Con la firma y respaldo de decenas de ciudadanos mexicanos que radican en Estados Unidos, este viernes 22 de febrero la periodista independiente y fundadora del portal Los Ángeles Press, Guadalupe Lizárraga, inició una petición en Change.org titulada “¿Cuántas pruebas más necesita México para actuar contra Isabel Miranda de Wallace?”, para pedir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador actué ante las presuntas irregularidades del caso y conceda libertad a los detenidos, que de acuerdo a Lizárraga, han sido víctimas de tortura y fabricación de culpables.

El caso Wallace comenzó el 11 de julio de 2005 en la Ciudad de México, con el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la empresaria María Isabel Miranda de Wallace. Miranda de Wallace emprendió una campaña mediática y judicial para capturar a los supuestos responsables, acción que le atrajo la atención de los grandes medios de comunicación y el reconocimiento de las autoridades. Sin embargo, desde 2014 investigaciones periodísticas independientes como la de Lizárraga han señalado el caso como un completo montaje basado en confesiones bajo tortura y pruebas fabricadas, con la participación y complicidad de funcionarios públicos.

La petición de Lizárraga, que hasta el momento supera las 500 firmas, no es la primera vez que el caso trasciende allende las fronteras.

En septiembre de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, colectivos de activistas mexicanos de Nueva York y California emprendieron en redes sociales una campaña internacional de repudio contra Isabel Miranda de Wallace, por la presunta fabricación del caso, a la que titularon #RepudioalaWallace, que derivó en actos de protesta en Times Square, Manhattan.

La indignación también alcanzó entonces a algunos políticos estadounidenses. Stephen Durham (Freedom Socialist Party), Daniel Villa (Partido Verde de EEUU) y el entonces alcalde de Tucúmcari en Nuevo México, Robert Lumpkin, se unieron a la campaña contra Isabel Miranda y se solidarizaron también con el caso de la comandanta de la policía comunitaria y hoy senadora por Morena, Nestora Salgado; caso que mantuvo presa a Salgado durante casi tres años por acusaciones de secuestro, y en el que Wallace participo activamente como asesora de las supuestas víctimas.

En mayo de 2016, el caso cruzó el océano hasta Madrid, donde Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz detenida por este caso, presentó el expediente de su hija ante una comisión de Amnistía Internacional España. Acompañada por Nestora Salgado, Guadalupe Lizárraga y el activista Alberto Lerner, comentó que su hija había sido víctima de tortura con violencia sexual en dos ocasiones.}

En noviembre de 2016, las protestas del político Stephen Durham y de los activistas en Nueva York, volvieron a arreciar luego de que la periodista fuera acosada por supuestos agentes ministeriales, dentro de la Universidad Autónoma de Baja California (México) el viernes 11 de noviembre de 2016, tras su participación en un evento sobre derechos humanos.

Asimismo, se han presentado denuncias argumentando la fabricación del caso. El 3 de septiembre de 2014, familiares de los detenidos denunciaron a Isabel Miranda y a funcionarios, ante la Procuraduría General de la República (PGR) entonces presidida por Jesús Murillo Karam. Sin embargo, la denuncia fue ignorada tanto en la administración de Murillo Karam, como en las de Arely Gómez y Raúl Cervantes, respectivamente.

De igual modo, el 10 de diciembre del año pasado familiares del caso Wallace, el caso Martí y el caso Israel Vallarta, acompañados por el padre Alejandro Solalinde y los periodistas José Reveles y la propia Lizárraga, se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, donde fueron atendidos por la titular de la dependencia y el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas.

Por último, la periodista Guadalupe Lizárraga, quien el año pasado publicó su libro El falso caso Wallace, interpuso una denuncia formal el 11 de diciembre de 2018 ante el entonces procurador y hoy fiscal, Alejandro Gertz Manero, quien ordenó abrir un expediente al respecto.

Sin embargo, tanto los principales medios de comunicación masiva en México como autoridades, mantienen silencio sobre el tema, hasta el día de hoy.

Con información de Los Ángeles Press.