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El paro del Poder Judicial provocó, naturalmente, que se suspendieran, hasta nuevo aviso, juicios y audiencias de alto perfil.
La Fiscalía General de la República tenía pactada para el miércoles 28 de agosto la audiencia inicial de Alejandro Irarragorri, llamado a comparecer por el presunto delito de defraudación fiscal.
La audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República llamó a declarar a Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi, por el presunto delito de evasión fiscal, en primera instancia por 17 millones 069 mil 865 pesos fue suspendida hasta nuevo aviso.
La audiencia estaba programada para el miércoles 28 de agosto a las 10 de la mañana sin embargo, al no ser catalogado el caso como "urgente", porque no ponía en riesgo al libertad o los derechos del imputado, ésta fue pospuesta.
Por el momento, la presunta defraudación fiscal de la que es acusado Irarragorri Gutiérrez no ha ameritado prisión preventiva oficiosa, por lo que el pleito que mantiene el propietario del Club Santos Laguna contra las autoridades fiscales, hasta el momento, se llevará a cabo sin tener que pisar un centro de reclusión.
De acuerdo con las y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Santos Laguna creó un esquema en el que evadió el pago de ISR a través del pago de salarios "sobre riesgos". Esto, en otras palabras, implicó que la directiva inscribiera a jugadores y miembros del cuerpo técnico al contrato colectivo de un sindicato para deducir el ISR sobre los salarios.
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En la última audiencia, llevada a cabo el 14 de agosto, 7 días antes del paro de labores del Poder Judicial, la magistrada Zulema Mosri puso a consideración del pleno un proyecto de sentencia en el que declaró fundadas 5 de 6 acusaciones que la Fiscalía había impuesto en contra del Club Santos.
Además del adeudo de los 16 millones de pesos, Irarragorri y su empresa también buscará probar su inocencia por haber deducido una parte de la transferencia de un jugador, el impuesto generado por el pago de sanciones disciplinarias de la liga, el adeudo al Impuesto Sobre la Renta, deducciones por el pago de proveedores, entre otras.
El paro del Poder Judicial inició el pasado 21 de agosto ante la inminente aprobación de la reforma que, entre otras modificaciones, determinaría la elección de ministros, jueces y magistrados a través del voto popular.
El descontento por parte de las y los trabajadores del poder judicial también fue manifestado porque se estarían reduciendo beneficios y prestaciones laborales y, de cara a la primera elección, todas las plazas podrían cambiar de protagonistas.
Por otro lado, el paro del poder judicial, como daño colateral, provocó que casos y juicios emblemáticos se vieran entorpecidos, tales como la audiencia de Alejandro Irarragorri o el mismo juicio en el que está involucrado Orlegi por la disputa de 2.44 hectáreas de terreno en las que actualmente está construida parte de la tribuna del Territorio Santos Modelo.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
