La Unidad de Derechos Humanos es una dependencia municipal que fue creada durante la administración de Román Alberto Cepeda para proteger las garantías de la ciudadanía que pudiera sufrir algún tipo de abuso de autoridad o agresión por parte de empleados y empleadas municipales.

Unidad de Derechos Humanos funciona con irregularidades

Esta mañana de miércoles 10 de octubre, el diputado local por Morena, Antonio Attolini Murra, calificó a la Unidad de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Torreón como "ilegal e inmoral", ya que constataron que, por estatuto, formas y reglamentaciones, la Unidad no funciona de manera correcta ni con autonomía e independencia.

"Román Alberto Cepeda ha cometido no solo una ilegalidad, sino una inmoralidad al ver a los ojos a los ciudadanos de Torreón y decirles que su queja ha sido atendida y resuelta conforme a derecho, cuando no es cierto", comentó Attolini Murra.

A través de un comunicado, el legislador local expuso que la Unidad de Derechos Humanos, encabezada por el ex visitador de la Comisión Estatal, Miguel Urrutia, no trabaja de manera autónoma.

"A pesar de que el reglamento de la Unidad establece que debe operar de manera autónoma e independiente, en la práctica depende directamente del Ayuntamiento, específicamente de la Secretaría del mismo.", dice el comunicado.

Por encima de Miguel Urrutia, quien vigila el trabajo de la Unidad de Derechos Humanos de Torreón es la secretaria del ayuntamiento Natalia Fernández, quien también recibió un llamado por parte de Antonio Attolini.

"En este diferendo entre el municipio y el estado, lo verdaderamente importante es la defensa de los derechos humanos que en Torreón tiene graves pendientes", afirmó el diputado.

Entre la lista de sucesos que habrían vulnerado los derechos humanos de las y los torreonenses y que no fueron resueltos por el Ayuntamiento de Torreón, ni por Román Alberto Cepeda, ni por la secretaria Natalia Fernández están la tragedia del Territorio Santos Modelo, las agresiones contra colectivas feministas durante la marcha del 8M, entre otros.

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"Si no atiende las múltiples violaciones a derechos humanos que suceden en Torreón y se separa de su cargo para permitir que la transición realmente investigue y no se entierre en un pacto de impunidad, tendremos que solicitar el juicio político en el Congreso para obligarlo a separarse y permitir la honesta y profunda investigación de estos otros pendientes", finalizó Attolini Murra.