La realización del evento Jimulcazo, el pasado fin de semana en la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, desató críticas y exigencias de explicación ante un posible impacto ambiental. Durante el recorrido, participantes ingresaron con vehículos todo terreno tipo "racers" al área natural protegida, lo que podría generar afectaciones en su entorno, además de que por normativa estarían prohibidas este tipo de actividades.

Denuncian actividades ilegales dentro del Jimulcazo

El biólogo y ambientalista Miguel Garza señaló en sus redes sociales que como parte del evento se efectuaron recorridos dentro de la reserva con unidades motorizadas, alterando la flora y fauna del sitio. Sus declaraciones avivaron el debate público sobre el respeto a las disposiciones ambientales en zonas de conservación.

En grabaciones difundidas en plataformas digitales se observa a varios conductores de vehículos tipo “racers” desplazándose incluso sobre el cauce del río. Esta práctica está restringida debido a los daños que puede ocasionar tanto por el ruido como por la compactación del suelo y la perturbación directa a especies que habitan en el ecosistema.

Hasta ahora, la Dirección de Medio Ambiente de Torreón, encabezada por el ingeniero Marcelo Sánchez y la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, cuya titular es Susana Estens, no han fijado una postura oficial respecto a lo ocurrido. Tampoco se ha precisado si la Fundacion Jimulco A.C., encargada de la administración del área, otorgó autorización para el desarrollo de dichas actividades.

Según el ambientalista Miguel Garza, el Plan de Manejo vigente establece en su Regla 19 que cualquier prestador de servicios turísticos debe tramitar previamente un permiso ante la autoridad competente y respetar límites de velocidad y zonas autorizadas. Además, la Regla 33 prohíbe expresamente generar ruidos o realizar actos que alteren el equilibrio del suelo, el agua, la flora o la fauna.

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"Producir injustificadamente ruidos o emisiones en intensidad y circunstancias susceptibles de
perturbar la tranquilidad de otros usuarios o de la fauna silvestre", indica la fracción tercera de la regla.

Ante la controversia, ambientalistas y ciudadanos esperan que las instancias correspondientes aclaren si existió autorización formal y, en caso contrario, determinen las sanciones que procedan conforme a la normativa aplicable.