Lo que se vivió en las calles de Saltillo este 8 de marzo no fue sólo una protesta, fue el resultado de una transformación generacional que ha pasado de pequeños grupos en las plazas hace veinte años a una marea de 10 mil mujeres que este 2026 inundaron las avenidas principales. Sin embargo, detrás del color y las consignas, persiste una realidad reprochable: un sistema de justicia que prefiere la provocación a la protección.

Este año no hubo gases contra los manifestantes, como lo hubo el año pasado en el Congreso de Coahuila, pero sí hubo provocación. Las autoridades tomaron la decisión de, bajo el lema de protección, enviar un grupo de mujeres policías a la marcha en una escena que llevó un mensaje de confrontación.

Y no se puede negar que hubo enojo y rabia, pero en un acto admirable quienes acudieron a marchar decidieron no rebajarse al nivel de la violencia física.

Pero vámonos por partes, porque,  a pesar de la intromisión policial y a pesar de la existencia de distintos frentes, algunos abiertos a la diversidad trans y otros que se definen exclusivamente por la biología, la calle unificó el mensaje: una vida libre de violencia.

Es un reclamo que nace de la urgencia, pues las cifras oficiales son un golpe a la dignidad: en la última década se han registrado 184 denuncias por feminicidio, pero sólo se han dictado 75 sentencias. Es decir, menos de la mitad de las vidas arrebatadas han encontrado un cierre legal.

El caso de Serymar Soto es el emblema de esta violencia burocrática. Su hermana Sandra lleva 9 años en la lucha, y aunque existe una sentencia, esta no es firme y la reparación del daño sigue siendo una promesa.

Esta justicia a medias es parte de los motivos que obliga a las mujeres a marchar, a gritar que en Coahuila se criminaliza a la madre que protege, denunciando un sistema que permite a los agresores convertir los procesos legales en un calvario para las víctimas y sus hijos.

Pero lo más grave de esta jornada fue la respuesta institucional. Como comentaba al principio de esta columna, el año pasado se vulneró a las mujeres lanzando gas desde el Palacio Legislativo,  y este año, la acción que ha quedado en la memoria colectiva fue la provocación. El gobierno utilizó a la Agrupación Violeta para dividir la marcha y crear una valla que muchas asistentes sintieron como un acto de segregación y exposición innecesaria.

Enviar a mujeres policías a confrontar a manifestantes es una táctica irracional  que las expone directamente. Expusieron a las asistentes a la marcha y a las mismas policías las expusieron al repudio y conflicto físico. ¿Cómo se iban a negar si estaban en una jornada laboral?, ¿qué implicaciones les traería si se negaban?

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Afortunadamente, la empatía y conciencia de las mujeres que acudieron a marchar evitó caer en la trampa de una confrontación.

La marcha del 8M dejó claro que, aunque las autoridades intenten levantar muros humanos con uniformes, el clamor por la justicia ya es imparable en Coahuila. Y cuando la gente decide alzar la voz, no hay quién los detenga.