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La politización del sistema de procuración de justicia en Coahuila es tema de preocupación en colectivos y organizaciones civiles.
La falta de garantías en el acceso a la justicia para las víctimas en Coahuila provocó que colectivos, ciudadanos y organizaciones emitieran un pronunciamiento para exigir al Congreso local que designe a un nuevo fiscal autónomo, independiente, honesto y que deje de lado los intereses políticos que tradicionalmente han rodeado al cargo.
Coahuila atraviesa una crisis profunda en materia de Derechos Humanos que, según diversas organizaciones, afecta la estabilidad de la sociedad. La falta de acceso a la justicia, la impunidad y la corrupción han arraigado en el estado, debilitando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y generando un clima de miedo, incertidumbre y frustración ante la aparente inacción de las autoridades.
Ante esta situación, distintos sectores de la sociedad han subrayado la necesidad de contar con un Fiscal General que reúna cualidades específicas: imparcialidad, competencia, honestidad y empatía. Estos sectores enfatizan que un Fiscal imparcial, que actúe sin presiones políticas, es esencial para garantizar la aplicación igualitaria de la ley para todas las personas. Además, se requiere un profesional con amplio conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico, capaz de liderar una Fiscalía y un Ministerio Público autónomo.
"Expertos internacionales han hecho recomendaciones para el mejoramiento de las funciones de la Fiscalía General en Coahuila, sin embargo, vemos que no se han implementado, violando no sólo las leyes, sino la constitución y el marco internacional. No podemos seguir tolerando la injusticia. Es hora de exigir un cambio real, duradero y verdadero. ¡No más encubrimientos!", indica el comunicado.
Se han hecho llamamientos a las autoridades para que nombren a un funcionario comprometido con la lucha contra la corrupción y que esté dispuesto a llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción perpetrados en administraciones anteriores. La meta es desmantelar las estructuras de impunidad y enriquecimiento ilícito que tanto han dañado al estado. A su vez, la empatía es una cualidad primordial para un Fiscal que debe escuchar y atender las necesidades de las víctimas, brindándoles apoyo y justicia.
Un Fiscal independiente, afirman los activistas, sería fundamental para combatir la impunidad y la corrupción sin importar la posición social de los responsables. Además, fortalecería el Estado de Derecho y devolvería la confianza en las instituciones, garantizando la protección de los derechos de grupos vulnerables: desde menores, jóvenes y mujeres víctimas de violencia, hasta familias de personas desaparecidas, migrantes, campesinos, periodistas y defensores de derechos humanos.
Pese a recomendaciones internacionales para mejorar las funciones de la Fiscalía en Coahuila, la implementación de estas sugerencias ha sido nula, lo que constituye una violación no solo a las leyes nacionales, sino también a los estándares internacionales. Las voces en Coahuila exigen una transformación verdadera y duradera, un cambio que promueva un entorno de justicia y seguridad para todas las personas.
Hasta el momento solamente dos personas se han anotado como aspirantes a tomar la Fiscalía General de Coahuila y, ambos perfiles, actualmente ostentan un cargo en la administración estatal encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
El primero de ellos es Federico Fernández, secretario de seguridad pública del gobierno de Coahuila y ex comisionado municipal de seguridad en Saltillo durante la alcaldía de Manolo Jiménez.
Federico Fernández señaló que, mientras se decide si es o no el elegido por el Congreso local, seguirá ejerciendo sus funciones como integrante del gabinete del gobernador.
El otro aspirante es Javier Omar Aldrete Santacruz, funcionario estatal que actualmente ostenta la dirección jurídica de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno del Estado de Coahuila y también es un servidor público ligado al gobernador priista Manolo Jiménez.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
Colaboración a cargo del fotógrafo Saúl Sifuentes.
