Dos jueces federales, uno de la Ciudad de México y otro de Guanajuato, aceptaron dos amparos contra la Ley de Seguridad Interior por considerarla inconstitucional.
Fernando Silva, Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, consideró que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de seguridad interior implicaría introducir un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual ha sido creado.
Por otra parte, el Juez Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó el amparo a una organización de los derechos humanos porque afirmó que algunos artículos de la misma violan a los mismos derechos humanos, pudiendo afectar de esa manera a toda la sociedad en su conjunto.
La Ley de Seguridad Interior fue promulgada por el presidente, Enrique Peña Nieto, el 21 de diciembre de 2017. Las peticiones de colectivos como #SeguridadSinGuerra y la presentación de decenas de amparos ante la Suprema Corte por parte de organizaciones, activistas, políticos, periodistas y académicos, no fueron suficientes elementos para lograr la revocación de la ley que actualmente ya está en vigor.
