La sentencia 543, emitida gracias al juicio de amparo promovido por las organizaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista del Campo Lagunero, sigue firme y continuará protegiendo al acuífero principal de La Laguna y obligando a dependencias federales a tomar medidas firmes para garantizar su recuperación.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito del Poder Judicial desechó la ponencia del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes que buscaba revocar los efectos del amparo 543/2022, que protege al acuífero lagunero a través de la suspensión provisional de la ampliación de concesiones de agua y obliga a Conagua y Semarnat a tomar medidas para recuperar la salud del agua subterránea regional.

Sentencia 543 seguirá firme; magistradas rechazan a concesionarios

Poco después de las 11 de la mañana, la magistrada María Isabel Cobos Lerma y la magistrada presidenta, María Guadalupe Carranza Galindo, votaron en contra del proyecto presentado por el magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes, al considerar inviable, jurídicamente, que un tribunal tenga la capacidad de revertir una sentencia emitida por la Suprema Corte.

"En el caso concreto, este tribunal se encuentra impedido de resolver sobre el fondo del citado recurso porque es improcedente", dijo la magistrada María Isabel Cobos Lerma, por lo que votó en contra del proyecto del secretario en funciones de magistrado, Raúl Enrique Romero Bulnes.

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Para la magistrada Cobos Lerma, el tribunal que ella representa no tiene la facultad de contravenir una resolución de la Suprema Corte de Justicia, ya que ésta es la máxima autoridad judicial del país y se pondría en duda su legitimidad como máxima garante de certezas jurídicas para las y los mexicanos.

En el mismo sentido, la magistrada presidenta, María Guadalupe Carranza, también votó en contra del proyecto impulsado por Romero Bulnes, al considerar improcedente la justificación presentada para promover un recurso de revisión extraordinario, tal como lo plantearon los 29 concesionarios del agua subterránea que no están de acuerdo con las medidas de protección dotadas al acuífero lagunero por la sentencia de la Suprema Corte.

"Con la sentencia de amparo no se están afectando derechos particulares", dijo la magistrada presidenta, María Guadalupe Carranza.

Durante la explicación, Carranza Galindo enfatizó y recordó sobre el problema que padece la región lagunera por la sobreexplotación del acuífero, consideró procedente que una sentencia proteja a un bien natural por el descuido de las autoridades y aclaró que las medidas tomadas a partir de la sentencia 543/2022 no vulneran ni daños los derechos individuales de los propietarios de títulos de concesión, es decir, de los empresarios agroindustriales de La Laguna.

Finalmente, el magistrado ponente, Raúl Enrique Romero Bulnes, insistió en que el proyecto lo único que busca es dar voz a las personas que resultaron afectadas por el amparo, es decir, los concesionarios.

Para Romero Bulnes los quejosos resultaron afectados por la suspensión de ampliación de concesiones de agua, por lo que él creyó procedente la posibilidad de aprobar un recurso de revisión para que ellos formaran parte del proceso.

Buscarán sanciones contra magistrado

Las organizaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero emitieron un comunicado para celebrar la decisión del Primer Tribunal Colegiado, agradeciendo, principalmente, a las magistradas María Guadalupe Carranza Galindo y Magda María Isabel Cobos Lerma.

"Reconocemos el profesionalismo, la independencia y la resolución conforme a derecho de las magistradas María Guadalupe Carranza Galindo y Magda María Isabel Cobos Lerma, cuya decisión permite preservar una sentencia orientada a proteger el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano en la Comarca Lagunera."

Por otro lado, las organizaciones lamentaron la actuación del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes y anunciaron que buscarán tomar medidas legales.

"En consecuencia, acudiremos a los procedimientos de responsabilidad administrativa ante los órganos del Tribunal de Disciplina Judicial, a fin de que se evalúe la actuación del magistrado Raúl Enrique Romero Bulnes conforme al marco institucional aplicable", advirtieron.