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Recientemente, una publicación en un grupo de Facebook encendió las alarmas en Torreón: se ofrecía un “departamento amueblado en renta en Av. Morelos, Centro de Torreón”, con un costo de $18,500 pesos mensuales, más dos depósitos de garantía. El anuncio, que describía un espacio con apenas dos recámaras y un baño, provocó indignación entre los internautas. No es para menos: el salario promedio en la ciudad ronda los $14,505 pesos mensuales, de acuerdo con el INEGI.
Para dimensionar este fenómeno, se analizaron 90 inmuebles en renta ubicados en el centro de Torreón, según datos públicos del sitio propiedades.com.
El resultado: el promedio de renta mensual asciende a $13,914 pesos, prácticamente el mismo monto que percibe el trabajador promedio. Esto significa que una persona asalariada tendría que destinar casi todo su ingreso para pagar vivienda, lo cual resulta económicamente inviable.
Los inmuebles que cuestan menos de $7,000 pesos mensuales apenas alcanzan 67 m² de superficie, y en muchos casos, son viviendas de una sola habitación con condiciones precarias. Este panorama revela una distorsión entre los precios de mercado y las capacidades reales de pago de la población trabajadora.
Aquí está la tabla que armó el equipo editorial de Red es Poder con la información de los inmuebles mencionados:
El estudio “Vista de Situación de la vivienda: abandono, acciones y consecuencias en Torreón, Coahuila” advierte sobre el otro extremo del problema: miles de viviendas vacías o abandonadas en zonas como Villas Zaragoza, Sol de Oriente o Las Torres.
La paradoja es evidente: mientras los precios en zonas céntricas suben, miles de casas permanecen inhabitables. Esta desconexión entre oferta y demanda crea una burbuja inmobiliaria, alimentada tanto por la especulación como por la falta de políticas públicas de control y planeación urbana.
El abandono habitacional no sólo degrada el entorno urbano; también aumenta la inseguridad, fragmenta el tejido social y desalienta la inversión y el turismo. Las colonias con altos índices de casas deshabitadas se convierten en focos de vandalismo y deterioro físico, mientras los desarrollos nuevos privilegian la rentabilidad por encima del bienestar comunitario.
En México, la vivienda es un derecho constitucional (Artículo 4° de la Constitución Federal), pero en la práctica, el mercado se ha desbocado ante la falta de regulación efectiva.
A nivel nacional, las principales normas aplicables son:
La Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza es clara: el Estado y los municipios tienen la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna y decorosa, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad (Artículos 1, 2 y 4).
Además, el Artículo 12 establece que la política estatal debe promover la construcción de vivienda popular, equilibrar la distribución territorial y fomentar costos accesibles. Por su parte, el Artículo 10 impone a los municipios la obligación de vigilar el ordenamiento urbano, controlar el uso del suelo y fomentar la vivienda de interés social, evitando la especulación y la exclusión.
No obstante, en la práctica, los ayuntamientos carecen de mecanismos de control sobre las rentas. No existen registros públicos actualizados ni límites sobre los aumentos, lo que deja el precio del metro cuadrado a merced de la especulación privada.
El incremento desproporcionado de las rentas no solo impacta el bolsillo de los ciudadanos; transforma la estructura social y económica de la ciudad:
El caso del departamento de $18,500 pesos no es una excepción, sino un síntoma. Torreón enfrenta una crisis de vivienda de mercado, donde el metro cuadrado se cotiza más alto que la dignidad de sus habitantes.
El marco legal, tanto federal como estatal, reconoce la vivienda como un derecho humano, no como un lujo. Sin embargo, la falta de supervisión, la especulación inmobiliaria y la débil intervención municipal están creando un entorno urbano excluyente, insostenible y socialmente fracturado.
La solución no pasa sólo por construir más —sino por regular mejor, promover vivienda accesible, reutilizar espacios abandonados y cumplir con el principio legal fundamental:
toda persona tiene derecho a habitar una vivienda digna, segura y asequible.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
