La mañana de este viernes, el director general de Grupo Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey en un operativo que ha sido calificado por su entorno como arbitrario y desproporcionado. La aprehensión ocurrió alrededor de las 10:00 horas y fue realizada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, sin que hasta el momento se haya emitido una versión oficial que explique con claridad los motivos del procedimiento.

De acuerdo con la información disponible, la detención se habría sustentado en el argumento de una presunta inasistencia a una notificación del Ministerio Público. No obstante, abogados consultados por Vanguardia señalaron que este tipo de acciones suelen formar parte de prácticas recurrentes en algunas fiscalías, donde se construyen supuestos escenarios de “rebeldía” para justificar arrestos que, aseguran, se apartan de los principios de legalidad y debido proceso.

La disputa legal de Humberto Moreira contra Vanguardia

El caso resulta aún más llamativo debido a que el operativo se ejecutó en Monterrey, pese a que Castilla Galindo tiene su residencia en Saltillo. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre una posible vigilancia previa y el seguimiento de sus movimientos, lo que incrementa las dudas sobre la proporcionalidad y necesidad de la intervención.

La detención se produce en un contexto marcado por una larga confrontación legal entre Grupo Vanguardia y el ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdés. Desde 2008, el diario Vanguardia de Saltillo mantiene abierta una defensa jurídica en un juicio mercantil en el que, según el propio medio, Moreira estaría directamente involucrado. Aunque no se ha confirmado si la aprehensión de Castilla Galindo guarda relación directa con ese proceso, dentro del medio consideran que los hechos no pueden analizarse de manera aislada.

En una crónica publicada por Vanguardia, se señala que el acoso judicial se ha intensificado en los últimos meses, con la emisión de órdenes de embargo y resoluciones que califican como infundadas. Organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios han expresado su preocupación por las irregularidades denunciadas, al considerar que se trata de un patrón de presión derivado de la cobertura periodística realizada en el pasado sobre Humberto Moreira.

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El 10 de diciembre de 2024, Vanguardia difundió un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la entonces presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y al ex presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en el que denunció que el Poder Judicial de Coahuila opera, presuntamente, bajo consigna para silenciar a medios críticos. En ese documento, el diario acusó la existencia de intimidaciones y medidas coercitivas dentro de un juicio mercantil promovido por Moreira, cuyo objetivo, según el medio, sería despojarlo de sus inmuebles, incluida la sede del periódico.

Aunque no se ha establecido oficialmente la causa de la detención, para Grupo Vanguardia el episodio forma parte de una estrategia más amplia que involucra al poder judicial local, a diversas autoridades y al propio ex mandatario, con el propósito de vulnerar la libertad de expresión y debilitar al medio.