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El diputado local de Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra, presentó formalmente dos solicitudes de juicio político contra Román Alberto Cepeda, presidente municipal de Torreón y Manuel Ramírez Briones, auditor superior del estado, por presuntas omisiones y hechos de corrupción.
Antonio Attolini sostuvo en la denuncia que el alcalde Román Cepeda ha incurrido en una serie de conductas que, a su juicio, vulneran el marco legal y afectan tanto al municipio como a sus habitantes. Entre los señalamientos menciona violaciones a garantías individuales y sociales, usurpación de atribuciones, incumplimientos constitucionales, transgresiones a leyes en distintos ámbitos y omisiones que, según el legislador, han derivado en perjuicios directos a la administración pública y a la comunidad.
En el recuento de hechos, el diputado cita varios episodios para sustentar sus acusaciones. Entre ellos, el presunto ocultamiento de información y deficiencias en los protocolos de seguridad durante el accidente registrado el 21 de enero de 2024 en el Estadio Territorio Santos Modelo, donde una mujer perdió la vida y varios aficionados resultaron heridos. También alude al incremento de feminicidios en la ciudad durante 2024, el homicidio de un residente del ejido Mieleras a manos de un integrante del Grupo de Reacción Torreón, detenciones arbitrarias y una serie de actos que, afirma, constituyen violaciones sistemáticas a derechos humanos. A esto suma posibles afectaciones al erario por irregularidades identificadas por la Auditoría Superior del Estado.
El diputado local advirtió que la posible comisión de delitos como abuso de funciones, alteración u ocultamiento de información oficial y desacato a autoridades fiscalizadoras.
La segunda denuncia presentada por el diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, está dirigida al Auditor Superior del Estado, Manuel Ramírez Briones, a quien atribuye omisiones relevantes y un manejo cuestionable de la información derivada de procesos de fiscalización. El legislador sostiene que el funcionario incurrió en prácticas que podrían configurar abuso de funciones y encubrimiento, particularmente en la administración de expedientes relacionados con revisiones de ejercicios pasados.
El punto central de la acusación se enfoca en 75 expedientes administrativos vinculados con irregularidades detectadas en 2017 y 2018. Attolini señala que, aunque el Auditor presentó denuncias penales por esos casos, decidió archivar los expedientes administrativos que documentaban faltas consideradas graves, sin remitirlos al Tribunal de Justicia Administrativa, como establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para el diputado, esta decisión representa una omisión que podría ser negligente o intencional.
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Además, Attolini presentó datos recientes sobre las cuentas públicas de 2022 y 2023, donde identifica un patrón de decisiones discrecionales dentro de la Auditoría Superior. En 2022, Torreón habría concentrado el monto más elevado de irregularidades denunciadas, con casi 168 millones de pesos; mientras que municipios como Múzquiz reportaron cifras mucho menores, alrededor de 23 millones. En 2023, la única denuncia penal interpuesta por la Auditoría también recayó sobre Torreón, por casi 128 millones de pesos.
En conjunto, las denuncias penales acumuladas contra Torreón ascienden a casi 296 millones de pesos. Pese a ello, el Auditor inició un procedimiento administrativo grave contra una exalcaldesa de Múzquiz.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
