miranda Mondragón. La empresa cuenta con numerosos panorámicos principalmente en Ciudad de México y Estado de México, y en menor medida, en el resto de los estados del país.

Existen versiones contradictorias sobre la detención de Freyre. Según la periodista Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press que ha dado seguimiento incansable a este caso, existen cuatro versiones, con algunas diferencias, en el expediente: Dos de César Freyre (antes de incriminarse, y después de ser obligado a incriminarse en 2010), la de Isabel Miranda Torres, y la de Roberto Miranda, hermano de Isabel Miranda. Sintetizaré las de Freyre, cuya veracidad se encuentra avalada por los resultados de peritajes que certifican sus torturas.

Sin órden judicial previa, César Freyre Morales fue detenido el 23 de enero de 2006 en la Ciudad de México, por la misma Isabel Miranda de Wallace, su hermano Roberto Miranda Torres (aunque en algunas versiones no aparece), y un grupo de individuos vestidos de civiles. Durante el primer día César es torturado con golpes y descargas eléctricas en el tórax. De acuerdo con Freyre, Isabel Miranda lo amenazaba acercándose, pidiendo que le entregara a su hijo (Hugo Alberto Wallace) y advirtiéndole que “ya tenía ubicada a toda su familia (de César Freyre) y los podía mandar a matar a todos y cada uno de ellos”. Las torturas continuaron los dos días siguientes por cuatro hombres vestidos de civil, quienes continuaron con los golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en aguas negras y asfixia con agua en boca y nariz. Luego de los tres días de torturas continuas, fue presentado oficialmente ante las autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 26 de enero de 2006, registrándose inicialmente esta fecha como la de su detención. El 28 de enero se le determinó la orden de arraigo por 45 días, plazo que fue renovado en marzo. Hasta abril de 2006, continuando bajo arraigo, se le dictó orden de aprehensión y auto de formal prisión.

Bajo el folio 4675, el 31 de enero de 2006, la madre y hermana de César Freyre, María Rosa Morales Ibarra y Julieta Freyre Morales, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuyo ombudsman era José Luis Soberanes. En la misma mencionan no solo la detención arbitraria de César Freyre, sino también la detención y agresiones contra Juana Hilda González Lomelí, así como las amenazas y cateos ilegales dirigidos por la propia Isabel Miranda, realizados a vecinos, amigos y familiares.

Además de las sesiones de tortura por parte de agentes y visitas intimidatorias por parte de Isabel Miranda, según lo narrado por César Freyre Morales a Los Ángeles Press, el entonces titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, habría amenazado a Freyre con encarcelar a su mamá y hermana si no se declaraba culpable.

El subprocurador cumplió su amenaza el 8 de febrero de 2006, bajo la fabricación del delito de extorsión. María Rosa Morales Ibarra y Julieta Freyre Morales permanecieron 90 días en prisión, en condiciones de aislamiento y bajo consigna, que mermaron la salud de ambas y particularmente la de Julieta Freyre. Tras su liberación de carácter absolutorio, y pese al espionaje, acoso y amenazas constantes de la Procuraduría y de la propia Miranda de Wallace, los años siguientes la familia continuó luchando por la libertad de César pidiendo ayuda a diferentes instancias y organizándose con los familiares de las demás víctimas de la fabricación del caso Wallace.

El 22 de octubre de 2010 Julieta Freyre Morales acudió a solicitar ayuda a la entonces senadora por el PRD, Rosario Ibarra de Piedra (activista y madre de la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra), en compañía de Enriqueta Cruz Jiménez (madre de Brenda Quevedo Cruz). Mientras Julieta narraba los maltratos a ella y a su madre en prisión y las torturas a su hermano César, comenzó a sentirse mal y cayó inconsciente. La trasladaron al Hospital de Xoco, al sur de la Ciudad de México. Los médicos determinaron que se trataba de un derrame cerebral y pese a que fue intervenida quirúrgicamente, falleció dejando dos hijas menores de edad. Antes de morir, en estado de absoluta inconsciencia, quizás reviviendo todo lo ocurrido, no dejó de decir entre delirios: “Soy inocente, soy inocente, por favor, soy inocente”. Meses después, el 15 de diciembre de 2010, Isabel Miranda de Wallace recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 de la mano de Felipe Calderón y Raúl Plascencia Villanueva, entonces titular de la CNDH. Tan solo con unos días de diferencia ocurrió no solo la captura de Jacobo Tagle Dobin, sino también sus brutales sesiones de tortura, algunas de las cuales estuvo presente Isabel Miranda de Wallace. Los resultados en Positivo en tortura, del Protocolo de Estambul (peritajes que se realizan para comprobar tortura) de Jacobo Tagle Dobin, respaldan también las torturas que ha padecido Tagle Dobin.

