"Desde hoy y para siempre, las puertas de nuestra casa estarán abiertas". Con esta declaración, Pedro Gutiérrez Farías, alias Papi, sacerdote acusado de pederastia, reabrió el albergue Ciudad de los Niños, cerrado por denuncias de acoso sexual, tráfico de menores y adopciones ilegales de al menos 170 niños registrados a su nombre y el de una monja, informó el periódico La Jornada.

El albergue, ubicado en Salamanca, Guanajuato, fue intervenido por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

Presuntas adopciones ilegales favorecieron a políticos de alto nivel con la complicidad de funcionarios del Registro Civil y el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado se hizo cargo del lugar con 69 menores, 33 de los cuales aún siguen bajo su responsabilidad y el resto fue ubicado en otros albergues o devueltos a sus familias.

El sacerdote Gutiérrez Farías opera seis albergues infantiles huyó de Guanajuato y las autoridades nunca lo detuvieron ni lo vincularon a proceso. El gobernador Miguel Márquez, del PAN, lo defendió desde el inicio y a pesar que el 10 de agosto del año pasado declaró que el albergue sería cerrado definitivamente, permitió su reapertura con el apoyo del secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez, el procurador Carlos Zamarripa, la presidenta del DIF Maru Carreño, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra.

Ante la impunidad que cubre al sacerdote, Juan Martínez Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), solicitó medidas cautelares a la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los niños.

"Regresarle al albergue es una burla al estado de derecho" declaró a La Jornada "La sonrisa de este sacerdote es como la sonrisa de Javier Duarte, porque se está burlando de la ley, porque sabe que tiene información y vínculos de alto nivel y si cae él, caerían otros."

Pérez García añadió que en la región albergues como el de Mamá Rosa –otro caso en que hay acusaciones de maltrato y abuso infantil –, forman parte de un entramado de corrupción vinculada a altos funcionarios de los estados, de políticos de renombre y de grupos criminales.

Entre los testimonios recabados por autoridades y periodistas, se narran horrores como los casos documentados de varias niñas embarazadas que desaparecieron con sus bebés.

Gutiérrez Farías fue protegido también por autoridades eclesiásticas. El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz lo defendió y se concretó a señalar que asumirían el "castigo civil" en caso de ser culpable.

El director del Redim sentenció que "el fuero clerical está vigente y es muy fuerte. Tenemos un estado de derecho muy dócil ante los casos de pederastia clerical que sacrifica a sus niños en aras de intereses políticos y económicos de alto nivel".

Por otro lado, seguidores del cura abrieron una página en Facebook para expresar su apoyo: "si no fuera por ti estaría en la calle", "eres mi súper héroe" y "ánimo Papito, estamos contigo", fueron algunos de los mensajes colocados en pancartas.

Juan Martín Pérez García concluyó: "El sacerdote pide que le regresen a los niños como si fueran animalitos o cosas. Se permitió que se quedara en total impunidad a pesar de ser una red criminal de alto nivel. Exigimos que se le investigue y procese. Esto debería ser una alarma nacional, pero no lo es. Es muy grave."