Una mujer identificada como Esthela "N" fue vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria en un juzgado de distrito en Coahuila, hecho que significó el primer caso documentado del estado y el segundo a nivel nacional.

Vinculan a proceso por violencia vicaria

Tras una audiencia que se prolongó por más de seis horas, un juez de control resolvió que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Esthela “N” por el delito de violencia vicaria, además de violencia familiar en sus modalidades física y psicológica. Como parte de la resolución, el juzgador otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes continuarán aportando pruebas dentro del proceso penal.

Durante el juicio, la parte acusatoria sostuvo que Esthela ejerció conductas violentas de manera directa contra sus hijos, así como violencia vicaria en perjuicio de ellos y de su entonces pareja, Johnny, quien es el padre de los menores y quien presentó la denuncia ante las autoridades. De acuerdo con su testimonio, las acciones atribuidas a la imputada buscaban causar daño emocional a través de los hijos.

Johnny informó que el juez impuso medidas cautelares para protegerlo, las cuales impiden que Esthela se le acerque o lo moleste. Sin embargo, enfatizó que la prioridad es que dichas medidas también se extiendan a los menores. “Las principales víctimas son mis hijos, ellos también necesitan ser protegidos y seguiremos luchando para que así sea”, declaró.

Esthela “N” se encontraba bajo arresto domiciliario en la ciudad de Colima, pero esta medida cautelar fue retirada tras la audiencia. A partir de ahora, deberá presentarse de manera periódica a firmar ante un juzgado, como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

El padre de los menores subrayó el carácter relevante del caso al señalar que se trata del segundo proceso a nivel nacional en el que una mujer es vinculada por violencia vicaria, así como el segundo registrado en el estado. No obstante, aclaró que los niños aún no han sido separados de su presunta agresora, situación que quedará en manos de las instancias correspondientes.

Por su parte, la defensa legal de Esthela “N” manifestó su inconformidad con la determinación del juez y confirmó que promoverán los recursos legales necesarios para impugnar la vinculación a proceso. A pesar del proceso penal en curso, actualmente la imputada conserva la guardia y custodia de sus hijos por disposición de un juez familiar.

Colectivas condenan uso punitivo de violencia vicaria

Colectivas feministas y organizaciones civiles de diversas regiones del país difundieron un pronunciamiento conjunto para manifestar su preocupación y rechazo ante la vinculación a proceso de Esthela “N” en Coahuila por el delito de violencia vicaria. A su consideración, el caso evidencia una aplicación descontextualizada y punitiva de una figura jurídica que fue creada para proteger a las mujeres víctimas de violencia. El posicionamiento fue dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el documento, las firmantes señalaron que el proceso no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un escenario nacional caracterizado por desigualdades estructurales, prácticas de criminalización selectiva y una impartición de justicia carente de una visión integral. Recordaron que la violencia vicaria ha sido reconocida, incluso por la propia Suprema Corte, como una expresión extrema de violencia que suele ejercerse contra las mujeres para causarles daño a través de sus hijas e hijos, generalmente en contextos de violencia previa.

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No obstante, advirtieron que aplicar esta figura sin un análisis profundo, sin perspectiva de género y sin enfoque de derechos humanos distorsiona su propósito original y puede significar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. En ese sentido, reprobaron cualquier intento de equiparar conductas sin un estudio serio del contexto, al considerar que ello vulnera el debido proceso y fomenta la estigmatización.

Las organizaciones subrayaron que nombrar la violencia sin comprender sus raíces y asimetrías de poder constituye una forma de violencia institucional. Por ello, llamaron a autoridades judiciales, ministeriales y legislativas a revisar el caso con rigor, responsabilidad y sensibilidad social. Finalmente, exhortaron a la sociedad a mantenerse informada y no ser indiferente, al advertir que este caso podría sentar un precedente con efectos para muchas otras mujeres.