También en octubre de 2010 ocurrieron las peores torturas contra César Freyre, concretamente el 2 y el 22 de octubre (la misma fecha en que murió su hermana). Lo sacaron a medianoche, lo subieron a un helicóptero (sin logos, ni emblemas oficiales pero con policías entrenados en tortura), le pusieron una grabación con la voz de Isabel Miranda de Wallace profiriendo amenazas. Atado de pies y manos, posteriormente fue colgado del estribo poniéndolo de cabeza mientras el piloto hacía maniobras en el aire. En otras tres ocasiones, cuya fecha exacta no recuerda Freyre, fue subido al helicóptero de nuevo pero ahora para trasladarlo a “una explanada”, donde se le torturó con toques eléctricos, la introducción de un líquido irritante en las fosas nasales y una mascarilla con gases que lo desmayaban. En una ocasión, terminó en estado de coma.

La propia Isabel Miranda de Wallace entró a intimidarlo al menos diez veces. En estas sesiones para presionarlo a declararse culpable e inculpar a los demás acusados, lo insultaba, lo abofeteaba, le mostraba fotografías de sus familiares cercanos con sus domicilios y números telefónicos, y le enseñaba imágenes de cuerpos mutilados amenazandolo que “así quedarían”. Tras las torturas de octubre de 2010, Freyre aceptó inculparse por primera vez.

Finalmente el 26 de septiembre de 2016 fue obligado a escribir una carta incriminándose por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, e inculpando a los demás acusados, por segunda ocasión. El mismo día fue citado a careo ante un juez, donde tuvo que repetir verbalmente la versión que le obligaron a escribir en la carta. En tanto, su madre se encontraba en su casa sometida y vejada por agentes armados, y se la comunicaron vía telefónica antes de la audiencia. Cedió a lo que le pedían tras amenazarlo de que si se negaba, la asesinarían en ese momento.

En febrero de 2019, la mamá de César, María Rosa Morales Ibarra, sufrió nuevamente amenazas, esta vez vía telefónica, luego de que su hijo revelara para Los Ángeles Press la participación de Isabel Miranda en las torturas, durante la gestión de Renato Sales Heredia, como Comisionado Nacional de Seguridad. El 10 de julio de 2021 la señora María Rosa Morales, a causa de un infarto cerebral y neumonía, sin poder ver la libertad, ni el reconocimiento de la inocencia de su hijo, por el que tanto luchó. A César Freyre le fue negado cualquier permiso para acudir a despedir a su madre.

Por otro lado, durante los veinte años que se ha prolongado el caso, la mayoría de los periodistas y medios de comunicación no solo guardaron silencio absoluto sobre las irregularidades, falsedades, torturas y amenazas contra las víctimas del caso Wallace y sus familias, sino que incluso exaltaban la figura de Isabel Miranda como una madre ejemplar, y una activista valiente y con credibilidad. Esto último a pesar de que, al menos desde hace poco más de una década, ya era secreto a voces entre el gremio periodístico la verdad detrás del caso. Fue hasta 2019 que los medios comenzaron a abordar el tema, a pesar de que las familias acudieron, desde los primeros años del caso (2006), a medios como Aristegui y TV Azteca, sin que les diera derecho de réplica.

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La invisibilización y criminalización de César Freyre sigue hasta la fecha, y con ello, el aumento de su vulnerabilidad. En días recientes, la periodista Guadalupe Lizárraga fue acosada e intimidada por mensajes privados, en un intento de que revelara las fuentes de su publicación sobre presuntos vínculos con crimen organizado, por parte del director del Cefereso #1, Luis Fernando Mendoza Castellanos. Ante ello, la periodista hizo esto del conocimiento público en sus redes sociales, y responsabilizó de cualquier daño a César Freyre y a su familia, a Mendoza Castellanos, ya que Freyre se encuentra en dicho penal. El comunicador Ricardo Raphael se apresuró a publicar una carta que presuntamente habría enviado Freyre, desmintiendo la información. Sin embargo, el periodista olvidó u omite la posibilidad de que Freyre fuera obligado a redactar o firmar dicho escrito, ya que no sería la primera vez que Freyre es obligado a escribir algo contra su voluntad, en especial si recordamos el historial de torturas y agresiones que ha vivido en el caso Wallace. Al cierre de esta nota, se desconoce si Freyre y su familia se encuentran realmente fuera de peligro, por este incidente en particular. Necesario seguir pendientes de esta historia.

*Nota: Las narraciones sobre las torturas contra Freyre se basan en declaraciones del propio Freyre asentadas en el expediente, así como en cartas y declaraciones de Freyre y su familia, reveladas a la periodista Guadalupe Lizárraga de Los Ángeles Press. La veracidad de gran parte de estos hechos también se encuentra respaldada por peritajes que certifican los abusos y agravios ocurridos. Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras también dan cuenta de ello.